Hacía frío esa tarde. El típico frío de julio en Buenos Aires. Las aulas, de todas formas, tenían ese calor humano que daba un cobijo especial. Y algo ebullía en los claustros. Se discutía autonomía, se discutía soberanía y los sentidos de la educación y la ciencia públicas. De pronto, golpes y gritos irrumpieron en los edificios, y las facultades fueron sitiadas por la Policía Federal, armada con bastones que abrirían heridas que durarían por siempre, particularmente en un campo del que poco se ha hablado.
El contexto en Argentina y la región
El gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, instaurado tras el golpe de Estado que un mes antes había derrocado al presidente democrático Arturo Umberto Illia, había desarticulado la estructura universitaria disolviendo los órganos de gobierno y sustituyendo a las autoridades por interventores. Esta dictadura, autodenominada “Revolución Argentina”, fue instalada acorde a lo que indicaba la Doctrina de la Seguridad Nacional que Estados Unidos impuso en América Latina durante la Guerra Fría como parte de su estrategia político-militar.
La intervención a las universidades perseguía, entre otros objetivos, el intento de anular al supuesto “enemigo interno”, representado por estudiantes y docentes-investigadores que repensaban su rol y el de las instituciones. Las universidades se encontraban en tiempos de modernización y planteos acerca de qué ciencia llevar adelante en pos de una soberanía del conocimiento. Esto era un factor de riesgo para los intereses estadounidenses. También resultaba un ejemplo indeseable regionalmente, toda vez que los movimientos universitarios argentinos, a partir de la Reforma Universitaria de 1918, tuvieron influencia en los demás países del Cono Sur.
La consolidación de la agenda ambiental global y el silenciamiento de la ciencia en América Latina
Argentina se encontraba en esta ebullición de planteos sobre qué educación y qué ciencia eran prioritarias para el desarrollo soberano, y la Noche de Los Bastones Largos tendría un efecto devastador. La represión desatada ese 29 de julio, que tuvo sus focos principales en las Facultades de Ciencias Exactas, Arquitectura, Filosofía e Ingeniería, produjo una ola de renuncias de autoridades y docentes que en muchos casos terminarían en historias de exilios. Esta diáspora resultó en una reconfiguración no solo de los laboratorios e institutos de investigación, sino también de las redes de colaboración científica regionales.
La ecología era por entonces una ciencia incipiente en el mundo, y estaba sufriendo cambios. Hasta entonces se focalizaba más en el estudio y descripción de especies y poblaciones, y empezaba a girar hacia el estudio de los cambios globales y la contaminación, erosión y degradación de los ecosistemas. Este nuevo modelo de investigación se consolidó con el financiamiento de agencias estadounidenses, en lo que se denomina la era de la “Big Ecology”, que incluía el Programa Biológico Internacional (IBP), y varios proyectos financiados por la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos en lugares estratégicos territorialmente. También lo influenciaron las crecientes movilizaciones ciudadanas contra la degradación ambiental, por ejemplo la primera celebración del Earth Day, respaldada por el presidente Richard Nixon en Estados Unidos, y en 1972 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo. La cuestión ambiental atravesada por demandas pacifistas y gritos por una conciencia planetaria pasó, por lo tanto, a instalarse definitivamente a finales de la década de 1960 y comienzos de 1970.
Sin embargo, mientras en el Norte esta preocupación por el ambiente fortalecía a la ecología como campo científico, en América Latina las dictaduras militares provocaron el camino inverso. La persecución en universidades interrumpió el desarrollo de la ciencia ecológica, que hasta entonces seguía una trayectoria convergente con la evolución de la disciplina a escala global. La ecología, aquí, resultaba incómoda para los intereses de la Doctrina de la Seguridad Nacional promovida por Estados Unidos. Las condiciones para producir conocimiento fueron sistemáticamente desmanteladas, abriendo brechas difíciles de cerrar y mostrando la dimensión estratégica de este proceso.
Resulta imposible separar la persecución del pensamiento científico del modelo económico que aquellos regímenes buscaban consolidar. Para la economía extractivista promovida y sustentada en esa época, una ciencia capaz de medir la degradación ambiental, demostrar los impactos de la explotación de los recursos naturales y, potencialmente, cuestionar ese modelo de desarrollo resultaba profundamente inconveniente. América Latina se consolidó, así, como una doble zona de sacrificio. Por un lado, de nuestros territorios y bienes naturales entregados a la extracción para el desarrollo del Norte, y, por el otro, de las ideas, obligadas al exilio, al silencio y a la interrupción. Al mismo tiempo que se extraían las riquezas, también se excavaba una herida en la capacidad de construir conocimiento; una herida que continúa sangrando hasta nuestros días.
Una lógica de censura y persecución que se renueva
Hoy, 60 años después de los acontecimientos de la Noche de los Bastones largos, América Latina se encuentra en una encrucijada similar, en que la educación y la ciencia vuelven a ser objeto de persecución y desmantelamiento. Durante las últimas décadas, las ciencias ecológicas en los países de Latinoamérica se encuentran poniendo en discusión los efectos de los neoextractivismos sobre los socioecosistemas. La descripción de efectos negativos de la minería a cielo abierto, la producción agrícola a gran escala y la transición energética del Norte Global sobre los países del Sur Global son resultados centrales de las investigaciones (socio)ecológicas.
El abordaje de estos temas constituye un eje ineludible en las agendas científicas locales, en consonancia con las agendas de investigación y de organismos científico-gubernamentales a nivel global. Iniciativas como el Panel Intergubernamental para el Estudio del Cambio Climático (IPCC) y la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) hoy se enfrentan a una realidad de descrédito, desfinanciamiento y vaciamiento por parte de Estados Unidos, otrora su promotor.
Algunos gobiernos regionales comulgan con este negacionismo en cuanto a cambio climático e incluso en cuanto a los límites que la ciencia plantea en relación con el uso sustentable de los recursos naturales o bienes comunes. La palabra sustentabilidad ha sido incluida, de hecho, en el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) de los Servicios de Inteligencia argentinos en mayo de 2025. Sus directivas ponen en el blanco y hacen objeto de seguimiento a los promotores científicos que abogan por la conservación de la biodiversidad y la protección de los océanos, las organizaciones e investigadores vinculados a estudios en sustentabilidad, y otros que pudieran resultar un impedimento para la explotación de recursos minerales o petroleros.
Hoy, diversos organismos estatales de ciencia y tecnología tienen restricciones para utilizar términos como cambio climático. Estos puntos son claramente preocupantes y representan formas actuales de restringir la capacidad de la ciencia de abordar problemas incómodos de discutir para el modelo dominante. Tales lineamientos pueden ser resultado de las nuevas políticas coordinadas entre los gobiernos de las nuevas derechas latinoamericanas y el recrudecimiento del accionar imperialista del gobierno de Estados Unidos en la región, incluyendo el Nuevo Plan Cóndor y el Escudo de las Américas. Pueden ser, también, nuevas heridas sangrantes en nuestros sistemas científicos, como aquellas de hace 60 años y de las que aún quedan cicatrices en forma de memoria colectiva.
Esta nota es producto del proyecto de investigación «Huellas y cicatrices de las dictaduras del Cono Sur en la ecología de América Latina» llevado a cabo por MC y LE. Ambos integran la Red Latinoamericana de Ecología (ReLatE).
Autor
Biólogo. Investigador y Profesor en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET) y la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Estudia efectos del uso del suelo sobre los servicios ecosistémicos, e interrelaciones a distintas escalas entre biodiversidad, alimentos, agua, salud y cambio climático.
Investigadora del Programa POSDOC-DGAPA de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México.
