La decisión iraní de impedir el tránsito de buques a través del estrecho de Ormuz como consecuencia del inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel ha materializado las preocupaciones históricas de analistas geopolíticos y responsables de política energética respecto a las vulnerabilidades de los sistemas energéticos nacionales, en muchos casos estructurados en redes que trascienden las fronteras.
El conflicto pone de relieve dos dimensiones centrales de esta vulnerabilidad. Por un lado, expone la vulnerabilidad de la producción petrolera y gasífera de los países de esta región frente a conflictos bélicos. Por el otro, revela la elevada dependencia de los países consumidores respecto a flujos de petróleo, gas natural y derivados concentrados en una región históricamente marcada por las tensiones geopolíticas, en las que los petrodólares desempeñan un papel central en la configuración del poder doméstico y externo de los Estados productores.
A lo anterior se suma, como agravante, la conciencia sobre la dependencia de los actores del mercado de corredores logísticos críticos y su inclusión como objetivos en escenarios de conflicto. En este contexto, el estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de estrangulamiento del abastecimiento energético mundial, se revela como un eslabón crítico cuya interrupción pone de manifiesto la instrumentalización de la posición geográfica como arma geopolítica, lo que genera graves disrupciones en el suministro de energía a escala global y con consecuencias económicas severas.
¿Qué ha pasado?
El 28 de febrero, con el inicio de las hostilidades de Estados Unidos e Israel contra Irán, seguidas de represalias iraníes, se paralizaron los flujos de transporte de petróleo, gas natural y otras materias primas a través del estrecho de Ormuz, lo que impide el transporte de aproximadamente el 19% de la oferta global de petróleo y el 20% de la de gas natural licuado (GNL), la forma en la que el gas se enfría y se convierte en líquido para facilitar su transporte a gran escala.
Como consecuencia directa, se generó una brecha de oferta de alrededor de 11 millones de barriles diarios en el mercado internacional. En el caso del gas natural, también vieron interrumpido su flujo aproximadamente 286.000 millones de metros cúbicos de GNL, un volumen comparable a la cantidad que dejó de suministrarse por gasoductos desde Rusia a Europa en el contexto inicial de la invasión rusa de Ucrania.
Además, el bloqueo afectó significativamente el abastecimiento de otros derivados asociados a la cadena del petróleo y el gas, como fertilizantes nitrogenados, helio y azufre. La relevancia de los países de Oriente Medio como grandes proveedores de estos productos amplificó los efectos de la interrupción, con repercusiones no solo en el sector energético sino también en cadenas productivas críticas como la agricultura y la industria química.
Las consecuencias
Como resultado del agravamiento del conflicto, la tendencia a la baja en los precios del petróleo, del gas natural y de sus derivados observada a lo largo de 2025 se revirtió abruptamente, lo que dio lugar a un escenario de rápido aumento y volatilidad. Las cotizaciones se dispararon: el precio del Brent, que rondaba los 69 dólares en enero, superó la barrera de los 100 dólares, una subida que refleja la elevada incertidumbre respecto a la duración e intensidad de las hostilidades.
Los impactos se propagaron rápidamente a escala global con el aumento de los precios de la energía. Los países asiáticos, que concentran cerca del 80% de las exportaciones de petróleo y el 90% de las exportaciones de gas natural de Oriente Medio, se han visto particularmente afectados, enfrentando presiones sobre el abastecimiento, el aumento de costes y la adopción de medidas de emergencia, como controles de precios, aplicación de subsidios al consumo y medidas de racionamiento, así como otros incentivos para la reducción del consumo energético. No obstante, los efectos ya se notan también en Europa y en partes de África, con tendencia a agravarse a corto plazo a medida que los instrumentos temporales de mitigación comiencen a agotarse.
