La cooperación internacional en defensa: una clave para la estabilidad de la región

Henry M. Rodríguez
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La cooperación internacional en defensa: una clave para la estabilidad de la región

América Latina y el Caribe enfrentan amenazas diversas y complejas que trascienden fronteras nacionales: organizaciones criminales transnacionales, desastres naturales, cibercrimen y hasta tensiones militares intermitentes. Frente a este escenario, el Atlas comparativo de la defensa en América Latina y el Caribe subraya la importancia de la cooperación internacional en defensa como un pilar estratégico para mantener la estabilidad en la región. Este análisis crítico explorará cómo los esfuerzos multilaterales fortalecen las capacidades regionales y enfrentan las amenazas comunes.

Los retos de la cooperación

El Atlas comparativo muestra que, si bien las fuerzas armadas en la región han avanzado en profesionalización, la diversidad de marcos legales y políticas de defensa en cada país genera desafíos a la hora de coordinar acciones conjuntas. Esto puede obstaculizar la creación de estrategias coherentes para abordar amenazas regionales, como el crimen organizado transnacional o las catástrofes naturales. El hecho de que algunos países, como Brasil, inviertan más en defensa que otros también complica la equidad en los aportes a las iniciativas colectivas de seguridad.

Sin embargo, la coordinación regional ha demostrado ser esencial. Las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas, que se celebran desde 1995, han sido claves para fomentar la confianza mutua y compartir experiencias. Con estos encuentros, los países han logrado llevar a cabo ejercicios conjuntos y adoptar medidas de fomento de confianza que han contribuido a reducir las tensiones militares y promover la paz en la región.

Las iniciativas existentes y su impacto

Un aspecto positivo es el esfuerzo sostenido por integrar políticas de defensa con una visión hemisférica, como lo refleja la participación de países de la región en misiones de paz internacionales bajo el paraguas de las Naciones Unidas. Uruguay y Argentina son ejemplos de una contribución activa, enviando tropas y recursos a zonas conflictivas en otras partes del mundo. Esta participación no solo fortalece las capacidades de las fuerzas armadas nacionales, sino que también refuerza la imagen de la región como un actor comprometido con la paz y seguridad global.

Asimismo, el atlas resalta el impacto positivo de la creación de redes de colaboración en defensa como RESDAL (Red de Seguridad y Defensa de América Latina). Esta red ha facilitado el intercambio de información y la creación de iniciativas comunes para la educación militar, la inclusión de mujeres en las Fuerzas Armadas y la gestión de riesgos y emergencias. La colaboración interinstitucional y el intercambio de datos han contribuido a mejorar las capacidades nacionales en respuesta a crisis humanitarias y desastres naturales, fenómenos que afectan con frecuencia a la región.

Los desafíos para el futuro

A pesar de los avances, persisten retos importantes. Uno de los problemas más visibles es la asimetría en los presupuestos de Defensa. Mientras que países como Colombia destinan más del 2 % de su PIB a la defensa, otros, como Argentina o Chile, no alcanzan el 1 %. Esta disparidad afecta a la capacidad de cada nación para responder a amenazas internas y también limita su participación en proyectos multilaterales de defensa. La falta de inversión adecuada en tecnología y equipamiento moderno es otro factor que puede comprometer la efectividad de las alianzas regionales.

Además, la inseguridad cibernética es un área de creciente preocupación que requiere una acción colectiva más coordinada. El atlas señala que la mayor parte de las iniciativas cibernéticas aún se encuentran en etapas iniciales, y que solo unos pocos países, como Brasil y México, han logrado avances significativos en la creación de unidades especializadas en ciberseguridad. Esto plantea un desafío para la región, ya que la proliferación del cibercrimen y la ciberguerra representan amenazas serias que trascienden las fronteras nacionales y requieren soluciones integradas.

El papel de las mujeres y la paz

Un área destacada por el atlas es la mayor integración de la perspectiva de género en los ejércitos de la región, con avances notables en la inclusión de las mujeres en funciones de liderazgo. Iniciativas como la Resolución 1325 de las Naciones Unidas, que promueve la participación de las mujeres en los procesos de paz y seguridad, han sido adoptadas por varios países latinoamericanos, lo que ha fortalecido la cooperación en este ámbito.

El enfoque de mujer, paz y seguridad no solo promueve la igualdad de género, sino que también ha demostrado ser un componente crucial para la construcción de una paz sostenible. En contextos de posconflicto, la inclusión de las mujeres en las fuerzas de seguridad y en la política de defensa ha facilitado procesos de reconciliación y ha contribuido a la estabilidad a largo plazo.

Hacia una mayor integración

En conclusión, fortalecer los lazos de cooperación y seguir promoviendo políticas integradas de defensa les permitirá a América Latina y el Caribe enfrentar mejor las amenazas, al igual que consolidarse como un bloque que contribuye a la paz y la seguridad global.

En un mundo cada vez más interconectado, la cooperación regional es no solo una necesidad, sino una estrategia imprescindible para garantizar la estabilidad y el desarrollo sostenible de la región.

¿Cómo perciben los brasileños la emergencia climática?

Carlos Milani  |   Josué Medeiros   |   Mariana Castro
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¿Cómo perciben los brasileños la emergencia climática?

Brasil enfrenta un alarmante aumento de eventos climáticos extremos, cada vez más intensos, frecuentes y destructivos. En 2024, el país fue escenario de desastres climáticos de gran magnitud. En Rio Grande del Sur, inundaciones entre abril y mayo afectaron a más de 875 mil personas, causando numerosas muertes y pérdidas económicas a nivel local. En São Paulo, millones de personas quedaron sin energía eléctrica tras fuertes lluvias. En Río de Janeiro, 100 mil personas fueron afectadas por inundaciones en enero. En el segundo semestre, la sequía récord en la Amazonía y los incendios forestales en el Centro-Oeste, Norte y Sudeste cubrieron con humo el 60 % del territorio nacional en septiembre, agravando los problemas ambientales y de salud pública.

Esta serie de eventos no es aislada: en 2023 ya se habían registrado lluvias torrenciales en São Paulo y en Rio Grande del Sur, así como olas de calor históricas. Lo que antes podía interpretarse como una excepción, ahora se presenta como una regla.

Esta realidad fue documentada en una investigación realizada por el Observatorio Interdisciplinar del Cambio Climático (OIMC) de la UERJ y el Observatorio Político y Electoral (OPEL), vinculado a la UFRJ y UFRRJ, durante el primer semestre de 2024. Utilizando la metodología de grupos focales, la investigación, financiada por el Instituto Clima y Sociedad, analizó las percepciones de la población sobre la crisis climática en seis ciudades brasileñas: Río de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói (en el estado de Río de Janeiro), São Paulo, Diadema y Osasco (en São Paulo). Los resultados del estudio son muy reveladores.

En primer lugar, los participantes demostraron un amplio entendimiento sobre la gravedad y el origen humano del cambio climático. Sin embargo, los sentimientos van desde el pesimismo y la impotencia, por un lado, hasta la disposición para actuar individualmente, por otro. Las acciones mencionadas incluyen el ahorro de agua y el reciclaje, pero la confianza en soluciones colectivas o en políticas públicas está debilitada por un sentimiento de desilusión hacia el gobierno.

En segundo lugar, la investigación revela un amplio reconocimiento de la gravedad del cambio climático y percepciones compartidas de que las personas más pobres son las más vulnerables a los impactos, tales como inundaciones, olas prolongadas y más frecuentes de calor extremo, sequías e incendios forestales. Esta conclusión se deriva directamente de las experiencias concretas de vida de las personas entrevistadas, quienes relatan cómo los desastres climáticos ya afectan sus rutinas.

