¿Qué podemos aprender de la privatización de la educación en Chile?

Camila Mella San Martín
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¿Qué podemos aprender de la privatización de la educación en Chile?

Desde el año 2020 la desigualdad ha vuelto a aumentar a nivel mundial y regional. La brecha entre el Norte y el Sur global ha crecido por primera vez en 25 años, y esta extrema desigualdad se ha consolidado como nuestra “nueva normalidad”. Sin embargo, esta “nueva normalidad” no es nueva en América Latina, la región más desigual del mundo, y menos en Chile, uno de los países más desiguales de la región más desigual del mundo. ¿Qué podemos, entonces, aprender de la desigualdad en Chile?

Si bien el aumento de la desigualdad es un fenómeno multifactorial, una de sus causas es la progresiva privatización de servicios públicos como la educación, la salud y las pensiones. En la década de 1980, Chile transitó esa ruta asumiendo que el mercado era más eficiente que el Estado en la distribución de estos servicios. Y en el caso de la educación, ello significó la privatización, tanto de la provisión como del financiamiento del sistema escolar y superior.

No obstante, en estas décadas se ha demostrado que la consolidación del mercado ha fracasado en sus propios términos, pues si bien la desigualdad en educación no ha aumentado, tampoco se ha reducido. En efecto, numerosas investigaciones, como la de Danilo Kuzmanic Reyes demuestran que la privatización impulsa nuevas desigualdades educativas.

Consecuencias de la privatización de la educación

Si bien la matrícula en educación superior se masificó gracias a la creación de instituciones privadas, el pago de aranceles y matrículas se instauró en todo el sistema. De esta manera, el gasto público en educación se mantuvo relativamente estable mientras el financiamiento del sector se basó sobre créditos y becas estudiantiles.

Las movilizaciones sociales (particularmente estudiantiles) de 2006 y 2011 en las calles de Chile impulsaron políticas de regulación del – hasta entonces llamado – “mercado de la educación superior”, con el objetivo de prohibir el lucro y fomentar la equidad en el acceso y la calidad de la educación superior. Para ello, la estrategia elegida fue debilitar las barreras económicas de ingreso, asumiendo que el mérito y el esfuerzo personal reducirían las brechas durante el tránsito y a la salida de la educación superior.

El impacto de dichas medidas ha transformado a la educación superior chilena en un sistema masivo y diverso, en donde las oportunidades de acceder a este nivel educativo han aumentado transversalmente, integrando a sectores históricamente excluidos (tales como mujeres, población rural y pueblos originarios). Sin embargo, esto no se ha traducido en un declive de la desigualdad.

Por un lado, créditos y becas, y la reciente política de gratuidad progresiva sí han reducido el efecto de los recursos económicos (ejemplo: ingreso del hogar) tanto en el acceso general como en el ingreso a las instituciones menos selectivas. Pero, por otro lado, el efecto de los recursos socioculturales de origen (ejemplo: nivel educativo de los padres) ha disminuido en menor medida en el acceso general, permaneciendo inalterado en el ingreso a las instituciones más selectivas como las universidades del Consejo de Rectores.

¿Cuál ha sido el resultado?

Estos cambios han generado una disminución de la desigualdad cuantitativa en educación superior, pero un aumento de la segmentación socioeconómica entre instituciones terciarias. Asimismo, se ha producido un incremento de las desigualdades cualitativas en educación superior, remarcando la distinción entre las barreras de entrada, de tránsito y de salida, junto a la importancia de las brechas simbólicas y psicoemocionales en la reproducción de la desigualdad educativa.

La combinación de estos factores arroja un escenario de creciente desigualdad cualitativa en la educación superior chilena, con un patrón similar al que describe el informe de Oxfam de 2024: uno “impulsado por la parte superior”, en donde una reducida minoría concentra la mayoría de la riqueza, los ingresos, el poder y, por cierto, las oportunidades educativas y laborales. Este patrón ha sido identificado en Chile y otros sistemas educativos latinoamericanos, pese a ser originalmente una particularidad del caso chileno en torno a las posibilidades reducidas de movilidad social. De allí se acuñó el término “desigual pero fluido”.

En Chile las instituciones terciarias más prestigiosas y selectivas continúan siendo casi exclusivamente para la élite, separándose del resto del espectro institucional de menor prestigio y selectividad. Esta polarización de las oportunidades educativas otorga posibilidades de acceso o movilidad educativa limitada, sólo a ciertas instituciones o programas de estudio, generando esta fluidez limitada o de corta distancia. En este sentido, si bien la masificación de la educación superior abrió el espectro de las oportunidades posibles, no ha logrado abrir el espectro de las oportunidades reales.

¿Qué podemos aprender de este ejemplo?

En primer lugar, si bien el debate sobre la desigualdad tiene un cariz eminentemente económico, el caso de la privatización de la educación chilena demuestra que no es posible reducir la desigualdad únicamente a través de políticas económicas. Es necesario considerar otras esferas de reproducción de la desigualdad: la inequitativa distribución de los ingresos o de la riqueza tiene un correlato sobre nuestra percepción de la desigualdad, nuestras oportunidades y expectativas de vida, entre otros aspectos. De hecho, la relación entre “desigualdad real” y “desigualdad percibida” ha sido definida como “rota”, “débil”, “transitoria”, “inestable” y “culturalmente situada”.

En segundo lugar, si bien el debate sobre la desigualdad aborda elementos estructurales al cuestionar el rol del Estado o del mercado, no es posible desconocer su impacto simbólico. En este sentido, si la estructura de oportunidades se polariza en un patrón desigual pero fluido, hay que repensar cómo el sistema educativo y el mercado laboral crean expectativas de movilidad social que luego no se transforman en oportunidades reales. De ello, por ejemplo, nos habla el creciente conflicto en Chile en relación con el cambio del sistema de financiamiento de la educación superior, en donde una alternativa es la condonación de las deudas estudiantiles. Para algunos, una medida razonable y justa; para otros, una política de populismo electoral. Habrá que esperar a ver qué sucederá con el proyecto que presentará el gobierno en septiembre de 2024.

En tercer lugar, es imposible desvincular el debate sobre desigualdad de discusiones políticas sobre “política” y “políticas públicas”. La concentración de la riqueza y de las oportunidades implica que, también, el poder se concentre en una minoría. Por lo tanto, es necesario considerar las condiciones de diálogo necesarias para impulsar cambios: es decir, cómo entablar el diálogo en política para impulsar cambios a través de políticas públicas. Y es que la reducción de la desigualdad en educación o en cualquier otro ámbito pasa, sobre todo, por la reducción de la desigualdad en política y en políticas públicas.

La influencia de la ultraderecha europea en América Latina

Sebastián Godínez Rivera
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Desde hace algunas décadas, el mundo viene presenciando el ascenso de la ultraderecha en varios países, cada una con sus respectivas particularidades. El nacionalismo ha enarbolado nuevas banderas en varias latitudes donde las derechas moderadas han perdido fuerza frente a la naciente ultraderecha. Hablar en plural de ellas implica reconocer sus peculiaridades y no encasillarlas en un concepto homogéneo.

Autores como Anthony Giddens, Norberto Bobbio, Pippa Norris y Pablo Stefanoni coinciden en que los preceptos de las derechas se basan en la defensa de la vida y la propiedad privada; recientemente han adoptado la pugna por el libre mercado, el nacionalismo y los discursos antisistema. El siglo XXI ha dado paso a la formación de la nueva derecha, la cual es más agresiva discursivamente, rayando el populismo en algunos casos.

Las olas migratorias provenientes del norte de África y Medio Oriente detonaron discursos nacionalistas y anti inmigrantes en Europa. Partidos que provienen desde el siglo pasado, como el de Le Pen, han tenido un ascenso lento pero constante, mientras que en otros países han surgido nuevos partidos radicales. Viktor Orbán en Hungría, el partido político Ley y Justicia en Polonia o Alternativa por Alemania cobraron relevancia producto, en parte, del rechazo a la migración.

