Según el último informe sobre desarrollo digital publicado por Naciones Unidas, solo 5 de los 19 países latinoamericanos se encuentran entre los 50 más digitalizados del mundo, mientras que el continente americano, en su conjunto, presenta índices de gobierno electrónico similares a los de Asia. Este ranking, liderado por los países europeos, mide el alcance y la calidad de los servicios en línea, el estado de la infraestructura de telecomunicaciones y la capacitación.
“Si las innovaciones tecnológicas son el motor de la llamada nueva economía, los datos son la nueva gasolina de la digitalización”, afirma el jefe de Innovación para Servir a los Ciudadanos del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), Carlos Santiso, en el artículo La nueva economía de los datos: el gobierno digital como política de Estado. En medio de un acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), la gobernabilidad electrónica se puede entender como el uso de la tecnología por parte del sector público con el objetivo de mejorar el suministro a la información y los servicios. La gobernabilidad electrónica implica una nueva forma de diseminar la información de una manera más eficaz, rápida y transparente, para facilitar el acceso público y el desarrollo de actividades administrativas más eficaces, como podrían ser los trámites, por parte del Gobierno.
Los países que han alcanzado los mayores logros han invertido en el desarrollo de sus funcionarios»
Según el doctor Kevin Casas-Zamora, director del Programa Peter D. Bell sobre Estado de Derecho en América Latina, a través de la gobernanza electrónica se busca “estimular la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, de manera que el gobierno sea más responsable, transparente y eficaz”. Pero para alcanzar la transformación digital del Estado, es necesario no solo contar con el respaldo de la sociedad en su conjunto y el sector privado, sino que los funcionarios adquieran nuevas habilidades. De hecho, los países que han alcanzado los mayores logros han invertido en el desarrollo de sus funcionarios en áreas menos tradicionales como la ingeniería de sistemas, las ciencias de datos o la inteligencia artificial.
A pesar de los esfuerzos, el sector público en América Latina sigue afectado por una burocracia excesiva. Los trámites, además de exigir en promedio más de 5,4 horas para su ejecución, se estructuran en torno a complejos mecanismos muchas veces afectados por la corrupción. De hecho, según afirma Santiso en su artículo, el 29% de los latinoamericanos encuestados reconoce haber sobornado en algún momento para completar un trámite. Esto se enmarca en un contexto mayor donde la legitimidad de las instituciones democráticas están, según Casas-Zamora, “gravemente erosionada por la extendida percepción de corrupción y por las graves dificultades que exhiben los Estados de la región para hacer llegar a la ciudadanía, de manera eficiente y eficaz, bienes y servicios públicos de calidad”.
De acuerdo con el informe de la ONU, existe cierta correlación entre el nivel de ingresos del país y el desarrollo del gobierno electrónico. Sin embargo, para obtener buenos resultados, la digitalización debería ser una política de Estado. De hecho, la creación de una agencia gubernamental especializada ha sido determinante en el caso particular de Uruguay, que encabeza el ranking latinoamericano y pertenece al club Digital 7, la red conformada por los Gobiernos líderes en materia digital, entre los que se encuentran Canadá, Estonia, Corea del Sur, el Reino Unido, Israel y Nueva Zelanda.
En el segundo puesto latinoamericano, Panamá, que ha realizado considerables inversiones en desarrollar su agenda digital, trepó 14 puestos en dos años. Mientras Colombia retrocedió del puesto 57 al 61 a pesar de haber mejorado considerablemente en términos absolutos, debido a que avanzó a un menor ritmo que otros países. Uno de los progresos de Colombia, al igual que México y Brasil, fue la apertura de datos públicos a través de portales, lo cual ayuda a derribar las barreras de información dentro del mismo Estado y permite una mayor transparencia del ejercicio público.
La modernización de la gestión pública a través de la aplicación de las TIC es parte del proceso de transformación del Estado. Esto implica mejorar la gobernabilidad y la entrega de bienes públicos y servicios a la ciudadanía, pero sobre todo, indicó Casas-Zamora, es una oportunidad “para redefinir conceptos y formas de participación ciudadana y democracia”. Por ello, es fundamental que los líderes políticos no solo comprendan el potencial del e-Gobierno, sino que también asuman el compromiso que requiere su efectivo desarrollo.
Autor
Periodista, Máster en Periodismo de la Universidad de Barcelona y en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Complutense de Madrid.
