Afrodescendientes latinoamericanos y justicia reparativa

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El 31 de agosto se celebró el Día Internacional de los Afrodescendientes. Esta fecha fue creada en el 2020 por las Naciones Unidas, con el fin de promover el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de los afrodescendientes y de un mayor reconocimiento y respeto de la diversidad de su legado, cultura y contribución al desarrollo de las sociedades. Esta conmemoración adquiere especial significado en América Latina que cuenta con una importante diáspora afrodescendiente y cuya historia, economía, política y cultura no pueden entenderse sin considerar las contribuciones de este grupo.

Las estimaciones demográficas más recientes, según la CEPAL (2020),  indican que los afrodescendientes de América Latina alcanzan los 133,9 millones, lo que corresponde a dos de cada diez latinoamericanos. La población afrodescendiente es significativa en toda la región y año tras año adquiere mayor visibilidad.

Su importancia es fundamental en países como Brasil que por sí solo cuenta con una población estimada de 108 millones de afrodescendientes, pero también es significativa en el Caribe, Centroamérica y en la región andina. Además, destaca el carácter prevalentemente urbano de los afrodescendientes. Al menos en los países de la subregión andina donde más del 70 % de los afrodescendientes viven en las ciudades.

Sin embargo, debido a la historia de exclusión y desigualdad, los afrodescendientes poseen tasas de pobreza mucho más elevadas que la población no afrodescendiente. En el caso de Colombia, por ejemplo, la pobreza entre este grupo poblacional alcanza a una de cada cuatro personas, mientras que entre los no afrodescendientes afecta a poco más de una persona de cada diez. En Ecuador, el índice de pobreza de este grupo es de más de 3 personas de cada diez, mientras que entre los no afrodescendientes afecta a poco menos de dos.

Celebración de la memoria y justicia reparadora

La creación en 2020 de un Día Internacional de los Afrodescendientes por parte de las Naciones Unidas es un paso importante en el reconocimiento de las contribuciones de las personas afrodescendientes y de sus derechos, incluyendo el derecho a la memoria y la justicia reparadora. La fecha rememora el 31 de agosto de 1920, cuando finalizó en Nueva York la primera Convención Internacional de los Pueblos Negros del Mundo y que, como resultado de las deliberaciones dirigidas por el predicador, periodista y militante afrodescendiente Marcus Garvey, dio paso a la promulgación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo. Esto, dos décadas antes de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.

Para dar cuenta de la importancia de este suceso es necesario recordar que en 1914 Marcus Garvey y su esposa Amy Ashwood fundaron en Jamaica la Universal Negro Improvements Association (UNIA), que en 1920 ya contaba con más de dos millones de miembros a nivel mundial. El 13 de agosto de ese año la UNIA financió la International Convention of the Negro Peoples of the World, con la participación de más de 2000 delegados de 20 países, que concluyó con una marcha de unas 25 mil personas negras en el Madison Square Garden de Nueva York.

Al final de la reunión se proclamó la ‘Declaración de los derechos de los pueblos negros del mundo’. Entre otras contribuciones, esta Declaración puso en relieve los derechos universales, los derechos de los afrodescendientes, los derechos de África y el derecho a la protesta. No obstante, de acuerdo con el investigador austriaco Johannes Maerk, el impacto de la declaración provocó la persecución de Garvey en Estados Unidos.

El reconocimiento de un Día Mundial para los Afrodescendientes en 2020, cuenta con antecedentes importantes en la comunidad internacional. En 1997, las Naciones Unidas convocaron la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Durban en 2001. Como resultado de esta conferencia, fue creada una Declaración y el Programa de Acción de Durban que ha marcado la agenda política de la afrodescendencia en el mundo. Además, en el 2009, se proclamó el año 2011 como el Año Internacional de los Afrodescendientes, mientras que en diciembre de 2013 se proclamó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024), con el tema “Los afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo”.

Sin embargo, las problemáticas de pobreza, exclusión y discriminación que enfrenta la afrodescendencia, especialmente en América Latina, requieren un marco de acciones de desarrollo como medidas de justicia reparadora. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este último concepto se desprende del marco de la justicia transicional y define un tipo de justicia que busca la adopción de medidas que reparen de alguna manera el daño causado a las víctimas como resultado de violaciones de derechos.

La CIDH optó por utilizar el término de justicia reparadora en vez de “justicia restaurativa”, toda vez que este último se utiliza con más frecuencia en el ámbito del derecho penal cuyo fin es la solución de conflictos y su énfasis es la prevención y efectos del crimen /delito. La CIDH reconoce este enfoque, pero defiende que con el uso del concepto de justicia reparadora no se hace referencia a un nuevo estándar, sino que el Sistema Interamericano está integrando un modelo de justicia efectiva enfocada en la reparación para combatir la discriminación racial estructural.

Teniendo en cuenta la histórica exclusión y violencias expresadas sobre la población afrodescendiente latinoamericana, desarrollar conceptualmente una teoría de la justicia reparadora para los y las afrodescendientes víctimas de la esclavitud, permitiría dar un giro interpretativo del devenir desafiante de las afrodescendencia en materia de obstáculos para la garantía de los derechos humanos.

Lecciones del electorado chileno

Co-autor Luis Mauricio Phélan

Después de un inédito y complejo proceso institucional, el pasado domingo 4 de septiembre se celebró el referéndum constitucional en Chile, donde seis de cada diez votantes rechazaron la nueva Constitución. Más allá de la rotunda derrota a la propuesta de la Convención Constituyente, el plebiscito dejó otros aspectos relevantes como la corroboración de un electorado informado y moderado políticamente.

Una votación informada

La acusación de que el votante chileno ha sido manipulado por los medios de comunicación  no tiene sustento. Pocas veces antes se ha visto tanto acceso a la información, preparación y debate público al alcance de los votantes. El texto oficial de la propuesta se descargó, se imprimió y se difundió de forma masiva y los días previos a la votación era habitual ver gente leyendo la propuesta en el transporte público. Los chilenos organizaron grupos de WhatsApp, Telegram, Reddit y demás redes sociales entre familiares, amigos, colegas y vecinos para discutir la propuesta.

En este sentido, los señalamientos de que la población fue manipulada no tiene sustento. No puede perderse de vista que los votantes del apruebo son casi los mismos que votaron por Gabriel Boric en la segunda vuelta en 2021 y casi un millón de votantes menos que el apruebo en el plebiscito de entrada de 2020. En la opción del rechazo, la diferencia entre el plebiscito de salida y el de entrada son poco más de seis millones de votantes. 

La obligatoriedad del voto podría explicar en parte el aumento de la participación, sin embargo, sería extraño pensar que esos votos no fueron conscientes. Si consideramos el tiempo de preparación, las campañas virtuales y en terreno, además del esfuerzo técnico y presupuestario del Gobierno por difundir los contenidos de la propuesta constitucional, podríamos decir que esos más de seis millones de personas tuvieron un acceso a información mucho mayor que el recibido por los electores en cualquier comicio anterior.