Pero el ascenso del radicalismo se entiende también por el descontento con la democracia, los partidos tradicionales, las crisis económicas y la expansión de la ideología de izquierda en algunas naciones. En este contexto, sectores de diversos países comenzaron a verse atraídos por políticos que decían lo que querían escuchar y dejaban de lado la corrección política. Esto fue gestando la semilla de la derecha nacionalista europea. Y mientras que en el Reino Unido Boris Johnson se promovía como el único capaz de concretar la salida de la Unión Europea, en Estados Unidos se consolidaba la primera candidatura de Donald Trump.

Los nexos entre la extremas derechas europeas y americanas

El triunfo electoral de Trump en 2015 significó un impulso a la ultraderechas de todo el mundo incluido Europa, mientras que en la región aún predominaba la marea rosa, llamada así por la diversidad de izquierdas que gobernaban. Pero con el ciclo electoral 2018-2024 comenzaron a tener cada vez más relevancia los radicales de derecha latinoamericanos, que adoptaron posturas agresivas para atraer a nuevos sectores sociales. Nayib Bukele se convirtió en el promotor de la política de mano dura, el libertario Javier Milei logró que su voz fuera escuchada en todo el mundo, pero Jair Bolsonaro fue el primer gran líder de esta nueva era.

Bolsonaro, fundador del bolsonarismo, representa una ideología caracterizada por un ferviente militarismo, la exaltación de valores tradicionales como la familia y la religión, y la dura oposición de los avance de los derechos de las minorías y mujeres. Por otro lado, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, se ha dado a conocer a nivel mundial por su política de mano dura fascinando a líderes de varios países. Bukele, a través de los estados de excepción y la consolidación de un partido cuasi hegemónico, ha perseguido a las principales bandas delincuenciales.

Su método ha generado críticas por la violación a los derechos humanos. Sin embargo, varios políticos de la región se han interesado por su modelo para combatir la violencia; desde la izquierdista presidenta de Honduras, Xiomara Castro, hasta la ministra del Interior argentina, Patricia Bullrich.

Finalmente, la victoria de Javier Milei en 2023 abrió paso al libertarismo. Algunos lo han apodado “el Trump argentino” y lo han descrito como una respuesta del neoliberalismo ante la crisis marcada por la inflación que vive el país y el desgaste tras casi veinte años de gobiernos kirchneristas.

Al día de hoy el avance de la ultraderecha es visible en todo el mundo. En Europa, mientras que en Italia Giorgia Meloni se convirtió en primera ministra imponiendo una agenda nacionalista que busca devolver la gloria a la nación mediterránea, personajes como el holandés Geert Wilders no paran de fortalecerse, al punto de que tras los comicios de 2024 es muy probable que se convierta en primer ministro. En Francia, tras las elecciones legislativas, Rassemblement National se convirtió en la fuerza más votada, mientras que en España el partido Vox no ha tenido un crecimiento exponencial pero ha logrado posicionarse como una de las tres fuerzas más votadas a nivel nacional.

Ante este ascenso de la extrema derecha, las derechas tradicionales pasaron a convertirse en las segundas fuerzas en diversos Parlamentos como Finlandia, Suecia, Serbia y Bulgaria, por mencionar algunos. En otros como Polonia, Hungría y Austria se han convertido en partidos gobernantes que ahora pretenden acumular mayor poder, modificar la correlación de fuerzas en la Unión Europea y extender su influencia hacia otras latitudes.

El ascenso de estos partidos y líderes se debe, en gran medida, a los altos niveles de votación de los jóvenes de entre 21-29 años, quienes se sienten más atraídos por los extremos. Esto no es exclusivo del Viejo Continente; de acuerdo a Latinobarómetro, el apoyo a la democracia ha venido en descenso y muchos prefieren un líder autoritario que garantice estabilidad económica, seguridad y movilidad social.

2024 un año clave

Este ha sido un año clave para las extremas derechas europeas y americanas. Los comicios para el Parlamento Europeo arrojaron un crecimiento del radicalismo, y si bien los europeístas y centro derechistas tienen la mayoría, el nacionalismo se posicionó como el segundo bloque de mayor presencia. Su victoria llevó a Emmanuel Macron a disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones anticipadas, lo que provocó el ascenso de Le Pen, y al primer ministro belga, Alexander De Croo, a dimitir de su cargo, mientras que en varios países se daban grandes protestas.

En América, mientras tanto, sus correligionarios Javier Milei, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele, Daniel Noboa y Donald Trump celebraron los resultados de las elecciones europeas. Y es que este avance europeo no sólo resuena en la región sino que puede llegar a ser un motor de radicalización de las derechas tradicionales de América Latina, una región donde la izquierda gobierna en la mayoría de los países y en muchos casos bajo líderes populistas.

En conclusión, aunque pueda parecer que los efectos electorales de Europa y de Estados Unidos no afectan a la realidad americana, esto es ya una realidad, y el primer gobierno de Trump fue una clara muestra de ello. En un mundo interconectado por la tecnología y la información, los discursos permean no solo a las audiencias nacionales sino también a las extraterritoriales. Por ello, quizá debemos comenzar a prestar más atención a lo que ocurre, no solo del otro lado del Río Bravo, sino también al otro lado del océano Atlántico para prever los posibles impactos en América Latina.

La reflexión después del proceso electoral en México

Luis Miguel Santibáñez Suárez
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La reflexión después del proceso electoral en México

El domingo 2 de junio más de 98 millones de mexicanos tuvieron el derecho de acudir a las urnas para participar del proceso electoral más grande de la historia del país. Fue una contienda donde se enfrentaron tres candidaturas a la presidencia de la República, y por primera vez una mujer encabezará la primer magistratura de la nación.

Para este proceso se eligieron 20.708 cargos, entre los que destacan nueve gubernaturas, 300 diputaciones federales, de las cuales 44 son consideradas indígenas y 63 postulaciones para acciones afirmativas, es decir, candidaturas para personas en condiciones vulnerables respecto al resto de las candidaturas, por ejemplo personas con discapacidad o de diversidad sexual, entre otras. 

En este marco, donde la democracia mexicana busca consolidar su fortaleza en estas casi tres décadas de organismos electorales autónomos, la autoridad electoral debe garantizar las condiciones necesarias para que el proceso electoral se pueda llevar a cabo en condiciones de paz, armonía, certeza y legalidad, para que cada ciudadana y ciudadano tenga la seguridad de que su voto se contará y tendrá el valor que aporte a la elección.

Las candidaturas, los partidos políticos y los equipos que participan deben respetar las reglas, exponer sus propuestas y convencer con argumentos al electorado. Es importante recalcar, en un país con tanta desigualdad, la necesidad de analizar los planes de gobierno, compararlos y propiciar una cultura de voto informado.

El gobierno, por su parte, debe cumplir con su papel coadyuvante al buen desempeño del proceso electoral, evitar el uso de recursos públicos y generar condiciones de confianza para el respeto de los resultados. 

Una vez configurados los elementos antes descritos, el ojo y la vigilancia de la comunidad internacional para garantizar el cumplimiento de la ley es fundamental. El éxito de un proceso electoral no reside exclusivamente en el respeto a los resultados, sino a que estos sean legítimos, aceptados por todas las fuerzas políticas, las candidaturas, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto.

Así, en un contexto de polarización enmarcado por la violencia en las campañas, las elecciones mexicanas pudieron celebrarse en condiciones de paz y armonía. Al respecto hay que destacar que el día de la jornada electoral fueron escasos los brotes de violencia que se vislumbraban para varias entidades, más aún cuando en los días previos un candidato opositor fue ejecutado en medio de un evento político de cierre de campaña, en el estado de Guerrero, una entidad marcada por los altos índices de violencia.

