Tres expectativas del próximo gobierno de Claudia Sheinbaum

Hasta el momento de la elección en México, parecía que todo iba perfectamente. Los seguidores de Morena (partido político oficialista) publicaban diariamente el tipo de cambio del dólar y estaban convencidos de que el país seguía el rumbo correcto en materia económica. En seguridad, a pesar del aumento de la violencia, creían el discurso, responsabilizando al pasado como explicación.

¿Qué puede salir mal si el presidente goza de popularidad? Si la cotización del dólar es un parámetro de bonanza económica; si hablar de inseguridad en verbos conjugados en pasado genera seguridad en el presente; si “todo México” está a favor de Andrés Manuel López Obrador. Sólo un detalle: la posverdad, es decir, más de cien mentiras diarias del presidente.

Los principales retos de Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta electa en México, no son lograr novedades, o los trenes que anunció, o que haya más pensiones. Sino, simplemente hacer realidad lo que ya se cree que es la realidad, pero no lo es. Y la expectativa será imposible de cumplir porque la fantasía se desbordó.

Economía

La elección en México fue el primer domingo de junio. El 21 de mayo el dólar costaba 16,60 pesos y para el 10 de junio ya 18,58 pesos. El domingo 4 de agosto pasó la barrera de los 20 y el martes 6 de agosto se ubicó en 19,34 pesos. El primer fin de semana de agosto sucedió un colapso mundial que afectó a todas las bolsas del mundo. Las caídas fueron fuertes. Pero el problema mexicano no viene de ahí. ¿Qué pasó entonces?

Ante el resultado electoral, López Obrador anunció su reforma para destruir el Poder Judicial y otros contrapesos. Aunque Sheinbaum intentó matizar el problema, ratificando al secretario de Hacienda y nombrando a personas con cierta confianza internacional, de poco sirvió. López Obrador ha insistido con este tema todos los días.

Un país sin contrapesos es un país sin seguridad jurídica, y las inversiones evitan eso. También, hay que decirlo: con un interés del 10% (o mayor) era buen negocio tener el dinero en pesos para los inversionistas extranjeros. Pero eso cambia con la volatilidad de la moneda porque la depreciación es mayor a ese 10% y el capital busca lugares para ganar. Las señales autoritarias tienen un precio y ahí está.

La presión al gasto de las pensiones crece cada año y se convierte en una bola de nieve que será pronto imposible de manejar. A eso hay que sumarle el crecimiento de la deuda interna (más cara que la externa) y que PEMEX (empresa petrolera del Estado) debe más de dos billones de pesos (105,600,000,000 dólares).

Seguridad

En seguridad, todo el sexenio ha sido una tragedia. El gobierno de López Obrador cerrará con cerca de 200 mil homicidios. El sexenio anterior fueron 156,066, y los anteriores 120,462 y 60,280 respectivamente. Pero, de algún modo, pudo mantener el tema en segundo plano.

No fue el centro de la narrativa nacional porque no permearon escándalos mayores y porque logró culpar al expresidente Felipe Calderón y a Genaro García Luna. Dos personas que dejaron de tener poder hace doce años. Pero ya no hay muertos de Calderón. Hay muertos de López Obrador, y es la peor cifra de la historia.

La espiral de silencio se rompió con la extraña captura de Ismael Zambada, conocido como el Mayo, que se suma a las preguntas que se acumulan sin respuesta alguna. ¿Por qué se fue a entregar a Estados Unidos? ¿Por qué algunos medios informaron que “la estrategia de la Guardia Nacional lo orilló a entregarse”? ¿Por qué el presidente no sabe o niega saber qué pasó? ¿Por qué el presidente se disculpó con los criminales diciendo que él no tuvo nada que ver?

La mejor explicación es que Morena modificó la Ley de Seguridad Nacional en 2020 para incluir el artículo 74. Expresa que si un gobierno extranjero sustrae a alguien del territorio nacional para llevarlo a juicio en otro país, el Estado mexicano suspenderá la ejecución de los convenios de cooperación bilateral. Quizás por eso es mejor no saber.

Del otro lado del Río Bravo, la noticia se vio como una gran victoria de Biden (que, por cierto, la necesitaba). Siguiendo el concepto de la navaja de Ockham, lo más probable es lo más simple y a mí me suena que se lo llevaron de Estados Unidos.

Es difícil que la situación empeore. Pero si simplemente se hace visible el estado de las cosas, será un problema para la presidenta electa, que tendrá que responder por una situación que se mantuvo bajo la alfombra durante seis años.

Otros problemas de expectativa

López Obrador se ha cansado de decir que habrá un sistema de salud como el de Dinamarca, mientras el sistema de salud es una desgracia. Ha dicho que no hay corrupción y tan solo en los casos que presuntamente involucran a la familia de López Obrador hay más de 380 mil millones de pesos comprometidos. Lo mismo pasará con la migración, el medio ambiente, la educación, el deporte, la cultura, la niñez, los derechos humanos y la infraestructura, por mencionar algunos. Basta decir que la refinería Dos Bocas se ha inaugurado tres o cuatro veces y sigue sin producir un solo barril de gasolina.

El reto de Claudia Sheinbaum es mantener y lograr la realidad que se piensa que hay. Pero no creo que dure mucho en la presidencia sin que se haga evidente que la narrativa pudo más y que México está en un muy mal momento. Quizás por eso ya no vemos a los militantes de Morena publicar el precio del dólar a diario o los resultados de su gobierno.

*Publicado originalmente en Diálogo Político

América Latina en la política internacional: ¿No alineamiento activo u oportunismo periférico?

La guerra en Ucrania ha tenido un gran impacto en la política internacional, y la reacción de los gobiernos latinoamericanos ante este conflicto ha revelado posiciones diferenciadas. Algunos apoyaron abiertamente la invasión rusa, otros eran muy claros en su crítica y condenaron la agresión rusa, como muestra su voto en la Asamblea General de Naciones Unidas y en la OEA. Además, algunos gobiernos zigzaguearon en su voto y/o se ofrecieron como mediadores en el conflicto.

Aunque la mayoría de los gobiernos latinoamericanos han condenado la agresión rusa en Naciones Unidas, esos mismos gobiernos han rechazado la entrega de armas y la imposición de sanciones, y en algunos casos incluso han incrementado el comercio con Rusia. Lo que podría parecer un comportamiento ambiguo o incluso contradictorio no es caprichoso ni accidental; en realidad, representa un enfoque racional para navegar por las aguas turbulentas de un mundo multipolar sin poner en peligro los intereses nacionales.

El concepto de no alineamiento activo se ha vuelto bastante popular en los debates sobre el posicionamiento de América Latina en la política internacional y en el conflicto de Ucrania. Pero se plantea la cuestión de si este concepto es realmente el más adecuado para captar las políticas de los gobiernos latinoamericanos y qué ventajas ofrece este en comparación con otros conceptos. Políticos y académicos de la India, por ejemplo, prefieren el concepto de multi-alineamiento, como una herramienta para maximizar los intereses nacionales y preservar cierta autonomía estratégica.