Ante este escenario, se han adoptado distintas medidas para contener la volatilidad y reducir el déficit de oferta. El gobierno de Estados Unidos ha enfatizado el carácter temporal de sus acciones militares, al tiempo que ha flexibilizado de forma puntual las sanciones al petróleo ruso e iraní para abastecer a grandes mercados consumidores, como la India. Países del Golfo, como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, han redirigido parte de sus exportaciones por rutas alternativas mediante oleoductos que evitan el estrecho de Ormuz. Paralelamente, países de la OCDE acordaron la liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo. En conjunto, las estimaciones más optimistas indican que estas iniciativas han permitido reducir parcialmente el déficit de oferta hasta alrededor de 8 millones de barriles diarios, una cifra superior al consumo de toda América Latina y el Caribe durante 2024.
A pesar de las medidas adoptadas, existe la percepción de que el mercado aún no ha internalizado plenamente la gravedad de la situación. Incluso con la continuidad del alto el fuego anunciado el 7 de abril, la reanudación de las operaciones de producción de petróleo, gas y derivados en algunos países y la recuperación de los flujos de transporte puede llevar meses hasta que se normalicen las actividades.
Si se produjera una prolongación y una escalada del conflicto con mayores efectos sobre la infraestructura energética crítica de la región —algo que los países productores del Golfo han tratado de evitar al no implicarse militarmente—, el escenario podría evolucionar hacia una crisis energética con impactos económicos muy superiores a los observados en experiencias anteriores, como el embargo petrolero de 1973 o el inicio de la invasión rusa de Ucrania. En ese contexto, los precios de referencia del petróleo, del GNL y de sus derivados podrían escalar a niveles aún más elevados, con potencial para provocar destrucción de la demanda y presionar la economía global hacia un aumento de la inflación y un escenario recesivo.
Alternativas
Así, los acontecimientos en Oriente Medio obligan a los países importadores de petróleo, gas y derivados a prepararse para navegar en el actual contexto de incertidumbre provocado por el conflicto en los mercados energéticos y a tomar previsiones para gestionar los impactos que ya se están trasladando a los costes de los combustibles y otros productos.
En este sentido, la respuesta a la crisis, si se prolonga, debe combinar medidas de corto y largo plazo. A corto plazo, es fundamental que los países importadores adopten mecanismos que reduzcan la exposición al shock de oferta, protegiendo especialmente a las poblaciones de menor renta, que tienden a verse desproporcionadamente afectadas por los aumentos en los precios de la energía.
A medio y largo plazo, resulta esencial avanzar en la diversificación de las fuentes de suministro de petróleo y gas natural, priorizando, siempre que sea posible, asociaciones con regiones más estables, aunque ello implique costes más elevados en el corto plazo.
Los países más expuestos al shock de oferta deben intensificar sus esfuerzos para diversificar sus matrices energéticas, aumentar la eficiencia y promover la difusión de fuentes de menor intensidad de carbono.
No obstante, estas estrategias deben implementarse de manera gradual y aprovechando las oportunidades disponibles según las condiciones de cada país y las rutas tecnológicas existentes. Esto se debe a la persistente centralidad del petróleo y del gas natural en el suministro energético global, cuya sustitución no es trivial. Sectores como el transporte pesado, la aviación, la navegación marítima y la industria petroquímica siguen siendo altamente dependientes de estos recursos, dada la limitada disponibilidad de alternativas tecnológicas competitivas a gran escala.
En este contexto, aunque la electrificación avanza como una de las principales estrategias de descarbonización en diversos segmentos de la economía, su aplicación sigue siendo limitada precisamente en las áreas de transición más difícil, lo que refuerza la necesidad de enfoques graduales que combinen seguridad energética y sostenibilidad.
En síntesis, más que una disrupción coyuntural, el conflicto actual expone límites estructurales de un sistema energético anclado en la concentración geográfica de los recursos y en la dependencia de rutas críticas. En este escenario, la seguridad energética vuelve a afirmarse como eje central de las decisiones estratégicas, lo que exige un enfoque más equilibrado entre coste, resiliencia y gestión de riesgos en un contexto global cada vez más marcado por la incertidumbre.
Autor
Doctor en Políticas Públicas, Estrategias y Desarrollo por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Es fundador y presidente de la ONG Venezuela Global, con sede en Río de Janeiro, Brasil.
