La geopolítica del yo

Manuel Alcántara
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La geopolítica del yo

Durante décadas la geopolítica ha constituido un campo de estudio encargado de analizar cómo la ubicación, el territorio, los recursos naturales y las características geográficas influyen en el poder y en la estrategia de los Estados cuya evolución resultaba estar íntimamente ligada a ella. La relación entre espacio y política, considerando factores económicos, militares y culturales que condicionan la proyección internacional y la competencia por la influencia global ha sido su razón de ser. Sin llegar a cuestionarla de raíz, los cambios en el panorama internacional cristalizados a lo largo del último año han gestado serias dudas sobre las bases de sustentación de esa concepción en la medida en que se da una paulatina transformación de la esencia de los estados nación, nostalgias obsesivas y liderazgos abusivos.

En concreto, desde la consolidación de la doctrina Trump vertida en la Estrategia de la Seguridad Nacional, se han registrado tres momentos significativos puestos de manifiesto en diferentes foros. Bien es cierto que ello se da en el contexto excepcional de la contra actuación del primer ministro canadiense Mark Carney formulada en Davos con su crítica a un escenario que suponía una ruptura y no una transición, algo que el canciller alemán, Friedrich Merz, tres semanas más tarde en la 62 Conferencia de Seguridad de Munich ratificó al sentenciar que «el orden internacional ya no existe tal y como lo conocíamos».

Carney encabeza ahora las conversaciones entre la UE y un importante bloque comercial del Indo-Pacífico integrado por Canadá, Singapur, México, Japón, Vietnam, Malasia y Australia después de pedir a estas potencias medias que unan sus fuerzas en pro de una de las alianzas económicas globales más grandes que crearía un nuevo bloque comercial de 1.500 millones de personas.

El primer momento lo configura el evento de Munich, el gran templo histórico del transatlantismo, donde Marco Rubio asumió un papel estelar suavizando el lenguaje procaz y confrontador de su presidente. Sin embargo, el contenido de sus palabras no deja de ser desalentador. Apeló con una insólita (¿ingenua?) franqueza a una identidad compartida con Europa (“para nosotros, los estadounidenses, nuestro hogar puede estar en el hemisferio occidental, pero siempre seremos hijos de Europa”) fruto de un supuesto pasado glorioso creador de “una ejemplar civilización” sin fisuras cimentada en “la fe cristiana”.

De ello no cabía sino sentir orgullo porque “en Europa nacieron las ideas que sembraron las semillas de la libertad que cambiaron el mundo”. La denuncia de los peligros de la migración masiva fue el colofón singular de la narrativa simplista con la que se quiere unificar el miedo que configurará la identidad servil de amplias mayorías angustiadas por su supervivencia. Si el señuelo funcionó con respecto a la delincuencia en favor del publicista Bukele, ¿por qué no ahora con la satanización del ajeno, con la exaltación de la “remigración”?

El segundo momento lo constituye la puesta de largo el pasado 19 de febrero de la Junta de Paz, inicialmente pensada como una «administración de transición» para Gaza, pero cuyo radio de acción quiere ahora globalizar la Casa Blanca, a la que para su funcionamiento Estados Unidos, una vez que el Congreso así lo apruebe, va a aportar diez mil millones de dólares.  Una reunión a la que acudieron familiares de Trump (su yerno Kushner), hombres de negocios (Witkoff), de la farándula (Infantino), miembros de su gabinete (Vance y Rubio) y representantes de 27 países a quienes unían intereses privados y lazos de lealtad, venidos a rendir pleitesía y a formalizar el entierro del multilateralismo sin que, de momento, ninguno haya reembolsado la cantidad de mil millones de dólares que supone la membrecía al nuevo club.

En su discurso de bienvenida Trump se dirigió a los dos únicos presidentes latinoamericanos presentes con palabras cuyo sentido no requiere comentario alguno: ”¿Dónde está el presidente Milei? Yo lo apoyé. No se supone que deba apoyar a la gente, pero apoyo a quienes me caen bien… Iba un poco rezagado en las encuestas. Al final, obtuvo una victoria aplastante”. Después, ”el presidente Peña de Paraguay está aquí. Muchas gracias. Es un joven guapo. Siempre es agradable ser joven y guapo. Eso no significa que tengamos que quererlo. No me gustan los jóvenes guapos. Me gustan las mujeres. A mí no me interesa eso. Usted también hace un excelente trabajo”. Milei no dispuso del uso de la palabra, pero sí Peña que agradeció efusivamente las palabras del anfitrión.

Por último, Trump ha convocado a un grupo de presidentes latinoamericanos a una cumbre en Miami el 7 de marzo, pocas semanas antes de su viaje a Pekín. La lista de invitados inicial confirmados incluía a Milei (Argentina), Paz (Bolivia), Noboa (Ecuador), Bukele (El Salvador), Asfura (Honduras) y Peña (Paraguay). Se trata de la corte más fiel de la región en el nuevo orden imperial. Poco después, Molino presidente de Panamá logró ser incluido también en la nómina. La cumbre se centrará en contrarrestar la influencia china en el hemisferio al amparo de la retórica trumpista de regionalismo cerrado.

Si para analistas como Ian Bremmer, este tipo de discursos reflejan la consolidación de una era de “geopolítica transaccional” donde las alianzas se miden cada vez más en términos de intereses concretos, personalmente prefiero centrarme en el perfil más individualista y autocrático del momento actual de vasallaje. El presidente estadounidense, como otros de los jefes de estado recién citados, concentra el poder en sus manos porque el Congreso le ha cedido los suyos habiendo también aprobado menos leyes que cualquier otro desde mediados del siglo XIX. Además, ha logrado que su hoy vocero, Marco Rubio, que hace ocho años lo calificó de estafador a quien no se podían confiar los códigos nucleares, en su traición personal engalane su servilismo para satisfacción máxima del ego presidencial. La situación representa el colmo de la geopolítica del yo, pues el relato constante de Trump del acontecer pasado, presente y futuro es siempre en primera persona del singular.

La inserción tardía de Ecuador en la estructura del crimen organizado global

Matías Abad Merchán
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La inserción tardía de Ecuador en la estructura del crimen organizado global

Ecuador cerró el 2025 con el mayor número de muertes violentas de su historia. No se trató de un estallido aislado, sino de la confirmación de una tendencia: los homicidios han crecido de manera sostenida al menos desde 2020 y este aumento se aceleró de forma persistente en los últimos cinco años.

Según los datos oficiales de la Policía Nacional del Ecuador, entre enero y diciembre de 2025 se registraron 9 161 homicidios intencionales, un aumento del 30% respecto de los de 2024. La tasa nacional alcanzó 50,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, cifra que ubica a Ecuador entre los países con mayores tasas de homicidio a nivel global. Más relevante aún es la naturaleza de esta violencia: el 95,4% de las muertes está clasificado como violencia criminal, directamente asociada al crimen organizado, a disputas por el control territorial y a economías ilícitas vinculadas al narcotráfico.

Este repunte responde, en primer lugar, a la expansión del crimen organizado transnacional y a la incorporación, tardía pero acelerada, de Ecuador a las economías ilícitas del narcotráfico. Su ubicación entre Colombia y Perú -principales productores de cocaína-, la disponibilidad de puertos de aguas profundas y una economía dolarizada que facilita circuitos financieros y de lavado convirtieron al país en un nodo funcional dentro de estas redes. Desde aproximadamente 2020, Ecuador dejó de ser un territorio de tránsito marginal para convertirse en parte activa de la cadena de valor del narcotráfico.