Sin embargo, la respuesta política y social a esta emergencia climática ha estado marcada por contradicciones. Brasil todavía enfrenta el legado del desmantelamiento ambiental promovido por el gobierno de Jair Bolsonaro, que debilitó instituciones y fragilizó políticas ambientales. Por su parte, el tercer gobierno de Lula intenta reconstruir este terreno institucional, adoptando medidas como la creación del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, la fundación del Ministerio de los Pueblos Indígenas y la confirmación de Brasil como sede de la COP 30, en Belém, en 2025. Aunque estos esfuerzos representan avances, conviven con tensiones internas en la coalición gubernamental y con la presión de sectores económicos ligados al agronegocio y a la economía de combustibles fósiles. Un ejemplo emblemático de esta presión es la propuesta de exploración de petróleo en la Margen Ecuatorial Amazónica.

Esto nos lleva a un tercer resultado de esta investigación, que señala las limitaciones del Estado para generar respuestas efectivas. Muchas personas expresaron frustración por la falta de acciones concretas por parte de los gobiernos, especialmente en lo relativo a la prevención de desastres y la adaptación climática. Esta frustración se suma a una sensación de abandono, particularmente en las periferias urbanas, donde las condiciones estructurales precarias amplifican los impactos de los eventos climáticos extremos. El pesimismo respecto a la capacidad del poder público para impulsar cambios reales es, en cierta medida, un reflejo de estos procesos de vulnerabilización de individuos, clases y grupos sociales.

El predominio actual del pesimismo y la impotencia dificulta la construcción de una acción política más activa y comprometida, exigiendo esfuerzos conjuntos por parte de los gobiernos y la sociedad civil para crear estrategias que fortalezcan el sentido de pertenencia y la capacidad de acción colectiva. Es fundamental que las políticas climáticas sean más accesibles y estén conectadas con las realidades locales, reconociendo las particularidades de las periferias urbanas y de las poblaciones jóvenes, que enfrentan desafíos específicos en la lucha contra los impactos climáticos.

Un cuarto resultado de la investigación tiene que ver con la confianza generalizada en la ciencia, como eje central para la producción de evidencias y la generación de insumos para la formulación de políticas públicas. A pesar del negacionismo oficial practicado durante el gobierno de Bolsonaro en materia de medio ambiente, clima, vacunas y salud en general, las personas entrevistadas muestran altos niveles de apoyo al desarrollo científico para enfrentar la emergencia climática.

En quinto lugar, entre las políticas públicas destacadas en la investigación, la educación es vista como un campo político esencial para imaginar alternativas social, ambiental y económicamente sostenibles en Brasil. Al mismo tiempo, se percibe un creciente escepticismo respecto a la capacidad del gobierno y de las empresas para comprometerse con procesos de transición energética justa.

Esta contribución del OIMC y del OPEL confirma que, en la percepción de muchos brasileños y brasileñas, la emergencia climática ha dejado de ser un problema del futuro distante y se ha convertido en una realidad presente que redefine las condiciones de vida de millones de personas. El desafío brasileño, por tanto, es inmenso. La transición hacia un nuevo modelo de desarrollo, que abarque producción, circulación y consumo, no puede limitarse a discursos o medidas simbólicas, ni inspirarse en experiencias pasadas de un desarrollismo depredador y reproductor de injusticias.

Las consecuencias de la emergencia climática exigen acciones innovadoras, audaces, concretas y justas que enfrenten los intereses de sectores poderosos y construyan alternativas reales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, preservar los biomas, garantizar los derechos humanos y proteger a las poblaciones más vulnerables, compuestas en su mayoría por personas negras y pobres.

La emergencia climática ya es una fuerza que redefine el presente y exige respuestas inmediatas que no se basen en juegos de suma cero entre protección ambiental y desarrollo. Planificar hoy con la mirada puesta en el futuro es una necesidad urgente. En Brasil, esto implica no solo lidiar con los desastres que se acumulan, sino también transformar radicalmente las bases de su economía política, su modelo de desarrollo y sus políticas ambientales, energéticas y climáticas.

El “oro” bajo los pies: Bukele y la amenaza del regreso de la minería metálica

Magdalena Bas   |   Catalina Vásquez Sandoval
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El “oro” bajo los pies: Bukele y la amenaza del regreso de la minería metálica

El reciente interés de Nayib Bukele por revertir la prohibición de la minería metálica en El Salvador ha reactivado la discusión a nivel nacional e internacional en torno al tema, vetado desde 2017. Desde sus redes, argumenta que fue Dios el que puso un tesoro bajo los pies de la población, y que sería “absurdo” no explotar ese recurso que traería un desarrollo económico y social “sin precedentes”.

Esta vez la tensión es mayor dada la concentración de poder en la figura presidencial y la vigencia de un régimen de excepción que erosiona la organización y la oposición política en el país. Pero, ¿cuál es el origen de la prohibición? ¿Qué implicancias tiene levantar la prohibición de la minería en este contexto político y social?

Origen

La discusión es de larga data, previa a la popularidad de Bukele y sus polémicas medidas de seguridad. La prohibición tiene raíces en una disputa jurídica que involucró a El Salvador con la minera canadiense Pacific Rim. La empresa se encontraba en proceso de renovación de los permisos de explotación de oro en el Proyecto El Dorado cuando, en 2009, el presidente Antonio Saca, atendiendo presiones internas, declaró que no autorizaría permisos mineros hasta que no se promulgara una nueva ley sobre minería. La minería quedó suspendida de facto y, como consecuencia, Pacific Rim demandó al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, sosteniendo que su inversión había perdido valor por el accionar del Estado.

El arbitraje abordó dos cuestiones clave: la soberanía regulatoria del Estado en temas ambientales vis-à-vis la protección de inversiones extranjeras, y la necesidad de incluir las voces, usualmente marginadas, de las comunidades locales y la sociedad civil. Sobre este último punto, no se trata de un caso más. El arbitraje se dio en un contexto de intensa resistencia local hacia la empresa que estuvo caracterizado por amenazas y agresiones a defensores y defensoras ambientales, lo que costó la vida a tres de ellos. Aunque no se identificó a los responsables, la Procuraduría señaló que la presencia de la empresa y los delitos podrían tener una misma raíz. 

Las organizaciones de la sociedad civil, mediante las movilizaciones sociales así como la presentación de escritos conocidos como amicus curiae, pueden obrar como una suerte de contrapeso a las empresas transnacionales, como señala el jurista M. Sornarajah. No obstante, en los arbitrajes de inversiones ni las comunidades locales ni la sociedad civil tienen un espacio para ser escuchadas obligatoriamente por los tribunales. 

¿Qué decidió el tribunal? En el laudo emitido el 14 de octubre de 2016, rechazó las reclamaciones de PacRim, al concluir que la empresa no contaba con derechos de explotación vigentes cuando el gobierno suspendió virtualmente la minería metálica en El Salvador. Sin embargo, lo más significativo ocurrió después. Con el apoyo de la Iglesia católica, siguiendo la encíclica Laudato Sí, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, organizaciones sociales y más de 33.000 firmas, se presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley.

El 29 de marzo de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de orden público que convierte a El Salvador en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica en su territorio, reafirmando el derecho a la salud, el medioambiente y el desarrollo sostenible. “Sí a la vida, no a la minería” es un lema que continúa presente en la sociedad. A pesar de la afinidad de los seguidores de Bukele con su forma de hacer política, es evidente el actual descontento. 

La noticia fue el culmen de las acciones iniciadas en 2021, con la incorporación al Panel Intergubernamental sobre Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible, la aprobación de la Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas y la designación de una partida presupuestaria para “revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería”. Sin estudios oficiales publicados, solo se conocen las afectaciones de los proyectos mineros del pasado, el incremento de la demanda hídrica en un 16,5 % y la disminución de la disponibilidad hídrica en un 2,5 %, conforme a datos de la UCA El Salvador.

