A propósito de la discusión sobre los tratados de libre comercio

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En los últimos meses, la política comercial internacional es tema de discusión en varios países latinoamericanos, especialmente en Chile y en Colombia. Hay dos posturas dominantes. Por un lado, aquellas que defienden la integración comercial por vía de tratados de libre comercio, y vinculando esos tratados con el aumento de las exportaciones y la inversión extranjera. Por otro lado, hay posturas que aseguran que estos mismos tratados son responsables de la escasa diversificación exportadora y, especialmente de los problemas de los sectores pequeños y medianos, de campesinos y del medio ambiente. Y entre estos dos extremos no existe mucho diálogo.

La ausencia de diálogo es un problema. Hay diferentes aspectos que hoy deberían ser prioritarios para la política comercial internacional de países como Colombia o Chile. Pero estos asuntos no son discutidos porque el contexto global y las nuevas dinámicas internacionales no encuentran su espacio en un debate muchas veces polarizado, en el que los argumentos rigurosos no necesariamente abundan. Independientemente de lo que uno piense de los tratados de libre comercio y la necesidad o no de ser modernizados o rediscutidos, estos puntos son de gran relevancia.

América Latina en su conjunto se enfrenta al gran desafío de navegar las tensiones entre Estados Unidos y China. Históricamente, Estados Unidos ha sido uno de los principales mercados de exportación y una fuente importante de inversión extranjera. En muchos casos, no obstante, China es hoy el principal socio comercial y un gran inversor extranjero.

Mientras estos dos países no tenían sobresaltos, todo eran buenas noticias para la región. Más demanda de sus productos significa precios más altos. Más inversión es una buena noticia mientras sea sustentable. Pero la situación ha cambiado con el aumento de las tensiones entre las dos potencias.

Entre China y Estados Unidos no solo hay un creciente proteccionismo para apaciguar las demandas de trabajadores y sectores menos competitivos. También existe una disputa geopolítica y una competencia tecnológica que afecta la política comercial internacional de ambas potencias. Esta es una relativa novedad y en este contexto es fundamental el manejo de Latinoamérica ante estas presiones, ahora que el comercio no es solamente una cuestión de eficiencia, precios y oportunidades de negocio. De ello dependerá el acceso a oportunidades o caer en complejos conflictos diplomáticos.

Otro tema pendiente para la región es adoptar un posicionamiento estratégico frente a los minerales ligados a la transición hacia una economía verde. No es precipitado pensar que minerales como el litio puedan despertar en pocos años las mismas tensiones que durante décadas encontramos alrededor del petróleo o el gas. Por ejemplo, la Unión Europea o el Reino Unido, sitios dependientes de importaciones, ya han adoptado medidas para asegurarse estos recursos. La ausencia de una política sofisticada, y de una mínima coordinación regional, puede situar a Latinoamérica en desventaja.

El denominado triángulo del litio, Argentina, Chile y Bolivia (alrededor del 68% de las reservas de este mineral), abre oportunidades de comercio, inversión y desarrollo productivo que no se presentan todos los días, pero también entraña riesgos que deben ser ponderados. En este marco, no tener en cuenta las consecuencias de un posible boom exportador y el problema de la fiebre holandesa puede tener grandes costos a futuro. También se debe asumir que la explotación y el procesamiento del litio no dependerá solamente de factores meramente económicos. Aquí el aspecto ambiental es tan importante como el geopolítico.

Sin ánimo de agotar los temas, es importante destacar, asimismo, que desde hace años la discusión sobre política comercial internacional en Latinoamérica suele limitarse a debatir sobre las ventajas o desventajas de los tratados de libre comercio. Esto es difícil de explicar en términos económicos. La discusión debería abarcar no solo la apertura de mercados a exportaciones e importaciones, sino también la adopción de una serie de medidas de adaptación hacia adentro de las economías tras la firma de estos acuerdos.

Los Estados deben tomar medidas para que los sectores menos competitivos, que indefectiblemente sufrirán con las importaciones, puedan mejorar su competitividad o transformarse hacia otras actividades. El comercio produce ganadores y perdedores y es el Estado —no el tratado de libre comercio o los socios comerciales— el que debe velar para que la liberalización comercial resulte en el mayor bienestar posible para todos, y evitando que la política comercial tenga efectos regresivos en la distribución de la riqueza.

En ocasiones, lo que falla en América Latina no es —o no solo— la política comercial internacional, sino la manera en que se gestionan los efectos de ese comercio hacia adentro de los países. Esto explicaría por qué algunos actores identifican a estos tratados como el principal problema aun cuando existe consenso en algunos países, como ocurre en Chile, de que los tratados han sido positivos para la economía.

La falta de diálogo sobre la política comercial de manera objetiva y con evidencia es un grave error. Mientras en otras partes del mundo los especialistas en esta materia producen estudios rigurosos y organizan debates, en América Latina, en general, la conversación sigue enmarcada en una dicotomía que a primera vista parece falsa.

La región no puede vivir aislada del mundo, necesita de las mejores oportunidades para exportar sus bienes y servicios, pero al mismo tiempo las negociaciones comerciales son difíciles y nada es gratuito: el principio que gobierna estas negociaciones es la reciprocidad. Además, cuando se negocia con los grandes socios comerciales se hace, en general, desde una posición desigual, y por eso es necesario tener un diagnóstico preciso de la situación y de los diversos intereses involucrados.

En suma, tanto negociar y firmar como modernizar o renegociar tratados de libre comercio sin una discusión previa, inclusiva y completa de los efectos económicos, sociales y medioambientales representa posturas que no se condicen al crecimiento sostenible e inclusivo que necesita América Latina.


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Ecuador retoma la discusión constitucional

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El Ecuador se apresta a retomar la deliberación sobre la reforma política y el presidente Guillermo Lasso ha formulado un conjunto de preguntas que deberán ser consideradas para esta consulta popular, que serían aprobadas por parte de la Corte Constitucional. Esta instancia deberá calificar si dichas preguntas proceden mediante la modalidad de enmiendas, de reformas o, en su defecto, ameritan un tratamiento por parte de una Asamblea Constituyente: son las tres modalidades que establece la Constitución para las reformas institucionales.

Existen muchas consideraciones detrás de la convocatoria del presidente a una consulta popular. Indudablemente, el régimen requiere renovar su debilitada aceptación, reducida al 17% después de algo más de un año de su posesión, cuando esta alcanzó el 75%.    

Pero más allá de una maniobra de legitimación, el régimen apunta a incidir en tres materias que son altamente gravitantes en la situación política actual del país: la seguridad ciudadana, la reforma institucional y la protección ambiental.

