Colombia entre la esperanza y las expectativa por un cambio

Andrés Londoño Niño
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Colombia entre la esperanza y las expectativa por un cambio

La reciente posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia, se desmarcó de la de sus antecesores y estuvo llena de símbolos que representan el cambio que implica el ascenso del primer presidente de izquierda en el país. Un presidente que alcanzó el gobierno sin el apoyo de las clases políticas tradicionales. El discurso estuvo en gran parte dirigido a las bases sociales que le votaron, y que durante la ceremonia, llenaron la Plaza de Bolívar y muchas otras del país.

Durante la posesión, la referencia a las mayorías excluidas en uno de los países más desiguales de América Latina, fue evidente. Además de los tradicionales saludos a altos funcionarios, jefes de Estado y representaciones diplomáticas, Petro mencionó los nombres de ciudadanos que conoció durante la campaña saludando especialmente a un pescador, una líder juvenil, una vendedora ambulante, un silletero, un cafetero y una barrendera.

La vicepresidenta, Francia Márquez, primera mujer negra en llegar a ese cargo, también  tuvo gestos simbólicos en el juramento al tomar posesión, pues además de hacerlo ante Dios y el pueblo colombiano como es tradición, lo hizo ante sus ancestros y colombianos que han sido históricamente excluidos.

El público que acudió a la posesión, expresó la diversidad de la población del país y aquella que ha sido negada y excluida por las élites gobernantes, y violentada por los grupos armados, pero también por el Estado. Y es que la mirada racista y colonial en contra de los pueblos étnicos fue lo que exacerbó el conflicto armado, como lo señaló el Informe de la Comisión de la Verdad, cuyas recomendaciones Petro se comprometió a acatar en junio pasado, cuando fue hecho público.

La primer orden como presidente de Petro -durante la ceremonia- fue la de exhibir la espada de Simón Bolívar, a lo cual se había negado el presidente saliente, Iván Duque, a pesar del pedido del presidente entrante. La espada había sido hurtada en 1974 por la guerrilla urbana del M-19, a la cual perteneció Petro y fue devuelta recién en 1991, tras el proceso de paz durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990).

También, en alusión al conflicto colombiano y a la exclusión y la violencia política en contra de la izquierda en Colombia, fue llamada para colocar la banda presidencial la congresista María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, comandante máximo del M-19 y que fuera asesinado en 1990 cuando era candidato presidencial, tras el proceso de paz.

Después de cuatro años en los que el gobierno de Duque, no solo no avanzó de forma consistente con la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, sino que abandonó las negociaciones con grupos armados y cuestionó las instancias creadas por ese acuerdo, Petro y su equipo han impulsado el concepto de Paz total. Por lo tanto, se espera que la paz vuelva a ser una prioridad en la agenda gubernamental y el actual gobierno ha anunciado su interés de dialogar con los distintos grupos armados, específicamente con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo. Este grupo narcoparamilitar, con amplio control territorial, ya anunció un cese al fuego unilateral, tras la posesión del nuevo gobierno.

El nombramiento como canciller de Álvaro Leyva, quien ha sido mediador en distintos procesos de paz desde la década de 1980, denota el interés del nuevo gobierno en avanzar con el proceso de paz. Además, con respecto a las relaciones internacionales, se esperan dos grandes cambios. Por un lado, el replanteamiento de las relaciones con Estados Unidos que históricamente ha pasado por la política antidrogas, la cual Petro ha criticado por la muerte de miles de latinoamericanos; pero también de estadounidenses que fallecen por sobredosis.

Por otro lado, se espera una mayor aproximación hacia los países latinoamericanos, algo que Petro mencionó de distintas formas en su discurso, aludiendo a la necesidad de mayor integración, así como de protección conjunta de la Amazonía.

El acto de posesión y los primeros días del gobierno, reafirman la promesa de cambio en torno a la búsqueda de justicia social, la paz y el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, dejar atrás las altas tasas de inflación y desempleo que marcaron cifras récord durante el gobierno de Duque, no será fácil. Frente a estas expectativas de diversos sectores políticos y sociales del país, pero también de América Latina, este gobierno tiene el gran desafío de lograr distanciarse de sus antecesores. Y sobre todo, de no defraudar a los millones de colombianos que esperan, como sentenciaba un cartel desde lo alto de una de las lámparas de la Plaza de Bolívar, “no nos fallen”.

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Profesor de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP (Bogotá). Doctor en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (IESP/UERJ).

¿Ha cambiado la política exterior brasileña con el nuevo canciller?

Miriam Gomes Saraiva
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¿Ha cambiado la política exterior brasileña con el nuevo canciller?

El cambio de canciller que hizo el presidente Jair Bolsonaro en abril de 2021 llevó a la cabeza de la cancillería a un diplomático con vínculos directos con las tradiciones de Itamaraty, como se conoce comúnmente al Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño. En su momento se creyó que, con el nuevo canciller, Carlos França, la política exterior saldría del bache en que había caído con el primer canciller, el negador, Ernesto Araújo. Las expectativas eran altas. Pero, ¿ha cambiado realmente la política exterior? ¿Basta con cambiar de canciller para cambiar la política exterior?

A pocos meses de las próximas elecciones previstas para el 2 de octubre, el pasado 18 de julio el presidente se reunió con decenas de embajadores en Brasilia con la intención de atacar las urnas electrónicas y el sistema electoral brasileño. Bolsonaro criticó directamente a tres jueces del Tribunal Supremo y guste o no, fue la diplomacia brasileña quien extendió la invitación a los embajadores. Y el canciller Carlos França estuvo presente en el acto.

El evento llevó a los más variados segmentos de la sociedad a alzar la voz en defensa de la democracia y del sistema electoral brasileño y las críticas se extendieron a la diplomacia brasileña. ¿Por qué el canciller ha asumido este papel? ¿No había llegado a la Cancillería para devolver la política exterior a la normalidad?

Al llegar a la presidencia en 2019, rompiendo con una tradición de continuidad, Jair Bolsonaro estructuró una nueva política exterior, basada en nuevas ideas y poniendo en jaque los estándares que habían guiado la inserción internacional de Brasil durante mucho tiempo. Los temas de política exterior de Bolsonaro, en muchos casos, buscaban satisfacer las demandas de grupos específicos que lo habían apoyado en la campaña electoral, reduciendo la centralidad decisoria del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La política exterior reflejaba la creciente fragmentación del proceso de toma de decisiones y la divergencia entre los diferentes actores que conformaban la base de apoyo del gobierno. De esta manera, se produjeron cambios en la definición de aliados y adversarios externos con repercusiones en todos los ámbitos.

El ex ministro de Asuntos Exteriores Ernesto Araújo, que representaba el ala negacionista del gobierno, describió la civilización occidental como un conjunto de ideas tradicionales que estarían en riesgo de desaparecer debido a ciertos proyectos guiados por el aparato burocrático de las instituciones multilaterales. Este definió una política exterior basada en el antiglobalismo, el conservadurismo religioso y el anticomunismo. Y Brasil fue presentado como una nación occidental, cristiana y soberanista, como si, junto con el Presidente, el Canciller tratara de reformular la identidad exterior del país.

