Durante la visita del presidente Duque y la cúpula militar a Arauca el 16 de enero, dentro del marco de un consejo de seguridad, a 18.4 kilómetros de distancia, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) transitaron por las calles de La Esmeralda, en el municipio de Arauquita, atemorizando a la población. Este es uno más de los acontecimientos que han tenido lugar durante al menos 30 años en la zona. En la frontera entre Colombia y Venezuela han cohabitado grupos al margen de la ley como el ELN, el Ejército Popular de Liberación (EPL), las extintas FARC—a partir del siglo XXI empieza a migrar hacia Venezuela—y actores criminales híbridos que se enfrentan por las rentas ilegales.
La zona compartida entre ambos países ha sido testigo de la transformación y mutación del conflicto armado junto con la precaria presencia estatal, tanto de Caracas como de Bogotá. Si bien la violencia y la inseguridad en el área persiste desde hace tres décadas, entre 2021 y 2022 la situación se ha degradado hasta el punto de que los actores involucrados son cada vez más difusos.
Esta zona fronteriza es un microcomplejo geográfico de gran importancia estratégica lo cual fomentó el desarrollo de una red criminal binacional de gran alcance. Del lado venezolano se encuentran los territorios del Alto Apure compuesto por Guasdualito, El Amparo, Puerto Páez y Elorza. Del colombiano, están los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, en Arauca; y Cubará en Boyacá. En esta área, sumado a la ausencia de instituciones formales de ambos países, quienes ejercen el control y gobiernan son los criminales que compiten por las rutas de narcotráfico, tráfico de personas y armas.
Entre los años 2016 y 2022, en Arauca y Apure han convivido estructuras del ELN y el grupo Décimo Frente Martín Villa como disidencias de las FARC. Ambos compiten por los mercados ilícitos llevando a cabo acciones armadas que dejaron como resultado más de 30 muertos y 400 personas desplazadas a comienzo de 2022.
Varias son las razones de los problemas actuales. Por una parte, la narrativa venezolana ha sostenido que existe una campaña de desestabilización desde Colombia a través del envío de actores violentos a cometer actos criminales en su territorio. De hecho, en los últimos 14 meses se han presentado combates entre las fuerzas armadas venezolanas contra grupos irregulares colombianos. Esto ha llevado a un grave desplazamiento de familias y ha agudizado la crisis humanitaria en la región.
Por otra parte, la versión colombiana sobre la crisis en la zona es que desde Bogotá se han lanzado operaciones militares contra las disidencias de las otrora FARC. Versión que comparte el reporte de Human Rights Watch de 2020 sobre el aumento de la violencia en Apure y Arauca.
Sin embargo, el agravante es que hay un actor que ha sido poco nombrado en los medios y se le ha dado poca importancia en los análisis sobre sobre el tema. Se trata de la guerrilla venezolana “Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional” que, según varias organizaciones internacionales, tiene una estrecha relación y beneplácito para operar con las autoridades locales venezolanas.
Independientemente de los actores armados que allí se desenvuelven, ha sido la población civil la víctima y centro de gravedad de la situación. En ese sentido, encadenando la serie de fenómenos y cuestiones de la crisis, las explicaciones pueden profundizarse aún más. La seguridad en Colombia no pasa por su mejor momento. El país ha entrado en una espiral de inseguridades y violencias de distintas naturalezas debido a que proliferan diversos grupos armados que buscan controlar territorios por las rentas ilegales.
De hecho, la baja implementación del Acuerdo de paz firmado en 2016 (30%) preocupa en el país por el asesinato de líderes sociales, ambientales, desplazamiento forzado y asesinato de excombatientes. Este fenómeno y la imposibilidad del Estado colombiano de llegar a todo el territorio podría desembocar en un tercer ciclo de violencia donde Arauca juega un rol importante.
En efecto, las autoridades de seguridad colombianas han intentado recuperar el control en la zona, pero se encuentran con que ni para los militares, ni policías la zona es viable. Una de las explicaciones de las causas de la violencia entre Arauca y Apure tiene que ver con la errada noción de seguridad militarizada de la administración Duque.
El exceso de militares no implica una mayor seguridad. Además, existe una desconexión entre la idea de seguridad de los tomadores de decisiones y la cotidianidad de la violencia territorial. Y por último hay una permisividad desde Venezuela que permite al ELN actuar como guerrilla binacional. Entre tanto, las Cancillerías de ambos países desconocen la importancia de tener relaciones desideologizadas por el bien de los territorios y comunidades.
Mientras Bogotá y Caracas no restablecen relaciones diplomáticas, los grupos armados irregulares tendrán más capacidad de gestión en Arauca y Apure que las instituciones estatales. Ni la Casa de Nariño ni Miraflores gobiernan en la zona, lo hacen los criminales.
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Autor
Profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle (Bogotá). Doctor en Derecho Internacional por la Universidad Alfonso X El Sabio (España).
