Los políticamente (in)correctos

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Vivimos tiempos convulsos y contradictorios. Por una parte, estamos instalados en una época que recomienda ser políticamente correcto, cuidadoso en el lenguaje de palabras y gestos, porque existen grupos que se hieren o temen ser heridos por una frase, no importa si largamente pensada o dicha al pasar. Como señala Darío Villanueva, la nuestra es la época de “morderse la lengua”, para no pronunciar expresiones que dañen a colectivos, entre ellos, de mujeres, indígenas, personas con discapacidades o animalistas. 

Según cuenta Susan Neiman en su libro Izquierda no es woke, una editora alemana que promocionaba un libro con la frase “Este libro te abrirá los ojos” fue atacada porque podía causar sufrimiento a los ciegos; esta misma censura sufrió el poema de una escritora negra solo por estar traducido por un hombre blanco. Hoy los políticos, escritores, intelectuales y hasta los cómicos tiene que ir modulando sus palabras para no herir a quienes creen tener el derecho de señalar con dedo acusador a quien se atreva a cuestionar su real o supuesto “ser”.

Contrariamente a lo anterior, en el mundo de la política cada vez ganan más adeptos los líderes bárbaros e irreflexivos, de lengua suelta y maliciosa, como Donald Trump, Javier Milei y Jair Bolsonaro. El presidente electo de los Estados Unidos mantuvo a lo largo de su última campaña electoral que los latinos eran basura; por su lado, el actual presidente argentino sostuvo que todos los zurdos (izquierdistas) eran una mierda y que habría poco menos que matarlos. Por su parte, Bolsonaro solía referirse a una legisladora diciendo que “no había sido violada por ser muy fea”.  

En sus primeros pasos en la actividad política, nadie tomaba en serio a Trump, Milei o Bolsonaro. Eran una suerte de curiosidades pasajeras, personajes esperpénticos y circenses que el tiempo y el buen criterio se encargarían de colocar en el basurero de la historia. Nada de eso pasó: los tres llegaron a la primera magistratura de sus países, bendecidos por el voto, el aplauso y el beneplácito de miles de seguidores. Hoy hemos llegado a la increíble paradoja de que el descriterio, la ignorancia y la intolerancia generan popularidad y respaldo en las urnas. 

¿Cómo se explica esta contradicción entre la pretendida nueva etapa cultural donde se debe cuidar lo que se dice con la incontinencia verbal de líderes populistas? A primera vista, los que ocupan cada parcela parecerían distintos. Entre los defensores de lo políticamente correcto podemos ver a líderes de izquierda, defensores del rol del estado en la economía y empáticos con pobres y desheredados. En la otra vereda vemos a personajes de derecha, de tendencia promercado, que reclaman volver a la grandeza real o pasada de la nación. 

Empero, también hay parecidos: ambos son retoños de la política de la identidad, que busca no solo redistribución sino reconocimiento de grupos, que solo por ser o proclamarse distintos deben tener derechos exclusivos, distintos y especiales al común de los mortales; también son corrientes políticas que apelan a las emociones en vez de la razón y se niegan a establecer canales mínimos de comunicación con otros colectivos que, por definición, son sus enemigos.

Si bien ya es escandaloso que estas políticas se hayan impuesto, lo es más el tiempo que han tardado en hacerlo. Como nos recuerda John Keane, “construir una democracia es una ardua tarea que puede llevar al menos toda una vida, mientras que su destrucción o democidio es mucho más fácil y puede ocurrir más rápido”. La democracia de América Latina antes de la primera década del siglo XXI no era la mejor ni la esperada, era un cuerpo enfermo con muchas dolencias que reclamaban atención, empero sus supuestos salvadores fueron como un cáncer que terminó por matar las pocas células sanas que había en sus cuerpos políticos y culturales. 

Ahora toca reconstruir y recuperar. Pero va a ser un proceso largo y tortuoso que fácilmente nos puede llevar las próximas dos décadas. Este lapso de tiempo puede ser menor si nos damos a la poca practicada tarea de razonar en vez de repetir y de pensar en vez de creer. Como decía Hannah Arendt, en tiempos de oscuridad tenemos el derecho de esperar cierta iluminación.

Las universidades de las Américas enfrentan la presión de los autoritarismos

La Tercera Conferencia sobre Libertad Académica en las Américas que se celebró en la ciudad de Washington estuvo marcada por un clima de preocupación e incertidumbre por lo que la segunda presidencia de Donald Trump implicará para su propio país y para el hemisferio. Los activistas, académicos, estudiantes y dirigentes universitarios que participaron el 20 y 21 de noviembre pasado en el evento organizado por la Coalición para Libertad Académica en las Américas (CAFA por sus siglas en inglés) y la Universidad Notre Dame, expresaron alarma por lo que llamaron la escalada reaccionaria que ha arropado a los Estados Unidos y que tiene ecos en la Argentina de Javier Milei, e incluso en el Brasil post-Bolsonaro. Se oyeron también las voces de profesores y estudiantes nicaragüenses y venezolanos. Las dictaduras de izquierda de Ortega-Murillo y Maduro vienen violando desde hace años los derechos humanos de los universitarios y los estudiantes con casi total impunidad. Y, a veces, con el silencio cómplice de algunos sectores académicos de Hispanoamérica.

El panorama se complica para la libertad académica en gran parte del hemisferio. Al mismo tiempo surgen preguntas sobre le futuro de la democracia. Cuando la democracia se debilita, la educación se convierte en blanco preferido de los gobiernos autoritarios de cualquier signo. Eso lo saben bien los cubanos que viven bajo la dictadura castro-comunista desde hace más de seis décadas. La educación, ya sea básica, secundaria o universitaria, sirve allí de plataforma de adoctrinamiento de la ideología oficial. Nadie puede salirse de la línea del partido único: no existe ni libertad de expresión, ni de investigación ni autonomía universitaria. Pero, como lo expusieron varios colegas de Brasil, Argentina y Estados Unidos, desde la derecha más radical también se quiere “meter en cintura” a profesores y estudiantes. Las estrategias de control pasan por la reducción del financiamiento público (los recortes anunciados en Argentina bajo la administración Milei) o la intervención directa de las instancias de gobernanza de las universidades (como ocurrió en el New College en Florida por orden del gobernador republicano De Santis).

X como campo de batalla

Uno de los temas tratados en la conferencia fue la creciente influencia de los grandes conglomerados digitales como Google, Meta y Microsoft en las actividades universitarias y en su capacidad de controlar y manipular la información a la que acceden tanto profesores, estudiantes y administradores de las casas de estudios. La plataforma X del multimillonario Elon Musk fue objeto de particular atención y discusiones. Desde que la red social cambiara de dueño en 2022, la antigua Twitter que después sería rebautizada como X, comenzó a sufrir transformaciones en su política de acceso a datos y su modelo de negocios. Antes de la llegada de Musk, los investigadores académicos podían acceder de forma gratuita a los datos de la plataforma haciendo una solicitud a la empresa y justificando su necesidad. Ahora deben pagar para que se les asigne lo que se conoce como un código API (siglas que en inglés quieren decir “interfaz de programación de aplicaciones”) que les permite acceder a los datos. También los usuarios que quieren ser certificados por la empresa deben pagar un monto anual.

No es solo el modelo de negocios de X el que afecta a la comunidad académica. Es igualmente lo que la investigadora brasileña Anna Cláudia Belli denominó en la conferencia la amplificación de los discursos de odio y la desinformación desde que Musk compró la plataforma. El abierto apoyo de Musk a Trump y su participación en el futuro gobierno del líder republicano suscitan preguntas sobre la ética de sus negocios y los conflictos de intereses.

Es oportuno recordar que Musk terminó pagando la multa de cinco millones de dólares que le impuso el Tribunal Supremo de Brasil, lo que permitió que se levantara el bloqueo a X en ese país. Esto indica que el multimillonario está dispuesto a aceptar las normas de regulación, como lo ha hecho también en la Unión Europea bajo la Digital Services Act o Ley de servicios digitales.