En paralelo a esa inserción se profundizaron las debilidades estructurales del Estado. La fragilidad del sistema judicial, la limitada capacidad para investigar y seguir la ruta del dinero ilícito, la corrupción selectiva y el colapso del sistema penitenciario generaron condiciones propicias para una captura progresiva y sistemática de las instituciones por parte de las organizaciones criminales. La violencia, en este contexto, es expresión de un deterioro institucional acumulado.

Desde una perspectiva regional, el caso ecuatoriano no resulta novedoso. Años antes, Colombia y México transitaron este mismo sendero, con dinámicas nacionales propias, pero con patrones comunes: expansión de economías ilícitas, respuestas centradas en la militarización de la seguridad sin reformas estructurales del Estado y ciclos prolongados de violencia. En ese sentido, Ecuador enfrenta una fase tardía de un proceso regional ampliamente documentado.

Pese a contar con estas experiencias como referencia, la respuesta del Estado ecuatoriano ha sido predominantemente reactiva. Estados de excepción sucesivos, despliegues militares masivos, operativos policiales intensivos y una narrativa gubernamental de guerra interna han marcado la política de seguridad. Estas medidas han producido efectos visibles y, en algunos casos, reducciones temporales de ciertos delitos -los robos comunes, por ejemplo, disminuyeron un 3% en 2025-, pero no han alterado las condiciones estructurales que sostienen la violencia, como lo demuestra la evolución de la estadística oficial.

Un factor central que explica estos resultados es la persistente precariedad del sistema de inteligencia nacional. Ecuador carece de un esquema integrado que articule de manera efectiva a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los organismos civiles para anticiparse al delito, mapear redes criminales y seguir la trazabilidad del dinero ilícito. Esta fragmentación institucional se traduce en duplicación de esfuerzos, pérdida de información crítica y respuestas descoordinadas. Sin inteligencia estratégica, la política de seguridad se reduce al despliegue territorial y militar que, sin reformas estructurales, se agota rápidamente.

La evidencia territorial refuerza esta lectura. Según datos oficiales, seis zonas concentran cerca del 85% de los homicidios: Guayaquil (DMG), Los Ríos, Manabí, El Oro, Guayas y Esmeraldas. Se trata de áreas portuarias y corredores estratégicos de exportación donde convergen intereses criminales locales y transnacionales. Sin embargo, el desplazamiento de la violencia hacia provincias históricamente más seguras expone la falsa sensación de calma como antesala del descuido institucional. Allí donde el Estado asume que el problema es ajeno o distante, las organizaciones criminales encuentran condiciones para asentarse y expandirse.

Más allá de sus efectos inmediatos, esta dinámica tiene consecuencias democráticas de largo plazo. La persistencia de altos niveles de violencia favorece la institucionalización de medidas extraordinarias como parte del funcionamiento ordinario del Estado: estados de excepción recurrentes, expansión del poder coercitivo y reducción del espacio para el debate público sobre alternativas de política.

La experiencia regional muestra que la militarización, sin reformas profundas del Estado, no resuelve el problema del crimen organizado y, en muchos casos, lo reconfigura. Sin fortalecimiento judicial, inteligencia financiera, control penitenciario y coordinación interinstitucional, la violencia no se reduce: se adapta, muta y persiste.

El balance de 2025 permite una lectura clara. Ecuador se incorpora, con retraso, a una trayectoria regional ya conocida, marcada por economías ilegales en expansión, respuestas estatales reactivas y déficits sostenidos de capacidad institucional. La discusión pendiente no es cuántos soldados desplegar en las calles, sino cuánto Estado queda por reconstruir allí donde el crimen organizado ha aprendido a operar con ventaja.

Democracia y desorden

Inés Amézaga Feijoo
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Democracia y desorden

Hay un meme que circula desde hace semanas en redes sociales: un mapamundi dividido en tres grandes zonas de influencia encabezadas por China, Rusia y Estados Unidos que sintetiza con naturalidad una sensación cada vez más extendida: que las relaciones entre países ya no se basan en reglas claras o en consensos multilaterales sino que están sometidas a la batuta de liderazgos fuertes y autoritarios cada vez menos dispuestos a rendir cuentas, y que las decisiones relevantes se toman cada vez más lejos de los espacios donde operan los controles democráticos. Ante este escenario cabe preguntarse: ¿cómo deben reaccionar las democracias cuando el mundo se reorganiza sin ellas?

La vía de normalización de este nuevo escenario internacional tiene un efecto directo y negativo sobre el funcionamiento de la democracia. Incluso las democracias más arraigadas en América Latina y Europa asisten al auge de liderazgos autoritarios que encuentran legitimación en un entorno cada vez más tolerante con la concentración del poder y la ausencia de controles. Abundan discursos que reniegan de la separación de poderes, cuestionan el valor de los derechos civiles o presentan los contrapesos institucionales como obstáculos a la consecución de políticas de seguridad o crecimiento económico. Este desplazamiento reduce el horizonte de alternativas democráticas disponibles, al imponer lógicas de decisión cada vez más restringidas en las que gobernar con límites aparece como una desventaja frente a quienes prometen eficacia sin controles.

Cuando estas narrativas se asumen a escala global, también se amplía el margen para su reproducción en el ámbito interno, debilitando la capacidad de los países para imponer límites y defender reglas compartidas. Las democracias se enfrentan así al desafío de ofrecer alternativas creíbles antes de que estas derivas autoritarias se consoliden como opciones electorales viables con un respaldo internacional del que antes carecían.

En este escenario internacional cada vez más marcado por la imposición y la unilateralidad, distintos gobiernos y espacios multilaterales de estas dos regiones ya han comenzado a generar respuestas. El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, celebrado recientemente en la Ciudad de Panamá, reflejó ese intento por recuperar la coordinación regional ante injerencias externas que afectan directamente a la estabilidad política y económica. En la misma línea, el renovado impulso a las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur, así como el acuerdo de libre comercio alcanzado entre la Unión Europea e India, apuntan a diversificar vínculos y ampliar márgenes de decisión ante la agresiva política arancelaria del gobierno de Trump.

 “Geometría variable”, fue el término utilizado por el Primer Ministro canadiense en Davos para referirse a este esfuerzo de medianas potencias de buscar alianzas entre diferentes países y grupos de países en base a sus necesidades e intereses colectivos. Más allá de la estrategia comercial, estas iniciativas expresan la necesidad compartida de protegerse en un contexto de alta incertidumbre donde se perfila que el poder opera sin reglas claras más allá de la ley del más fuerte.

Sin embargo, las democracias no solo pueden reaccionar a nivel institucional para protegerse de estos golpes autoritarios. Ante la percepción de que la democracia está siendo agredida, la movilización ciudadana surge como una reacción defensiva que tiene como ventaja evidente la inmediatez y visibilidad a la hora de marcar las líneas rojas.

En Brasil en 2022 y Guatemala en 2023 la ciudadanía se movilizó para defender el resultado electoral frente a intentos de desconocerlo. En Argentina la ciudadanía se movilizó contra la Ley de Bases en 2024 promovida por el gobierno de Milei y se movilizó en México en 2025 contra la elección del poder judicial. En enero de este año, miles de personas se movilizaron en Nuuk y Copenhague para rechazar la intención de Trump de tomar Groenlandia por la fuerza barriendo así el principio democrático de autodeterminación. Y es que en un contexto internacional cada vez más tolerante con el uso discrecional del poder, la ciudadanía democrática está capacitada y dispuesta a reaccionar cuando percibe que la democracia está en riesgo de retroceder y estos últimos años así lo demuestran.

