Una región, todas las voces

Distinciones importantes sobre las protestas internacionales

El año 2019 fue testigo de protestas en todo el mundo, desde Europa y Asia hasta América Latina. Si bien es tentador centrarse en las similitudes entre los movimientos de protesta, es importante tener en cuenta importantes diferencias.

Aunque la falta de respuesta de gobierno a las demandas y preocupaciones del público sobre la desigualdad ha sido una característica común de muchas protestas, los contextos específicos de angustia pública varían significativamente entre los países. Mientras que las cuestiones de distribución, incluidas las carencias sustanciales y la pobreza, junto con la corrupción a gran escala, son impulsoras de las protestas en el Sur Global, las protestas del Norte giran en torno a la oposición a los intentos de desmantelar los estados de bienestar, los problemas medioambientales y otras cuestiones menos graves relativas a la erosión de la democracia.

Los manifestantes en Francia han estado luchando para mantener el generoso Estado de bienestar del país.

En Francia, el movimiento de los “chalecos amarillos” surgió en 2018 compuesto en gran medida por los habitantes rurales que menos podían permitirse el aumento de los precios de los combustibles anunciado por el gobierno. A medida que el movimiento ganó impulso, sin embargo, amplió su espectro de partidarios y sus preocupaciones se dirigieron al alto costo de vida en general. El aumento de los impuestos sobre la riqueza y la mejora del salario mínimo estuvieron entre las demandas. Más recientemente, los “chalecos amarillos” se han unido a los sindicatos del país en protesta por diversas medidas destinadas a erosionar el Estado de bienestar, como la reducción de las prestaciones por desempleo, los cambios en la legislación laboral que facilitan la contratación y el despido y la reforma de pensiones que aumentaría la edad de jubilación. Mientras tanto, el gobierno francés ha reducido los impuestos para los ricos. No obstante, Francia es uno de los cinco países de la OCDE donde la desigualdad de ingresos y la pobreza han disminuido en los últimos 20 años. Las cifras de pobreza francesa están por debajo de la media de la OCDE. Los manifestantes en Francia han estado luchando para mantener el generoso Estado de bienestar del país.

Ahora consideremos las protestas en Haití, donde surgieron disturbios generalizados en respuesta a un aumento de los precios de los combustibles y se expandieron a manifestaciones contra la corrupción. Haití es el país más pobre del hemisferio occidental, con un nivel de pobreza extrema del 25%. La desigualdad es extremadamente alta: Haití tiene uno de los mayores números de millonarios per cápita en el hemisferio. Casi una cuarta parte de la población carece de electricidad, aproximadamente la mitad carece de acceso al agua potable y un porcentaje similar de los niños haitianos no asiste a la escuela. Se estima que 100,000 niños están desnutridos. Millones de personas se enfrentan a la inseguridad alimentaria. Los manifestantes, que afirman que el régimen actual se mantiene gracias al apoyo internacional, están exigiendo el enjuiciamiento de la corrupta clase gobernante. La administración Trump ha apoyado al actual presidente Jovenel Moise debido a su oposición al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Se trata, obviamente, de escenarios marcadamente contrastantes. Pero mi comparación subraya las importantes diferencias de contexto: las cuestiones de privación material y de la calidad democrática son considerablemente más graves en el Sur que en el Norte. Las protestas de Hong Kong no se tratan de carencias materiales, más bien constituyen un movimiento prodemocrático. En Gran Bretaña, las protestas han sido sobre la salida de la Unión Europea. Si bien hay cuestiones económicas involucradas (diferencias en las bases regionales a favor y en contra del Brexit), se desencadenaron protestas adicionales por la maniobra del Primer Ministro Boris Johnson para suspender al parlamento –con manifestantes cantando «detengan el golpe» y etiquetando a Johnson como «un dictador».

En los países más pobres, las protestas están más estrechamente relacionadas con cuestiones básicas de supervivencia y con quejas sobre calidad democrática y corrupción mucho más graves. En Perú, agricultores y trabajadores indígenas, ante las amenazas de contaminación de sus tierras y del suministro de agua, bloquearon el acceso de las compañías mineras a las minas de cobre; el gobierno se ha puesto del lado de las empresas. En Chile, las protestas en curso, provocadas originalmente por un aumento en los precios de los combustibles, se han expandido a la oposición general al altísimo nivel de desigualdad del país. La protección laboral y social de Chile fue casi totalmente desmantelada durante el periodo de gobierno militar. La mayoría de los países de América Latina no desarrollaron nada cercano a una protección social equitativa y sólo recientemente se ampliaron los programas sociales, durante el auge de las materias primas de los años 2000. En Ecuador, quienes protestan lo han hecho en relación con los subsidios a los combustibles, por un paquete de recortes del gasto acordado con el Fondo Monetario Internacional. Estos recortes tendrán un impacto negativo en los costos de vida de los más pobres. A medida que la pobreza extrema ha aumentado en Bolivia, ésta y la injerencia del expresidente Evo Morales en el proceso electoral y la participación explícita de los militares en su salida del poder son serios desafíos para la democracia.

Estas importantes diferencias de contexto sirven para recordarnos la persistencia de la desigualdad mundial y las distintas formas en que las estructuras de poder, nacionales e internacionales, han impactado en el bienestar humano. Las protestas mundiales nos repiten que algo está mal: que los gobiernos no responden. Sus diferencias contextuales nos recuerdan la naturaleza diferencial del sufrimiento humano en todo el mundo.

Foto de Libertinus en Foter.com / CC BY-SA

Traducido del inglés por José Ramón López Rubí.

Perú y las elecciones: ¿el comienzo o el fin de la guerra política?

La élite urbana del Perú, arropada de sabiduría convencional, consideró que la disolución del Congreso el pasado 30 de septiembre sería preludio de un proceso de renovación política. Sin embargo, los resultados del domingo pasado han evidenciado la persistente fractura social que lleva a que masas de peruanos anónimos, marginales e invisibles, sumadas al voto de protesta y descontento de las clases populares urbanas, terminen por reivindicar a dos alternativas políticas que se asemejan peligrosamente a las ficcionalizadas por Mario Vargas Llosa en La guerra del fin del mundo: el fanatismo religioso y el chauvinismo militar como alternativas de gobierno populares en medio del caos y la enajenación política y social.

Los medios de comunicación masivos en el Perú se han convertido en caja de resonancia de las redes sociales. Así, como quien se ahorra un esfuerzo, la prensa ha renunciado a investigar las motivaciones que definen el curso social y político nacional para dejarse llevar por el sensacionalismo de las peleas e insultos que inundan el internet.

Simultáneamente, las encuestadoras arrojaban cifras que invitaban a la confusión y al desconcierto, lo que por momentos pareció pronosticar otra ficción literaria, aquella en la que José Saramago imaginó un pueblo que, un día, votó mayoritariamente en blanco. La clase política, desesperada por esta posibilidad, inició una campaña contra el voto en blanco, so pretexto de que un alto porcentaje podría inflar, en el conteo de votos válidos, el número de congresistas provenientes de agrupaciones políticas impopulares y desnutridas.