La procesión va por dentro

Fabián Salvioli, profesor de derecho, ex relator de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia y las reparaciones (2018-2024) y antiguo presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (2015-2016), hizo en su discurso inaugural una reflexión sobre la responsabilidad de la propia universidad. Se preguntó de dónde salían los funcionarios y políticos encargados de concebir e implementar las políticas públicas, muchas veces fallidas y que en numerosas ocasiones llevan a la corrupción. Si son las universidades las que forman al grueso de estas personas, entonces ellas tienen que mirarse hacia dentro, dijo Salvioli. No pueden eludir su responsabilidad.

Las universidades tampoco están exentas de ser espacios de censura, intimidación y discriminación. Es lo que he llamado en una investigación que hice el “efecto Voldemort”, en referencia al personaje de Harry Potter que no se puede nombrar. Una nueva espiral del silencio se ha ido instalando en las universidades del hemisferio, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Cinco estrategias apuntan a acallar voces que no siguen la ortodoxia que se identifica con la denominada ideología de la “justicia social”: una es el abierto silenciamiento de puntos de vistas, es decir, la censura de todo aquello que contradiga la doctrina hegemónica; otra es la que califica cualquier perspectiva alternativa como ilegítima, peligrosa o vergonzosa; también se acude al manido argumento de la “seguridad”, especialmente “emocional”, para evitar debates necesarios dentro de la propia universidad; se acude a la excusa de la “relatividad cultural” para justificar conductas moralmente y legalmente cuestionables; y finalmente, desde la retórica de la “resistencia” se pretende legitimar el terrorismo y la violencia.

Bajar de la torre de marfil

La ola populista, ya sea de derechas o de izquierdas, revela una desconfianza hacia las élites intelectuales representadas en las universidades.  La ciencia está bajo sospecha; basta ver la nominación por parte de Trump del activista anti-vacunas Robert Kennedy Jr. como Secretario de Salud. Y la relativización del concepto de “ciencia” desde la disolución de la verdad y del método científico en la misma academia debilitan la confianza del público. O peor aún, hay sectores sociales que perciben la reacción anti-ciencia y anti-universitaria como un enfrentamiento entre los intelectuales y el común de la gente, contribuyendo a la polarización. En Argentina y Brasil, por ejemplo, se ha instrumentalizado la protesta con eslóganes como “con mis hijos no te metas” o “mi familia, mis reglas”, e incluso la idea de que el “profesor es el enemigo”, fenómeno estudiado por las investigadoras Pâmela Passos y Amanda Mendonça.

¿Cómo hacer que la libertad académica sea relevante no solo para profesores y estudiantes? ¿Cómo sacarla de la academia para que la ciudadanía entienda su importancia para el conjunto de la sociedad? En 2021 se adoptaron los Principios Interamericanos de Libertad Académica y Autonomía Universitaria. Desde entonces se han logrado avances en la concienciación en el ámbito multilateral sobre la libertad académica como un derecho humano, tanto en la Organización de Estados Americanos como en las Naciones Unidas. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer para que se pase de los principios a la acción. Y más todavía, si se piensa en hacer de estos principios un asunto que interpele a la mayoría de la gente fuera del ámbito académico.

Para muchísimos iberoamericanos la universidad ha sido una plataforma de movilidad social. Es en este punto que la mayoría de los ciudadanos se puede sentir identificada con la libertad académica. Sin ella el acceso a la educación superior será mucho más restringido y difícil para todos, como está quedando en evidencia en la Nicaragua dictatorial, y en la Venezuela chavista en la que las universidades autónomas públicas se han vaciado de profesores y estudiantes. El acceso a la educación superior debe estar también vinculado a garantizar estándares de calidad de los programas universitarios. El mercado de la oferta universitaria (especialmente la privada) se ha ampliado sin necesariamente garantizar niveles adecuados de educación e investigación.

Como se manifestó en el llamado a la acción al cierre de la conferencia en Washington, sin democracia no puede haber libertad académica. Tampoco libertad académica sin democracia. Defender ese derecho tiene que pasar de los principios abstractos a la conexión con el bienestar y los derechos de la gente. Y eso es hoy más urgente que nunca ante las amenazas autoritarias. 

La victoria de Trump y el rechazo al movimiento Woke

El triunfo de Donald Trump el pasado 5 de noviembre ha sorprendido por su contundencia. El republicano no sólo ganó los votos electorales necesarios, 312 de 270, para ser investido como presidente, sino también ganó el 50.4% del voto popular. El triunfo de Trump se consolidó en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Representantes. ¿A qué se debe esta victoria aplastante?

Los resultados electorales contravienen la elección cerrada que se preveía en función de los datos de las distintas encuestas que se publicaron durante la campaña. Incluso el día de la elección, el promedio de las encuestas publicado por The New York Times, mostraba que Trump y Harris llegaban a la elección con una diferencia a favor de la candidata demócrata de sólo un punto porcentual (49% vs 48%).

Sin embargo, más allá de problematizar si las encuestas electorales fallaron o no, considero que los resultados de los comicios se pueden entender si se toma en cuenta el vínculo entre las posturas de Trump y distintos indicadores que darían cuenta de la aceptación que ha tenido la oposición a la diversidad, la equidad, la inclusión, el combate al cambio climático y la ideología de género, previo a la contienda electoral.

Es pertinente, entonces, preguntarnos si el triunfo del candidato republicano puede verse como el rechazo al denominado movimiento Woke. Con este término se ha señalado a los movimientos y a todo partidario/identificado con la lucha contra el cambio climático; la discriminación racial; el impulso de la agenda feminista; el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBIQ+ y la inclusión racial y sexual, todos movimientos que lograron importantes avances con el apoyo del gobierno demócrata en los últimos años. 

En este sentido, los resultados de las elecciones pueden verse como la culminación de una reacción anti-Woke que ya venía mostrándose en la opinión pública en dos dimensiones: en lo expresado en distintas encuestas y sondeos de opinión y en el comportamiento de las audiencias.

En el primer caso, distintos sondeos publicados por Gallup, General Social Survey (GSS), Pew Research y YouGov, venían mostrado que la preocupación racial habría descendido en 2024 con respecto a 2021 en 13 puntos porcentuales (48% vs 35%). Según GSS la opinión de que la discriminación es la causa de la diferencia entre razas habría alcanzado su punto máximo en 2021 y desde entonces ha venido descendiendo. Por su parte, Pew Research señala en sus estudios que la proporción de personas que creen que alguien puede ser de un sexo diferente al de su nacimiento ha disminuido de manera constante desde 2017. Mientras que de acuerdo a YouGov, la oposición a que los estudiantes trans jueguen en equipos deportivos que coinciden con su género elegido en lugar de su sexo biológico, ha crecido del 53% en 2022 al 61% en 2024.

La evidencia proporcionada por Ipsos es mucho más categórica. En marzo de 2023 publicó el estudio “Americans divided on whether ‘woke’ is a compliment or insult”, en el que señala que cerca del 60% de los republicanos y 42% de los votantes independientes consideraban la palabra “woke” como un insulto, mientras un 23% de los demócratas compartía ese punto de vista.

Este último dato sobre la opiníon de los independientes es significativo, si se toma en cuenta que el voto por Trump se incrementó de manera decisiva en este sector en 2024 con respecto al 2020. Según el informe de IPSOS, el 56% de la población estadounidense consideraba excesiva la política de inclusión y el enfoque censor de las políticas woke. Estos datos fueron posteriormente confirmados por el estudio de Data for Progress, “Voters are Tired of the War on Woke”, de junio del 2024, en donde se señala que el 57% de los estadounidenses opinan que no deben aprobarse leyes que limiten la libertad en nombre de la inclusión.