En materia de seguridad, la propuesta apunta a mejorar los niveles de cooperación entre las Fuerzas Armadas y la policía, una propuesta que ya ha sido tratada por la Corte Constitucional y que ha recibido respuestas no suficientemente claras ni definitivas. La corte ha respondido partiendo del tradicional principio de la soberanía estatal, bajo el cual el papel de las FF. AA. es exclusivamente el de la protección de las fronteras frente a posibles conflictos con otros países.

El Gobierno considera que es pertinente regular un mayor involucramiento de estas fuerzas en el manejo de la seguridad interna mediante tareas complementarias a las de la Policía Nacional. Actualmente, esta colaboración puede darse mediante una declaración de emergencia o excepcionalidad, lo cual supone la suspensión de derechos ciudadanos. Según el Gobierno, la colaboración permanente en casos restringidos a delitos transnacionales, también llamados “de crimen organizado”, no supondría la suspensión de estos derechos ni la intervención de las FF. AA. en tareas de protección civil propias de la policía. De esta forma, la enmienda no sería regresiva en derechos ni alteraría la estructura organizacional del Estado, limitantes constitucionales que podrían invalidarlas.

La segunda pregunta del ámbito de la seguridad plantea la extradición de involucrados en delitos como narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas y contrabando de armas. La Constitución vigente no contendría las herramientas para hacer frente a estos nuevos tipos de delito, en los que el nivel de amenaza rebasa las potestades de las soberanías nacionales.

Como vemos, estamos aquí frente a lo que podría caracterizarse como una inicial instrumentación de una política de cooperación regional y global sobre el tema. La tercera pregunta complementa este primer eje y plantea dotar de autonomía a la Fiscalía del Estado en las funciones de evaluación y sanción de fiscales, que actualmente reside en el Consejo de la Judicatura.

El segundo conjunto de preguntas hace referencia a la reforma política. En esta materia es en la que seguramente se juega lo sustantivo de la consulta. Se trata aquí de eliminar las potestades en la nominación de los órganos de control (Contraloría, superintendencias, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, etc.) del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), o llamado quinto poder, y devolverlo a la Legislatura. La Constitución del 2008 transfirió dicha potestad a este consejo, que, en la actualidad, es reconocido como el más grande responsable de la crisis institucional.

En la propuesta presidencial, devolver las potestades de nominación a la legislatura, paradójicamente, termina por reforzar sobremanera el hiperpresidencialismo al entregar al Ejecutivo la potestad de designar los candidatos por integrar dichas funciones, dejando, así, a la legislatura el papel de su nominación formal. La propuesta parecería responder a las urgencias coyunturales del momento: impedir que su principal oponente, el correísmo, cope dichos espacios al sustituir a la actual conformación del Consejo de Participación, que canalizaría la integración de los órganos de control con funcionarios afines.

Las preguntas en este bloque se completan con propuestas de reforma al sistema electoral y de partidos políticos: la reducción del tamaño de la legislatura (de los 137 representantes actuales a una cifra de más o menos 100) y la obligación a que los partidos políticos respeten protocolos de democracia interna para acceder al fondo partidario. 

También aquí la propuesta es débil e imprecisa: reducir el tamaño de la representación y condicionar mediante expedientes tecnológicos actualizados (biometría en la certificación de las adhesiones partidarias y monitoreo de mecanismos de democracia interna a cambio del acceso a financiamiento público) parecerían no ser suficientes para lograr el objetivo propuesto. Las preguntas referidas a la protección ambiental (control de la afectación a las fuentes de agua y retribución económica a quienes protejan el ambiente) parecerían estar pensadas más que nada para atraer adhesiones a esta.

La formulación de las reformas, que reducidos grupos de expertos leerían, ha recibido un tratamiento débil a pesar de soportarse en 476 páginas de anexos. La consulta del presidente Lasso apunta a resolver problemas centrales de la democracia que requerirían deliberaciones más consistentes y modificaciones más profundas, pero que es enfrentado con la consulta, instrumento de democracia directa, el cual, en su aplicación, podría contaminarse de intereses políticos que no enfrenten razonablemente su grado de complejidad.

Queda por esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el camino adecuado para procesar las preguntas, pero el nivel de deterioro institucional en el que se encuentra el país parecería conducir a las fuerzas hacia la necesidad de discutir un examen integral de todo el texto constitucional. Esto podría significar obligatoriamente la convocatoria a una Asamblea Constituyente.   

El lawfare existe y no es patrimonio de ninguna ideología

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El lawfare no es un fantasma, pero sí un concepto traslúcido que atraviesa América Latina. Se trata de una idea que ha sido incorporada por la izquierda a la política latinoamericana en los últimos años. Y, según Wikipedia, se define como la “persecución judicial, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial (en inglés, lawfare). Es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente”.

Parece ser, según documentos, que el concepto y su instrumentación política fue creado por un militar norteamericano en el contexto de las críticas a Estados Unidos por las violaciones de derechos humanos en sus intervenciones militares en otros países.

Lo cierto es que el concepto político se incorporó contundentemente en la política latinoamericana hace unos pocos años a partir de los juicios políticos o jurídicos a Rafael Correa, Dilma Rousseff y Luiz Inácio “Lula” da Silva en sus respectivos países. En la actualidad, el término está siendo incorporado por Cristina de Kirchner y el oficialismo argentino para definir los procesos judiciales que acorralan a la vicepresidenta.

La incorporación del término, por sectores de la izquierda, ha sido utilizado para señalar ciertos procesos judiciales como formas políticas de la derecha para perseguir y proscribir a líderes, lo cual no está siendo juzgado en estas líneas. Pero debido al origen, el término quedó enmarcado en el imaginario de la política latinoamericana como un concepto utilizado por la izquierda para hacer referencia a un instrumento de la derecha.

Esta vibrante incorporación del concepto en la política latinoamericana amerita tener en cuenta dos asuntos. Por un lado, la subjetividad política del término, dado que fue incorporado desde el discurso de “izquierda” como arma proveniente de la “derecha” para perseguir liderazgos políticos, implica que, en última instancia, se llevó el concepto lawfare hacia una sola dirección. De hecho, si bien Donald Trump lo ha utilizado para desacreditar los juicios en su contra, la “derecha” latinoamericana no lo ha incorporado a su léxico político y ha asumido que es solo una falacia de la “izquierda”.

Por otro lado, dada la posible intencionalidad política en la utilización del término lawfare (basta mencionarlo para desacreditar absolutamente cualquier acción judicial sobre la política), se hace muy difícil definir qué acción judicial tiene bases jurídicas sólidas y cuál es simplemente utilizada como arma política. Pero la anulación de la sentencia al expresidente Lula en el caso liderado por el exjuez Sérgio Moro, como parte del caso Lava Jato, precisamente por aplicación de lawfare, confirma su existencia y justifica su incorporación.