Las últimas encuestas empezaron a trazar el camino que los peruanos recorrimos de reproducir una ficción del portugués Saramago a otra, no menos fantástica, del peruano Vargas Llosa»

Entretanto, las últimas encuestas empezaron a trazar el camino que los peruanos recorrimos de reproducir una ficción del portugués Saramago a otra, no menos fantástica, del peruano Vargas Llosa. Así, comenzaron a asomarse, por los palos, la creciente intención de voto del Frente Agrícola Popular FÍA del Perú (Frepap) y del partido Unión por el Perú.

El primero es el brazo político del movimiento religioso llamado Iglesia Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundado en 1989 por el ya fallecido Ezequiel Ataucusi, un hombre que se hacía llamar profeta y portador de verdad divina, a quien sus seguidores creyeron que resucitaría en cuerpo y alma al tercer día y que construyó su mensaje espiritual alrededor de la idea del fin del mundo. Visten de túnica, llevan barbas largas y viven en comunidades a la usanza de los antiguos hebreos bíblicos. Al margen de su imagen excéntrica desde la óptica occidental, han llegado a cubrir necesidades de la población marginal del Perú y en muchos lugares donde el Estado es apenas una idea abstracta e inmaterial.

El segundo es un partido fundado por el exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Javier Pérez de Cuéllar en los años noventa y que hoy es un “vientre de alquiler”, nombre con el que se les conoce en el Perú a los partidos que se adecúan al pensamiento y órdenes del caudillo de turno que en esta oportunidad es Antauro Humala. Este es un mayor del Ejército que está en situación de retiro y se encuentra condenado por el asesinato de cinco policías en una asonada golpista allá por el 2005. Humala, hermano del expresidente procesado por el caso Odebrecht, desea fusilarlo junto a los otros expresidentes acusados de corrupción, también a gays y a venezolanos, según ha declarado. Además, propugna el etnocacerismo, ideología desarrollada por su padre, Isaac Humala, y que se puede entender como un nacionalsocialismo indigenista que cree en la superioridad de la raza “cobriza”.

De esta manera, el domingo 26 de enero sorprendió a propios y extraños en tanto dos de las principales fuerzas del Parlamento peruano están conformadas por dos agrupaciones que representan a la marginalidad de las corrientes políticas en el Perú.

Hasta el momento, nadie cuenta con una explicación clara que permita entender este resultado electoral. Sin embargo, es plausible inferir que se combinó, por un lado, la permanente alienación de la marginalidad olvidada del Perú y que no disfruta de los beneficios del “milagro peruano” que prensa y académicos dibujaron la década pasada. Y, por otro lado, también se alimentó del hartazgo del electorado popular urbano que, por desdén e incluso por diversión, votó por alternativas otrora inviables en lugar de abocarse al masivo voto en blanco.

En esa línea, cabe destacar que otro exmilitar, procesado por delitos de lesa humanidad, ha sido el parlamentario más votado de esta elección: Daniel Urresti con otro “vientre de alquiler” llamado Podemos Perú. Este, a diferencia de Humala, no cuenta con contenido ideológico alguno, pero es carismático y ha sabido alinear su marca personal a las demandas de seguridad y orden que exige el electorado peruano.

La irrupción de estos tres outsiders en la política contrasta con la derrota de partidos tradicionales como el fujimorismo o el aprismo y la débil irrupción de nuevas alternativas como el Partido Morado, cuya representación se reduce a una parte de la élite y clase media urbana limeña.

Así, el escenario que se avizora de cara al 2021, año en el que se elegirá a un nuevo presidente y al Congreso, es incierto. La gran fragmentación parlamentaria, con cerca de diez agrupaciones con representación congresal, limitará la capacidad de propuesta y acción legislativa debido al corto periodo por delante. En esa línea, el principal ganador será Martín Vizcarra, quien tendrá la oportunidad de liderar y proponer la agenda política que le permita cerrar su gestión presidencial mejor de lo que comenzó. De lo contrario, la inoperancia del Ejecutivo y del Legislativo solo servirá para agudizar tensiones y preparar el camino para que opciones radicales como la de Antauro Humala alcen vuelo a puertas del bicentenario de la república. No vale pestañear.

Fotos de Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en Foter.com / CC BY-NC-SA

Populismo: moralismo autoritario

Juramentacion Comites por el SI en Valencia

Existe la tentación de no usar la palabra populismo, pero borrar palabras no suprime las realidades que les dan sustento. Hay que seguir ocupándose del asunto.

El mundo se parece hoy a un bosque (en llamas) donde brotan varios hongos populistas que derivan sus aspectos disparejos de las diferentes tradiciones y culturas de cada país. Es el pasado que transmite al presente aquello que de sí mismo, aunque latentemente, persevera. De este viaje tenemos las primeras noticias desde tiempos de Aristóteles, que define a los demagogos como “aduladores del pueblo”, pasando por un Luis Bonaparte hasta llegar al Juan Domingo Perón de iniciales simpatías fascistas que, décadas después, apoya a sus seguidores por una “patria socialista”, para seguir con Getúlio Vargas. Un carnaval interminable en el cual Hugo Chávez proclamaba a Cristo como el primer socialista de la Historia, y Donald Trump, en el otro extremo, para ayudar al pueblo, reduce los impuestos a los ricos y los servicios sociales.

En este maremágnum de disparates, a veces de derecha y otras de izquierda, algunas cosas son comunes a toda forma de populismo: hay un líder y su pueblo; el pluralismo de la democracia liberal estorba; el Ejecutivo es autoritario; la alternancia en el poder es indeseable y se está en campaña permanente.

¿De dónde viene este conjunto de trazos? De una época de incertidumbre en la que entre globalización y revolución tecnológica se ponen en cuestión puestos de trabajo, futuros esperados y posiciones sociales adquiridas. En ese contexto de malestar es comprensible que grandes sectores de la población pierdan confianza en los partidos tradicionales o en sus propias capacidades de organización y entreguen sus expectativas a demagogos que canalizan las frustraciones colectivas hacia la xenofobia, visiones conspirativas del mundo y expectativas ilusorias; apoyarse en el pueblo naturalmente virtuoso y en contra de elites corruptas.

La certidumbre con que afirman esta tesis deja entrever un moralismo que no prepara, generalmente, cambios profundos, sino solo renovación de las elites en la cabeza del Estado y, desde ahí, nuevas redes clientelares, nuevas formas de nepotismo e impunidad hacia los seguidores más entregados y confiables.