En el caso del comportamiento de las audiencias, existen también datos que pueden ayudarnos a entender el rechazo a las políticas de inclusión, por ejemplo Disney habría perdido el último año 889 millones de dólares en términos del costo que representaron sus producciones y la cifra recaudada en taquilla.  Ante esta situación, el periodista John Corrigan afirma que “Hollywood comienza a cuestionar las cuotas de inclusión debido a la creciente oposición del público”.

Lo anterior nos coloca ante la antigua perspectiva teórica centrada en analizar la relación entre los medios de comunicación y las audiencias, nos referimos al enfoque de los “usos y gratificaciones”, el cual señala que los usuarios de los medios los utilizan según sus intereses, necesidades y motivaciones. Si hacemos caso a esta hipótesis y acorde a los datos que se han presentado, los resultados del pasado 5 de noviembre podrían estar reflejando el sentir de la mayoría del electorado, un sentir que venía expresándose desde hace ya bastante tiempo en el uso y la poca gratificación que los contenidos mediáticos le estarían produciendo.

Noboa y la disfuncionalidad política de cara a las elecciones de 2025

En noviembre de 2023, con el 52% de los votos, Daniel Noboa se convirtió en el presidente más joven en la historia de Ecuador, tras ser elegido para terminar los 18 meses del mandato de Guillermo Lasso, quien renunció en medio de un juicio político. A pesar de presentarse a sí mismo como el presidente de la nueva política en Ecuador, Daniel Noboa quedó atrapado en las viejas dinámicas de lucha y retraso político del país, repitiendo las prácticas arraigadas de un pasado del que buscó distanciarse. En gran parte desconocido y con poca experiencia política previa, Noboa se postuló como un nuevo candidato pragmático al frente de la coalición Acción Democrática Nacional (ADN).

Un comienzo exitoso

Su elección personificó la tendencia de los “outsiders” políticos y las figuras “millennials” en América Latina, al llegar al poder encarnando un cambio político y aprovechando la creciente insatisfacción con el statu quo. Noboa representaba sangre nueva y la promesa de acabar con la vieja política que había paralizado a Ecuador. Durante su discurso inaugural, el nuevo presidente prometió romper el ciclo de venganza política que obstaculizaba los procesos legislativos y retrasaba las reformas muy necesarias.

Sorprendentemente, la nueva administración logró poner fin a la turbulenta crisis política del gobierno anterior, navegando en un «mar político en calma» durante sus primeros meses y prácticamente sin oposición. El gobernante ADN se alió con el Partido Social Cristiano (PSC) y la Revolución Ciudadana (RC) en la Asamblea Nacional, estableciendo un bloque relativamente unido dentro de la legislatura.

Tras el recrudecimiento de la violencia criminal, Noboa declaró el Estado de guerra interno, implementando un estado de emergencia firme, militarizando la seguridad pública y etiquetando a las pandillas como grupos terroristas. Mientras organizaciones de derechos humanos criticaron las medidas de seguridad del gobierno por suspender las libertades civiles fundamentales, este recibía un amplio apoyo popular, el respaldo de los partidos de oposición y la simpatía de la comunidad internacional. Noboa se posicionó como el principal opositor a la inseguridad y su índice de aprobación subió al 80%, lo que lo colocó como el presidente más popular en América del Sur.

El inicio de la debacle

Sin embargo, la estabilidad política se derrumbó en abril de 2024 tras el allanamiento policial a la embajada de México para detener al exvicepresidente Jorge Glas por cargos de corrupción, en violación del derecho internacional. La medida tenía como objetivo, en parte, ganar el apoyo público previo a un referéndum centrado en la seguridad, al retratar al gobierno como comprometido con la lucha contra la corrupción de las administraciones anteriores. No obstante, el suceso provocó una importante crisis política interna, además de condenas internacionales. RC pidió la renuncia del presidente Daniel Noboa y se unió a la oposición en la Asamblea Nacional de Ecuador, rompiendo la alianza con el partido ADN de Noboa. Con el fin del pacto legislativo, ADN perdió su capacidad de llevar adelante su agenda y aprobar leyes con el apoyo de la mayoría.

Si bien los partidos de oposición declararon que apoyarían las reformas de seguridad del referéndum debido a su abrumador respaldo popular, la calma en el que había logrado navegar el gobierno de Noboa se convirtió en una tormenta. Tras desmoronarse el pacto político, la Asamblea pasó de organizarse en alianzas a una lucha de «todos contra todos«. Desde entonces, Noboa gobierna el país a contracorriente en un panorama político donde hasta el consenso sobre seguridad pública se desplomó y la otrora elogiada estrategia de seguridad del “Plan Fénix” es objeto de duras críticas.

El uso de los juicios políticos como arma también está ganando protagonismo, ya que el parlamento aprobó solicitudes de destitución de cuatro ministros en funciones presentadas por miembros de la oposición. Los procedimientos de juicio político pendientes contra funcionarios del gobierno anterior de Guillermo Lasso fueron terminados para permitir la aceleración del juicio político a los ministros en ejercicio.

Las disputas políticas, la falta de consenso y los frecuentes enfrentamientos dificultan la gobernabilidad y la aplicación de la legislación, y el presidente utiliza cada vez más su poder de veto para archivar proyectos de ley. En 11 meses de gobierno, el Poder Ejecutivo vetó seis proyectos de ley presentados por el Poder Legislativo. El gobierno vetó en dos ocasiones los artículos de la Ley de Seguridad Social, impidiendo su adopción incluso después de que la Asamblea revisara el proyecto de ley. Este polémico doble veto, que nunca antes había ocurrido en la historia del país, fue tachado de inconstitucional por los partidos de la oposición.

La Corte Constitucional de Ecuador también ha declarado inconstitucionales los reiterados estados de excepción de Noboa, ya que no existe el “conflicto armado interno” que el gobierno ha invocado cinco veces como base legal para su medida. Recientemente Noboa tuvo que cambiar su justificación a condiciones de “graves disturbios internos”, lo que desafía su narrativa popular de guerra abierta contra el crimen organizado.

Finalmente, el gobierno de Noboa se desestabilizó por las luchas internas entre el presidente y la vicepresidenta, Verónica Abad. Según la Constitución ecuatoriana, Noboa debe renunciar 45 días antes de las elecciones para hacer campaña y entregar el cargo a Abad, con quien mantiene una enigmática relación contenciosa. Al asumir la presidencia, Noboa la «exilió» a Tel Aviv en una misión de mediación entre Israel y Palestina y recientemente ha solicitado un proceso de juicio político para destituirla antes de la campaña electoral de 2025. Los partidos de la oposición han apoyado a Abad, a pesar de sus feroces críticas en el pasado, bloqueando las mociones legislativas para despojarla de su inmunidad.

En agosto, Abad presentó una denuncia contra Noboa y otros funcionarios del gobierno ante el Tribunal Contencioso Electoral por violencia política, un delito grave que se castiga con la suspensión de los derechos políticos durante un máximo de cuatro años, lo que podría impedir la reelección del presidente. El gobierno respondió calificando la acción como un intento de golpe de Estado para derrocar al presidente como parte de una conspiración más amplia en connivencia con los partidos de la oposición. En noviembre, el gobierno suspendió a Abad durante 150 días por «abandono injustificado» de sus funciones, por el retraso tras la orden de traslado de Israel a Turquía.

Otro gobierno disfuncional

Sin bien Noboa prometió poner fin a la «vieja política» en Ecuador, en los últimos meses ha perpetuado la misma dinámica que paraliza la formulación de políticas. Su objetivo inmediato, tras su toma de posesión, de reunir el apoyo popular necesario para su reelección y su falta de experiencia política le impidieron seguir un programa pragmático y estable, congruente con la oposición política, optando en cambio por medidas drásticas que generaran atención pública.