Por otro lado, hubo altos índices de participación en entidades como Yucatán, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla y Coahuila, donde más del 65% de las personas inscritas en la lista nominal pudieron participar. También se destaca que la participación nacional apenas superó el sesenta por cierto, cuando se esperaba que acudiera más del 63,4% que se obtuvo en 2018.

En los resultados finales, pudo observarse que la candidata Claudia Sheinbaum, postulada por los partidos Morena, Verde Ecologista y del Trabajo, obtuvo el 59,8% de los votos, mientras que la candidata opositora Xóchitl Gálvez, de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, apenas alcanzó el 27,5% de los apoyos. Llama la atención que el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, logró el 10,3% de los votos, una situación que sitúa a su partido en una posición de claro crecimiento, sobre todo en zonas urbanas.

Para la parte de las gubernaturas, Morena obtiene siete de nueve en disputa, mientras que ejercerá mayoría absoluta en 27 congresos locales y, según las proyecciones de diversos análisis, la tendrá en la Cámara de Diputados y se quedará a un par de escaños para conseguirlo en el Senado.

Por su lado, la oposición, si bien mostró resultados catastróficos, que incluso terminan con la vida del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien no alcanza el umbral del 3% para mantener su registro, gobernará en 14 de 32 estados. 

Es importante destacar que después del 2018 los partidos de oposición no supieron reconstruirse. Los resultados demuestran que no lograron sostener siquiera a sus estructuras al interior del país, confirmando una desarticulación entre la campaña presidencial y los partidos políticos. Estos últimos quedaron evidenciados en la integración de las listas de representación proporcional para el Congreso, dejando de lado los intereses de sus militancias o bien de las organizaciones de la sociedad civil, quienes habían arropado la candidatura de Xóchitl Galvez y que, por decir de los resultados, habrían aportado más votos que los propios partidos.

De lado de la candidatura de Sheinabum esta contó con los apoyos del presidente, toda la estructura del partido en el gobierno y del discurso de la continuidad, que permeó en todas las estructuras socioeconómicas del país y que facilitaron el cómodo triunfo. Voltear hacia la población más desprotegida, dotar de recursos a millones de familias, generó un cúmulo de apoyos que se tradujeron en más de 35 millones de sufragios, superando incluso los números de Andrés Manuel López Obrador de 2018.

Es importante destacar que hay muchas tareas por ejercer. Primero, en materia electoral es necesario revisar el esquema de los actos anticipados de precampaña y campaña. Si bien el proceso electoral inició en septiembre del año pasado, existen múltiples señalamientos de que inició de manera fáctica a partir de mediados de 2021, lo que permitiría —en primera instancia— al Tribunal Electoral determinar si estos posibles actos configuran un escenario de ventaja clara hacia una de las candidaturas.

El asunto del financiamiento de las campañas y los actos de violencia deberá evaluarse y generar insumos para perfeccionar tanto los criterios de fiscalización como la intromisión de agentes externos en los procesos electorales, que muchas veces detonan en situaciones de violencia. 

Preocupa también el índice de participación electoral, por lo que habrá que revisar las estrategias que permitan al Estado, es decir, a todos los entes en su conjunto, encaminar los trabajos a la construcción de cultura política y de responsabilidad democrática.

Voces silenciadas: el impacto del mobbing laboral en las mujeres latinoamericanas

Carolina Elizalde
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Voces silenciadas: el impacto del mobbing laboral en las mujeres latinoamericanas

Laura, una joven profesional ecuatoriana, comenzó a trabajar en 2019 en una empresa de tecnología en Quito. Desde el primer día, comenzó a experimentar acoso laboral. Sus colegas masculinos hacían comentarios despectivos sobre sus capacidades y la excluían de reuniones importantes. Con el tiempo, estas acciones minaron su salud mental, llevándola a desarrollar ansiedad y depresión. A pesar de sus esfuerzos por denunciar, Laura no encontró el apoyo necesario dentro de la empresa, lo que finalmente la obligó a renunciar. La historia de Laura no es un caso aislado; refleja una realidad que muchas mujeres enfrentan diariamente en América Latina.

El mobbing laboral, esa forma insidiosa de acoso que carcome la dignidad y la autoestima de quienes lo padecen, es una realidad desgarradora para muchas mujeres, no salmente en Ecuador, sino a nivel regional. Este fenómeno, caracterizado por comportamientos hostiles y humillaciones sistemáticas, tiene profundas repercusiones tanto en la salud mental y física de las víctimas como en su desarrollo profesional. A pesar de las leyes y políticas existentes, el miedo a represalias y la falta de apoyo institucional perpetúan el silencio y la invisibilidad de esta problemática.

Un patrón sistemático

El mobbing laboral no es solo una serie de incidentes aislados, sino un patrón sistemático de comportamientos hostiles. Muchas veces, este fenómeno tiene un enfoque de género marcado, ya que las mujeres son las principales afectadas debido a factores culturales, económicos y sociales que perpetúan su vulnerabilidad en el entorno laboral. El mobbing incluye comentarios hirientes, humillaciones, exclusión social y exigencias irrazonables, y su impacto en la vida de las mujeres es devastador.

Las cifras son claras y alarmantes: en 2019, 2 de cada 10 mujeres en Ecuador experimentaron algún tipo de violencia laboral, y el 97% de ellas no denunció por temor a represalias. Estos datos, proporcionados por el Ministerio de Trabajo y ONU Mujeres, no solo son escalofriantes, sino que subrayan la gravedad del problema y la urgencia de abordarlo de manera efectiva​​.

A nivel regional, la situación es igualmente preocupante. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Gallup, uno de cada cinco empleados en todo el mundo ha sufrido al menos una modalidad de violencia o acoso laboral durante su vida laboral​​​​. Más de tres de cada cinco víctimas de violencia y acoso en el trabajo aseguran haberlo sufrido varias veces, y para la mayoría el incidente más reciente sucedió en los últimos cinco años​​​​. De hecho, América Latina mostró la mayor prevalencia de la violencia psicológica y el acoso, con un 29,3% de incidencia, seguida de África con un 20,2%​.

Además, el estudio resalta que la violencia y el acoso psicológico son las formas más comunes de violencia laboral, afectando al 17.9% de los empleados a nivel mundial, mientras que el 8.5% ha enfrentado violencia física y el 6.3% ha sido víctima de violencia sexual, siendo las mujeres particularmente vulnerables a esta última​.

Las consecuencias del mobbing laboral para las mujeres son múltiples y profundas. A nivel psicológico y emocional, puede llevar a la depresión, la ansiedad y la baja autoestima. A nivel laboral, las víctimas suelen experimentar una disminución en la productividad, ausentismo y, en muchos casos, se ven obligadas a renunciar, afectando su estabilidad económica y sus oportunidades de carrera. En palabras de una víctima, “el mobbing no solo te quita la paz, te quita tu futuro”.

Estas cifras subrayan la urgencia de abordar el problema de manera efectiva y la necesidad de implementar políticas públicas y marcos normativos que no solo castiguen a los acosadores, sino que también protejan y apoyen a las víctimas​.

Políticas para combatir el acoso

Ecuador cuenta con leyes y políticas destinadas a combatir el acoso laboral. El «Protocolo de Prevención y Atención de Casos de Discriminación, Acoso Laboral y Toda Forma de Violencia contra la Mujer en los Espacios de Trabajo«, implementado por el Ministerio de Trabajo y ONU Mujeres, es un paso importante en esta dirección. Este protocolo establece medidas para prevenir y atender casos de acoso laboral, proporcionando un marco para la denuncia y la intervención en estos casos​​. Sin embargo, la efectividad de estas políticas depende en gran medida de su implementación y del apoyo institucional a las víctimas.

