«No podemos volvernos en lo que la gente rechazó», afirmó el presidente ecuatoriano Daniel Noboa en la convención nacional de su partido Acción Democrática Nacional (ADN) el 6 de septiembre en Guayaquil. El evento, realizado en el Coliseo Arena Fedeguayas ante 10 mil asistentes, mostró lo de siempre: estilo plebiscitario, culto a la personalidad, liderazgo centralizado y un coro de legitimidad a la figura presidencial.
¿Cuáles son los riesgos de repetir el mismo modelo y esperar resultados distintos?
Noboa insiste en que todo este despliegue responde a un «nuevo Ecuador». Sin embargo, sus repertorios de movilización social no son novedosos. El 11 de septiembre convocó a una marcha «por la paz y la justicia» en Guayaquil, prolongando la movilización del 12 de agosto en Quito, iniciada por él mismo contra la Corte Constitucional.
La experiencia nacional e internacional demuestra que estas maniobras revelan las preferencias de los mandatarios y debilitan las instituciones. Aunque en esta ocasión la convocatoria no se dirige contra la justicia, desplaza nuevamente la legitimidad de las instituciones hacia las calles y convierte al presidente en protagonista de una movilización frente a otros poderes.
El control plebiscitario en el coliseo y el debilitamiento institucional en las calles reflejan una impronta política: un presidente que busca encarnar la voluntad popular de forma personal y sin mediaciones, en un sistema de contrapesos debilitado. Este rasgo, característico de los regímenes que concentran facultades extraordinarias en el Ejecutivo, expone a Noboa al riesgo de convertirse en aquello que dice combatir.
El hiperpresidencialismo se define como la configuración institucional que otorga poderes excesivos a los presidentes, más allá de los equilibrios democráticos. La Constitución de 1998 (reforma de la de 1978) concedió amplias facultades al Ejecutivo en nombre de la modernización del Estado: fue la llamada constitución neoliberal. La de 2008, también fortaleció al presidente, pero con la promesa de redistribución bajo un modelo estatista: la constitución socialista del siglo XXI. En ambos casos se justificó la concentración de poder con el argumento de que «el Ecuador es ingobernable» y «se necesita un liderazgo fuerte». Sin embargo, el remedio ha reforzado el mismo problema: el hiperpresidencialismo.
La historia ecuatoriana ofrece múltiples ejemplos
En el siglo XIX, Gabriel García Moreno instauró la «República Cristiana» con la llamada «Carta Negra», que le permitió reelegirse indefinidamente y someter instituciones, apoyado por ejército y clero. Eloy Alfaro, a finales del XIX y principios del XX, gobernó tras derrocar a Luis Cordero, apoyado por ejército y milicias liberales, y reformó la Constitución a su conveniencia. José María Velasco Ibarra, cinco veces presidente hasta 1972, se declaró dictador constitucional con respaldo militar, derogando el orden vigente. En este contexto cabe preguntar: ¿fue realmente novedoso el liderazgo de Rafael Correa? ¿Son distintos los destellos personalistas de Daniel Noboa?
Correa tuvo una Asamblea Constituyente que diseñó una Constitución a su medida, redistribuyó cargos según su conveniencia, aprovechó la bonanza petrolera y declaró la moratoria de la deuda externa, lo que le permitió inyectar recursos a la economía. Además, instauró un Estado de propaganda donde el presidente era el productor de una «verdad oficial».
Noboa, en cambio, no cuenta con constituyente, ni con un aparato redistribuidor de cargos, ni con un auge petrolero. Su fortaleza radica en una estética digital, lenguaje tecnocrático y narrativa de seguridad. Sin embargo, el patrón se repite: el presidente como eje articulador de la política, aglutinante de causas sociales y único intermediario entre la sociedad y el poder. Los ciudadanos, nuevamente, quedan como espectadores pasivos de la expansión del líder.
La región y el mundo ofrecen espejos de hiperpresidencialismo
Líderes como Nayib Bukele en El Salvador, Rodrigo Duterte en Filipinas y Alberto Fujimori en Perú aplicaron estrategias similares: manipulación o intervención de las cortes, suspensión de garantías constitucionales, uso de la fuerza y propaganda de seguridad. Bukele destituyó magistrados y encarceló a miles en condiciones cuestionadas; Duterte emprendió una “guerra contra las drogas” con ejecuciones extrajudiciales; y Fujimori disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial y se habilitó para perpetuarse en el poder. Todos gozaron de gran popularidad mientras debilitaban las instituciones y acumulaban un poder personalista en nombre de la seguridad o la gobernabilidad.
La confrontación con la justicia tampoco es exclusiva de América Latina. En el mundo se conoce como court packing: intervenciones políticas que buscan someter a los tribunales mediante el reemplazo de jueces, reformas institucionales o presión política.
Ejemplos sobran: en 1990, Carlos Menem en Argentina amplió la Corte Suprema acusando a los jueces de «alfonsinistas»; en 2010, Recep Tayyip Erdoğan en Turquía expandió la Corte Constitucional; entre 2015 y 2018, Viktor Orbán en Hungría y Jaroslav Kaczyński en Polonia intervinieron sus sistemas judiciales, reformaron Constituciones y recompusieron tribunales con jueces leales. Rafael Correa hizo lo propio en Ecuador desde 2009, e integró sucesivas Cortes Constitucionales con magistrados afines, incluso más allá de su mandato.
Los casos de Bukele, Duterte y Fujimori, junto con los de otros líderes, muestran un mismo desenlace: mayor debilidad institucional, menos democracia y más abusos políticos.
¿Será este el monstruo que el presidente Noboa pretende destruir?