Si revisamos el mapa político latinoamericano, incluso antes de que el concepto lawfare se hubiese “popularizado”, hay una larga lista de expresidentes considerados de derecha que fueron acusados judicialmente y sacados de la arena política. Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, fue enjuiciado por delitos de corrupción junto a su hermano durante su sexenio (1988-1994). Fernando Collor de Mello, expresidente de Brasil, sufrió un juicio político por corrupción (impeachment) que lo desalojó tempranamente de la presidencia en 1992. Carlos Saúl Menem, dos veces presidente de la Argentina (1989-1995 y 1995-1999), fue procesado más tarde por haber sido acusado de varios delitos de corrupción y encarcelado durante un breve período. Más tarde se postuló a senador (fue electo) para beneficiarse de los fueros políticos y quedar eximido de nuevas penas judiciales. Alberto Fujimori, tres veces electo presidente de Perú y quien huyó del país cuando se le abrieron varias causas judiciales, se encuentra en la actualidad encarcelado en su país. Gonzalo Sánchez de Lozada, dos veces presidente de Bolivia (1993-1997 y 2002-2003), fue enjuiciado más tarde y condenado en su ausencia, dada su estadía permanente en EE. UU., mientras que Abdalá Bucaram, presidente de Ecuador, fue destituido en 1997.

La lista sigue y se extiende a gran parte de los países de la región. Y si bien en la mayoría de los casos parecería que no habría duda de la fundamentación de los procesos que enjuiciaron a estos expresidentes ante flagrantes hechos de corrupción, incorporado el término lawfare a la política regional, cabe la pregunta: ¿algunos de estos enjuiciamientos fueron persecuciones judiciales? Si el término ya hubiese estado instaurado en la política regional, ¿hubiera sido utilizado por el acusado y su estructura política?

El lawfare, más allá de las enormes dificultades para confirmarlo, existe y no es patrimonio de ninguna ideología. Sin embargo, en la actualidad su utilización unidireccional lo pone en entredicho respecto a su real naturaleza, su fundamento jurídico y, por ende, su legitimidad política.


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Elecciones en Brasil: un voto por la democracia

El 2 de octubre se celebrarán unas elecciones trascendentales para la historia de Brasil. Aunque todas las disputas son importantes, las de este año son quizás las más relevantes debido a que se desarrollan en medio de la mayor crisis de la democracia brasileña desde la transición y en un clima de alta polarización y violencia política. Las últimas encuestas dan como favorito a Lula da Silva con el 47% de los votos. Jair Bolsonaro ocupa el segundo lugar con el 33%, mientras que los candidatos Ciro Gomes y Simone Tebet cuentan con menos del 10% de apoyo y están técnicamente empatados. Las elecciones serán, por lo tanto, una lucha entre Lula y Bolsonaro, pero en la actual coyuntura representan mucho más que eso: reflejan dos visiones opuestas de país.

La construcción de un frente amplio pro democracia

La campaña electoral empezó oficialmente en agosto. Desde entonces, se desarrolla a todo vapor en debates televisivos, redes sociales y otras esferas. Sin embargo, el clima de polarización y la exacerbación de la violencia política, que ha generado asesinatos y heridos, además de numerosos ataques a periodistas, funcionarios públicos e investigadores, ha producido un ambiente de temor en el que las personas se autocensuran o temen expresar sus preferencias. Según Datafolha, actualmente casi siete de cada diez brasileños dice tener miedo de ser agredido físicamente por sus opciones políticas.

Sus temores son más que fundados. Si bien la violencia política no es un fenómeno nuevo en Brasil, y casos como el asesinato de la concejal Marielle Franco en 2018 dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en emblemas de la lucha contra la violencia política de género y racial, desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia, la violencia política ha asumido niveles inéditos. Según el Observatorio de la Violencia Política y Electoral de la Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro (OVPE-Unirio), sólo durante la primera mitad de 2022 este fenómeno ha provocado más de cuarenta muertes en el país.

Además, a diferencia del pasado, en el que la violencia se circunscribía a políticos y sectores específicos, hoy se trata de una tendencia generalizada en la que los ciudadanos comunes tienen un papel central. Esto es consecuencia del aumento del clima de odio que se ha instaurado en el país, apoyado y legitimado por un presidente autoritario que elogia a torturadores de la dictadura militar, pero también de una sociedad que dispone de una cantidad de armas sin precedentes. Desde 2019 se han importado casi medio millón de revólveres y pistolas, una cifra récord comparada con las últimas dos décadas.

El clima de odio también ha provocado ataques a periodistas y activistas de derechos humanos y del medio ambiente, con especial énfasis en el caso de mujeres, población afrodescendiente, indígena y LGBTQIA+. Por si fuera poco, según el Observatorio de Investigación, Ciencia y Libertad de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), el clima de odio y amenazas hacia los críticos del gobierno también ha puesto en riesgo la libertad académica. Casi seis de cada diez encuestados conoce experiencias de personas que han sufrido limitaciones o interferencias indebidas en sus estudios o clases.

Pero las agresiones no se restringen a las libertades civiles. Los ataques de Bolsonaro hacia todas las instituciones han sido una constante desde su llegada al gobierno. El cuestionamiento del sistema electoral y del resultado de las elecciones, alegando que las urnas electrónicas son deficientes y que “si no gana en el primer turno con más del 60% de los votos es porque algo anormal sucedió en el Tribunal Supremo Electoral”, es sólo un episodio más en una larga lista de amenazas golpistas.

La gravedad de la crisis democrática que vive el país se expresa en amenazas como estas y en la permanente falta de respeto a la independencia de los poderes del Estado. En este proceso, el presidente cuenta con el apoyo de diversos sectores antidemocráticos y con parte de las Fuerzas Armadas que ha exigido al TSE una prueba de integridad de las urnas el día de las elecciones, a pesar de que la transparencia y eficiencia del sistema electoral brasileño son reconocidas internacionalmente.

En este contexto de graves amenazas a la democracia brasileña, la alianza entre Lula da Silva y Geraldo Alckmin, ex gobernador de São Paulo, histórico líder del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) y antiguo adversario de Lula, adquiere un carácter fundacional.

La unión por la defensa de la democracia del país ha permitido también la conformación de un frente amplio que reúne a diversos ex presidentes y representantes de diversos sectores políticos como Marina Silva, Fernando Meirelles y Guilherme Boulos. Empresarios, intelectuales y artistas han firmado también peticiones y promovido actos a favor de la democracia.