Desde entonces, la administración ha sido etiquetada como un «gobierno de improvisaciones«, que se basa en acciones provisionales reactivas y soluciones improvisadas en lugar de una planificación integral para abordar las diferentes crisis. Esto ha agravado la crisis institucional en Ecuador, caracterizada por los bajos niveles de confianza interpersonal y en las instituciones, lo que pone de manifiesto las condiciones de un tejido social desgarrado y un sistema político debilitado y carente de legitimidad pública.

Elon Musk, el genio fuera de la botella 

“Ha nacido una estrella…” exclamó Donald Trump frente a una multitud eufórica en Florida, refiriéndose a la vivaz presencia de Elon Musk en el escenario. Poco después, el septuagenario celebró con un tono más íntimo su improbable retorno a la Casa Blanca. “Es un tipo especial… Tenemos que proteger a nuestros genios”, expresaba. En retrospectiva, estas palabras no solo enmarcan un momento, sino que perfilan el papel de Musk en el escenario político. Es un aliado inesperado, un colaborador polémico y un símbolo de la compleja relación entre dinero, tecnología y democracia.

Elon Musk, según las estimaciones más recientes, es uno de los hombres más ricos del planeta. Su capacidad de moldear narrativas, impulsar proyectos disruptivos y, en los últimos años, influir en el escenario político, lo colocan en una posición con pocos antecedentes desde la Gilded Age. Lo que alguna vez fue neutralidad declarada y una difusa agenda se transformó para Musk en un activismo ideológico decidido. El surafricano no solo donó cientos de millones a la campaña de Trump. También puso su plataforma, X (antes Twitter), al servicio de una narrativa, no exenta de exageraciones y tergiversaciones, que resonó entre votantes jóvenes y escépticos del establishment

En este punto, caben tres aclaratorias importantes. Primero, criticar el impacto del dinero en la política estadounidense es casi un ejercicio retórico. El sistema está diseñado para amplificar las voces de los más adinerados, y en eso no hay partido que sea inocente. Segundo, como venezolano, no puedo olvidar que Musk ha sido un crítico vocal del autoritarismo. Tercero, mis comentarios en esta página a lo largo de estos años me obligan a ser coherente. Si he señalado el peligro del populismo autoritario en figuras como Trump, no puedo abordar neutralmente cómo Musk, con su peculiar mezcla de recursos, ambición y eficacia, encaja en este panorama. 

Musk y el improbable retorno de Trump

Pese a que la campaña de Trump se nutrió de múltiples apoyos, la figura de Musk destaca por su particular eficacia. No solo logró movilizar recursos económicos y digitales. Amplificó un mensaje cultural conservador que conecta con las inquietudes de muchos estadounidenses. Como las críticas al wokeism, a los movimientos feministas y a los debates sobre el nativismo racial y la inmigración. Todo desde la iconografía de cierto libertarismo tecnocrático. Remozaba el ya popular llamado de Trump, renovando su marca.

Musk, un ícono de la tecnología, se convirtió en vocero de un malestar que va más allá de las urnas. Desplegó como ejemplo vivo de la manosphere: saltando en las tarimas de la campaña en estados clave. Parece haber dado todo por el triunfo del controvertido mandatario. El alcance de ese empeño, especialmente en sus aspectos más controversiales de potencial influencia política más allá de la deliberación cívica, acaso nunca los conoceremos.

El resultado: Trump ha regresado a la Casa Blanca y, con él, una agenda que ahora incluye la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, como la criptomoneda homónima -Dogecoin- que Musk popularizó entre memes y guiños). Liderado por el “Gran Elon Musk” —como dijo el presidente electo en en sus redes— y el también empresario Vivek Ramaswamy, este nuevo organismo promete recortar gastos públicos bajo el lema de la innovación y la austeridad. Parece un espectáculo diseñado para satisfacer la narrativa libertaria de “menos gobierno, más libertad”.

El problema es la metodología. Musk promete recortar gastos con la misma agresividad con la que redujo la plantilla de X en un 80%. Los resultados de esta medida en términos de funcionalidad han sido, como mínimo, controvertidos. ¿Es sostenible trasladar esa misma lógica a la maquinaria estatal

La paradoja del gasto público 

La promesa de reducir el déficit ha sido siempre una bandera históricamente popular en EEUU, cuya independencia se forjó en una rebelión fiscal. Sin embargo, existe una paradoja persistente: los estadounidenses valoran los servicios públicos, pero desconfían de los impuestos que los sostienen y los funcionarios que los administran. Musk y sus aliados parecen apostar por una narrativa de eficiencia. Aunque es atractiva, subestima o desestima la complejidad del sistema. 

Los recortes que los entusiastas de DOGE incluyen eliminación de departamentos como Agricultura, Comercio y Educación, considerados por algunos como símbolos del “Estado profundo”. No obstante, cualquier esfuerzo serio para reducir el déficit debería abordar áreas políticamente sensibles como la Seguridad Social, la Defensa o el servicio de la deuda. Allí se encuentra el 60% del trillonario gasto público estadounidense. Hasta ahora, estas prioridades parecen estar fuera del alcance del bisturí utopista de Musk. Parece ser donde verdaderos recortes pueden ser significativos en términos del déficit histórico. 

El verdadero reto no está en identificar áreas para recortar, sino en garantizar que esos recortes no socaven la funcionalidad del gobierno. O en no temer a medidas impopulares si el exceso está en ellas identificados. Como ha demostrado cada cierre parcial del gobierno estadounidense, cada vez que hay conflicto entre el Capitolio y la Casa Blanca, hay tareas aparentemente invisibles cuya interrupción genera caos inmediato. No es improbable que estos recortes se conviertan en una causa para la ahora maltrecha oposición.

Musk, excepción sintomática

Más allá de la retórica, la influencia de Musk plantea preguntas fundamentales sobre el estado de la democracia en EEUU. Como contratista de defensa y empresario con intereses globales en sectores regulados —desde vehículos eléctricos, minería, redes sociales, viajes espaciales, comunicación satelital y hasta inteligencia artificial— Musk está en una posición única para beneficiarse de los cambios que él mismo propone. Incluso para imponer mecanismos transaccionales a su favor. Sus contactos frecuentes con otros líderes mundiales imponen también una necesaria distancia.

No es la primera vez que una administración Trump hace esto. Durante su primer mandato, intentó algo similar al nombrar al polémico inversionista bursátil Carl Icahn como asesor en reforma regulatoria, un rol que terminó en acusaciones de uso indebido de información privilegiada. Musk, aunque más carismático y mediático que Icahn —¿quién lo recuerda?— no está exento de las mismas críticas. 

La democracia liberal se construye sobre pesos y contrapesos, pero la relación entre Trump y Musk desafía estas dinámicas tradicionales. A pesar de sus pasadas tensiones —Musk habría dicho que Trump era un mal reflejo de la sociedad americana, a la vez que este le espetó ser un “bullshit artist”— ambos comparten una ambición insaciable y una disposición para romper reglas. Sin embargo, esta alianza podría ser efímera: ni Trump ni Musk son conocidos por su celo por las reglas, así como tampoco por la voluntad de compartir el protagonismo. 

Devolver el genio a la botella

Esperar que potenciales fricciones personales entre Trump y Musk limiten el alcance de sus acciones es confiar más en las emociones humanas que en las instituciones democráticas. El verdadero desafío no es solo Musk, sino lo que su ascenso simboliza: un sistema en el que quienes son considerados genios no solo son admirados, sino también colocados por encima de las reglas. Al final, Trump es quien tiene a su autoridad expuesta ante las urnas. Mientras que Musk puede jugar con esa proposición desde su nueva influencia.

El regreso de Trump, con Musk como su aliado estrella, no es simplemente un episodio más en la historia política estadounidense, sino un recordatorio de que, en democracia, el genio fuera de la botella puede ser tanto una promesa como una advertencia.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

Desabastecimiento de medicamentos: ¿qué puede aprender Panamá de otros países de la región?