En lugar de hablar de no alineamiento activo, podría ser también más preciso referirse al concepto del ‘oportunismo periférico’. Este término no busca ser despectivo, sino que describe cómo los gobiernos reaccionan ante una estructura de oportunidades y riesgos en cambio. La transición hacia un sistema internacional multipolar ha ampliado el margen de maniobra para los gobiernos en la periferia que al mismo tiempo son conscientes de las realidades del poder. En línea con el ‘realismo periférico’ desarrollado por Carlos Escudé, estos gobiernos reconocen que existen desigualdades estructurales en la política internacional y que, por tanto, no se debe provocar innecesariamente a las grandes potencias.

Aunque el posicionamiento de un gobierno periférico frente a los conflictos internacionales por sí sola no altera el equilibrio global, como sí lo hace la acumulación de posiciones periféricas, puede conllevar costos y beneficios. Por ello, la mayoría de los gobiernos sigue una estrategia de minimizar riesgos, mantener un perfil bajo y blindarse de las presiones y la influencia ejercidas por las grandes potencias. Tal estrategia no excluye la posibilidad de obtener beneficios a corto plazo de la competencia entre grandes potencias y del reclamo de tomar partido en conflictos internacionales, siempre que surja la oportunidad y los beneficios superen los posibles costes. En la literatura especializada sobre relaciones internacionales, una estrategia de este tipo se denomina “hedging”. Sin embargo, hay razones para desviarse de esa estrategia, sobre todo si ocasiona costes mucho más elevados que la de alinearse con una potencia grande, o si alinearse promete más beneficios.

También existe una jerarquía en la periferia. Las opciones estratégicas son diferentes para las potencias emergentes o las potencias regionales (como Brasil en América Latina) que son cortejadas por las grandes potencias y cuyo posicionamiento tiene una mayor influencia en la política internacional. Potencias emergentes, como India o Brasil, pueden promover una estrategia más proactiva y prefieren un alineamiento múltiple. Para las potencias emergentes o regionales, el conflicto ucraniano ofrece la oportunidad de mejorar o consolidar su estatus en el sistema internacional. Mientras una estrategia de “hedging” tiene como objetivo mantenerse al margen del conflicto y pasar desapercibido, el alineamiento múltiple es proactivo y puede tener como objetivo la inclusión en posibles resoluciones del conflicto. 

Hay buenos argumentos para afirmar que los conceptos mencionados capturan y caracterizan mejor las variaciones y diferencias en las reacciones de los gobiernos de Latinoamérica en el conflicto de Ucrania que el concepto de no alineamiento activo. Este concepto fue introducido por Carlos Fortin, Jorge Heine y Carlos Ominami, tres conocidos intelectuales chilenos con carreras en la política, el mundo académico y el servicio diplomático, en el contexto de las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos. Posteriormente, los autores se esforzaron por difundir y popularizar el concepto y aplicarlo a crisis actuales, como el conflicto de Ucrania o el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

Las consideraciones básicas que subyacen al concepto son muy sencillas, pero están sobrecargadas de simbolismo: en el conflicto entre EEUU y China, los gobiernos latinoamericanos no deberían tomar partido, sino guiarse exclusivamente por sus intereses nacionales y aprovechar la competencia entre las dos superpotencias. Para sus proponentes el no alineamiento no implica abstenerse de emitir una opinión y es perfectamente compatible con tomar una posición (crítica o de apoyo) de las decisiones adoptadas por cualquiera de las grandes potencias. Por eso lo llaman no alineamiento ‘activo’. El posicionamiento se basa en convicciones y viene determinado principalmente por los intereses nacionales. Esta línea de razonamiento no es muy convincente. Decidir de caso en caso y de un tema a otro no es un no alineamiento activo, sino un alineamiento selectivo o un alineamiento múltiple como los políticos de India lo definen. Esta descripción no es tan grandilocuente como el no alineamiento activo, pero se ajusta más a la realidad. 

Para los autores del no alineamiento activo los gobiernos latinoamericanos deben articular una posición común frente a los desafíos globales. Pero tal postura no tiene en cuenta las diferentes posiciones internacionales, los intereses divergentes en la política exterior y las diferentes dependencias de los países latinoamericanos. Además, implicaría un alineamiento permanente de las políticas exteriores de los gobiernos latinoamericanos y, por lo tanto, contradiría una política de no alineamiento activo desde la perspectiva de los Estados individuales.

Lo que resulta desconcertante es la falta de integración de este concepto en debates teórico-conceptuales más amplios en el ámbito de las relaciones internacionales, así como el insuficiente conocimiento y compromiso con los debates en otras regiones del Sur Global (especialmente Asia) y los conceptos analíticos desarrollados en ellas. Lo que atestigua un cierto parroquialismo latinoamericano por parte de los defensores de este enfoque. Otra deficiencia del concepto de no alineamiento activo es que combina un enfoque analítico con una postura normativa para exigir y justificar un reposicionamiento de América Latina en la política internacional.

Por último, los voceros del concepto de no alineamiento activo revelan una visión del mundo muy simplificada y distorsionada que no diferencia suficientemente los intereses y la orientación de la política exterior de los países del Sur Global. Argumentan que la principal división en el mundo actual es entre el Norte Global y el Sur Global, entre Occidente y el resto. Esta visión del mundo contrasta con otra, según la cual el orden internacional se caracteriza por dos clivajes, uno entre el Occidente Global y el Oriente Global, y otro entre ambos y el Sur Global, que es visto como bastante heterogéneo y diverso en cuanto a recursos, configuraciones de poder, regímenes políticos, modelos económicos y sociales, valores y culturas. Para entender cómo los gobiernos latinoamericanos navegan por este mundo multipolar cada vez más complejo y conflictivo requiere conceptos que hagan justicia a esta complejidad y tengan en cuenta tanto la multipolaridad como las desigualdades estructurales persistentes en la política internacional entre el centro (o los centros) y la periferia.

No podemos normalizar los casos de violencia contra las escuelas

En Brasil, las ciudades de São Sebastião, Londrina, Salto da Divisa y Palhoça sufrieron ataques contra las escuelas en 2024. Aún debe confirmarse si se trata de casos de violencia extrema, influenciados por discursos de odio e ideologías extremistas, como los otros 36 que tuvieron lugar entre 2001 y 2023. Aunque no encajen en este contexto específico de violencia, son situaciones que suscitan preocupación. Según UNICEF, entre el 50% y el 70% de los estudiantes latinoamericanos son víctimas de acoso escolar, especialmente en países como México, Colombia, Paraguay y Perú. Palizas, lesiones con objetos, uso de lenguaje obsceno e incluso abusos sexuales son casos alarmantes que ponen de manifiesto un entorno de creciente inseguridad escolar. Diversos ataques a escuelas están directa e indirectamente relacionados con este fenómeno. Estos actos no pueden normalizarse y es deber de la sociedad civil contribuir a que la población adopte una postura atenta y proactiva sobre el tema.

Los cuatro episodios registrados en Brasil en 2024 muestran que el número de casos se mantiene en el mismo nivel que en los últimos dos años. Si se comprueba que los incidentes de este año son de violencia extrema contra las escuelas, 2024 será el segundo año consecutivo con el mayor número de ataques en el primer semestre del año.

