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Una región, todas las voces

¿Hacia una democratización internacional de la desigualdad?

Jerónimo Giorgi
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¿Hacia una democratización internacional de la desigualdad?

La desigualdad de ingresos en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de los países ricos, se encuentra en su nivel más alto en el último medio siglo. Sin embargo, los dos países más pobres del club, México y Chile (los únicos latinoamericanos), junto a Turquía, fueron los únicos que han disminuido la desigualdad en los últimos años. Por lo tanto, si bien la brecha sigue siendo muy ancha, según datos del propio organismo, en los últimos años la desigualdad de los ingresos entre países se está reduciendo.

Si bien durante la década de 1990 y hasta la crisis económica del 2008, la renta de los hogares en los países de la OCDE creció un promedio de 1,7% al año, la desigualdad también aumentó. Esto se debe, de acuerdo con un consenso ya establecido, a que el crecimiento económico no es suficiente para reducir las brechas si no es inclusivo. Mientras que hace 25 años el ingreso promedio del 10% más rico de la población de los países desarrollados era aproximadamente 7 veces mayor que el del 10% más pobre, en la actualidad la brecha es 9 veces más alta.

Hacia finales de los años ochenta, el aumento de la desigualdad comenzó a generalizarse, y hacia la década del 2000 se extendió a países tradicionalmente de poca desigualdad»

A lo largo del tiempo, la desigualdad de ingresos en los países desarrollados ha seguido diferentes patrones, explicó el informe Una visión general de los ingresos crecientes desigualdades en los países de la OCDE: hallazgos principales, de la OCDE. A finales de 1970 y principios de 1980 la desigualdad comenzó a aumentar en países como Estados Unidos, el Reino Unido o Israel. Pero hacia finales de los ochenta, el incremento de la desigualdad comenzó a generalizarse, y hacia la década del 2000 se extendió a países tradicionalmente de poca desigualdad como Alemania, Dinamarca y Suecia, donde “creció más que en cualquier otro lugar en la década de 2000”. La principal causa de este fenómeno para parte de la Academia es la globalización, debido a que la integración comercial está asociada con altos salarios de trabajadores especializados, y el rezago de la mano de obra menos cualificada.

Mientras que en los países más desarrollados de la OCDE la desigualdad se ha incrementado en las últimas décadas, en los países menos desarrollados del club como Chile, México o Turquía, esta se redujo considerablemente desde niveles muy altos. En el caso de las potencias emergentes, en China y en la India el sostenido crecimiento económico ha ayudado a sacar a millones de personas de la pobreza, pero estos beneficios no se han distribuido uniformemente y la desigualdad de ingresos ha aumentado aún más. Del grupo de economías dinámicas emergentes, solo Brasil logró reducir en gran medida la desigualdad, según datos de la OCDE.

A pesar de la heterogeneidad, “en los años dos mil la desigualdad monetaria se redujo en casi todas las economías del mundo en desarrollo” a un ritmo moderado, afirmó Leonardo Gasparini en el informe Desigualdad en países en desarrollo: ¿ajustando las expectativas?, del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas). Y durante la primera mitad de la década actual, aunque a una tasa sensiblemente menor, la desigualdad promedio siguió disminuyendo. Este fenómeno contrasta con el rápido incremento de la desigualdad que se vivió entre fines de los ochenta y principios de los dos mil, durante los años dorados del neoliberalismo.

La considerable disminución de la desigualdad de los países en vías de desarrollo está vinculada, en parte, al boom de las materias primas. Por lo tanto, un factor determinante de la desaceleración de la disminución de la desigualdad fue la desaceleración de la economía mundial luego de la crisis económica que empezó una década atrás. El enfriamiento económico implicó la baja de los términos de intercambio, lo cual había permitido mantener altos niveles de empleo, políticas laborales y reformas fiscales que financiaron ambiciosos programas sociales en muchos países exportadores de materias primas. En este marco, América Latina fue la región del mundo que más disminuyó la desigualdad desde el año 2002, con una reducción de su coeficiente de Gini cercana al 10%.

Esta reducción, sin embargo, no ha sido suficiente, ya que América Latina sigue siendo la región más desigual, por detrás de África subsahariana. Y con un Gini promedio de 0,41, se encuentra aún lejos de los países de la OCDE, cuyo índice se encuentra en torno al 0,3. Mientras en los países de la OCDE el ingreso promedio del 10% más rico es 9 veces mayor que el de los más pobres, en México y Chile, la diferencia es 25 veces mayor. Además, el índice promedio de desigualdad de los países en desarrollo aún se halla por encima del valor de principios de los ochenta, lo que evidencia las dificultades para su reducción. Sin embargo, más allá de las persistentes brechas entre países desarrollados y en vías de desarrollo, algunos estudios podrían sugerir cierta tendencia hacia una democratización de la desigualdad.

El problema del plástico también es latinoamericano

David Castells-Quintana
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El problema del plástico también es latinoamericano

El plástico es un material resistente, ligero, duradero, moldeable, y sobre todo barato, con el que actualmente se fabrican infinidad de cosas. El plástico ha revolucionado el mundo hasta el punto de que hoy en día se producen más de 400 millones de toneladas de plástico al año. Una industria en gran expansión que espera triplicar su producción antes de mediados de este siglo y que ya genera miles de millones de dólares al año, pero que implica enormes costos medioambientales al planeta.

Los países latinoamericanos son un gran mercado en este sentido. Aunque el consumo de plástico en los países de la región sigue siendo menor que en los países avanzados, va en aumento, aunque con diferencias notables entre países. Por ejemplo, en Chile, el consumo de plástico se estima en 51 kg por persona por año. En Argentina ese consumo llega a los 44 kg anuales, y en Brasil, a 37. En Colombia y Ecuador aún no supera los 30 kg.