Desde el inicio de su gobierno, Bolsonaro tuvo dificultades para gestionar el país por la fragmentación política; los obstáculos para construir una base de apoyo significativa en el Congreso; los choques entre la dimensión económica liberal y un sesgo nacionalista; y la imposibilidad de separar lo que es gobierno de lo que es plataforma política. Sin embargo, fue su comportamiento negacionista ante la pandemia lo que puso de manifiesto (y exacerbó) sus límites.

Los avances de la segunda ola de la pandemia fueron objeto de críticas generalizadas y el estancamiento económico sumado a la inflación comenzó a repercutir en el consumo de los sectores más pobres de la población. El presidente buscó entonces el apoyo de los grupos tradicionales en la legislatura y consiguió nuevos socios en ambas cámaras del Congreso a cambio de puestos.

En este marco, el poder legislativo -incluida la nueva base de apoyo del presidente- desempeñó un papel importante en la renuncia de Ernesto Araújo. A partir de entonces, el nuevo Canciller, Carlos França, acercó el discurso diplomático a la tradición de la Cancillería reduciendo la fricción con los socios extranjeros tradicionales y buscando recuperar la centralidad del Ministerio, y buscó que el Ministerio tuviera un comportamiento externo más predecible.

Este intento de corregir el rumbo y «volver a la normalidad» ha disminuido el peso de la antiglobalización y el conservadurismo en el discurso oficial, pero no ha conseguido que la política exterior vuelva a los parámetros anteriores de Itamaraty. A pesar de un mejor diálogo con los socios externos -como en el ejemplo de la interacción con Argentina-, las ideas básicas de las acciones de política exterior no se modificaron.

Además de no evitar esta reunión de Bolsonaro con los embajadores extranjeros, el canciller Carlos França no evitó las críticas de Bolsonaro al sistema electoral brasileño en una reunión con Joe Biden en la Cumbre de las Américas. Tampoco pudo convencer al presidente de hacer una aparición en la Cumbre del Mercosur en julio en Paraguay.

Respecto a la guerra de Ucrania, el voto de Brasil en el Consejo de Seguridad condenando la invasión no superó la neutralidad de Bolsonaro tras reunirse con Wladimir Putin, y no fue posible lograr una declaración conjunta del Mercosur. Los votos brasileños en el Consejo de Derechos Humanos siguieron siendo guiados por el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, dirigido por una ministra evangélica y conservadora que se opone a las cuestiones de género y defiende la vida desde su gestación.

El furor de Ernesto Araújo y el ímpetu negacionista, así como el sueño del presidente Bolsonaro de cambiar la identidad externa del país han quedado atrás. Pero si bien menos estridente, la política exterior se ha vuelto ambigua y desenfocada.

En la reunión en el Palacio de Planalto los embajadores escucharon en silencio la exposición de Bolsonaro contra el sistema electoral brasileño mientras la Cancillería guardaba silencio. El sello de la política exterior de Carlos França pasó a ser la inercia, articulada a las intenciones de llevar a cabo una política de muy bajo perfil hasta las elecciones.

El próximo presidente y su canciller tendrán que recoger las piezas de la destrozada imagen internacional de Brasil e intentar unirlas para recuperar la tradición de Itamaraty.

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Los tecnólogos políticos y el autoritarismo 3.0

Armando Chaguaceda
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Los tecnólogos políticos y el autoritarismo 3.0

En los últimos años, han aparecido formas de Gobierno no democráticas que utilizan la legitimación y manipulación en tanto recursos para la conservación del poder. Estos nuevos o renovados despotismos, como lo denomina el experto John Keane, dentro y fuera de América Latina, basan parte de su resiliencia en combinar cualidades básicas de la autocracia y elementos subordinados de la democracia. Su éxito depende de la capacidad de desplegar, de modo controlado, una violencia efectiva, de institucionalizar sus mecanismos adaptativos —como la deliberación y consulta tecnocráticas— y de promover un desarrollo socioeconómico sin libertad política.

Estos regímenes de la post Guerra Fría recuperan los viejos recursos de la represión clásica, pero los combinan con la desinformación, la manipulación y la simulación, tanto en el espacio físico de las instituciones y plazas como en el de la esfera virtual. Su discurso abriga un collage de ideas y léxicos —ambientalismo y desarrollo, tradición y modernización, deliberación y consulta ciudadana— que dibujan retóricamente cierto horizonte de progreso. Se trata de gobiernos expertos en las artes de la manipulación, la seducción, la cooptación y la represión selectiva —coerción calibrada— o ampliada, como las desplegadas en tiempos recientes en Alma Atá, Shangai o San Petersburgo.

Son regímenes en los que se despliegan las artes de la manipulación que Iván Krastev, politólogo y presidente del Centro de Estrategias Liberales de Sofía (Bulgaria) y Stephen Holmes, profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York,—al analizar las acciones de imitación expandidas tras el fin de la Guerra Fría— han llamado el arte de hacer realidad apariencias políticas. Una práctica para legitimar el poder de Estados autoritarios en el mundo poscomunista sobre el telón de fondo de una retórica democrática globalizada. Los encargados de esa tarea son llamados tecnólogos políticos.

Los tecnólogos políticos son una suerte de híbrido entre el consejero cortesano de las monarquías absolutas, el propagandista de las dictaduras leninistas y los expertos en marketing político de las democracias liberales. Especialistas en manipular la opinión pública con objetivos afines a las élites del sistema autoritario, los tecnólogos políticos no operan con base en las ocurrencias de mentes brillantes. Estos adquieren su rol a partir de equipos multidisciplinarios, encabezados por alguna figura autorizada.

Según Krastev y Holmes, estos tecnólogos políticos son “enemigos intransigentes de las sorpresas electorales, del pluralismo de partidos, de la transparencia política y de la libertad de unos ciudadanos bien informados para participar en la elección de sus gobernantes”. Maquillan el autoritarismo con apariencias democráticas. En un mundo post 1989 en el que los autócratas eligen prevalecer al incorporar —desnaturalizándolas— las técnicas y retóricas republicanas.

Los tecnólogos políticos realizan un trabajo “creativo” en coyunturas sensibles —elecciones, escándalos, protestas, procesos constituyentes— para los autoritarismos nativos y mantienen la ilusión de apertura y pluralismo dentro de entornos restrictivos. En la popular serie “El servidor del pueblo”, el candidato Vasily P. Goloborodko se ve asediado por un tecnólogo político, quien le vende su oferta como único modo de prevalecer dentro de una competencia falseada por los oligarcas.

La tecnología política opera a través de un ecosistema de ONG gubernamentales (GONGOS), medios de prensa autorizados e intelectuales reformistas, todos leales a las élites y narrativas centrales del sistema. Con sus recursos comunicacionales e intelectuales, los tecnólogos políticos refuerzan la gobernanza cuando no conviene aplicar la violencia excesiva. Dentro de la cobija del Estado autoritario, ideología oficial y tecnología política establecen una división del trabajo. La ideología tradicional se orienta a las masas, cautiva de medios e información masivos a través de los canales estatales, mientras que la tecnología política seduce —a través de medios “alternativos”— a segmentos conectados de élites nativas y públicos foráneos.