Cuando el mundo se reorganiza desde lógicas autoritarias, las democracias deben defenderse de manera conjunta y con todas las herramientas a su alcance. Se trata de la capacidad de sostener una defensa democrática en el tiempo frente a presiones externas e internas que tiendan a reforzarse mutuamente. Esa defensa exige una acción coordinada que combine instituciones capaces de cooperar, negociar y establecer límites contando con una ciudadanía vigilante y dispuesta a alertar ante episodios de erosión democrática.

Cuando estas dos dimensiones no se conectan, cuando las instituciones actúan sin respaldo de la ciudadanía o cuando la movilización carece de soporte institucional, el retroceso avanza con mayor facilidad.  América Latina y Europa tienen hoy la oportunidad de construir un espacio común desde el cual ofrecer una alternativa democrática sólida frente al abismo que supone el meme del mapamundi.

Comunicación política, pánico moral y la gramática trumpiana

Denise Cogo   |   Rafael Alberico Chaves
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Comunicación política, pánico moral y la gramática trumpiana

Las emociones se han convertido en parte fundamental de la comunicación política. Sentimientos como la ira, la indignación moral, el resentimiento y la nostalgia organizan las percepciones de pertenencia, amenaza y orden social, precediendo y guiando ideologías. Así lo afirma el investigador Paolo Demuru en su obra «Políticas del Encanto». Es en este contexto que opera Donald Trump, gobernando a través del ruido y la incesante producción de crisis que no se resuelven, sino que se acumulan y se superponen.

En medio del auge de la extrema derecha, las gramáticas afectivas sustentan procesos de polarización que van más allá de la divergencia tradicional y se convierten en antagonismos morales, en los que el «otro político» se convierte en una amenaza existencial.

La desproporción, la exageración y la alarma en la construcción del miedo caracterizan el pánico moral, un concepto consolidado en la década de 1970 por el sociólogo Stanley Cohen, y que se ha utilizado para comprender la relación entre los medios de comunicación, la política y la opinión pública. Cada época tiene sus propios pánicos morales, generados en contextos históricos específicos, principalmente durante momentos de cambios de poder, crisis de hegemonía e inseguridad social.

Según autores como Walsh y Hill, los pánicos morales dependen de las plataformas digitales para existir, circular y ganar alcance. En este sentido, dejan de ser una mera expresión de ansiedades sociales y comienzan a ocupar un lugar central en las luchas de poder, transformándose en dispositivos continuos de producción de significado, articulando afectos, narrativas y antagonismos a gran escala. El miedo se consolida como un recurso político y comunicacional estratégico, permeando los debates públicos y las formas de gobernanza.

La gramática de Donald Trump

Estados Unidos, ante el debilitamiento de su hegemonía global, opera menos por la estabilidad institucional que por la continua fabricación de amenazas. La política deja de ser la administración del bien común y se convierte en la gestión del miedo, en un movimiento que no se limita a las fronteras estadounidenses, sino que se proyecta globalmente.

Episodios recientes, como los repetidos intentos de deslegitimar a los gobiernos latinoamericanos, la presión sobre Venezuela y las narrativas fantasiosas en torno a la «captura» de Nicolás Maduro, revelan una gramática imperialista basada en la idea de una conspiración permanente: siempre se trama algo contra Estados Unidos, contra su soberanía, contra su «destino histórico». Partiendo de esta premisa, toda acción contundente, como sanciones, intervenciones o amenazas militares o simbólicas, parece necesaria, preventiva y moralmente justificada.

Es en este contexto más amplio que debe entenderse a Donald Trump. Crear fantasías conspirativas no es una desviación retórica ni una excentricidad personal, sino una estrategia central de comunicación política que adoptó, enfocada en la lucha de poder. Mucho antes de llegar a la Casa Blanca, el presidente estadounidense aprendió que las narrativas de amenaza movilizan más que los proyectos futuros y que el pánico moral es un recurso sumamente eficaz en tiempos de inestabilidad y ante la centralidad de las plataformas digitales.

A lo largo de su trayectoria, Trump transformó temas estratégicos en campos de guerra simbólica. La inmigración se convirtió en una invasión; la prensa, en el enemigo del pueblo; las elecciones, en un fraude permanente; la ciencia, en una conspiración de las élites. Lo que está en juego no es la veracidad de los hechos, sino la capacidad de generar una sensación difusa de riesgo moral, cultural y existencial. Así, se gobierna a través de la sensación de que «algo está siendo robado»: el país, la identidad, el estilo de vida.

Esta lógica resulta particularmente evidente en el episodio de Groenlandia. A primera vista, la propuesta de «comprar» territorio soberano puede parecer un delirio geopolítico. Sin embargo, vista desde la perspectiva trumpiana, la idea cumple una función mucho más sofisticada. Funciona como un mecanismo de pánico moral: la sugerencia de que Estados Unidos está perdiendo espacio, territorio, influencia y grandeza ante enemigos externos —como Rusia y China— y ante élites internas incapaces de proteger los intereses nacionales. La fantasía territorial funciona, en este sentido, como una metáfora de un país asediado y en decadencia que necesita ser «recuperado» a cualquier precio.

Hábil en la fabricación comunicacional del pánico, siempre apoyado por las redes sociales y las políticas algorítmicas de plataformas que privilegian a la extrema derecha, Trump despierta profundos temores morales, reorganiza antagonismos y genera pertenencia a través de la exclusión. El «nosotros» solo existe porque hay un «ellos» amenazante: migrantes, globalistas, burócratas, periodistas, científicos. Se trata menos de buscar soluciones y más de gestionar resentimientos, canalizando frustraciones difusas hacia objetivos moralmente sensibles.

Efectos sociales del pánico moral

En este entorno saturado de miedo, las estrategias de pánico moral dejan de funcionar como mera retórica electoral y comienzan a producir efectos sociales más amplios. Por ejemplo, la migración se ha convertido en un problema político permanente. La inmigración, especialmente la proveniente del Sur Global, se reinterpreta continuamente como una amenaza difusa al orden, la cultura y la estabilidad económica, no a través de datos objetivos, sino mediante la repetición sistemática de narrativas de peligro.

La migración deja de ser tratada como una experiencia social compleja y comienza a funcionar como un signo que sintetiza el miedo, capaz de organizar diversas ansiedades en torno a un enemigo reconocible. En esta dinámica, el miedo no solo guía las decisiones electorales, sino que también reorganiza las jerarquías internas dentro de las propias diásporas, generando distinciones entre migrantes «legítimos» e «indeseables» y convirtiendo la migración en un campo atravesado por disputas simbólicas, afectivas y políticas.

El efecto es la consolidación de un régimen de atención permanente, propio del ecosistema de las plataformas digitales, en el que la política comienza a operar mediante crisis sucesivas, declaraciones exacerbadas, retrocesos calculados y nuevos episodios de tensión. Nada se resuelve, nada se estabiliza. El pánico no es una desviación momentánea, sino el entorno habitual de la acción política.

Es en este contexto que propuestas como la «compra» de Groenlandia deben interpretarse: menos como un delirio geopolítico aislado y más como un dispositivo simbólico de un imaginario imperial en permanente estado de alerta, en el que territorios, fronteras y soberanías siempre parecen estar a punto de perderse o ser arrebatadas por fuerzas externas. Trump no gobierna a pesar del caos que produce. Gobierna a través de él, movilizando afectos, manteniendo la atención en continua suspensión y gestionando el miedo como recurso central de poder en un mundo atravesado por plataformas, algoritmos y fantasías conspirativas.