En América Latina, varios países han implementado políticas efectivas para combatir el acoso laboral y proteger a las víctimas. Por ejemplo, en Chile, el «Protocolo de actuación ante el acoso laboral» establece procedimientos claros para la denuncia y el manejo de casos de acoso laboral, y se han desarrollado campañas de concienciación para promover un ambiente laboral saludable. Además, la Ley 1010 de 2006 en Colombia define y sanciona el acoso laboral, estableciendo mecanismos de prevención y protección para las víctimas. Esta ley incluye la creación de comités de convivencia laboral en las empresas para mediar en conflictos y prevenir situaciones de acoso. En México, la NOM-035-STPS-2018 es una normativa que obliga a los empleadores a identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial en el trabajo, incluyendo el acoso laboral, y a promover un entorno organizacional favorable​.

Estas iniciativas demuestran un esfuerzo creciente en la región para abordar y reducir el acoso laboral, proporcionando un marco legal y mecanismos de apoyo que buscan proteger a los trabajadores y promover un ambiente de trabajo seguro y respetuoso.

Además de la historia de Laura, muchas otras mujeres en diversos sectores laborales han compartido sus experiencias de mobbing laboral. Estos testimonios destacan la diversidad de contextos en los que se presenta el acoso y la necesidad de estrategias específicas para cada sector. Por ejemplo, las trabajadoras en la industria de la salud en Ecuador reportan una alta incidencia de mobbing debido a la presión extrema y las largas horas de trabajo, mientras que en el sector tecnológico, el acoso a menudo se relaciona con estereotipos de género y la infrarrepresentación de mujeres en posiciones de liderazgo.

¿Cuál es la solución?

El mobbing laboral es una manifestación clara de la violencia de género que perpetúa la desigualdad y el sufrimiento de las mujeres en el ámbito laboral. Es fundamental que se implementen y fortalezcan políticas públicas que no solo castiguen a los acosadores, sino que también creen un entorno seguro y de apoyo para las víctimas. Las empresas deben asumir un papel activo en la prevención del acoso, promoviendo una cultura de respeto e igualdad.

Para romper el silencio que rodea al mobbing laboral, es esencial empoderar a las víctimas, permitiéndoles denunciar sin temor a represalias mediante canales anónimos y seguros. Además, las instituciones deben garantizar una respuesta eficaz y justa, lo que incluye la capacitación del personal y la implementación de políticas de tolerancia cero al acoso. Los gobiernos tienen la responsabilidad de reforzar las leyes existentes y crear nuevas políticas que protejan a las víctimas y castiguen severamente a los acosadores, asegurando su efectiva implementación.

Es fundamental llevar a cabo campañas de sensibilización y educación para cambiar la percepción cultural sobre el mobbing y promover un ambiente de respeto y dignidad en el trabajo. Además, se debe proporcionar apoyo psicológico y asesoramiento legal a las víctimas es crucial para ayudarlas a superar el trauma y guiarlas en el proceso de denuncia.

En este sentido, el compromiso empresarial es vital para promover una cultura de respeto e igualdad mediante la formación continua de los empleados y la creación de un entorno laboral inclusivo y seguro. No se trata solo de una cuestión de justicia social, sino de una necesidad urgente para asegurar que las futuras generaciones de mujeres puedan desarrollarse profesionalmente en un ambiente libre de acoso y discriminación.

La responsabilidad recae en los gobiernos, las empresas y la sociedad civil para construir un mundo laboral donde la dignidad y el respeto sean la norma y no la excepción. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa, donde todas las personas puedan trabajar en un ambiente libre de acoso y discriminación.

Género e interseccionalidad de las injusticias

Natalia Gavazzo
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Género e interseccionalidad de las injusticias

La humanidad enfrenta una década de creciente desigualdad marcada por una pandemia global, nuevas guerras, crisis del costo de vida y colapso climático. Según el Informe Desigualdad S.A de OXFAM (2024), 4.800 millones de personas, principalmente mujeres, personas racializadas y grupos excluidos, son más pobres hoy que en 2019, y la desigualdad entre el Norte y el Sur global continúa en aumento. Mientras los precios superan a los salarios, provocando protestas y huelgas, los gobiernos de países de renta baja y media-baja luchan por mantener sus finanzas a flote debido al aumento de deudas y pagos de intereses. Pero la desigualdad no es simplemente una ecuación. Comprender sus diversas manifestaciones nos ayudará a crear soluciones integrales para priorizar a la población más excluida.

Primero, existen desigualdades socioeconómicas basadas en la acumulación o carencia de bienes materiales y simbólicos. De hecho, la mayor parte de la riqueza mundial y los súper ricos se concentran en el Norte global, un legado del colonialismo europeo basado en la esclavitud y el despojo de pueblos indígenas y afrodescendientes. Estas relaciones neocoloniales persisten hoy, perpetuando desequilibrios económicos que favorecen al Norte que, a pesar de representar solo el 21 % de la población mundial, posee el 69 % de la riqueza mundial y el 74 % de la riqueza billonaria.

Segundo, las desigualdades étnico-raciales y culturales retoman estigmas y estereotipos negativos provenientes de la invasión colonial que creó un eje de dominación cultural basado en la raza, justificando la inferioridad de lo «no blanco». En Brasil, por ejemplo, los ingresos de las personas blancas actualmente superan en un 70 % a los de las personas afrodescendientes. Mientras el racismo naturalizó las relaciones de dominación, el capitalismo generó nuevas estructuras para el control del trabajo, sustentando la colonialidad y el eurocentrismo del capital mundial.

Tercero, tenemos desigualdades de género que sitúan a mujeres y niñas en un papel subordinado a los hombres, independiente de clase, país o cultura. Los feminismos han visibilizado estas desigualdades en múltiples ámbitos: en el hogar, donde las mujeres realizan actividades no reconocidas ni remuneradas; en el trabajo, donde enfrentan brechas salariales y ocupan empleos más precarios y peor pagados; y en la esfera pública, con baja representación en puestos jerárquicos a pesar de ser mayoría.

Algunos datos

En 2019, las mujeres ganaron a nivel mundial solo 51 centavos por cada dólar obtenido por los hombres quienes poseen 105 billones de dólares más de riqueza que aquellas. Pero estas desigualdades se agravan con discriminaciones basadas en raza y condición migratoria, afectando especialmente a trabajadoras migrantes.

Frente a este complejo escenario, el concepto de interseccionalidad, originado en los feminismos afro y latinoamericano, ayuda a comprender y nombrar las múltiples desigualdades que se cruzan cuando se pertenecen simultáneamente a varios colectivos vulnerabilizados y oprimidos. Es crucial dimensionar las injusticias experimentadas por aquellas personas que, además de «ser pobres», enfrentan obstáculos en el acceso a derechos básicos por «ser negros», «marrones», «mujeres», «lesbianas», «trans», o por vivir en barrios segregados del sur global donde se combina la degradación ambiental con la exclusión socioeconómica. La justicia social, económica, racial y de género deben entenderse como partes de un sistema complejo de opresiones y desigualdades.

El debate sobre la justicia climática nos obliga a considerar también las desigualdades ambientales, que señalan el impacto diferencial de la crisis ecológica entre regiones y poblaciones. Por ejemplo, según los cálculos de OXFAM, el 1% más rico de la población mundial genera tantas emisiones de carbono como los dos tercios más pobres de la humanidad. Desde la perspectiva interseccional, observamos que mientras los ricos contribuyen a la crisis, las personas de países de renta baja y aquellos en pobreza son las más afectadas; y las mujeres y niñas tienen menos probabilidades de sobrevivir a desastres naturales debido a roles de género que limitan sus capacidades para tomar decisiones vitales.

Además, las personas racializadas –sobre todo en las Américas- suelen vivir en barrios con menor cobertura arbórea y mayores temperaturas que los residentes «blancos». Los pueblos indígenas también son gravemente afectados por el cambio climático: sus formas ancestrales de gestión de la tierra y su relación estrecha con el ambiente natural han sido amenazados por industrias extractivas, la discriminación y la marginación sistémicas.

