El tráfico de drogas químicas es un crimen que atraviesa fronteras y genera grandes montos de ganancias que regularmente se lavan en los paraísos fiscales y la economía formal de los países con economías emergentes.
Esta dinámica provoca distorsiones estructurales con altos costos sociales, de manera que es considerado un crimen transnacional por tratados y leyes internacionales, entre las que se encuentran la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Más recientemente, se han incorporado en Estados Unidos la Controlled Substancies Act y la Fentanyl Sanctions Act, contra organizaciones criminales, y en México la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Estas leyes son de obligado cumplimiento para todos aquellos países que suscriben los tratados de persecución de este delito cuando existe evidencia de que un individuo o una organización produce, distribuye y comercia con cualquier tipo de drogas. No hay excusas para no hacerlo so riesgo de recibir sanciones.
En México se vive actualmente un caso excepcional por el affaire sinaloense, que consiste en la solicitud que ha hecho el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a México para que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, en activo y en retiro, sean detenidos preventivamente con fines de extradición para ser sometidos a juicio en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Se trata de la misma fiscalía en la que en los últimos años han sido juzgados y procesado a capos del Cártel de Sinaloa. Lo excepcional del caso es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha exigido las pruebas suficientes para detener a los funcionarios para obrar en consecuencia, aun cuando la solicitud se hace en los términos y tiempos que establece el Tratado de Extradición, vigente desde 1980.
A la vez que la presidenta Sheinbaum exige pruebas al Departamento de Justicia por la vía diplomática, dos de los funcionarios solicitados, un general y un civil, han decidido acudir ante la justicia estadounidense para enfrentar las acusaciones consideradas como legítimas por un Gran Jurado y están a disposición de la Corte de Nueva York.
Sin embargo, lo sorprendente no ha sido esta entrega voluntaria de quienes se ocupaban de finanzas y de la seguridad pública del gobierno de Sinaloa, sino el giro estratégico que ha dado la presidenta. Sheinbaum no acata la solicitud, que ya está en manos de la Interpol, y transita desde la exigencia de pruebas al discurso de soberanía nacional, cuando para muchos el mayor problema de soberanía no lo representa Estados Unidos sino la captura mafiosa de territorios e instituciones.
Esto ha sido interpretado como un manto protector para los funcionarios que militan en el partido de la presidenta Sheinbaum y que son acusados, además, de colaboración con el Cártel de Sinaloa y de haber utilizado sus recursos económicos y coercitivos para ganar elecciones locales en 2021, especialmente las sinaloenses, donde Rocha Moya obtuvo un triunfo sin precedentes.
Quizá estas elecciones no parecen relevantes en un país donde existe una larga tradición de vínculos de la política con organizaciones criminales. Sin embargo, lo son porque el Cártel de Sinaloa es considerado una organización terrorista por el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense, una droga tipificada por las leyes estadounidenses como “arma de destrucción masiva” y que se cobra unas 100.000 vidas cada año.
El viejo paradigma de que los responsables del narcotráfico y que deberían rendir cuentas ante la justicia, eran solamente aquellos que se dedicaban a la producción, el trasiego y la distribución de cualquier tipo de drogas ha cambiado y ya no es suficiente. Ahora, el nuevo paradigma en las relaciones bilaterales incluye a quienes brindan apoyos estratégicos desde las instituciones públicas.
Este cambio de paradigma ha supuesto un terremoto en el partido gobernante y, particularmente, en la presidencia de la República, que hasta antes de esta solicitud se había mostrado muy receptiva a la exigencia estadounidense de que fueran entregados a la justicia estadounidense decenas de capos, como lo demuestra el hecho de que en el último año entregaron a 92 que purgaban condenas en prisiones mexicanas.
Sin embargo, el tema de los presuntos narco políticos planteaba, para muchos observadores, una exigencia difícil de aceptar, porque, probablemente, muchos de sus militantes y gobernantes habrían pactado con alguno de los cárteles transnacionales. Entregarlos, como se exige, podría poner en riesgo el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación. Y, aún peor, al no obtener respuesta, la administración Trump podría identificar a Morena como un narcopartido, lo que podría tener consecuencias imprevisibles en un momento especialmente difícil para el país.
En definitiva, la respuesta a la pregunta del título va más allá de una u otra opción; implica elementos de derecho internacional, geopolíticos, incluso de salud pública, lo que exige el compromiso de la presidenta Sheinbaum con el país y no con quienes pudieran haber pactado con el narco.
Autor
Profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México
