La novedad política ya no es que los Estados quieran proteger a los menores en internet, la novedad es que comienzan a tratar a las redes sociales como un espacio regulado, comparable al alcohol, el juego o la escuela.
Francia acaba de marcar el último hito: el Parlamento aprobó definitivamente el 21 de julio de 2026 la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 15 años. La aplicación está prevista desde el 1 de septiembre para nuevas cuentas y desde el 1 de enero de 2027 para cuentas existentes, aunque el Consejo Constitucional aún debe pronunciarse antes de su aplicación efectiva.
¿Restringir es la norma?
La categoría de restricción total ya no es excepcional. Australia abrió el camino con su edad mínima de 16 años desde el 10 de diciembre de 2025. En concreto, las empresas de redes sociales deben impedir cuentas de menores, desactivar perfiles existentes y verificar edad. La sanción recae en las empresas, no en niños ni padres.
Indonesia aprobó el Reglamento n.º 9 de 2026, que prohíbe a menores de 16 acceder a plataformas sociales y sistemas en línea, con obligaciones de verificación y control parental. Malasia aplica desde el 1 de junio de 2026 una prohibición para menores de 16 años en redes sociales licenciadas, con documentos oficiales y multas de hasta 10 millones de ringgit.
También entran en esta categoría Emiratos Árabes Unidos, que fijó en 15 años la edad mínima y excluyó el consentimiento parental como excepción al veto. Turquía, cuyo Parlamento aprobó restricciones para menores de 15 años con verificación de edad y controles parentales. Andorra aprobó una reforma para impedir el acceso de menores de 16 a redes con riesgo para desarrollo y salud mental.
En el estado de la Florida en Estados Unidos, la ley Online Protections for Minors Act (HB 3) prohíbe cuentas a menores de 14 años y exige consentimiento parental verificable para usuarios de 14 y 15, aunque el litigio constitucional sigue abierto.
Regular, pero no prohibir
La restricción media es el modelo más extendido y quizá el más estable jurídicamente. Brasil aprobó la Ley 15.211 de 2025, vigente desde el 17 de marzo de 2026, que obliga a vincular cuentas de niños y adolescentes de hasta 16 años con un responsable legal, exige mecanismos de verificación de edad, herramientas de supervisión parental y sanciones de hasta 50 millones de reales.
La Unión Europea, mediante la Ley de Servicios Digitales y sus directrices de 2025, exige cuentas privadas por defecto, cambios en sistemas de recomendación, límites a funciones que fomentan uso excesivo y métodos eficaces de garantía de edad cuando corresponda. El Reino Unido no tiene aún un veto general vigente, pero la Online Safety Act impone desde 2025 deberes de protección infantil y age assurance para impedir acceso a contenidos gravemente dañinos.
Estados Unidos muestra el laboratorio más fragmentado: la COPPA federal protege la privacidad de menores de 13 años mediante consentimiento parental. El estado de Nueva York regula feeds adictivos y notificaciones nocturnas a menores. Texas aprobó la SCOPE Act con registro de edad, herramientas parentales, limitaciones de datos y controles sobre contenidos dañinos.
En Asia, China tiene desde enero de 2024 normas de protección de menores en el ciberespacio, orientadas a datos, ciberacoso y prevención de adicción. India notificó en 2025 sus reglas de protección de datos, con consentimiento parental verificable para menores de 18. Finalmente, Singapur aplica desde 2023 un código vinculante para grandes servicios sociales, con protecciones reforzadas para cuentas infantiles.
Cautela y litigios
El patrón global es claro: las democracias liberales se mueven con cautela por privacidad, libertad de expresión y litigios. Los Estados más intervencionistas prefieren límites directos de edad y las economías emergentes combinan protección infantil con soberanía digital. América Latina todavía no es un bloque regulador, pero Brasil ya funciona como referencia regional. Uruguay muestra un modelo innovador que puede ser un modelo para las futuras regulaciones, más cerca de la deliberación que de la prohibición. Desde junio de 2026 existe una consulta pública abierta sobre niñas, niños, adolescentes, entornos digitales e inteligencia artificial para construir una regulación adaptada a los nuevos tiempos.
El dilema de fondo no es si regular o no, sino cómo hacerlo sin transformar la protección en vigilancia. Regular bien no debería significar expulsar a los adolescentes del espacio público digital, sino obligar a las plataformas a diseñar entornos menos adictivos, más verificables, más transparentes y responsables. La tendencia de 2026 sugiere que la infancia digital dejó de ser un asunto privado de las familias: pasó a ser una frontera de soberanía, salud pública y derechos.
*Texto publicado originalmente en Diálogo Político
Autor
Periodista. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de la República (Uruguay). Coordinador de proyectos en el Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en A. Latina de la Fundación Konrad Adenauer. Coordinador de la plataforma Diálogo Político.