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El desabastecimiento de medicamentos en las instituciones públicas de salud, la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud, y el alto costo de estos en las farmacias privadas son problemas con los que el pueblo panameño está, desafortunadamente, muy familiarizado. El problema se hizo visible en 2022 cuando se reportó que en la CSS, de los 610 medicamentos básicos, había desabastecimiento de alrededor de 130, lo cual afectaba al 80% de los asegurados. Como respuesta, el ahora ex presidente Laurentino Cortizo firmó un decreto para implementar un 30% de descuento a 170 medicamentos en farmacias privadas. Dos años después, este decreto se ha vuelto a prorrogar, ya que el problema persiste.

Múltiples factores han causado este desabastecimiento que afecta, principalmente a la población panameña, tanto a las personas aseguradas como los consumidores particulares. Desde la gran demanda acumulada a nivel globa luego de la reanudacion de la producción tras la pandemia de Covid-19, los altos costos de importación de medicamentos al país y la falta de infraestructura farmacéutica nacional, hasta los complejos procesos de licitaciones para la importación y distribución de medicamentos. Esta falta de medicamentos de acceso público, además, ha generado un monopolio en manos del mercado privado, lo cual ha provocado el aumento de los precios. 

Ante este complejo problema que afecta a gran parte de la población panameña, en particular la más desfavorecida, ¿qué alternativas existen?

¿Cuál es la solución?

Una posible solución, tanto al problema de desabastecimiento de medicamentos e insumos como al alto coste de los medicamentos en farmacias privadas, es la compra de medicamentos a través de organizaciones sin fines de lucro, como las agencias de Naciones Unidas. Panamá podría beneficiarse mucho de estos mecanismos internacionales de compras de medicamentos y de asistencias en los procesos de compras. Esta es una propuesta que el gremio médico panameño, COMENENAL, viene ofreciendo desde antes que estallara la crisis del 2022, y que solucionaría parte del problema del desabastecimiento. Entonces ¿por qué el Gobierno no ha incorporado este sistema?

Según un estudio sobre los altos costos de los medicamentos en Panamá del grupo Indesa, no se encontró evidencia de que comprar a estas organizaciones fuese ventajoso, ya que “los costos de comprarles, realmente no hacían materialmente diferente el mecanismo de compra”. El estudio también señala que quizás si las compras no fuesen por país individual (4 millones de habitantes) sino en conjunto (50 o 100 millones de habitantes) “podría cambiar la historia”.  Sin embargo, esto es contradictorio a lo que hemos observado en otros países latinoamericanos de pequeña población. Sería interesante explorar por qué en Panamá esta opción es percibida como poco favorecedora y por qué no se considerada como solución viable.

¿Cómo funciona este sistema de compra?

La compra directa a agencias de las Naciones Unidas sería una solución atractiva y viable, de la cual existe evidencia en otros países la región. En 2022, las Naciones Unidas reconoció que la compra de medicamentos a través de la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS) es la mejor modalidad de adquisiciones que existe debido a su gran impacto, sostenibilidad, implementación a tiempo, beneficios demostrados, mejores prácticas, valor agregado a favor del medio ambiente y aportes para alcanzar los Objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

Este proyecto ha contribuido enormemente a la salud pública mexicana, por ejemplo. UNOPS es responsable del 28% del gasto total del sistema de salud público mexicano para la compra de medicamentos e insumos médicos. En solamente dos años se logró la apertura del mercado que en 2018 concentraba el 80% del gasto público en 18 proveedores, a un 80% del gasto público dividido en 99 proveedores. Como referencia, en Panamá el 83% de las mayores importaciones de medicamentos están concentradas en 8 empresas.

En México este sistema también ha fomentado la transparencia e información pública de las compras y ha fortalecido a las instituciones de salud pública. El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) del Gobierno de México comunicó que: “el convenio específico con la UNOPS incluye un componente de fortalecimiento institucional, para que nuestro país consolidara una proveeduría internacional, lo que se logró antes del tiempo establecido”.

En Guatemala el ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) acaba de aprobar la implementación del sistema de compras de medicamentos vía UNOPS, mecanismo que ya habían ejecutado a través de su Seguro Social desde 2007 y que generó un ahorro de US$200 sin disminuir la calidad de los medicamentos. Este sistema además ha provisto a los procesos de adquisiciones de una mayor eficiencia y transparencia.

Honduras también ha incorporado este sistema de compras a través de la UNOPS con excelentes resultados, generando una reducción de precios en los medicamentos de referencia de entre 40 y 300%. Además, se abrió la participación en el mercado a un mayor número de actores. El éxito de estos acuerdos en países vecinos, si bien con mayor población, pero con problemas parecidos, reafirma que se trata de una alentadora solución.  

Por lo tanto, debido a la inestabilidad del sistema público panameño y sus consecuencias en los costos de los medicamentos en el mercado privado, creo que las compras directas a través de la agencia de las Naciones Unidas podría ser una buena solución. Una solución que aliviaría la ya pesada carga de la Caja de Seguro Social y beneficiaría a la salud pública panameña.

Qué entiende el gobierno de Milei por desigualdad y sector privado

En recientes declaraciones, el gobierno de Milei se ha expresado sobre dos temas centrales en las políticas públicas que, en su definición, demuestran muy claramente su posicionamiento ideológico y dejan claro cuáles serán los resultados socioeconómicos de la política oficial.

En el discurso oficial ante el Foro Económico Mundial que tuvo lugar en Argentina en octubre, el presidente se ufanó de que su gobierno había llevado a cabo el ajuste económico más grande en la historia de la humanidad, el cual permitió “devolverle 15 puntos del PBI al sector privado para financiar la inversión y lograr crecimiento genuino”. Agregó que ese ajuste se llevó a cabo sin tocar el gasto social. Omitió, claro, decir que el costo del ajuste dada la recesión producida y el desempleo creado, sobre todo en el sector público, llevó a la pobreza a casi el 60 % de la población.

Aproximadamente en el mismo tiempo el vocero presidencial, que en este gobierno no es el vocero de la presidencia sino exclusivo del presidente, declaró en conferencia de prensa que “la desigualdad no es un tema que preocupe”. Quiso decir que no le preocupa al gobierno. Habla de una desigualdad de ingresos que en términos del coeficiente de Gini ha escalado exponencialmente dada la caída de ingresos sociales y la concentración de riqueza que se está produciendo en el país.

La cuestión es cómo deben interpretarse estas dos declaraciones. Es decir, no qué significan como declaraciones políticas, sino qué idea de economía y sociedad encierran.

En cuanto a la primera declaración, es un postulado central de la economía neoclásica, y por ende del pensamiento económico liberal, según el cual cuanta menos intervención estatal en la economía — impuestos, regulaciones, producción de bienes, incentivos sectoriales— más recursos y mercados se liberan para la iniciativa privada. La idea es que en términos teóricos todas las libertades que se expandan en el mercado serán usufructuadas por agentes productivos racionales y competitivos que, en su accionar constante, generarán empleos e ingresos que beneficiarán al conjunto. La “mano invisible” de Smith: de la búsqueda del beneficio individual, el progreso del colectivo social.

El detalle es que, en el actual modelo económico que impera globalmente, en esta fase del ciclo histórico del capitalismo, está ya de sobra demostrado (Stiglitz, Piketty) que la libertad de mercado y los incentivos que esa libertad genera a la iniciativa privada solo favorecen la concentración de riqueza de manera exponencial. Una ecuación de que cuando más crecimiento económico, mayor concentración de las ganancias.

Los 15 puntos del PBI que Milei anunció que devolvió al sector privado no fueron captados por las pequeñas y medianas empresas, las actividades reproductivas como la construcción, el comercio, los microemprendimientos, etc. Las mismas estadísticas oficiales muestran que todas estas actividades y sectores están en recesión, cuando no en riesgo de colapso.

