Se evaporaron las dudas. Rodrigo Chaves podría convertirse en el próximo presidente, según todos los sondeos. Una vez publicados los resultados de las encuestas de intención de voto que en febrero hicieron la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad de Costa Rica (UCR), parecen despejarse las dudas sobre la marcha de las preferencias políticas con respecto a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 3 de abril. Ambas muestran una cómoda ventaja de más de 10 puntos a favor de Rodrigo Chaves, del partido Progreso Social Democrático, con relación a José María Figueres, del partido Liberación Nacional.
Estos resultados, que señalan una notable disminución de los indecisos que ahora son del 15%, confirman los de la primera encuesta que fue realizada por OPol para el diario La República y que otorgaba el 49% de la intención de voto a Chaves frente al 33% de Figueres, y que muy pocos analistas tomaron en serio. Ahora, esas cifras son de 43% y 30%, según la UNA, y de 46,5% y 36%, según la UCR. Ello ha creado sorpresa y alarma en muchos observadores que se preguntan por las causas de esta fuerte preferencia a favor de Chaves.
Un dato importante es que la competencia se produce en un contexto en el que la opinión de los votantes indica altos índices de rechazo hacia los candidatos. De acuerdo con el sondeo de la UNA, a prácticamente la mitad de los consultados no le gusta ninguno de los dos candidatos, pero aún así, la mayoría afirma que acudirá a emitir el voto.
Las causas del rechazo difieren según los candidatos. Partiendo del sondeo de la UCR, a Figueres le reprochan la supuesta corrupción por el caso ICE-Alcatel durante su presidencia y su ausencia del país para eludir el cargo. Un 47% de los encuestados afirma que ese antecedente influye “mucho” en su orientación del voto. Por su parte, Chaves es cuestionado por una denuncia de acoso sexual que enfrentó cuando trabajaba en el Banco Mundial. Ese asunto, sin embargo, influye “mucho” en un 38% de los encuestados y no influye en absoluto en un 40%.
Es decir, pesa apreciablemente más el cuestionamiento por corrupción de Figueres que la acusación de acoso sexual sobre Chaves. Ello guarda relación con la imagen negativa de Figueres que ronda el 49% en comparación con una imagen negativa del 27% para Chaves.
Por otro lado, los observadores coinciden acerca de que la inclinación favorable hacia Chaves guarda relación con la acentuada molestia de la gente de a pie contra el orden social y político del país. Incluso, hay quienes retratan al candidato como un mesías salvador al estilo de Donald Trump. Una deducción apresurada que merece contrastarse.
Es cierto que en Estados Unidos también se produjo una rebelión de la gente común frente a las élites, algo que puede apreciarse en la Costa Rica de hoy. Sin embargo, Rodrigo Chaves presenta un programa y una ideología política muy diferente, planteada formalmente desde la “socialdemocracia moderna”, según se recoge en su plataforma.
Por otra parte, se cuestiona la forma asertiva del candidato y su planteamiento de saltarse las trabas institucionales para acometer las medidas necesarias, pero eso es precisamente lo que le solicitan sus votantes: alguien que sea capaz de superar la trabazón institucional en que se apoya el denostado statu quo. En este cuadro cobra relevancia el hecho de que el partido de Chaves cuenta con solo 9 diputados de un total de 47, algo que deja entrever una virtual contradicción entre su fuerte iniciativa presidencial y la necesidad que tendrá de negociar en el futuro en caso de ganar.
El temor en círculos políticos y culturales al respecto podría minimizarse si se superara el otro factor que favorece al candidato Chaves que es la aguda división de las fuerzas políticas más relevantes. Puede ser que parte de la sociedad se decida a escogerlo por su rechazo a las élites, pero la alta intención del voto a su favor también procede del deslizamiento hacia su cauce electoral del voto que tuvieron los otros partidos en la primera vuelta. Hay una alta proporción de votantes socialcristianos y del oficialista Partido Acción Ciudadana que declaran que votarán por Chaves, además de votantes procedentes de varias fuerzas del centro emergentes como el Partido Liberal Progresista que consiguió 6 diputados en la pasada elección.
Todo indica que de momento puede más el rechazo al expresidente Figueres que el temor del presumible comportamiento hiperpresidencial de Rodrigo Chaves, a pesar de que buena parte de las élites culturales y políticas, de forma un tanto paradójica, tienden a caricaturizarlo. Habrá que ver si la rebelión contra las élites y la división política basada en viejos rencores se mantienen hasta el final de esta peculiar campaña electoral.