Hasta un 30% del plástico importado por los países latinoamericanos se transforma para ser reexportado»

En los países latinoamericanos el consumo de plástico ha sido tradicionalmente cubierto con importaciones. Sin embargo, en varios países de la región la industria del plástico está en fuerte desarrollo. Se estima que actualmente hasta un 30% del plástico importado por los países latinoamericanos se transforma para ser reexportado. En Ecuador, por ejemplo, se calcula que la industria plástica genera más de 15 mil empleos directos y hasta 60 mil más, indirectos, y representa hasta medio punto porcentual de todo el producto interior bruto del país.

Pero ¿qué pasa con todo el plástico que se consume en Latinoamérica cuando es desechado? ¿Dónde termina? De todo el plástico producido en el mundo, la mayor parte, alrededor de 260 millones de toneladas al año, termina desechado. Como ejemplo, una bolsa plástica se produce en segundos, se utiliza en promedio menos de 30 minutos, y luego tarda como mínimo 400 años en biodegradarse. Por lo tanto, el plástico desechado se está acumulando a tal velocidad que se ha convertido en una verdadera problemática de alcance global, a la que Latinoamérica no es inmune. Frente a este urgente problema, muchos países del mundo están ya fuertemente concienciados y reciclan cada vez mayores porcentajes del plástico usado. Un reciclaje que no solo tiene un propósito medioambiental, sino que además puede llegar a ser bastante rentable.

En Latinoamérica aún reciclamos muy poco del plástico que usamos. El reciclaje sigue siendo aún una oportunidad poco aprovechada. Pero esto puede estar cambiando. En marzo de este año, Bogotá acogió la Cumbre Latinoamericana Recicla, que reunió a Gobiernos, empresas, organismos multilaterales y recicladores de más de 20 países de la región, como parte de una muestra de lo que parece ser un cambio de actitud en la región.

Con una industria de reciclaje más grande y desarrollada, los países latinoamericanos no solo podrían aprovechar recursos valiosos, sino también generar más empleo e ingresos. Así mismo, incrementar los niveles de reciclaje representaría un paso importante para transitar hacia una gestión más sostenible de nuestros residuos. Una gestión que eventualmente debería tener como objetivo no solo reciclar, sino también reemplazar mucho del plástico utilizado diariamente por sustitutos biodegradables. Como ejemplo, en el mundo se consumen 5 billones de bolsas de plástico anualmente, por lo que su reemplazo por sustitutos de fibras naturales es una medida de consecuencias positivas directas en el medio ambiente.

Recientemente se promulgó en Chile una ley que prohíbe la entrega de bolsas de plástico en comercios de todo el país, convirtiéndose, así, en el primer país en adoptar esta legislación en América del Sur. Panamá también ha aprobado la prohibición total en comercios, y Colombia aplica un impuesto a las bolsas desde el año pasado. Además, países como Uruguay, Costa Rica, Bahamas o Belice están implementando medidas de lucha contra las bolsas de plástico.

El hilo vinculante de la política

Carlos A. Gadea
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El hilo vinculante de la política

Existen fundamentos claros sobre la actual sintonía histórica entre las figuras políticas de Lula da Silva, Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Tres figuras diferentes, aunque conectadas, y no sin paradojas, por un presente que nos premia con jugosas lecciones. De Lula da Silva ya se sabe que no podrá ser candidato a la Presidencia de la república de Brasil por el Partido de los Trabajadores (PT), debido a una decisión tomada por amplia mayoría (6 a 1) por los jueces del Tribunal Superior Electoral este 31 de agosto. Juzgado en segunda instancia por corrupción y lavado de dinero a 12 años y un mes de prisión, y cumpliendo pena en dependencias de la Policía Federal de Curitiba, fue impedido por la “ley de ‘Ficha Limpia” a hacer campaña y a presentarse a las próximas elecciones. Casos de la política.

Así, no menos complicada se encuentra la expresidenta argentina Cristina Kirchner.

Finalmente, el lunes 17 de septiembre, fue procesada con prisión preventiva por ser considerada la jefa de una organización criminal integrada por exfuncionarios y empresarios que movieron más de 100 millones de dólares en coimas. El caso de los “cuadernos de las coimas” revela supuestos sobornos a importantes empresarios para obtener contratos de obras públicas durante los gobiernos del matrimonio Kirchner, entre los años 2005 y 2015. Este detallado sistema de anotaciones de un exchofer, Oscar Centeno, muestra vínculos con los gobiernos kirchneristas, por lo que quedaron detenidos 13 exfuncionarios del gobierno y empresarios, y por el cual la expresidenta, y varios de sus colaboradores más cercanos, como Julio de Vido y Oscar Parrilli, y hasta un exjuez, Norberto Oyarbide, han sido llamados por la justicia para declarar. La expresidenta, quien considera que el escándalo se reduce a una tentativa de persecución política, goza de foro privilegiado como senadora, y de momento parece improbable su desafuero en el Congreso.

El caso de los “cuadernos de las coimas” recuerda bastante el deflagrado en Brasil con la llamada operación Lava Jato y los sobornos en torno a las constructoras Odebrecht y OAS. En ambas situaciones, políticos de diferentes partidos y funcionarios han sido condenados con prisión, y la institución del “delator premiado” ha sido central. Estos dos casos, sin embargo, parecen estar comunicados por un hilo. Y es que Julio de Vido, exministro de Planificación Federal de Argentina entre 2003 y 2015 habría recibido más de 20 millones de dólares de la poderosa Odebrecht a cambio de facilitarle el contrato por la extensión de las redes de servicio de gas del país.  