De hecho, el trumpismo revela algo más que un estilo personal. Explica cómo, en un entorno comunicativo dominado por las plataformas digitales, las métricas de interacción y la circulación acelerada de emociones, la fantasía conspirativa deja de ser marginal y comienza a operar como racionalidad política. Groenlandia, el muro, el fraude electoral o la «amenaza comunista» no son solo temas: son dispositivos políticos y comunicacionales para la movilización afectiva. Y, en este juego, la verdad importa menos que la capacidad de mantener el miedo en constante circulación.

*Este texto forma parte del proyecto de investigación «Activismo antiinmigratorio en plataformas digitales en apoyo a políticas de extrema derecha y antiinmigratorias», desarrollado en el Programa de Postgrado en Comunicación y Prácticas del Consumidor de ESPM.

Entre el espectáculo y la frontera cultural: política e identidad en el ‘halftime’ del Super Bowl

Luis Miguel Santibáñez Suárez
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Entre el espectáculo y la frontera cultural: política e identidad en el ‘halftime’ del Super Bowl

El Super Bowl dejó hace tiempo de ser únicamente un partido de fútbol americano. Hoy es un acontecimiento cultural global donde se proyectan identidades, valores y narrativas políticas en clave de espectáculo. Su show de medio tiempo —seguido por audiencias masivas en todo el mundo y amplificado por plataformas digitales, transmisiones en streaming y redes sociales en tiempo real— se ha consolidado como un espacio privilegiado de visibilidad simbólica. La edición LX confirmó algo ya evidente: incluso cuando el entretenimiento pretende presentarse como neutral, la política emerge inevitablemente en la escena pública.

La magnitud del evento refuerza esta dimensión. El halftime no solo concentra una de las audiencias televisivas más grandes del año, sino que genera un ecosistema paralelo de comentarios, reacciones y reinterpretaciones que prolongan su impacto durante días. En ese entorno hipermediatizado, cada elemento —desde la elección del artista hasta la escenografía— adquiere una densidad simbólica que excede el marco deportivo y lo inscribe en debates culturales más amplios.

La presentación de Bad Bunny evidenció esa tensión. Por primera vez, el espectáculo se desarrolló íntegramente en español, incorporando referencias culturales latinoamericanas dirigidas a una audiencia global. Más allá de lo musical, el gesto activó una discusión sobre pertenencia e identidad cultural. La cuestión central no fue artística, sino narrativa: quién ocupa el escenario, en qué idioma se comunica y qué público es reconocido como interlocutor legítimo. En ese desplazamiento se reflejan tensiones históricas entre hegemonía cultural y reconocimiento periférico, recordando que el idioma delimita espacios de autoridad y pertenencia.

El uso predominante del español operó como un marcador simbólico de centralidad cultural. No se trató únicamente de una decisión estética, sino de la ocupación del espacio mediático más visible del calendario estadounidense con códigos lingüísticos y visuales tradicionalmente asociados a la periferia. En un país atravesado por debates migratorios y transformaciones demográficas, esa presencia adquirió resonancias que exceden el espectáculo y dialogan con discusiones estructurales sobre nación e identidad.

La controversia no surgió en el vacío. La elección del artista había sido objeto de críticas previas vinculadas a sus posicionamientos públicos y a su identidad cultural explícita. Tras la transmisión, el debate se amplificó, evidenciando resistencias frente al uso del español y cuestionamientos sobre el carácter “divisivo” del espectáculo. Estas reacciones ilustran cómo la cultura popular se ha convertido en un terreno donde se disputan definiciones de normalidad cultural. La discusión dejó al descubierto que el conflicto no radica en la estética, sino en la redefinición de marcos simbólicos que durante décadas parecían incuestionables.

Paradójicamente, el espectáculo evitó un discurso político explícito. La celebración predominó sobre la confrontación directa, y el despliegue visual sustituyó cualquier posicionamiento frontal. Sin embargo, la presencia de alusiones sutiles permitió múltiples interpretaciones. Esta ambigüedad sintetiza la lógica contemporánea de la política cultural: ya no se articula mediante consignas directas, sino a través de códigos visuales y emocionales que habilitan lecturas divergentes. La política se inscribe así en la representación misma, generando disputas interpretativas que prolongan el evento más allá de su duración y lo insertan en la conversación pública global.

La reacción trascendió la conversación mediática. La contraprogramación impulsada por sectores conservadores —que organizaron transmisiones alternativas y campañas digitales— revela hasta qué punto el halftime se ha transformado en un terreno de confrontación cultural. Que un espectáculo deportivo desencadene respuestas ideológicas organizadas demuestra que la cultura popular ya no opera como espacio neutral. En un ecosistema mediático saturado, cada escenario de alta visibilidad se convierte en un espacio estratégico donde se negocian significados colectivos y legitimidades culturales.

Desde América Latina, la lectura adquiere matices particulares. La centralidad del español y de referencias regionales puede interpretarse como reconocimiento cultural dentro de un sistema históricamente asimétrico. Pero también como evidencia de la capacidad del mercado global para incorporar y capitalizar la diversidad. En ambos casos, el episodio recuerda la complejidad del poder cultural: inclusión y comercialización coexisten en una dinámica ambivalente. La visibilidad no elimina las desigualdades estructurales, aunque sí redefine sus formas de representación y las vuelve objeto de consumo transnacional.

El mensaje político del halftime, por tanto, no residió en declaraciones explícitas, sino en su puesta en escena. Lengua, estética e identidad funcionaron como vectores de significado en un espacio donde cada gesto adquiere resonancia geopolítica. En la era de la hipercomunicación, la política cultural no necesita proclamarse; basta con activar conversaciones públicas mediante la ocupación estratégica del escenario. La circulación global de imágenes amplifica ese efecto, consolida su impacto y convierte el espectáculo en archivo simbólico de su tiempo.

El halftime del Super Bowl LX no ofreció un manifiesto político, sino un espejo cultural. Reflejó tensiones contemporáneas sobre nación, migración, identidad y poder, evidenciando la fragilidad de consensos culturales en sociedades polarizadas. En última instancia, el episodio confirma que la cultura popular es uno de los principales escenarios donde se disputa el sentido de pertenencia en el mundo contemporáneo. Y que incluso en el espectáculo más masivo y aparentemente trivial se proyectan las fracturas y aspiraciones que atraviesan la vida política global.

¿Cuánta concentración de riqueza soporta la democracia?

Verónica Paz Arauco
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¿Cuánta concentración de riqueza soporta la democracia?

En 2025, la riqueza de los milmillonarios en el mundo creció tres veces más rápido que en el promedio de los últimos cinco años, alcanzando un récord histórico de 18,3 billones de dólares a nivel global. Este crecimiento coincide, paradójicamente, con un mundo donde casi la mitad de la población vive con menos de 8,3 dólares al día y más de una cuarta parte enfrenta inseguridad alimentaria. La extrema concentración de riqueza es parte de la realidad inquietante que ilustra el reciente informe de Oxfam, “Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios”, publicado en ocasión del Foro Económico Mundial de Davos.