El mandato de reforma constitucional sigue vigente

Tal como hemos visto en estos días, con el resultado finalizó una etapa, pero el proceso constituyente no ha terminado. Hoy desde el Poder Legislativo se están delineando los pasos por seguir. Este reimpulso del momento constitucional se sustenta en la premisa de que en el referéndum de entrada de 2020 la ciudadanía fue categórica al confirmar que no quiere la Constitución de 1980, creada durante la dictadura militar. Sin embargo, se desconoce aún cuál será el destino político de este nuevo proceso para consensuar y redactar una nueva propuesta.

La exigencia de llevar adelante cambios estructurales en favor de la justicia social y su expresión en una nueva carta magna sigue vigente. Mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad es una demanda proveniente de todos los sectores de la ciudadanía. En consecuencia, con este resultado los votantes les dieron a los partidos políticos una nueva oportunidad para llevar adelante los cambios que los grupos más pobres de la población necesitan.

En este contexto, las posiciones más moderadas del espectro político partidista tienen el deber ético de promover sin ningún tipo de complejos el consenso como forma de decidir y aprobar los nuevos acuerdos. Es bueno aclarar que el consenso requiere la comprensión de planteamientos y discursos políticos opuestos, por más que en un principio puedan parecer inauditos o irrelevantes. De igual manera, saber ponderar y ceder muchas veces a la fuerza de las ideas ajenas sin que eso dé la sensación de fracaso.

Reaparece la moderación como un atributo necesario para la democracia

Desde la toma de posesión de la Convención hasta la aprobación por mayoría de 2/3 de los artículos, los sectores de izquierda y representantes independientes afines al Partido Comunista vivieron un delirio sin precedentes en la historia reciente de Chile: el de sentirse una mayoría absolutamente incuestionable e inimputable. El 80% de respaldo en el plebiscito de entrada y una amplia mayoría de sus candidaturas para conformar la Convención (y la baja votación de la derecha) les dio la sensación de tener carta blanca para hacer y deshacer en nombre del pueblo, sin considerar lo que muchos alertaron desde diversos espacios de reflexión, que las mayorías electorales son absolutamente circunstanciales en las democracias.

Es de toda justicia reconocer que ciertos convencionales de la derecha política solo fueron a torpedear el trabajo que, a todas luces, era crucial para la construcción de un nuevo futuro. Sin embargo, había también posiciones moderadas, de derecha y también de izquierda, que fueron aisladas de los acuerdos, simplemente por plantear posiciones consideradas liberales. Estas prácticas han sido defendidas por los propios convencionales, quienes aducen que era el tiempo de segregar a quienes históricamente lo habían hecho desde las instituciones. Esta práctica revanchista dista bastante de lo que se espera de un cuerpo democrático y supuestamente democratizante.

Para quienes quieran comprender lo que sucede hoy en Chile, es interesante observar cómo la sociedad chilena se ha mantenido distante a los extremismos tanto de izquierda como de derecha. Tal como diría el sociólogo Fernando Mires, estamos frente a una generación que supo contener electoralmente a la extrema derecha de José Antonio Kast y también al maximalismo de izquierda, representado en esta propuesta constitucional. Ahora es fundamental avanzar en aquellos cambios de carácter estructural, ser proactivos y escuchar decididamente lo que buena parte del espectro político (conformado en una amplia y diversa ciudadanía) necesita y que desde hace décadas se ha debido atender.

En suma, este proceso democrático constitucional comienza una nueva fase, aún incierta pero que podría ser aprovechada para construir una mejor forma de hacer política y una propuesta de Constitución que realmente se identifique con la mayoría de los chilenos. Un texto en el que los ciudadanos, independientemente de su procedencia geográfica, identidad cultural, étnica o sexual, se encuentren para que Chile pueda lograr la tarea pendiente de las últimas tres décadas: cohesionarse socialmente.

Xavier Rodríguez Franco es politólogo y productor del Podcast de Latinoamérica21. Magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Editor de Parlamundi Venezuela. Especializado en Parlamentos.

La rendición de cuentas electoral y la calidad de la democracia en Brasil: pensando en lo impensable

Con 156 millones de votantes, Brasil es la cuarta mayor democracia del mundo por número de ciudadanos-electores (solo se encuentra por detrás de la India, Estados Unidos e Indonesia). Por ello, estas elecciones generales que se celebrarán el 2 y el 30 de octubre, y de ser necesario habrá una segunda vuelta, se erigen en un acontecimiento político de la mayor relevancia en términos nacionales, hemisféricos y globales.

Desde la perspectiva de la rendición de cuentas electoral (también llamada vertical), los ciudadanos-electores brasileños han sido convocados a las urnas para escoger a las autoridades ejecutivas y legislativas tanto a escala federal, provincial y municipal como distrital.

La responsabilidad de la organización de este evento democrático de escala global recae sobre el Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de Brasil. Con noventa años de existencia, el TSE es la institución encargada de todas las fases del proceso electoral del país, incluso en lo concerniente al empadronamiento de los electores (censo), el estricto cumplimiento de las leyes, el registro de candidaturas, la organización de las juntas receptoras de votos, la impartición de justicia especializada y la proclamación de resultados.

Conviene destacar que el TSE goza de un enorme prestigio dentro del país y considerable reconocimiento en términos internacionales, principalmente desde la redemocratización brasileña en las décadas de 1980 y 1990.

En otras palabras, la organización, la integridad y la justicia observada en las elecciones brasileñas, sobre todo desde la transición y consolidación democrática, han sido justamente valorizadas. Ello es una constatación aún más significativa al corroborarse, durante el período, tanto una importante participación política convencional como la persistencia de una marcada competencia política (quiere decir, la lucha legítima entre partidos por el poder).

Concomitantemente, aunque sea necesario identificar insuficiencias y contradicciones en otras dimensiones de la calidad de la democracia brasileña ―especialmente en aquellas de naturaleza procesual, de contenido y hasta de resultado―, en lo tocante al desempeño institucional de la principal organización electoral del país no cabe más que destacar el incuestionable trabajo técnico e imparcial del TSE. En consecuencia, queda plenamente justificada la alta calificación alcanzada por Brasil, específicamente en lo que se refiere a la rendición de cuentas electoral, entendida como una de las dimensiones procesuales disponibles para el estudio de la calidad de la democracia.

Sin embargo, y tal vez de modo inesperado, las elecciones generales de este año, en lugar de continuar siendo motivo de satisfacción, civismo y republicanismo, corren el riesgo de transformarse en un acontecimiento dramático, polarizador, sectario y violento principalmente en la competencia por el Palacio do Planalto; quiere decir, por la presidencia de la República. Ocurre que, alegando posibles fallas de seguridad de las urnas electrónicas (un magnífico ejemplo de tecnología electoral utilizada desde la década de 1990), el principal candidato oficialista, Jair Bolsonaro, quien intenta su reelección, ha amenazado con desconocer el resultado del proceso.

Emulando ideas utilizadas por el expresidente Donald Trump, en las elecciones estadounidenses de 2020, que terminaron en la tentativa de asalto al Parlamento el 6 de enero de 2021, Bolsonaro y correligionarios no han dudado en impulsar una campaña de desinformación, abuso de poder político y económico, y amenazas a las autoridades del TSE.