Futuro

El autoritarismo facilita este tipo de anuncios impopulares, e incrementa la probabilidad de ejecutarlos y reprimir a quienes se opongan. El Salvador se encuentra bajo estado de excepción desde hace más de tres años, y después de denunciar la posible reactivación minera, cinco defensores ambientales de Santa Marta estuvieron confinados durante 21 meses por supuestos crímenes ocurridos durante el conflicto armado, acto calificado por la organización como manipulación a la justicia restaurativa para perseguir al activismo ambiental. Aunque fueron liberados, recientemente la Cámar a Penal de Cojutepeque ordenó la repetición del juicio en otro tribunal. 

¿Es suficiente la popularidad política en este tipo de decisiones sin tomar en cuenta a la población? Quizás no, lo que sí es suficiente es el control de los demás órganos del Estado, así como del poder militar. Ahí es donde resulta evidente —en mayor medida— la falta de pesos y contrapesos, y sus consecuencias sobre la vida de las personas. 

El levantamiento de la prohibición minera está siguiendo la misma línea en la cual Bukele ha gobernado, girando una instrucción sin diálogo, cumplida por sus colaboradores afines en los órganos del Estado involucrados. Sin embargo, la diferencia es la articulación social que ya existe frente a este tema, distinta de la articulación frente a temas como la democracia, el estado de derecho, la corrupción, entre otras cuestiones que se debaten en la palestra salvadoreña. Lo que permanece, aun así, es la ausencia de una oposición política que pueda aglutinar estas demandas sociales y representarlas en los escenarios dominados por el ejecutivo. Ahí, pensamos, está otra clave para lo que ocurra ante la amenaza del retorno de la minería metálica en El Salvador.

Aún quedan preguntas sin respuesta: ¿qué ocurriría en el caso de aprobarse el cambio normativo y la eventual contaminación? ¿Cuál será el comportamiento del Estado Salvadoreño en defensa de los derechos humanos, si no incorpora a la población en las mesas de diálogo? ¿Se repetirá la flexibilidad con la que se han otorgado permisos de construcción en zonas protegidas?

El tiempo de los ‘duros’

Ernesto Hernández Norzagaray
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El tiempo de los ‘duros’

Mientras los problemas globales como el cambio climático, la inflación y las guerras se agravan, líderes autoritarios de línea dura se consolidan en el poder, exacerbando las tensiones. En Europa, la ultraderecha avanza con Viktor Orbán en Hungría, Georgia Meloni en Italia y el auge de movimientos nacionalistas en Francia, Austria y Holanda entre otros. En Asia, Xi Jinping refuerza el control absoluto en China, Vladimir Putin lidera una autocracia en Rusia, y gobiernos como los de Irán, India y Turquía muestran tendencias autoritarias. En EE.UU. Donald Trump y el Partido Republicano acaban de ganar las recientes elecciones presidenciales, del Senado y la Cámara de Representantes y en América Latina, sistemas autocráticos persisten en Cuba, Nicaragua, El Salvador y Venezuela. Mientras tanto, en México la dupla AMLO-Sheinbaum amenaza con convertir al país en una nueva autocracia con una oposición, que con la nueva legislación, tendrá aún más difícil ganar una elecciones.

Es decir, a primera vista el mundo está gobernado por los duros de la política, y eso no es buena noticia para la humanidad. Porque estas posiciones se caracterizan no por el juego democrático de las alternancias sino, en lo interno, por el control o modificación de las instituciones, y, en lo externo, por el juego de bloques, que tiene un alto componente militar. Esto explica lo que sucede hoy dramáticamente en Ucrania, el Líbano y la Franja de Gaza.

Y en esta lógica autoritarista, en México se ha impuesto una reforma del Poder Judicial en contra de la mayoría de los ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que implica que los actuales miembros serán despedidos y que los próximos jueces, magistrados y ministros serán elegidos popularmente en las urnas. Estos, además, estarán limitados por nuevas instituciones de control de la coalición dominante.

Con esta reforma, México deja atrás un modelo democrático pluralista imperfecto pero que durante décadas fue capaz de auto reformarse a través de las sucesivas reformas electorales y así continuar garantizando el juego democrático y la representación política plural.

Estados Unidos vs. México

Pero el próximo desafío para México, no está tanto dentro del país sino fuera. Y el primer punto es que Trump ha utilizado a México como parte estratégica de su campaña electoral para obtener la victoria, ratificando en su discurso triunfal ante miles de estadounidenses, la importancia de las fronteras en un claro mensaje al gobierno mexicano.

Para Trump, los republicanos y sus votantes, parte de sus problemas tienen que ver con México: la relocalización de empresas chinas al país para exportar luego a los mercados del norte; la migración mexicana e internacional que cruza el país; la producción y exportación de fentanilo que se distribuye en las calles estadounidenses causando decenas de miles de muertes, y los cárteles de la droga, que ven como parte de un sistema político-criminal.

En este marco, los cambios constitucionales y reglamentarios en materia judicial en México muestra que el país no otorga garantías para los intereses estadounidenses. Esto pone en entredicho la vigencia del T-MEC, que será tema de “renegociación”, no revisión, en los próximos años. Este no es un asunto meramente semántico, pues transformaría el entramado comercial.

En tanto, la presidenta Sheinbaum abraza la idea de que en las campañas electorales se expresan emociones para conseguir votos, pero que tras las elecciones las aguas vuelven a su cauce. Por lo tanto, en breve se convocaría a reuniones de alto nivel para limar asperezas tras los dichos políticos en campaña y se proseguiría a definir la política bilateral a seguir.

Esta es un opinión optimista, porque parecería que Trump va por la enchilada completa y, seguramente, intentará hacer lo que hizo con AMLO a través de Marcelo Ebrard, doblegar a Sheinbaum con la reiterada amenaza de alzar los aranceles de importación si no controla la migración ilegal y los flujos de drogas hacia Estados Unidos.

Esto lleva a suponer que la presión de Trump será muy fuerte, tanto en la vía migratoria como la comercial, especialmente en lo que tiene que ver con el nearshoring y las inversiones chinas en México y la captura, quizá, ya no solo de miembros de los cárteles sino de narcopolíticos.

Ante este escenario adverso, en breve veremos las cosas, no en clave bilateral, sino en política de bloques. Y eso despierta todo tipo de conjeturas en cuanto a la relación entre México y Estados Unidos. En definitiva, México es parte de las nuevas tendencias duras que marcan las identidades políticas autocráticas del mundo y el sistema de bloques. Esto podría deparar un futuro más incierto que el conocido hasta ahora para lo cual será necesario operadores internacionales con mucha experiencia diplomática, más que políticos duros e ideologizados.

El periodismo como distinción política en Cuba

Carlos M. Rodríguez Arechavaleta
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El periodismo como distinción política en Cuba

El periodismo, como institución social fluida y plural, impacta en las dinámicas políticas independiente del régimen. Al reflexionar sobre el mainstreams periodístico norteamericano, el académico y periodista Yascha Mounk nos alertaba de los riesgos de los costos de partidizar la información y sustituir su objetividad e imparcialidad por cierta “claridad moral” de activismos democráticos. El verdadero periodismo, según Mounk, debe plantear preguntas difíciles sin miedo ni favoritismos; solo así se podría restituir la confianza de los públicos y evitar las distorciones de las élites. La experiencia electoral reciente en los Estados Unidos le da la razón. En una democracia liberal, la calidad, pluralidad y contrastabilidad de la información pública, así como las libertades de información y libre expresión, son mecanismos constitutivos de la gobernabilidad.