No fue como se esperaba y el ‘gradualismo’ reformista a que tanto aspiraba en sus medidas económicas se diluyó»

Mientras estos expresidentes continúan entretenidos en tramas que los mantienen atrapados a años pretéritos, Mauricio Macri viene perdiendo el sueño por excederse en su predicción del futuro. No fue como se esperaba y el “gradualismo” reformista a que tanto aspiraba en sus medidas económicas se diluyó. El peso se devaluó frente al dólar, la tasa de interés extrapolaría expectativas y el clima de conflictividad estructural, y del peronismo latente, se haría presente en menos de 24 horas. Todo, para lo que Macri no estaba preparado.

Argentina vivió durante más de diez años bajo la pesadilla del déficit fiscal, la inflación y el peso supervalorizado. A la pobreza (en torno a un 28,7%, según el Observatorio Social de la Universidad Católica en 2014) se le combatía con programas sociales financiados con déficit fiscal e inflación. El Gobierno manipulaba las tasas de interés para mantener el dólar desvalorizado, causando, con ello, restricciones a las importaciones y el propio acceso al dólar (generándose un mercado negro en torno a la divisa). En cuanto a la seguridad jurídica y a la corrupción, Argentina ocupaba el lugar 107 de 175 países en el ranking de Transparencia Internacional, y el índice de “riesgo país” era tres veces mayor que el de Perú. Déficit crónico de energía. “Fondos buitres”. Y conflictividad social en alta.

El mismo lunes 3 de septiembre que Cristina Kirchner declaró ante el Juzgado, el peso argentino se devaluó frente al dólar, lo que acarreó la más importante crisis política en el gobierno de Macri. Las medidas anunciadas al día siguiente fueron: reducir su gabinete a la mitad (una medida que indica, más que una marca de austeridad, una nueva dinámica de trabajo), reintroducir el impuesto a las exportaciones y retirar algunas subvenciones que todavía seguían. En pocas horas hizo lo que no había hecho en más de dos años de Gobierno. En su discurso pidió el apoyo de quienes menos sufren e hizo una arriesgada elección: soportar las críticas del sector exportador, en lugar de la avalancha de críticas en las calles. 

El gobierno de Macri siempre evitó hacer política. Pero la reforma en su gabinete marca la salida del “gobierno de los CEO”, lo que representa un notorio avance. Macri pensó que podía gobernar con tecnócratas sin corbata. Subestimó la polarización política y social, evitó los debates políticos más importantes y conversó poco con una oposición que estaba dispuesta al diálogo, en especial el peronismo no kirchnerista.

Ahora, sin embargo, Macri parecería estar dispuesto a entrar en el campo político. Hasta el momento, había evitado referirse a las andanzas judiciales de su antecesora. No obstante, en su discurso se refirió al “escándalo de los cuadernos” y su efecto en la imagen del país en el exterior. Pero mientras la expresidenta deambula, cada tanto, por los pasillos de juzgados, la inflación avanza y el dólar se dispara. Macri no puede ignorar que cada uno de sus pasos lleva la impronta de los de su antecesora. Un hilo los mantiene conectados, el mismo que Odebrecht, Lula da Silva y Julio de Vido mantiene con Cristina Kirchner. Todos vinculados, y separados.       

Elecciones tras una puñalada

Carlos A. Gadea
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Elecciones tras una puñalada

Pensar a partir de las paradojas puede ayudarnos a interpretar el presente. Y el episodio de la puñalada al candidato de las elecciones por la Presidencia de Brasil, el excapitán Jair Bolsonaro (PSL), puede ser un buen ejemplo. Bolsonaro no estaba yendo bien en las entrevistas y debates, sin embargo, en las redes sociales, con más de 5 millones de seguidores, su presencia era innegable. Pero su permanencia en el hospital por prácticamente un mes le mantendrá alejado de nuevos debates y entrevistas, mientras la campaña se seguirá desarrollando en las redes sociales.

Sus hijos ya parecen estar sustituyéndolo ante las cámaras, aunque es esperable, con cierta avidez, que el oculto economista que lo acompaña, Paulo Guedes (un neoliberal sin concesiones, proprivatizaciones), pueda comenzar a aparecer en dosis homeopáticas, en la medida que “el mercado” se está inclinando a apoyar la candidatura del excapitán. Con Bolsonaro ausente, y con nuevos rostros, un poco menos belicosos en escena, la intención parecía ser inyectarle nuevos bríos a la campaña y sobrepasar el techo del 22% para la primera vuelta, que le otorgaba la encuesta de opinión de Ibope de la semana pasada. Y en pocos días se logra percibir cierto efecto tras la puñalada. En encuesta divulgada este lunes 10 de septiembre por parte de FSB/BTG Pactual, Jair Bolsonaro dio un salto considerable pasando del 26% al 30%, que lo aisló del resto de los candidatos.

Bolsonaro, quien no solo representa políticas de derecha o de extrema derecha, sino que se presenta como un “antisistema”, se ha visto beneficiado por el efecto de marketing que le permitió sensibilizar a aquellos que veían en él, la única figura “contra todo lo que está ahí”, en referencia al sistema político del país. No obstante, y más allá del crecimiento, hay algo claro: para los actores que quieren escuchar más que de armas, “kit gay” y penalización del aborto, la imagen del candidato se ha agotado. ¿Será que el economista Paulo Guedes saldrá, finalmente, de su escondite?