El enfoque interseccional permite comprender entonces los sistemas de opresión vinculados: colonialismo, capitalismo, extractivismo y patriarcado. Las estructuras de explotación de la naturaleza están intrínsecamente relacionadas con las opresiones patriarcales, racistas y eurocéntricas que sustentan el capitalismo. Estos patrones de poder y los modelos económicos actuales siguen fomentando la desigualdad y la injusticia social y ambiental. Al enfocarse en el crecimiento y la producción, invisibilizan que la economía es sostenida por el trabajo de cuidados, generalmente relegado a las mujeres.

¿Cuánto vale el trabajo de cuidados no remunerado?

El valor económico del trabajo de cuidados no remunerado realizado por mujeres se estima en 10,8 millones de dólares anuales, triplicando el tamaño de la industria tecnológica mundial. Las mujeres vulnerables entonces cumplen tareas esenciales para el sostenimiento de la vida: desde el cuidado de niños, enfermos y ancianos, hasta la protección de ecosistemas y la salud comunitaria en territorios degradados. También se encargan de la limpieza y saneamiento de barrios populares, la creación de espacios de recreación, el apoyo a víctimas y la protección de la biodiversidad, además de liderar reclamos ante el Estado.

Mientras casi la mitad de la humanidad vive por debajo del umbral de pobreza, los modelos económicos extractivos causan una crisis climática global que es atendida por las personas más afectadas y con menos poder. Así, la justicia climática es inseparable de la justicia social, económica, racial y de género. Frente a esta creciente desigualdad, es urgente actuar para reducirla. Economistas como Joseph Stiglitz proponen una radical redistribución de la riqueza, pero también se necesita una educación integral (ambiental, antirracista y feminista). Es fundamental atender las injusticias extremas derivada de la interseccionalidad de las desigualdades y elegir entre una era de supremacía de una élite o un poder público transformador basado en la igualdad y la dignidad.

¿Intento de golpe de Estado o dramatización política?

José Orlando Peralta
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¿Intento de golpe de Estado o dramatización política?

La bota militar asaltó la Plaza Murillo en La Paz el miércoles 26 de junio. El centro político de Bolivia se transformó en el vértice mediático nacional e internacional por unas horas y la psicosis se apoderó de los bolivianos en diferentes lugares del país. El acontecimiento trajo los peores recuerdos a la mente de quienes vieron nacer a la hoy cuarentona democracia boliviana.

Juan José Zúñiga (comandante del Ejército de las fuerzas armadas hasta el día antes de su asonada, otrora hombre de confianza del presidente y detenido por actos de corrupción durante el gobierno de Morales) se convirtió en el protagonista de la política boliviana cuando en una tanqueta militar irrumpió a las puertas del Palacio Quemado (antigua casa de Gobierno) y durante tres horas quiso hacerse con el poder.

¿Pero fue este un intento real de golpe de Estado para redireccionar la ruta de gobierno, o una dramatización política para mejorar la imagen del presidente Arce? Desde el relato, el  perpetrador puso en juego, mediante tácticas ilegales, la democracia boliviana. Otra lectura podría ser la de una actuación donde el titiritero pone a actuar a su títere para ganar popularidad.

La circunstancia política

El lunes 24 de junio, Zúñiga (hoy destituido, detenido y acusado de terrorismo y alzamiento armado contra la soberanía del Estado) emitió una opinión política perturbadora: que no estaba de acuerdo con la candidatura de Evo Morales a la presidencia y qué, además, si lo requería lo aprehendería. Esta declaración provocó su destitución por parte del presidente Arce quien lo relevó el martes 25 de junio. Este, sin embargo, siguió cumpliendo obligaciones oficiales y no entregó su despacho provocando malestar en algunos miembros de las fuerzas armadas.

Al momento de su detención, el día de la irrupción en el Palacio Quemado, Zúñiga se justificó y fundamentó su condición de agente estatal para, paradójicamente, “restablecer la democracia” por la fuerza. Y, para ganarse la simpatía popular desde la oposición, propuso liberar a los presos políticos, entre ellos, Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez.

Pero en declaraciones entre empujones y antes de ser detenido, Zúñiga afirmó: “el presidente me dijo que la situación estaba jodida y necesitaba algo para levantar su popularidad”. A lo cual este le habría propuesto sacar los blindados a la calle y a lo cual Arce habría asentido. Creíble o no, en Bolivia, la veracidad de los relatos depende del extremo del que se observen los hechos.

Coyuntura preelectoral

La división interna del MAS ha determinado una nueva configuración en el escenario formal de la política (Asamblea Plurinacional). Las relaciones de fuerzas son favorables a la facción evista y las alianzas opositoras Creemos (Camacho) y Comunidad Ciudadana (Mesa) porque tienen el poder de neutralizar las iniciativas legislativas presidenciales.

Este reacomodo de las fuerzas parlamentarias (acuerdo entre evistas, camachistas y mesistas) obliga al vicepresidente Choquehuanca, mediante el mecanismo de la manipulación, a hacer todo lo posible para evitar la convocatoria y ejecución de nuevas elecciones judiciales. Mientras que Arce trata de equilibrar esta situación, complicada para el Ejecutivo, en el parlamento -lo que se conoce conceptualmente como gobierno dividido- con la politización del Tribunal Constitucional (autoprorrogado desde el 01 de enero de 2024): un recurso de poder o mecanismo coercitivo que le otorga legalidad a sus decisiones políticas, cuando de atacar a sus opositores se trata. A pesar de ello, esta es una coyuntura muy desfavorable para el poder Ejecutivo porque no solamente le falta apoyo en la Asamblea y en la calle, sino también le faltan dólares.

Contexto socioeconómico

En ambos escenarios -perpetrador y víctima, titiritero y títere-, la crítica situación económica y el correspondiente descontento social son el telón de fondo. La caída de producción de gas natural, la escasez de dólares, la irregular distribución de combustibles, entre otros problemas, han generado malestar en sectores populares y la clase media que ha afectado la popularidad de Arce. Según la encuesta de Gallup (mayo 2024), la aprobación de la gestión presidencial es del 18%, una de las más bajas en Latinoamérica.

Desde el relato del “intento de golpe de Estado”, el asalto de los militares busca destruir los valores e instituciones de la democracia e interrumpir el mandato presidencial. Mientras que desde la perspectiva del relato de la “dramatización política”, el general se ha prestado a un juego táctico para fortalecer al presidente como principal representante de la amenazada democracia.

Las relaciones de fuerzas en el parlamento, la división interna del MAS y los problemas socioeconómicos son el contexto en el cual se diseñó y desarrolló el asalto militar al Palacio Quemado: Zúñiga es la consecuencia insospechada de un espacio-tiempo tenso, no el rebelde con causa de una coyuntura crítica.

Casi nadie quiere golpes de Estados y casi todos apoyan la democracia. Sin embargo, la compleja situación en la que se encuentra el presidente, sumado a una intentona golpista con pocas probabilidades de éxito liderada por un amigo y afín ideológico del gobierno, despiertan sospechas.

En Bolivia nos caracterizamos por generar acontecimientos políticos sorprendentes, más aún cuando la coalición dominante está fragmentada. Pero, más allá de la producción de relatos, los hechos son vergonzosos (institucionalmente) a nivel internacional y desequilibrantes (políticamente) a nivel nacional.

¿Adiós inviernos?

Fabián Echegaray
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¿Adiós inviernos?

Sudamérica está olvidándose de los inviernos, así como buena parte del resto del mundo. Las imágenes emblemáticas de nevadas, muchedumbres abrigadas, programaciones para tiempo frío y paisajes helados van escaseando. Y a menos frío, más lluvias. En algunos casos, cada vez más frecuentes, las lluvias dejan paso a los diluvios. Como las que ocasionaron las tremendas inundaciones del estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, cuyas escenas de rascacielos tapados de agua trajeron de vuelta como realidad inescapable las hipótesis alarmistas de documentarios como Una verdad inconveniente o películas como Tempestad: un planeta en furia. “Por cada grado más de calor, se produce siete veces más de vapor de agua”, explica Andrew Schwartz, científico líder de la Universidad de Berkeley. Los inviernos calientes y mojados se convertirán, por lo tanto, en la nueva normalidad climática.