En regímenes autocráticos, autoritarios o totalitarios, donde el poder se asume como una representación escénica, la información pierde el carácter de bien público para convertirse en un ejercicio de manipulación comunicativa. La información, monopolio del estado, es un mecanismo fundamental para reconfigurar la hegemonía de sus narrativas ideológicas, marginalizar las voces críticas y limitar la capacidad de los ciudadanos para imaginar y articular un futuro político alternativo. Así, el rol de los medios es más constitutivo que instrumental, pues activamente producen la dinámica de la política. La Cuba actual, como autocracia totalitaria, refleja esta tensión entre mantenimiento/erosión de un orden en un escenario incierto.

La relación prensa-estado-públicos ha cambiado mucho en la isla. La prensa estatal, institucionalizada a partir de 1975, al más puro estilo leninista, ha sido definida como un “importante instrumento de la lucha ideológica y política, órganos del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el estado en la tarea de educar, informar, orientar, organizar y movilizar”. En su función de legitimación, la prensa impresa estatal cubana ha utilizado discursivamente la historia dotada de un poder unificador sincrónico (entre todos los cubanos de una misma época) y diacrónico (entre los valores de los cubanos de distintas épocas), lo que ha creado parámetros para representar los rasgos identitarios del “buen cubano” y procesos fluctuantes de inclusión y exclusión del campo simbólico de la cubanidad, según su utilidad y contribución al alcance de una “victoria revolucionaria y socialista” (sic).

Sin embargo, la excesiva regulación ideológica del PCC y las fallas en la autorregulación de los periodistas han potenciado estrategias de sobrevivencia profesional como la discreción y el secretismo por miedo a sanciones, unido a una problemática relación con las fuentes de información, generalmente funcionarios del estado y el PCC. Esto subvierte la práctica profesional a simples voceros ideológicos que repiten las notas oficiales.

Esta acentuada asincronía entre temas oficiales (hiperrealidad ideológica) y los diversos temas de interés público (realidad cotidiana), limita la confianza pública del consumo informativo y estimula a las audiencias a buscar fuentes con interpretaciones alternativas de la realidad social. Por lo tanto, este modelo de prensa estatal, altamente burocratizado, bajo condiciones restrictivas, creciente precarización y desprofesionalización, no ofrece incentivos de desarrollo profesional a los jóvenes periodistas.

Además, la creciente complejidad social y la liberalización del acceso a Internet a partir del 2008  han modificado la rígida esfera pública en diversas arenas de debate interno y un espacio contencioso transnacional diferenciado y autónomo de la política oficial. En estos espacios comienzan a visualizarse ciertos temas excluidos de las agendas formales de los medios oficiales lo cual activa el debate en ciertos sectores de la sociedad cubana y su diáspora, lo que constituye una creciente amenaza a la hegemonía ideológica del estado.

Un actor protagónico de este proceso ha sido la prensa independiente digital, la cual ha desarrollado en la última década una aproximación alternativa a la realidad cubana, bajo importantes restricciones tecnológicas, con un alto costo de acceso, en un contexto de incertidumbre jurídica y polarización política.

Esta prensa independiente digital, estigmatizada por el discurso oficial como un anteproyecto de “subversión político-ideológica”, orientada y financiada por el gobierno de los EE.UU., es una propuesta diferente e innovadora. Sin embargo, es heterogénea en objetivos, estilos y calidad informativa, con medios que fluctúan entre la crítica ‘revolucionaria’ intrasistema (Joven Cuba, Revista Temas) y la oposición al estado cubano en formatos de prensa generalista (14yMedio, Diario de Cuba, ADN Cuba, Cubanet), ciertos modelos de especialización informativa (El Toque, Periodismo de Barrio, Cubalex), las plataformas feministas (Alas tensas y Yo si te creo), plataformas que emulan laboratorios de pensamiento crítico (CubaXCuba, Cuba Próxima), de periodismo narrativo (El Estornudo y Hypermedia Magazine) hasta innovadores formatos de periodismo de investigación y minería de datos (CubaData, Proyecto Inventario, Yucabyte) y una creciente diversidad de influencers en redes sociales que alimentan un espacio contencioso transnacional.

El aporte del periodismo de investigación de datos en autocracias es significativo, pues al utilizar la versatilidad, transversalidad y rapidez de los redes sociales para recabar opiniones, valoraciones, juicios de sectores sociales anónimos y procesar estadísticamente la progresión de éstos, devuelve la voz a los verdaderos sujetos de la política y permite visualizar su naturaleza opresiva. La academia se debe nutrir de esta información para contrastar teorías, enriquecerlas y producir nuevas aproximaciones conceptuales e interpretativas, reformular problemas e hipótesis y, finalmente, dotar a los estudiantes de nuevas rutas cognitivas.

La importancia de estos medios digitales independientes radica en la profunda revalorización de la profesión periodística y el cambio en la autopercepción del rol público del periodismo en las nuevas circunstancias digitales, orientado a producir información de calidad para un público interesado en deliberar y participar en la política. Estos medios, se basan en valores liberales como la autonomía y el equilibrio informativo y retoman temas polémicos como ecología, feminismo y derechos de minorías, entre otros, ausentes de las agendas oficiales y potenciales detonantes de deliberación pública y presión sobre el gobierno.

La conexión con fuentes de financiamiento de gobiernos extranjeros, especialmente los EE.UU., acentúa este anatema de enemigo interno en el discurso oficial, y los hace blanco continuo de amenazas públicas y estrategias de acoso, censura y diversas formas de represión estatal. Como respuesta a las espontáneas manifestaciones de protesta del 11 de julio de 2021 se ha multiplicado la vigilancia, la censura y la represión digital. Interrogatorios, decomisos, “confesiones públicas” de renuncias, chantajes, extorsiones y forzadas ‘salidas’ al exterior son estrategias para desacreditarles y sostener la narrativa oficial de mercenarismo.

No obstante, el periodismo independiente digital, en sus diversas variantes, ha cambiado el escenario de la comunicación en Cuba. En efecto, en regimenes cerrados, donde predomina el estado y/o una ideología monopólica sobre la vida pública, se neutralizan los diversos mecanismos de organización y movilización autónoma de actores sociales y se pervierte la noción de lo público. Este proceso de estatización de los espacios públicos, elimina el sustrato de la política y pretende convertir al sujeto en un autómata irreflexivo, cuyas actitudes responden a discursos y rituales preestablecidos.

Entre otros mecanismos ritualistas, la prensa oficial tiende a construir una superrealidad ideológica que niega el fundamento de la información: la facticidad y veracidad del dato. Es ahí donde estas diversas variantes informativas de periodismo rompen el control monopólico y manipulativo de la (des)información estatal y activan los componentes dinámicos que subyacen en la realidad social, y sobre todo, el componente subjetivo de la política.Frente al dogma ideológico de los mecanismos del estado, deben aparecer novedosos estilos de narrar la realidad desde la metáfora, el concepto o el dato. Solo así podrá reactivarse el interés de ciertos sectores de la sociedad en temas con implicaciones comunes y el sujeto comenzar a convertirse en agencia de la política, asumiendo la expresión de lo diverso y plural como un componente constitutivo de la vida social.

Los políticamente (in)correctos

Franz Flores
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Los políticamente (in)correctos

Vivimos tiempos convulsos y contradictorios. Por una parte, estamos instalados en una época que recomienda ser políticamente correcto, cuidadoso en el lenguaje de palabras y gestos, porque existen grupos que se hieren o temen ser heridos por una frase, no importa si largamente pensada o dicha al pasar. Como señala Darío Villanueva, la nuestra es la época de “morderse la lengua”, para no pronunciar expresiones que dañen a colectivos, entre ellos, de mujeres, indígenas, personas con discapacidades o animalistas. 