El 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, es un hito que permite poner al centro del debate público los avances alcanzados por las mujeres y el movimiento feminista, pero sobre todo los desafíos pendientes para garantizar los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. En este marco, la pandemia ha profundizado las brechas de género existentes en América Latina y el Caribe e iniciamos 2022 haciendo frente a graves desigualdades.
La pandemia redujo la participación de las mujeres de la región en el mercado laboral. En 2021, según datos de la OIT, más de 13 millones de mujeres vieron desaparecer sus empleos a causa de la pandemia en América Latina y el Caribe. La contundente salida de las mujeres de la fuerza laboral representa un retroceso de 18 años en los avances logrados por las mujeres según los datos de CEPAL de 2021.
La pobreza y la pobreza extrema están a niveles de hace más de dos décadas. Según datos de CEPAL de 2021, al cierre de 2020, alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas se encontraban en situación de pobreza, 23 millones más que en 2019. Ese año, el promedio regional de mujeres sin ingresos propios alcanzó el 28 %, mientras que para los hombres fue del 10,4%. Esto significa que casi un tercio de las mujeres de la región depende de otros para su subsistencia, lo que las hace vulnerables desde el punto de vista económico y dependientes de los perceptores de ingresos, que por lo general son los hombres.
Entre los hogares más pobres, los monomarentales están sobrerrepresentados y suelen ser mujeres que fueron madres adolescentes, con un acceso limitado a la educación y la formación, y en general con empleos precarios y en la informalidad. Mientras que las mujeres rurales viven situaciones de extrema precariedad laboral y aislamiento. Según la OIT, en el año 2019 el 85,7% de los trabajadores ocupados en el sector agrícola eran informales, mientras en el sector no agrícola la tasa de informalidad fue de 65,8%. En el caso de las mujeres, la proporción de informalidad es mayor a la de los hombres, destacándose que en el sector agrícola la tasa ha alcanzado el 91,6%.
Las mujeres siguen enfrentando horas de carga de cuidados en los hogares en condiciones muy difíciles. En la región, las mujeres todavía dedican más del triple de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. Estas diferencias son incluso mayores para las mujeres de menores ingresos, quienes dedican en promedio 46 horas semanales al trabajo no remunerado.
También se han intensificado las diferentes formas de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo en el hogar. El acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres siguen ocurriendo en la calle, en los espacios públicos y en las redes sociales. De acuerdo con la CEPAL, un promedio de al menos 12 mujeres muere diariamente en la región por el mero hecho de ser mujeres y en promedio una de cada tres ha padecido violencia física y/o sexual en una relación íntima a lo largo de su vida.
Por ello, el mejor predictor del nivel de fragilidad de un país no es la riqueza, el tipo de gobierno o la religión que practica la mayoría de sus habitantes, sino sus índices de igualdad de género.
La recuperación también debe tener en cuenta los estrechos lazos entre el género, la seguridad y el cambio climático. Las consecuencias del cambio climático pueden generar motores de inseguridad para las mujeres, incluyendo una mayor exposición a la violencia de género, un aumento de la inseguridad alimentaria, así como barreras para el acceso a recursos y un mayor riesgo de desplazamientos forzados. Es por esto que se hace necesario que las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático contemplen la plena participación de las mujeres y una perspectiva de construcción de paz y de género.
Para reconstruir nuestras sociedades, es fundamental avanzar las autonomías económica, física y política de las mujeres, fortaleciendo su rol en la economía, el desarrollo y la transformación social, fortaleciendo el rol protagónico de las organizaciones de mujeres en las comunidades, y en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la hoja de ruta a la que se han comprometido los gobiernos y toda la comunidad internacional. A nivel global, uno de los retos más urgentes que enfrentamos sigue siendo el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres, lo cual nos obliga a buscar soluciones tomando en cuenta el poder transformador de las mujeres en toda su diversidad.
Por ello, es necesario que cada vez más mujeres y organizaciones feministas y de mujeres de América Latina y el Caribe participen de forma sistemática en las políticas públicas productivas, de desarrollo sostenible y de respuesta al cambio climático.
Los hermanamientos entre localidades chinas y latinoamericanas toman cada vez mayor relevancia en un contexto de gran incertidumbre del sistema internacional, ya que este nivel de gobierno ha desarrollado un espacio de intercambio multidimensional. Estos acuerdos, que implican el emparejamiento entre pueblos o ciudades de distintas zonas geográficas y políticas para fomentar el contacto humano y los enlaces culturales, se han convertido en un espacio donde los tomadores de decisión, tanto de los gobiernos centrales como locales, pueden desarrollar sus relaciones internacionales con China, pero también generar insumos para fortalecer sus propias políticas hacia el exterior.
