La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, impulsa una reforma para penalizar videos falsos de funcionarios públicos destinados a engañar y facilitar un ilícito. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha solicitado ante la Unión Europea patentar su voz como marca sonora. Son intentos de protección frente a los deepfakes: imágenes, videos y audios manipulados con inteligencia artificial generativa para difundir falsedades o violencia sexual, que también advierten sobre una expresión cada vez más sofisticada de violencia política digital de género.
Hablamos de un fenómeno global, que se suma al acoso, amenazas, campañas de descrédito, suplantación de identidad, difusión no consentida de imágenes íntimas y desinformación basada en género. Las mujeres que lideran compiten por cargos o expresan opiniones enfrentan una violencia específica y persistente en redes y plataformas que no es equivalente en magnitud o contenido a la que están expuestos hombres en esferas de liderazgo. No ocurre “a pesar” de su papel público, sino porque lo ejercen. La tecnología acelera con casi total impunidad una violencia patriarcal histórica, que tiene como objetivos deslegitimar la presencia colectiva de las mujeres en la esfera pública, castigar su visibilidad, erosionar su autoridad, intimidar y expulsar sus voces del debate público.
Reconocer esta realidad es el punto de partida de “La Candidata: El Costo Invisible de Participar”, campaña regional de IDEA Internacional y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), lanzada el 6 de octubre. Con datos, evidencia y experiencias de lideresas y comunicadoras, la iniciativa entrega un mensaje claro: la violencia de género y la agresión digital no pueden ser el precio de participar en la vida pública. Tampoco corresponde que cada víctima enfrente sola sus costos: seguridad, apoyo psicológico, asesoría legal, tiempo, reputación e impacto familiar y social.
En redes sociales, según un informe de PNUD, uno de cada cinco mensajes dirigidos a mujeres con voz pública contiene violencia digital. Siete de cada diez defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y trabajadoras de medios encuestadas han sufrido violencia en línea durante su trabajo de acuerdo a datos de ONU Mujeres. Y cuatro de cada diez mujeres con roles públicos dijeron autocensurarse para evitar nuevas agresiones según el informe Tipping Point de ONU Mujeres. Entre las periodistas, la autocensura aumentó del 30% en 2020 al 45% en 2025.
Lo que está en juego es quién puede participar en democracia sin asumir un riesgo desproporcionado para su integridad y bienestar. Cada mujer que abandona una red social, modera una opinión por miedo o renuncia a una candidatura por amenazas, representa una pérdida colectiva. Normalizar esa desigualdad empobrece la deliberación y restringe la representación.
La evidencia comparada y los estudios de IDEA Internacional, muestran que la respuesta penal es insuficiente. Las estrategias más prometedoras combinan regulación, monitoreo digital, alfabetización mediática, cooperación entre autoridades electorales y plataformas, producción de datos, protección y acompañamiento psicosocial. Pero ninguna bastará si no se enfrenta el núcleo cultural del problema: la resistencia a la presencia de mujeres en espacios de poder.
Frente a este fenómeno, IDEA Internacional plantea una respuesta integral. El primer paso es que los países definan con precisión la violencia política digital de género y actualicen sus marcos conforme a la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política.
La corresponsabilidad, además, debe dejar de ser retórica. Plataformas, partidos políticos, instituciones públicas, medios y sociedad civil necesitan cooperar mediante protocolos vinculantes, canales eficaces de respuesta y mecanismos para resguardar evidencia. Los medios también deben evitar que la búsqueda de audiencia transforme una falsificación o agresión viral en noticia sin contexto y multiplique el daño y la victimización.
Al mismo tiempo, los países requieren reglas de gobernanza digital electoral que reconozcan la violencia de género y la desinformación como riesgos centrales. Esto exige monitoreo especializado con enfoque de género para detectar patrones de acoso, campañas coordinadas y ataques, activar respuestas tempranas y producir información útil. En ello, los órganos electorales tienen un rol fundamental. Muchos ya lo han entendido, pero es esencial que otros asuman proactivamente iniciativas de información y prevención, además de monitoreo y sanción.
También es indispensable fortalecer las rutas de denuncia, atención y reparación, con respuestas rápidas, accesibles e interseccionales. No se puede exigir a una víctima que documente sola una agresión masiva mientras sostiene una campaña o ejerce su cargo. Hacerlo es un ataque contra el equilibrio en la competencia electoral, un pilar basal de todo sistema democrático representativo.
Por último, autoridades electorales, candidatas y liderazgos políticos necesitan alfabetización digital para reconocer riesgos y responder adecuadamente. Detectar una manipulación, reaccionar a tiempo y comunicar sin amplificarla son ya capacidades democráticas esenciales.
Las decisiones de Sheinbaum y Meloni son una advertencia oportuna. No porque los deepfakes resuman toda la violencia digital, sino porque muestran hasta dónde puede llegar. La respuesta debe limitarse a blindar a quienes ya ocupan las posiciones más altas. La prueba democrática será que una mujer que inicia su trayectoria pública pueda hablar, disentir y competir sin que la tecnología se convierta en un arma para ocultar agresores que intentan silenciarla.
Autor
Directora regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional). Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Exministra de Justicia y Derechos Humanos de Chile.
Gerenta de proyecto de Integridad Electoral y Género, IDEA Internacional.