Según cuenta Susan Neiman en su libro Izquierda no es woke, una editora alemana que promocionaba un libro con la frase “Este libro te abrirá los ojos” fue atacada porque podía causar sufrimiento a los ciegos; esta misma censura sufrió el poema de una escritora negra solo por estar traducido por un hombre blanco. Hoy los políticos, escritores, intelectuales y hasta los cómicos tiene que ir modulando sus palabras para no herir a quienes creen tener el derecho de señalar con dedo acusador a quien se atreva a cuestionar su real o supuesto “ser”.

Contrariamente a lo anterior, en el mundo de la política cada vez ganan más adeptos los líderes bárbaros e irreflexivos, de lengua suelta y maliciosa, como Donald Trump, Javier Milei y Jair Bolsonaro. El presidente electo de los Estados Unidos mantuvo a lo largo de su última campaña electoral que los latinos eran basura; por su lado, el actual presidente argentino sostuvo que todos los zurdos (izquierdistas) eran una mierda y que habría poco menos que matarlos. Por su parte, Bolsonaro solía referirse a una legisladora diciendo que “no había sido violada por ser muy fea”.  

En sus primeros pasos en la actividad política, nadie tomaba en serio a Trump, Milei o Bolsonaro. Eran una suerte de curiosidades pasajeras, personajes esperpénticos y circenses que el tiempo y el buen criterio se encargarían de colocar en el basurero de la historia. Nada de eso pasó: los tres llegaron a la primera magistratura de sus países, bendecidos por el voto, el aplauso y el beneplácito de miles de seguidores. Hoy hemos llegado a la increíble paradoja de que el descriterio, la ignorancia y la intolerancia generan popularidad y respaldo en las urnas. 

¿Cómo se explica esta contradicción entre la pretendida nueva etapa cultural donde se debe cuidar lo que se dice con la incontinencia verbal de líderes populistas? A primera vista, los que ocupan cada parcela parecerían distintos. Entre los defensores de lo políticamente correcto podemos ver a líderes de izquierda, defensores del rol del estado en la economía y empáticos con pobres y desheredados. En la otra vereda vemos a personajes de derecha, de tendencia promercado, que reclaman volver a la grandeza real o pasada de la nación. 

Empero, también hay parecidos: ambos son retoños de la política de la identidad, que busca no solo redistribución sino reconocimiento de grupos, que solo por ser o proclamarse distintos deben tener derechos exclusivos, distintos y especiales al común de los mortales; también son corrientes políticas que apelan a las emociones en vez de la razón y se niegan a establecer canales mínimos de comunicación con otros colectivos que, por definición, son sus enemigos.

Si bien ya es escandaloso que estas políticas se hayan impuesto, lo es más el tiempo que han tardado en hacerlo. Como nos recuerda John Keane, “construir una democracia es una ardua tarea que puede llevar al menos toda una vida, mientras que su destrucción o democidio es mucho más fácil y puede ocurrir más rápido”. La democracia de América Latina antes de la primera década del siglo XXI no era la mejor ni la esperada, era un cuerpo enfermo con muchas dolencias que reclamaban atención, empero sus supuestos salvadores fueron como un cáncer que terminó por matar las pocas células sanas que había en sus cuerpos políticos y culturales. 

Ahora toca reconstruir y recuperar. Pero va a ser un proceso largo y tortuoso que fácilmente nos puede llevar las próximas dos décadas. Este lapso de tiempo puede ser menor si nos damos a la poca practicada tarea de razonar en vez de repetir y de pensar en vez de creer. Como decía Hannah Arendt, en tiempos de oscuridad tenemos el derecho de esperar cierta iluminación.

Las universidades de las Américas enfrentan la presión de los autoritarismos

Isaac Nahón Serfaty
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Las universidades de las Américas enfrentan la presión de los autoritarismos

La Tercera Conferencia sobre Libertad Académica en las Américas que se celebró en la ciudad de Washington estuvo marcada por un clima de preocupación e incertidumbre por lo que la segunda presidencia de Donald Trump implicará para su propio país y para el hemisferio. Los activistas, académicos, estudiantes y dirigentes universitarios que participaron el 20 y 21 de noviembre pasado en el evento organizado por la Coalición para Libertad Académica en las Américas (CAFA por sus siglas en inglés) y la Universidad Notre Dame, expresaron alarma por lo que llamaron la escalada reaccionaria que ha arropado a los Estados Unidos y que tiene ecos en la Argentina de Javier Milei, e incluso en el Brasil post-Bolsonaro. Se oyeron también las voces de profesores y estudiantes nicaragüenses y venezolanos. Las dictaduras de izquierda de Ortega-Murillo y Maduro vienen violando desde hace años los derechos humanos de los universitarios y los estudiantes con casi total impunidad. Y, a veces, con el silencio cómplice de algunos sectores académicos de Hispanoamérica.

El panorama se complica para la libertad académica en gran parte del hemisferio. Al mismo tiempo surgen preguntas sobre le futuro de la democracia. Cuando la democracia se debilita, la educación se convierte en blanco preferido de los gobiernos autoritarios de cualquier signo. Eso lo saben bien los cubanos que viven bajo la dictadura castro-comunista desde hace más de seis décadas. La educación, ya sea básica, secundaria o universitaria, sirve allí de plataforma de adoctrinamiento de la ideología oficial. Nadie puede salirse de la línea del partido único: no existe ni libertad de expresión, ni de investigación ni autonomía universitaria. Pero, como lo expusieron varios colegas de Brasil, Argentina y Estados Unidos, desde la derecha más radical también se quiere “meter en cintura” a profesores y estudiantes. Las estrategias de control pasan por la reducción del financiamiento público (los recortes anunciados en Argentina bajo la administración Milei) o la intervención directa de las instancias de gobernanza de las universidades (como ocurrió en el New College en Florida por orden del gobernador republicano De Santis).

X como campo de batalla

Uno de los temas tratados en la conferencia fue la creciente influencia de los grandes conglomerados digitales como Google, Meta y Microsoft en las actividades universitarias y en su capacidad de controlar y manipular la información a la que acceden tanto profesores, estudiantes y administradores de las casas de estudios. La plataforma X del multimillonario Elon Musk fue objeto de particular atención y discusiones. Desde que la red social cambiara de dueño en 2022, la antigua Twitter que después sería rebautizada como X, comenzó a sufrir transformaciones en su política de acceso a datos y su modelo de negocios. Antes de la llegada de Musk, los investigadores académicos podían acceder de forma gratuita a los datos de la plataforma haciendo una solicitud a la empresa y justificando su necesidad. Ahora deben pagar para que se les asigne lo que se conoce como un código API (siglas que en inglés quieren decir “interfaz de programación de aplicaciones”) que les permite acceder a los datos. También los usuarios que quieren ser certificados por la empresa deben pagar un monto anual.

No es solo el modelo de negocios de X el que afecta a la comunidad académica. Es igualmente lo que la investigadora brasileña Anna Cláudia Belli denominó en la conferencia la amplificación de los discursos de odio y la desinformación desde que Musk compró la plataforma. El abierto apoyo de Musk a Trump y su participación en el futuro gobierno del líder republicano suscitan preguntas sobre la ética de sus negocios y los conflictos de intereses.

Es oportuno recordar que Musk terminó pagando la multa de cinco millones de dólares que le impuso el Tribunal Supremo de Brasil, lo que permitió que se levantara el bloqueo a X en ese país. Esto indica que el multimillonario está dispuesto a aceptar las normas de regulación, como lo ha hecho también en la Unión Europea bajo la Digital Services Act o Ley de servicios digitales.

La procesión va por dentro

Fabián Salvioli, profesor de derecho, ex relator de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia y las reparaciones (2018-2024) y antiguo presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (2015-2016), hizo en su discurso inaugural una reflexión sobre la responsabilidad de la propia universidad. Se preguntó de dónde salían los funcionarios y políticos encargados de concebir e implementar las políticas públicas, muchas veces fallidas y que en numerosas ocasiones llevan a la corrupción. Si son las universidades las que forman al grueso de estas personas, entonces ellas tienen que mirarse hacia dentro, dijo Salvioli. No pueden eludir su responsabilidad.