El asunto es aún más preocupante debido a que algunos actores sociopolíticos importantes, incluyendo al comando de las Fuerzas Armadas, parecieran estar dispuestos a embarcarse en un temerario “seis de enero” brasileño. Esto, en un contexto en el que la mayoría de las encuestas de intención de voto desde fines de 2020 sugieren que la oposición brasileña tendría razonables posibilidades de alzarse con la victoria en las urnas, si las elecciones continuaran siendo libres, justas y republicanas.

Indudablemente, un “seis de enero” brasileño representaría una situación negativa desde cualquier punto de vista. Entre otros aspectos, significaría un claro síntoma de erosión democrática y de autocratización. También representaría un desaforado intento de bloqueo de los mecanismos de rendición de cuentas electoral (o vertical), de irrespeto a la soberanía popular y el surgimiento de un Gobierno antirrepublicano, ilegítimo y antidemocrático en uno de los países referentes de América Latina y del Sur Global.

No es de sorprender que una situación de ―eventual― desdemocratización en Brasil haya generado enorme preocupación en la clase política y en el conjunto de la sociedad, incluyendo a actores sociopolíticos, tales como el empresariado, el sindicalismo, los movimientos sociales, la sociedad civil y el mundo académico. Además, tales síntomas de erosión democrática y de cuestionamiento de la rendición de cuentas electoral también han repercutido en el escenario internacional, principalmente en otros países latinoamericanos con vínculos e intereses en el país.

Un “seis de enero” brasileño terminaría en un virtual autogolpe, en un espurio “continuismo” y en alguna forma de autoritarismo competitivo, o sea, en un cambio de régimen político y la imposición de un Gobierno iliberal o híbrido.

Dicho esto, no cabe más que continuar monitoreando muy de cerca el devenir de la campaña, la promulgación de sus resultados, el período poselectoral y la toma de posesión de las autoridades constitucionales electas. En todas esas etapas, el organismo electoral brasileño, encabezado por el ministro Alexandre de Moraes, tendrá un papel destacado. Así, y solamente así, será viable que la democracia continúe siendo el “único juego disponible” en el gigante sudamericano.


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¿Por qué tantos brasileños intentan quitarse la vida?

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En 2014 un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya señalaba una realidad preocupante: entre 2000 y 2012 Brasil fue el cuarto país latinoamericano con mayor crecimiento en el número de suicidios. En números absolutos, fue el líder de la clasificación. Llama la atención que el número de víctimas femeninas aumentó más (17,80%) que el de los hombres (8,20%). Casi diez años después, la OMS sitúa a Brasil en la dirección contraria al mundo: el número de suicidios entre brasileños se ha duplicado en los últimos 20 años, superando (entre las muertes por causas externas) a las muertes por accidentes de moto.

Los suicidios son evitables. En todo el mundo se han aplicado políticas públicas para reducir las tasas de suicidio, muchas de ellas dirigidas a impedir el acceso a los medios de suicidio más utilizados, además de restringir el acceso al alcohol y a las armas de fuego, utilizadas sólo en el 9% de los casos.

Los datos globales sobre el suicidio muestran que son los hombres de edad avanzada las principales víctimas, seguidos por los jóvenes y las mujeres de mediana edad. Por este motivo, los países más desarrollados, cuyo perfil de población es más envejecido, tienen tasas de suicidio más elevadas.

Todavía no se sabe con certeza, pero factores como la crisis económica, el desempleo, los niveles de desarrollo económico, la exposición a la violencia y el consumo de alcohol y drogas, los patrones de enfermedad mental y la relación cultural de las distintas sociedades con el suicidio, además de facilitar el acceso a los medios para cometerlo, son factores de riesgo.

En el caso de Brasil, llama la atención el crecimiento de las tasas, fenómeno que también se observa en otros países latinoamericanos como México, Argentina y Colombia. En concreto, es preocupante el aumento de casos entre mujeres, hombres jóvenes y adolescentes de entre 15 y 29 años. Según la OMS, el suicidio es la segunda causa de muerte en este último grupo de edad a nivel mundial.

En Brasil, el suicidio figura entre las tres principales causas de muerte en el grupo de edad de 10 a 29 años: la violencia interpersonal (que incluye homicidios, feminicidios, agresiones); los suicidios y los accidentes de tráfico. Estos casos tienen edad, pero también color: la mayoría son jóvenes negros.

Entre 2000 y 2015 los casos aumentaron un 65% entre las personas de 10 a 14 años y un 45% entre las de 15 a 19 años. El aumento en la media de la población fue del 40% para el mismo periodo. En 2019, cada 46 minutos una persona se suicidó en Brasil, la mayoría eran hombres, negros, con edades de entre 10 y 29 años.

También se observó otro fenómeno en los dos últimos años, marcado por la pandemia de COVID-19. Los casos aumentaron sobre todo entre los ancianos de las regiones del Norte y del Nordeste. Un aumento similar se observó en Rio Grande del Sur, un estado que siempre ha estado a la cabeza de las tasas de suicidio en Brasil.

El suicidio más allá de las cifras

El suicidio es un fenómeno extremadamente complejo, pero es posible destacar aquí algunas de sus facetas, individuales y colectivas. La principal es que necesitamos, como sociedad, afrontar con franqueza nuestros sufrimientos y sus síntomas. El sufrimiento que siente el individuo es también un sufrimiento colectivo. Los casos de suicidio no se deben sólo a un impulso individual, las enfermedades mentales se construyen también en relación con la sociedad, con el cuerpo colectivo que reconoce o no su malestar y sus síntomas.

De forma recurrente, quienes atentan contra su propia vida presentan enfermedades mentales, como la depresión y el trastorno bipolar, que son algunas de las más comunes. Síntomas como la ansiedad, las crisis de pánico, el estrés, la fobia social, son comúnmente desatendidos, principalmente en una sociedad que no se permite sufrir, que no elabora el duelo, que no escucha ni observa al otro. Una sociedad que trata las enfermedades mentales como un tabú, que entiende el sufrimiento como debilidad, cobardía de quien no puede enfrentarse a la vida. ¿Cómo olvidar al presidente que ante el miedo colectivo y la crisis provocada por la pandemia llamó «maricones» a los que estaban a favor del distanciamiento y el aislamiento social?

La aparición de ideas sobre la muerte se relaciona en la modernidad con una forma de sufrimiento ligada al sentimiento de pérdida; pérdida del deseo, pérdida del otro, pérdida del reconocimiento social, pérdida del sentido de la experiencia, es decir, la percepción de que la vida ya no nos pertenece, una vida que no hay razón para valorar.

¿Para qué vivir si no se respetan mis deseos y sentimientos? ¿Para qué vivir si ya no soy útil para mi pueblo y para la colectividad? ¿Por qué vivir si no tengo lugar, ni trabajo, ni reconocimiento?

¿Por qué nuestros hombres mayores, cada vez más jóvenes y adolescentes, y ahora también más mujeres, formulan esta pregunta de forma cada vez más recurrente?