La puñalada consiguió alterar el escenario político en varios sentidos»

Pero paradójicamente, Bolsonaro no fue el único en despuntar en estos días. La puñalada consiguió alterar el escenario político en varios sentidos. En la encuesta de la semana pasada de Ibope, previa al episodio, los candidatos Marina Silva (Rede) y Ciro Gomes (PDT) se posicionaron en segundo lugar, igualados con 12%. Pero mientras Marina Silva se mantuvo, Ciro Gomes avanzaba cuatro puntos, en un salto de gran importancia para el contexto electoral actual, si se considera además que es el candidato menos rechazado por el electorado. Más atrás, Geraldo Alckmin (PSDB) contaba con el 9%, y Fernando Haddad (PT), con el 6%. Ahora bien, al considerarse la reciente encuesta de FSB/BTG Pactual, se puede ver que mientras Ciro Gomes aumentó de 4% a 7%, Marina Silva se mantuvo, lo que acentúa la tendencia de crecimiento de Ciro Gomes en la disputa para la segunda vuelta con Jair Bolsonaro. Este avance de Gomes no se puede atribuir directamente al “efecto puñalada”, ya que venía manifestando avances desde la semana pasada, pero sí puede atribuirse al crecimiento de Bolsonaro.

No es posible prever qué sucederá con la campaña de Bolsonaro y su apoyo. Muy probablemente haya llegado a su techo con sus 30% de adhesiones. Pero sí se prevé que sucedan dos cosas. Primero, Lula da Silva, aún preso, puede constituirse en una víctima de segundo orden, ya que las atenciones fueron desviadas. Con esto, es posible que la estrategia del PT, centrada en Lula y su condición de inviabilizado para las elecciones, comience a perder fuerza. De hecho, en la tarde del martes 11, la ejecutiva del PT, en el límite del tiempo exigido por el Tribunal Superior Electoral, nombró a Fernando Haddad, su candidato a vicepresidente, a encabezar la lista a la Presidencia, en un contexto de gran dificultad en la transferencia de votos de Lula hacia lo que había sido, hasta el momento, su candidato suplente. En segundo lugar, Bolsonaro gana cierto blindaje por su condición de salud. Aquí quien saldría perdiendo sería Geraldo Alckmin (PSDB), el candidato que más se está esforzando en desconstruirlo para atraer eventuales electores de la derecha y a mujeres.

Todavía, a más de tres semanas de las elecciones, hay un alto porcentaje de indecisos. No obstante, considerando las últimas encuestas, parece claro que habrá segunda vuelta y que Marina Silva y Ciro Gomes son los candidatos con mayores chances de disputarle la Presidencia a Bolsonaro. Pero una diferencia a favor de Ciro Gomes puede ir ampliándose, paradójicamente, por el “efecto de la puñalada” que, como era de prever inicialmente, beneficiaría solo a Bolsonaro.

Hay indicios de que la campaña tienda a polarizarse una vez más, y en esta oportunidad los protagonistas centrales no parecen ser los clásicos PSDB y PT. Al reciente estancamiento de Marina Silva, quien continúa evadiendo la polarización, se le opone el crecimiento de Ciro Gomes, que por estos días está de campaña en el nordeste del país, donde se presume que pueda disputar el electorado tradicional del PT. No obstante, Ciro Gomes, quien también venía evitando la polarización, se ha visto sorprendido por una situación ajena que se ha encargado de reubicarlo en medio de la polarización.

Según la encuesta de Ibope, Bolsonaro solo ganaría en segundo turno al candidato del PT, Fernando Haddad. Ciro Gomes, por otro lado, sería con quien perdería por una mayor diferencia, aunque Marina Silva también le ganaría en una eventual segunda vuelta. De esta manera, Ciro Gomes se ha convertido en la mayor preocupación para dos sectores políticos: para el PT por riesgo a perder la hegemonía de la izquierda; y para el sector de Bolsonaro, que habría soñado una disputa con el PT y explotar una polarización y una narrativa antilulista, y que ahora, frente a Ciro Gomes, se enfrenta ante una polarización política real.

Si en el tiempo que falta no hubiera grandes alteraciones y las tendencias electorales siguiesen su curso, Ciro Gomes —heredero de un desarrollismo truncado a la brasileña, un socialdemócrata posmoderno, ecléctico en sus preocupaciones sociales y culturales, y una especie de mezcla de Leonel Brizola con Emmanuel Macron— puede llegar a ser el nuevo presidente de Brasil desde el 1 de enero de 2019. Pero, ciertamente, todavía hay mucho por delante.  

Gobernabilidad electrónica: ¿dónde estamos?

Jerónimo Giorgi
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Gobernabilidad electrónica: ¿dónde estamos?

Según el último informe sobre desarrollo digital publicado por Naciones Unidas, solo 5 de los 19 países latinoamericanos se encuentran entre los 50 más digitalizados del mundo, mientras que el continente americano, en su conjunto, presenta índices de gobierno electrónico similares a los de Asia. Este ranking, liderado por los países europeos, mide el alcance y la calidad de los servicios en línea, el estado de la infraestructura de telecomunicaciones y la capacitación.

“Si las innovaciones tecnológicas son el motor de la llamada nueva economía, los datos son la nueva gasolina de la digitalización”, afirma el jefe de Innovación para Servir a los Ciudadanos del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), Carlos Santiso, en el artículo La nueva economía de los datos: el gobierno digital como política de Estado. En medio de un acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), la gobernabilidad electrónica se puede entender como el uso de la tecnología por parte del sector público con el objetivo de mejorar el suministro a la información y los servicios. La gobernabilidad electrónica implica una nueva forma de diseminar la información de una manera más eficaz, rápida y transparente, para facilitar el acceso público y el desarrollo de actividades administrativas más eficaces, como podrían ser los trámites, por parte del Gobierno.

Los países que han alcanzado los mayores logros han invertido en el desarrollo de sus funcionarios»

Según el doctor Kevin Casas-Zamora, director del Programa Peter D. Bell sobre Estado de Derecho en América Latina, a través de la gobernanza electrónica se busca “estimular la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, de manera que el gobierno sea más responsable, transparente y eficaz”. Pero para alcanzar la transformación digital del Estado, es necesario no solo contar con el respaldo de la sociedad en su conjunto y el sector privado, sino que los funcionarios adquieran nuevas habilidades. De hecho, los países que han alcanzado los mayores logros han invertido en el desarrollo de sus funcionarios en áreas menos tradicionales como la ingeniería de sistemas, las ciencias de datos o la inteligencia artificial.