Pero ¿por qué ya no parecen tan relevantes como antes? Daniel Cara, coordinador del grupo de trabajo del Ministerio de Educación (MEC) sobre el tema, habla de la normalización de estos ataques por parte de la población brasileña. Según él, este crimen ya se considera arraigado en nuestra sociedad.

El contexto social y político en el que se han producido estos ataques en Brasil favorece la normalización, especialmente por factores como: la negligencia de los discursos de odio pronunciados por figuras públicas de la extrema derecha, la imposibilidad de avanzar en la discusión sobre la regulación de las redes sociales, y la apología de las armas.

Pese a la aparente normalización por parte de la población, el problema sigue estando en el centro del debate político sobre la agenda educativa. Por un lado, están los partidarios de una educación de escuela homogénea (como las escuelas cívico-militares), tecnicista y más centrada en la preparación técnica para una futura profesión que en el desarrollo del pensamiento crítico. Para este grupo, la prevención de la violencia extrema contra las escuelas pasa exclusivamente por la seguridad armada. En el otro lado, están los defensores de una educación pública y pluralista que promueva el pensamiento crítico, la democracia y los derechos humanos, para quienes la prevención pasa por mejorar la convivencia escolar.

¿La seguridad y la convivencia escolar pueden coexistir?

En principio, puede resultar difícil imaginar cómo pueden convivir propuestas con enfoques diferentes, pero este ejercicio es necesario ante una población dividida en grupos ideológicamente opuestos que reclaman la protección de sus hijos e hijas, niños y adolescentes.

El informe Ataques de violencia extrema en las escuelas de Brasil: causas y caminos afirma que hay medidas de seguridad que pueden conciliarse con estrategias para mejorar la convivencia escolar, siempre que haya un espacio propicio para cultivarla. Entre ellas están el aumento del cuidado en los puntos vulnerables, los botones de pánico, la formación del personal, las cámaras externas y la policía de proximidad. La seguridad armada no es una opción.

En el libro electrónico Violencia contra las escuelas en Brasil: Perspectivas sobre el extremismo entre los jóvenes y estrategias de prevención, producido en asociación entre Latinoamérica21 y el Instituto Aurora, en coautoría con diferentes organizaciones de la sociedad civil, cada artículo contiene propuestas para superar este problema.

Tales propuestas son: 1) Promover una escuela heterogénea que valore la educación en derechos humanos y la cultura de paz; 2) Conocer los factores que ponen en contacto a niños y jóvenes con ideologías extremistas y los que los alejan de ellas; 3) Prevenir con estrategias orientadas a actuar y no a reaccionar, reconociendo con anticipación las señales de violencia extrema; 4) En el seguimiento de incidentes en la escuela hay que actuar con todas las políticas públicas, como salud, cultura y asistencia social, reduciendo la desconfianza en las instituciones; 5) Averiguar qué buscan los jóvenes en las redes sociales y proponer alternativas que los alejen del camino de la radicalización hacia el extremismo, ayudándolos a pensar en otras masculinidades posibles; 6) Incluir prácticas pedagógicas que abran espacios para que los alumnos expresen y reflexionen sobre sus hábitos mediáticos; 7) Construir posibilidades de vida y promover espacios de pertenencia que reconecten a los sujetos con experiencias compartidas, comunitarias y solidarias, previniendo y rescatando a los jóvenes del extremismo.

El peligro de un debate polarizado en medio de la normalización

Frente a un escenario polarizado, se debe tener cuidado para que el tema de la violencia escolar no se convierta en un instrumento para alterar la visión de la población sobre cómo debe ser un ambiente escolar, haciendo que soluciones ineficaces a un problema complejo ganen apoyo popular.

Por ejemplo, a principios de julio de 2024, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, bajo la presidencia del diputado Nikolas Ferreira (PL-MG), discutió el proyecto de ley 2380/2022, que preveía la vigilancia de las escuelas por agentes especializados, con la justificación de casos de ataques a estas instituciones. La discusión siguió en torno a la defensa de la seguridad armada en las escuelas para combatir la violencia contra y en estas instituciones.

También en el primer semestre de 2024, la privatización de una parte de las escuelas públicas fue aprobada por los gobernadores de dos estados brasileños (São Paulo y Paraná), ambos de partidos que apoyan agendas más conservadoras, y esta privatización incluye la licitación de las áreas de vigilancia y recepción de las escuelas.

Al final, lo que vemos es que no normalizar la violencia contra las escuelas tiene que ver con prevenir el próximo ataque a estas instituciones, pero también con: 1) impedir el éxito del lobby armamentístico; 2) frenar la transferencia de dinero público a empresas privadas que buscan su propio beneficio; y 3) detener un proyecto de poder por el que las escuelas se gestionan a través del miedo.

La sociedad civil tiene el deber de hacer que la población no normalice la violencia contra las escuelas, garantizando que el debate sobre el tema siga siendo público, incluyendo a la comunidad escolar, circulando en los principales medios de comunicación y en las plataformas digitales, e impidiendo que sea cooptado por grupos políticos extremistas.

Por encima de todo, se trata de construir un camino que no esté sesgado por los valores de la extrema derecha y en el que una sociedad dividida encuentre formas de reconectarse.

La consolidación autoritaria en Venezuela

Uno de los principios cardinales en el estudio de la política es la distribución, el acceso, y la conservación del poder político. Estas dinámicas son cruciales, no solo para determinar quién gobierna, sino también para comprender cómo se ejerce y perpetúa el control dentro de un sistema político. El proceso político venezolano proporciona un ejemplo contemporáneo para examinar cómo se ha impuesto un modo autoritario de ejercer el poder. En este sentido, es fundamental reconocer que lo que realmente está en juego en Venezuela es el control democrático de los instrumentos constitucionalmente establecidos para el ejercicio del poder.

La política puede ser conceptualizada como el conjunto de interacciones mediante las cuales individuos y grupos buscan influir en la distribución del poder y en las decisiones que de este se derivan. En un sistema democrático, la política se fundamenta en la construcción de reglas consensuadas para el acceso y ejercicio del poder; los conflictos se resuelven a través de medios institucionalizados, donde las partes involucradas gozan de igualdad de derechos y se espera la cooperación mutua en pos del bien común.

Por el contrario, en un sistema autoritario, las reglas son manipuladas para favorecer a quienes detentan el poder, o en casos más extremos, son creadas de manera arbitraria según la conveniencia de los gobernantes para satisfacer exclusivamente sus propios fines. Como resultado, no existen mecanismos institucionales efectivos para la resolución de conflictos, los cuales se trasladan al plano de la contienda política no institucional.

En Venezuela, la democracia ha sido profundamente distorsionada por un proceso sistemático de cooptación y manipulación autoritaria de las instituciones que, de acuerdo con la Constitución, deberían ser independientes y estar al servicio de la sociedad en su conjunto. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder y la posterior consolidación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con Nicolás Maduro al frente, el país ha sido testigo de una estrategia deliberada dirigida a concentrar el poder en manos del Ejecutivo, lo que ha resultado en una erosión total de la independencia de los poderes públicos y en la obstrucción efectiva de la voluntad popular.