Las universidades tampoco están exentas de ser espacios de censura, intimidación y discriminación. Es lo que he llamado en una investigación que hice el “efecto Voldemort”, en referencia al personaje de Harry Potter que no se puede nombrar. Una nueva espiral del silencio se ha ido instalando en las universidades del hemisferio, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Cinco estrategias apuntan a acallar voces que no siguen la ortodoxia que se identifica con la denominada ideología de la “justicia social”: una es el abierto silenciamiento de puntos de vistas, es decir, la censura de todo aquello que contradiga la doctrina hegemónica; otra es la que califica cualquier perspectiva alternativa como ilegítima, peligrosa o vergonzosa; también se acude al manido argumento de la “seguridad”, especialmente “emocional”, para evitar debates necesarios dentro de la propia universidad; se acude a la excusa de la “relatividad cultural” para justificar conductas moralmente y legalmente cuestionables; y finalmente, desde la retórica de la “resistencia” se pretende legitimar el terrorismo y la violencia.

Bajar de la torre de marfil

La ola populista, ya sea de derechas o de izquierdas, revela una desconfianza hacia las élites intelectuales representadas en las universidades.  La ciencia está bajo sospecha; basta ver la nominación por parte de Trump del activista anti-vacunas Robert Kennedy Jr. como Secretario de Salud. Y la relativización del concepto de “ciencia” desde la disolución de la verdad y del método científico en la misma academia debilitan la confianza del público. O peor aún, hay sectores sociales que perciben la reacción anti-ciencia y anti-universitaria como un enfrentamiento entre los intelectuales y el común de la gente, contribuyendo a la polarización. En Argentina y Brasil, por ejemplo, se ha instrumentalizado la protesta con eslóganes como “con mis hijos no te metas” o “mi familia, mis reglas”, e incluso la idea de que el “profesor es el enemigo”, fenómeno estudiado por las investigadoras Pâmela Passos y Amanda Mendonça.

¿Cómo hacer que la libertad académica sea relevante no solo para profesores y estudiantes? ¿Cómo sacarla de la academia para que la ciudadanía entienda su importancia para el conjunto de la sociedad? En 2021 se adoptaron los Principios Interamericanos de Libertad Académica y Autonomía Universitaria. Desde entonces se han logrado avances en la concienciación en el ámbito multilateral sobre la libertad académica como un derecho humano, tanto en la Organización de Estados Americanos como en las Naciones Unidas. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer para que se pase de los principios a la acción. Y más todavía, si se piensa en hacer de estos principios un asunto que interpele a la mayoría de la gente fuera del ámbito académico.

Para muchísimos iberoamericanos la universidad ha sido una plataforma de movilidad social. Es en este punto que la mayoría de los ciudadanos se puede sentir identificada con la libertad académica. Sin ella el acceso a la educación superior será mucho más restringido y difícil para todos, como está quedando en evidencia en la Nicaragua dictatorial, y en la Venezuela chavista en la que las universidades autónomas públicas se han vaciado de profesores y estudiantes. El acceso a la educación superior debe estar también vinculado a garantizar estándares de calidad de los programas universitarios. El mercado de la oferta universitaria (especialmente la privada) se ha ampliado sin necesariamente garantizar niveles adecuados de educación e investigación.

Como se manifestó en el llamado a la acción al cierre de la conferencia en Washington, sin democracia no puede haber libertad académica. Tampoco libertad académica sin democracia. Defender ese derecho tiene que pasar de los principios abstractos a la conexión con el bienestar y los derechos de la gente. Y eso es hoy más urgente que nunca ante las amenazas autoritarias. 

La victoria de Trump y el rechazo al movimiento Woke

Carlos Luis Sánchez y Sánchez
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La victoria de Trump y el rechazo al movimiento Woke

El triunfo de Donald Trump el pasado 5 de noviembre ha sorprendido por su contundencia. El republicano no sólo ganó los votos electorales necesarios, 312 de 270, para ser investido como presidente, sino también ganó el 50.4% del voto popular. El triunfo de Trump se consolidó en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Representantes. ¿A qué se debe esta victoria aplastante?

Los resultados electorales contravienen la elección cerrada que se preveía en función de los datos de las distintas encuestas que se publicaron durante la campaña. Incluso el día de la elección, el promedio de las encuestas publicado por The New York Times, mostraba que Trump y Harris llegaban a la elección con una diferencia a favor de la candidata demócrata de sólo un punto porcentual (49% vs 48%).

Sin embargo, más allá de problematizar si las encuestas electorales fallaron o no, considero que los resultados de los comicios se pueden entender si se toma en cuenta el vínculo entre las posturas de Trump y distintos indicadores que darían cuenta de la aceptación que ha tenido la oposición a la diversidad, la equidad, la inclusión, el combate al cambio climático y la ideología de género, previo a la contienda electoral.

Es pertinente, entonces, preguntarnos si el triunfo del candidato republicano puede verse como el rechazo al denominado movimiento Woke. Con este término se ha señalado a los movimientos y a todo partidario/identificado con la lucha contra el cambio climático; la discriminación racial; el impulso de la agenda feminista; el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBIQ+ y la inclusión racial y sexual, todos movimientos que lograron importantes avances con el apoyo del gobierno demócrata en los últimos años. 

En este sentido, los resultados de las elecciones pueden verse como la culminación de una reacción anti-Woke que ya venía mostrándose en la opinión pública en dos dimensiones: en lo expresado en distintas encuestas y sondeos de opinión y en el comportamiento de las audiencias.

En el primer caso, distintos sondeos publicados por Gallup, General Social Survey (GSS), Pew Research y YouGov, venían mostrado que la preocupación racial habría descendido en 2024 con respecto a 2021 en 13 puntos porcentuales (48% vs 35%). Según GSS la opinión de que la discriminación es la causa de la diferencia entre razas habría alcanzado su punto máximo en 2021 y desde entonces ha venido descendiendo. Por su parte, Pew Research señala en sus estudios que la proporción de personas que creen que alguien puede ser de un sexo diferente al de su nacimiento ha disminuido de manera constante desde 2017. Mientras que de acuerdo a YouGov, la oposición a que los estudiantes trans jueguen en equipos deportivos que coinciden con su género elegido en lugar de su sexo biológico, ha crecido del 53% en 2022 al 61% en 2024.

La evidencia proporcionada por Ipsos es mucho más categórica. En marzo de 2023 publicó el estudio “Americans divided on whether ‘woke’ is a compliment or insult”, en el que señala que cerca del 60% de los republicanos y 42% de los votantes independientes consideraban la palabra “woke” como un insulto, mientras un 23% de los demócratas compartía ese punto de vista.

Este último dato sobre la opiníon de los independientes es significativo, si se toma en cuenta que el voto por Trump se incrementó de manera decisiva en este sector en 2024 con respecto al 2020. Según el informe de IPSOS, el 56% de la población estadounidense consideraba excesiva la política de inclusión y el enfoque censor de las políticas woke. Estos datos fueron posteriormente confirmados por el estudio de Data for Progress, “Voters are Tired of the War on Woke”, de junio del 2024, en donde se señala que el 57% de los estadounidenses opinan que no deben aprobarse leyes que limiten la libertad en nombre de la inclusión.

En el caso del comportamiento de las audiencias, existen también datos que pueden ayudarnos a entender el rechazo a las políticas de inclusión, por ejemplo Disney habría perdido el último año 889 millones de dólares en términos del costo que representaron sus producciones y la cifra recaudada en taquilla.  Ante esta situación, el periodista John Corrigan afirma que “Hollywood comienza a cuestionar las cuotas de inclusión debido a la creciente oposición del público”.