Con las alteraciones radicales del clima, deberían cambian los hábitos, las percepciones y las reacciones frente a las causas que los provocan. ¿Pero es eso lo que nos apuntan los datos de opinión pública? 

La encuesta anual de WIN, la mayor red internacional de agencias independientes, que entrevistó a casi 33.900 adultos en 39 países diferentes entre febrero y marzo de 2024, revela que las preocupaciones con las evidencias de crisis climática no han cesado. De hecho, Latinoamérica sobresale como la región que expresa más angustia ambiental, con valores próximos al 90%, por lo tanto con muy pocas diferencias ideológicas, partidarias, generacionales, clasistas o de educación. 

Hay claridad también sobre los gatillos que derivaron en los trastornos de calores inusuales, inviernos mínimos, lluvias torrenciales y ciclones fuera de época. En contraste con el negacionismo predominante en los Estados Unidos, pero también en países de bajos ingresos y alta vulnerabilidad ambiental como Pakistán, Indonesia, Nigeria o Costa de Marfil, donde entre el 25% y 40% de los ciudadanos atribuyen los cambios del clima a fenómenos naturales, los países latinoamericanos fuertemente culpabilizan de ello al desarrollo industrial o a los estilos de vida de las personas. 

La atribución de responsabilidad individual es de las más fuertes en Brasil, con un 54% que culpa a las elecciones personales del consumidor como fuente de las alteraciones ambientales. Sin embargo, lo que podría parecer una señal de alta concientización esconde la astucia de los sectores que estimulan la deforestación como la pecuaria y agricultura, así como la explotación maderera y minería. Entre los brasileños, un ínfimo 3% acusa al sector primario por los desajustes climáticos, a pesar que los informes de think-tanks de primer nivel y con respaldo científico como el Observatorio do Clima revelan que el 80% de las emisiones brasileñas provienen de la ocupación indiscriminada de los suelos por la ganadería y la consecuente destrucción de florestas para ello. 

Peruanos, mexicanos, ecuatorianos y argentinos tienen una noción algo más realista de cómo el extractivismo primario y la exploración rural generan emisiones, situándolo entre el 18% en los primeros y el 11% entre los últimos. En compensación, tienden a suavizar el dedo acusador sobre el consumo individual (aunque en Argentina y Chile más del 40% apunta en esa dirección para reconocer un culpado por los gases que alteran las temperaturas y ciclos de lluvia y sequía). Esa responsabilización individual revela la asimilación de discursos que expurgan otros sectores como el energético y primario, convirtiendo al consumidor particular en el gran destinatario de las directrices educadoras rumbo a una vida con menor impacto ecológico. ¿Hasta qué punto eso desvía la atención de muchos de los culpables? 

Más allá de la expiación parcial de ciertos sectores como el industrial y agrícola-ganadero, los latinoamericanos revelan que las cosas se complican a la hora de convertir esas ansiedades en actos individuales que favorezcan una menor huella ambiental o impacto climático. Preguntados sobre las acciones que adoptan en su día a día para vivir dentro de los límites planetarios, la inmensa mayoría se refiere a actividades vinculadas con el fin del ciclo de consumo, el descarte de bienes consumidos, mucho más que con moderaciones o neutralizaciones de la adquisición y uso de bienes a consumir. Cuando dos tercios de los consultados depositan todo su involucramiento mitigador del clima en el reciclaje, no están pensando en consumir menos o mejor, que sería, en la práctica, una perspectiva radicalmente más efectiva para revertir las causas individuales del recalentamiento global.

En contraste con países europeos, tan solo el 25% de los latinoamericanos ponderan parar de comprar fast fashion o moda rápida (versus más del 40% de los alemanes o franceses o del 50% de los suecos). De modo parecido, menos del 25% de los latinoamericanos piensan parar de usar vuelos (versus un tercio o hasta más del 40% de alemanes, finlandeses, polacos y un porcentaje parecido de holandeses). Y ni hablar de parar de consumir carne en beneficio de una dieta con menos repercusiones ambientales negativas, algo que solo 1 de cada 10 latinoamericanos está dispuesto a hacer (versus el doble o más de escandinavos, británicos, franceses e italianos).

Para quienes estudian cómo facilitar la transición de los comportamientos en una dirección climáticamente más amigable, por debajo de esas incongruencias y brechas entre percepciones y conductas, aparece una comunicación ineficiente o poco estimulante. El reciente seminario web del capítulo latinoamericano de WAPOR, la Asociación Mundial de Investigaciones de Opinión Pública, discutió cómo movilizar mentes y corazones de modo más efectivo cuando se trata de generar condiciones que eviten un desastre climático mayor. La periodista y comunicadora Pearl Maravall del Yale Program on Climate Change Communication destacó que no se trata de bombardear de datos aunque haya que informar, ni se trata de generar culpa o espanto por el tamaño de la tragedia, pues esas estrategias terminan paralizando a las personas. 

Parte del secreto reside en inspirarlas en acciones de escala alcanzable para ellas, subrayando la aprobación social que ganarían al adoptar esas conductas, a partir del relato de historias que conecten las respuestas que pueden encarnar a beneficios y soluciones que esas reacciones puedan traer. Surgen con fuerza –así– las narrativas de madres que ayudaron a sus hijos a vivir más saludablemente o recuperar tradiciones de diversión y socialización que se eximen de gastos suntuosos o mediación tecnológica, cuyos dispositivos son caros, extraen recursos naturales y alejan las nuevas generaciones de las más viejas. O relatos de empatía y solidaridad con otras especies, reconociendo su inteligencia y su compañía, al mismo tiempo que se recupera la belleza del paisaje no intervenido por la creación en gran escala de proteína cuyas repercusiones de polución y empobrecimiento del ecosistema son fáciles de mostrar. Así como también historias de individuos que tuvieron que afrontar consecuencias concretas del cambio climático como una inundación que se les llevó todos los bienes y destruyó comunidades y obligó a pensar no solo los hábitos individuales sino también la planificación urbana para que el curso original de los ríos sea respetado, o la basura no sea desechada a los arroyos o en la calle –lo cual tampona las cloacas–, o en defensa de áreas verdes próximas a los cursos de agua. En definitiva, historias inspiradoras e instigadoras enfocadas en las soluciones, la resiliencia comunitaria y líderes comunes en la proximidad donde ocurren los desafíos.    

Conectando la información con la experiencia, subrayando la naturaleza de los problemas, pero también la posibilidad de las soluciones al alcance de individuos comunes, y facilitando la ejecución de los ajustes en nuestros estilos de vida y elecciones, se podrá pavimentar el camino rumbo a un futuro menos agobiante y recuperar –en algún momento– los empalidecidos inviernos.

¿Por qué debemos hablar de justicia climática?

María Villarreal
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¿Por qué debemos hablar de justicia climática?

El cambio climático es hoy un desafío urgente que impacta con más fuerza a los países del Sur Global. De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), las comunidades más afectadas son las que menos han contribuido históricamente a este fenómeno: entre 3.300 y 3.600 millones de personas del Sur Global son las más vulnerables al cambio climático en todo el mundo. América Latina, es responsable por apenas el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero es una región altamente vulnerable a los desastres y a fenómenos como la inseguridad alimentaria y el desplazamiento forzado de población provocados por el cambio climático en combinación con otros factores, a la vez que posee medios limitados para adaptarse a los efectos del cambio climático. Por ello, hablar de cambio climático, implica reconocer que estamos ante un problema no solamente ambiental, sino político y ético en el que existen efectos y responsabilidades diferenciados. En este contexto, la justicia climática pone en el centro la equidad y los derechos humanos de las personas y busca abordar estos temas de forma interconectada, considerando diversas formas de desigualdad.