Las elecciones del 28 de julio de 2024 representan un punto de inflexión en este proceso. Históricamente, el gobierno venezolano ha empleado tácticas de ventajismo electoral, restricciones al espacio cívico, limitaciones al debate público, y represión selectiva de periodistas, dirigentes y activistas. Sin embargo, en esta ocasión, estas estrategias resultaron insuficientes para asegurar un resultado electoral favorable antes de la jornada de votación. Ante este escenario, el gobierno optó por recurrir al fraude electoral de manera abierta como último recurso para mantener el poder, una decisión que refleja una ruptura definitiva con cualquier pretensión de legitimidad democrática.

Este contexto ha provocado una transformación radical en la política venezolana, en la cual la violencia, tanto política como institucional, se ha convertido en la principal forma de interacción del gobierno hacia sus opositores, la sociedad civil y el pueblo en general. La dimensión cooperativa de la política, caracterizada por el diálogo y el compromiso, ha sido completamente desmantelada por un gobierno que se niega rotundamente a reconocer la derrota en las urnas y la demanda de cambio político de los venezolanos. En este sistema, la voluntad popular no solo es ignorada, sino que se percibe como una amenaza existencial para aquellos que detentan el poder.

Así las cosas, la política en Venezuela ha dejado de ser un medio para alcanzar el bien común y se ha transformado en una herramienta de dominación, donde la supervivencia del régimen depende exclusivamente de su capacidad para mantener el poder a toda costa, sin importar las consecuencias para la sociedad y la nación. Mientras tanto, para la sociedad venezolana será cada vez más difícil alzar su voz como resultado de la represión y muchos venezolanos optarán por la salida de un país que le niega las oportunidades de buscar su proyecto de vida en un entorno relativamente estable, pacífico y democrático. En medio de esta situación, la comunidad internacional democrática está presa de su propia incapacidad para impulsar un cambio democrático en el país.

Invisibles e indispensables: las trabajadoras de cuello rosa en América Latina

Luisa trabaja de cajera en un almacén. Rosa es maestra en una escuela de educación básica. Maribel tiene diez años como enfermera. Lucía es ama de llaves en un hotel 5 estrellas. Andrea es recepcionista en una gran empresa, junto a Martha, la secretaria. Kathy es manicurista, y su hija Alicia cocina en un restaurante de la localidad. Clara cuida niños en una guardería. Antonia vende flores en el supermercado en la mañana y en la tarde cose ropa en una tintorería. Maricarmen hace labores de relacionista pública en el gobierno, mientras se prepara como administradora para buscar trabajo en un banco.

¿Qué tienen en común todas ellas? Sí, todas son mujeres. Y sí, se trata de posiciones que no es extraño que ocupe una mujer. Son puestos de sectores económicos asociados a servicios sociales, comercio minorista, turismo, cosmetología; están usualmente hiperfeminizados, mal remunerados y poco reconocidos como roles esenciales. Son los llamados trabajos de cuello rosa.

Desde las oficinas corporativas hasta los pequeños emprendimientos, estas mujeres sostienen sectores clave con su trabajo y sin embargo enfrentan una realidad oculta: la discriminación que limita sus oportunidades y perpetúa desigualdades profundamente arraigadas. En este artículo analizo qué es, cómo opera y cuáles son las causas y consecuencias de este fenómeno del cuello rosa en América Latina, y sugiero acciones para mitigar sus negativos efectos en la economía.

El cuello rosa discrimina

Desde 1930, en los Estados Unidos se comenzó a popularizar la clasificación de los trabajadores por el color del cuello de su uniforme en el ambiente laboral. En ese momento se hizo la distinción entre trabajadores de cuello azul (los que realizan labores físicas y de manufactura) y los de cuello blanco (aquellos que desempeñan trabajos de oficina más administrativos y profesionales, considerados más productivos, capacitados y receptores de mejores salarios).

Más recientemente surgieron otras clasificaciones, como el trabajo de cuello dorado (altamente calificados como emprendedores y científicos), de cuello verde (especialistas en producir bienes y servicios para el medio ambiente), de cuello negro (dedicados a la industria minera y extracción de petróleo, pero también al trabajo ilegal) y de cuello rosa (dedicados a la industria de servicios).

Un trabajo de cuello rosa es uno que tradicionalmente se ha reservado solo para mujeres. El término fue acuñado a finales de la década de los 70 por la escritora y crítica social Louise Kapp Howe para denotar a las mujeres que trabajaban como enfermeras, secretarias y maestras de escuela primaria. Estos puestos no eran trabajos administrativos, pero tampoco eran trabajos manuales.

Se les llama también “gueto rosa” (pink ghetto) como una manera de describir los límites que tienen las mujeres para avanzar en sus carreras, ya que estos trabajos suelen ser un callejón sin salida. Es un mecanismo de exclusión institucionalizado, una suerte de segregación ocupacional, que impide el ascenso a posiciones de poder real en las empresas y encasilla a las mujeres en labores asociadas a ser mujer. Se trata de un fenómeno por el cual las trabajadoras acceden al mercado de trabajo de manera diferenciada, tendiendo a concentrarse en diferentes sectores u ocupaciones en función de su sexo y no de sus capacidades.

Disparidades laborales por sexo en LA

Aun cuando los esfuerzos feministas por vencer los estereotipos y roles asignados al sexo han dejado frutos positivos y abierto caminos a muchas mujeres para desempeñarse en espacios históricamente hipermasculinizados, se sigue reproduciendo el modelo que las relega a funciones de servicio y apoyo.

Según un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 70% de las mujeres tienen puestos de trabajo en el campo del cuello rosa, como la industria de servicios de alimentos y cosméticos. Específicamente, las economías de América Latina presentan importantes disparidades en sus mercados laborales, frenando su crecimiento productivo al limitar el potencial productivo de las mujeres.

Un estudio de la OIT, que abarca países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Uruguay, revela que la segregación ocupacional de género, marcada por la prevalencia de ocupaciones predominantemente femeninas o masculinas, persiste a niveles significativos en América Latina. La segregación de género conlleva efectos negativos perpetuando estereotipos, influyendo en decisiones educativas y afectando el desarrollo del capital humano. Además, contribuye a incrementar las brechas salariales de género y desajustar la relación entre habilidades y puestos, lo que impacta en la eficiencia de los mercados laborales.

Las mujeres están sobrerrepresentadas en los servicios no comerciales en América Latina, los cuales incluyen el sector de cuidados y de turismo, con bajos salarios y altas tasas de informalidad laboral. Por otro lado, en los sectores de minería y energía solamente 2 de cada 10 empleados son mujeres.

Las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres, con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): “De 2010 a 2022, el Índice de Mejores Trabajos para las mujeres creció a una tasa del 0,8% anual. A ese ritmo, el índice para las mujeres tardaría más de 47 años en alcanzar el nivel de calidad y cantidad del empleo que tienen los hombres”, afirma el BID. Esta situación conlleva una significativa disminución del potencial productivo que representan las mujeres en la región.

Eliminar el género en las ocupaciones

En América Latina, varios países han diseñado y puesto en práctica políticas para promover la igualdad de género en el mercado laboral y mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres en sectores tradicionalmente femeninos. Entre ellas están las leyes de igualdad salarial, el establecimiento de cuotas de género, medidas de conciliación laboral y familiar, así como programas de empoderamiento económico y capacitación de mujeres en carreras científicas e informáticas. También ofrecen servicios de orientación, certificación de competencias y la creación de condiciones igualitarias en la información y contrataciones laborales más justas.