A pesar de los esfuerzos, el sector público en América Latina sigue afectado por una burocracia excesiva. Los trámites, además de exigir en promedio más de 5,4 horas para su ejecución, se estructuran en torno a complejos mecanismos muchas veces afectados por la corrupción. De hecho, según afirma Santiso en su artículo, el 29% de los latinoamericanos encuestados reconoce haber sobornado en algún momento para completar un trámite. Esto se enmarca en un contexto mayor donde la legitimidad de las instituciones democráticas están, según Casas-Zamora, “gravemente erosionada por la extendida percepción de corrupción y por las graves dificultades que exhiben los Estados de la región para hacer llegar a la ciudadanía, de manera eficiente y eficaz, bienes y servicios públicos de calidad”.

De acuerdo con el informe de la ONU, existe cierta correlación entre el nivel de ingresos del país y el desarrollo del gobierno electrónico. Sin embargo, para obtener buenos resultados, la digitalización debería ser una política de Estado. De hecho, la creación de una agencia gubernamental especializada ha sido determinante en el caso particular de Uruguay, que encabeza el ranking latinoamericano y pertenece al club Digital 7, la red conformada por los Gobiernos líderes en materia digital, entre los que se encuentran Canadá, Estonia, Corea del Sur, el Reino Unido, Israel y Nueva Zelanda.

En el segundo puesto latinoamericano, Panamá, que ha realizado considerables inversiones en desarrollar su agenda digital, trepó 14 puestos en dos años. Mientras Colombia retrocedió del puesto 57 al 61 a pesar de haber mejorado considerablemente en términos absolutos, debido a que avanzó a un menor ritmo que otros países. Uno de los progresos de Colombia, al igual que México y Brasil, fue la apertura de datos públicos a través de portales, lo cual ayuda a derribar las barreras de información dentro del mismo Estado y permite una mayor transparencia del ejercicio público.

La modernización de la gestión pública a través de la aplicación de las TIC es parte del proceso de transformación del Estado. Esto implica mejorar la gobernabilidad y la entrega de bienes públicos y servicios a la ciudadanía, pero sobre todo, indicó Casas-Zamora, es una oportunidad “para redefinir conceptos y formas de participación ciudadana y democracia”. Por ello, es fundamental que los líderes políticos no solo comprendan el potencial del e-Gobierno, sino que también asuman el compromiso que requiere su efectivo desarrollo.

Los recortes en las previsiones auguran nubarrones en Latinoamérica

Ricardo Aceves
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Los recortes en las previsiones auguran nubarrones en Latinoamérica

“América Latina y el Caribe mantiene una trayectoria de moderado crecimiento y su economía se expandirá 1,5% en 2018, a pesar de incertidumbres externas”. Así se titula el más reciente estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El moderado crecimiento al que se refiere el estudio representa un hachazo de siete décimas en comparación con el 2,2% previsto en el mes de abril. Esto significaría que la economía de Latinoamérica crecerá este año casi al mismo ritmo que el año pasado.  

De acuerdo con el estudio, el recorte se debe principalmente a la notable reducción a la baja de sus proyecciones para América del Sur, que pasó del 2% al 1,2%, y al ligero ajuste para México y América Central, que crecerían alrededor del 2,5%. Por el contrario, la previsión de crecimiento para los países del Caribe mejoró ligeramente respecto al reporte anterior y crecerán un 1,7%. Por países, las economías que sufrieron los mayores recortes fueron Argentina (de un 2,5% a una contracción de 0,3%), Brasil (de 2,2% a 1,6%), Ecuador (de 2,0% a 1,5%), Uruguay (de 3,0% a un 2,3%) y Venezuela (de una contracción del 8,5% a un 12,0%). Mientras, en Centroamérica el país más afectado fue Nicaragua (de 5,0% al 0,5%) por el impacto de la crisis política. 

La recuperación económica en Latinoamérica está siendo más lenta de lo esperado, debido a la complicada situación política en ciertos países»

La recuperación económica en Latinoamérica está siendo más lenta de lo esperado, debido a la complicada situación política en ciertos países. Tras los comicios presidenciales en Colombia, Iván Duque ha reiterado que su programa de gobierno girará en torno a los principios de legalidad, iniciativa empresarial y equidad, pero tiene el gran desafío de unificar a una sociedad fuertemente polarizada y luchar contra la corrupción y el crimen organizado. En México, Andrés Manuel López Obrador enfrenta una fuerte crisis de seguridad, pero promete solucionarla enfrentando la pobreza y la corrupción. Si bien se respira cierta esperanza, no hay garantías del éxito de su enfoque. En Brasil, por otra parte, la carrera electoral hacia octubre está abierta. El Partido dos Trabalhadores (PT) ha nombrado como candidato al expresidente Lula da Silva, quien lleva adelante la campaña electoral desde la cárcel, donde se encuentra recluido por corrupción. De momento, las encuestas favorecen a Lula, seguido de Jair Bolsonaro; sin embargo, la participación del expresidente en las elecciones será resuelta por la Suprema Corte a mediados de septiembre. Pero más allá de los resultados electorales, la incertidumbre política está impactando en la economía brasileña. Y en Venezuela, Nicolás Maduro anunció recientemente un nuevo plan de recuperación económica que es más de lo mismo, más allá de que el Gobierno ha reconocido finalmente su papel en la hiperinflación. 

En el plano geopolítico, los conflictos comerciales entre las grandes potencias, la caída en los flujos de capital en los mercados emergentes y una subida en los niveles de riesgo soberano, acompañado del debilitamiento de las monedas de los emergentes frente al dólar, está debilitando el crecimiento regional.  

