Este será un año decisivo para Brasil. Integrando un súper ciclo electoral de grandes cambios en América Latina, el país decidirá en octubre si le da otro mandato a Jair Bolsonaro o sigue el ejemplo de sus vecinos y da un nuevo giro ideológico alejándose de la extrema derecha. Si opta por la segunda opción, Brasil tendrá todavía muchos retos que afrontar, el principal, quizás, el de recuperarse de tres años de una política gubernamental guiada por la destrucción y el retroceso.

Jair Bolsonaro fue elegido con una promesa central: destruir. La agenda era destruir el legado de la «izquierda» brasileña. Sus discursos se centraron en los ataques a los logros de los movimientos identitarios y las minorías, así como a los derechos y políticas sociales erigidos tras la Constitución de 1988. No nos equivoquemos, en este legado a destruir están los logros políticos y sociales de la Nueva República, es este pacto el que está en riesgo.

Los efectos de la destrucción están en todas partes: en el censo demográfico que no se realizó; en los datos sobre la pandemia que tuvieron que ser divulgados por un consorcio de prensa; en la ausencia de transparencia en los actos públicos; en los datos insuficientes para el seguimiento de la producción de políticas públicas. Por último, en el reciente apagón de datos sobre la pandemia de Covid-19, que nos dejó a la deriva justo cuando el país estaba siendo arrasado por la variante de Ómicron. 

Recortes y desmantelamiento en Ciencia y Educación

La destrucción opera de diferentes maneras. A través de los recortes presupuestarios en diversas áreas, la discontinuidad de los programas y las políticas públicas. Secretarías, departamentos, sectores desmovilizados, cerrados. La ciencia y la tecnología, por ejemplo, sufren con la parálisis de la Coordinación para el Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (Capes); el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) agoniza por el recorte sistemático de fondos y becas de investigación en diversos niveles de formación y áreas de conocimiento.

El Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (Inep) y el Examen Nacional de la Enseñanza Media (ENEM), atacados frontalmente, sufren con despidos sin criterios claros, con destituciones de directores, acusaciones de casos de acoso moral, sobrecarga de trabajo, más allá de los cuestionamientos de carácter ideológico sobre la calidad del trabajo de sus técnicos, responsables de la preparación y realización del ENEM. 

¿Cómo olvidar el reciente incendio en el Pantanal y la omisión y falta de apoyo del gobierno federal para combatirlo? Las áreas quemadas y deforestadas tuvieron un incremento récord en todo el país desde 2019, y la respuesta del gobierno se tradujo en discursos con retórica vacía y manipuladora, sumado al recorte de fondos en el Ministerio de Ambiente, y en los organismos de fiscalización y control en esta materia.

Efectos similares, y más graves, son el retraso en la toma de decisiones fundamentales y urgentes. La pandemia nos proporciona muchos ejemplos. Demandas de insumos, como el oxígeno en Manaos, cuya urgencia fue ignorada; vacunas para el Covid-19 compradas con un retraso injustificado, práctica que se reprodujo con la vacunación infantil. Pagamos con la vida de miles de brasileños.

Contratiempos en la salud

Pero el desmantelamiento de las políticas públicas no sólo consiste en recortes, parálisis y retrasos. Recordemos la Política Nacional de Salud Mental (PNSM) implementada en 2001, y la Política Nacional de Drogas (PND) de 2006. El actual gobierno ha realizado cambios fundamentales en ambos, atacando directamente los principios y logros de la Reforma Psiquiátrica. Los objetivos son la desinstitucionalización de la atención a la salud mental y la práctica de la reducción de daños para el tratamiento de los consumidores de drogas.

El modelo de salud mental que estuvo vigente hasta el inicio del gobierno de Bolsonaro se guió por el reconocimiento de que las personas con trastornos mentales y los usuarios de drogas son sujetos políticos, portadores de derechos y deben ser tratados en su propio entorno social. Por encima de todo, el PNSM reconocía el derecho de las personas a tomar decisiones sobre su propia vida y tratamiento.

La Nota Técnica 11/2019 publicada por el Ministerio de Sanidad trajo cambios que ahora permiten el funcionamiento de servicios privados como los Hospitales Psiquiátricos y las Comunidades Terapéuticas. También trajo la posibilidad del internamiento obligatorio y la defensa de la abstinencia como forma de prevenir y combatir el consumo de drogas. El resultado fue el aumento de las Comunidades Terapéuticas a partir de 2019. En 2018 el Gobierno Federal financió cerca de 2,9 mil vacantes en estas instituciones, ya en 2019 el Ministerio de Ciudadanía financió 11 mil vacantes.

El último retroceso en materia sanitaria ha sido la propuesta, sin soporte científico, de incluir la terapia electroconvulsiva para la contención de la conducta agresiva en casos de Trastorno del Espectro Autista en el Protocolo Clínico y las Guías Terapéuticas. Esta práctica está considerada como tortura por la ONU. La resistencia de los otros poderes instituidos, de los políticos, de una parte de los medios de comunicación y de la sociedad civil, parece haber bloqueado la acción.

La urgente tarea de revertir todas las políticas de Bolsonaro

Es imposible enumerar todos los cambios y sus consecuencias en este artículo. Están presentes en todas las políticas públicas. En 2022, tenemos la urgente tarea de tratar de conocer y comprender el significado de cada uno de ellos, de escudriñar cada decreto, cada nota técnica, cada recorte presupuestario, cada programa suspendido y sustituido, o no. La tarea es gigantesca.

El próximo presidente tendrá que hacer mucho más que contener el avance del autoritarismo y la destrucción institucional promovida por el bolsonarismo. Deshacerse del Techo de Gastos y frenar el desmantelamiento no reconstruirá nuestras instituciones, nuestras políticas públicas, no recuperará nuestra democracia, nuestro pacto, nuestra dignidad.

Si la sociedad brasileña no es consciente del tamaño y los significados del desmantelamiento promovido durante el gobierno de Bolsonaro, no podremos ni barrer los escombros.

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