Varios tecnólogos políticos son famosos en países y circuitos del universo autocrático global. En Rusia destaca Gleb Pavlosvsky, antiguo disidente soviético y asesor —desde su Fundación para las Políticas Efectivas— de Boris Yeltsin y Vladimir Putin. En Venezuela tenemos al sociólogo Oscar Schemel, dueño de la encuestadora Hinterlaces e integrante de la Asamblea Constituyente del madurismo. En China encontramos a Eric Li, empresario, tertuliano digital y fundador del conglomerado mediático Guancha. La lista es larga.

Sin embargo, en la medida que los autócratas se ven desafiados, con inteligencia y compromiso por sus oponentes, tienden a cerrar los espacios mínimos de disenso. Es lo que ha sucedido recientemente en elecciones y plazas de Hong Kong, Moscú o Managua. Llega entonces el momento de la represión desembozada, de las prácticas tradicionales de las dictaduras clásicas. Parecería que, en medio de la ola autocrática en curso, cada vez más veremos desenlaces como esos. En semejantes escenarios, la oportunidad de los tecnólogos políticos tiende a reducirse. Cobran protagonismo los propagandistas puros y duros de las autocracias, como vemos hoy en el ecosistema mediático del Kremlin luego de la deriva provocada por la invasión a Ucrania.Cualquier forma de pensamiento sobre la política se inserta siempre en estructuras y dinámicas de poder específicas. En tanto no existe exterioridad entre poder, academia y economía política, es posible comprender cómo un régimen no democrático puede implicarse en la producción de ideas y discursos afines a sus objetivos. Como ha señalado en una obra reciente el colega latinoamericano Paulo Ravecca: una dictadura subsiste porque mata y reprime; al tiempo que, en ocasiones, cobija una intelectualidad leal que piensa y publica. Ese solapamiento estructural entre violencia estatal y ciencia política autoritaria adquiere un carácter orgánico en el nexo entre poder y conocimiento encarnado por los tecnólogos políticos.

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¿Por qué no es tan fácil hablar de un «nuevo giro a la izquierda» en América Latina?

José Maurício Domingues
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¿Por qué no es tan fácil hablar de un «nuevo giro a la izquierda» en América Latina?

América Latina, que ya se enfrenta a muchas dificultades desde el final del ciclo de las commodities, está atravesando una dura crisis en estos años 2020 post-pandémicos. Lo que se calificó como un «giro a la izquierda» en la década de 2000 se ha agotado y la izquierda ha vivido momentos difíciles, siendo desplazada del poder en general, salvo en los países donde ha adoptado regímenes abiertamente autoritarios (Venezuela y Nicaragua). Hoy muchos hablan del retorno de la izquierda, como si se iniciara un nuevo giro. La situación, sin embargo, es más complicada.

El giro a la izquierda a finales de los años 90 y 2000 fue parcial. No todos los países de la región formaron parte del mismo. Sin embargo, con la llegada al poder de muchos partidos de izquierda, se produjo una tendencia más o menos clara y sin precedentes en la región. Aunque su discurso rozaba a menudo el revolucionarismo, había mucho jacobinismo y la perspectiva de perpetuarse en el poder, eran muy moderados en sus propuestas concretas, con la pobreza en el centro de sus políticas sociales y un limitado desarrollismo. Si hay continuidades entre ese ciclo y el período actual, también hay muchas diferencias. Es sobre todo una izquierda diferente, especialmente en Chile y Colombia, emergiendo en Ecuador (a diferencia de Perú, donde su conquista de la presidencia parece más bien fortuita, a pesar de una cierta base social).

Limitaciones

Las limitaciones de la democracia liberal están en el centro de lo que ha ocurrido en Chile. Sin duda, el tema del neoliberalismo y la restricción de las políticas sociales tiene centralidad en el estallido político que comenzó en 2019 con el aumento de las tarifas del metro.

La propia estructura del sistema político se ha puesto en tela de juicio. Los partidos y políticos profesionales han entrado en el punto de mira de las movilizaciones populares, los partidos distintos han ganado protagonismo y han surgido listas de candidatos independientes para las elecciones constituyentes, aunque la nueva Constitución no incorpora modificaciones institucionales significativas.

En Colombia, renovada con el fin del conflicto armado, y en parte en el Ecuador post-Correa, las enormes movilizaciones sociales, con el tema de la democracia de nuevo en la agenda, apuntan a un enfoque diferente de la política, con movimientos sociales descentralizados y autónomos de los partidos. El tema de la naturaleza gana protagonismo como sólo lo logró en los mejores momentos de los gobiernos de Lula da Silva en Brasil, mientras que el «vivir sabroso» colombiano, siguiendo el ejemplo del «buen vivir» andino, no apunta a soluciones para los problemas de las grandes masas.

Si es incluso probable, al menos en este momento, que Lula gane contra el actual presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, esto difícilmente puede clasificarse como el regreso de la izquierda al poder. La coyuntura es muy diferente a la de los años 2000 y, de producirse esta victoria, será más el resultado de la unidad contra el abierto autoritarismo de Bolsonaro que el apoyo real a Lula y al Partido de los Trabajadores (PT), aunque no se haya constituido un frente democrático consistente y se hayan descartado las movilizaciones de masas (por lo menos hasta el día 11 de agosto, con la lectura de la carta por la democracia y las manifestaciones).

En Argentina, la situación del gobierno de Alberto Fernández es muy mala, con la vicepresidenta Cristina Kirchner como casi principal opositora, y el riesgo de una derrota electoral en el horizonte para el próximo año. En Bolivia, a pesar del dominio del MAS, el afán de Evo Morales por volver al poder, como siempre por cualquier medio, puede desembocar en una nueva crisis política, ahora con su propio partido. En Uruguay gobierna el centro-derecha.

Las amenazas a la democracia liberal

En definitiva, el panorama político latinoamericano parece hoy mucho más cercano a la situación de alternancia de partidos en la democracia liberal estabilizada en gran parte del mundo. Los problemas son muy diferentes de los supuestos de una izquierda para la que el leninismo sigue apareciendo como vector estratégico. Lo que salta a la vista es la separación entre las oligarquías -políticas, económicas y financieras- y los comunes -los que están y se sienten excluidos del ejercicio del poder político-.

La democracia liberal se democratizó a lo largo del siglo XX a través de la aparición de organizaciones de masas, como los partidos y los sindicatos, con el paradójico control y cierre de sus principales escalones a la participación popular. Rara vez se utilizaron mecanismos de participación directa, como los consejos y los referendos, o el clásico sorteo griego, que permitía a cualquiera participar en el poder (por no hablar de que el carácter popular del poder pronto se convirtió en un mero simulacro en el «socialismo real»).