¿Cómo se explica que líderes “encarnación” del “pueblo” como Trump, Silvio Berlusconi o el checo Andrej Babic sean magnates? Por el uso de un lenguaje popular (a menudo condimentado de vulgaridades) que busca acercar empáticamente a las masas y una variedad de chivos expiatorios para todas las desgracias reales o temidas: la clase política tradicional, los medios, los tecnócratas, la burocracia.              

América Latina ha sido y sigue siendo un teatro privilegiado del populismo»

Debería ser claro por qué América Latina ha sido y sigue siendo un teatro privilegiado del populismo. Porque aquí la desconfianza hacia las instituciones y los partidos que las representan se justifica más que en otra parte por la distancia entre derechos civiles formalmente reconocidos y condiciones sociales recorridas por fragmentaciones abismales en generaciones sin cambios sustantivos. Porque aquí es mayor la distancia entre el liberalismo de los derechos individuales y la democracia como marcha hacia una creciente homologación social.        

Pero hay otro aspecto relevante. Sobre todo aquí el populismo se alimenta del espíritu religioso-comunitario de un imaginario que viene de la Colonia y de la idealización del mundo precolombino. En aras de la equidad prometida por los líderes populistas, los derechos individuales y la visión de la democracia como conflicto regulado pasan a segundo plano; construir en la Tierra esa dimensión divina de armonía patriarcal en que todos conocen su lugar y aceptan la autoridad del líder como guía profético hacia un futuro mejor. Una especie de divinización del caudillo que supone la moralización del arbitrio y una desconfianza que reaflora periódicamente en la democracia liberal. Es una sociedad que se rechaza a sí misma en nombre de la añoranza de una comunidad que se ha perdido en el tiempo y se ha convertido en una nostalgia fuera de la Historia.      

Si añadimos que en la región lo nuevo ha venido siempre de afuera, en la forma traumática de la Conquista y la colonización, la dependencia tecnológica, el comunismo, las instituciones liberal-democráticas, los estilos de vida modernos, etc., es comprensible que el populismo se apoye en una voluntad declarada de alejamiento del mundo. Una especie de utopía regresiva basada en el deseo, más o menos explícito, de construir una propia identidad al margen del resto del mundo.    

El populismo ofrece un atajo hacia ningún lado, en una dirección que hasta ahora nunca ha conducido a salir del atraso. Aunque los resultados hayan sido y sean deficientes (aparte el ingreso de las masas en la política en tiempos ya lejanos) y a veces desastrosos (Venezuela), la conciencia queda a salvo gracias a las buenas intenciones declaradas. Los caudillos providenciales son cosa nuestra y que Dios los bendiga, al menos hasta que resulte evidente que crearon más problemas de los que prometieron resolver.    

Foto de ¡Qué comunismo! en Foter.com / CC BY-NC-SA

El medioambiente y sus defensores en peligro

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Los incendios forestales ocurridos en agosto de 2019 en Brasil, Bolivia y Paraguay encendieron las alarmas y pusieron a América Latina en el centro de las discusiones sobre medioambiente y cambio climático, pero estos episodios son solo síntomas de un fenómeno estructural que ha hecho de la región la zona más peligrosa del mundo para los defensores medioambientales.

Mientras que en el 2019 se celebraron importantes eventos como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) y una inédita movilización global estudiantil generó conciencia sobre la necesidad de proteger el medioambiente y limitar las consecuencias del cambio climático, los defensores del medioambiente estuvieron y continúan siendo cotidianamente amenazados, criminalizados y asesinados de múltiples formas. De acuerdo con Global Witness, en 2018, fueron asesinadas 164 defensores de la tierra y del medioambiente a escala mundial, pero existe un subregistro de muertes por el miedo a represalias. Un número mucho mayor de personas fue silenciado mediante arrestos, demandas judiciales o amenazas de muerte. En América Latina, específicamente Colombia, Brasil, Guatemala y México son los Estados más letales, pero países como Venezuela, Honduras y Chile también registraron un importante número de víctimas.

La gravedad de esta situación se expresa en la impunidad generalizada que garantiza la perpetuación de estos actos»

Si analizamos el número de asesinatos por sector, vemos que la mayor parte se concentra en el área de la minería y de las industrias extractivas, la agroindustria, el agua y las represas y la explotación forestal, pero también hay víctimas en sectores como la caza ilegal, la pesca e incluso en actividades vinculadas a la energía eólica. La gravedad de esta situación se expresa en la impunidad generalizada que garantiza la perpetuación de estos actos, así como en la represión y la criminalización que se ejerce sobre las poblaciones que defienden sus territorios y el derecho a la vida, definidas por Gobiernos de todas las tendencias como “antidesarrollo”, “terroristas” o “saboteadores”.

La violencia y las violaciones de los derechos humanos sufridas por los defensores de la naturaleza tienen lugar en un contexto marcado por el crimen organizado, los grupos paramilitares, la impunidad y, en ocasiones, la abierta colaboración por parte de las autoridades, tal como evidencia una publicación del Grupo de Relaciones Internacionales y Sur Global (Grisul) de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. Así, por ejemplo, el incremento de la deforestación está estrechamente vinculado con políticas gubernamentales, reducción de controles y alianzas estratégicas con sectores como el agronegocio.

De acuerdo con un reciente informe de Human Rights Watch, este es el caso de Brasil, donde, en lugar de proteger a los defensores del medioambiente y la propia selva amazónica, el Gobierno presidido por Jair Bolsonaro ha criticado públicamente a las personas y a las organizaciones que trabajan en la defensa del medioambiente. Además, se ha debilitado a las agencias gubernamentales, responsables del sector, y se ha limitado la aplicación de las leyes medioambientales. Como resultado, la violencia y la destrucción del medioambiente están aumentado, a la vez que el país también está incumpliendo sus compromisos para aplacar el cambio climático y su promesa de eliminar la deforestación ilegal en la Amazonía para 2030.

La violencia histórica y estructural que se ejerce en América Latina sobre quienes defienden la tierra y una opción de desarrollo alternativa a la explotación insaciable de materias primas se oculta bajo una retórica que defiende la necesidad de promover el “desarrollo” y el “crecimiento económico” de los países de la región a cualquier precio, pero, en realidad, legitima intereses de grupos minoritarios que están vinculados al capitalismo extractivista en sus múltiples expresiones.

Comunidades tradicionales de campesinos, indígenas, mujeres y afrodescendientes son excluidos de estos cálculos y son quienes están sufriendo las mayores consecuencias de la ampliación y el avance de la frontera extractiva en la región.

A su vez, estos mismos grupos, junto a movimientos sociales, ecologistas y organizaciones de la sociedad civil, crean alternativas posextractivistas que consideran al planeta Tierra como casa común y ponen en el centro a las personas con sus reales deseos, necesidades e intereses. Sus propuestas nos invitan a reflexionar sobre el tipo y las características del desarrollo que queremos, al tiempo que nos recuerdan que nuestro actual modelo supone un peligro no solo para el medioambiente, sino también para todos aquellos que intenten defenderlo. 