Uno de los últimos actores que se unió es el intelectual y expresidente Fernando Henrique Cardoso, quién publicó recientemente una carta a favor de la democracia. Sin mencionar explícitamente a Lula, el expresidente hizo un llamado a votar por «aquellos que se comprometen a luchar contra la pobreza y la desigualdad, defienden la igualdad de derechos para todos» y se comprometen «a reforzar las instituciones que garantizan nuestras libertades».

Ante una de las crisis más delicadas de la historia reciente, este momento decisivo exige diálogo, responsabilidad y compromiso de todos aquellos que buscan profundizar la democracia en el país. Y dada la importancia de Brasil, la comunidad internacional, más allá de ejercer presión diplomática y de enviar misiones de observación electoral, debe hacerse oír a través de iniciativas de solidaridad internacional con la democracia brasileña y la celebración de elecciones libres.Las elecciones son el corazón de la democracia, pero como han denunciado diversos sectores, Brasil corre el riesgo de que los resultados de las elecciones de octubre no sean respetados y que se instaure un clima inusitado de autoritarismo, violencia e inestabilidad. Ante semejante escenario, la democracia y la reconstrucción del país deberían importarnos a todos.


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Perú: un año de caos como política de Estado

En el extranjero, los peruanos nos hemos encontrado con extrañas reacciones de amigos latinoamericanos o españoles que no dudan en saludar lo que reconocen como saludable contrapeso institucional de poderes en el Perú. Con cierta sorpresa, e incluso sana envidia, aprecian que el Poder Judicial procese a expresidentes y políticos de distinta tienda, cosa más bien extraña en sus países de origen. No obstante, tras ese aparente halo de integridad democrática se esconde una desdeñable realidad: el Perú, víctima de las peores consecuencias pandémicas y una crisis económica internacional incesante, carece de una estructura de gobierno capaz de plantear alternativa alguna para, cuando menos, plantar cara a la grave situación social que se vive.

Habiendo pasado casi trece meses del inicio del gobierno de Pedro Castillo, es desesperante evidenciar el tiempo y recursos perdidos durante ese periodo. De manera simultánea, y como si fuera adrede, la administración ha trabajado incesantemente por petardear las incipientes tradiciones democráticas que se habían instalado en el Perú del siglo XXI. Por ejemplo, en este gobierno se nombraron insólitamente a ministros y funcionarios de alto nivel que no contaban con pergamino alguno que sustentara tales nominaciones; por el contrario, varios de estos individuos tenían prontuario criminal e incluso terrorista y subversivo. Como era de esperarse, estos innombrables ministros procuraron copar sus respectivas oficinas de personas inelegibles para tales responsabilidades.

En algunos casos, varios de ellos han salido del cargo con degradantes y burdas denuncias de corrupción que el Ministerio Público ahora persigue. Por si fuera poco, existen casos kafkianos como el del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien se habría embolsillado 100.000 dólares de un proyecto de infraestructura, con parte de los cuales su pareja habría pagado una deuda en un banco local. Es decir, la disonancia que avala moralmente adjudicarse dinero público para cumplir con obligaciones financieras y mantener un buen registro como deudor es, realmente, alucinante.

Como es de esperar, la lógica del clan, que a todas luces se ha vivido por décadas en el ámbito de la política regional del Perú, ha llegado a los más altos niveles de gestión en este gobierno. Actualmente, Pedro Castillo cuenta con cinco investigaciones abiertas (algo insólito para un presidente en ejercicio). Entre ellas se destacan la acusación por tráfico de influencias e incluso por encabezar una organización criminal, en la que estaría involucrada su esposa, Lilia Paredes, y su cuñada (a quien llama hija) Yenifer Paredes.

Tan delicada es la situación del entorno presidencial que la Fiscalía ha pedido 36 meses de impedimento de salida del país para la primera dama y, al mismo tiempo, pero de prisión preventiva, para la cuñada. En el entramado estarían involucrados sobrinos y otros personajes allegados al presidente, como alcaldes y funcionarios locales, procedentes de Cajamarca, tierra natal de Castillo. Todos ellos habrían participado como gestores de contratos ilegales y receptores de dineros procedentes de estos acuerdos.

Ante ello, Castillo no ha dudado en ventilar posibles conspiraciones en su contra y de responsabilizar a la prensa de azuzar a la población para emprender un “golpe de Estado”. Cabe destacar que el Congreso intentó en dos oportunidades vacar al presidente, pero sin éxito. Para suerte del mandatario, su contrapeso político se ha caracterizado por un deficiente manejo político de la vacancia e incluso por varias torpezas mediáticas que han minado su credibilidad ante la opinión pública. Tras la vacancia de Martín Vizcarra, se esperaban aprendizajes en el Poder Legislativo sobre la gestión de una medida delicada como la vacancia presidencial. Lamentablemente, han cometido errores similares a los que generaron el repudio generalizado de la población entre el 10 y el 15 de noviembre de 2020.

Como cereza del pastel, hace unos días salió en libertad Antauro Humala, exmayor del Ejército y hermano del expresidente Ollanta Humala. Antauro fue condenado, entre otros cargos, por secuestro y homicidio calificado de cuatro policías en una asonada rebelde que ocurrió el 1 de enero del 2005 en Andahuaylas, ciudad ubicada en el sur de los Andes peruanos. Humala, promotor de una ideología díscola a la que llama “etnocacerismo”, pregona la superioridad de la raza “cobriza” (andina) y promete aplicar penas absurdas como la pena de muerte a la población LGBT o por “traición a la patria”, que, dijo, implementaría incluso contra su propio hermano Ollanta.

Mediante una interpretación cuestionable del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Humala fue liberado por “buena conducta” tras haber estudiado o trabajado más de 3.000 días en prisión, lo que redujo su pena en casi dos años. En su primer acto público, el exreo manifestó sentirse orgulloso del “andahuaylazo”, y sin arrepentimiento alguno por lo sucedido.

Quizás por coincidencia, durante el gobierno de Castillo han salido de prisión dos de los reos más polémicos de la historia peruana reciente: Alberto Fujimori y Antauro Humala. En el ínterin, es preocupante el nivel de tolerancia que la población ha adquirido ante el desparpajo con que se han conducido las riendas del país. Quizás también ese es el peor daño que este Gobierno ha infligido a la sociedad peruana: normalizar la mediocridad y la vocación por el delito como forma natural de gobernar y gestionar en el Perú. Lo inaceptable, hoy se ha vuelto tolerable.