La noción de justicia climática pone sobre la mesa las desiguales responsabilidades históricas y presentes de los países, empresas y personas respecto a la crisis climática. Tales responsabilidades pueden ser medidas a través de las altas emisiones de los países del Norte Global y de las grandes empresas contaminantes, al igual que mediante los impactos desproporcionales de las personas ricas en la crisis climática. Estas tienen un impacto mayor por su estilo de vida, inversiones y acciones políticas que niegan muchas veces la gravedad de la crisis climática, además de bloquear procesos de transición justa y de silenciar las voces de quienes defienden el medio ambiente y la necesidad de sustituir los combustibles fósiles y el actual modelo económico.

De acuerdo con el Informe Global “Desigualdad S.A” de OXFAM, el poder empresarial está impulsando el colapso climático, exacerbando múltiples desigualdades y aumentando el sufrimiento de millones de personas. Desde 2020 los cinco hombres más ricos del mundo han duplicado con creces sus fortunas hasta alcanzar los US 869.000 millones en 2023, al mismo tiempo en que la riqueza de 5000 millones de personas a nivel global se ha reducido.

La gran responsabilidad de los milmillonarios

En consecuencia, el 1% más rico de la población mundial genera tantas emisiones de carbono como los dos tercios más pobres de la humanidad. Además, aunque sólo algo más de una de cada cinco personas viven en países del Norte Global, éstas concentran el 69% de la riqueza privada y casi tres cuartas partes de la riqueza del mundo. Las empresas multinacionales son las otras grandes beneficiarias de este escandaloso proceso de acumulación, acelerado tras la pandemia, ya que los beneficios de las mayores empresas experimentaron un aumento del 89% entre 2021 y 2022. 

Más allá de exponer las desigualdades socioeconómicas históricas y presentes entre países y clases sociales, la justicia climática es heredera de los estudios sobre ecología política y de las luchas por la justicia ambiental que han denunciado históricamente el racismo ambiental y los efectos desproporcionales de la degradación del medio ambiente sobre las poblaciones negras, periféricas, indígenas y campesinas. En la misma medida, la noción de justicia climática se alimenta de las reivindicaciones del movimiento feminista que han expuesto los mayores efectos que la crisis ambiental y climática tiene sobre las mujeres. Así, la noción de justicia climática da cuenta de las desigualdades estructurales entre regiones, pero también dentro de un mismo país y de cómo poblaciones específicas como los indígenas, negros, mujeres o personas con discapacidad tienen más probabilidades de sufrir los efectos adversos del cambio climático.

Por otro lado, la justica climática también analiza las desigualdades intergeneracionales que hacen que los niños y jóvenes de hoy, pese a no haber contribuido con la crisis climática de forma significativa, sufran sus impactos de manera más severa a medida que crecen y vean perjudicado su derecho a un futuro sostenible. De hecho, un estudio de la revista Science de 2021 evidenció que los niños nacidos en 2020 experimentarán entre dos y siete veces más los fenómenos climáticos extremos, especialmente olas de calor, en comparación con las personas nacidas en 1960.

El concepto de justicia climática

A nivel internacional, el concepto de justicia climática es una derivación del principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas (CBDR, por sus siglas en inglés, Common But Differentiated Responsibilities) que constituye una norma clave de la política climática global. El principio fue establecido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que reconoce que todos los Estados tienen la responsabilidad de proteger el clima como bien común de la humanidad y de abordar los desafíos impuestos por el cambio climático. Este acuerdo, defiende diversos niveles de protección y compromisos ambientales por parte de los países industrializados y de los países en desarrollo. El CBDR fue uno de los logros de la cooperación y articulación de los países en desarrollo durante la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo, mejor conocida como Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992.

El principio reconoce que los países desarrollados y en desarrollo han contribuido históricamente de forma desigual a la crisis climática: los niveles superiores de industrialización de los primeros dan cuenta, por ejemplo, de sus mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Además, los países desarrollados tienen mayor capacidad financiera y tecnológica, y pueden abordar los efectos y retos impuestos por el clima de forma diferenciada. Estos pueden reducir mayormente la emisión de gases de efecto invernadero y financiar las pérdidas y daños que el cambio climático está generando en los países más vulnerables, por citar sólo dos ejemplos.

En la Conferencia de las Partes COP-28 celebrada en Dubái en 2023, se alcanzó la decisión histórica de aprobar un Fondo Climático de Daños y Pérdidas para países vulnerables. El Fondo recibió contribuciones de aproximadamente 400 millones de dólares. Pero investigadores y organizaciones que actúan en la lucha contra el cambio climático subrayan que los impactos devastadores y sin precedentes provocados por el calentamiento global demandan mayores recursos y compromisos integrales.

El Fondo Climático de Daños y Pérdidas para países vulnerables fue definido por el Secretario de la ONU, António Guterres, como «una herramienta esencial para lograr la justicia climática». Sin embargo, para obtener una justicia climática real es necesario hacer mucho más. De acuerdo con el Informe “Igualdad Climática: Un planeta para el 99%” de OXFAM, las crisis (climática y de desigualdad) están interconectadas, indisolublemente unidas, y se retroalimentan.

Por ello, el mejor antídoto para acabar con el colapso climático y la pobreza es promover la igualdad en todas las esferas. Si no abandonamos los combustibles fósiles, combatimos las desigualdades y ponemos en el centro de las decisiones sobre el clima los derechos de las personas, será imposible construir una verdadera transición justa hacia un futuro sostenible.

Discursos de odio: un desafío para la convivencia democrática

Jorge Fábrega   |   Paulina Valenzuela
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Discursos de odio: un desafío para la convivencia democrática

¿Tiene usted una cuenta en una red social? Si es así, con toda probabilidad le ha tocado leer o ver mensajes llenos de animadversión, rechazo o definitivamente odio hacia un cierto grupo objetivo por el mero hecho de existir. ¿Cómo reaccionamos a estos mensajes?

Si bien no existe una única definición de discursos de odio, creemos que la que propone Naciones Unidas se acerca bastante a una noción compartida. Es la siguiente: “Cualquier tipo de comunicación, ya sea oral o escrita —o también comportamiento—, que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son; en otras palabras, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad».

El protagonismo que han alcanzado estos discursos de odio es preocupante, entre otras cosas, porque amplifica la visibilidad y resonancia de prejuicios ya existentes y contribuye a deteriorar la convivencia social. Este fenómeno se intensifica de manera preocupante en períodos electorales, una situación en la que Chile se encuentra este 2024 con elecciones municipales y que continuará el 2025 con elecciones presidenciales y parlamentarias. En este escenario, nuestras sociedades parecen cada vez más sensibles a las posturas que no comparten. Esta sensibilidad, aunque comprensible, puede llevar a la gente a etiquetar como “discurso de odio” cualquier opinión que disienta de la suya.

En un experimento realizado por Datavoz, se solicitó a una muestra de personas que dijeran si en su opinión unos mensajes a los que se les expuso eran o no discursos de odio. La frase a evaluar decía lo siguiente: «[X] son los que crean un ambiente de confrontación y falta de respeto. Deberían recibir una lección». Lo relevante del experimento es que la frase era la misma, pero el “X” que se mencionaba era aleatoriamente designado a cada encuestado entre las siguientes dos opciones: «Los grupos religiosos» o «Los activistas de minorías sexuales». Al ser la misma frase y tener asignados los grupos aleatoriamente, lo que debería suceder es que la distribución de las opiniones sobre si era o no un discurso de odio fuera similar entre los que vieron la frase con grupos religiosos y los que vieron la frase con minorías sexuales. Pero, ¿qué pasó?

Los hallazgos fueron muy interesantes en relación al lente con el que se evalúan, especialmente cuando se considera la posición ideológica del receptor, esto es, su autoposicionamiento en el eje izquierda-derecha. La percepción del mensaje como discurso de odio varía marcadamente en este eje. Mientras que los encuestados más a la derecha tendían a minimizar el daño cuando el mensaje se refería a minorías sexuales y a creer que el autor no tenía intención de causar daño, los que se ubicaban más a la izquierda lo consideraban más grave y percibían una mayor intención dañina. Esto sugiere que nuestra percepción del discurso de odio no solo depende del contenido, sino también de nuestra propia cosmovisión.