Foto de Rafael Edwards en Foter.com / CC BY-NC

2019, entre movilizaciones y conflictos

Las movilizaciones y los conflictos que se han presentado durante 2019 dejan una sensación de sorpresa y perplejidad; sorprenden por su contundencia, su carácter contestatario, violencia y radicalidad. El surgimiento en cascada en distintas ciudades y regiones del mundo ubica la escena global como el teatro de los acontecimientos: ¿estamos frente a un nuevo ciclo de intensificación de la globalización?, ¿la radicalidad de los conflictos anuncia el ingreso a una nueva fase de mayor integración mundial, a pesar de los reclamos de los nacionalismos y localismos de muchos procesos sociopolíticos?, ¿estas expresiones son otras formas de resistencia hacia algo que aún no se puede entrever con claridad y que expresa esta nueva tendencia?     

Si bien cada conflicto obedece a connotaciones propias, todos se muestran como movimientos antisistema, pues interpelan valores, instituciones y lógicas económicas. Sus agendas son diferenciadas: en unos casos, se trata de resistencia frente a ajustes en la economía (Ecuador); en otros, a demandas de justicia distributiva (Chile); a reclamos por autonomía territorial (Cataluña), o de transparencia en el funcionamiento de las instituciones democráticas (Bolivia). Su explosividad surge, a su vez, en distintas y distantes latitudes: Hong Kong, Líbano, Turquía, París.

Se trata de movilizaciones que aparentemente no se identifican por sus agendas, pero sí por sus formas de impugnación y sus desenlaces; todos parecen ser conflictos que no tienen soluciones viables a corto plazo y que podrían regresar a estados de latencia prolongados. Sin embargo, también se percibe que podrían retornar con igual o mayor intensidad. Es probable que estemos frente a un ciclo de movilizaciones globales, cuyos perfiles no logramos identificar aún con claridad.

La recurrencia global del conflicto nos aboca a la necesidad de reconocer líneas comunes, nos enfrenta a un escenario de cambio de época»

La recurrencia global del conflicto nos aboca a la necesidad de reconocer líneas comunes, nos enfrenta a un escenario de cambio de época que está fuertemente relacionado con realidades emergentes como la innovación tecnológica o la gravedad de la crisis ambiental, que inciden con fuerza en esta escala o nivel.

Dos líneas de reflexión se vuelven necesarias: la primera atiende a sus determinaciones causales; la segunda indaga sobre las motivaciones de los actores, sobre los sentidos y las semánticas que se derivan de estos cambios de estructura.

Las determinaciones causales tienen que ver con transformaciones inducidas por los intentos de conducir la economía mundial en un contexto de grave crisis ambiental y de colosal traslación tecnológica que redefine los procesos productivos mediante innovaciones en la automatización, robotización e inteligencia artificial; una tensión para la sobreacumulación de capital en los sectores financieros, que encuentra serias dificultades para acoplarse a economías que transitan con dificultad hacia la consolidación de estas nuevas tendencias.

Son dinámicas que, en su conjunto, generan exclusión de amplios segmentos de fuerza productiva o los condenan a tareas muy precarias y tendencialmente prescindibles. Son las clases medias mundiales las más afectadas; sectores que acusan, de manera relativa, fuertes niveles de preparación profesional, pero que no encuentran canales de inserción en mercados laborales que también tienden a redefinirse de forma radical.

La innovación tecnológica en los campos de la información y de la comunicación funciona como «dinámica estructurante» de esta nueva globalización; es el motor de las demás innovaciones. No solo vuelve más eficientes los procesos productivos, sino que también acelera los flujos de politicidad y comunicación.

La segunda línea de reflexión nos lleva a pensar cómo está siendo enfrentada, consumida, asimilada, esta transformación tecnológica. Aquí nos topamos con una enorme ambivalencia: el actor social se halla en una nueva plataforma comunicacional que condiciona sus dinámicas de percepción y elaboración discursiva, y que vive la comunicación como un efecto de inmediatez y de aceleración que le permite «estar con los otros», compartir percepciones, emociones, pero al mismo tiempo exacerba su narcisismo, una tensión que contrasta con la simulación de comunidad que las redes sociales anuncian y que termina por producir insatisfacción y desencanto. El conflicto, debido a la fuerte exposición a la comunicación tecnológicamente inducida, emerge como indisposición a la comunicación, justo cuando la comunicación con el otro parecería estar, finalmente, al alcance. Esto produce un efecto de «retorno a las calles», al escenario del contacto efectivo y real, a la realización en la «comunidad efectiva».

Las redes sociales son ahora el principal medio de comunicación, de movilización, de creación de narrativas, de engaños. Las fake news son armas mediáticas para atemorizar al adversario, pequeñas escaramuzas de terrorismo en línea. Son el non plus ultra de la virtualización del discurso, porque se basan en apoyos deficientes de verosimilitud y, sin embargo, son productores de efectos reales, de transformaciones en las formas de percepción, elaboración y acción. 

La nueva globalización vuelve patente aquello que ya se veía: una imagen de futuro imprecisa y amenazante, y una necesidad de regresar al pasado, a vivir de sus certezas, de sus semánticas. La dinámica del conflicto parecería no poder anudar pasado y futuro y, al no hacerlo, el presente surge como causante de malestar y desasosiego. Mucho de la revuelta y del conflicto refleja este no querer permanecer en una condición de extrema incertidumbre.

La paradoja contemporánea podría rezar así: la racionalidad económica, los equilibrios macrofiscales o la necesidad de enfrentar la crisis ambiental en el mundo constituyen fuentes de inequidad y exclusión, cuando podrían ser factores de un nuevo pacto social que apunte a la reducción de la pobreza y la desigualdad, y plantee condiciones para el desarrollo sostenible del planeta.

No es suficiente la lógica del antagonismo, tampoco la del hegemonismo o del autonomismo que entran en juego en la conflictividad contemporánea. Estas parecerían ser formas a las que acudieron los movimientos sociales que caracterizaron a las fases anteriores de la globalización. La acción colectiva tendrá capacidad de incidencia en esta nueva fase si se trata de movimientos masivos, pacíficos, pero intransigentes en su capacidad de impacto, y ello tiene que ver con la depuración de las formas de su impugnación.

Foto de Saharauiak en Foter.com / CC BY-SA

La síntesis del 2019: protestas multitudinarias y mucho más

Las masivas manifestaciones populares en Latinoamérica fueron la marca distintiva de la región en 2019. Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Colombia y Haití, sin olvidar Venezuela y Nicaragua, han sido, y en algunos casos continúan siendo, escenarios de amplias manifestaciones por diversos reclamos. Al carácter masivo de estas movilizaciones, en gran medida pacíficas, se han sumado episodios de fuerte violencia urbana y una no menos violenta represión policial. Pero fue la casi simultaneidad de la mayoría de estos fenómenos, concentrados en los últimos meses del año, lo que ha generado la percepción de que toda la región ha entrado en ebullición política y social. Sin embargo, no todos los países de América Latina han presenciado este año esas grandes movilizaciones de protesta, ni estas respondieron a las mismas causas.  