Pero nada de esto funcionará si los sesgos que sostienen la idea del color rosa como identificador de las vocaciones y dedicación de las mujeres continúan definiendo la cultura laboral, porque envuelven creencias asignadas al sexo que son arbitrarias e injustas. Todo lo que refuerce estereotipos basados en prejuicios es dañino para la economía y la sociedad en su conjunto.

Los cuidados, la salud o la educación son sectores esenciales para la sociedad, pero en nuestros países emplearse en ellos está devaluado y sus puestos ofrecen pocas oportunidades para avanzar en la carrera. El camino entonces es más sensibilización y educación para desmontar aquellos sesgos que hacen ver como “natural” el que una mujer se dedique a este tipo de labores de soporte y apoyo, y lograr que más hombres se involucren en estas tareas. Pero también revalorizarlas porque son funciones que agregan valor económico y, por lo tanto, sus actividades y perfiles ocupacionales pueden y deben estar mejor considerados y remunerados.

Autocracias electorales y elecciones totalitarias

La elección general en Venezuela el 28 de julio pasado, y su desenlace posterior, ha tenido un importante impacto regional e internacional. A pesar de la existencia de opciones diferenciadas en la boleta electoral, los venezolanos fueron testigos de una elección en claras condiciones de inequidad competitiva, opacidad y control estatal de la autoridades electorales, judiciales y militares, así como un limitado acceso a recursos informativos y financieros de la oposición. Este autoritarismo electoral ha generado una reacción crítica de importantes potencias globales (EE.UU., Europa) y una mayoría de países latinoamericanos, e incluso, de organizaciones académicas de orientación progresista (LASA). Sin embargo, para otros países de la región, las elecciones democráticas -plurales, competitivas, recurrentes, transparentes, participativas- constituyen una evocación muy borrosa en su memoria histórica.

Cuba tal vez constituya el caso más atípico de las autocracias latinoamericanas actuales. Sus antecedentes de elecciones democráticas se remontan al periodo de 1940 a 1950. A partir de la ruptura democrática de marzo de 1952 las elecciones han sido irregulares, y de 1959 hasta la institucionalización del sistema político prosoviético de partido único en 1976, no hubo elecciones. A partir de esta fecha han sido elecciones manipuladas, de voto inducido por candidaturas únicas preseleccionadas por criterios de fidelidad ideológica.

En estricto sentido, la última elección general para presidente y renovación del cincuenta por ciento (50%) de la Cámara de Representantes y Senadores, en condiciones de competencia multipartidista se celebró el 1 de junio de 1948. El calendario electoral cubano de entonces, regido por el Código Electoral de 1943, definía elecciones generales y parciales combinando la regla de la pluralidad con un sistema de votos provinciales para elegir presidente con un sistema de mayoría relativa en circunscripciones plurinominales con representación de minorías para el Senado, y la elección de representantes a partir de la representación proporcional con la fórmula de Hare de resto mayor con renovación de 50% en elecciones de medio término cada dos años.

Los resultados electorales del periodo no solo estuvieron condicionados por esta combinación de reglas electorales (P/RP), sino por las propias características del sistema de partidos cubano; es decir, un multipartidismo moderado sin partido predominante para competir y ganar solo, lo que produjo incentivos para el establecimiento de amplias alianzas electorales. A diferencia de las dos elecciones anteriores (1940-1944), las generales de 1948 marcaron el fin de las grandes coaliciones bipolares centrípetas, y el inicio de la fragmentación y polarización del sistema de partidos.

En junio de 1948 aumentó a cuatro el número de candidatos en competencia, reduciéndose el tamaño de las dos primeras coaliciones que postularon a los candidatos fuertes. El candidato vencedor de la Alianza Auténtica Republicana (PRC-A/PR) fue Carlos Prío Socarrás (PRC-Auténtico) (46%), seguido por el candidato de la Coalición Demócrata-Liberal (PD-PL) Ricardo Núñez Portuondo (30%); el restante 24% fue para los dos candidatos de partidos independientes, Eduardo Chibás del nuevo Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo) (PPC-O) (16.5%), y Juan Marinello del Partido Socialista Popular (PSP) (7%). Se puede apreciar la pluralidad del sistema de partidos del periodo, lo que se refleja en la elección parcial de 1950 donde adquirió fuerza legislativa el PPC-O (13.6% de los escaños) por encima de los partidos tradicionales de derecha (Liberal 12.1%) y Demócrata (9%), y apareció un nuevo partido de centro derecha, el Partido de Acción Unitaria (PAU) (6%) de Fulgencio Batista.

La Constitución socialista de 1976, y la ley electoral 72 de 1992, definieron los fundamentos del sistema electoral cubano hasta su reforma marginal en la Constitución de 2019. En general, estas reglas electorales fueron un eficiente mecanismo de selección y rotación de lealtades al interior de una cohesionada élite. Diseñadas para (re)producir consenso en un sistema de partido único, su funcionalidad depende de un filtro selectivo orientado a garantizar la continuidad y gobernanza de un régimen totalitario.

Si bien es cierto que la postulación de candidatos es directa a nivel de circunscripción, las candidaturas a los gobiernos municipales, provinciales y de diputados a la Asamblea Nacional están sometidas a un “doble filtro selectivo” a partir de criterios de idoneidad ideológica. Las Comisiones Electorales y de Candidaturas en las diversas instancias cumplen esta función: la cohesión y lealtad de los candidatos en lista cerrada que será sometida a votación (in)directa por un selecto grupo de elegidos de probada lealtad.

El 50% de las candidaturas propuestas y votadas a nivel municipal para formar parte de la Asamblea Nacional, conductistamente en bloque por la “unidad”, emergen de propuestas elaboradas por estas Comisiones de Candidaturas y deben ser aprobadas por las Comisiones Electorales, lo que subvierte la noción de representación popular. Es importante subrayar que a partir de la ‘elección’ (sic) para presidente en 2016 ha comenzado un proceso de decrecimiento en la participación electoral y un aumento de las boletas en blanco, los votos nulos y el voto selectivo.

A pesar de que la nueva ley electoral No. 127 de julio de 2019 propone profesionalizar y dotar de mayor autonomía a los Consejos Electorales y las Comisiones de Candidaturas en las diversas instancias, el artículo 86 reconoce como el principio ético de las autoridades electorales “hacer patente, en todo momento, su lealtad a la Patria, a la Revolución y al sistema político, económico y social que defendemos” (sic). Dentro del andamiaje autocrático totalitario las elecciones serán siempre un mecanismo para reforzar el poder de una elite ilegítima.

¿Transición en Venezuela?

Construir una alternativa política

Las elecciones presidenciales del pasado domingo 28 de julio se presentaban como un hito fundamental para el futuro de los venezolanos. Después de un cuarto de siglo con Hugo Chávez  y Nicolás Maduro al mando, ¿había alguna posibilidad de que cambiara el rumbo político del país? ¿Podría propiciarse ese cambio a través de la vía electoral?