Los procesos de finales del siglo XX y principios del XXI han posicionado a América Latina en la contemporaneidad, junto a la parte del mundo con la que tiene más similitudes y conexiones políticas: Europa y Estados Unidos. Comparte los mismos problemas, sin soluciones claras, además de tener poco dinero. Sin embargo, debemos estar especialmente atentos a las cuestiones políticas, abordándolas activamente, sobre todo en lo que respecta a la democratización de la democracia.

Si hay que operar en los sistemas políticos estatales (ejecutivo y legislativo), los sistemas políticos societarios, donde de hecho se mueven los ciudadanos plebeyos de la modernidad, deben encontrar nuevos canales de influencia, injerencia y veto en relación con aquellos. Según los republicanos clásicos, la corrupción corresponde a la propia decadencia de las instituciones. Esto es lo que ocurre con la democracia liberal actual.

El reto de las elecciones en Brasil

En este horizonte hay que situar las elecciones brasileñas de 2022. Derrotar a Bolsonaro y la amenaza del fascismo adaptado al siglo XXI es crucial, una prioridad absoluta. Pero esta extrema derecha no gana apoyo de la nada. Si hay en las sociedades contemporáneas quienes sostienen valores intrínsecamente reaccionarios, es debido a la insatisfacción de la población, sobre todo cuando no ve en la izquierda una alternativa transformadora.

Esto es lo que ha ocurrido en Brasil, desde las manifestaciones de 2013, rechazadas por las fuerzas dominantes de la izquierda. Los errores de Lula y el PT fueron enormes en el gobierno, incluyendo la corrupción, la cerrazón a la sociedad y el muy mal período de Dilma Rousseff, así como un estelionato electoral en 2014. El partido sobrevivió en parte gracias a la propia destitución de la presidenta. Al defenderse, el PT parece haber llegado a creer en su total inocencia. Pero esto es falso, y no es así como lo ve la población. Además, el neopatrimonialismo que asola radicalmente el sistema político en Brasil -y que muchos tratan ridículamente de negar- le hará la vida muy difícil a Lula o a cualquier otro comprometido con la democracia. La tentación de cometer los mismos errores siempre estará presente.

Un gobierno democrático a partir de enero de 2023 sólo puede ser de transición. Pero no debemos imaginar que la recuperación de la democracia puede reducirse a retomar fórmulas políticas desmoralizadas, complementadas con políticas sociales para los pobres. Hay que despejar el terreno para una vuelta a la democracia que la profundice a largo plazo. De lo contrario, la crisis y la extrema derecha siempre estarán al acecho.

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Bolsonaro y el permanente ataque a las instituciones brasileñas

Luciana Santana
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Bolsonaro y el permanente ataque a las instituciones brasileñas

A pocos meses de las elecciones que definirán quién estará al frente del Poder Ejecutivo Federal a partir de 2023, el actual mandatario y candidato a la reelección, Jair Bolsonaro, volvió a criticar el 18 de julio el sistema electoral brasileño en una reunión convocada por él con la presencia de decenas de embajadores. El tema de la reunión eran las urnas electrónicas, pero se convirtió en un encuentro para cuestionar los resultados de las urnas en las últimas elecciones y un ataque a la independencia de los otros poderes del Estado a través de críticas dirigidas contra la Justicia Electoral y el Supremo Tribunal Federal (STF).

Un mes y medio antes, el 31 de mayo, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Edson Fachin, ya se había reunido con representantes de embajadas y jefes de misiones diplomáticas para presentar el funcionamiento de las elecciones en Brasil y reforzar el papel de la Justicia Electoral para garantizar la transparencia y la seguridad de los resultados de las urnas. En la ocasión, Fachin incluso invitó a la comunidad internacional a mantenerse «alerta contra las acusaciones frívolas» y a evitar contaminarse con el «virus de la desinformación sobre el sistema electoral brasileño». Una clara referencia a las actitudes del presidente Bolsonaro y su base electoral más radical. Quedó claro, por tanto, que la actitud del jefe del Ejecutivo al convocar la reunión con los embajadores fue «responder» al presidente del TSE y descalificar sus afirmaciones.

El TSE, a través de la Secretaría de Comunicación y Multimedia del tribunal electoral, rebatió las críticas y acusaciones hechas por Bolsonaro. El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, en sus discursos y publicaciones en las redes sociales defendió «que la seguridad de las urnas electrónicas y la fluidez del proceso electoral ya no pueden ponerse en duda» y que cualquier cuestionamiento en sentido contrario es «malo para Brasil en todos los aspectos». Otros candidatos presidenciales y líderes políticos también adoptaron esta postura.

No es la primera vez que el jefe del Ejecutivo federal arremete contra las instituciones democráticas del país. Desde que asumió la Presidencia, Bolsonaro ha desplegado la idea, rápidamente apropiada por sus votantes más fieles, de que hubo fraude en el resultado de las elecciones presidenciales de 2018, impidiendo su triunfo ya en la primera vuelta de estas, y que las urnas electrónicas no son fiables.

En otras situaciones, los jefes de la legislatura federal (Senado y Cámara de Diputados), junto con el STF, han intentado apaciguar la situación, pero todos los intentos han sido en vano. Los constantes ataques a los ministros de la Corte Suprema y al sistema electoral hicieron imposible un diálogo institucional más fructífero. En agosto de 2021, en otro de estos episodios, concretamente a los jueces Roberto Barroso y Alexandre de Moraes, y de denuncias sin pruebas de fraudes electorales, el presidente del STF, Luiz Fux, llegó a cancelar una reunión a la que asistían los jefes de los tres poderes del Estado.

Todo parecía ir en otra dirección después de que Bolsonaro sufriera una importante derrota en el Legislativo contra la propuesta de enmienda constitucional que pretendía instituir el voto impreso. 218 diputados votaron en contra de la propuesta, 229 votaron a favor del cambio defendido por el presidente, y hubo una abstención. Al tratarse de un intento de reforma constitucional se necesitaba que al menos 308 diputados votaran a favor de la propuesta para que siguiera adelante en el Congreso. La legitimidad del resultado no fue suficiente para evitar que el tema volviera a ser una prioridad para el presidente. 

¿Por qué Bolsonaro cuestiona el sistema electoral por el cual fue elegido?

Se trata de la adopción de una clara estrategia de desinformación, es decir, que busca confundir al votante y provocar inestabilidad en el juego político. Volver a este tema, en este momento, muestra una gran preocupación con una posible derrota en las elecciones de este año. Desde que su principal rival político, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva recuperó la elegibilidad y se presentó como precandidato a la Presidencia, Bolsonaro no ha conseguido volver a ser el candidato preferido de los votantes brasileños.

Al observar el crecimiento y la consolidación de Lula como favorito en las encuestas, incluso en bastiones que votaron abrumadoramente por Bolsonaro en 2018, como el caso de los estados de Minas Gerais y São Paulo, el Gobierno se ha movilizado para aprobar un conjunto de medidas económicas para intentar revertir tal situación.

El principal ejemplo fue el apoyo parlamentario obtenido para aprobar en dos rondas la enmienda constitucional conocida como «kamikaze», que aprueba un estado de emergencia en el país para abrir una laguna en la legislación electoral que autoriza al presidente a conceder beneficios sociales en año de elecciones (como el aumento de Auxílio Brasil para las familias de bajos ingresos y la creación de ayudas para los camioneros, entre otros). La aplicación de las prestaciones comenzó el 9 de agosto y finalizará en diciembre de 2022.