En Chile y Colombia, un profundo malestar con situaciones de desigualdad social que se arrastran desde hace décadas, y una menor tolerancia con dicha desigualdad, que ha disminuido pero a un ritmo obviamente insatisfactorio, sumado al enlentecimiento del crecimiento económico en los últimos años, congrega desde hace semanas protestas multitudinarias sin precedentes, en las cuales también están presentes demandas por transformaciones en el sistema político, especialmente en Chile.

En Bolivia y Perú los conflictos fueron de carácter eminentemente político. En Perú, la disolución del Parlamento, medida de excepción prevista en la Constitución, y el llamado a nuevas elecciones legislativas por parte del presidente Vizcarra ante la falta de un voto de confianza del Legislativo, controlado por el fujimorismo y sus aliados, provocó manifestaciones a favor y contra la medida. En Bolivia, el fraude electoral por parte del gobierno de Morales desbordó la indignación que venía acumulándose en gran parte de la población desde la desconsideración del resultado del plebiscito de 2016, cuando la mayoría de los electores rechazó una nueva postulación presidencial de Evo Morales. Como resultado, Bolivia revivió una levantamiento popular semejante a los experimentados en 2003 y 2005 en el país, desembocando en la renuncia del presidente y del vicepresidente y dando inicio a un período  de transición política, inicialmente muy conflictivo y polémico debido a la renuncia a sus cargos de todos los integrantes de la cadena de sucesión presidencial.

El estallido social de Ecuador estuvo concentrado en una medida económica, el aumento de 100% del precio del combustible, y su fuerte impacto negativo sobre sectores de la población con amplia capacidad de movilización, como los transportistas y los movimientos indígenas, estos últimos representantes de los sectores más marginados de la sociedad.

las élites políticas, luego de erráticas reacciones iniciales, han activado recursos políticos e institucionales a fin de generar acuerdos.

No obstante la comprensible preocupación por la estabilidad democrática en estos contextos, las élites políticas, luego de erráticas reacciones iniciales, han activado recursos políticos e institucionales a fin de generar acuerdos amplios con vistas a destrabar los conflictos, incorporando algunas de las principales demandas de la población, como es el caso de la propuesta para la elaboración de una nueva Constitución en Chile. En Ecuador la vuelta atrás del presidente Moreno en el aumento del combustible y la instalación de un diálogo con los diferentes actores sociales para abordar la grave crisis económica en que se encuentra el país, dieron término a una semana de fuerte reacción popular. Bolivia ya ha trazado un cronograma para la realización de nuevas elecciones el próximo año, definiendo un proceso electoral que contó con la aprobación de los legisladores del MAS, el partido del ex presidente Morales, y del cual participarán todas los partidos políticos.

Venezuela y Nicaragua, sin embargo, continúan en caótica situación política y social y se reiteran las manifestaciones contra dos gobiernos que nadie considera hoy como democráticos. A comienzos de año, el líder opositor venezolano Juan Guaidó se autoproclamó presidente provisional y convocó manifestaciones de apoyo con la expectativa de que las fuerzas armadas dejasen de respaldar al régimen de Maduro, lo que finalmente no se concretó y hoy su liderazgo comienza a ser cuestionado. Mientras, continúa, sin disminuir, el amplio flujo migratorio de ciudadanos venezolanos hacia diversos países de la región.

Pero no toda América Latina ha sido palco de movilizaciones populares multitudinarias. En Argentina, Uruguay, El Salvador y Guatemala hubo elecciones generales o presidenciales pacíficas y en los tres primeros se confirmaron alternancias políticas e ideológicas que han sido gestionadas en total normalidad institucional. En Argentina los malos resultados económicos llevaron a una previsible derrota del gobierno de centro derecha de Macri y la vuelta del peronismo al poder. Inversamente, en Uruguay,  Lacalle Pou, del Partido Nacional, de centro derecha, con el apoyo de otros cuatro partidos, se impuso por una pequeña diferencia de votos a la coalición de centro izquierda Frente Amplio, en el poder desde hace 15 años. En El Salvador, por primera vez desde la democratización de la década de 1980, fue electo un presidente que no pertenece a uno de los dos partidos que han dominado la escena política del país, ARENA (derecha) y el FMLN (izquierda). El empresario Nayib Bukele, de 38 años y ex alcalde de la capital por el FMLN, fue electo en el primer turno, al frente de una nueva coalición política, con el 53% de los votos.

Brasil y México, las dos grandes economías de la región, que este año estrenaron gobiernos ideológicamente opuestos, tampoco han experimentado estallidos sociales, a pesar de los fuertes embates políticos, la alta polarización y la amplia desigualdad social en ambos países. En Brasil, las instituciones políticas han frenado o limitado varias propuestas polémicas de Bolsonaro, un presidente con bajo o nulo apego democrático y en fuerte caída de popularidad. A su vez, declaraciones de claro perfil autoritario de Bolsonaro y de su círculo próximo han sido rechazadas públicamente por autoridades del Legislativo o del Poder Judicial.

En síntesis, masivas movilizaciones de descontento, pero también embates institucionales y alternancias políticas en contextos de estabilidad democrática. Esa parece ser una síntesis más completa del año político latinoamericano.

Foto de Aimee… en Foter.com / CC BY-NC-ND

Nuevas Constituciones pueden (o no) renovar pactos sociales

El malestar social ha arrasado los Andes y ha causado tanto la brusca renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales, como huelgas y protestas en Ecuador y Chile por el incremento de los costos de los servicios básicos (y la reducción de los subsidios gubernamentales). Las alteraciones en el pacto social han llevado a Chile a retomar las discusiones sobre el retiro de su Constitución, residuo de la era del dictador Augusto Pinochet, en favor de un nuevo acuerdo, que presumiblemente será elaborado por el Congreso.

Si bien el momento es propicio y maduro para negociar una nueva Constitución para un Chile más democrático, lo que la expresidenta Michelle Bachelet intentó pero sin apoyo parlamentario, nuevas investigaciones muestran que, a menos que el más amplio rango posible de intereses sociales forme parte del proceso de negociación, las nuevas Constituciones pueden contribuir, en realidad, a perpetuar el autoritarismo (Eisenstadt y Maboudi 2019). Una razón principal, según Eisenstadt, Maboudi y Nadi (2020, próximamente), es que los Ejecutivos reforman las Constituciones para mantenerse en el poder.

Aunque ese motivo no parece ser parte de las razones del presidente Sebastián Piñera para la reforma, fue un elemento público de la agenda de Morales y una gran parte de la causa de su caída. Morales fue forzado a abandonar el cargo en noviembre mediante movilizaciones nacionales como las que a principios del siglo XXI obligaron a varios otros presidentes bolivianos a salir del poder..