El informe plantea que la concentración de la riqueza registrada en la última década ha alcanzado niveles inimaginables, el número de milmillonarios ha superado los 3,000 por primera vez el año pasado. Esta acumulación desmedida retrata el último lustro como la «década de los milmillonarios», una situación en la que el poder económico se acumula sin límites, mientras la igualdad de derechos se convierte en una ficción. El debate ya no es sobre cuánta desigualdad es moralmente aceptable, sino si las democracias pueden sobrevivir cuando un pequeño grupo de personas con riquezas cada vez más grandes utilizan su poder económico para comprar elecciones, influir en las decisiones, o financiar campañas políticas.

Esta conexión entre poder económico y poder político, encuentra un sustento teórico en la reflexión de la filósofa y economista Ingrid Robeyns quien advierte que la igualdad política no puede sobrevivir en un mundo de poder económico ilimitado pues a partir de cierto punto, la riqueza privada se vuelve moralmente injustificable y políticamente peligrosa. En este sentido las democracias pasan a tener un carácter decorativo, el poder político se transfiere a unas élites sin que éstas rindan cuentas, pues la acumulación de la riqueza supera un umbral ético más allá del cual la riqueza deja de aportar el bienestar individual y empieza a erosionar el bienestar de la mayoría.

La realidad latinoamericana no es ajena a esta situación. Según Oxfam, la riqueza de los milmillonarios en la región creció 16 veces más rápido que la economía regional en el último año, los 109 mil millonarios acumulan cerca de 622 mil millones de dólares, una cifra comparable al PIB combinado de Chile y Perú. Desde el año 2000, esa riqueza aumentó un 443%, revelando no solo crecimiento, sino una tendencia estructural de concentración. ¿Por qué debería preocuparnos esta situación?

Una de las razones está en el extremo opuesto de esta injusta concentración: las persistentes tasas de pobreza y desigualdad en la región. Pese a los avances en este sentido, todavía la región es una de las más desiguales del mundo y registra elevados índices de pobreza que mantienen a 162 millones de personas viviendo en esta situación. Parte de las causas, están asociadas a insuficientes recursos públicos para financiar la salud, la educación, la protección social y los cuidados garantizando gratuidad, calidad y universalidad pues frente a déficit fiscales recurrentes, los Estados optan por la austeridad y el endeudamiento como si no hubiera otra salida.

La realidad es bastante distinta. En la mayoría de los casos los sistemas tributarios en los países de la América Latina y El Caribe cobran preservando privilegios de unos cuantos y ajustando el bolsillo de las mayorías: recaudan menos de quiénes más tienen y más de quienes menos tienen. Las cifras son claras, mientras el 50% más pobre aporta el 45% de sus ingresos en impuestos, el 1% más rico contribuye con menos del 20%. El resultado son Estados con limitada capacidad redistributiva.

En segundo lugar, en sentido contrario a las voces que reclaman la meritocracia como virtud del progreso, en la región más de la mitad de los superricos heredó total o parcialmente su fortuna, muy por encima del promedio mundial. La desigualdad deja así de ser una fotografía del presente para convertirse en una estructura que se reproduce generación tras generación. ¿Qué mecanismos refuerzan esta situación?

El informe señala un dato que exige una atención particular, y que vuelve a la hipótesis central de este artículo: el vínculo entre la acumulación desmedida de las elites y el deterioro de las democracias se hace cada vez más evidente. A nivel global, los milmillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político a comparación de una ciudadana o un ciudadano común. En América Latina, al menos 16 presidentes en 11 países llegaron al poder tras dirigir grandes empresas. No es una anécdota; es un síntoma. La puerta giratoria entre negocios y política transforma la competencia democrática en una carrera con punto de partida desigual. El 65% del patrimonio de los milmillonarios latinoamericanos se concentra en sectores estratégicos —finanzas, telecomunicaciones, energía y medios de comunicación— altamente dependientes de regulaciones estatales y de su cercanía al poder político. Allí donde el mercado se entrelaza con el Estado, la frontera entre interés público y privilegio privado se vuelve difusa.

Por último, la concentración extrema de riqueza y poder no es exclusiva de una región. El auge de oligarquías impacta negativamente en todas las sociedades. La experiencia reciente de Estados Unidos, con políticas favorables a los superricos y el debilitamiento de regulaciones antimonopólicas, muestra hasta qué punto las políticas pueden ser capturadas. Cuando las decisiones que afectan a las mayorías responden a intereses particulares, la democracia pierde sentido. No sorprende, entonces, que casi la mitad de las personas encuestadas en la Encuesta Mundial de Valores crea que los ricos compran las elecciones en sus países. Es evidente que la concentración extrema de riqueza es incompatible con democracias robustas.

El desenlace de esta historia puede ser distinto con acciones decididas para cambiar el rumbo: implementar medidas como gravar la riqueza del 1% y las herencias, regular la influencia política y mediática de las élites, fortalecer la participación ciudadana y proteger las libertades democráticas. La disyuntiva es clara: o las democracias recuperan capacidad para regular el poder económico, o se transforman gradualmente en sistemas donde las decisiones clave responden a una élite cada vez más reducida.

No sólo está en juego el tipo de sociedad que se construye, sino quién decide su rumbo. En ese dilema se juega buena parte del futuro de América Latina y el mundo en los próximos años.

Cuando el poder se fragmenta: violencia, Estado y los límites de la estrategia

Henry M. Rodríguez
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Cuando el poder se fragmenta: violencia, Estado y los límites de la estrategia

Las imágenes de vehículos incendiados, bloqueos carreteros y motines carcelarios que siguieron a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes en Jalisco no pueden leerse como episodios aislados ni como simples reacciones emocionales de una organización criminal herida. Tampoco son una anomalía inesperada. Forman parte de una secuencia conocida en contextos donde el uso de la fuerza estatal altera equilibrios ilícitos sin que exista, al mismo tiempo, una capacidad suficiente para administrar las consecuencias. La cifra de al menos 26 personas fallecidas, reportada por La Jornada, es un recordatorio crudo de que la violencia organizada rara vez desaparece con la eliminación de un solo actor.

El Cártel Jalisco Nueva Generación no es una estructura improvisada ni dependiente exclusivamente de un liderazgo carismático. Informes del Congressional Research Service y de la Drug Enforcement Administration lo describen como una organización con alta capacidad armada, expansión internacional y redes transnacionales consolidadas. Estas características explican por qué, tras la caída de su líder histórico, la respuesta no fue la parálisis, sino una demostración coordinada de fuerza: bloqueos, ataques selectivos y desestabilización del orden cotidiano.

La literatura académica ayuda a comprender este fenómeno. Investigaciones publicadas en Journal of Conflict Resolution muestran que los efectos de la llamada “decapitación” criminal varían según dos variables clave: el nivel de cohesión interna del grupo y la capacidad del Estado para ocupar rápidamente los espacios de poder que quedan vacantes. Cuando estas condiciones no se cumplen, la violencia tiende a incrementarse en el corto plazo. En México, esta dinámica ha sido documentada de manera sistemática por Guillermo Trejo y Sandra Ley, quienes han advertido que la fragmentación organizativa, sin control territorial efectivo del Estado, produce disputas internas y expansión del conflicto.

Los disturbios posteriores a la muerte de Oseguera Cervantes también revelan otra dimensión crítica: la resiliencia operativa de las economías ilícitas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha señalado que los mercados criminales con infraestructura financiera robusta y control logístico diversificado se adaptan con rapidez a los cambios de liderazgo. En estos casos, el problema no es la ausencia de un jefe, sino la persistencia de incentivos económicos, rutas, contactos y mecanismos de corrupción que sostienen la actividad ilegal. La violencia, entonces, se convierte en un instrumento para redefinir jerarquías y enviar señales, tanto al interior de la organización como a rivales y autoridades.

