A principios del 2008, cuando ya había comenzado a desarrollarse en Estados Unidos la crisis financiera, en un diario financiero estadounidense, Cate Ambrose, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Capital Privado y Capital de Riesgo, afirmaba sobre los riesgos para América Latina:
“A finales de julio [2007] cuando el pánico se extendió desde los mercados de crédito estadounidenses hasta el mercado accionario, ciertos administradores veteranos de fondos latinoamericanos se preparaban para lo peor. Estos, acostumbrados a ciclos impredecibles de volatilidad y confianza de los inversores, solo podían esperar que los fundamentales económicos —altas reservas internacionales, bajo endeudamiento, exportaciones en auge, sólida demanda doméstica e inflación y tasas de interés estables en Brasil, Chile, Colombia, Perú y México— harían la diferencia esta vez. En agosto, cuando los mercados de valores de la región cayeron en picada desde niveles históricos para luego recuperarse, el amplio consenso entre los analistas y la prensa financiera fue que América Latina estaba mejor posicionada que en el pasado para sobrellevar una crisis financiera internacional”.
Efectivamente, las economías en América Latina se encontraban mejor preparadas para afrontar la crisis financiera global, y sus mercados de crédito y financieros evitaron en gran medida efectos de contagio, haciendo que, en 2010, la economía regional se recuperara rápidamente. Incluso, en septiembre de ese mismo año, la revista The Economist declaraba en su portada: “El patio trasero de nadie: el ascenso de América Latina”.
A escala global, las consecuencias de la crisis financiera pusieron bajo la lupa el papel que deberían asumir los Gobiernos cuando sus sistemas bancarios afrontaran dificultades. Y los principales factores que atrajeron la atención fueron el riesgo moral y los costos de rescatar bancos en quiebra a expensas de los contribuyentes. Como consecuencia, el Gobierno de Estados Unidos y varios países europeos dieron el paso para cambiar sus marcos regulatorios a fin de gestionar quiebras bancarias y adoptar los regímenes de resolución efectivos (RRE), conocidos como regímenes de pérdidas compartidas (bail-in, por sus siglas en inglés), con lo cual se dejó de recurrir a los recursos provenientes de los impuestos.
En esencia, cuando un banco entra en un proceso de suspensión de pagos o en quiebra, los RRE se dirigen hacia los acreedores para que compartan las pérdidas de manera parcial o total. Debido a ello, ahora es prácticamente improbable que los Gobiernos de estas economías desarrolladas intervengan para rescatar sus sistemas bancarios.
En América Latina, la historia es diferente. Al no verse igual de afectados que sus contrapartes norteamericanas o europeas, los bancos latinoamericanos no tuvieron que ser rescatados ni solicitaron inyecciones de liquidez de sus Gobiernos. Por ello, los Gobiernos latinoamericanos no se han encontrado en la urgencia de completar las medidas acordadas con el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) para gestionar procesos de quiebra de bancos que tengan importancia sistémica. Y la posibilidad de que en la región exista un cambio fundamental en los regímenes de resolución es muy baja, inclusive en países con marcos regulatorios relativamente más avanzados, como Brasil o México.
En América Latina, existen diferentes razones por las cuales no se están adoptando medidas para no rescatar a los bancos»
Las medidas asumidas por los países, principalmente las economías del G20, tienen como objetivo evitar el rescate de instituciones bancarias a costa y pérdida de los contribuyentes, alterar la economía, el mercado y el sistema financiero. Pero en América Latina existen diferentes razones por las cuales no se están adoptando medidas para no rescatar a los bancos. Entre ellas, los procesos electorales, los cambios de regímenes, problemas políticos internos y la flexibilidad regulatoria y financiera, aunado a las diferencias existentes en cuanto a prioridades regulatorias en cada país.
Desafortunadamente, hoy en día las economías latinoamericanas son más vulnerables a los riesgos bancarios y financieros que en los años de la crisis financiera. Con excepción de la crisis argentina y la catástrofe económico-humanitaria en Venezuela, las agitaciones actuales en la región se deben, en gran medida, a la política interna y amenazas al comercio internacional, mas no tanto a vulnerabilidades en los mercados financieros. Sin embargo, la falta de adopción de un marco regulatorio claro dirigido al rescate del sistema bancario latinoamericano es una vulnerabilidad adicional en las economías de la región.
Autor
Economista. Analista de mercados e inversiones sostenibles en Dow Jones. Postgrado en Economía y Negocios Internacionales en la Facultad de Economía de la Hochschule Schmalkalden (Alemania).