Esos 15 puntos del PBI producto del ajuste fueron a engrosar las cuentas de las grandes empresas, los unicornios tecnológicos y, sobre todo, el sector financiero, claramente improductivo y nulo en cuanto a generación de empleos. El sector privado beneficiado por la política del gobierno es el mismo que se ha visto beneficiado por la política económica de las últimas décadas, ciclos recesivos incluidos.

Vayamos a la frase de Manuel Adorni, vocero del presidente, sobre todo a unas declaraciones que, por su grado de rispidez, el presidente no puede decir.

En un país donde, desde la asunción de este gobierno, hace 10 meses, la pobreza ha crecido casi 10 puntos (59 % de la población) y la indigencia 8 puntos (20 % de la población), y donde la denominada pobreza multidimensional (pobreza que, desde la pérdida de ingresos y su sostenimiento en el tiempo, empuja a carencias educativas, de salud, territoriales, de acceso a la justicia…) se expande en amplias franjas de la población, declarar que “la desigualdad no es un tema que preocupe” constituye, parafraseando a Lenin, un cretinismo político flagrante.

Es casi de sentido común que, si la política económica concentra y la pobreza se expande, el resultado es una desigualdad que no solo es, y debe ser, preocupante. Es inmoral.

Sesgar y desdibujar el aporte que el ajuste del gobierno hace al sector privado concentrado y omitir la crisis socioeconómica que vive el país es un acto político, y una política hipócrita y, se podría decir, inmoral, siempre y cuando se hable de un gobierno con cierta dosis de moralidad social y política. No parece ser este caso.

Amnistía ahora: la lucha por la liberación de los presos políticos de Cuba 

Durante más de seis décadas, más de medio millón de cubanos han sido detenidos o encarcelados por motivos políticos. El encarcelamiento político en Cuba ha creado una profunda crisis humanitaria, devastando a miles de familias y dejando cicatrices duraderas a lo largo de generaciones. A pesar de esta dura historia, los esfuerzos por promulgar una Ley de Amnistía para liberar a decenas de miles de personas encarceladas injustamente por ejercer sus derechos enfrentan una resistencia tenaz por parte del régimen actual. Irónicamente, este mismo régimen debe su existencia a una Ley de Amnistía: la legislación de mayo de 1955 que liberó a Fidel Castro, Raúl Castro y otros después del violento asalto al Cuartel Moncada. A diferencia de los paramilitares revolucionarios de 1953, los presos políticos de hoy son encarcelados por protestas pacíficas, no por actos de violencia o terrorismo.

En la actualidad, Cuba es el segundo país con más presos políticos en América Latina, después de Venezuela, con 1.117 personas encarceladas, incluidas 120 mujeres y 30 menores. Decenas de miles más están encarceladas bajo cargos arbitrarios como desobediencia penal predelictiva, que se aplica a personas por delitos potenciales percibidos sin que hayan cometido ningún delito. Se desconoce cuántas de estas personas fueron detenidas específicamente por sus creencias políticas.

Las familias de los presos políticos cubanos denuncian condiciones horribles: negación de atención médica, aislamiento, violencia sexual, palizas, desnutrición y tortura. El líder prodemocrático José Daniel Ferrer, detenido arbitrariamente desde julio de 2021, sufre palizas, aislamiento y 20 meses sin visitas familiares por negarse al exilio y optar por quedarse en Cuba para luchar por la libertad.

La detención del periodista José Gabriel Barrenechea Chávez, acusado de liderar las protestas en Encrucijada, Villa Clara, durante el apagón de Cuba, pone de relieve la represión del régimen. Barrenechea, que enfrenta cargos de sedición por disentir, ha iniciado una huelga de hambre para protestar por su detención arbitraria.

La campaña de Latinoamérica21 y otros medios para la liberación de Barrenechea subraya un llamado global para liberar a todos los cubanos detenidos injustamente por ejercer derechos humanos fundamentales, incluida la libertad de expresión, asociación y protesta pacífica.

Aprovechando este impulso, en un momento en que Cuba tiene más personas detenidas arbitrariamente que en décadas anteriores, la iniciativa de la Ley de Amnistía encabezada por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), una coalición de organizaciones dentro y fuera de la isla, ofrece una posible solución. Apoyada por líderes pro democracia en prisión y las familias de presos políticos, la iniciativa ofrece una vía legal hacia la justicia.

Anunciada el 24 de febrero de 2022, la iniciativa de la Ley de Amnistía enfrentó retrasos debido a obstáculos legales impuestos por el régimen cubano. El CTDC ahora planea relanzarla el Día de los Derechos Humanos, renovando su llamado a la liberación de los presos políticos. En un país donde las leyes y las prácticas violan las normas internacionales de derechos humanos, la propuesta de Ley de Amnistía ofrece una solución transformadora. Extinguiría la responsabilidad penal, borraría las condenas y limpiaría los antecedentes penales, lo que podría liberar a decenas de miles de personas encarceladas por delitos con motivaciones políticas o cargos predelictivos arbitrarios. La propuesta de la CTDC, que requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, es fundamental para despenalizar la disidencia, afirmar el derecho de la oposición a existir y restaurar los derechos soberanos del pueblo cubano.

Cambiar la ley dentro del sistema totalitario de Cuba es una batalla cuesta arriba. Según la Constitución de 2019, se requieren 10.000 firmas para que se considere un proyecto de ley, pero estas firmas no son vinculantes. Una legislación menos conocida, la Ley 131, exige que los firmantes obtengan certificados de votante del Consejo Nacional Electoral en La Habana. Para la mayoría de los ciudadanos fuera de la capital, los costos de viaje superan con creces el salario mensual promedio, lo que los priva de sus derechos. Estas barreras legales, sumadas a la persecución y vigilancia de la oposición cubana, hacen que la movilización en medio de apagones y escasez severa sea desalentadora. Sin embargo, la difícil situación de los presos políticos y sus familias sigue siendo una fuerza poderosa que impulsa a muchos cubanos a levantarse en busca de justicia.

Históricamente, cualquier legislación impulsada por ciudadanos ha requerido cierta voluntad política de los que están en el poder para su aprobación. En Cuba, esa voluntad está completamente ausente. Cuando el Proyecto Varela de Oswaldo Payá reunió 25.000 firmas para reformas democráticas, el régimen respondió con encarcelamientos masivos y los asesinatos de Payá y Harold Cepero.

A pesar de los desafíos, aprovechar los marcos legales puede ser eficaz en contextos autoritarios. La oposición venezolana expuso el fraude electoral en las elecciones del 28 de julio, demostrando la victoria mayoritaria de Edmundo González a través de registros electorales, reconocidos por la UE y EE. UU. Este éxito, logrado bajo una severa represión, demuestra el poder del activismo organizado y la movilización ciudadana.

Desde la represión del régimen cubano en julio de 2021, que dejó a miles de personas detenidas, la solidaridad internacional con los presos ha crecido. La resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre, que exige la liberación de José Daniel Ferrer y todos los presos políticos, fue aprobada con un fuerte apoyo, lo que pone de relieve el respaldo mundial. Los activistas cubanos a favor de la democracia deben aprovechar este impulso, instando a la UE a vincular sus acuerdos de cooperación a las condiciones de los derechos humanos. Estados Unidos, con sus políticas de máxima presión, y Canadá, a través de plataformas como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, están bien posicionados para ayudar en estos esfuerzos. 

América Latina, marcada por las dictaduras, ha tardado en apoyar el movimiento democrático de Cuba, pero esto está cambiando a medida que las crisis en Venezuela y Nicaragua exponen el legado totalitario de Castro, adoptado por los autócratas en Caracas y Managua. En medio de los reveses democráticos y la retórica antiestadounidense, los llamados a la liberación de los presos políticos cubanos están aumentando desde la sociedad civil, los foros regionales y los partidos políticos. Las transiciones de la región ponen de relieve los riesgos de que los autócratas exploten las leyes de amnistía, lo que ofrece valiosas lecciones para la oposición cubana.