Cada transformación, cada pérdida en nuestras vidas, las separaciones, las mudanzas, los cambios de colegio, los cambios de trabajo, el fin de una amistad, la muerte de un ser querido, desencadenan procesos de duelo. Procesos que nos obligan a reelaborar el sentido de la experiencia, de la existencia y cuyo sufrimiento inherente no debe ser ignorado.  

Nos enfrentamos a una «pandemia de salud mental», con un aumento de los casos de depresión y el uso de psicofármacos, a veces abusivos y equivocados (son ansiolíticos, antidepresivos, inductores del sueño). El clonazepam, que en 2015 ya figuraba en la lista de los 10 medicamentos más vendidos en Brasil y en el primer puesto de la lista de ansiolíticos más vendidos, tuvo un salto de cerca del 22% en sus ventas durante la pandemia.

Brasil vive una compleja experiencia social colectiva en los últimos años: neoliberalización de las relaciones sociales, exacerbación de las responsabilidades individuales, crisis económicas, sumadas a una experiencia de resentimiento y odio colectivo catalizada por las disputas políticas; la pandemia del Covid-19 y el desencadenamiento de sentimientos de impotencia, dependencia, desamparo, las muertes y sus huérfanos invisibilizados

Estamos enfermos. Las diversas formas de sufrimiento, las enfermedades mentales -depresión- y el aumento de los casos de suicidio son síntomas que nunca deben descuidarse.

Chile: el día después de mañana

Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, la alternativa de rechazo a la propuesta de Constitución se impuso con un 61,9% de los votos frente a un 38,1% de la opción apruebo, una contundencia que no deja espacio a dudas. La idea -que en enero se veía como segura- de que el proceso terminaría con el establecimiento de una Nueva Constitución, comenzó a difuminarse a partir de abril, para finalmente derretirse bajo un soleado 4 de septiembre, fecha simbólica que conmemoraba la elección de 1973 previas al golpe de Estado.

Si bien el respaldo que obtuvo el rechazo no alcanzó la magnitud que recibió la alternativa apruebo en el anterior referéndum de octubre de 2020, la contundencia de la participación electoral, con 12.949.651 ciudadanos concurriendo a las urnas, -la más alta en la historia de Chile- hace que la comparación respecto a cuál de los dos triunfos fue más importante sea un ejercicio bastante fútil.

Tal como ocurrió tras el plebiscito de 2020, los análisis respecto al resultado electoral abundarán en los próximos meses. Sin embargo, hay elementos que sí es posible tener en consideración desde estas primeras horas. Así como leer los resultados de octubre 2020 como un triunfo de la izquierda fue un error, interpretar estos resultados como un cheque en blanco para la oposición al gobierno de Boric o quienes se atribuyen la representación del rechazo, como son los partidos de derecha y figuras vinculadas a las ex Concertación y Nueva Mayoría es una tentación que debiera evitarse.

Si bien se dieron declaraciones mesuradas de algunos líderes de la oposición, la vorágine que produce un triunfo electoral de las dimensiones que alcanzó el plebiscito inevitablemente nubla el juicio y, sobre todo, deja cierta resaca que en términos políticos se evidenciarán cuando las celebraciones y selfies de ocasión pasen a ser un recuerdo.  

En paralelo, la lectura desde la derrota, de más compleja asimilación que un triunfo, debiera evitar explicaciones simplistas, como atribuir, por ejemplo, a la movilización de un votante tipo facho pobre o asignar una relevancia decisiva a la difusión de noticias falsas. Pues parte importante de los sectores populares, quienes les dieron un triunfo rotundo hace menos de un año al gobierno, son los mismo que, casi nueve meses después, le ocasionaron una derrota de singular dureza.

Ni la embriaguez de la victoria, ni la autoflagelación del fracaso dejan ver con claridad lo que llevó al triunfo de la opción por el rechazo. La apertura hacia una Nueva Constitución fue el resultado del cúmulo de procesos que llevaron a octubre 2019, dentro de los cuales, uno de gran importancia fue el deterioro de las instituciones políticas del país.   

Este hecho es de especial importancia, pues serán instituciones como el Congreso, el Gobierno y los partidos políticos las que deberán, en las próximas semanas, definir la continuidad del proceso constituyente y, sobre todo, que ésta nueva versión tenga un desenlace favorable. Pero si bien el rechazo a la nueva Constitución es atribuido al papel que desarrolló la Convención Constitucional, no hay que olvidar que la desconfianza en estas tres instituciones no sólo es igual o mayor al que se tiene por la Convención, sino que es crónica.

Las instituciones que deben conducir a partir del plebiscito del 4 de septiembre el proceso constituyente, especialmente el Congreso y los partidos políticos, tenían hace menos de dos años un índice de aprobación menor al de la propia Constitución de 1980. No obstante, a diferencia del texto constitucional vigente, paradójicamente escrito por lo que hoy sería considerado como un comité de expertos (la denominada Comisión Ortúzar), no se plantea bajo ninguna circunstancia cuestionar que la facultad constituyente vuelva al Congreso, lo que legalmente está fuera de discusión. Esta es quizá la gran paradoja que deja el resultado del plebiscito de salida: que las instituciones que deben volver a encauzarlo están, en gran parte, más derrotadas que la propia carta fundamental vigente.

La contundencia del fracaso de la propuesta constitucional brinda una nueva oportunidad al gobierno, pero por sobre todo al Congreso y a los partidos políticos de retomar el protagonismo. Sin embargo, no hay que olvidar que estos actores son tanto o más débiles que la ahora vilipendiada ex Convención Constitucional. Pese a ello, la elección con mayor participación electoral de nuestra historia, nuevamente los puso a cargo de generar una carta fundamental, pero sin derecho a un nuevo fracaso histórico como el ocurrido el 4 de septiembre de 2022. 

¿Triunfará el fascismo en las elecciones brasileñas?

El ex presidente Donald Trump respaldó oficialmente a Jair Bolsonaro en su intento de reelección. En un marco de crisis económica y de hartazgo general con el extremismo del presidente brasileño, el candidato rival, el ex presidente Lula da Silva, lidera en todas las encuestas por una diferencia de 15 puntos con un apoyo del 45 %. En este contexto, ¿hasta qué punto un elogio de Trump le puede servir a Bolsonaro? 

Trump explicó que «el Trump tropical‘ , como se le llama cariñosamente, ha hecho un gran trabajo para la gente maravillosa de Brasil.” “El presidente Bolsonaro ama a Brasil por encima de todo”, escribió Trump. “¡Es un hombre maravilloso y tiene mi respaldo completo y total!”

En lo personal, el amor es recíproco. Bolsonaro llegó a decir que “ama a Trump” pero es importante pensar en la centralidad del culto al líder y la expectativa de obediencia total de los seguidores.  Este tipo de relación no es infrecuente entre los fascistas y los aspirantes a fascistas. En 1923, Hitler dijo: «Si un Mussolini alemán fuera entregado a Alemania, la gente se arrodillaría y lo adoraría más de lo que nunca lo ha hecho Mussolini».

