A finales de marzo del 2025, en un colegio de La Jagua de Ibirico, municipio ubicado en el caribe colombiano, se sentó un grupo de estudiantes, mujeres, hombres y personas LGBTIQ+ para contar como la devolución repentina de los títulos mineros de carbón de Prodeco S.A. en 2021 ha impactado sus vidas y su territorio. Durante el espacio hablaron de empleos perdidos, miedos, violencias basadas en género, dependencia económica y discriminaciones, a su vez, construyeron de manera colectiva recomendaciones de política pública para la no repetición en la transición justa.
La escena refleja una realidad que con frecuencia queda fuera de las conversaciones sobre transición justa. Las voces de la comunidad mostraron que los impactos del cierre minero no se viven de la misma manera. Mujeres y personas LGBTIQ+ relataron barreras que van desde la exclusión en los espacios de decisión hasta distintas formas de violencia y discriminación. Sus experiencias evidenciaron cómo los roles y estereotipos de género, históricamente arraigados en un territorio marcado por la actividad extractiva, continúan condicionando las oportunidades y la participación de quienes habitan el municipio.
Entendiendo esta realidad, la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Universidad del Magdalena y el Semillero de Investigación en Transición Energética (STEUnimagdalena) formularon una investigación interdisciplinar, sociojurídica y participativa, financiada por NRGI: «Deconstrucción de patrones basados en género como elemento fundamental de la transición justa». El proceso se convirtió en un espacio de diálogo donde el conocimiento académico y las experiencias del territorio se encontraron para imaginar alternativas de transición más justas e inclusivas.
Un municipio adaptado al carbón
La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar, es uno de los territorios más afectado por la salida del carbón. Durante décadas, la minería impulsó buena parte de la economía local: generó empleos, dinamizó el comercio, atrajo población y moldeó los proyectos de vida de muchas familias. Sin embargo, ese desarrollo también se construyó sobre profundas desigualdades.
Mientras la mina absorbía principalmente mano de obra masculina, muchas mujeres permanecían vinculadas a labores de cuidado o actividades terciarias. Así, al tiempo que el carbón generaba ingresos, también reforzaba roles de género que limitaban las oportunidades de buena parte de la población.
Cuando Prodeco S.A. cesó sus operaciones mineras, la decisión se justificó por la caída de los precios internacionales del carbón y los efectos de la pandemia, dejando a miles de personas frente a un escenario de incertidumbre. El impacto fue inmediato. Comercios cerraron, los ingresos disminuyeron y muchas familias vieron desaparecer la estabilidad económica que durante años había girado alrededor de la minería. El cierre también hizo visibles problemáticas que llevaban tiempo acumulándose bajo la superficie.
La violencia que aparece después de la mina
Los talleres participativos y grupos focales evidenciaron que la salida del carbón estaba transformando la economía local, revelando desigualdades estructurales relacionadas con el género y la diversidad sexo-genérica. Estas percepciones encuentran eco en las cifras. En 2024, La Jagua de Ibirico registró 102 casos de violencia basada en género, principalmente violencia física, sexual y negligencia, según datos del Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género. Sin embargo, detrás de esos números existe una realidad más difícil de medir: los casos que nunca llegan a denunciarse.
Durante los encuentros comunitarios, las mujeres hablaron de la desconfianza hacia las rutas institucionales y de las dificultades para alcanzar autonomía económica en un contexto marcado por la pérdida de ingresos. Las personas LGBTIQ+ señalaron experiencias de discriminación y exclusión que, en muchos casos, continúan limitando su acceso a oportunidades laborales y espacios de participación. Por su parte, los jóvenes expresaron incertidumbre frente al futuro y reconocieron la necesidad de contar con más información sobre derechos, género y mecanismos de atención ante las violencias. Los hombres también compartieron reflexiones sobre las presiones asociadas a los modelos tradicionales de masculinidad, como estigmas, burlas y sanciones sociales hacia quienes ejercen una masculinidad corresponsable.
Los testimonios dejaron una lección importante: una transición justa no solo implica transformar la economía, sino también cuestionar las relaciones de poder y los imaginarios de género que organizan la vida cotidiana.
La transición justa no puede ser solo productiva
La experiencia de La Jagua de Ibirico muestra que la transición no puede reducirse al cierre de minas o a la sustitución de una actividad económica por otra. Si las desigualdades estructurales permanecen intactas, el nuevo modelo podría replicar las mismas exclusiones del anterior.
En ese contexto, el trabajo desarrollado por la Clínica Jurídica y el STEUnimagdalena buscó ir más allá del diagnóstico. La investigación permitió construir recomendaciones de política pública desde las voces de la propia comunidad, abriendo un espacio para que las personas afectadas por el cierre minero imaginaran alternativas para el futuro de su territorio.
Las recomendaciones coincidieron en una idea central: la transición debe poner a las personas en el centro. Las mujeres insistieron en la necesidad de fortalecer su autonomía económica; la población LGBTIQ+ pidió ser reconocida e incluida de manera efectiva en las políticas públicas; los jóvenes reclamaron espacios reales de participación; y los hombres destacaron la importancia de promover procesos educativos que cuestionen las violencias y los estereotipos de género.
La academia frente al extractivismo académico
En territorios históricamente marcados por el extractivismo, también surge una pregunta para quienes investigan: ¿qué pasa cuando la academia llega, recoge testimonios, produce conocimiento y se marcha? Por eso, la investigación apostó por un proceso de co-construcción. El propósito no fue hablar en nombre de la comunidad, sino generar insumos que pudieran fortalecer sus procesos de incidencia. Los hallazgos y recomendaciones ya han sido socializados con actores locales, instituciones y organizaciones vinculadas al territorio.
El desafío ahora es que estas propuestas no queden únicamente en informes o documentos técnicos. La transición en La Jagua de Ibirico ya está en marcha. La pregunta es si será una transición marcada por el abandono o una oportunidad para construir un futuro más justo e inclusivo.
Este artículo forma parte del compendio “Clínicas jurídicas ambientales en América Latina y el Caribe: formación, territorio y justicia ambiental”, publicado en mayo de 2026 por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de Latinoamérica y el Caribe y Latinoamérica21.
Autor
Economista y joven investigadora de STEUnimagdalena, comprometida con la transición energética justa, la reconversión laboral,la transformación social y de género en territorios salientes de la minería de carbón.
Estudiante de derecho, conciliadora en derecho y semillerista del Grupo de Investigación Saberes Jurídicos de la Universidad del Magdalena, comprometida con los derechos humanos, la defensa de poblaciones vulnerables y el género.
Máster en derecho, docente universitaria e investigadora en derechos humanos y género. Investigadora del grupo Saberes Jurídicos y coordinadora de la Clínica Jurídica de los Derechos de la Universidad del Magdalena. Miembro de la Red Iberoamericana de Mujeres por la Acción Climática.