Los peruanos somos testigos de la conversión del país en una gigante Ciudad Gótica, en la que triunfan los pillos y ladrones de poca monta, con algunos orates alrededor que procuran sembrar el caos. A diferencia de la ficción, la población no tiene ni puede esperar a justicieros o vigilantes. De lo contrario, será deglutida por la total indiferencia y resignación a tener un país gobernado por sus peores gentes.


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Referéndum cubano: demagogia plebiscitaria y respuesta ciudadana

Hoy en Cuba se vota por un referéndum que busca actualizar el Código de las Familias, que data de 1975. El objetivo de la votación es legalizar temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo o medidas de protección para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Sin embargo, todo mecanismo de participación ciudadana debe ser analizado por su contenido legal, su contexto social y su horizonte político. Porque la manipulación autocrática de votaciones plebiscitarias es materia vieja. Desde el remoto antecedente de la demagogia clásica (Aristóteles dixit) hasta llegar a sus modernas variaciones de tema, formato e ideología, el objetivo es siempre legitimar, dentro y fuera del país, a los déspotas. Ampliando sus bases de apoyo y dividiendo a la ciudadanía. Manoseando los derechos, para pervertir la justicia. De Lugansk a Mayabeque.

En tiempos recientes, numerosos gobiernos conservadores (especialmente en la Europa postcomunista) han abusado de los mecanismos de democracia directa para dar una legitimidad de masas a la restricción de derechos. Las colectividades de la diversidad sexual han denunciado, como corresponde, tal proceder. En Cuba, la naturaleza iliberal y tradición plebiscitaria del régimen vigente conecta con aquella tendencia global. De ahí que, por derecha o izquierda, poderes interesados en dar voz a la ciudadanía para fortalecer su legitimidad y agenda sean parte del panorama político actual. Desde tal marco y precedente, el artefacto de manipulación plebiscitaria denominado “Consulta sobre el Código de Familia”, a votarse en Cuba este 25 de septiembre (en adelante 25S), debe evaluarse no solo en sentido jurídico o moral, sino también en términos sociopolíticos muy concretos. Él y las posiciones en torno suyo: Sí, No, Abstención.

Hay varios elementos a considerar en la actual convocatoria. Los contenidos legales tienen un horizonte social progresivo, aunque ambiguo: se avanza en ciertos derechos, mientras otros se mantienen acotados o son susceptibles de manipulación desde el poder. El contexto social y el horizonte político del 25S son claramente regresivos: hay retrocesos en el status real de la ciudadanía social, civil y política, por el aumento de la desatención a la creciente pobreza y desigualdad sociales, la explotación económica y la represión policiaca del Estado.

Las rutas de cada sector enfrentado (Sí y No) este 25S han sido fijadas, ex ante, por la propia agenda oficial. La comunidad progresista del “Sí” celebra los avances de la norma, pero desatiende sus aspectos problemáticos y desoye las razones ligadas al contexto y objetivos de la convocatoria. La comunidad conservadora del “No” repudia los avances (negando derechos ajenos), manipula temas (distorsionando incluso elementos polémicos del proyecto) y también desoye las razones de contexto y objetivo de la convocatoria. Ambas posturas son respetables en tanto ejercicio (acotado) de la agencia, bajo lógicas posibilistas. Ambas concurren, desde las parcelas del apoyo o el rechazo, a avalar la manipulación y plesbicitación de los derechos de toda la ciudadanía.

¿Por qué eligió el Estado esta ruta para el 25S? Porque fragmenta y polariza a una sociedad que, durante los últimos años, había madurado cívicamente y encontrado ciertas demandas compartidas, desde su diversidad identitaria, en el reclamo transversal del derecho a tener derechos. El Estado ha elegido, alternamente, aliarse y reprimir a tirios y troyanos. En los pasados años, durante el proceso de discusión de la nueva Constitución (2018/2019) los sectores más conservadores del Estado cortejaron a las Iglesias cristianas (católica y protestantes), concientes que eran una fuerza social creciente. Reprimiendo entonces a la comunidad LGBTQIA+, con el hito de mayo de 2019.

Ese mismo Estado hoy invierte demagógicamente la ecuación. La actitud de buena parte de las comunidades religiosas, desde su participación en las protestas sociales de 2021/2022 y en la denuncia y acompañamiento a víctimas de la represión, pareció convencer al Estado que esos fieles son hoy más peligrosos para su hegemonía política que una comunidad LGBTQIA+ con menos músculo movilizativo y susceptible de proveer, al Estado, simpatías con los sectores progresistas del mundo. Sin embargo, ahora y después de la actual coyuntura ¿cómo quedan las propias comunidades religiosa y LGBTQIA+, enfrentadas dentro de la estratagema de polarización inducida, siendo de los colectivos sociales más reprimidos durante décadas?

Desde hace más de un año, en Cuba hay miles de presos y familias destrozadas, por atreverse a exigir en las calles y pacíficamente sus derechos. La inmensa mayoría de la población sobrevive como puede, mucha gente escapa donde puede.  La élite de ese Estado ha manipulado su propia legalidad -incluidas las garantías anunciadas en la joven Constitución- y los cambios económicos tardíamente implementados, con el objetivo de perpetuar su monopolio del poder. Nada presagia otra cosa que una mayor politización (represiva) de la ley y un refuerzo de la judicialización (punitiva) de la política. Todo eso pesa, de cara a la jornada del 25S.

Que el ejercicio de derechos y el eventual progreso de un segmento de aquellos haya sido contaminado por la demagogia plebiscitaria es clara responsabilidad del Estado. Al asumir una clara campaña en pro del Sí, la maquinaria de movilización del voto hará este 25S que haya gente que vaya y vote en negativo. Si esta opción, sumada a la abstencionista, crece más allá de lo oficialmente aceptable, el Estado puede incluso verse tentado a maquillar las cifras.

En un ambiente post 11J, donde la respuesta francamente represiva de las demandas ciudadanas ha superado el “control de daños” tradicional ¿alguien puede sostener que incluso el fraude no estará a la mano este 25S, para mostrar el “apoyo popular a la Revolución? Por eso la observación y sondeo in situ, hormiga, del comportamiento electoral puede arrojar alguna luz sobre el resultado general de la jornada.

Participar este 25S apoyando al conseguirá diversos beneficios progresistas para ciertos sectores de la población, con el viento a favor de la maquinaria de Estado. Optar por el No legitimará conservadoramente esa misma convocatoria, aún padeciendo la censura oficial, mientras se les niega a los otros derechos ya disfrutados. Ambas opciones reúnen a mucha gente noble, consciente y políticamente activa, cuya historia de dolor y esperanza la lleva a ejercer su derecho para defender sus ideas y opciones de vida. Lo cual debería ser, sin fisura ni condicionamientos, respetado. 