Desde que se aprobó la medida, nuevos sondeos han apuntado a una mejora en la valoración del Gobierno, fundamentalmente en las capas sociales más vulnerables. Pero ninguna encuesta ha mostrado hasta ahora una mejora suficiente de las intenciones de voto a Bolsonaro como para cambiar el actual escenario electoral y reducir el alto rechazo a su candidatura.

¿Qué impacto tendrán los ataques en el proceso electoral de este año?

El 16 de agosto comienza oficialmente la campaña electoral, momento en el que la propaganda electoral estará liberada. A partir del 23 de agosto, la campaña también ocupará las radios y la televisión. Difícilmente los ataques al sistema electoral dejarán de formar parte de la agenda de campaña de los candidatos bolsonaristas. Por el contrario, mantener los ataques a las urnas electrónicas y reforzar la idea de que existe un grupo de trabajo para «sacar» al actual presidente del poder (y que esto ocurrirá a través de un fraude electoral) es parte de las estrategias de una candidatura de extrema derecha que anhela repetir la campaña de 2018, marcada por la desinformación.

A lo largo de su mandato, Bolsonaro no se ha alejado de aquella retórica y ahora, y en esta próxima campaña, mantendrá su estrategia, que seguirá causando daños a la democracia. Si hasta ahora todas las respuestas institucionales no han sido capaces de frenar los ataques a las instituciones brasileñas, esperemos que los votantes lo hagan en las urnas electrónicas este año, las mismas urnas que, desde 1996, han garantizado a Bolsonaro sucesivas victorias parlamentarias y la victoria presidencial de 2018.

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Financiamiento para el desarrollo: el combustible de la integración

Juan E. Notaro
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Financiamiento para el desarrollo: el combustible de la integración

La integración de los países va siempre de la mano con su desarrollo. Para la integración física hacen falta infraestructuras, carreteras y puertos. Para la integración económica se requieren políticas e instituciones comunes que hagan el proceso sencillo y armónico. Y para lograr esas dos cosas se necesita financiamiento. Un financiamiento sólido, estable, a salvo de las coyunturas económicas y enfocado en las áreas y necesidades que, por su tamaño o complejidad, no suelen ser rentables para la banca comercial o viables para los bancos nacionales de desarrollo.

De manera que para financiar la integración entre países -y su desarrollo- hace falta una institución sin fines de lucro, supranacional y  con una clara orientación a hacer posible los proyectos que ayuden a materializar esos objetivos: la integración y el desarrollo. El ejemplo más exitoso de una institución de este tipo lo tenemos en el Banco Europeo de Inversiones (BEI), una de las instituciones financieras supranacionales más grandes e importantes del mundo, tanto por sus logros como por el volumen de sus operaciones.

Los “dueños” del banco son todos los países miembros de la Unión Europea, que aportan proporcionalmente al capital del BEI de acuerdo con la contribución de cada uno al PIB global del bloque. Sus créditos están fundamentalmente orientados a integración, infraestructura, cambio climático, medio ambiente y PyMEs. Y ha sido fundamental en respaldar la consolidación de la Unión Europea, especialmente las áreas y países con menores niveles de desarrollo.

Su sólida calificación crediticia (AAA, según las tres principales calificadoras del mundo) explica que su principal método de obtención de fondos sea la emisión de bonos. Fondos que le permiten, a su vez, acometer los proyectos que los estados miembros no pueden acometer por sí mismos.

En América Latina, con sus luces y sombras, el modelo de integración más avanzado, con mayor institucionalidad y con mayor número de habitantes en la región es el MERCOSUR. La pregunta que me hago desde hace un tiempo es… ¿Podemos soñar con un banco de inversiones independiente o agencia financiera de desarrollo propia, confiable y con definida vocación por enfrentar los desafíos más urgentes de nuestra región y nuestro tiempo?

Creo que sí. El MERCOSUR acumula ya 30 años de logros a pesar de crisis políticas y financieras regionales y globales, además de agudas transformaciones sociales y políticas en sus países miembros. Esto solo prueba que nuestra vocación integradora es más grande que todos los desafíos que hemos enfrentado y que no es descabellado soñar con una institución que obtenga y distribuya los recursos necesarios para seguir avanzando por este camino.

Del sueño se derivan, naturalmente, la aproximación a la realidad y la siguiente pregunta: ¿necesita MERCOSUR una institución de estas características? La respuesta a mi juicio es un claro, rotundo e inequívoco sí. Las secuelas sociales y económicas de la pandemia, la crisis climática y los desafíos globales que representa el reajuste de los polos de poder global son evidencia de que debemos avanzar hacia un modelo propio de desarrollo y cooperación, en el que lo solución de nuestros problemas de hoy y las bases de nuestro futuro dependan cada vez menos de factores externos.

La urgencia y la importancia de los desafíos que tenemos por delante son también una oportunidad para la audacia, la creatividad y la innovación, tres factores que también tenemos en abundancia en nuestra región.

Mi conclusión es que sí necesitamos en MERCOSUR una fuente de financiamiento propia, confiable y segura para profundizar la integración, las comunicaciones, la logística, los proyectos de energías renovables y medioambientales, desarrollo de software, biomedicina y que por sobre todo apueste por achicar las asimetrías económicas y sociales de las regiones o países de menor desarrollo relativo. 

La integración necesita combustible, y este puede ser el camino.

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El papa pide perdón en Canadá, ¿y en América Latina?

Pablo Policzer
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El papa pide perdón en Canadá, ¿y en América Latina?

La visita del papa Francisco a Canadá debiera tener repercusiones por todo el continente. Llegó el 24 de julio y estuvo seis días, con el fin de pedir perdón por los abusos en las escuelas residenciales creadas por el Estado canadiense y operadas por diferentes Iglesias desde fines del siglo XIX hasta la década de 1990. La Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR) documentó estos abusos en su informe del 2015 y argumentó que el sistema de escuelas residenciales produjo un “genocidio cultural”. Generaciones de niños indígenas fueron separados de sus familias y comunidades para ser educados en las escuelas bajo la doctrina explícita de “matar al indio en el niño”, prohibiéndoles, por ejemplo, hablar su idioma o practicar otros aspectos de sus culturas. El informe documenta múltiples casos de abuso emocional, físico y aun sexual. Esto ha sido un trauma individual e intergeneracional en las comunidades indígenas hasta el día de hoy.

El informe de la CVR contiene 94 llamados a la acción en una amplia variedad de áreas que incluye a los sistemas de justicia, salud y educación, entre diferentes aspectos de la vida cultural y política del país. Desde la publicación del informe en 2015, el tema de la reconciliación con los pueblos indígenas ha asumido un papel clave en Canadá, especialmente en instituciones públicas como los gobiernos, el sistema educacional, los medios de comunicación y, por cierto, las iglesias.