Nuestro estudio de nuevas Constituciones en todo el mundo entre 1789 y 2015, mediante las técnicas estadísticas de «análisis de supervivencia» (usadas a menudo para medir la supervivencia de los organismos biológicos), muestra que cuando los autoritarios reforman las Constituciones, los líderes de Gobiernos autoritarios permanecen en el poder un promedio de casi once años, mientras que los líderes de Gobiernos democráticos duran cinco años. Chile es una democracia, y Bolivia es un régimen mixto («híbrido»), según las mediciones de Polity de la democracia. Las advertencias permanecen.

Los regímenes autoritarios se reconstituyen, en promedio, cada 10 años, mientras que las democracias lo hacen cada 20″

El ministro de Finanzas de Chile, Ignacio Briones, recientemente amonestó a los chilenos en El Mercurio: que se preocupen menos por la inestabilidad que plantea el cambio constitucional, «disminuyan el drama de un debate constitucional… Un buen número de naciones que admiramos cambian de Constituciones cada 40 o 50 años». En realidad, en nuestra muestra de más de 15.000 observaciones país-año, los países se reconstituyeron cada 14 años en promedio. Los regímenes autoritarios se reconstituyen, en promedio, cada 10 años, mientras que las democracias lo hacen cada 20.

Briones, cuya preocupación (en lo profesional) probablemente son las posibles reverberaciones en la economía de cualquier apariencia de inestabilidad política, puede tener razón al tratar de sofocar las preocupaciones sociales. Para que conste, el “crecimiento económico negativo” (aparte del impacto de las Constituciones) disminuyó la persistencia de los líderes en el poder. 

No obstante, nuestros estudios de Constituciones ofrecen algunos puntos importantes. En primer lugar, sin una amplia participación de los sectores sociales en la etapa inicial de la redacción de la Constitución, la participación en las etapas posteriores no importará. Como se muestra en nuestro conjunto de datos mundiales probado por primera vez en un libro de 2017, esto es cierto sin importar cuántas personas voten en un plebiscito de ratificación. El Gobierno chileno debe organizar un proceso constituyente lo más amplio posible y que cuente con una participación significativa de cada sector.

En segundo lugar, como se evidenció en 2016 cuando Bachelet llevó un paquete de reforma constitucional al Congreso, pero con un apoyo partidista insuficiente, si no hay campeones de la reforma, no habrá una nueva Constitución. Es el caso de la mayoría de las reformas políticas, pero, como lo dijo el politólogo Nathan Brown: existe una tendencia a exaltar la reforma constitucional como «alta política», esto es, política por encima de la refriega de la política cotidiana. No es cierto.

En tercer lugar, el abuso de los bienes colectivos como las Constituciones, para el propio avance de los políticos, no es infrecuente, como nos mostró el “canto de cisne” (acto de despedida) presidencial de Morales. Reformar así las Constituciones o lanzar otras desde cero es un ejemplo negativo extremo, pero ciertamente no el único.

Una ligera mayoría de las nuevas Constituciones desde 1974 han sido mejoras o aumentos a la democracia. Pero desde mediados de la década de 1990, a finales de las transiciones de la Tercera Ola de dos décadas en Europa y América Latina, el número de Constituciones que hacen que los regímenes sean más autoritarios ha aumentado notablemente. 

A medida que Chile avanza hacia el plebiscito de abril de 2020 para decidir si habrá una Asamblea Constituyente, la principal lección de nuestro trabajo es que, a menos que todos los grupos relevantes sean incluidos, las Constituciones tienden a reducir la calidad después de su implementación. Abundan las preguntas respecto a los medios propuestos para seleccionar a los delegados a esa Asamblea, e importantes líderes políticos y cívicos han declarado públicamente su oposición a la nueva Constitución sobre la base de esos medios de selección.

Estas amenazas son una parte normal del proceso de negociación. Sin embargo, si los grupos de interés significativos, sean de derecha o de izquierda, boicotean el proceso, las probabilidades de una Constitución que mejore la democracia disminuyen precipitadamente. Esto, porque la ausencia de grupos importantes de la mesa reducirá la relevancia del texto final o porque la ciudadanía verá que una Constitución negociada, sin inclusión de sectores importantes, sirve a intereses particularistas, en vez de al público.

La respuesta es complicada, pero obvia: diálogo y negociación. Los patriotas chilenos en todo el espectro político deberían embarcarse en su ambiciosa misión, pero tener cuidado con la hagiografía de 1789 (promovida por Estados Unidos) de que las fundaciones constitucionales siempre son normativamente buenas. Deben poner la Constitución por encima de sus propias preocupaciones partidistas, si no quieren encontrarse con que los esfuerzos para erradicar el legado de la hora más oscura del país han sido copados por otros políticos.

Los delegados a la Asamblea en Chile, y en otros países latinoamericanos, que deseen reconstituir el contrato social después de temporadas de disturbios, necesitan usar este momento de búsqueda y redefinición para reafirmar los intereses de la gente, en lugar de reconstruir sus propias bases de poder.

Foto de Nicolas Solop en TrendHype / CC BY-NC-SA

Globalización económica y turbulencia política en la región

Desde la caída de los precios de las materias primas en 2013, la región de Latinoamérica ha sido testigo de turbulencias políticas crecientes. Se han dado amplias protestas en Chile, Ecuador y Bolivia. El periodo de agitación política de Brasil comenzó antes con protestas contra la corrupción, lo que llevó al juicio político y a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. A esto le siguió la elección del presidente de derecha populista Jair Bolsonaro, que está contribuyendo a una mayor polarización política en ese país.

Independientemente de si uno cree que los acontecimientos recientes en Bolivia constituyen un golpe de Estado militar, la mayoría de los observadores aceptan que los militares desempeñaron un papel clave en la remoción de Evo Morales del poder. La Historia latinoamericana está plagada de dependencia de materias de exportación, inquietud popular (cuando no insurgencia), represión política, Gobiernos autoritarios e intromisión militar (cuando no intervención directa). Se suponía que la transición a la democracia y la liberalización del mercado de los ochenta mitigarían estos retos. No obstante, la polarización política ha empeorado. 

La actual agitación política de América Latina tiene como raíz treinta y cinco años de políticas económicas desatinadas, hechas principalmente en respuesta a la crisis de la deuda internacional de principios de los ochenta. A instancias de las instituciones financieras internacionales, que defendieron la “sabiduría convencional” de la época, se persiguieron reformas de mercado. Si bien la región ha sufrido una difícil historia de larga desigualdad socioeconómica e inestabilidad política, la globalización económica, con su agenda desreguladora del mercado, empeoró mucho estos problemas.