Bolsonaro también coincide  en hacer del machismo vulgar y exacerbado un tema central de campaña. Por ejemplo, al igual que lo había hecho Trump en la campaña del 2016, recientemente Bolsonaro hizo un elogio de su pene y su potencia sexual para presentar su idoneidad como candidato.

Tiene lógica que un presidente investigado por la justicia, que fracasó en el manejo de la pandemia y que fue rechazado por una mayoría de electores y luego mintió y sigue mintiendo sobre el resultado de la elección, apoye a un colega que presenta exactamente sus características.

Peor aún, Trump luego apoyó la toma del parlamento del 6 de enero de 2021 en su nombre a partir de la gran mentira de que le habían robado las elecciones. El fin de dicha movilización era mantener a Trump de forma permanente en el poder a pesar del resultado de las elecciones. Es en este punto y en las reiteradas amenazas de que, si pierde, Bolsonaro no va a reconocer los resultados de las elecciones en donde es posible un peligro fascista para Brasil.

El mundo actual vive una transformación profunda: un intento de regreso del populismo al fascismo. Durante el siglo pasado, el fascismo ha evolucionado, los líderes han reformulado su aspecto. Si bien el fascismo explícito desapareció del poder después de la Segunda Guerra Mundial, sus ideas antidemocráticas sobrevivieron, a menudo entrelazadas con varias corrientes de populismo.

A pesar de su falta de originalidad, Bolsonaro se destaca entre los líderes autoritarios contemporáneos por estar, como Donald Trump, más cerca del fascismo que otros populistas.

Hay cuatro elementos que diferencian al fascismo del populismo. Estos son pilares fundamentales que tiene el fascismo y no el populismo. El primero es la violencia y la militarización de la política. Esto se dio en España en la Guerra Civil y también en la Italia fascista y la Alemania hitleriana. Todos ejemplos catastróficos de que los problemas políticos se resuelven a través de la violencia. El segundo es la mentira, la mentira totalitaria, extrema, que no sólo deforma la realidad y crea realidades alternativas en la mente de la gente, sino que se intenta crear esa nueva realidad. El tercero es la xenofobia, el racismo, la demonización total del enemigo interno imaginado. Se plantea que cualquier problema que exista (real o inventado) se explica y se resuelve a través del odio a lo distinto. Y el cuarto es la dictadura. No hay fascismo sin dictadura, aunque puede haber dictadura sin fascismo. 

Históricamente, los populistas han sido electos como, por ejemplo, Juan Perón, Getulio Vargas, Hugo Chávez, Cristina Kirchner o Silvio Berlusconi. Todos ellos, a pesar de su autoritarismo reconocieron la legitimidad de las elecciones incluso cuando les fue mal en ellas.

Cualquier observador de la política de Brasil puede notar que a Bolsonaro, un profundo admirador de dictaduras y dictadores, le falta en la práctica el cuarto elemento (la dictadura) para convertirse en fascista hecho y derecho.

En su discurso del Día de la Independencia, y esto no es irrelevante, Bolsonaro clasificó al otro lado como ‘el mal’. Las palabras del presidente fueron las siguientes: «El mal que duró 14 años en nuestro país, que casi rompió nuestra patria y que quiera volver a la escena del crimen. No lo harán, el pueblo está del lado del bien”. ¿Este argumento apocalíptico le permitiría justificar en nombre del “bien” un golpe de Estado? ¿Está fomentando la violencia como cuando dijo en su campaña presidencial anterior en 2018 que sus opositores políticos, miembros del Partido de los Trabajadores, deberían ser ejecutados? Unas horas después del discurso, un bolsonarista mató a un compañero de trabajo partidario de Lula durante una discusión sobre las elecciones.

Como Donald Trump, Bolsonaro representa un nuevo tipo de gobernante autocrático global que es elegido legalmente, pero también adopta elementos que figuras populistas como Perón consideraban demasiado controvertidas o incluso tóxicas: mentiras totalitarias, racismo y medios ilegales como golpes para destruir la democracia desde adentro. 

Trump podría ser mejor considerado un «aspirante a fascista». Trump es un populista que aspira a volver a una forma de fascismo. Su gobierno no fue un fascismo en toda regla porque no descendió a la dictadura. Pero podría haberlo sido si sus intentos de retener el poder después de las elecciones de 2020 hubieran tenido éxito. 

Este es el peligro que enfrenta la democracia brasileña. Bolsonaro es una suerte de mini-Trump. El «Trump tropical» no sólo comparte los fracasados deseos fascistas de Trump, sino también sigue el modelo trumpista para destruir la democracia desde adentro.


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El aterrizaje de tendencias globales en Latinoamérica

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En la compleja coyuntura que estamos viviendo es posible identificar algunas tendencias globales de carácter económico, político, social y cultural, así como las características que estas asumen al aterrizar en América Latina. Las cinco tendencias globales se corresponden con dimensiones de “lo social”, entendido esto en sentido amplio. Sin embargo, puesto que ningún proceso es lineal, debemos pensar que las cinco tendencias incluyen expresiones de resistencia a sus dinámicas principales.

La primera tendencia global, en términos políticos, es la autocratización contestada que vive América Latina. De manera inexplicable en los circuitos diplomáticos y académicos se sigue repitiendo que existe un pleno consenso democrático latinoamericano. En la práctica, si bien existe una mayoría de gobiernos republicanos, hay una incapacidad para detener el ascenso de regímenes abiertamente autoritarios y establecer cordones sanitarios o revertir la autocratización en curso. Este consenso democrático interamericano alguna vez se aproximó a ser una realidad, pero nunca fue pleno, pues siempre subsistieron autocracias -como la cubana- unidas a democracias de baja calidad con enclaves territoriales y sociales autoritarios.

Debemos reconocer que en el continente hoy existe un ecosistema autocrático -con gobiernos de izquierda como Cuba, Nicaragua y Venezuela- pero parece asentarse también la posibilidad de gobiernos iliberales de derecha con personajes como Nayib Bukele. Dichos procesos encuentran la desigual, pero sostenida resistencia de diversos actores sociales y políticos, que pugnan por preservar o conquistar su derecho a tener derechos. En ese sentido, fortalecer la gobernabilidad y ciudadanía democráticas implica voltear a mirar, en lo analítico y en lo práctico, a aquellos actores que resisten estos procesos en el ámbito latinoamericano.

La segunda tendencia, desde el punto de vista económico, es el afianzamiento del capitalismo en tanto modo de producción o sistema económico. Aunque el capitalismo aparece como una realidad incontestable, ello no quiere decir que no pueda acompañar el fin de la especie humana por el agotamiento del planeta. Sin embargo, hoy no hay modos de producción, distribución y consumo alternativos al capitalismo. En América Latina esto nos lleva a discutir sobre qué variantes de capitalismo o, más en concreto, que modos de regulación del capitalismo utilizamos dentro de nuestros países. Y nos lleva a revisar críticamente aquellos referentes a ratos imprecisos -el neoliberalismo y el progresismo- que se expresan en tanto conjuntos de políticas económicas, políticas públicas y también debates ideológicos.