Es allí donde el tema de los hermanamientos se proyecta como parte de la política exterior china, aunque esto no limita el propio recorrido entre localidades. Como afirma el experto Ignacio Niño, este es un “proceso que tiene una doble naturaleza: por un lado, son las propias ciudades las que se lanzan a una creciente acción internacional. Y por otro lado, la misma viene también animada por las instancias centrales”.
El segundo nivel trata el relacionamiento local propiamente dicho, la firma del hermanamiento y el desarrollo de las relaciones bajo ciertas áreas temáticas pactadas previamente. En el caso de América Latina, estas suelen estar centradas en temas culturales, de educación, de deporte, turismo y comercio, pero también se destaca un creciente interés por la cooperación en ciencia y tecnología, así como en lo relativo a la minería.
El crecimiento del número de hermanamientos entre localidades chinas y latinoamericanas es notorio y no escapa a la lógica internacional de China con otras regiones. Sin embargo, el aumento ha sido significativo en los últimos años. Hasta 2015 existían al menos 147 hermanamientos, pasando en 2021 a más 200, sin contar los que han firmado Carta de Intención y se encuentran en proceso.
Algunos casos han mostrado aumentos muy significativos, como Argentina (de 17 a más de 40), Chile (de 13 a más de 30) o Uruguay (de 4 a más de 15). En los tres casos de los países del Cono Sur, la amplia mayoría de sus provincias, regiones o departamentos cuentan con hermanamientos firmados. De hecho, todos los países sudamericanos con relaciones diplomáticas con China cuentan con al menos un hermanamiento, mientras que en América Central y el Caribe destacan México y Cuba, y en menor medida Costa Rica, Jamaica, Panamá, Grenada y República Dominicana.
Los orígenes de los hermanamientos chinos
Las relaciones entre localidades de China y el exterior cuentan con su primer caso en 1973 cuando Tianjin se hermanó con la ciudad japonesa de Kobe. Se considera que esta política ha pasado a ser parte de la política exterior china en general, teniendo como cimientos la coexistencia pacífica y siendo un eslabón más para un actor internacional cada vez más presente en el sistema internacional
Las relaciones de hermandad de las localidades costeras de China están notoriamente más desarrolladas que las del oeste, siendo esa “internacionalización” la que permite a dichas localidades generar un efecto “spillover” o círculo virtuoso, y con ello reproducir las desigualdades, cuestión ya alertada por el gobierno chino. Este aspecto, en gran parte tiene que ver con el nivel de desarrollo de las provincias costeras y su propia diplomacia de ciudades.
Sin embargo, casi todas las provincias y regiones autónomas chinas cuentan con algún hermanamiento con países de la región. Esto potencia la relación de América Latina a nivel regional en el marco del Foro China-CELAC, convirtiéndolo en un espacio de diálogo ya no solo con China, sino entre los propios países de la región, que además de encontrar puntos en común a nivel regional, también pueden tener intereses en común a nivel subregional.
* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM
El ataque no provocado del gobierno ruso a Ucrania es una amenaza a la comunidad internacional. Más allá de las diferencias teórico-metodológicas en el estudio de las Relaciones Internacionales o de las preferencias político-ideológicas, no cabe duda de que se trata de un uso injustificado de la fuerza militar, de una agresiva tentativa de reconfiguración de un área de influencia hegemónica y de la imposición de un “nuevo Tordesillas” global que beneficia a unos pocos. Se trata de una renovación de la antigua política del “gran garrote”, una manifestación de imperialismo ilegitima que, ciertamente, no ha sido una práctica exclusiva del Estado ruso, pero con la que no se puede transigir.
Desde la perspectiva del derecho internacional, el ataque a Ucrania viola casi todos los principios, valores y fundamentos sobre los que se asientan las relaciones entre Estados soberanos. Ello incluye una tentativa de relativización de criterios esenciales de las Relaciones Internacionales tales como la no intervención en los asuntos internos de otros Estados, el respeto por la soberanía, independencia e integridad territorial, la resolución pacífica de las controversias, la abstención del uso de la fuerza, la autodeterminación de los pueblos, la credibilidad de los tratados y la igualdad jurídica.