Este contexto explica por qué, en paralelo a los hechos violentos, han surgido especulaciones sobre posibles implicaciones para el Mundial 2026. Conviene separar el análisis técnico del ruido político. Hasta ahora, no existe indicio alguno de que la FIFA haya considerado modificar las sedes mexicanas. Por el contrario, su presidente, Gianni Infantino, ha reiterado públicamente su confianza en México como país anfitrión. La pregunta relevante no es si el torneo está en riesgo inmediato, sino cómo se gestiona la seguridad en un entorno donde las reconfiguraciones criminales pueden tener efectos diferidos.

Los grandes eventos internacionales no se preparan sobre la base de certezas, sino de escenarios. La experiencia comparada indica que los procesos de sucesión dentro de organizaciones criminales pueden extenderse durante semanas o meses, con picos de violencia intermitente. Ignorar esta posibilidad sería irresponsable. Al mismo tiempo, sobredimensionarla sin sustento empírico sería contraproducente. El equilibrio se encuentra en la planeación estratégica: monitoreo constante, coordinación interinstitucional y protección preventiva de infraestructura crítica, especialmente en las ciudades sede.

Aquí emerge un problema estructural que va más allá del CJNG. El Indice Global de Impunidad señala que México mantiene rezagos significativos en eficacia institucional, investigación criminal y sanción penal. Estas debilidades no generan titulares espectaculares, pero condicionan profundamente la capacidad del Estado para transformar golpes tácticos en resultados sostenibles. Sin instituciones sólidas a nivel local —policías profesionales, fiscalías eficaces, sistemas penitenciarios controlados— cada operación de alto impacto corre el riesgo de ser apenas un episodio dentro de un ciclo repetitivo de violencia.

El sistema penitenciario merece una mención especial. El Banco Interamericano de Desarrollo ha documentado cómo las cárceles latinoamericanas, lejos de neutralizar el crimen, funcionan con frecuencia como centros de operación y coordinación. Los incidentes registrados en centros penitenciarios tras la muerte de Oseguera Cervantes refuerzan esta advertencia. Sin gobernanza carcelaria, sin control tecnológico y sin supervisión externa, la privación de la libertad pierde su función básica como herramienta de seguridad pública.

La dimensión financiera es otro frente decisivo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha identificado redes de lavado de dinero vinculadas al CJNG que operan más allá de las fronteras mexicanas. Atacar estas estructuras no produce imágenes espectaculares ni genera aplausos inmediatos, pero reduce de manera directa la capacidad de regeneración del crimen organizado. La trazabilidad financiera y el control de precursores químicos son, en este sentido, políticas de seguridad tanto o más importantes que las detenciones de alto perfil.

Nada de esto implica restar importancia a la eliminación de liderazgos criminales. Significa, más bien, situarla en su justa dimensión. La fuerza sin gobernanza produce vacíos; los vacíos producen disputas; y las disputas se traducen en más violencia para la población. La confianza internacional, incluida la asociada a eventos como el Mundial, no se construye negando los riesgos, sino demostrando capacidad para anticiparlos y gestionarlos.

En última instancia, la seguridad no se mide por la caída de un nombre, sino por la reducción sostenida de la violencia y el fortalecimiento del Estado de derecho. Mientras la estrategia siga privilegiando los golpes simbólicos sobre la consolidación institucional, cada “victoria” tendrá un costo diferido. Y ese costo, como muestran los acontecimientos recientes, suele pagarse con vidas.

Redes sociales y menores: el consenso por la regulación llegó a América Latina

Fabián Echegaray
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Redes sociales y menores: el consenso por la regulación llegó a América Latina

La escena se repite en todos los hogares. Un púber, adolescente o infante que ni siquiera completó su primera década de vida pasando minutos, que se convierten en horas, que se extienden por varios días a la semana sino cada día, sin despegar sus ojos de las pantallas de sus teléfonos mientras navegan las redes sociales.

Las excusas son varias: tareas educativas, socialización con amigos, pausas recreativas, un respiro para los padres. En apariencia, las redes sociales podrían convertirse en un aliado instrumental para supuestamente optimizar la vida. Pero sus consecuencias no demoraron en llegar: enviciamiento y excesos en el acceso y uso de redes sociales, aumento de los casos de depresión y autoimagen negativa, aumento de la violencia, ensimismamiento y atrofia de competencias sociales, aumento de autolesiones, hipersexualización y entronización de modelos precozmente adultos y erotizados de comportamientos entre el público infantil y adolescente.

En Brasil, las reacciones frente a este exceso constituye uno de los grandes consensos que trascienden las divisiones partidarias, religiosas o estilos de vida, ya que se ha transformado en un problema que angustia a casi todos por igual, sin distinciones. Quizá sea por ello que el juicio que se está celebrando en California contra las plataformas de redes sociales por generar adicción a niños y efectos nocivos contra su salud sea seguido tan de cerca y haya alcanzado tamaña repercusión en los medios de comunicación locales.

Madres y padres de todos los signos y estratos confluyen en apoyar fuertes restricciones al uso de redes sociales por parte del gobierno para garantizar la salud mental y física de niños y adolescentes. El «¡Ya basta!» australiano, tal como lo enunció su primer ministro, Anthony Albanese, al proclamar la nueva prohibición de redes sociales para menores de 16 años en diciembre de 2025 hace eco en nuestra región.

De acuerdo a un estudio reciente de la consultora Market Analysis realizado con más de 1.000 adultos, tres de cuatro brasileños (72%) aprueban la reciente legislación australiana que restringe el acceso de menores de 16 años a las redes sociales. Este porcentaje es parecido al registrado en la propia Australia.  El apoyo brasileño a la regulación es amplio y transversal, y se manifiesta de forma consistente entre hombres y mujeres, personas con y sin hijos, partidarismos variados y diferentes perfiles de uso digital. Así y todo, entre quienes tienen hijos menores, el apoyo explota al 83,1%, lo cual en un año electoral y donde las divisiones de opinión vuelven a ser infladas por las diferentes campañas, puede convertirse en un caballito de batalla ganador.

La polarización, tan asociada al uso de las redes sociales se desvanece cuando se trata de controlar problemas reales surgidos de su uso cotidiano. Semejante apoyo le confiere plena legitimidad social a dicha propuesta, desmintiendo parte de la crítica a la regulación anclada en la alegación de que discriminaría la libertad de expresión de una mayoría o se trataría de una agenda restringida a grupos específicos o nichos.

Gatillos del apoyo regulador

Así como ocurrió en Australia, donde el gobierno justificó la prohibición para priorizar el bienestar de los menores por encima de las ganancias de los gigantes tecnológicos, el apoyo a la regulación en nuestra región está directamente relacionado con la percepción del impacto de las redes sociales en niños y adolescentes.

En general, casi seis de cada diez de los encuestados cree que las redes sociales causan más perjuicios que beneficios a los jóvenes. Esta opinión es mayoritaria tanto entre las personas sin hijos como entre las madres y padres y está asociado a un mayor apoyo a las medidas regulatorias. El resultado coincide con un informe del 2024 realizado por el Instituto Alana, entidad defensora los derechos de los menores, que indicó que tres de cada cuatro brasileños perciben que los niños y adolescentes pasan demasiado tiempo en Internet.

La experiencia individual de agotamiento digital también refuerza la demanda por soluciones regulatorias restrictivas desde el gobierno.