Algunos críticos pueden hallar en el abstencionismo una opción deseable. De hecho, muchos activistas y opositores democráticos de la isla, conocidos por su acompañamiento a los reclamos de sectores históricamente excluidos (incluidos los religiosos y diversidad sexual) parecen apostar por esta. Abstenerse constituye una clara protesta -de carácter transideológico- ante la manipulación, política y legal, del nuevo Código. Preservando de facto (dada su aprobación ex ante por el poder) las ganancias de los beneficiados.

En el escenario actual, esta parece ser la opción que consigue un mejor equilibrio entre contenido legal, contexto social y horizonte político. Y el día después, con la suerte ya echada, reconstruir desde los escombros esos consensos mínimos para resistir y superar la devastación que avanza.


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En memoria de la democracia

El 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, nos obliga a poner sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre los retos que aún se nos presentan a escala global y, por supuesto, regional. Un claro ejemplo de ello son los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, en donde, pese a la sistemática violación de derechos humanos (DD. HH.) y de la aniquilación, en la práctica, de la oposición política, Gobiernos como el colombiano presentan aún declaraciones como las de su canciller Álvaro Leyva, quien señaló que no es él la autoridad competente para decir si en Venezuela se cometen violaciones de derechos humanos. Tal vez valdría la pena recordarle al canciller Leyva que la responsabilidad no solo recae sobre los perpetradores, sino también sobre quienes avalan de forma tácita la violación a la dignidad de las personas.

Cabe mencionar que, pese a que el contexto histórico de creación de la Organización de Naciones Unidas no facilitaba establecer de forma expresa la democracia como un ideal universal, con el paso del tiempo, basándose en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, la organización ha señalado que la democracia es precisamente la condición que facilita el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

Décadas más tarde de la creación de la ONU, la entonces Comisión de Derechos Humanos señaló los puntos esenciales de la democracia: el respeto de los derechos humanos y las libertades; la libertad de asociación, la libertad de expresión, el acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el imperio de la ley; la celebración de elecciones periódicas, libres y justas por sufragio universal y voto secreto, un sistema pluralista de partidos y organizaciones políticas, la separación de poderes, la independencia del poder judicial, la transparencia en la administración pública, y medios de comunicación libres e independientes.

Más adelante, el Consejo de Derechos Humanos, como sucesor de la comisión, hizo lo propio y adoptó diferentes resoluciones sobre la estrecha relación entre la protección de los derechos humanos y la democracia. Entre ellas se encuentran resoluciones como la 19/36 y la 28/14 sobre «los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho». En la primera se señala la relación entre la consolidación de la democracia y el respeto de los DD. HH., y, en la segunda, se decide la creación de un foro acerca de derechos humanos, democracia y Estado de derecho para fomentar el diálogo y la cooperación (Cuba se abstuvo en la votación para la aprobación de ambas resoluciones).

A escala regional, la Organización de Estados Americanos (OEA) trazó un camino similar y estableció de forma expresa que la democracia se entendía como una piedra angular de la organización y que buena parte de sus tareas estarían dirigidas hacia el fortalecimiento de las instituciones y la promoción de la buena gobernabilidad. Esto se encuentra consignado en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en instrumentos posteriores.

Con el paso del tiempo, la OEA estableció ciertas posturas unificadas como organización a través de doctrinas, instrumentos y órganos específicos que buscaban generar presión ante posibles rupturas de la democracia y de complementar el ejercicio del Estado. Ejemplo de ello, la Doctrina Betancourt (paradójicamente promovida por Venezuela); la Carta Democrática Interamericana y, por supuesto, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos conformado por la Comisión y la Corte Interamericana.

Es innegable la relación que existe entre democracia y derechos humanos. Es imposible imaginar un contexto en donde, a pesar de la falta de instituciones democráticas, se garanticen los DD. HH. y mucho menos de forma universal e interdependiente. Por ello, el 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia como una forma de encaminar a la comunidad internacional en esta causa como valor común.

En este marco, resulta relevante poner sobre la mesa que, pese a todos estos esfuerzos, aún nos encontramos con el peligro de relativizar la democracia por intereses políticos particulares, sancionando, así, algunas rupturas del orden constitucional y otras no. Y es que el discurso basado en el principio de la no intervención en asuntos internos ha sido utilizado con intereses ideológicos e instrumentalizado para evitar que países democráticos se pronuncien acerca de aquellas violaciones que se producen en países amigos. Parece que no aprendimos las lecciones de décadas anteriores, cuando bajo este mismo argumento se permitió, a escala regional, las atrocidades de las dictaduras militares del Cono Sur. Es posible que sea hora de reevaluar los límites que allí se invocan.

Este es posiblemente uno de los grandes impedimentos en el manejo de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sobre estos países, a pesar de los avances de la OEA en décadas anteriores, ahora resulta imposible consolidar una sola voz en pro de la transición a la democracia y en rechazar de forma unánime, sin reparos, la violación sistemática de derechos humanos, aun cuando existen claros registros, documentaciones sustantivas y testimonios numerosos. Pese a existir sanciones de organizaciones regionales de menor tamaño como las de Mercosur en 2017, nos encontramos aún lejos de contar con mecanismos que, más que aislar como medida de presión, generen una transición hacia la democracia.

Ya sea por intereses de sus propios proyectos políticos o por intereses económicos, a buena parte de los países de la región les cuesta reconocer que poco o nada queda de democracia en estos casos. Parece no ser suficientemente significativo los más de mil presos políticos en Cuba y los más de doscientos detenidos en Venezuela y Nicaragua; las más de dieciocho mil ejecuciones extrajudiciales en Venezuela; el cierre de medios de comunicación y el exilio de más de noventa periodistas en Nicaragua; los destierros forzosos de opositores en Cuba; entre una larga lista de violaciones a la dignidad humana en cada uno de estos países.

Aunque pueda parecer una posición polémica, cuando se trata de defender los derechos humanos y la democracia no es posible ubicarse en zonas grises, los valores no se negocian. Es menester revisar y renovar los instrumentos ideados para la protección y promoción de la democracia, así como de los sistemas de protección y su funcionalidad ante regímenes autoritarios. Es necesario tener presente que las dictaduras no cambian su vocación y que sobre quienes avalan de forma tácita o expresa las acciones de estos regímenes recae también parte de la responsabilidad.

En memoria de la democracia en América Latina.