Para la oposición política, los retos eran enormes. En un primer momento, era necesario construir una candidatura unitaria capaz de llegar hasta el día de las elecciones. Había que hacerlo, además, sin mayores posibilidades de financiamiento para los partidos políticos, sin acceso libre a los medios de comunicación, sin posibilidades de libre circulación por el territorio nacional, con partidos intervenidos judicialmente y que ya no disponen de sus símbolos y tarjetas, etc.

A ello había que agregar nuevos obstáculos que se fueron interponiendo en el camino: las inhabilitaciones políticas; la persecución de diversos miembros del comando de campaña; el hostigamiento a las personas que ayudaban durante la campaña; las dificultades para inscribir a los testigos durante la semana previa a los comicios; y tantas otras. En definitiva, para jugar el juego, había que jugarlo con las reglas que imponía el sistema.

Finalmente, la oposición logró construir una opción que se mantuvo viva hasta el día decisivo, encarnada en el binomio Edmundo González-María Corina Machado. Organizó también un aparato de vigilancia ciudadana en todas las mesas de votación, a pesar de los riesgos que ello implicaba. Y preparó un website para colgar las actas emitidas por las máquinas de votación asociadas a cada mesa, documentos oficiales identificados con un código QR y de los que tienen derecho a conservar copia el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los representantes de las diversas fuerzas políticas.

Resultados y reacciones

Transcurridos varios días de la elección, el CNE aún no publica los resultados pormenorizados, pero ya declaró ganador a Nicolás Maduro con el 51% de los votos. Alega que el proceso fue entorpecido mediante ataques informáticos conducidos desde Macedonia del Norte, y culpa a Elon Musk de participar en ello (el magnate sudafricano se ha dedicado a polemizar con Maduro desde su red social “X”). Sostiene además que las actas presentadas por la oposición, según las cuales que Edmundo González habría obtenido el 67% de los votos, están adulteradas.

Desde el lunes 29 se iniciaron protestas en diversas ciudades de Venezuela. Maduro y otros altos voceros del gobierno han indicado que se trata de “brotes fascistas” conducidos por “terroristas”, señalando que han capturado a más de 2.000 personas involucradas en estos procesos. Al momento de escribir este artículo, el Foro Penal ha identificado ya a 1.152 de estos detenidos. Diversas organizaciones civiles, incluyendo a Provea, han registrado más de 20 asesinados. La fiscalía acusa a González y Machado de usurpar funciones del CNE y proliferan las órdenes de captura.

Respuesta internacional

El Centro Carter, que a diferencia de la Unión Europea (UE) sí pudo asistir in situ a la elección, ha emitido una declaración señalando que las condiciones en las que se realizaron los comicios no fueron democráticas. Algunos países han reconocido a Maduro como presidente electo; tal es el caso de Bolivia, Honduras, China, Rusia, Irán, Cuba y Nicaragua. Otros reconocen a Edmundo González como ganador, concretamente Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y Uruguay. De varios de ellos retiró su personal diplomático el gobierno venezolano, invitándoles a hacer lo propio con sus legaciones acreditadas en Venezuela.

La mayor parte de los países, no obstante, se ha pronunciado a favor de un compás de espera, aguardando —antes de pronunciarse de forma definitiva— a la presentación de resultados de cada mesa de votación por parte del CNE. Destacan en este sentido los miembros de la UE y el Brasil de Lula, quien está liderando una aproximación diplomática junto a los presidentes López Obrador de México y Petro de Colombia para facilitar una salida política a la crisis que actualmente vive Venezuela.

Diversas opciones se estarían barajando al respecto, mientras el gobierno brasileño se ha hecho cargo de la protección de los seis miembros del comando de campaña de Machado/González que estaban asilados en la embajada argentina de Caracas, ahora desalojada por los sureños. Ya en otras oportunidades el Brasil de Lula ha facilitado el diálogo político en Venezuela, bien sea interno o con otras naciones (2004, 2009, 2014).

Retos y perspectivas

Los resultados de la elección del 28-J marcan un antes y un después en Venezuela. Salvo que pueda demostrar lo contrario —hasta ahora no lo ha hecho—, el chavismo-madurismo afronta su primera derrota clara en una elección presidencial. Entre tanto, ninguno de sus principales representantes ha contemplado públicamente la posibilidad de abandonar el poder, ni ofrecido mayores gestos de conciliación ante la alternativa policía. Todo lo contrario.

Pero el desgaste acumulado a lo largo de un cuarto de siglo en el poder se ha hecho más que evidente. La oferta política del oficialismo no convence a las grandes mayorías del país. La demanda de cambio es generalizada, incluso dentro de las filas del chavismo. Y si bien la represión puede rendir resultados a corto plazo, permitiendo que quienes gobiernan se atornillen por ahora en su posición actual, también incide negativamente en su cohesión interna y en su base de apoyo social.

Tras lo ocurrido el 28-J, al chavismo-madurismo se le presenta la oportunidad de salir de su irremediable declive actual y renovarse integralmente. Puede —como ha sucedido con otras fuerzas políticas oficialistas en medio de otras transiciones— reestructurarse para volver a ser competitivo en condiciones democráticas. Puede evitar un eventual colapso a mediano plazo y negociar ahora las bases de un nuevo sistema político, con un facilitador amigo como Lula, en el contexto de una elección presidencial y cooperando para establecer las condiciones de un cambio ordenado.

Evidentemente, no todos los que integran el oficialismo actual tienen los mismos incentivos para proceder en consecuencia. No todos tienen lo mismo que perder, ni lo mismo que ganar. Pero lo cierto es que el futuro del chavismo descansa en su capacidad para renovarse en esta coyuntura crítica. Asimismo, el futuro de Venezuela como nación parece estar atado a dicha posibilidad.

Uruguay: escenarios probables de cara a las elecciones de octubre

El pasado 30 de junio tuvieron lugar en Uruguay las elecciones internas de cara a la elección presidencial del 27 de octubre. El Frente Amplio (FA), principal partido de la oposición, resultó el más votado con el 47% de los votos válidos, seguido del Partido Nacional (PN) con el 37.3%, el Partido Colorado (PC) el 11.7% y Cabildo Abierto (CA) con el 2 %, los tres principales partidos de la coalición de gobiernos. Si bien la competencia entre partidos no es relevante en esta instancia, la obtención de una buena votación impacta en el ánimo de propios y ajenos.

Las encuestas de intención de voto posteriores a las primarias muestran un escenario estable. El FA sigue al frente de los sondeos, seguido del PN que registra una leve caída y un pequeño repunte del PC, fenómeno similar a 2019. Una de las explicaciones del retroceso del PN, además del propio resultado inferior al esperado, fue la elección de Ripoll en la fórmula del PN, que generó manifestaciones contrarias y abucheos la noche de la interna y expresiones de desacuerdo de dirigentes en los días siguientes. Este hecho, sumado al escándalo en la intendencia de Artigas que supuso la renuncia de varios dirigentes del PN, entre ellos el intendente, podrían explicar en parte esta caída.

Reposicionamiento tras la interna

Con una participación del 35,8%, algo más baja que en 2019, un total de 14 partidos superaron la barrera de los 500 votos en la interna, lo que les permitirá participar de la elección presidencial y legislativa del 27 de octubre. En este marco, cabe mencionar que los tres principales partidos están en proceso de renovación y resulta interesante ver los resultados y la forma en que procesaron el armado de la fórmula.