En este marco, y a pesar de que la Cepal ha intentado “suavizar” el mensaje negativo sobre el crecimiento de la región, el hachazo en sus previsiones de crecimiento —lo que sugiere que la economía está perdiendo dinamismo—, aunado a un entorno político y geopolítico complejo, nos hacen pensar que las economías de la región no lo tienen fácil para lo que resta del año y para el que viene.

El impacto de la delincuencia organizada en América Latina

Jerónimo Giorgi
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El impacto de la delincuencia organizada en América Latina

América Latina es una de las regiones más afectadas por el crimen organizado en el mundo. El poder económico y la influencia de los grupos delictivos que se amplían con la corrupción socava la autoridad del Estado y el Estado de derecho, causa enormes daños a la economía y aumenta los índices de violencia. Como consecuencia, en los últimos años la región “se ha convertido en una de las regiones más violentas del mundo”, indicó el informe El crimen organizado en América Latina: manifestaciones, facilitadores y reacciones, compilado por Carolina Sampó y Valeska Troncoso.

El crimen organizado en Latinoamérica tiende a ser vinculado exclusivamente con el narcotráfico. Sin embargo, más allá del tráfico de drogas, el crimen se manifiesta de múltiples formas, como el tráfico de personas, de armas, municiones y explosivos, de recursos naturales, el contrabando y el blanqueo de capitales que se complementa con el resto de los ilícitos. De hecho, el lavado de dinero es la actividad ilegal con mayor poderío económico a escala mundial, lo cual la transforma en el principal motor financiero de las organizaciones criminales. Según un informe del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), las dimensiones del lavado de dinero son extremadamente difíciles de cuantificar, en parte, porque pueden venir del desarrollo de actividades ilegales que en muchas situaciones tienen apariencia legal. Sin embargo, se estima que el dinero que mueve la delincuencia organizada podría llegar a representar el 5% del producto interno bruto (PIB), de América Latina.

El dinero ilícito tiende a integrarse a la estructura financiera y económica de un país por medio del lavado de dinero, lo que perjudica el desarrollo y a los mismos sectores financieros y empresariales”

“El dinero ilícito tiende a integrarse a la estructura financiera y económica de un país por medio del lavado de dinero, lo que perjudica el desarrollo y a los mismos sectores financieros y empresariales”, afirma el artículo Impacto de la delincuencia organizada en la economía mundial, publicado en el portal Antilavadodedinero.com. Pero el blanqueo también deteriora la imagen del país, lo cual termina afectando a las inversiones financieras. Otra de las consecuencias que genera la delincuencia son el deterioro social, lo que, a su vez, fomenta el surgimiento de nuevas actividades ilegales y la creación de una infraestructura criminal que permite el desarrollo de otras actividades ilegales, que fortalece aún más a las estructuras delictivas.

América Latina se ha visto particularmente afectada por el crimen organizado hasta el punto de que México, Honduras, Guatemala, Venezuela, El Salvador y Colombia se encuentran entre los 13 países con mayor delincuencia organizada en el mundo, según el informe del grupo de investigación de datos, Verisk Maplecroft. En el extremo opuesto, los países de la región menos afectados por este flagelo son Chile, Cuba y Uruguay.

Uno de los aspectos críticos de la persecución de la delincuencia organizada es la dificultad para detenerla. De hecho, los sistemas penales evidencian cierta distorsión estructural, debido a que se castiga con mucha más eficiencia a los delincuentes subalternos y no a las cabezas de las organizaciones, lo cual, según el informe, “fortalece la imagen estereotipada de un delincuente pobre o violento, dejando con lentitud y burocracia a los altos delincuentes organizados”. Por otro lado, el sector gubernamental también se ve afectado, debido a las presiones y amenazas a sus funcionarios para que colaboren con la delincuencia organizado, al igual que el sector privado que se ve expuesto a la extorsión.

Las consecuencias del crimen organizado afectan a los Estados más débiles y sus sociedades. El magistrado Alejandro Rebolledo, especialista en antilavado, quien fue citado en el informe, afirmó que “en muchas casos la delincuencia organizada está beneficiando directamente al sistema financiero de los países” e incluso a ciertos paraísos fiscales que hacen la vista gorda. Por ello, mientras los países no logren fortalecer sus instituciones, seguirán siendo un atractivo para la delincuencia organizada.

Los riesgos de la financiación política en América Latina

Jerónimo Giorgi
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Los riesgos de la financiación política en América Latina

El financiamiento regulado de los partidos políticos es un aspecto central para el buen funcionamiento de la democracia y de los procesos electorales. Esto no solo minimiza la dependencia de los partidos de los aportes privados que pudiesen derivar en intercambios de favores, sino que permite mantener cierta equidad en la competencia electoral. Sin embargo, la falta de control en la financiación privada amenaza la viabilidad de los sistemas democráticos en una región marcada por la desigualdades distributivas que, de por sí, han creado sesgos en los procesos democráticos.

Para evitar esta amenaza, existe en toda América Latina, con excepción de Bolivia y Venezuela tras las reformas de 2009 y 1999, la modalidad de financiamiento público de los partidos. Pero el aporte del Estado, ya sea de forma directa o indirecta, no es suficiente para financiar el sistema. Por ello, “la mayoría de los países de la región adoptan sistemas mixtos de financiamiento que combinan el financiamiento público y el privado”, afirmó Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, en su artículo Los sistemas de financiamiento político en América Latina: principales tendencias, publicado en la página web reformaspoliticas.org.