La tercera tendencia es un proceso acelerado de des-globalización geopolítica, con potencias que disputan la hegemonía global y regional, que configuran bloques de poder en torno suyo y contra otras alianzas. Para América Latina esto supone desafiar la idea de la región como una zona de paz, vendida desde instancias como la CELAC. Es cierto que en el continente no hemos tenido hace décadas grandes disputas interestatales -salvo conflictos como el de Perú-Ecuador en 1997, en los 80 en Las Malvinas y los choques en Centroamérica- y que no tenemos una dislocación de armas nucleares. Pero la competencia de grandes potencias y sus modelos de desarrollo, así como la influencia de regímenes políticos extracontinentales -ante todo China y en menor medida Rusia- y de actores no estatales -mafias, redes terroristas, etc- con capacidad de incidir en las dinámicas nacionales, desafía la noción de paz en un sentido fuerte, amplio, multidimensional.

En ese sentido, hay que recordar que Latinoamérica es una región que se ha constituido históricamente como un continente de repúblicas. Siempre hemos combinado rasgos democráticos y oligárquicos, populares y elitistas; pero debemos también reconocer que fuimos la primera región del orbe compuesta por Estados Nación donde la forma republicana de gobierno -con sus Constituciones y elecciones- fue predominante. Con excepciones como la monarquía brasileña y antes que en Europa desaparecieran los Imperios al final de la Primera Guerra Mundial. De manera que hay una serie de elementos identitarios de nuestra historia y organización políticas en tanto comunidades nacionales que se diferencian con otros estados y sociedades como, por ejemplo, la china, la rusa o la iraní.

Una cuarta tendencia es la globalización sociocultural. Si bien la globalización ha tenido revisiones en el plano de los bloques políticos y económicos, parece inevitable entender que hay una globalización de identidades, valores y consumos que hace, por ejemplo, que los jóvenes latinoamericanos se parezcan mucho más a los jóvenes asiáticos que a sus propios padres. Esa globalización representa un desafío para América Latina, pues hay una diversidad social que pugna por ser reconocida. Esto ocurre apelando a una profusión del ejercicio de derechos -lo cual está ocurriendo hoy con juventudes en el Medio Oriente, África y Asia- que impacta la capacidad de las instituciones establecidas para incluir y responder a esas crecientes demandas de la diversidad social. Con Estados con capacidades limitadas, economías estancadas y sociedades más heterogéneas y vocales, hay tensiones para responder a esas demandas sociales en clave de políticas públicas, de reconocimiento y construcción de ciudadanía.

La última tendencia -pero no la menos importante, sino incluso la decisiva- es el deterioro ambiental que nos anuncia un cambio climático con posible no retorno. En una Latinoamérica megadiversa, con países destacados como Brasil y Colombia, seguimos sin responder -e incluso sin plantearnos- cómo alcanzar un desarrollo inclusivo con protección del medio ambiente. En este rubro y en los anteriores, los grandes desafíos -epistémicos, científicos y políticos- combinan tanto en la complejidad intrínseca del problema como en la limitada capacidad de los Estados latinoamericanos para enfrentarlos hoy de modo eficaz.

*Versión resumida de la intervención realizada en el Seminario internacional “Colombia y América Latina en un mundo cambiante: Relaciones Internacionales, Ética y Democracia”.

Xiomara Castro es derrotada en el Congreso de Honduras

Las imágenes de abril de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, saliendo hacia Nueva York escoltado por agentes de la DEA camino a su juicio por narcotráfico, recuerda a la de 2009 cuando otro expresidente, Manuel Zelaya, abandonaba Tegucigalpa en avioneta después de la orden de detención de la Corte Suprema de Justicia, desobedecida por el general Romeo Vázquez Velázquez.

Los dos presidentes buscaron su reelección. Zelaya no negoció con la clase política, trató de imponerse y fue acusado por la justicia de traición a la patria. El Congreso lo condenó simbólicamente con un voto de desaprobación de 124 diputados, del total de 128. Meses después fue indultado. Hernández, igualmente autoritario, fue más hábil y logró una interpretación extraña que le permitió reelegirse. Pero tras la reciente derrota electoral fue extraditado por narcotráfico.

En este marco, Xiomara Castro, la esposa de Zelaya y quien se presentaba como la opción del cambio a las formas de hacer política, ganó las elecciones de noviembre del 2021 con el 51% de los votos. La presidenta encabezó por aquel momento una coalición integrada por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), el partido Salvador de Honduras (PSH), y el partido Innovación y Unidad (PINU).

Sin embargo, a apenas seis meses de la asunción de Xiomara Castro, esas esperanzas se han difuminado. Por un lado, muchos comunicadores que apoyaron abiertamente a LIBRE durante años y que instauraron la idea de que el gobierno hondureño había conformado un narco estado que pretendía perpetuarse en el poder, hoy ocupan cargos de elección popular en el gobierno de Xiomara Castro.

Comunicadores como Mauricio Ramos, fundador de UNE TV es Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos; Ivis Alvarado (UNE TV) es Secretario de Prensa del Gobierno; Milton Benítez (El Perro Amarillo) es ministro-asesor en Materia de Comunicaciones; Gerardo Torres (UNE TV) es Vicecanciller; Jorge Aldana (UNE TV) es alcalde de Tegucigalpa; y Mauricio Rivera (UNE TV) Diputado Nacional.

Previo a las elecciones, el 13 de octubre del 2021, la idea del posible fraude electoral se encontraba tan arraigada que finalmente tanto el hoy designado presidencial Salvador Nasralla (PSH), como Doris Gutiérrez (PINU) pactaron apoyar en su carrera presidencial a la esposa del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Esto, para que tuviera mayores posibilidades electorales a cambio de un pacto de posiciones de gobierno y de su investidura como designados presidenciales.

Una vez en el gobierno, sin embargo, la coalición ha empezado a fisurarse. La resistencia de LIBRE al pacto con el Partido Salvador de Honduras y el estilo autoritario de toma de decisiones con el que se ha conformado el gobierno no han contribuido a moderar el ciclo de tensión hondureño.

Xiomara Castro ha sido señalada por buena parte de la sociedad civil de organizar un gobierno en el que su familia tiene una relevancia determinante, lo cual no es saludable para la democracia. El expresidente Manuel Zelaya Rosales es el asesor principal de la presidencia. Sin embargo, su protagonismo es tan decisivo que críticos tradicionales de las administraciones anteriores como los jesuitas del ERIC-SJ, la ex rectora de la UNAH, Julieta Castellanos y otras figuras se han manifestado de forma expresa, tanto sobre la inconveniencia de esta relación política como sobre el nepotismo en el primer nivel de gobierno.

Otros integrantes de la familia de la presidenta que se encuentran en cargos de primer nivel son su hijo Héctor Zelaya, Secretario de la Presidencia; su sobrino José Manuel Zelaya, titular de Secretaría de la Defensa; su cuñado, Carlos Zelaya, Secretario del Congreso; y su hija Xiomara Zelaya, Diputada.