Las últimas dos décadas en Cuba muestran que la presión sostenida es clave para liberar a los presos políticos. Entre 2010 y 2011, 75 presos de la Primavera Negra, condenados a entre 6 y 28 años de prisión, fueron puestos en libertad condicional y enviados al exilio. Su libertad fue resultado de la presión interna y la condena internacional, incluidas las manifestaciones de las Damas de Blanco, que llevaron a negociaciones con Raúl Castro y la Iglesia Católica.

Una ley de amnistía en Cuba no es meramente un objetivo político o legal: es una obligación moral para quienes encarnan el coraje y la resistencia contra la represión. La continua negativa del régimen a atender la voluntad popular y su obstinada insistencia en encarcelar injustamente a miles de personas exigen una respuesta decisiva: el encarcelamiento político es bárbaro e inaceptable. Las naciones democráticas deben situarse del lado correcto de la historia y condicionar las relaciones con Cuba a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, no a través del exilio o el arresto domiciliario, sino como ciudadanos libres con derecho a permanecer y luchar pacíficamente por la democracia.

¿Son los “Trump del mundo” tan parecidos a Trump?

El mundo ha presenciado algunos liderazgos en varias partes que han sido catalogados como populistas o iliberales, como si todos fueran homogéneos. En ciencia política existen conceptos para diferenciar liderazgos y clasificarlos de acuerdo con la forma en que ejercen el poder. Desde la concepción populista de Chantal Mouffe, que sostiene que el populismo de derecha es una respuesta del mercado y de los oligarcas, pasando por la forma de dominación carismática de Max Weber, hasta la conformación del término liderazgos iliberales para referirse al presidente ruso, Vladímir Putin, o al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de acuerdo con Fareed Zakaria y Gideon Rachman.

Los estudios sobre líderes han cobrado relevancia desde el ascenso de Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016. Sin embargo, en ese momento personajes como Putin, Orbán o el expresidente italiano Silvio Berlusconi ya habían asumido el poder hace años, aunque no se les había dedicado tantos análisis. Es posible, así, hablar del ascenso de líderes conservadores al poder, pero cada uno cuenta con elementos particulares. 

Si bien esta ideología no es homogénea y cuenta con diversos matices, desde 2016 se utiliza a Trump como referencia para describir a otros líderes que hacen parte de la ola de derecha radical. Desde Jair Bolsonaro, Nayib Bukele, Javier Milei, Narendra Modi, Boris Johnson, Geert Wilders y Marine Le Pen, hasta Andrés Manuel López Obrador, considerado como un líder de izaquierda, han sido calificados como “el Trumps de…”. 

En primer lugar, no se trata solo de un error descriptivo, sino metodológico, puesto que cada liderazgo ha mostrado señas particulares en su ideología, la retórica y el propio estilo de gobierno o de hacer campaña. Popularizar un sobrenombre para referirse a distintos liderazgos solo genera confusión y generaliza el estudio de casos que son distintos.

La llegada de Donald Trump en 2016 a la Casa Blanca fue un parteaguas debido a la estridencia de su campaña. Su discurso versaba sobre el proteccionismo a la economía y los empleos; mostró tintes xenofóbicos con la inmigración y mostró cierta atracción por sus pares autoritarios, al punto de halagarlos. 

Los Trump latinoamericanos

Ahora bien, el triunfo de Trump muchas veces es visto como un motor para líderes conservadores en otras latitudes, pero no hay elementos para afirmarlo. Por ejemplo, en el caso de América Latina, la historia ha demostrado que la elección de líderes fuertes es una forma de compensar la fragilidad institucional de la región. Hay cuatro casos que fueron recuperados en la opinión pública: en 2018 con Andrés Manuel López Obrador en México, en 2019 con Nayib Bukele y Jair Bolsonaro en El Salvador y Brasil, respectivamente, y Javier Milei en Argentina desde 2022.

Al ex mandatario mexicano fue apodado, aunque de forma muy limitada, como “el Trump mexicano” debido a su estilo autoritario de ejercer el poder. Sin embargo, López Obrador estableció su propio estilo de gobierno: enarboló la bandera de la izquierda política aunque tiene mayor relación con el nacionalismo revolucionario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y adoptó un estilo iliberal más parecido a Orbán para erosionar las instituciones y el poder judicial.

Por otro lado, el liderazgo de Bukele dista mucho del de Trump, el mandatario centroamericano ha establecido su propia marca política a través de la mano dura sin miramientos que ha atraido a otros mandatarios de la región. Pero Bukele, incluso, es por momentos considerdo como un político sin ideología.

Mientras tanto, en el Cono Sur Bolsonaro se caracterizó por ser un admirador de los gobiernos militares y del golpe de estado de 1964. El ex militar es un líder carismático que enarbola la bandera del conservadurismo y el libre mercado y mostró su poco compromiso con temas como el cambio climático y el cuidado del Amazonas. Además, Bolsonaro pertenece a una derecha militar y religiosa marcada por los evangélicos, que han cobrado gran influencia en las elecciones.

En la vecina Argentina, el triunfo de Javier Milei fue una sorpresa para la región; el propio mandatario se asume como un libertario, es decir, una vertiente radical del liberalismo que apuesta por una desregulación total y la nula intervención del Estado. Sin embargo, el camaleonismo político de Milei hace difícil definirlo; defiende valores tradicionales como la vida, la propiedad privada y el libre mercado, pero esto se ha revestido con un discurso populista. De hecho, el ejecutivo argentino tiene más similitudes con el ex presidente argentino peronista Carlos Menem que desreguló la economía y privatizó empresas públicas. 

Los Trump europeos

Por otra parte, en Europa las derechas más extremas tienen diversas agendas que no necesariamente están conectadas con el trumpismo. El ex premier británico Boris Johnson fue catalogado como “el Trump británico” por su parecido físico; no obstante, su retórica solo versaba sobre consolidar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit). Johnson jamás denunció al establishment, no adoptó posturas racistas y tampoco modificó su estructura discursiva o ideológica para radicalizarse. Al contrario, pertenecía a la élite política del Partido Conservador que estudió en Eton y Oxford como otros primeros ministros.

Al sur, en la Europa continental, también se han hecho algunas comparaciones con Trump, como el caso de Marine Le Pen en Francia. Trump y Le Pen distan mucho en sus posturas, puesto que, si bien ambos son representantes de la derecha política más extrema, su único punto de convergencia es la retórica antiinmigrante. La dirigente de Reagrupamiento Nacional ha mostrado una mayor apertura al libre comercio en vez del proteccionismo, ha intentado dejar a un lado la retórica agresiva y ha adoptado una agenda medioambiental.

Por último, en los Países Bajos el primer ministro, Geert Wilders, representante del nacionalismo europeo, también ha sido señalado de ser “el Trump holandés”. Sin embargo, es de los pocos que ha respondido de forma frontal a este apodo, afirmando: “No soy Donald Trump, no me llamen el Trump holandés, soy el Geert Wilders holandés”. Wilders es conocido por ser euroescéptico, es decir, no comulga con la Unión Europea.

Asimismo, ha demostrado una política en contra del islam, al igual que otras derechas europeas. La retórica de Wilders hace énfasis en la igualdad de las personas, pero hace hincapié en que los valores, las religiones y las ideologías no son iguales. Incluso desde que asumió como premier ha mostrado moderación, lo que permite afirmar que utilizó un discurso populista para atraer votantes, pero no ejercer el poder de forma populista.

Por último, hay un caso específico en Asia al cual se ha hecho referencia, y es el del primer ministro indio, Narendra Modi. Apodado como “el Trump de la India”, es importante distinguir que no hay similitudes entre los liderazgos. Modi aspira a consolidar una democracia étnica, da preferencia a la comunidad hindi sobre los musulmanes. El líder indio tiene un aura religiosa en la cual sostiene que es un líder designado por Dios para cambiar el destino de la India.

