Revisar el futuro de Venezuela, las posibles salidas a la inestabilidad política y a la dramática situación social y humanitaria no es una tarea sencilla ante la avalancha de noticias diarias y decisiones del régimen de Nicolás Maduro. Es así que, ante el anuncio de “adelantar la Navidad”, la entrada en vigencia de la Ley Antibloqueo y los resultados de la investigación realizada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, parece que las elecciones organizadas por el régimen pasarán a un segundo plano. Sin embargo, no hay que perder de vista que cada una de sus decisiones y pronunciamientos están encaminados a mantener dicho proceso, el cual ha sido armado a su medida.
Tal vez el recuerdo de Chile, en donde la salida del régimen dictatorial se dio por medio de las urnas, nubla con frecuencia las decisiones políticas de quienes anhelan una salida pacífica y democrática a la crisis de Venezuela. Pero es importante tener presente que la salida de Pinochet no estuvo determinada solamente por un proceso electoral y que la situación de Chile en aquel momento era muy diferente a la situación de la Venezuela de hoy.
Nos encontramos ante un régimen vinculado con el narcotráfico que se enfrenta a numerosas presiones internacionales»
Nos encontramos ante un régimen vinculado con el narcotráfico que se enfrenta a numerosas presiones internacionales, las cuales se extienden desde lo económico hasta lo relacionado con su responsabilidad en la violación de derechos humanos. Ante esta realidad, sus incentivos para una salida negociada en Venezuela son pocos, por no decir que inexistentes.
Es necesario recordar que desde la llegada de la revolución bolivariana se han realizado más de 15 procesos electorales. De estos, el régimen supo calcular con precisión cuáles eran los movimientos necesarios para asegurar su victoria. Solo en los contados casos en los que concedió una victoria aparente, no fue más que para demostrar cierta transparencia y participación de la oposición de Venezuela. Sin embargo, en esos casos, el Gobierno ya tenía claramente fijada la ruta para lidiar con estos resultados y que en la práctica no se viesen afectados.
Uno de los ejemplos más claros de esta manipulación electoral fue el referéndum constitucional de 2007, en el que, pese a perder la consulta, se justificó por medio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la realización de una enmienda con los mismos fines que la reforma. Y el segundo, la declaración de nulidad de todos los actos de la Asamblea Nacional (AN), electa para el período constitucional 2016-2021, al declararla en desacato, lo que significaba que la oposición contaría con una mayoría calificada.
Estas manipulaciones se lograron gracias a una Constitución hecha a la medida de la revolución, producto de las bases comiciales que fueron fijadas por el Ejecutivo nacional para el proceso constituyente de 1999, las cuales le permitieron al chavismo obtener el 95% de los escaños con el 60% de la votación. Pero, paradójicamente esta estructura resulta ahora ser demasiado ajustada para sus propósitos, llevándolos a hacer un nuevo llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, que, además de ser convocada y electa de forma inconstitucional, se crea con el propósito de usurpar funciones de la AN.
Es así que se llega a una nueva y fraudulenta designación de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la suspensión de las directivas de partidos de oposición, sin olvidar que previamente se habría hecho el proceso de (in)validación de los partidos políticos opositores al régimen y una constante limpieza del partido único de gobierno. Es a partir de este reciente CNE que fueron convocadas las elecciones legislativas que no son libres ni justas y ante una inexistente división de poderes y una limitada libertad de expresión en Venezuela.
Uno de los puntos más importantes por considerar es el de las limitaciones impuestas y las persecuciones contra cualquier voz opositora»
Por ello, uno de los puntos más importantes por considerar es el de las limitaciones impuestas y las persecuciones contra cualquier voz opositora. Esta presión, que ya se venía ejecutando desde el gobierno de Hugo Chávez, ahora se ampara bajo la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, la cual, además de ser emitida por una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene las competencias para ello, es usada para suprimir cualquier dejo de libertad de expresión. Y como no es suficiente con eliminar cualquier pronunciamiento disidente a las acciones del régimen, es aplicada de forma discrecional, y sus sanciones son completamente desproporcionadas, por lo que la pena por homicidio intencional es mucho menor que la impuesta por las supuestas incitaciones al odio.
Así, no existen condiciones mínimas para considerar un proceso electoral de esta naturaleza, teniendo en cuenta que es una de las tantas acciones ejercidas por el régimen de Nicolás Maduro, de Venezuela, para legitimar su permanencia en el poder ante la comunidad internacional.
Estas son razones más que suficientes para no dudar de que se está frente a una dictadura que, por su naturaleza, no estará dispuesta a apartarse del poder y menos aún por la vía electoral.
Foto de DJANDYW.COM en Foter.com / CC BY-SA
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Autor
Profesora de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) y candidata a Doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia. Especializada en movimentos migratórios, estudios de género y política venezolana.