Para los países latinoamericanos, que durante mucho tiempo fueron objeto de abusos imperialistas estadounidenses y europeos, mantener y reivindicar tales criterios es absolutamente crucial, inestimable e incuestionable. He aquí un desafío claro y directo contra el esfuerzo orientado a construir un orden internacional de pueblos libres. Reconocer y apoyar al pueblo de Ucrania en su lucha para defenderse de una agresión externa y en un momento decisivo de su historia sería, desde una perspectiva latinoamericana, lo correcto, justo y necesario.
Por el lado de los estudios en seguridad internacional y cuestiones estratégicas contemporáneas es evidente que en el cálculo estratégico de Moscú aparecen consideraciones que van más allá de lo estrictamente bilateral con su vecino. Otros actores estatales y no estatales inciden en este conflicto como los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, la ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), las relaciones euroasiáticas con China, y hasta tópicos etnopolíticos y civilizacionales. Nada de ello autorizaría, sin embargo, implementar en pleno siglo XXI una agresión imperialista, expansionista y militarista como la observada.
Desdeñar este ataque contra el pueblo y gobierno ucraniano incentivará conductas igualmente agresivas de otras grandes potencias regionales o mundiales. Por tanto, teniendo en consideración la experiencia latinoamericana, en la que no faltaron abusivas intervenciones imperialistas de carácter semejantes, bien como las correspondientes reacciones antiimperialistas, se entiende que una postura progresista y republicana debería implementarse contra las ambiciones geopolíticas del gobierno del presidente Vladimir Putin, los oligarcas rusos y colaboradores –como el gobierno de Bielorusia.
Además, mientras que el gobierno ucraniano fue electo democráticamente, no se puede afirmar lo mismo de Rusia, que es considerada como un caso de autoritarismo competitivo. He aquí el riesgo de una erosión democrática y de autocratización derivada directamente del asunto en cuestión.
América Latina tiene una larga tradición de lucha antiimperialista, contrahegemónica y de cooperación Sur-Sur. Por lo tanto, denunciar la agresión contra Ucrania no significa, en modo alguno, ser subordinado o complaciente con potencias occidentales como Estados Unidos que también han tenido pretensiones igualmente abusivas. En el fondo, se trata de ser coherente, mantener una política de principio antiimperialista y seguir la senda abierta por los Libertadores del siglo XIX.
Después de una semana de operaciones militares contra Ucrania que han sido condenadas por casi todos los actores de la comunidad internacional, especialmente en el sistema de Naciones Unidas, la salida más constructiva seria la negociación directa y de buena fe entre las partes. El gobierno de Moscú debería tomar nota de que su agresión no será reconocida ni aceptada pasivamente, incluso dentro de la propia Rusia. Una negociación sin precondiciones, con agenda abierta y en pie de igualdad ayudaría a resolver sus divergencias con el gobierno de Kiev y reduciría las crecientes tensiones globales.
Una eventual victoria político-militar rusa en Ucrania implicaría, entre muchas otras cosas, retroceder a la era de la política de la barbarie, de las cañoneras o de las “guerras bananeras”. Sería un error y una tragedia para la inserción internacional de seguridad de los países menores y medianos.
Asimismo, otras potencias regionales envalentonadas por el precedente del ataque ruso a Ucrania podrían sentirse legitimadas a invadir otros países por discordar de sus preferencias, prioridades y conductas. Por tanto, la amenaza del uso de la fuerza en la política y seguridad internacional no puede ser tolerada pasiva, ingenua o cándidamente, sea en el este de Europa, en América Latina u otras regiones del planeta.
La agresión contra Ucrania merece una profunda y detallada reflexión, principalmente de las fuerzas progresistas latinoamericanas. El pueblo de aquel país necesita y reivindica nuestro apoyo, solidaridad y fraternidad. Como afirmaron algunos filósofos: “Donde hay agresor y víctima, la neutralidad beneficia siempre al agresor”.
Los gobiernos del planeta, la emergente sociedad civil transnacional y el mundo académico deben alzar su voz. Llegados a este punto, solamente así se podrá avanzar en la constitución de un orden mundial de pueblos libres.
Los esfuerzos del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por volver al poder continúan a toda marcha, como se dice en la jerga náutica. Lo que no se sabe es si esa navegación lo llevará a buen puerto o si se lo tragarán las tormentas en el camino. Lo cierto es que, aunque llegue al destino deseado, el desembarco de la tripulación presenta grandes retos.
Hasta ahora, el Partido de los Trabajadores (PT) nunca ha sido un partido de frentes amplios, aunque se constituyó como un frente para superar el viejo comunismo brasileño, representado por el Partido Comunista Brasileño (PCB). En este camino, iniciado en 1979, sindicalistas, teólogos de la liberación, comunistas disidentes y ecologistas se agruparon en torno a un discurso radical para derrocar la dictadura militar, cuya superación se dio por el voto en una transición negociada, liderada por el MDB, que el PT tildaba de “burguesa”.