En conclusión, ciertos liderazgos del mundo que han sido calificados como una copia de Trump tienen con él más diferencias que similitudes. El fenómeno del hombre fuerte o los caudillos ha estado presente en la historia de Latinoamérica desde su nacimiento; en Europa ha tenido otras características que tienden a la estridencia y el reformismo, y Asia tiene un desarrollo distinto a Occidente. Generalizar sus características solo genera sesgos analíticos que no contribuyen a la explicación científica y a la pregunta de: ¿por qué la gente está optando por líderes autoritarios?

Alternativas al voto tradicional promovieron la participación electoral en Estados Unidos

Las elecciones han dejado de ser eventos domésticos para convertirse, en algunas ocasiones, en auténticos sucesos globales. Y si hay unas elecciones que combinan un sistema electoral único, candidatos excéntricos, una campaña mediática y expectación mundial, son las de los Estados Unidos. A pesar de ser uno de los países más desarrollados del mundo, de acuerdo a metodologías internacionales como las de The Economist Democracy Index o Varieties of Democracy (V-DEM) en términos de calidad democrática no alcanza los niveles de los países europeos occidentales o su vecino Canadá.

Esto tiene razones estructurales como el sistema electoral (voto indirecto para presidente a través del Colegio Electoral), la politización de la delimitación de los distritos (gerrymandering), los obstáculos históricos para la participación de grupos específicos, entre otros; aunado a cuestiones de coyuntura como la erosión de la legitimidad de las instituciones, la insatisfacción con la democracia y la judicialización de las elecciones.

La organización administrativa y electoral de los Estados Unidos es una rara avis si la comparamos con el resto del continente americano. Mientras que en la mayoría de los países de la región existen comisiones electorales con amplias facultades operativas y jurisdiccionales para la organización de las elecciones, los norteamericanos tienen un sistema tan descentralizado que permite que cada uno de los más de tres mil condados a lo largo y ancho del país tengan autonomía para diseñar las regulaciones bajo las que se celebran las elecciones. Si bien los condados están bajo la jurisdicción y deben respetar los marcos legales de cada estado, esto no garantiza que los procedimientos estén estandarizados. Es así que en un mismo estado podemos encontrar diferentes métodos de votación, regulaciones para el registro electoral, mecanismos para la identificación de los votantes o de tabulación de resultados. Aun con esta variedad de sistemas y regulaciones, en un país de 350 millones de habitantes los resultados de la elección presidencial se conocieron pocas horas después del cierre de las mesas.

Transparencia Electoral tuvo la oportunidad de realizar una misión en el marco de las elecciones del pasado 5 de noviembre de 2024 y visitó centros de votación en tres condados: Montgomery (Maryland), Miami-Dade (Florida) y Los Ángeles (California). Es importante aclarar que Los Ángeles es el condado más grande de los Estados Unidos, con más habitantes (9,6 millones) que 41 estados del país.

Esta experiencia nos permitió observar tres sistemas de votación distintos, aunque con un elemento en común: el esfuerzo de las autoridades electorales para facilitar la participación a través de varias modalidades de votación y del uso de tecnología.

Latinoamérica, con sistemas electorales y organizaciones administrativas muy diferentes, puede tomar algunas lecciones en materia de facilidades para la emisión del voto. A continuación, algunas de ellas.

1. Votación anticipada presencial. 

Los tres condados ofrecieron a sus electores la posibilidad de votar anticipadamente, lo que incentiva la participación electoral, especialmente dado que la jornada electoral en los EE. UU. es un martes. Montgomery dispuso de 14 centros de votación para voto anticipado durante ocho días (24-31 de octubre). Miami-Dade disfrutó de esta modalidad durante catorce días (21 de octubre al 3 de noviembre) con 32 centros disponibles. Los angelinos contaron con la opción de votar temprano desde el 7 de octubre en la oficina electoral, casi un mes antes de la elección, y a partir del 26 de octubre en más de 120 centros de votación distribuidos a lo largo del condado.

2. Tecnologías observadas en la emisión del voto

Estados Unidos es pionero en la automatización de los procesos electorales desde los años 60, cuando se implementaron las primeras soluciones tecnológicas como las máquinas de tarjetas perforables y computadoras para el escrutinio. Hoy en día, la tecnología electoral está presente en miles de condados del país.

En Montgomery, desde 2014 se utiliza el sistema Election Systems & Software’s (ES&S), que ofrece dos modalidades: los votantes pueden optar por una boleta de papel que se escanea o votar directamente en una máquina con pantalla táctil, la cual imprime un comprobante físico que luego se escanea para su conteo.

En el Condado de Miami-Dade, el procedimiento es similar. Los electores reciben una boleta de votación, marcan sus preferencias rellenando óvalos y luego la introducen en un escáner (DS200) para su tabulación. También pueden usar una máquina con pantalla táctil (Express Vote Unit) que registra sus preferencias en una tarjeta, la cual luego se escanea.

Finalmente, en Los Ángeles encontramos el Voting Solution for All People (VSAP), un sistema integral diseñado por las autoridades del condado y desarrollado por la empresa Smartmatic (software del sistema, Dispositivos de Marcado de Boletas, integración de los elementos que conforman el sistema VSAP).

Uno de los aspectos más innovadores es que los electores pueden “premarcar” sus preferencias —antes de llegar al centro de votación— desde su computadora o dispositivo móvil y generar un código QR llamado Poll Pass. Este código se utiliza para acelerar el proceso de votación y evitar aglomeraciones. Los votantes pueden llevar su Poll Pass en su teléfono inteligente y escanearlo en el centro de votación, donde los Dispositivos de Marcado de Boleta imprimen la boleta de papel con sus selecciones. 

El sistema de votación en Los Ángeles destaca por su enfoque inclusivo y accesible. Las máquinas VSAP podían mostrar opciones de boleta hasta en 19 idiomas y permiten ajustar la fuente y el contraste de la pantalla e incluir un panel de control Braille. Están diseñadas para facilitar el acceso a votantes en silla de ruedas y la pantalla táctil era ajustable en altura. Además, las máquinas no almacenan los votos, lo que garantiza la seguridad y privacidad de los electores al solo imprimir sus preferencias en las boletas de papel.

Voto por correo

La opción de voto por correo ganó popularidad, especialmente en el contexto de la pandemia. En Montgomery, los electores podían registrarse para voto postal por teléfono o mensaje de texto y recibir la boleta por correo postal (hasta el 29 de octubre) o por correo electrónico (hasta el 1 de noviembre). En Miami-Dade, los electores podían solicitar el voto postal de diversas maneras hasta 12 días antes de la elección. En Los Ángeles, los más de 5 millones de electores recibieron automáticamente la boleta por correo y pudieron optar por enviarla por correo, depositarla en buzones designados o llevarla a un centro de votación.

Lecciones para América Latina

En la región latinoamericana aún prevalece el paradigma del manualismo electoral, es decir, que millones de personas se congregan en un mismo día en miles de centros de votación para emitir su voto de manera presencial con una boleta de papel, que luego son contadas por autoridades de mesa que para el momento del escrutinio y la confección de las actas ya llevan más de 12 horas de servicio.

Si bien hasta el momento este formato se ha mantenido, los tomadores de decisiones deberían analizar experiencias exitosas en otras latitudes para facilitar la emisión del voto, como la implementación de tecnología en la autentificación de la identidad del votante, la emisión del voto o la tabulación, así como modalidades como el voto por correo o por internet y el voto temprano. 

Estas reformas podrían impactar positivamente sobre todo en aquellos países con índices de participación electoral bajos, poniendo a disposición de los electores mecanismos alternativos para la emisión del sufragio. Finalmente, el sistema político se vería beneficiado con una mayor legitimidad si efectivamente se consigue mejorar la participación.

Las experiencias son diversas, pero las exitosas tienen en común que se han originado a partir de un amplio debate con diferentes actores (autoridades electorales, partidos políticos, sociedad civil) para identificar las oportunidades de mejora y desarrollar soluciones especialmente diseñadas para ello.