Lo anterior nos coloca ante la antigua perspectiva teórica centrada en analizar la relación entre los medios de comunicación y las audiencias, nos referimos al enfoque de los “usos y gratificaciones”, el cual señala que los usuarios de los medios los utilizan según sus intereses, necesidades y motivaciones. Si hacemos caso a esta hipótesis y acorde a los datos que se han presentado, los resultados del pasado 5 de noviembre podrían estar reflejando el sentir de la mayoría del electorado, un sentir que venía expresándose desde hace ya bastante tiempo en el uso y la poca gratificación que los contenidos mediáticos le estarían produciendo.

Noboa y la disfuncionalidad política de cara a las elecciones de 2025

Benjamin Kurylo
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Noboa y la disfuncionalidad política de cara a las elecciones de 2025

En noviembre de 2023, con el 52% de los votos, Daniel Noboa se convirtió en el presidente más joven en la historia de Ecuador, tras ser elegido para terminar los 18 meses del mandato de Guillermo Lasso, quien renunció en medio de un juicio político. A pesar de presentarse a sí mismo como el presidente de la nueva política en Ecuador, Daniel Noboa quedó atrapado en las viejas dinámicas de lucha y retraso político del país, repitiendo las prácticas arraigadas de un pasado del que buscó distanciarse. En gran parte desconocido y con poca experiencia política previa, Noboa se postuló como un nuevo candidato pragmático al frente de la coalición Acción Democrática Nacional (ADN).

Un comienzo exitoso

Su elección personificó la tendencia de los “outsiders” políticos y las figuras “millennials” en América Latina, al llegar al poder encarnando un cambio político y aprovechando la creciente insatisfacción con el statu quo. Noboa representaba sangre nueva y la promesa de acabar con la vieja política que había paralizado a Ecuador. Durante su discurso inaugural, el nuevo presidente prometió romper el ciclo de venganza política que obstaculizaba los procesos legislativos y retrasaba las reformas muy necesarias.

Sorprendentemente, la nueva administración logró poner fin a la turbulenta crisis política del gobierno anterior, navegando en un «mar político en calma» durante sus primeros meses y prácticamente sin oposición. El gobernante ADN se alió con el Partido Social Cristiano (PSC) y la Revolución Ciudadana (RC) en la Asamblea Nacional, estableciendo un bloque relativamente unido dentro de la legislatura.

Tras el recrudecimiento de la violencia criminal, Noboa declaró el Estado de guerra interno, implementando un estado de emergencia firme, militarizando la seguridad pública y etiquetando a las pandillas como grupos terroristas. Mientras organizaciones de derechos humanos criticaron las medidas de seguridad del gobierno por suspender las libertades civiles fundamentales, este recibía un amplio apoyo popular, el respaldo de los partidos de oposición y la simpatía de la comunidad internacional. Noboa se posicionó como el principal opositor a la inseguridad y su índice de aprobación subió al 80%, lo que lo colocó como el presidente más popular en América del Sur.

El inicio de la debacle

Sin embargo, la estabilidad política se derrumbó en abril de 2024 tras el allanamiento policial a la embajada de México para detener al exvicepresidente Jorge Glas por cargos de corrupción, en violación del derecho internacional. La medida tenía como objetivo, en parte, ganar el apoyo público previo a un referéndum centrado en la seguridad, al retratar al gobierno como comprometido con la lucha contra la corrupción de las administraciones anteriores. No obstante, el suceso provocó una importante crisis política interna, además de condenas internacionales. RC pidió la renuncia del presidente Daniel Noboa y se unió a la oposición en la Asamblea Nacional de Ecuador, rompiendo la alianza con el partido ADN de Noboa. Con el fin del pacto legislativo, ADN perdió su capacidad de llevar adelante su agenda y aprobar leyes con el apoyo de la mayoría.

Si bien los partidos de oposición declararon que apoyarían las reformas de seguridad del referéndum debido a su abrumador respaldo popular, la calma en el que había logrado navegar el gobierno de Noboa se convirtió en una tormenta. Tras desmoronarse el pacto político, la Asamblea pasó de organizarse en alianzas a una lucha de «todos contra todos«. Desde entonces, Noboa gobierna el país a contracorriente en un panorama político donde hasta el consenso sobre seguridad pública se desplomó y la otrora elogiada estrategia de seguridad del “Plan Fénix” es objeto de duras críticas.

El uso de los juicios políticos como arma también está ganando protagonismo, ya que el parlamento aprobó solicitudes de destitución de cuatro ministros en funciones presentadas por miembros de la oposición. Los procedimientos de juicio político pendientes contra funcionarios del gobierno anterior de Guillermo Lasso fueron terminados para permitir la aceleración del juicio político a los ministros en ejercicio.

Las disputas políticas, la falta de consenso y los frecuentes enfrentamientos dificultan la gobernabilidad y la aplicación de la legislación, y el presidente utiliza cada vez más su poder de veto para archivar proyectos de ley. En 11 meses de gobierno, el Poder Ejecutivo vetó seis proyectos de ley presentados por el Poder Legislativo. El gobierno vetó en dos ocasiones los artículos de la Ley de Seguridad Social, impidiendo su adopción incluso después de que la Asamblea revisara el proyecto de ley. Este polémico doble veto, que nunca antes había ocurrido en la historia del país, fue tachado de inconstitucional por los partidos de la oposición.

La Corte Constitucional de Ecuador también ha declarado inconstitucionales los reiterados estados de excepción de Noboa, ya que no existe el “conflicto armado interno” que el gobierno ha invocado cinco veces como base legal para su medida. Recientemente Noboa tuvo que cambiar su justificación a condiciones de “graves disturbios internos”, lo que desafía su narrativa popular de guerra abierta contra el crimen organizado.

Finalmente, el gobierno de Noboa se desestabilizó por las luchas internas entre el presidente y la vicepresidenta, Verónica Abad. Según la Constitución ecuatoriana, Noboa debe renunciar 45 días antes de las elecciones para hacer campaña y entregar el cargo a Abad, con quien mantiene una enigmática relación contenciosa. Al asumir la presidencia, Noboa la «exilió» a Tel Aviv en una misión de mediación entre Israel y Palestina y recientemente ha solicitado un proceso de juicio político para destituirla antes de la campaña electoral de 2025. Los partidos de la oposición han apoyado a Abad, a pesar de sus feroces críticas en el pasado, bloqueando las mociones legislativas para despojarla de su inmunidad.

En agosto, Abad presentó una denuncia contra Noboa y otros funcionarios del gobierno ante el Tribunal Contencioso Electoral por violencia política, un delito grave que se castiga con la suspensión de los derechos políticos durante un máximo de cuatro años, lo que podría impedir la reelección del presidente. El gobierno respondió calificando la acción como un intento de golpe de Estado para derrocar al presidente como parte de una conspiración más amplia en connivencia con los partidos de la oposición. En noviembre, el gobierno suspendió a Abad durante 150 días por «abandono injustificado» de sus funciones, por el retraso tras la orden de traslado de Israel a Turquía.

Otro gobierno disfuncional

Sin bien Noboa prometió poner fin a la «vieja política» en Ecuador, en los últimos meses ha perpetuado la misma dinámica que paraliza la formulación de políticas. Su objetivo inmediato, tras su toma de posesión, de reunir el apoyo popular necesario para su reelección y su falta de experiencia política le impidieron seguir un programa pragmático y estable, congruente con la oposición política, optando en cambio por medidas drásticas que generaran atención pública.