Desde el retorno a la democracia, la mayoría de los países de la región han sufrido casos de corrupción vinculados al financiamiento de la política»

Sin embargo, a pesar de que en ciertos países las financiaciones públicas son considerables desde el retorno a la democracia, la mayoría de los países de la región han sufrido casos de corrupción vinculados al financiamiento de la política, debido a la ausencia de una regulación efectiva. Si bien el financiamiento privado es indispensable, también tiene sus riesgos, como la utilización de dinero proveniente de actividades delictivas para fines políticos. En países como México, Colombia, Brasil o los países centroamericanos, amenazados por el narcotráfico y el crimen organizado, el financiamiento de campañas para comprar impunidad es el principal riesgo. De hecho, aunque las contribuciones privadas no provengan de fuentes dudosas, igualmente pueden comprometer los procesos democráticos, debido no solo a su gran capacidad de influencia, sino también a la percepción pública que estas generan.

Estos escándalos “han hecho tambalear Gobiernos, al tiempo que han debilitado a los partidos políticos y erosionado la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas”, afirmó el director para América Latina y el Caribe, de IDEA Internacional, Daniel Zovatto, en su artículo Reflexiones en torno a las reformas de la financiación política en América Latina. Y por ello el financiamiento de la actividad política se encuentra en el centro de la agenda pública en la mayoría de los países latinoamericanos.

Regular adecuadamente el financiamiento político es de vital importancia para mejorar la calidad de la democracia. Con este fin, o como simple apariencia, en las últimas dos décadas la mayoría de los países han llevado adelante reformas y regulaciones que, sin embargo, en gran parte de los casos no han eliminado definitivamente los problemas. Esto se debe, entre otros factores, a la disputa de intereses, a problemas de diseño y ejecución, o a que a medida que se crean nuevas reglas, las redes corruptas encuentran nuevas formas de evasión para mantener su influencia.

Las democracias latinoamericanas enfrentan grandes desafíos en cuanto a la relación entre el dinero y la política. Por ello, es fundamental que partidos políticos, legisladores, organismos electorales y organizaciones de la sociedad civil trabajen en conjunto para garantizar la transparencia sobre el origen y destino de los montos, con el fin de mantener el equilibrio entre los partidos y ayudar a prevenir potenciales conflictos de interés. Y para alcanzar dicho objetivo, señaló Ferreira, el “elemento esencial de todo sistema de financiamiento es el grado de transparencia y rendición de cuentas que este garantice”.

Nicaragua: la crisis de un régimen patrimonial

Salvador Martí i Puig
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Nicaragua: la crisis de un régimen patrimonial

Hace dos años nadie sospechaba que Daniel Ortega pudiera perder una contienda electoral ni que su gobierno pudiese sufrir una crisis como la que ha habido desde mediados de abril de 2018. De todas formas, los resultados de las elecciones de noviembre de 2016, en las que el FSLN y Daniel Ortega ganaron con la abrumadora cifra del 72%, no tenían ningún tipo de significación, pues se trataba de unas elecciones propias de un “régimen electoral autoritario”, parafraseando el concepto acuñado por Adreas Schedler.

Cuando se celebraron dichos comicios, ya se había conseguido eliminar en Nicaragua la incertidumbre electoral por un proceso de ingeniería institucional que empezó hace más de una década. Los cambios (formales e informales) que había ido sufriendo el sistema electoral nicaragüense desde 2007 neutralizaron la naturaleza competitiva y representativa del régimen. Sin duda, parte de la dramática crisis que hoy vive el país es culpa de este proceso de des-democratización, ya que al no permitir una oposición organizada y con voz en las instituciones, cualquier protesta surgida en estos años no se ha podido canalizar dentro del sistema hasta que el descontento acumulado ha estallado ferozmente en la calle y ha puesto al mismo régimen en cuestionamiento.

Las protestas de abril son fruto de la acumulación de agravios de diverso tipo: sociales, económicos, ambientales y, sobre todo, políticos»

Salvador Martí i Puig

Las protestas de abril son fruto de la acumulación de agravios de diverso tipo: sociales, económicos, ambientales y, sobre todo, políticos. Se puede afirmar que, en especial, se protesta contra un estilo de liderazgo que recrea la tradición política del caudillismo patrimonialista, que en Nicaragua tiene su esplendor en el régimen somocista. En este sentido, Daniel Ortega recuperó en 2007 elementos de continuidad con el somocismo al concentrar una gran cantidad de recursos públicos y privados en manos de su entorno familiar y de sus allegados, y desde hace tres meses también ha emulado del citado régimen su respuesta a cualquier tipo de disidencia con una represión desproporcionada. El caso es que, a tres meses del estallido de las protestas, la respuesta violenta del Gobierno ha segado más de 300 vidas.

Esta crisis también ha hecho estallar por los aires la alianza que Ortega construyó con la gran empresa y con un sector de la Iglesia católica. Es cierto que la entente del régimen con la élite económica ya estaba languideciendo, pues la crisis de Venezuela había supuesto una pérdida importante de riqueza disponible para el Gobierno y, con ello, era cada vez más difícil seguir ofreciendo recursos con los que cooptar y fidelizarla.

No es baladí señalar que, durante la última década, la economía nicaragüense creció de forma significativa en términos de producción agropecuaria, y una parte de dicha producción se colocó a precios preferenciales en el mercado venezolano. Entre los grandes beneficiados de esta expansión estaban los grupos empresariales vinculados a la élite económica tradicional (donde puede ubicarse la patronal del Cosep) gracias a su relación privilegiada (y amistosa) con el Gobierno. Con el cambio de coyuntura internacional primero, y con la crisis política interna después, estos grupos están percibiendo que su proximidad con Ortega ya no solo no es tan rentable, sino que puede ser un lastre.

