Latinoamérica se enfrenta a un tiempo trascendental en varios frentes. Por un lado, las elecciones nacionales del año pasado en seis países —incluyendo tres de los más grandes, Brasil, Colombia y México— están reformando gradualmente el escenario político de la región. De manera paralela, la agenda económica es el foco de los esfuerzos de los países para afrontar desequilibrios, implementar reformas y robustecer el crecimiento. Latinoamérica se enfrenta a un tiempo trascendental en varios frentes. Como telón de fondo de todo esto, importantes movimientos feministas se han venido gestando, aproximadamente desde hace dos años, luego de marcadas discusiones sobre violencia machista e igualdad de género que han tenido serias implicaciones críticas tanto en el ámbito político como en el económico.
En las últimas décadas, la mayoría de los países de América Latina han dado pasos importantes y en la dirección correcta hacia la reducción de las desigualdades de género. Muchas mujeres se han afianzado en el mercado laboral y han tenido un mayor acceso a la sanidad. De acuerdo con cifras de la ONU, hoy en día las mujeres superan a los hombres en años de escolaridad, en tasas de esperanza de vida, y su participación política ha venido en aumento.
América Latina necesita al menos ochenta años para cerrar la brecha de género actual, que es del 30%»
Sin embargo, y a pesar de todos estos avances, en la región sigue existiendo una amplia brecha entre los géneros en varios frentes. De acuerdo con el Informe global sobre brecha de género, publicado por el Foro Económico Mundial, América Latina necesita al menos ochenta años para cerrar la brecha de género actual, que es del 30%. La región se encuentra solo por detrás de Europa del Este, Asia Central y América del Norte (representada por Canadá y Estados Unidos), pero aún está lejos de la brecha del 25% de Europa occidental.
Estas cifras son un claro recordatorio de que las mujeres de la región representan el 50% de la población, pero solamente el 41% de la fuerza laboral, y ganan, en promedio, 16% menos que los hombres. Aunado a esto, la segregación ocupacional sigue siendo muy alta y los mejores logros en su educación no han conllevado óptimas remuneraciones salariales. De hecho, la disparidad salarial en empleos cualificados alcanza en promedio el 26%, lo cual frena el empoderamiento económico de las mujeres.
En cuanto a la representación política, la brecha se mantiene amplia. De acuerdo con datos de la Unión Interparlamentaria, del total de asientos parlamentarios en América Latina, tan solo el 29% lo ocupan mujeres, con tasas considerablemente bajas en países como Belice, Haití y Paraguay (entre el 3% y el 10%) y tasas muy altas en países como Bolivia, Costa Rica y México (entre el 45% y el 53%). Por otra parte, las elecciones del año pasado no han traído consigo jefas de Estado, lo que contrasta con el año 2014 cuando la región contaba con el mayor número de jefas de Estado en países como Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica. A mi parecer, las probabilidades de que esto vuelva a suceder en un futuro cercano son pocas.
Es indiscutible que una mayor igualdad de género y una mayor participación de las mujeres en la vida política tienen un impacto amplio en el desarrollo, así como también más repercusiones económicas, pues ellas promueven más la estabilidad económica y conducen a un mayor número de resultados democráticos. Una representación femenina más amplia en las cámaras bajas y altas de los Parlamentos nacionales también está vinculada a un mayor progreso en la reforma de la legislación discriminatoria y en una mayor inversión en servicios sociales y del bienestar.
De acuerdo con el estudio Potencial no realizado: el alto coste de la desigualdad de género en los ingresos, del Banco Mundial, la desigualdad de género conlleva un coste global de unos 160 billones de dólares, de los cuales 6.7 billones de dólares son atribuibles a la brecha de género en los ingresos en Latinoamérica.
Una dimensión de la igualdad de género (la legal) resultará entonces de una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral, una menor brecha salarial y un mayor número de mujeres en los Parlamentos. Con esto no quiero decir que se resuelvan inmediatamente todos los demás problemas que tienen su origen en la desigualdad de género (violencia, discriminación, derechos fundamentales… solo por mencionar algunos), pero las leyes y las políticas sí que pueden impulsar una mayor inclusión de las mujeres.
Un ejemplo de ello han sido las políticas de acción afirmativa (como las cuotas), las cuales, más allá de eliminar la discriminación legal, ayudan a nivelar el sueldo entre hombres y mujeres. De hecho, la participación política de las mujeres latinoamericanas fue impulsada en gran medida por las cuotas de género y las leyes de paridad electoral, de las que Argentina fue pionera en 1991. No obstante, es importante recalcar que, aunque estas leyes han contribuido a crear más espacios para las mujeres, estas a menudo son insuficientes.
Es innegable que las oportunidades para las mujeres han mejorado en la región y se están dando los pasos en la dirección correcta, aunque muy lentamente. Sin embargo, hace falta más. Con tan contundente evidencia de que el empoderamiento femenino es clave para cerrar las brechas entre ambos géneros (esto es clave para el crecimiento económico en general), simplemente nos queda esperar que, con tanto en juego para América Latina en temas políticos y económicos, sea el impulso en la paridad de género un tema esencial en la agenda.
Foto de Carlos Velayos on Trendhype / CC BY-NC-ND
Autor
Economista. Analista de mercados e inversiones sostenibles en Dow Jones. Postgrado en Economía y Negocios Internacionales en la Facultad de Economía de la Hochschule Schmalkalden (Alemania).
