Hoy en Cuba se vota por un referéndum que busca actualizar el Código de las Familias, que data de 1975. El objetivo de la votación es legalizar temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo o medidas de protección para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Sin embargo, todo mecanismo de participación ciudadana debe ser analizado por su contenido legal, su contexto social y su horizonte político. Porque la manipulación autocrática de votaciones plebiscitarias es materia vieja. Desde el remoto antecedente de la demagogia clásica (Aristóteles dixit) hasta llegar a sus modernas variaciones de tema, formato e ideología, el objetivo es siempre legitimar, dentro y fuera del país, a los déspotas. Ampliando sus bases de apoyo y dividiendo a la ciudadanía. Manoseando los derechos, para pervertir la justicia. De Lugansk a Mayabeque.
En tiempos recientes, numerosos gobiernos conservadores (especialmente en la Europa postcomunista) han abusado de los mecanismos de democracia directa para dar una legitimidad de masas a la restricción de derechos. Las colectividades de la diversidad sexual han denunciado, como corresponde, tal proceder. En Cuba, la naturaleza iliberal y tradición plebiscitaria del régimen vigente conecta con aquella tendencia global. De ahí que, por derecha o izquierda, poderes interesados en dar voz a la ciudadanía para fortalecer su legitimidad y agenda sean parte del panorama político actual. Desde tal marco y precedente, el artefacto de manipulación plebiscitaria denominado “Consulta sobre el Código de Familia”, a votarse en Cuba este 25 de septiembre (en adelante 25S), debe evaluarse no solo en sentido jurídico o moral, sino también en términos sociopolíticos muy concretos. Él y las posiciones en torno suyo: Sí, No, Abstención.
Hay varios elementos a considerar en la actual convocatoria. Los contenidos legales tienen un horizonte social progresivo, aunque ambiguo: se avanza en ciertos derechos, mientras otros se mantienen acotados o son susceptibles de manipulación desde el poder. El contexto social y el horizonte político del 25S son claramente regresivos: hay retrocesos en el status real de la ciudadanía social, civil y política, por el aumento de la desatención a la creciente pobreza y desigualdad sociales, la explotación económica y la represión policiaca del Estado.
Las rutas de cada sector enfrentado (Sí y No) este 25S han sido fijadas, ex ante, por la propia agenda oficial. La comunidad progresista del “Sí” celebra los avances de la norma, pero desatiende sus aspectos problemáticos y desoye las razones ligadas al contexto y objetivos de la convocatoria. La comunidad conservadora del “No” repudia los avances (negando derechos ajenos), manipula temas (distorsionando incluso elementos polémicos del proyecto) y también desoye las razones de contexto y objetivo de la convocatoria. Ambas posturas son respetables en tanto ejercicio (acotado) de la agencia, bajo lógicas posibilistas. Ambas concurren, desde las parcelas del apoyo o el rechazo, a avalar la manipulación y plesbicitación de los derechos de toda la ciudadanía.
¿Por qué eligió el Estado esta ruta para el 25S? Porque fragmenta y polariza a una sociedad que, durante los últimos años, había madurado cívicamente y encontrado ciertas demandas compartidas, desde su diversidad identitaria, en el reclamo transversal del derecho a tener derechos. El Estado ha elegido, alternamente, aliarse y reprimir a tirios y troyanos. En los pasados años, durante el proceso de discusión de la nueva Constitución (2018/2019) los sectores más conservadores del Estado cortejaron a las Iglesias cristianas (católica y protestantes), concientes que eran una fuerza social creciente. Reprimiendo entonces a la comunidad LGBTQIA+, con el hito de mayo de 2019.
Ese mismo Estado hoy invierte demagógicamente la ecuación. La actitud de buena parte de las comunidades religiosas, desde su participación en las protestas sociales de 2021/2022 y en la denuncia y acompañamiento a víctimas de la represión, pareció convencer al Estado que esos fieles son hoy más peligrosos para su hegemonía política que una comunidad LGBTQIA+ con menos músculo movilizativo y susceptible de proveer, al Estado, simpatías con los sectores progresistas del mundo. Sin embargo, ahora y después de la actual coyuntura ¿cómo quedan las propias comunidades religiosa y LGBTQIA+, enfrentadas dentro de la estratagema de polarización inducida, siendo de los colectivos sociales más reprimidos durante décadas?
Desde hace más de un año, en Cuba hay miles de presos y familias destrozadas, por atreverse a exigir en las calles y pacíficamente sus derechos. La inmensa mayoría de la población sobrevive como puede, mucha gente escapa donde puede. La élite de ese Estado ha manipulado su propia legalidad -incluidas las garantías anunciadas en la joven Constitución- y los cambios económicos tardíamente implementados, con el objetivo de perpetuar su monopolio del poder. Nada presagia otra cosa que una mayor politización (represiva) de la ley y un refuerzo de la judicialización (punitiva) de la política. Todo eso pesa, de cara a la jornada del 25S.
Que el ejercicio de derechos y el eventual progreso de un segmento de aquellos haya sido contaminado por la demagogia plebiscitaria es clara responsabilidad del Estado. Al asumir una clara campaña en pro del Sí, la maquinaria de movilización del voto hará este 25S que haya gente que vaya y vote en negativo. Si esta opción, sumada a la abstencionista, crece más allá de lo oficialmente aceptable, el Estado puede incluso verse tentado a maquillar las cifras.
En un ambiente post 11J, donde la respuesta francamente represiva de las demandas ciudadanas ha superado el “control de daños” tradicional ¿alguien puede sostener que incluso el fraude no estará a la mano este 25S, para mostrar el “apoyo popular a la Revolución? Por eso la observación y sondeo in situ, hormiga, del comportamiento electoral puede arrojar alguna luz sobre el resultado general de la jornada.
Participar este 25S apoyando al Sí conseguirá diversos beneficios progresistas para ciertos sectores de la población, con el viento a favor de la maquinaria de Estado. Optar por el No legitimará conservadoramente esa misma convocatoria, aún padeciendo la censura oficial, mientras se les niega a los otros derechos ya disfrutados. Ambas opciones reúnen a mucha gente noble, consciente y políticamente activa, cuya historia de dolor y esperanza la lleva a ejercer su derecho para defender sus ideas y opciones de vida. Lo cual debería ser, sin fisura ni condicionamientos, respetado.
Algunos críticos pueden hallar en el abstencionismo una opción deseable. De hecho, muchos activistas y opositores democráticos de la isla, conocidos por su acompañamiento a los reclamos de sectores históricamente excluidos (incluidos los religiosos y diversidad sexual) parecen apostar por esta. Abstenerse constituye una clara protesta -de carácter transideológico- ante la manipulación, política y legal, del nuevo Código. Preservando de facto (dada su aprobación ex ante por el poder) las ganancias de los beneficiados.
En el escenario actual, esta parece ser la opción que consigue un mejor equilibrio entre contenido legal, contexto social y horizonte político. Y el día después, con la suerte ya echada, reconstruir desde los escombros esos consensos mínimos para resistir y superar la devastación que avanza.
Episodio relacionado de nuestro podcast:
Autor
Doctor en Historia y Estudios Regionales, Universidad Veracruzana (México). Máster en Ciencia Política, Universidad de la Habana. Especializado en procesos y regímenes autocráticos en América Latina y Rusia.