Chile en su laberinto constitucional

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Pasadas algunas semanas del histórico plebiscito chileno, ¿qué explica la categórica diferencia entre los resultados de los plebiscitos 2020 y 2022? Mientras en el plebiscito de entrada de 2020 el 78% de los votantes estuvo a favor de comenzar el proceso para reemplazar la Constitución actual, en el plebiscito de salida alrededor de un 62% de los votantes rechazó la propuesta de nueva Constitución elaborada durante el último año por la Convención Constitucional. Con voto obligatorio, el “rechazo” ganó en todas las regiones del país y a escala local, la opción “apruebo” ganó —por poco— solo en ocho de las 345 comunas del territorio nacional. A su vez, en lo relativo a lo demográfico, el rechazo ganó entre hombres y mujeres y en todos los grupos etarios.

¿Cómo se explican semejantes diferencias? Las causas tienen que ver en buena medida con la configuración de la Convención Constitucional y el texto que emanó. La Convención perdió rápidamente su legitimidad original y el texto emanado se volvió controversial. De hecho, las razones para ganar escaños en la Convención son similares (o incluso idénticas) a las razones por las que el apruebo perdió el plebiscito de salida.

En primer lugar, la Convención fue elegida con un sistema electoral proporcional (basado en el de la Cámara Baja, pero con modificaciones) y voto voluntario. Eso hizo que los representantes fueran elegidos con niveles relativamente bajos de participación (votó el 43% del padrón). Por eso, muchas personalidades ganaron escaños con base en demandas muy sentidas por algunos sectores pero a la vez de nicho. Varias de estas numerosas demandas reflejadas en la propuesta no resonaron con el amplio electorado que participó el domingo 4 de septiembre con voto obligatorio.

En segundo lugar, los independientes tuvieron mucho protagonismo en la Convención gracias a las facilidades que se les dieron para competir en un ambiente de crítica a los partidos tradicionales. Aunque grupos de independientes desempeñaron un papel importante en la búsqueda de acuerdos, varios representantes fuera de los partidos protagonizaron algunos de los episodios más polémicos y resonados durante las sesiones. La independencia política, vista como virtud inicialmente, terminó perjudicando a la Convención en la opinión pública.

Otro factor importante fue la crítica a los Gobiernos de turno. Cuando los convencionales fueron elegidos en mayo de 2021, la derecha fue duramente castigada en las urnas; eso fue al menos en parte por la criticada gestión del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Este año, el voto por el apruebo estuvo muy alineado con la baja aprobación del presidente Gabriel Boric, quien tuvo una brevísima luna de miel en un contexto de inflación, estancamiento económico e inseguridad ciudadana.

La convención también incorporó 17 escaños reservados para los pueblos indígenas del país, cuyos representantes se ubicaron generalmente en el ala izquierda de la Convención. La propuesta constitucional contenía muchos cambios respecto a estos pueblos, algunos de los cuales (por ejemplo, la plurinacionalidad) fueron cuestionados no solo por la derecha, sino también por sectores de la centroizquierda. Estas innovaciones no resonaron con los votantes indígenas: en lugares como Puerta Saavedra, en el sur, donde casi el 80% de la población es de la etnia mapuche, el 68% de la población prefirió rechazar.

Chile queda, por lo tanto, en una encrucijada, con una Constitución vigente desahuciada desde 2020, pero sin reemplazo a la vista. Mirando hacia adelante, sin embargo, una lección importante: la intención de involucrar a la ciudadanía a través de plebiscitos, elecciones de representantes e iniciativas populares puede ayudar a legitimar, mas no asegura que el proceso constituyente sea exitoso. De hecho, la participación ciudadana no reemplaza la capacidad del proceso de alinearse mejor con los intereses de los distintos sectores políticos.

La incertidumbre respecto a la continuidad y forma del proceso constituyente es, a semanas del plebiscito de salida, bastante alta. Es responsabilidad de todos los partidos políticos con aspiraciones democráticas proseguir un proceso que lleve a la adopción de un nuevo texto constitucional que sí concite mayorías ciudadanas.

Ética de la información y crítica de la economía política de los algoritmos

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¿Qué significa exactamente «inteligencia artificial»? Empecemos por el primer término, «inteligencia». Se considera que un individuo, humano o animal, es inteligente, en primer lugar, cuando demuestra la capacidad de resolver problemas y superar obstáculos para producir un resultado o alcanzar un objetivo previamente establecido, o la capacidad de hacer frente a problemas imprevistos. En ambos casos, se trata de una inteligencia relacionada con la llamada racionalidad técnica o instrumental, perteneciente al ámbito de los medios.

Sin embargo, hay otra inteligencia, que es del orden de los fines. Es del tipo ético-político o teleológico, y también se preocupa por la adecuación de los medios a los fines, es decir, también posee el elemento instrumental. No obstante, tan importante o más para esta inteligencia es la validez de los fines mismos. ¿Merecen ser alcanzados? ¿Por qué? ¿A qué precio?

Volveremos sobre este punto más adelante. Veamos ahora qué significa el segundo término de la expresión «inteligencia artificial».

Sin mucho esfuerzo, cuando pensamos en la noción de artificial, inmediatamente nos viene a la mente su contrapunto: «natural». Así, lo artificial sería todo lo que no es natural. Pero si se examina la cuestión con más detenimiento, surge un nuevo problema: si lo natural es todo lo relacionado con la naturaleza o derivado de ella, ¿habría algo no natural, algo esencialmente artificial? Si extendemos la noción de naturaleza al propio universo, ¿qué podría ser antinatural, aparte de la metafísica? Nada, a menos que pensemos en lo artificial como algo no producido directamente por la naturaleza, sino cuya producción, cuya existencia fue mediada por la acción humana.

Y, de hecho, pensándolo bien, este es precisamente el significado de «artificial» en sentido común, que expresa la separación tácita entre humanidad y naturaleza, entre el sujeto pensante y el mundo en el que actúa, el mundo objeto del pensamiento y la acción del sujeto, que incluye a otros sujetos convertidos en objetos. Esta idea es tan característica de la cultura moderna que incluso parece natural. Pero no es común a todos los pueblos y no puede sostenerse: no existe la naturaleza y el mundo natural por un lado, y el mundo humano y artificial por otro. Solo hay un mundo.

Lo que hay es la capacidad humana, sin transgredir las leyes naturales, lo que no es posible fuera del mito de descubrir nuevas combinaciones de sustancias y poderes naturales, y producir así cosas que no estaban dadas, transformando el mundo y a sí mismo, para bien o para mal.

Por tanto, lo «artificial» no se opone a lo «natural», sino que lo natural está mediado por la acción humana. Teniendo en cuenta esto, ¿cuándo se puede afirmar con rigor que este tipo de mediación es propiamente inteligente? En el sentido técnico o instrumental, los ejemplos son innumerables. En el sentido ético-político o teleológico, no tanto.

