El 7 de enero, Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, anunció que la empresa dejará de realizar verificaciones de datos por parte de terceros en Facebook e Instagram y, en su lugar, adoptará «calificaciones de la comunidad», dejando la verificación de la precisión de la información en manos de los propios revisores, los usuarios. El hecho tomó por sorpresa a los usuarios de la plataforma, a los expertos y a los tomadores de decisiones.
La regulación de los medios digitales se ha convertido en uno de los temas más urgentes del debate público –ya sea en debates especializados en diversas áreas de investigación, o en enfrentamientos entre autoridades estatales y agentes del sistema político– cuando el tema son los desafíos que plantean las grandes transformaciones de la política y las interacciones sociales en la era de la comunicación digital.
Son muchas las razones enumeradas y debatidas por diferentes actores sociales y políticos para que esta agenda haya ganado fuerza en la opinión pública. Entre ellas, se pueden destacar (a) la falta de transparencia respecto de las decisiones internas sobre el funcionamiento de los mecanismos de visibilidad de contenidos en las plataformas digitales; (b) la opacidad respecto de los montos recaudados y distribuidos por las empresas que administran plataformas que albergan distintas cuentas y canales en redes digitales; (c) la falta de mayor apertura de las plataformas a la labor de inspección y control por parte del Estado, ya sea para garantizar acciones de sanción y corrección, ya sea para producir igualdad en los períodos oficiales de campaña electoral; (d) y la falta de transparencia respecto de los mecanismos y decisiones que afectan el funcionamiento de los algoritmos como mecanismos de curación y sistemas de producción de visibilidad.
La cuestión de la regulación de los medios digitales genera ansiedad en la opinión pública. Si, por un lado, las personas perciben que la desinformación es o puede ser una amenaza para la sociedad, por otro lado, temen la pérdida de su libertad de expresión (Jhaver y Zhang, 2023; Kozyreva et al, 2023; Innes e Innes , 2023; Wihbey y col., 2020). Dicho esto, lo que vemos es que la gente comienza a combinar estos dos factores a la hora de desarrollar su posición respecto al nivel deseable de control sobre los medios digitales. (Jhaver y Zhang, 2023)
Con base en datos de una investigación nacional con 1.722 encuestados, una investigación realizada por FGV (Fundación Getulio Vargas) Comunicação-Rio en agosto de 2023 analizó la percepción de los brasileños sobre las políticas de regulación de contenidos en línea como herramienta de defensa de los valores e instituciones democráticas. Los resultados mostraron que el 34,9% de los entrevistados dijo estar completamente de acuerdo con la afirmación de que la defensa de los valores e instituciones democráticas justifica la regulación de los contenidos compartidos en las redes sociales y el 29,3% de los brasileños estuvo completamente en desacuerdo con la afirmación. También hay un grupo de brasileños con posiciones no tan claramente definidas. El 19% de los encuestados está parcialmente de acuerdo con la regulación de los contenidos online para defender la democracia, el 11,5% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 5,4% dice estar parcialmente en desacuerdo.
Además de destacar la disidencia sobre el tema, el estudio profundiza en el análisis e identifica que las percepciones sobre la regulación de los contenidos en línea están influenciadas por factores ideológicos y políticos. Por un lado, los votantes de izquierda tienden a apoyar la regulación del contenido en línea como una herramienta de protección, pero también tienden a considerar la desinformación como una seria amenaza a la democracia. En contraste, los votantes de derecha y centroderecha muestran mayor resistencia a las iniciativas regulatorias, relativizando los impactos de la desinformación en los regímenes democráticos. Entre estos grupos en posiciones opuestas, las investigaciones muestran que una parte de la población, que no se identifica claramente con una ideología política, tiende a adoptar posiciones más neutrales.
En cuanto a la segunda vuelta electoral de 2022, se observa que entre los entrevistados que manifestaron total desacuerdo con la regulación del contenido, el 89,52% eligió a Bolsonaro y sólo el 4,5% eligió a Lula. Por el contrario, entre los que están totalmente de acuerdo con la regulación de contenidos, el 82,9% dijo haber votado por Lula y el 11,8% por Bolsonaro.
En términos comparativos, si la discusión sobre la precisión del diagnóstico sobre la polarización de las disputas políticas ordinarias puede sufrir de muchas debilidades conceptuales, no hay duda de que, si el tema es la regulación de los medios digitales, tenemos una polarización efectiva en la sociedad brasileña.
Así, cuando Zuckerberg anuncia su nueva postura respecto a la relajación de las prácticas de moderación de contenidos y critíca abiertamente los esfuerzos del gobierno por responsabilizar a las plataformas por el contenido que publican, el CEO de Meta está dando una señal directa a la derecha estadounidense, que prioriza la libertad de expresión como un valor que prevalece sobre otros derechos fundamentales. La regulación del contenido en línea se considera ahora una amenaza a los principios fundamentales de la sociedad estadounidense. Además, el posicionamiento del representante del Meta ofrece pistas de una menor comprensión de los riesgos de la desinformación para la democracia.
Autor
Director y profesor del Departamento de Comunicación Social y PGGCOM de la UFMG, así como investigador asociado del Instituto Nacional de Tecnología en Democracia Digital (UFMG)
Profesor de la Escuela de Comunicación, Medios e Información de la Fundación Getulio Vargas e investigador asociado del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Democracia Digital (INCT.DD).
Profesora de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO). Doctora en Ciencia Política por IUPERJ (atual IESP / UERJ), con postdoctorado en la Universidad de California-Irvine.