Algunas de las iglesias que administraron escuelas residenciales comenzaron a pedir perdón por su papel décadas antes del informe. La primera fue la United Church of Canada en 1983, y la Iglesia anglicana lo hizo en 1993. Hasta ahora, la Iglesia católica no lo había hecho, pero en los últimos años muchas comunidades indígenas han presionado para un pedido de perdón oficial por parte del Vaticano. En marzo una delegación de líderes indígenas canadienses fue a Roma, donde el papa, en una ceremonia oficial, pidió perdón por primera vez por los abusos cometidos por muchos individuos en las escuelas residenciales operadas por la Iglesia. Este fue un paso importante, y el papa se comprometió a profundizarlo con una visita a Canadá en julio para pedir perdón, en persona, en tierra indígena.

Las imágenes de Francisco pidiendo un perdón más amplio del que pronunció en el Vaticano, expresando su profundo dolor por los abusos cometidos en las escuelas, o agachándose y besando la mano de líderes indígenas, en un acto de gran humildad y sincera penitencia, han sido impactantes. Del mismo modo, lo han sido las imágenes de las cientos de personas, muchas de ellas sobrevivientes de las escuelas residenciales, visiblemente emocionadas. Estos momentos de gran humanidad demuestran las cicatrices del trauma de las víctimas que pasaron por el sistema de escuelas residenciales y el genuino compromiso por parte del papa.

El discurso leído del papa en español con su claro acento porteño fue un detalle simbólico. Y es que, si bien el papa no se identifica con la tradición de la teología de la liberación, denota una sensibilidad muy latinoamericana en su compromiso con la justicia entendida de forma amplia, marcado en parte por su propia experiencia con comunidades pobres en Argentina. 

Su visita a Canadá es un paso necesario hacia la reconciliación entre la Iglesia católica y los pueblos indígenas de Canadá. Pero la iglesia desempeñó un papel aún más importante en América Latina, también como contraparte del Estado, e incluso en escuelas para pueblos indígenas. La visita del papa a Canadá, en este sentido, debiera tener repercusiones a través del continente.

El papa fue recibido, en general, de forma positiva en Canadá, pero muchos también han criticado las limitaciones de su pedido de perdón. Hizo una penitencia muy personal y emotiva, pero con un claro énfasis en los abusos cometidos por parte de individuos conectados a la Iglesia. En ningún momento declaró que la doctrina misma haya estado equivocada ni pidió perdón por la institución. 

En la doctrina del descubrimiento, por ejemplo, a través de una serie de bulas emitidas a fines del siglo XV, la Iglesia les concedió a las Coronas europeas el derecho de ocupar las tierras que habían descubierto y de controlar a los pueblos indígenas que ahí se encontraban, con el fin de convertirlos al cristianismo. La doctrina se fundamentó en la noción de terra nullius, o “tierra vacía”, que indica que si el territorio no estaba ocupado por cristianos europeos, podía tomarse libremente, sin importar el tamaño o grado de sofisticación de su población. Fue una doctrina fundamental para justificar la colonización europea y el despojo de las tierras indígenas, que sigue vigente.

El papa tiene plena autonomía para derogar la doctrina del descubrimiento, un anacronismo todavía doloroso en el siglo XXI. Francisco, además, no pertenece al clero diocesano, sino a la orden jesuita, con una fuerte vocación a la justicia y con un mayor grado de autonomía frente al clero. Y a través de su penitencia en Canadá, también ya ha quebrado con la doctrina de infalibilidad papal. Ha demostrado que errar es de humanos, tal como lo es pedir perdón. Por lo tanto, el papa debería usar esa autonomía y esa humanidad para dar el próximo y necesario paso hacia la reconciliación con los pueblos indígenas, no solamente en Canadá, sino en todo el continente.

Panamá necesita mejor política para salir de la crisis

Jon Subinas
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Panamá necesita mejor política para salir de la crisis

En el mes de julio, en Panamá, uno de los lugares en los que menos se esperaban protestas por su estabilidad política, estalló una potente manifestación por la subida de carburantes, alimentos y medicinas (esto también sucedió en medio de una tensa calma en la región). Las movilizaciones paralizaron durante varios días el tráfico en diferentes puntos del país, impidiendo el transporte de mercancías, lo que generó el desabastecimiento de productos.

Un masivo y heterogéneo apoyo a las protestas

A pesar del impacto económico, tres de cada cuatro personas apoyan las movilizaciones, según una encuesta en línea que hizo el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, AIP de Panamá (Cieps). Este apoyo contrasta con los datos del último informe del Latinobarómetro, que afirma que nueve de cada diez personas no participarían jamás en una protesta no autorizada. Esta contradicción define a la protesta como un acontecimiento inesperado y poco común en el país.

Las protestas han sido encabezadas por una pluralidad de actores como gremios y movimientos sociales que incluyen a médicos, maestros, trabajadores de la construcción, estudiantes y grupos indígenas. Y si bien las reivindicaciones están lideradas por la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos (Anadepo), una organización que representa a 20 agrupaciones de docentes, trabajadores del campo y del sector pesquero, transportistas y estudiantes, también acompañan otras agrupaciones como la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas (Coonapip) o el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

Estos actores constituyen un entramado heterogéneo que comprende diferentes demandas, a modo de “la multitud” descrita por Antonio Negri y Michael Hard. Frente a esta multitud, el Gobierno decidió abrir varias mesas de diálogo para atender las diferentes demandas en diferentes localizaciones. Sin embargo, la estrategia fracasó, por lo que la tuvo que abandonar.

Tras tres semanas de protestas, se consiguió sentar a las partes (gracias a la mediación de la Iglesia) en una mesa de diálogo única, no exenta de vaivenes, conflictos y controversias, pero que trata de recuperar la normalidad política.

Las causas de las protestas

El detonante coyuntural de las manifestaciones fue el alza de los precios de la gasolina, los alimentos y las medicinas, pero, según los datos de encuesta del Cieps, la corrupción es el problema de  fondo que las desató. Más de seis de cada diez personas lo considera así, mientras que el resto opina que el principal motivo es el costo de la vida. De hecho, desde mediados de 2020 el Cieps ha venido realizando diferentes encuestas, y en todos los casos la corrupción figuró como el principal problema de la sociedad panameña.

La corrupción es en la actualidad el gran dilema de la política en el país. Se podría definir como un proceso que unifica una pluralidad de demandas insatisfechas, producto del clientelismo, el mal manejo de los fondos públicos, la escasez, la inequidad, la ineficiencia, “el juega vivo”, etc. Esta diversidad de factores se unen bajo el paraguas de la corrupción.

Los datos apuntan a que el alza de los precios es “el pico del iceberg”, pero la insuficiente atención a las demandas ciudadanas, así como el manejo clientelar de los fondos públicos, constituyen los problemas de fondo. Pero hay otro gran “pasivo” al que se le ha prestado menos atención: la falta de política.