Dentro del Frente Amplio, en esta segunda elección sin los tres liderazgos históricos (Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori), Yamandú Orsi obtuvo el 59,9% de los votos, seguido de Carolina Cosse con el 37,6% y en un distante tercer lugar Andrés Lima con el 3,1%. Al FA, el haber estado en la oposición le permitió renovarse, pero además, parece haber aprendido de los errores cometidos en la campaña 2019, en particular en la nominación de su candidato a vicepresidente. Esta vez, la formula entre el primero y segundo de la interna estaba definida, dando lugar al binomio Orsi-Cosse.

Por otro lado, el Partido Nacional por primera vez se presentó a una interna sin sus liderazgos naturales, Lacalle Pou en ejercicio de la presidencia y Larrañaga fallecido. Con el hándicap de ser el partido de gobierno, Álvaro Delgado, el delfín del presidente, conquistó el 74,4% de los votos, seguido muy atrás por Laura Raffo con el 19,3%. La magnitud de la ventaja posibilitó que Delgado descartara a Raffo como compañera de fórmula y se decantara, en cambio, por Valeria Rippoll, proveniente del movimiento sindical, con pasado en la izquierda y recientemente incorporada al PN. Este movimiento ha sido considerado arriesgado y ha conectado hasta el momento más críticas que apoyos.

En el Partido Colorado, el resultado tuvo como triunfador a Andrés Ojeda (39,5%), que junto a Robert Silva (22,4%), Gabriel Gurméndez 18,6%) y Tabaré Viera (18,1%) recogieron el grueso de las preferencias. De acuerdo a estos resultados, ningún candidato alcanzó el requerimiento establecido en la Constitución, sin embargo, se respetó la preferencia del electorado y Ojeda resultó nominado candidato, llevando como compañero de fórmula a Silva.

Luego de la interna, el hecho más destacado ha sido el retorno a la actividad política del ex candidato presidencial del PC, Pedro Bordaberry, con la apertura de una lista senado que genera reacomodamientos a la interna colorada y cierta expectativa de un repunte que incluso le permitiera al PC disputar el balotaje.

De cara a octubre

De cara a la elección presidencial del último domingo de octubre, el FA tiene una intención de voto superior al 40% para todas las empresas de opinión pública, 10 puntos porcentuales por encima de los guarismos que ofrecía a esta altura en la campaña de 2019. Y en la mayoría de las encuestas se ubica por encima de la suma de los partidos de la coalición de gobierno.

Por otro lado, el gobierno cuenta con fortalezas que favorecerían un buen desempeño electoral de los partidos que lo integran, como la aprobación presidencial, que disminuye respecto a la que obtienen las políticas: seguridad, economía, etc. Parece claro que la figura Lacalle Pou goza de popularidad en la ciudadanía, pero su gobierno no concita tanto respaldo. Y mientras que el presidente no será candidato, dado que no existe la reelección inmediata, sí lo serán muchos de sus más cercanos colaboradores.

El gobierno también se ha visto presumiblemente afectado por los escándalos e irregularidades que se sucedieron a partir de 2022, que involucraron a distintos jerarcas y supusieron la renuncia de ministros y titulares de otros cargos relevantes. Todo esto podría impactar sobre los resultados finales.

Nadie duda que el FA será por sexta vez, y como acontece desde que se aprobó la reforma de 1997, el partido más votado del sistema. Y existen posibilidades razonables de que alcance la mayoría absoluta parlamentaria o quede muy cerca de ella.

Los últimos antecedentes en materia electoral, balotaje de 2019 y referéndum de 2022, mostraron un escenario muy parejo con una pequeña diferencia a favor del actual gobierno. Una interpretación posible, teniendo en cuenta el nivel de aprobación del gobierno, es que este escenario se mantenga, la elección sea muy competitiva y se defina por escaso margen. Cuando el FA estaba en el gobierno y ostentaba estos niveles de aprobación, el resultado fue la reelección.

Pero, por otro lado, los niveles y la estabilidad en la intención de voto favorable al FA, muy parecida e incluso superior a las tres veces que ganó; la ausencia del candidato natural de la coalición (Lacalle Pou); y el costo de gobernar, dan una mayor probabilidad a la alternancia.

Venezuela y América Latina, la democracia, el caos y el control

La deriva dictatorial en Venezuela, enfrentada a una persistente movilización ciudadana que reclama democracia, pone a prueba los límites de la injerencia y la no injerencia externa y la capacidad del entorno regional de incidir en un conflicto con implicancias geopolíticas que amenaza la paz y la estabilidad de la región.

En Venezuela se produjo un fraude electoral escandaloso que parece haber sido prohijado por el régimen venezolano para justificar un endurecimiento represivo y una onda expansiva a escala regional y hemisférica en la que amparar su continuidad en el poder. El libro de José Natanson “Venezuela. Ensayo sobre la descomposición” (Debate, 2024) ayuda a entender los contenidos y el trasfondo de esta crisis sin salida a la vista.

La polarización ideológica además tienta a las narrativas que agitan los fuegos: unos hablan de la lucha contra el comunismo y el socialismo, otros de la lucha contra el fascismo y el imperialismo. La recreación de una nueva Guerra Fría nos transporta a otros tiempos: corremos el calendario 60 años atrás y tenemos al dictador Maduro como una suerte de reencarnación de Fidel Castro, a China y Rusia operando directa o indirectamente en el subcontinente americano y a EE.UU. que observa expectante.

En esa narrativa, como ocurriera entonces, la invocación a la democracia queda cautiva de quienes están jugando otra clase de juego: el juego de la revolución y la contrarrevolución, de la anarquía o el orden impuestos por la fuerza.

Hace veinte años, el libro de Thomas Barnett «El Nuevo Mapa del Pentágono. Paz y Guerra en el siglo XXI» (2004) mostraba un mundo dividido en dos grandes áreas: el «núcleo» y la «zona no integrada». El «núcleo» gozaría de los beneficios del sistema: comercio, comunicaciones, transporte y transacciones monetarias fluidas. La zona «no integrada» está desacoplada del sistema, y vive sumida en el caos y la inestabilidad.

En esta zona de inestabilidad se encontrarían los países del norte de Sudamérica y la cuenca del Caribe con un epicentro: Venezuela. Un mapa que recrea aquellos de los padres de la geopolítica occidental del siglo XX -un “corazón central” o área pivote y anillos periféricos, terrestres y marítimos, donde se desarrollan las disputas entre las potencias por la supremacía-, y que como en espejo simétrico, parecen haber adoptado en Beijing y Moscú para situar a Latinoamérica en la nueva geopolítica global.

La Comisión de Política Exterior del Congreso de Estados Unidos acaba de presentar su informe sobre la Estrategia Nacional de Defensa del país. Nuestra región es una de las menos mencionadas y se la identifica expresamente como “teatro de la competencia entre las grandes potencias”. En este caso, el documento de 132 páginas del Congreso de los EE.UU. explicita que la región es espacio de disputa y subraya la necesidad de urgente preparación para múltiples escenarios de confrontación armada.

Hace 40 años, las transiciones del autoritarismo a la democracia en América Latina se vieron condicionadas por los estertores finales de la Guerra Fría: había que evitar que la pinza del conflicto Este-Oeste -en ese entonces focalizada en Centroamérica- estrangulara los procesos de salida de las dictaduras y democratización.