Responsabilización y expectativas de solución

La ley australiana fue defendida públicamente atribuyendo a las “big techs” y sus algoritmos la responsabilidad por sus omisiones en proteger a la infancia. Es la misma lógica que hoy inspira a España, Reino Unido y Francia a proponer legislaciones parecidas. La restricción afecta a todas las plataformas de redes sociales, incluyendo Instagram, Facebook, TikTok, X, Snapchat y YouTube, quienes –a partir de la medida- deben verificar la edad de los usuarios, enfrentando multas millonarias si no cumplen. La culpa se proyecta claramente sobre las empresas.

Sin embargo, la mayoría de los brasileños que apoyan la restricción no señalan a las plataformas como principales responsables. Solo dos de cada diez cree que las empresas deben resolver el uso excesivo y sus efectos nocivos, y un 14,6% apunta al Gobierno. En cambio, una amplia mayoría (61,2%) considera que la responsabilidad principal recae en los padres y cuidadores.

Ese sesgo parece traducir los problemas de los menores frente a las redes sociales, no como el resultado de mecanismos planeados para enviciarlos (los algoritmos) y sí como fruto de falta de voluntarismo o inteligencia de los responsables por los niños. La necesidad de cambiar el eje de la naturaleza del problema es clave, incluso para neutralizar la eficacia de las campañas comunicativas de las “big techs” en transferir el fardo a terceros, que es como han saboteado intentos previos de limitar su actuación, bajo el discurso de la libertad de expresión y la soberanía familiar por encima de la interferencia del Estado.

Esa auto-culpabilización en exceso también refleja la ausencia de una reflexión crítica y realista sobre los medios efectivos que tendrían los padres para proteger a sus menores de los riesgos escondidos en el uso excesivo de redes sociales. Este no deja de ser un diagnóstico perverso ya que apunta a quienes más sufren las consecuencias negativas de las redes sociales (después de sus hijos) como los principales responsables.

En este marco, el juicio en California a las grandes tecnológicas podría equilibrar el juego en favor de la salud mental de niños y adolescentes, repercutiendo en la legislación de nuestra región y en los focos de las batallas electorales de este año. 

Cuando los Estados se pelean, el crimen se coordina: Ecuador versus Colombia

José Luis Sampietro Saquicela
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Cuando los Estados se pelean, el crimen se coordina: Ecuador versus Colombia

La disputa que actualmente enfrenta a Ecuador y Colombia, que se está contando como una guerra comercial, es en realidad un síntoma de algo más delicado: podría marcar el inicio del colapso de la cooperación práctica necesaria para gobernar una frontera y una economía regional que ya no se mueve solo por límites geográficos, sino por redes criminales transnacionales. 

Cuando estos dos vecinos reemplazan la coordinación técnica por el castigo económico, el problema deja de ser bilateral y se convierte en un multiplicador de costos para toda la región andina. Ecuador justificó el cargo de seguridad del 30% sobre bienes colombianos alegando falta de cooperación contra el narcotráfico, mientras que Colombia respondió aplicando un 30% sobre más de veinte productos ecuatorianos y suspendiendo la venta de electricidad. El déficit comercial de Ecuador con Colombia es de centenares de millones, por lo que no estamos hablando de un intercambio marginal, sino de uno a gran escala que involucra medicamentos, insumos industriales, agroquímicos y bienes de consumo. 

Pero el argumento de fondo de Ecuador no es el déficit, sino la seguridad, y aquí surge la pregunta que debería guiar cualquier editorial: ¿la frontera es el problema o es un espejo de un problema mayor? Antes, por la frontera se cruzaba droga, y hoy también. Sin embargo, sería un error creer que el narcotráfico contemporáneo depende principalmente del cruce terrestre. El negocio ya no está ligado a una línea fronteriza como único corredor, sino que está conectado a una cadena multinodo que incluye puertos, contenedores, rutas marítimas, lavado de activos, corrupción y control penitenciario. 

Ecuador registró 9.216 asesinatos en 2025 con un aumento del 30% en un solo año, según datos del Ministerio del Interior. Esto es indicador de un Estado presionado por guerras entre bandas y reacomodos criminales. Por lo tanto, para entender por qué la violencia se disparó en Ecuador, a pesar de que el país no es un gran cultivador de coca, hay que analizar su rol como país de tránsito. Fuentes oficiales señalaron que, en 2024, se incautaron 278 toneladas de droga (un 28% más que en 2023), lo que evidencia la magnitud del corredor ecuatoriano en el mapa regional.

El Ministerio de Defensa informó que, al 30 de octubre del 2025, se habían incautado 135 toneladas en operaciones marítimas lo que confirma que el corredor de droga ya no se limita al paso fronterizo. Por lo tanto, cuando el conflicto bilateral se presenta como culpa de la frontera, se está simplificando una red que opera en múltiples capas. La oferta también presiona desde el lado colombiano; por ejemplo, en 2023 Colombia alcanzó 253.000 hectáreas de coca (un 10% más que en 2022) y una producción potencial de 53% más que el año anterior. Este incremento eleva la competencia por rutas y la necesidad de salida hacia mercados externos. En otras palabras, aunque se cierre un tramo, el negocio busca otro. Y cuando suben los costos del comercio legal por aranceles, fricciones o controles improvisados, también aumenta el incentivo para el contrabando y la captura de rentas ilegales. 

La idea de que todo se debe a los sembríos también es incompleta. El cultivo es el origen, pero el problema está en la cadena. Ecuador no necesita sembrar masivamente para convertirse en nodo, pues le basta con ser una plataforma logística y financiera. En este contexto, la frontera funciona como zona de acoplamiento de combustible, armas, personas, minería ilegal, impuestos ilegales de bandas y drogas. La frontera importa, pero por sí sola no explica el derrumbe del orden que vive Ecuador. Por eso, el gobierno de Noboa declaró conflicto armado interno en enero de 2024 y designó 22 bandas como terroristas, en un intento de justificar la participación militar en la seguridad interna, que hasta el momento es escasa. 

En ese marco, vale la pena plantear otra pregunta: ¿están las FARC más divididas? La respuesta es sí, y esa fragmentación también tiene importancia para Ecuador. Un informe del gobierno australiano señala que, tras la disolución de las FARC, surgieron más de 30 grupos disidentes con facciones y alianzas cambiantes, con una fuerza colectiva de entre 4.000 y 8.000 miembros. 

La fragmentación por sí sola no exporta violencia de forma automática, pero sí multiplica el número de actores que compiten por rutas, cobran por protección y buscan socios logísticos. Y cuando el lado ecuatoriano cuenta con bandas locales fuertes y un sistema carcelario penetrado, la conexión se vuelve funcional. 

Aquí es donde el enfoque de represalia económica se vuelve estratégicamente torpe. Si el objetivo es mejorar la seguridad, los aranceles no decomisan cocaína ni desmantelan redes. Si el objetivo es presionar por cooperación, romper canales de coordinación encarece y ralentiza el trabajo conjunto. Y si el objetivo es político, el costo puede superar al beneficio: los consumidores pagan más, las empresas reconfiguran sus cadenas y los territorios fronterizos como San Lorenzo y el norte de Esmeraldas quedan aún más expuestos a economías ilegales que se alimentan de la fricción estatal.