Desde 2017 el Banco Mundial (BM) incluyó a Panamá dentro de la lista de los países con ingresos altos, superando los 12.055 dólares de ingreso nacional bruto per cápita, unos datos que le acercaban a países del este de Europa. Entre el 2004 y el 2018, Panamá tuvo un crecimiento promedio del 7,0% frente al 3,3% de América Latina. Este impresionante crecimiento ha posibilitado un avance cualitativo y cuantitativo del país, pero también deja algunas “sombras” como la incapacidad de cambiar el alto grado de inequidad económica, según datos de la Cepal, y la persistencia de un trato desigual de diferentes grupos humanos que se traduce en que un 82,4% de las personas considere que en Panamá hay discriminación.

El modelo de desarrollo panameño ha postergado estos asuntos siguiendo “un crecimiento económico a expensas de la política”, como afirman los expertos Harry Brown y Clara Inés Luna. Un modelo con un exitoso desempeño macroeconómico, pero que actualmente se encuentra en una coyuntura económica muy complicada tras el mayor decrecimiento en su historia por las medidas para contener la pandemia de la COVID-19 en 2020, por lo que ha tenido que afrontar una deuda social histórica.

El momento de la política ha llegado de forma brusca ante unas élites y unos grupos de poder acostumbrados a los pactos y a los consensos en una política que ha sido caracterizada como “transitista”. El modelo actual ya no tiene capacidades para abordar el disenso y el antagonismo. La irrupción de la política y el imperativo de convertirla en un arte de hacer posible lo necesario es una de las grandes pruebas que tiene la sociedad panameña por delante. Y esto no se resolverá con nuevas y creativas soluciones técnicas, sino que se necesitan soluciones políticas que atiendan a las profundas asimetrías que sufre la ciudadanía panameña.

Chile: poco tiempo para enfrentar un conflicto largo

Victor Tricot
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Chile: poco tiempo para enfrentar un conflicto largo

El conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche se ha convertido en una problemática irresoluble para todos los Gobiernos que desde 1990 han intentado recetas similares con resultados fallidos. Grandilocuentes planes de intervención, represión o fútiles mesas de diálogo son algunas de las políticas que se han empleado. ¿El resultado? Un abyecto saldo de muertes, violaciones de los derechos humanos, presos, atentados incendiarios y la militarización de las comunidades.

Las primeras semanas del gobierno de Gabriel Boric fueron difíciles. A la visita de la ministra del Interior, Izkia Siches, a la comunidad de Temucuicui, de la cual debió salir apresuradamente ante disparos efectuados en la cercanía, le siguió la renuncia de un asesor mapuche del Gobierno y la posterior implementación del estado de excepción.

Pese a ello, el gobierno creó el Plan Buen Vivir para establecer una relación distinta con los pueblos originarios, incentivando la restitución de tierras o la reactivación del proyecto del Ministerio de Asuntos Indígenas y las inversiones, además de planes de seguridad para enfrentar la violencia, entre otras medidas. Además, el Gobierno ha mantenido su disposición a establecer un diálogo transversal para la solución de un conflicto al que califica de político y que, por tanto, requiere una solución política.

Gran parte de lo anterior no se diferencia en demasía de lo ya implementado por otros Gobiernos. Ya sea por el contexto político o por la presión desde la derecha, el camino político prometido desde la campaña continúa siendo una deuda y en estos días se volverá a discutir otra prórroga del estado de excepción.

Un conflicto que ha marcado a todos los Gobiernos desde el regreso a la democracia

Se sabía que este sería un tema complejo de enfrentar durante el mandato del presidente Gabriel Boric. Existía una miríada de problemas que heredaba del gobierno de Sebastián Piñera: las violaciones de los derechos humanos y los abusos cometidos desde la revuelta de octubre de 2019; los efectos de la pandemia de la COVID-19 en la economía o dirigir al país en el contexto de la redacción de una nueva Constitución, de por sí controversial. A esto se sumaba el conflicto chileno-mapuche.  

Todos los Gobiernos posdictatoriales han experimentado dicha confrontación y ninguno ha logrado avances significativos. Sin ir muy lejos, el gobierno de Boric, al igual que su predecesor, ha mantenido el estado de excepción en el sur del país, en el epicentro del conflicto, un conflicto que hunde sus vergonzantes raíces en la historia de Chile desde la invasión militar de los territorios mapuches a finales del siglo XIX, que eufemísticamente es conocida como la “pacificación de la Araucanía”. A esto siguió el posterior proceso de radicación y reducción de las comunidades y la colonización incentivada desde el Estado para los territorios ocupados.

Los mapuches fueron sometidos de forma vehemente e integrados por la fuerza al nuevo Estado-nación chileno. Su cultura, lengua, cosmovisión e historia carecían de valor, siendo expresión tangible de una supuesta barbarie, la cual, por cierto, se contraponía a la civilización ilustrada, agenciada por el liberalismo decimonónico que la elite chilena imponía en el país.

Sobre estos cimientos se ha construido una relación de dominación con el pueblo mapuche que en los noventa vio el surgimiento de un movimiento que se fue convirtiendo en un actor político constante, presente. Durante la transición a la democracia y con la resistencia ante la conmemoración del V centenario de la conquista hispana de fondo, este movimiento emergió como un actor con incidencia y de confrontación con el Estado y las empresas forestales a partir de 1997 tras la quema de tres camiones forestales en las comunidades de Pichiloncoyan y Pililmico, del sector de Lumaco, en la región de la Araucanía, en el sur de Chile.

Este fue un punto de inflexión para el movimiento y su relación con el Estado, pero también en términos de posicionamiento de sus demandas en la agenda, pasando de la demanda por la tierra de la década de los setenta a la reivindicación de sus derechos colectivos sobre el territorio y la autonomía como expresión del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Este tránsito se desarrolló, además, de forma autónoma, desvinculado de la influencia de los partidos políticos chilenos.

El comienzo del siglo XX ha sido testigo de un movimiento heterogéneo con manifestaciones y repertorios de acción colectiva de todo tipo, que van desde la violencia y el sabotaje hasta la participación en elecciones. Esta multiplicidad de organizaciones comparten como objetivo la lucha por el territorio y la autonomía para el pueblo mapuche, además de la convicción del derrotero propio, desvinculado del paternalismo de los partidos políticos.

Según el historiador mapuche Fernando Pairican, existirían dos vertientes o almas. Por un lado, estarían las organizaciones gradualistas, entre las que menciona Ad Mapu, la Identidad Territorial Lafkenche, la derechista Enama, a lo cual se suma la participación en la Convención Constitucional. Y, por otro lado, aquellas que tilda de rupturistas como la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM), nacida a fines de los noventa, Weichan Auka Mapu y Resistencia Lafkenche, entre otras.

Estas últimas han implementado desde 2021 algunos procesos de recuperación territorial, sabotaje a maquinarias y camiones forestales, así como también ataques a particulares, por lo que han iniciado un aumento de la violencia que no se ha detenido durante el gobierno de Boric. Por el contrario, pese a los llamados al diálogo transversal y sustantivo del nuevo gobierno, las acciones y la violencia han seguido.

Es más, ante el triunfo de Gabriel Boric, la CAM emitió un comunicado en el que tildaba al Gobierno de “nueva izquierda hippie, progre y buena onda” y manifestaba su derecho a lo siguiente: “Seguir resistiendo y reivindicar la violencia política como un instrumento legítimo de nuestra lucha, sea quien sea que esté gobernando y que mantenga el patrón de acumulación capitalista y su andamiaje colonial”.