Una de las celebridades de la llamada inteligencia artificial son los algoritmos. Pensemos entonces en la mediación algorítmica de las plataformas digitales a partir de los argumentos anteriores. ¿Hay inteligencia en acción allí? Volvamos a nuestra definición de «inteligencia»: a primera vista, la inteligencia es «la capacidad de resolver problemas y superar obstáculos para producir un resultado o alcanzar un objetivo previamente establecido, o la capacidad de librarse de problemas imprevistos».

Ahora bien, en ese sentido, los algoritmos demuestran ciertamente una inteligencia notable. Sin embargo, ¿quién los creó? ¿Quién es realmente el sujeto inteligente detrás de los algoritmos? ¿Sus programadores? Ciertamente, porque es gracias a su propia inteligencia que se producen. Pero todavía estamos en el nivel de la inteligencia técnica o instrumental, ya sea en el caso de los algoritmos o de los propios programadores.

Al fin y al cabo, si pensamos en el segundo nivel de la citada noción de inteligencia, que llamamos ético-político o teleológico, ¿quién es el sujeto de esta inteligencia, el que no elabora los medios, sino que establece la meta de la acción como legítima y merecedora de inversión? Este sujeto está movido por un propósito, por un deseo, por un fin. Tiene el poder de poner los medios en acción. ¿Quién es este sujeto? Los propietarios de las plataformas digitales y sus accionistas. ¿Cuál es su propósito, su deseo, su fin? Enriquecerse.

Pues bien, desde el punto de vista de estos individuos, la movilización de la inteligencia artificial de programadores y algoritmos, cuando es eficiente, es una prueba de su propia inteligencia. Decimos que la inteligencia de los programadores es también artificial, como toda inteligencia concebible, en la medida en que está mediada por toda la historia de mediaciones materiales y culturales que permitieron su formación como programadores. No han nacido así.

Por otro lado, ¿la expansión de los capitales de los propietarios de las corporaciones que controlan las plataformas digitales y de sus accionistas es efectivamente inteligente desde el punto de vista de la humanidad en su conjunto y de la propia naturaleza?

A la luz de un conjunto de alarmantes fenómenos contemporáneos, la respuesta difícilmente será positiva, como el colapso ambiental y el regreso del hambre en Brasil, en gran medida resultado del crecimiento de la desinformación digital en la red, cargada de discursos de odio, irracionalismo, misoginia, racismo, homofobia, negacionismo climático, el auge de los movimientos antivacunas y, atando cabos, el fascismo.

Por tanto, no se trata de un problema técnico, sino ético-político, que no puede evitar la actualización de la crítica al capitalismo. Pues el problema que se plantea todavía y de forma inevitable es la contradicción entre el interés público, que obviamente incluye la preservación de la naturaleza, y los intereses empresariales. Pues el capital, que es como el sujeto inconsciente de todo el proceso, posee una inteligencia de lo más artificial en el sentido de movilizar los recursos humanos y naturales para su propio crecimiento, que es su único fin.

Al mismo tiempo, esto ha demostrado ser el colmo de la estupidez, para la humanidad y la naturaleza en su conjunto, estupidez entendida aquí en el sentido conjugado de no inteligencia y brutalidad.

Este cuadro ilustra las tendencias dominantes de nuestra época. Si somos inteligentes, tenemos que cambiar de rumbo.


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Referendo en Cuba y el derecho al voto

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Mientras en América Latina 16 países prevén el voto de sus ciudadanos en el exterior, la diáspora cubana sufre una doble exclusión. Por un lado, el abandono forzoso de la isla debido a la violación sistemática de los derechos humanos que ha sido profundizada en el último año a partir de las masivas protestas del 11 de julio de 2021. Y, por otro lado, la pérdida de sus derechos electorales, de identidad o de regresar, una vez que han emigrado.

La nueva ley electoral cubana (2019) estableció el requisito de “residencia efectiva” por un periodo no menor de dos años antes de la elección como condición para ejercer el voto. A efectos prácticos, los únicos que no pierden su derecho a participar en los asuntos políticos son “las familias de los colaboradores y el personal que se encuentre en el exterior por razones oficiales”.

Por lo tanto, en el referendo del Código de las Familias del próximo 25 de septiembre solo estarán habilitados para ejercer su voto en el exterior las personas que forman parte del Gobierno y están en funciones de misiones diplomáticas que, si se toma en cuenta el referendo constitucional de 2019, son cerca de 40.000.

De esta manera, han perdido sus derechos al menos dos millones de cubanos que han abandonado la isla, según estimaciones. De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, casi 1.500.000 cubanos habitan el país. En el último año, al menos 180.000 cubanos, más del 1% de la población, ingresaron a los Estados Unidos a través de la frontera con México.

Esta privación de los derechos políticos de los cubanos en el exterior va a contramano de la tendencia regional y mundial de conquista de derechos políticos de los migrantes.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos sostiene en su artículo 21 que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”. Por su parte, el Preámbulo Pacto de Derechos Civiles y Políticos dice que “(…) no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales (…)”.

A su vez, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre establece que “toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres”.

Así, para visibilizar la restricción de estos derechos y fomentar un ejercicio de participación ciudadana en Cuba —el único régimen totalitario de América—, Transparencia Electoral y DemoAmlat ofrecen una plataforma tecnológica para que los residentes en el exterior puedan empadronarse y votar desde sus celulares o computadoras (aunque el resultado no sea vinculante) en el referendo del Código de las Familias que se celebrará el próximo 25 de septiembre.

Se trata de la primera experiencia de organización de la diáspora desde la perspectiva electoral. Esta herramienta permitirá que quienes sufren esta doble exclusión se vinculen con los asuntos políticos de la isla y que se inicie la elaboración de un padrón de cubanos en el exterior. Esta es una tarea fundamental para el análisis y la realización de políticas para este grupo y sus países receptores.

Salir de un país no implica perder la condición de ciudadano. Independientemente de residir en el exterior, todas las personas tienen derecho a la identidad, a la nacionalidad y a participar en los asuntos políticos de sus países. Quienes viven en Cuba no pueden votar con libertad ni tienen la certeza de que la autoridad electoral del único partido legalizado, el Partido Comunista de Cuba, le cuente su voto según su preferencia.

Con esta iniciativa de Transparencia Electoral, los cubanos que se han ido de su país no recuperarán sus derechos, pero podrán dejar al desnudo a la autoridad electoral cubana que hace de la manipulación y la discreción su forma de funcionamiento.


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