Los datos de homicidios muestran una presión interna severa, las cifras de incautación evidencian que el país está en la ruta mayor, especialmente la marítima, y la fragmentación de actores armados y criminales al norte incrementa la complejidad. En ese contexto, convertir la disputa con Colombia en una guerra arancelaria es como intentar apagar un incendio con gasolina fiscal: puede generar un aplauso inmediato, pero también abre espacios a los verdaderos beneficiarios de la fricción —contrabando, corrupción y redes criminales — y, además, encarece el comercio formal que sostiene empleos y abastecimiento legal. 

La salida es diseñar una cooperación verificable, con metas y cifras concretas, no con comunicados. Si Ecuador acusa falta de cooperación, que ponga sobre la mesa indicadores claros de lo que exige: cuántas operaciones conjuntas espera, cuántos objetivos de alto valor, cuántos controles coordinados, cuánta trazabilidad portuaria compartida, cuánta información judicial intercambiada. Y si Colombia responde, que esas cifras se transformen en protocolos sostenibles, no en munición política. Porque la pregunta de fondo no es si antes pasaba droga por la frontera —una discusión vieja y estéril —, sino si los Estados andinos van a pelearse entre ellos mientras las economías ilegales, que son globales, se coordinan mejor que nunca. 

La integración no se prueba en los años tranquilos; se prueba cuando el crimen empuja, la violencia sube y la política busca atajos.

El Super Bowl y el espejo invertido de la latinidad selectiva

Gabriel Hidalgo Andrade
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El Super Bowl y el espejo invertido de la latinidad selectiva

Bad Bunny protagonizó un espectáculo que fue celebrado globalmente como interpelación política y como acto de integración cultural. El medio tiempo del Super Bowl LX fue el escenario de un concepto emocionante de una latinidad visible, orgullosa e inclusiva en la lengua hispanoamericana. La consigna performativa y explicita más potente apela a la reinvención de lo estadounidense: América no es un país, es un continente.

El gesto tuvo repercusión política inmediata. Amplios sectores culturales del mundo hispanohablante vitorearon con entusiasmo, mientras que la derecha cultural trumpista deploró lo que interpretó como un ataque a la nacionalidad norteamericana. Sin embargo, detener el análisis en esta bipolaridad y situarse en una de ambas opciones implica un renunciamiento de una lectura más incómoda pero necesaria: el problema de fondo no es la expresión cultural latinoamericana, sino el tipo de latinidad que fue expresada y representada, preguntarse a qué matriz cultural responde y quiénes quedaron fuera de esta representación. Esto se plantea especialmente cuando se contrasta este indudable esfuerzo de integración simbólica con la realidad de la política migratoria estadounidense, marcada por deportaciones masivas, selectivas, desiguales y diferenciadas según el origen geográfico de los migrantes.

Así fue como el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl funcionó como un espejo invertido: mostró inclusión cultural mientras, al mismo tiempo, ocultó jerarquías profundas dentro de la propia latinidad. Para entender esta paradoja es necesario observar las cifras de la criminalización de la migración contemporánea en los Estados Unidos.

Desde 2025, Ecuador es el país con mayor número de deportaciones desde los Estados Unidos según datos de The Global Statistics y de Ecuador Chequea, pese a estar muy por debajo de los diez primeros países con la mayor población migrante. La tasa es reveladora: por cada mil migrantes ecuatorianos, aproximadamente 23 son deportados por el ICE, mientras que en el caso de México -la comunidad migrante más numerosa con aproximadamente 40 millones de personas- la cifra asciende a alrededor de 2 deportados por cada mil. La asimetría es notable: mientras Ecuador sobrepasa el millón de migrantes, es decir, 39 veces menos que la población migrante mexicana, sufre tasas de deportación 20 veces más altas.

Este patrón no puede explicarse únicamente por razones administrativas sobre cumplimiento de requisitos, sino que parece apuntar a una situación de discriminación estructural en la aplicación de la política migratoria donde ciertas apariencias, acentos, rasgos culturales y orígenes geográficos califican mejor para la deportación. Esto no solo revela una desproporción estadística, sino una jerarquización humana en el control migratorio, en donde los migrantes andinos resultan especialmente perseguidos por la policía migratoria estadounidense, aun cuando estos países no corresponden a las comunidades más numerosas.

Sin embargo, no se trata de establecer una competencia de victimización entre comunidades migrantes. La historia de discriminación estructural contra la comunidad mexicana en Estados Unidos es extensa y ampliamente documentada. El punto no es relativizar esas trayectorias, sino advertir que la asimetría actual en las tasas de deportación abre una pregunta específica sobre el tratamiento diferenciado hacia otras comunidades latinoamericanas menos visibles. ¿Por qué los migrantes andinos reciben un trato diferenciado y más severo?

Por razones históricamente estructurales, lo latino ha sido hegemonizado cultural y simbólicamente por la influencia del Caribe, tanto en términos estéticos como migratorios. La cultura y música urbana, el reguetón, la salsa, el merengue y la iconografía caribeña se han convertido, por mérito propio, en el lenguaje dominante de la latinidad visible. Aunque hablar de hegemonía en este contexto no implica atribuir una intención excluyente o una imposición deliberada, este predominio cultural produce una idea globalmente aceptada de que “ser latino” equivale a bailar ciertos ritmos, hablar el español con un determinado acento, asumir ciertos comportamientos estereotípicos y representar una apariencia específica.

Mientras tanto, las comunidades migrantes andinoamericanas -ecuatorianas, peruanas y, en buena medida, colombianas y venezolanas provenientes de sus regiones interiores- que son las más castigadas en términos migratorios, quedan al margen de los procesos de reconocimiento cultural. Y a pesar de que algunas puedan mimetizarse con más suerte a los códigos dominantes de la latinidad visible, su presencia migratoria significativa no se traduce en igual visibilidad simbólica ni en menor vulnerabilidad jurídica.

Los números de The Global Statistics y de Ecuador Chequea confirman que, entre los 20 países con mayor presencia migrante en los Estados Unidos, países como Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela (estos dos últimos geográficamente situados entre los Andes y el Caribe) aparecen después de los 10 primeros, pero cuando se observan las tasas de deportación estos mismos países escalan a los primeros lugares y, junto a Honduras, encabezan las listas de deportaciones. Por tanto, la contradicción se presenta a gritos: la latinidad visible no coincide con la latinidad más castigada.

En este marco, ser latino no debería significar el ejercicio de acoplamiento a una estandarización simbólica, sino reconocer la existencia de una constelación de historias, orígenes, geografías, lenguas y culturas indígenas, negras, mestizas y blancas que conforman el continente. América no es un país, pero tampoco se resume a dos tipos de culturas con dos tipos de lenguas.

La latinidad caribeña, por su perseverancia, alegría y vitalidad, seguirá ocupando el centro de la representación cultural en los Estados Unidos, consolidándose como una latinidad hegemónica. Sin embargo, otras experiencias culturales permanecerán periféricas y lo preocupante es que esta diferenciación se exprese en términos de vulneración a sus derechos humanos, especialmente en sus derechos migratorios.

En ese sentido, la agencia cultural actuada durante el Super Bowl LX puede incomodar a sectores ultraconservadores, abrir debates académicos y mediáticos, puede tensionar símbolos culturales, pero, de momento, no interpela por sí misma las estructuras de discriminación que pesan sobre quienes son más vulnerables al momento de una deportación. Sin un cuestionamiento explícito de esta latinidad hegemónica, la integración de otras formas de latinidad seguirá siendo parcial y excluyente, reproduciendo discriminaciones en la propia comunidad latina en los Estados Unidos y en el mundo entero.

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