Por otra parte, es preocupante ver cómo la responsabilidad de ofender parece ser una carga selectiva. Cuando se trata de minorías sexuales, las personas de izquierda tienden a considerar al autor del mensaje más culpable de provocar ofensas. Sin embargo, cuando los comentarios están dirigidos a grupos religiosos, la evaluación es más neutral, excepto entre aquellos que se autoclasifican más a la derecha, quienes tienden a estar en desacuerdo con la idea de que el autor del posteo no tenga ninguna responsabilidad por ofender a otros.

Esto provee de argumentos para sostener que la percepción del discurso de odio y la asignación de responsabilidad están profundamente influenciadas por nuestros propios sesgos ideológicos. Como receptores de mensajes, no somos meros objetos de la comunicación, sino actores interpretativos que filtramos la información a través de nuestros propios prejuicios y sensibilidades, y en esa misma forma la compartimos.

La democracia se enriquece con el debate y la discrepancia, pero solo si somos capaces de manejar nuestras diferencias con respeto y empatía. En este periodo electoral, como ciudadanos responsables, es crucial que cultivemos estas cualidades y nos comprometamos a mantener un espacio público más sano y respetuoso. La convivencia democrática no es un regalo; es una tarea continua que requiere el esfuerzo y la colaboración de todos.

Las inequidades en la salud durante el ciclo de la vida

Irene Torres
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Las inequidades en la salud durante el ciclo de la vida

Usando la perspectiva del ciclo de la vida se puede ver con claridad qué inequidades, y cómo, afectan la salud de las personas en América Latina y el Caribe (ALC). Desde que estamos por ser concebidos, dónde y en qué condiciones lo seamos definen nuestro desarrollo en el vientre materno, nuestro nacimiento, nuestros primeros 1.000 días en el planeta y, sin exagerar, mucho de nuestro bienestar y nuestras dolencias en el futuro. Para empezar, dependemos de la salud de nuestras madres. La educación sexual y el acceso a contraceptivos son limitados en la región, mientras que la violencia de género está muy extendida (los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados afectan a 1 de cada 5 niñas). Como consecuencia, tenemos la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo. El 19% de todos los nacimientos corresponde a mujeres menores de 20 años de edad, con los problemas de salud que implica un embarazo precoz para la madre (depresión, anemia y complicaciones obstétricas) y el bebé (bajo peso al nacer y otras condiciones neonatales).

Los cuidados prenatales, que concentran una porción importante de la inversión pública, no llegan a todas las madres y sus hijos por igual en nuestra región. Las mujeres embarazadas con mayor nivel de educación acudirán más a estos controles que las mujeres con los niveles más bajos de educación (ninguna o solo la primaria). La cobertura más baja de controles prenatales se encuentra en los países de más bajos ingresos como Guatemala (alrededor de 60%). En ese mismo país, la razón de mortalidad materna es de 96 por 100.000 nacidos vivos cuando la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es de 70 por 100.000. El riesgo de muerte materna es tres veces más alto en las adolescentes menores de 15 años que en las mujeres de más de 20 años en ALC. Al menos el 10% de todas las muertes maternas en la región se deben a abortos inseguros. Esto se debe a que el aborto es ilegal con escasas excepciones (violación, anormalidad fetal grave) en algunos países. Aun así, más de la tercera parte de embarazos (solo en adolescentes de 15 a 19 años se estima que suman 670.000) terminan en aborto inducido anualmente.

La mortalidad infantil es otro claro indicador de las inequidades en salud en ALC. A partir de nuestro nacimiento, nuestra sobreviviencia estará definida por nuestras condiciones de vida. Si gateamos en pisos de tierra estaremos en contacto directo con parásitos -que provocan enfermeades diarreicas conducentes a la desnutrición crónica e incluso la muerte (0.51% del total de muertes en la región). Si crecemos cercade una mina ilegal, estaremos expuestos a metales pesados como el plomo -que conduce a anemia. Es así que los menores de cinco años sufren tasas de desnutrición persistenmente altas en países como Guatemala (43.5% en promedio) y Ecuador (27,4% en la Sierra Rural, donde hay una alto porcentaje de población indígena), así como tasas de anemia altas (36,9% en Bolivia y 38,2% en Ecuador, donde prolifera la minería ilegal. En consonancia, la tasa promedio de mortalidad infantil de 25 por 1.000 en la región es cinco veces la tasa del promedio de la OCDE. La diferencia en mortalidad infantil entre los hogares más ricos y más pobres en países como Paraguay es igual de alarmante: es 20 veces más alta en el primer y segundo quintil de la población que en el quintil más rico, donde es cercano a cero.

Una vez superadas las pruebas impuestas en las primeras etapas de nuestra vida, llegaremos a la adolescencia, donde el ciclo inicial se repetirá más rápidamente en los sectores más desfavorecidos. Al inicio de la edad adulta, los habitantes de ALC se verán enfrentados activamente a una alimentación deficiente y sus impactos. La inseguridad alimentaria es más frecuente en la región (14,2%) que en el mundo (11,7%). Esto implicó que 56,5 millones de personas padecieran de hambre en 2021. Concomitantemente, el 22.5% de la población no puede acceder a una dieta saludable, lo cual está influenciado por el nivel de ingresos del país, la incidencia de la pobreza y el nivel de desigualdad. En el Caribe, la proporción llega a 52%, en Mesoamérica, a 27,8% y en América del Sur, a 18,4%. La calidad de la dieta está vinculada con el sobrepeso y la obesidad, que a su vez están relacionados con el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles (ENT). En la región, la obesidad afecta a 24,2% de adultos, muy por encima del promedio mundial estimado de 13,1%. En Bahamas, excede el 30% mientras que en Argentina, Chile, Costa Rica, Dominica, México, República Dominicana, Surinam y Uruguay afecta a una de cada cuatro personas.

Los entornos en los que se conciben y crían los niños son los mismos de los adultos, y en las zonas y hogares con menos recursos, estarán, por ejemplo, expuestos a mayor contaminación. En la región, la contaminación del aire en interiores de los hogares provoca la muerte de 15 personas por cada 100.000 anualmente. En países como Haití, Guatemala, Honduras, Paraguay, Nicaragua y Bolivia, las tasas de mortalidad por esta causa son de dos a cuatro veces más altas que el promedio debido a que todavía se usan estufas tradicionales y combustibles sólidos. Las poblaciones más vulnerables, como las mujeres, los indígenas y los más pobres, sufren la mayoría de impactos en la salud.

Hacia el final de la jornada, nuestra esperanza de vida dependerá igualmente de nuestras condiciones socioambientales. El nivel de educación, acceso a agua segura y saneamiento y el hacinamiento marcan una diferencia importante en las ciudades. En Panamá, Chile y Costa Rica se encuentran las ciudades con la mayor esperanza de vida (81-82 años en mujeres y 75-77 años en hombres). Mientras que México, Brasil y Perú tienen las ciudades con la menor esperanza de vida en mujeres (77-78 años en promedio). Junto con El Salvador, México y Brasil también tienen la menor esperanza de vida en hombres (71 años en promedio).

En resumen, las inequidades en salud en América Latina y el Caribe se evidencian desde la concepción, con factores como el acceso limitado a recursos de salud, que afecta desproporcionadamente a los países de menores ingresos que el promedio y a las poblaciones vulnerables. El limitado gasto público en salud (3% del PIB en promedio) exige a la población un alto gasto de bolsillo –el doble del público– para tener un mínimo acceso a los servicios. Los impactos se extienden a lo largo del ciclo de la vida. A medida que las personas crecen, y hacia sus últimos años de vida, se enfrentan a los límites de las condiciones económicas nacionales, los controles ambientales y su propio ingreso económico pero sobre todo a las inequidades extremas en cada país.

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