Ante esta situación, el Designado Presidencial Salvador Nasralla comenzó a manifestar su inconformidad con la nueva administración ya que no había cumplido sus compromisos dando espacios a su partido en el ejecutivo. Nasralla señaló que su voz no era escuchada por la presidenta. Y esto ha provocado la primera derrota importante del gobierno en el Congreso hondureño.

Poco después de estas declaraciones, los diputados de su partido (PSH) votaron en contra del gobierno y apoyaron a la oposición evitando que se aprobara de forma urgente una ley que reformaba el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. El designado presidencial Nasralla declaró que no se podía aprobar una ley tan importante a “matacaballo”. Con esta afirmación le recordó a la presidenta que no tenía mayoría en el Congreso y que no debería cometer los mismos errores que Zelaya en 2009 al ignorar a los “compañeros” y a los poderes del Estado.

La derogación de la Ley de Defensa y Seguridad, aprobada en 2011, era una promesa de campaña de Xiomara Castro. Uno de los propósitos principales era eliminar como integrantes del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional al presidente del Congreso Nacional, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, y al Fiscal General de la República, bajo el argumento de la independencia de poderes y de que así la democracia estaba en cuestión.

Pero ese no ha sido, sin embargo, el problema. Lo que causa desconfianza en la clase política es el poder que se le asignaría al Secretario Técnico del Consejo, que por delegación de la presidencia coordinaría los temas de Seguridad y Defensa del país. Esto, en un contexto como el actual, definirá la gestión de la mayoría de las políticas de desarrollo y gobernabilidad de la nación.

Ante la posibilidad de crear una figura política tan poderosa, que además presumiblemente podría ser asumida por uno de los integrantes de la familia Zelaya, o de su círculo más cercano, las acusaciones hacia la nueva administración adquirieron una nueva dimensión. Frente a ello, y mostrando su poder, los aliados de la presidenta se rebelaron y provocaron la primera derrota importante del gobierno.

El mensaje es claro: la gobernabilidad de Honduras pasa por la estabilización de una coalición que incluya a los socios políticos y que limite tanto el nepotismo como la toma de decisiones unilaterales.

Chile: se deshizo el espejismo

Hay veces en que uno detesta haber acertado en el análisis. Lo cierto es que deja un amargo sabor de boca el resultado del plebiscito sobre la nueva Constitución en Chile este pasado 4 de septiembre. La derrota de los partidarios de su aprobación ha sido demasiado abrumadora (dos tercios de los votos frente al tercio restante). Tal vez hubiera sido mejor un resultado más estrecho. Pero debo reconocer que el contenido de un viejo artículo sobre la victoria de Gabriel Boric en las elecciones presidenciales de fines de 2021, en el que me preguntaba si no estaríamos ante un nuevo espejismo en Chile, conducía a anticipar el abultado resultado de este plebiscito.

La observación que hice en aquel entonces refería a una cierta interpretación de la clara victoria de Boric que, a mi juicio, podía “convertirse en un nuevo espejismo de la realidad social chilena”. Según aquella interpretación optimista, esa victoria representaba una enorme marea electoral que recogía intacto el espíritu de las protestas de 2019 sobre la base de unas generaciones más jóvenes que superaban las aspiraciones de la Concertación y formaban una amplia base electoral en la que podría apoyarse el presidente más joven de América Latina.

Mi reparo principal se refería a la dimensión de esa base electoral de apoyo. Dado que solo había votado el 56% del electorado y Boric había obtenido el 55% de esos votantes, eso significaba que el presidente electo contaba con apenas el 27% del total del electorado. Pero además esa votación tenía que ver con la segunda vuelta, y los estudios de opinión indicaban que un 70% de los casi tres millones de votos que se sumaron a su candidatura en esa segunda ronda procedían de otros partidos (de centroizquierda), que no seguirían a Boric en el futuro. Es decir, que su “amplia marea electoral” no alcanzaba ni a un cuarto del electorado.

Mi otra observación aludía a la idea de que el apoyo a Boric era producto directo del espíritu imparable del estallido social del 2019. Los sondeos de opinión mostraban que el apoyo a lo sucedido durante ese año era bastante menor de lo supuesto. Varios observadores en el país señalaron que esos hechos habían sido “sobrefestejados”: más de la mitad de la población chilena tenía una visión crítica de lo sucedido.

Es cierto que la victoria de Boric se asociaba bien con una elección (con poca participación) de los compromisarios a la convención constituyente. Y también era lógico que esa convención emitiera un texto constitucional que reflejara la cultura política de los seguidores de la plataforma electoral del nuevo presidente. 

Sin embargo, tanto el proceso como el texto resultante no han podido evitar que muchas voces progresistas lo hayan tildado de partidista. Pronto fue evidente que el marcado sesgo político del nuevo texto constitucional levantaba un creciente rechazo no solo entre las fuerzas conservadoras, sino también entre los sectores de centroizquierda que habían apoyado la candidatura de Boric frente al contendiente de la derecha, José Antonio Kast. Creo que existe una clara mayoría acerca de que hay que superar la Constitución procedente de la dictadura de Pinochet, pero de una forma mucho más amplia que permita gobernar tanto a progresistas como a conservadores.

Ante la evidencia de que la opinión pública se dividía en torno a la propuesta de una nueva Constitución, entre los partidarios de Boric también surgió una divergencia notable: por un lado, los partidarios de negociar una salida alternativa cuanto antes y, por el otro, quienes, presos del espejismo de poseer esa supuesta amplia base electoral, se inclinaron por poner toda la carne en el asador a favor de la campaña de aprobación del texto constitucional. 

La decisión del presidente Boric de inclinarse hacia esta segunda opción parece indicar que podría haberse contagiado del espejismo político que alimentaba la izquierda radical, coreada, por cierto, por esa izquierda en toda la región. El presidente hubiera podido mantener una relativa neutralidad en la campaña directa, pero ha optado por combatir en primera fila a favor de la aprobación de la propuesta constitucional. Ahora deberá pagar el costo político.

En todo caso, lo sucedido en Chile muestra los tradicionales riesgos del vanguardismo, tan conocidos en la región. Una lectura fría de la coyuntura chilena refleja que, tanto en el fondo como en la forma, la explosión de 2019 fue aprovechada por una izquierda radical que se desprendió del resto del país para dar un gran salto adelante. Y tres años después, el Chile profundo, lastrado por un enorme bolsón de población apolítica (que esta vez estuvo obligado a votar) acentuadamente asustado, se lo está cobrando. 

Como afirma el analista Ernesto Ottone, el resultado del plebiscito reivindica el verdadero sentido de la propuesta progresista, aquella que es capaz de halar el conjunto del país, midiendo el ritmo que ello requiere, sin dar saltos vanguardistas de alto riesgo.

Resulta difícil anticipar el impacto que tendrá esta abultada derrota en el gobierno del presidente Boric. No obstante, parece probable que no será un efecto despreciable ni pasajero, sobre todo a la vista de que las encuestas mostraban ya un descenso de su popularidad por varios errores gubernamentales, que muchos observadores achacan a la falta de experiencia en el manejo de la administración pública. Mientras, se extiende la preocupación en círculos progresistas chilenos de que lo sucedido pueda significar un creciente vuelco electoral hacia la derecha.