Se calcula de forma no oficial que durante 2022 ha habido poco más de 150 acciones violentas en lo que se conoce como la macrozona sur. Esto ha llevado al Gobierno a insistir en la renovación sistemática del estado de emergencia, contradiciendo, así, la desmilitarización de las comunidades que habían planteado durante la campaña.

En este contexto resulta complejo juzgar al nuevo Gobierno de forma taxativa luego de solo tres meses y, de hecho, puede ser que el proceso constituyente no sea el más apropiado para reformas que el Gobierno impulse de este tipo.

Actualmente, se están disputando transformaciones sustantivas y a largo plazo, como señala el apartado primero del artículo 1 de la propuesta de nueva Constitución: “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico”. Pero más allá de los resultados que finalmente se alcancen, parte importante de este logro es debido al trabajo de los representantes mapuches en la Convención, muchos de los cuales provienen de lo que se ha considerado como la vertiente gradualista del movimiento autonomista mapuche.

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Subestimamos el impacto del cambio climático en la educación

Irene Torres
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Subestimamos el impacto del cambio climático en la educación

Coautora Carole Faucher

Además de arrasar con el ganado, los cultivos, las viviendas (en esencia, las fuentes de ingresos y las condiciones de bienestar de las personas), los huracanes son especialmente crueles con la educación. Dañan y destruyen la infraestructura escolar, los equipos y el material didáctico, y las inundaciones y los desprendimientos de tierra que se producen impiden el acceso de profesores y alumnos a las escuelas. Tras el paso de los huracanes, las escuelas se utilizan a menudo como refugios, con lo que las clases se interrumpen aún más. Las cifras son escandalosas: en 2016, el huracán Matthew dañó 300 escuelas en Haití; en 2021, Eta e Iota afectaron a 76 escuelas en Nicaragua y 340 en Guatemala.

El cambio climático está causando fenómenos meteorológicos más frecuentes y graves, y 2022 no es una excepción. Como ejemplo, en 2020, la temporada de huracanes del Atlántico más activa de la que se tiene constancia, hubo 30 tormentas con nombre, incluidos 14 huracanes, de los cuales 7 se convirtieron en huracanes importantes. Las tormentas nunca vienen solas; ese mismo año coincidieron con el pico de la pandemia de la COVID-19, que dejó a 170 millones de estudiantes sin uno de cada dos días efectivos de clase en más de dos años en la región. El impacto en la asistencia y, por tanto, en los logros de aprendizaje, no tiene precedentes, al igual que el aumento de las tasas de deserción. Se calcula que la pérdida equivale a 1,5 años de aprendizaje.

La repercusión del calor extremo en el desarrollo de los niños

También se espera que en América Latina y el Caribe siga habiendo fenómenos relacionados con el cambio climático lento, como el aumento de las temperaturas de la superficie y de los océanos, y de la frecuencia e intensidad de las olas de calor y las sequías. Sin embargo, los responsables de la toma de decisiones desconocen la repercusión del calor extremo en el desarrollo de los niños desde que están en el vientre materno y, durante los años escolares, en su capacidad de concentración en clase y en su bienestar general. Todo esto significa que completar la educación secundaria, un determinante clave de las oportunidades de vida, se ha vuelto más difícil. 

Al mismo tiempo, debemos considerar que la escuela debe ser algo más que un lugar de aprendizaje: debe proporcionar un espacio para que los estudiantes desarrollen conexiones sociales y emocionales, tal y como se destaca en la recientemente publicada Evaluación Internacional de la Ciencia y la Educación Basada en la Evidencia (ISEE). Sin embargo, aunque este informe de la Unesco afirma que el cambio climático tiene el potencial de debilitar la cohesión e interacción social, no identifica explícitamente cómo. A la luz de esto, es crucial que todos concordemos en el hecho de que, sin infraestructura escolar o acceso físico a las escuelas, los estudiantes tienen menos oportunidades de crear las relaciones a través de las cuales puedan florecer. 

Lo relacionado con las Escuelas Promotoras de la Salud (EPS), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), impulsó apropiadamente la noción de que la política y los programas educativos deben prestar atención al entorno físico de la escuela. Lamentablemente, el enfoque de las EPS nunca despegó, en realidad, en América Latina y el Caribe, a pesar de que en un alto porcentaje de escuelas el acceso a las necesidades más básicas, como el agua potable, el saneamiento y la higiene, sigue siendo extremadamente limitado. 

Además, aunque las EPS proporcionan un enfoque teórico útil, su supuesto es que existe una infraestructura escolar (aunque sea básica) en la que un profesor solo o un equipo de directores, personal y profesores pueden trabajar para crear un sentido de comunidad y de empoderamiento para lograr cambios. Pero hay pocos indicios de que en la región se esté debatiendo al menos sobre cómo se percibe el futuro de las escuelas en la actual situación de emergencia por el cambio climático.

Como en una guerra, mientras la región sigue luchando por recuperarse de la pandemia de la COVID-19, las carreteras, los caminos y las instalaciones escolares pequeñas y grandes seguirán siendo arrasados junto a los medios de subsistencia y las fuentes de ingresos. Después de ser testigos de cómo los Gobiernos de América Latina y el Caribe tuvieron grandes dificultades para adaptarse al cambio durante la pandemia, por ejemplo, descuidaron la creación de otras opciones para el aprendizaje y la socialización, ¿cómo podemos esperar que los responsables políticos y de la toma de decisiones imaginen un futuro diferente y viable para las escuelas que aborde seriamente la crisis del cambio climático que se desenvuelve ante nosotros? 

El cambio climático: uno de los principales obstáculos para las escuelas

Aunque las escuelas se enfrentan a diferentes obstáculos en la región, el cambio climático puede representar el mayor de ellos al amenazar los fundamentos mismos de cómo pensamos que debería ser una escuela, una edificación que se encuentra en el corazón de una comunidad comprometida con las nuevas generaciones, aquella en la que los padres quieren que sus hijos estén seguros y sean felices. De hecho, uno de los actos de resistencia más valientes en América Latina y el Caribe consistirá en proteger, cada vez más, el derecho de los estudiantes a permanecer físicamente en la escuela. 

No hay una vacuna o una mascarilla, o una medida igualmente concreta, para ayudar a los estudiantes a continuar su educación cuando las escuelas deben enfrentarse a la extraordinaria magnitud de los acontecimientos debido al cambio climático. Revitalizar las visiones sobre la educación exige transgredir los límites tradicionales de la comprensión y la planificación educativa. ¿Los Gobiernos y los actores clave en el ámbito de la educación a lo largo de América Latina y el Caribe están dispuestos a dar el paso adelante?

Carole Faucher es antropóloga de la Escuela de Educación y Deporte Moray House de la Universidad de Edimburgo. Es investigadora afiliada a la Cátedra UNESCO de Salud Global y Educación y asesora principal del del Consejo Asesor del Centro Nórdico para la Transformación de Conflictos. 

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