La privatización de las empresas públicas y el esfuerzo para promover el crecimiento de las exportaciones conllevaron concentración de riqueza, ya que solo las principales empresas nacionales estaban en condiciones de aprovechar las nuevas oportunidades»

Partiendo del supuesto de que los países deberían aprovechar su “ventaja comparativa”, el Consenso de Washington instó a eliminar la protección industrial y a realizar la privatización, la desregulación de la inversión extranjera y la flexibilización laboral. La suma total de esta dirección de las políticas: la desindustrialización, el desempleo y el aumento del tamaño del sector informal. La privatización de las empresas públicas y el esfuerzo para promover el crecimiento de las exportaciones conllevaron concentración de riqueza, ya que solo las principales empresas nacionales (a menudo, junto con el capital extranjero) estaban en condiciones de aprovechar las nuevas oportunidades. Se suponía que la desaparición de las empresas nacionales ineficientes debía ser compensada por el crecimiento económico y las nuevas actividades generadoras de empleo. No fue así. A través de los años noventa la pobreza disminuyó solo lentamente y la desigualdad fue más alta que nunca.

Todo eso tendría profundas consecuencias políticas. El poder del empresariado aumentó a partir de la década de 1980 a medida que los Gobiernos se volvían dependientes de la inversión privada para impulsar el crecimiento económico, e incrementaba el número de empresarios que obtenían posiciones formales de poder dentro del Estado, especialmente nombramientos dentro del gabinete. Mientras tanto, la movilización popular iba creciendo a medida que una amplia franja de la población se desilusionó con los partidos políticos tradicionales. En 2009, en más de dos tercios de los países de la región se habían elegido Gobiernos de izquierda. Estas victorias electorales causaron una gran consternación entre los empresarios y muchos miembros de las clases medias, que a menudo siguieron siendo oponentes intratables. La repentina llegada al poder de los líderes que representaban a los pobres urbanos y rurales engendró fuertes sentimientos de inseguridad, e incluso miedo, entre las clases medias y altas. Asimismo, las continuas tensiones entre los Gobiernos y los intereses empresariales durante los años 2000 detuvieron la inversión privada. Sin embargo, debido a que esos triunfos electorales coincidieron con el aumento de los precios de las materias primas y con alzas sustanciales de los ingresos estatales, dichos Gobiernos pudieron repartir el botín, reducir la pobreza y (particularmente en el caso de Venezuela) hacerse de una retórica antiempresarial: el crecimiento impulsado por las mercancías obviaba la necesidad de la inversión privada.

En tanto las balanzas comerciales se deterioraron y el déficit fiscal se disparó, el desempleo se incrementó y los Gobiernos recortaron los programas sociales. Los temores a la erosión del apoyo masivo, además de una clase media intransigente y la oposición de clase alta, probablemente hayan estado en la raíz de las tendencias autoritarias de los regímenes de izquierda populista, sobre todo en Venezuela, pero también en Bolivia. En Chile, Brasil y Argentina, las recesiones económicas precipitaron la elección de Gobiernos de derecha, eventos electorales que pronto provocaron un creciente enojo entre los sectores socioeconómicos más bajos al recortarse los programas sobre pobreza y aumentar los precios (con lo que acrecentaron los costos de las necesidades básicas. En el caso de Chile, cabe recordar, el actual gobierno derechista de Sebastián Piñera ha lidiado con las protestas —que exigen una nueva Constitución y el fin de la desigualdad—) mediante el despliegue de soldados y tanques, la primera vez que se responde de esta manera desde el regreso al Gobierno civil y la democracia.

La difícil Historia de la región de América Latina es ahora más difícil que nunca. La polarización entre los partidarios anteriores de la izquierda política y sus oponentes de derecha ha aumentado y ahora está enlazada al desprecio racial. El miedo y la sospecha son endémicos. Si bien las políticas económicas anteriores a la década de 1980 dejaron mucho que desear, la adhesión ideológica a la eficacia del mercado cegó a los líderes al reconocimiento de un hecho: que una ventaja comparativa puede ser creada. Lo que se requería era una estrategia orientada hacia el crecimiento de las actividades productivas y las oportunidades de empleo. En cambio, la fe en el mercado ha dejado a la región en condición de dependencia de los vaivenes de las demandas internacionales de mercancías y de los problemas políticos que se derivan de dicha dependencia.

Foto de simenon en Trends Hype / CC BY-SA

Primer año de AMLO: la ventana de la confianza se cierra

La economía mexicana, la segunda más grande de América Latina después de Brasil, comienza a acercarse al abismo en el primer aniversario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Los motivos para festejar (en el plano económico) son realmente pocos.

El país se encuentra en medio de una coyuntura internacional compleja, poco favorable, e internamente, el crecimiento económico se halla muy alejado de aquel 4% que, el entonces candidato de Morena, prometió durante su mandato. Aunado a esto, todavía existen muchas preguntas sobre el estado y el futuro de la paraestatal Pemex y acerca del nuevo tratado de libre comercio de Norteamérica: el T-MEC (Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá).   

Un balde de agua fría le cayó al Gobierno federal días antes del informe cuando se consumaba el peor de los augurios. La economía del país confirmaba lo que muchos ya sabían y que la cuarta transformación negaba: su caída en recesión. Cifras oficiales que fueron revisadas apuntaban que el producto interno bruto había caído un 0,1% en la primera mitad del año y que era un descenso que se sumaba a una contracción en el último trimestre del 2018. Leyendo los diarios especializados, hay muchos comentaristas y especialistas que se han enfrascado en la discusión de la definición correcta de recesión. Sin embargo, para los agentes económicos el “cambio de etiqueta” sitúa de facto al país en otro nivel.

La caída de la actividad económica va junto, en buena medida, a un desplome de la inversión como consecuencia del pesimismo empresarial»

La caída de la actividad económica va junto, en buena medida, a un desplome de la inversión como consecuencia del pesimismo empresarial. La recesión que ahora vive México no es más que la profecía autocumplida de un año marcado por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (pese al relativo avance en su construcción), la insistencia de gastar 8 mil millones de dólares en la construcción de una refinería, y un presupuesto para el 2020 que se encuentra muy alejado de la grandiosa retórica de la campaña (fondos limitados a Pemex a pesar del incremento recibido, sumas relativamente modestas para el gasto social prioritario, y algo de dinero para la seguridad).

“El camino está a la vista”, dijo AMLO al inicio de su discurso el domingo primero de diciembre con motivo de su primer año de gobierno. Durante el mensaje, el presidente resaltó avances en materia de aprobación de leyes, el combate a la corrupción, el ahorro fiscal por medio de la austeridad republicana y la implementación de programas sociales. Ante esta situación, y con el desgaste que AMLO ha acumulado este año, el presidente y su equipo económico están buscando que el Plan Nacional de Infraestructura, la ratificación del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, y la virtualmente revigorizada Pemex apuntalen el crecimiento económico el próximo año y los que le siguen. La mala noticia es, y una larga historia nos lo confirma (López Obrador es un obsesionado de la Historia) que la economía mexicana seguirá decepcionando, tal como lo ha venido haciendo desde hace treinta años.