Desde entonces, la administración ha sido etiquetada como un «gobierno de improvisaciones«, que se basa en acciones provisionales reactivas y soluciones improvisadas en lugar de una planificación integral para abordar las diferentes crisis. Esto ha agravado la crisis institucional en Ecuador, caracterizada por los bajos niveles de confianza interpersonal y en las instituciones, lo que pone de manifiesto las condiciones de un tejido social desgarrado y un sistema político debilitado y carente de legitimidad pública.

Elon Musk, el genio fuera de la botella 

Guillermo Tell Aveledo Coll
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Elon Musk, el genio fuera de la botella 

“Ha nacido una estrella…” exclamó Donald Trump frente a una multitud eufórica en Florida, refiriéndose a la vivaz presencia de Elon Musk en el escenario. Poco después, el septuagenario celebró con un tono más íntimo su improbable retorno a la Casa Blanca. “Es un tipo especial… Tenemos que proteger a nuestros genios”, expresaba. En retrospectiva, estas palabras no solo enmarcan un momento, sino que perfilan el papel de Musk en el escenario político. Es un aliado inesperado, un colaborador polémico y un símbolo de la compleja relación entre dinero, tecnología y democracia.

Elon Musk, según las estimaciones más recientes, es uno de los hombres más ricos del planeta. Su capacidad de moldear narrativas, impulsar proyectos disruptivos y, en los últimos años, influir en el escenario político, lo colocan en una posición con pocos antecedentes desde la Gilded Age. Lo que alguna vez fue neutralidad declarada y una difusa agenda se transformó para Musk en un activismo ideológico decidido. El surafricano no solo donó cientos de millones a la campaña de Trump. También puso su plataforma, X (antes Twitter), al servicio de una narrativa, no exenta de exageraciones y tergiversaciones, que resonó entre votantes jóvenes y escépticos del establishment. 

En este punto, caben tres aclaratorias importantes. Primero, criticar el impacto del dinero en la política estadounidense es casi un ejercicio retórico. El sistema está diseñado para amplificar las voces de los más adinerados, y en eso no hay partido que sea inocente. Segundo, como venezolano, no puedo olvidar que Musk ha sido un crítico vocal del autoritarismo. Tercero, mis comentarios en esta página a lo largo de estos años me obligan a ser coherente. Si he señalado el peligro del populismo autoritario en figuras como Trump, no puedo abordar neutralmente cómo Musk, con su peculiar mezcla de recursos, ambición y eficacia, encaja en este panorama. 

Musk y el improbable retorno de Trump

Pese a que la campaña de Trump se nutrió de múltiples apoyos, la figura de Musk destaca por su particular eficacia. No solo logró movilizar recursos económicos y digitales. Amplificó un mensaje cultural conservador que conecta con las inquietudes de muchos estadounidenses. Como las críticas al wokeism, a los movimientos feministas y a los debates sobre el nativismo racial y la inmigración. Todo desde la iconografía de cierto libertarismo tecnocrático. Remozaba el ya popular llamado de Trump, renovando su marca.

Musk, un ícono de la tecnología, se convirtió en vocero de un malestar que va más allá de las urnas. Desplegó como ejemplo vivo de la manosphere: saltando en las tarimas de la campaña en estados clave. Parece haber dado todo por el triunfo del controvertido mandatario. El alcance de ese empeño, especialmente en sus aspectos más controversiales de potencial influencia política más allá de la deliberación cívica, acaso nunca los conoceremos.

El resultado: Trump ha regresado a la Casa Blanca y, con él, una agenda que ahora incluye la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, como la criptomoneda homónima -Dogecoin- que Musk popularizó entre memes y guiños). Liderado por el “Gran Elon Musk” —como dijo el presidente electo en en sus redes— y el también empresario Vivek Ramaswamy, este nuevo organismo promete recortar gastos públicos bajo el lema de la innovación y la austeridad. Parece un espectáculo diseñado para satisfacer la narrativa libertaria de “menos gobierno, más libertad”.

El problema es la metodología. Musk promete recortar gastos con la misma agresividad con la que redujo la plantilla de X en un 80%. Los resultados de esta medida en términos de funcionalidad han sido, como mínimo, controvertidos. ¿Es sostenible trasladar esa misma lógica a la maquinaria estatal? 

La paradoja del gasto público 

La promesa de reducir el déficit ha sido siempre una bandera históricamente popular en EEUU, cuya independencia se forjó en una rebelión fiscal. Sin embargo, existe una paradoja persistente: los estadounidenses valoran los servicios públicos, pero desconfían de los impuestos que los sostienen y los funcionarios que los administran. Musk y sus aliados parecen apostar por una narrativa de eficiencia. Aunque es atractiva, subestima o desestima la complejidad del sistema. 

Los recortes que los entusiastas de DOGE incluyen eliminación de departamentos como Agricultura, Comercio y Educación, considerados por algunos como símbolos del “Estado profundo”. No obstante, cualquier esfuerzo serio para reducir el déficit debería abordar áreas políticamente sensibles como la Seguridad Social, la Defensa o el servicio de la deuda. Allí se encuentra el 60% del trillonario gasto público estadounidense. Hasta ahora, estas prioridades parecen estar fuera del alcance del bisturí utopista de Musk. Parece ser donde verdaderos recortes pueden ser significativos en términos del déficit histórico. 

El verdadero reto no está en identificar áreas para recortar, sino en garantizar que esos recortes no socaven la funcionalidad del gobierno. O en no temer a medidas impopulares si el exceso está en ellas identificados. Como ha demostrado cada cierre parcial del gobierno estadounidense, cada vez que hay conflicto entre el Capitolio y la Casa Blanca, hay tareas aparentemente invisibles cuya interrupción genera caos inmediato. No es improbable que estos recortes se conviertan en una causa para la ahora maltrecha oposición.

Musk, excepción sintomática

Más allá de la retórica, la influencia de Musk plantea preguntas fundamentales sobre el estado de la democracia en EEUU. Como contratista de defensa y empresario con intereses globales en sectores regulados —desde vehículos eléctricos, minería, redes sociales, viajes espaciales, comunicación satelital y hasta inteligencia artificial— Musk está en una posición única para beneficiarse de los cambios que él mismo propone. Incluso para imponer mecanismos transaccionales a su favor. Sus contactos frecuentes con otros líderes mundiales imponen también una necesaria distancia.

No es la primera vez que una administración Trump hace esto. Durante su primer mandato, intentó algo similar al nombrar al polémico inversionista bursátil Carl Icahn como asesor en reforma regulatoria, un rol que terminó en acusaciones de uso indebido de información privilegiada. Musk, aunque más carismático y mediático que Icahn —¿quién lo recuerda?— no está exento de las mismas críticas. 

La democracia liberal se construye sobre pesos y contrapesos, pero la relación entre Trump y Musk desafía estas dinámicas tradicionales. A pesar de sus pasadas tensiones —Musk habría dicho que Trump era un mal reflejo de la sociedad americana, a la vez que este le espetó ser un “bullshit artist”— ambos comparten una ambición insaciable y una disposición para romper reglas. Sin embargo, esta alianza podría ser efímera: ni Trump ni Musk son conocidos por su celo por las reglas, así como tampoco por la voluntad de compartir el protagonismo. 

Devolver el genio a la botella

Esperar que potenciales fricciones personales entre Trump y Musk limiten el alcance de sus acciones es confiar más en las emociones humanas que en las instituciones democráticas. El verdadero desafío no es solo Musk, sino lo que su ascenso simboliza: un sistema en el que quienes son considerados genios no solo son admirados, sino también colocados por encima de las reglas. Al final, Trump es quien tiene a su autoridad expuesta ante las urnas. Mientras que Musk puede jugar con esa proposición desde su nueva influencia.

El regreso de Trump, con Musk como su aliado estrella, no es simplemente un episodio más en la historia política estadounidense, sino un recordatorio de que, en democracia, el genio fuera de la botella puede ser tanto una promesa como una advertencia.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

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