El proceso de integración tenía así también un propósito estratégico: que las democracias en cada país pudieran afianzarse en un entorno regional libre de conflictos armados y enfrentando con éxito las amenazas de regresión autoritaria. Ahora, se trata de evitar que el conflicto geopolítico global nos arrastre a recorrer el camino inverso, sin malla de contención y en un escenario regional fragmentado. Y Venezuela puede representar, en tal sentido, un verdadero punto de inflexión.

*Texto publicado originalmente en Clarín

La «carabinerización» de la seguridad en América Latina

Los ministerios de Justicia y Asuntos Civiles de Brasil están discutiendo un nuevo paquete de medidas legislativas vinculadas a la seguridad pública. Liderado por el ministro Ricardo Lewandowski, actual titular de la cartera de Justicia y Seguridad Pública del gobierno Lula, el proyecto prevé la creación de un fondo federal para financiar proyectos de seguridad pública. Además de un aumento de los recursos, el proyecto incluye importantes cambios constitucionales y de funcionamiento de determinados cuerpos policiales, con el objetivo de una mayor «carabinerización» de la seguridad en el país, y como reflejo de las dinámicas regionales en la materia.

Buscando «equipar las políticas brasileñas y, sobre todo, el sistema de inteligencia brasileño», en palabras de Lewandowski, el proyecto prevé la inclusión del Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP) en la Constitución brasileña. El SUSP «da una arquitectura uniforme al sector nacional y prevé el intercambio de datos, operaciones y colaboraciones en las estructuras federal, estadual y municipal«. Según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la actual estructura del SUSP no permite la intervención directa del gobierno federal en el día a día de la seguridad de la población, además de que prevé el desacuerdo con los proyectos llevados a cabo por los gobiernos estatales y municipales.

La propuesta presentada tiene muchas similitudes con otras experiencias recientes en América Latina. Generalmente ligadas a grandes cambios constitucionales, con una mayor implicación de los gobiernos nacionales en la aplicación de la ley, han tenido un resultado ambivalente al que debemos prestar atención. Con estas medidas, ha aumentado sobre todo la libertad de la policía para actuar violentamente contra la población, lo que plantea importantes interrogantes sobre su función política en la actualidad.

El panorama latinoamericano de la federalización de la seguridad

Desde principios del siglo XXI, los países latinoamericanos han agrupado sus preocupaciones en materia de seguridad bajo las denominadas «amenazas a la seguridad pública». Tras la ola de liberalización y democratización que vivieron los países de la región en los años ochenta y noventa, las amenazas militares y los niveles de desconfianza entre los países disminuyeron considerablemente.

Esto construyó un consenso regional sobre la idea de que la principal amenaza para la seguridad de las sociedades latinoamericanas ya no eran las tensiones en el escenario internacional, sino las cuestiones relacionadas con la violencia y las actividades de los grupos criminales. Esta visión se consolidó en 2003 con la firma de la Declaración sobre Seguridad en las Américas, que estableció la criminalidad como un tema regional de primer orden, bajo el espectro de la Guerra contra el Terror promovida por Estados Unidos en ese momento. Esta percepción ha provocado cambios importantes bajo la administración de gobiernos de distinto signo ideológico.

Entre 2001 y 2020, los gobiernos latinoamericanos introdujeron treinta y cinco cambios en la organización, el papel y las responsabilidades de las fuerzas de seguridad. Muchos de ellos se debieron al proceso de eliminación de los resabios autoritarios del siglo XX, y se concentraron en la década comprendida entre 2001 y 2011. Durante este período, cinco países introdujeron cambios en su legislación interna sobre fuerzas de seguridad: Brasil, Perú, El Salvador, México y Chile. Este último destaca por haber realizado el mayor número de reformas en materia de seguridad, con revisiones de la Ley de Seguridad del Estado en 2001, 2002, 2004, 2005 y 2010, y de la Ley Antiterrorista en 2002, 2003, 2005 y 2010.

En la década siguiente, otros países siguieron este camino. El cambio en la ley que penaliza el consumo de cannabis llevó a Uruguay a modificar las actuaciones policiales en la materia en 2013, y en 2014 se creó por primera vez en Argentina el Ministerio de Seguridad. Perú realizó cambios en sus cuerpos policiales en 2015, y entre 2016 y 2018 El Salvador y México modificaron su legislación. En estos dos últimos casos, el cambio fue para endurecer las penas vinculadas a la conexión entre instituciones policiales y grupos criminales.

En 2019, México anunció la creación de la Guardia Nacional, creada a partir de la Policía Federal Preventiva, que concentra la capacidad de acción del Ejecutivo federal en materia de seguridad local. Sin embargo, este no es un cambio aislado. En América Latina los gobiernos locales, departamentales y/o estatales están siendo relevados de sus responsabilidades para concentrar su capacidad de acción en el gobierno central o federal de la nación. Esta es la propuesta, por ejemplo, del paquete en discusión en Brasil, que prevé la transformación de la Policía Federal de Carreteras en una policía ostentosa, bajo el mando del gobierno federal brasileño.

La «carabinerización» de la seguridad latinoamericana

Los cambios realizados en el área de la seguridad pública por los gobiernos latinoamericanos representan un fenómeno importante en el escenario regional. La propuesta brasileña de transformar la Policía Federal de Carreteras en un ostentoso cuerpo policial, además de hacerse eco de experiencias en otros países, plantea la cuestión de la politización de estos cuerpos policiales y su indeterminación en América Latina. Basta recordar que este fue el camino adoptado por el gobierno mexicano: la Guardia Nacional creada en 2019 se remonta a la Policía Federal de Caminos, que se transformó en Policía Federal Preventiva en 2000 y en Policía Federal en 2009. Diez años después, recibiría no sólo una nueva nomenclatura, sino mayores responsabilidades.

Este proceso está relacionado con la idea de que las fuerzas de seguridad en América Latina deben ser una parte importante de los mecanismos estatales en la «guerra contra el crimen». Esta retórica, sin embargo, lleva a la construcción de aparatos policiales que dejan de actuar como mecanismo de resolución de crímenes y reparación de daños para convertirse en instrumentos de represión social. No es casualidad que la Policía Federal de Carreteras de Brasil estuviera fuertemente implicada en la represión del acceso de los votantes a los colegios electorales en las elecciones presidenciales de 2022.

Sin embargo, Las políticas alternativas no deben aparecer bajo la bandera del fortalecimiento de la capacidad de acción violenta de la policía contra la población que podrían. La excusa de la lucha contra la delincuencia podría generar la adopción de medidas excepcionales como está ocurriendo en la «guerra contra las pandillas» de Nayib Bukele donde se está llevando a cabo sistemáticamente la tortura de niños y adolescentes bajo el pretexto de la lucha contra la delincuencia. La transformación de las fuerzas de seguridad latinoamericanas en «carabinieri», fuerzas de seguridad intermediarias entre la guerra y el crimen, tiende a acentuar esta dinámica en la región, elemento que puede poner en entredicho la garantía del pleno ejercicio de los derechos humanos y sociales de las poblaciones de América Latina.