Democracia y demagogia en la Argentina de los Fernández

Hay en el Río de la Plata la idea de que el dulce de leche mejora cualquier postre. Así, helado, bien; helado con dulce de leche, mejor. Flan, bien; con dulce de leche, mejor. Torta, bien; con dulce de leche, mejor. Con la democracia sucede lo mismo: el concepto más opaco, si se le sitúa al lado el adjetivo “democrático”, adquiere luz celestial. Justicia, bien; justicia democrática, mejor. Convivencia, bien; convivencia democrática, mejor. Compromiso, bien; compromiso democrático, mejor.

No fue precisamente dulce para Cristina Fernández de Kirchner la semana del 22 de agosto. Los fiscales de la causa “Vialidad” pidieron para ella 12 años de cárcel e inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos. Como era de esperarse, la catarata de reacciones se puso en marcha inmediatamente. Reacciones peligrosas, desde luego, porque son más ideológicas y viscerales que serenas y racionales. Peligrosas porque implican enjuiciar a la Justicia argentina. Más peligrosas aún porque la primera en denigrar a la Justicia fue la propia vicepresidenta, de quien se esperaría algún grado de respeto por las instituciones del país.

Pero un tuit dejaba bastante clara su posición: “El Poder Judicial argentino apesta”. Finalmente, peligrosas al máximo nivel porque echaban leña al fuego de la polarización, de la furia verbal que se ha ido instalando en Argentina durante los últimos quince años. Ello explica que la secuencia acabara con el intento de asesinato de la vicepresidenta el pasado 1 de septiembre.

A propósito de este caso, las investigaciones apenas han comenzado y la información que va apareciendo impide sacar conclusiones. Al contrario, obliga a la prudencia. Pero lo relevante aquí no es el enjuiciamiento del suceso, sino un hecho mucho más palmario: la atmósfera sociopolítica argentina está tan cargada que la violencia física no resulta completamente insólita. El crecimiento progresivo de la agresión verbal hasta extenderse a otros medios (como la violencia física) merece condena categórica, pero sería entre ingenuo y cínico afirmar que no cabía esperar tal evolución.

Retornando al frente judicial, estas líneas no pretenden entrar en el juego de valoraciones sobre si el juicio a la vice es justo, si Cristina es culpable, si la Justicia argentina apesta o huele a jazmín. Ni siquiera en el juego, más dramático aún, sobre el significado y las consecuencias de que el juicio sumarísimo al Poder Judicial lo realice el Poder Ejecutivo del propio país. Aquí se trata de otra cosa: de los argumentos que se emplearon. Y especialmente de uno: la democracia.

Desde España, la líder de Podemos, Ione Belarra, tuiteaba: “La guerra judicial y mediática contra gobiernos progresistas es una constante que siempre vamos a denunciar. Porque no es contra nosotros, pone en peligro a la propia democracia. En España, Argentina o cualquier país democrático. Nuestro apoyo desde @PODEMOS a @CFKArgentina”.

Desde la propia Casa Rosada, tres cuartos de lo mismo. Un comunicado oficial de la Presidencia afirmaba: “El gobierno reitera su adhesión a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia”.

En las declaraciones de Belarra y de Fernández hay dos problemas sustanciales. Primero, que confunden democracia con Estado de derecho. Segundo, que intentan ver —y hacer ver— democracia donde hay un régimen mixto.

Democracia y Estado de derecho

Preséntese usted a unas elecciones prometiendo reforzar el Estado de derecho. Sacará un voto o ninguno. Preséntese prometiendo reforzar la democracia. Sus electores se multiplicarán milagrosamente, como los panes y los peces. Así es el canon demagógico de nuestro tiempo. La democracia es el dulce de leche de todos los postres políticos. Por eso Alberto Fernández cerró su discurso inaugural afirmando que “con la democracia se cura, se educa y se come”.

Cabía sospechar que no sabe muy bien qué es esa democracia de la que hablaba. Sin embargo, hubo que esperar dos años y medio para comprobarlo con toda claridad. Una de dos: o Belarra y Fernández no conocen la diferencia entre democracia y Estado de derecho, o la ignoran activamente. En otras palabras: ¿es mayor su ignorancia o su demagogia?

La democracia se refiere exclusivamente a cuántas manos ejercen el poder público. No es una definición novedosa. Todo lo contrario: nos llega desde la antigua Grecia. El poder público en una sola mano: monarquía. En unas pocas manos: aristocracia. En manos de la mayoría: democracia.

Lo que denuncian Fernández, Belarra y, por supuesto, la propia Cristina Fernández, es que la Justicia argentina no es independiente; que se encuentra maniatada por determinados poderes. ¿Qué tendrá eso que ver con la democracia, es decir, con que el poder público esté en manos de la mayoría?

La democracia es un atributo del sistema político. Explica la repartición del poder dentro de la sociedad. La Justicia es una rama del Estado, pero no es un espacio político. Precisamente lo contrario: la politización de la Justicia es una de las más graves amenazas que la acechan. Lo que está en juego en el hecho de que la Justicia sea independiente —o no— es el Estado de derecho, no la democracia.

“Funcionamiento democrático de la justicia”, afirma el comunicado de la Presidencia. Es algo así como la equitación protestante de la que hablaba Borges. Con un agravante: viene de un presidente que, según el propio comunicado, “se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal desde hace más de tres décadas”. Quizá debería conocer la diferencia entre democracia y Estado de derecho.

Si la justicia fuera democrática, ¿eso significa que los ciudadanos votarían los veredictos? ¿O que votan a los jueces? En efecto, ¿sabrá Fernández por qué los ciudadanos no votan a los jueces en ningún país? Ni siquiera en aquellos a los que el peronismo admira. Por ejemplo, Venezuela, donde se vota al Ejecutivo y al Legislativo, pero no al Judicial. O Bolivia. O Irán, Rusia y China, donde se vota… Mejor no sigamos.

Democracia y régimen mixto

Algunos de aquellos griegos —y romanos— que clasificaron las formas de gobierno nos legaron una tesis: la forma ideal no es la monarquía ni la aristocracia ni la democracia, sino una combinación de las tres. Así, en la Roma republicana funcionaba un régimen mixto, en el que los cónsules eran el elemento monárquico, el Senado constituía el aristocrático, y los tribunos de la plebe representaban el democrático.

Dos mil años después nacen las repúblicas independientes latinoamericanas y toman ese modelo: el presidente sería el elemento monárquico, el Senado constituiría el aristocrático, la Cámara de Diputados representaría el democrático.

Preséntese usted a las elecciones prometiendo fortalecer el régimen mixto. Obtendrá un voto o ninguno. Preséntese prometiendo fortalecer la democracia, como si se creyera que vivimos en una democracia pura. Sus electores se multiplicarán milagrosamente. Una de dos: o Belarra y Fernández no se han enterado aún de que nuestros Gobiernos no son democracias puras, sino regímenes mixtos, o lo ignoran activamente. En otras palabras: ¿es mayor su ignorancia o su demagogia?


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