Pero más allá de la protesta contra el régimen, la oposición no tiene un discurso ni un proyecto definido. Se trata de una amplia coalición que se sostiene por su oposición al régimen y con muy poca cohesión. De los discursos, llamados y manifiestos que hasta ahora han salido a la luz se constata que hay una gran pluralidad de sensibilidades ideológicas y políticas entre quienes han salido a la calle a protestar, ya que en las movilizaciones se juntaron sandinistas que hasta hace muy poco se calificaban de danielistas, antidanielistas adscritos al movimiento de renovación y/o de rescate sandinista, y antisandinistas para quienes la Iglesia católica tradicional es su único referente moral y político.

Otra cuestión que debe tenerse en cuenta es que esta crisis no va a revitalizar los viejos partidos tradicionales ni va a crear necesariamente nuevas formaciones políticas. Una cosa es la protesta en la calle, y otra muy diferente, la competición en la arena electoral, ya sea en unas elecciones anticipadas (que es una de las demandas de la oposición a Ortega) o en los comicios previstos institucionalmente en cuatro años. La regeneración de la vida política nicaragüense no pasa soplo por organizar unas nuevas elecciones y por votar. Para que se reactive la vida partidaria y las formaciones compitan electoralmente en comicios democráticos es preciso un largo camino. El proceso de des-democratización llevado a cabo a lo largo de la última década no solo ha desbaratado a la administración electoral, sino que también ha descompuesto y viciado toda la vida partidaria. No será fácil ni rápido recuperar la confianza en la institucionalidad electoral ni en las formaciones políticas. Sin embargo, la crisis que está experimentando hoy Nicaragua sí puede suponer (cuando haya nuevas elecciones libres) un proceso de realineamiento electoral o incluso la aparición de un nuevo clivaje, o la resignificación de los ya existentes.

Pero es prematuro hablar de elecciones, de salidas negociadas y de pacificación. Nadie sabe cuándo ni cómo va a remitir esta crisis y es preciso ser consciente de que la razón por la que Ortega se mantiene en el poder es por su control sobre los cuerpos armados (Ejército, policía y fuerzas de choque), la disposición de recursos económicos con los que sostener la administración del Estado, el potencial de amenaza que aún dispone para cooptar a los actores sociales y económicos que dudan (y calculan) si es mejor mantener lealtad al régimen o distanciarse de él, y la no intromisión de la comunidad internacional en la crisis política y humanitaria que padece el país. Si en un principio parecía que el desenlace podía ser rápido (a través de un diálogo de las partes), hoy todo indica que hay un empantanamiento que puede alargar y cronificar la crisis. Ahora parece que el tiempo juega a favor de Ortega, debido a la pluralidad de voces e intereses que reina entre los que protestan y por lo costoso que supone sostener un pulso al poder sin organización, liderazgo ni recursos. De todas formas, la historia nos muestra repetidamente que a veces los desenlaces de largas y aparatosas crisis se resuelven en cuestión de horas.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Repunte de las exportaciones latinoamericanas

Jerónimo Giorgi
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Repunte de las exportaciones latinoamericanas

Luego de cuatro años de contracción, el año pasado el comercio de bienes en América Latina y el Caribe volvió a crecer. Las exportaciones de la región aumentaron en 2017 un 12,8%, superando el crecimiento promedio mundial, y en el primer trimestre de este año han seguido la tendencia con un incremento del 10,9% frente al mismo período del año anterior. Las importaciones, por otra parte, se acrecentaron un 8,7%, a un menor ritmo que la tendencia mundial, según los datos publicados en el “Boletín estadístico de comercio exterior de bienes en América Latina y el Caribe”, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El crecimiento del valor de las exportaciones se debió en gran medida al aumento de los precios de los commodities producidos en la región, particularmente el petróleo y los minerales. Como ejemplo, los precios del aluminio, el cobre, el plomo, el mineral de hierro o el zinc crecieron más de un 25%, mientras que el oro y la plata se mantuvieron estables. En cuanto a los productos agrícolas, la tendencia en los precios fue irregular con un gran incremento en el caso de las semillas oleaginosas y los aceites alimenticios, y una disminución en el del café, el azúcar, el trigo y el cacao.

Uno de los aspectos por destacar es la tendencia opuesta de los flujos comerciales de la región con EE. UU. y China

A pesar del gran superávit de Brasil y Venezuela, y en menor medida de Chile y Perú, al finalizar el año, el superávit regional fue apenas superior al 0,2%. Hacia la segunda mitad del año la balanza comercial regional fue negativa por un fuerte aumento de las importaciones en México, Argentina y Colombia. Uno de los aspectos por destacar es la tendencia opuesta de los flujos comerciales de la región con EE. UU. y China. La relación comercial con China, que se lleva la décima parte de los productos latinoamericanos, presenta un enorme déficit de 107.000 millones de dólares. Mientras, el comercio con el vecino del norte, que se lleva cerca del 45% de las exportaciones regionales, presenta un abultado superávit de 116.000 millones de dólares. La mitad de este superávit se debe al comercio con México (dentro del TLCAN).

La gran influencia de México en el superávit regional con EE. UU. se debe a que el país norteño es, con diferencia, la gran potencia comercial de la región, ya que representa más del 40% tanto de las exportaciones como de las importaciones latinoamericanas. De lejos le sigue Brasil, que representa poco más de un quinto de las exportaciones y solamente el 15% de las importaciones regionales. En esta comparativa, las regiones que salen peor paradas son Centroamérica y el Cribe, pues, en conjunto, ambas importan el doble de lo que exportan.

En cuanto al comercio intrarregional, según el informe de la Cepal, el crecimiento en el 2017 fue del 10,4%. Pero aunque en términos absolutos el intercambio creció en comparación con el año anterior, la participación de la región en el comercio total sigue disminuyendo y se ubica en apenas el 16%, o 21,7% si se excluye a México. Este es probablemente el aspecto negativo más relevante por el papel fundamental del comercio intrarregional en el desarrollo de las cadenas de valor de los países latinoamericanos.

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