La ventana para restaurar la confianza en México se está cerrando. Reflejo de ello es que las agencias calificadoras están considerando bajar la deuda de Pemex (de unos 104 mil millones de dólares) a una categoría especulativa (o “basura”), lo cual tendría una repercusión en la calificación soberana mexicana y martillará aún más la inversión. El estancamiento de la economía amenaza, además, con descarrilar el presupuesto para el próximo año y golpear la ambiciosa agenda social que AMLO repite hasta el cansancio de que “primero los pobres”, con lo que no sería descabellado pensar que también algunos sectores populares comiencen a perder la confianza en la cuarta transformación, y tanto los mercados como el pueblo obliguen a López Obrador a plantearse una quinta transformación para el país.

Foto de Eneas en Trendhype / CC BY

Política y democracia en el primer año de AMLO

Con el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no se ha llegado a un nuevo régimen político nacional. No hay nuevo régimen democrático ni autoritario, no se ha verificado ni una transición al autoritarismo ni a otro tipo de democracia. Tampoco se ha consolidado el régimen democrático ya existente. Hay lo que había: la continuación del deterioro de la democracia. Tal ha sido el efecto político sistémico de un Gobierno que ha empeorado y que se ve más autoritario: más deterioro, sin sustitución propia del sistema de instituciones que definen al régimen. Es falso que se hayan hecho reformas de democratización (reformas ha habido, pero ninguna ha democratizado al régimen político porque no se refieren realmente a ese ámbito —régimen— o porque no se mueven en ese sentido —democracia—).

Examinemos algunos de los deterioros más relevantes.

«El bonillazo”, nombre coloquial de un caso extraordinario: en la provincia de Baja California, un empresario político cercano a López Obrador (Jaime Bonilla) intenta que su gubernatura de dos años, obtenida por elección, sea definitivamente transformada en una de cinco, “ganando” tres años sin proceso electoral (y yendo contra el que lo hizo gobernador), debido a una extraña, tramposa y oscura decisión del Congreso local.

La decisión final, ratificatoria o no, está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pero el deterioro ya ocurrió y solo podría “estabilizarse” o empeorar. No hay complicación conceptual ni se necesitan eufemismos: lo de Bonilla es un robo; la Corte haría un daño enorme a la democracia si tolera que una mayoría legislativa cómplice establezca que el Ejecutivo se alargue gratuitamente por tres años más.

López Obrador hace lo que otros hicieron, y con agravantes: tres veces en un año y con más agresividad y descaro»

Hablando de la Corte: en un año López Obrador tuvo tres oportunidades de nominación; las tres se convirtieron en designaciones muy cuestionables: dos ministras y un ministro muy cercanos al presidente, pero ninguno jurista destacado ni experto en derecho constitucional. Los casos de las ministras son los más graves: una, Yasmín Esquivel, es esposa de un empresario amigo y colaborador del presidente; otra, Margarita Ríos-Farjat, era jefa de los servicios tributarios federales, es decir, empleada del presidente (fue parte de una terna que incluyó a la viceministra del Interior, lo que habla del proyecto obradorista). Nótese cómo el mandatario nomina a más mujeres que a hombres en un intento por contrarrestar la crítica por proponer a personas sin independencia ni excelencia. Los tres nuevos ministros representan deterioro contra la división de poderes. En vez de reformar antipartidista y prodemocráticamente el artículo 95 constitucional, hace lo que otros hicieron, y con agravantes: tres veces en un año y con más agresividad y descaro.

Otra designación que deteriora al régimen es la de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Con ilegalidades, la mayoría del partido Morena en el Senado nombró a quien el presidente quería: Rosario Piedra, militante real de ese partido, por el que fue candidata a una diputación, entre otras cosas que la hacen una colaboradora de López Obrador y una mala noticia para la comisión. El oficialismo repite con afán justificante que Piedra es familiar de una víctima de violaciones de derechos humanos, pero eso no es mérito profesional ni garantía de nada. Ante el fracaso de tan débil defensa, critican el pasado de la comisión, pero son ilógicos: cualesquiera que sean sus problemas, no se resuelven partidizando.

De modo más general, secundario o indirecto, el proceso de no consolidación democrática (el deterioro democrático se expresa o apoya en otros datos: la pésima relación del presidente con la prensa, la enorme antidemocracia interna de Morena, la continuidad de la corrupción —AMLO insiste en reivindicar al corrupto Manuel Bartlett—, la falta de Estado de derecho y la conservación esencial de la devastadora “guerra contra las drogas”).

Los obradoristas apelan a dos elementos: “consultas populares” y reforma de revocación del mandato (por medio de la consulta popular). Sin embargo, así como ni unas ni la otra son el resultado de una nueva democracia, tampoco apuntan hacia un cambio democrático de régimen. No cualquier cosa nueva que haga un Gobierno nuevo significa cambio de régimen político y, si en este caso, lo denotaran las consultas y “la revocación”, no sería hacia un régimen más democrático.

Las “consultas populares” que ha hecho el obradorismo no son democráticas: son una farsa. Tal como he demostrado, las experiencias más grandes y relevantes (casos Texcoco y Baja California) tuvieron una participación de menos del 2% de los posibles electores y, consecuentemente, dieron menos del 2% del apoyo ciudadano a las opciones gobiernistas (“la ‘democracia’ del menos del 2%. Dos ‘consultas populares’ del obradorismo”. Fuente: Datamex, Instituto Ortega y Gasset, octubre de 2019, ). Son “consultas de ratificación protegida”, no ejercicios de democracia directa ni pasos hacia una mayor y mejor democracia.

La reforma de revocación de mandato es una apuesta: López Obrador calcula que aún tendrá mucha popularidad en 2021, que se traducirá en una mayoría que en una consulta no le revocaría el mandato y lo ratificaría ampliamente. Con esto impulsaría a su partido en la elección intermedia del mismo año y reduciría más el margen de operación de sus opositores. Es todo el fondo intencional de una supuesta gran reforma.

Mario Vargas Llosa dijo que ve en AMLO el riesgo de otra “dictadura perfecta”. El gran escritor peruano siempre ha sido impreciso en el uso de la palabra dictadura sobre México. Sin embargo, no es impreciso que sí hay riesgos de que la democracia mexicana caiga, poco a poco, por acumulación de deterioro y reformas antidemocráticas. No ha sucedido, ni es inevitable, pero tampoco imposible. Es un riesgo por la ruta de los deterioros del primer año obradorista. Si sucede, no será de inmediato y México no se volvería una nueva Venezuela, “regresaría” a una versión del régimen autoritario (no dictatorial) del PRI que formó a López Obrador.

Foto de Eneas en Trendhype / CC BY