Gobiernos sin compromisos programáticos
Desde entonces, el PT apostó por el “cuanto peor, mejor”, hasta la campaña electoral de 2002, cuando un cambio de discurso le permitió ganar la presidencia, pero sin asumir compromisos programáticos con aliados serios en el Parlamento. Prefiriendo navegar por los estragos de los intereses mal constituidos de la política brasileña, el gobierno de Lula desembocó en el Mensalão y el Petrolão.
La ampliación de la alianza con partidos como el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido Progresista (PP) no fue capaz de desviar al PT de la compra de bancadas conservadoras para remediar su minoría legislativa. Por el contario, ello le dio fuerza para profundizar en esta práctica.
¿Cuáles serían las razones para que apostáramos a la actual adhesión del lulopetismo a un frente amplio? Una respuesta proviene del sociólogo Luiz Werneck Vianna, intelectual destacado de la izquierda democrática brasileña. Para este sociólogo, “una nueva oportunidad” se abre “ante la situación excepcional que vive el país”, refiriéndose al desastre económico-social de la pandemia y a la forma en que el gobierno de Jair Bolsonaro intentó aprovechar la situación para imponer un régimen discrecional.
En este contexto, para Werneck Vianna, la alianza Lula-Alckmin para integrar la dupla presidencial sería “la fórmula brasileña de la geringonça portuguesa”, uniendo “las experiencias de la socialdemocracia entre nosotros”. De esta manera, se formaría un frente político capaz de enfrentar a la extrema derecha, ahora aliada con los partidos del llamado “centrão”, un verdadero bloque “de control social y político de la masa de rezagados de la modernización brasileña” que se proyecta a partir de “los intereses emergentes del agronegocio y de las élites encargadas de las finanzas”.
El problema de esta propuesta es que tales privilegios no solo no fueron enfrentados abiertamente por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en sus ocho años de gobierno, sino que fueron reforzados durante los trece años de gobiernos del PT. La Operación Lava Jato lo confirmó al sacar a la luz tales prácticas en procesos sancionados por la Justicia brasileña. Su anulación corresponde a una serie de casuismos jurídicos, lejos de verdaderas garantías constitucionales.
No se puede descartar, obviamente, que las penurias vividas por nuestra socialdemocracia, incluida la revuelta de 2013, hayan enseñado algo a sus dirigentes. Sin embargo, las circunstancias y el método de construcción de este supuesto frente amplio alrededor de Lula, que Werneck Vianna supone capaz de “rescatar las mejores promesas que hemos cultivado a lo largo de nuestra trayectoria”, no son nada prometedores.
En primer lugar, este frente común está marcado por el interés electoral inmediato de Lula en resolver la elección en la primera vuelta, lo que le liberaría de mayores compromisos programáticos en la segunda vuelta. En segundo lugar, porque gira en torno al liderazgo carismático del expresidente, que se convertiría en el principal árbitro de la “geringonça” en formación.
Otra respuesta, en la misma dirección, proviene de los (pocos) firmantes del manifiesto Movimento Pelo Brasil, articulado por una rama disidente de la Rede Sustentabilidade (partido de la excandidata presidencial Marina Silva). Caracterizando las próximas elecciones como un “plebiscito”, este grupo afirma que “no hay duda de que la historia está haciendo que Lula represente la alternativa que Brasil debe abrazar”, debido a los “éxitos de sus gobiernos y la voluntad de construir un amplio frente programático”.
Esa percepción se basa no solo en el olvido de los errores de los dos gobiernos de Lula y del gobierno y medio de Dilma Rousseff —cuya paternidad es innegable—, sino también en una confianza ingenua en una disposición que carece de una base efectiva en prácticas institucionales de acuerdos y diálogo.
La única articulación programática promovida por el PT se está produciendo con respecto a la formación de una federación con el Partido Socialista Brasileño (PSB), el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y el Partido Verde (PV), basada fundamentalmente en la mera matemática del número de municipios gobernados por cada partido. Esto demuestra el fracaso de la izquierda para remontar el vuelo sobre el pantano en que se ha convertido el sistema partidario-parlamentario brasileño.
Las rupturas necesarias pero improbables
Sin embargo, no todos se dejan llevar por este canto de sirena. El editorial de un importante medio de prensa sostuvo recientemente que “la irresponsabilidad demagógica” que ha prevalecido durante lo últimos 20 años en el país, “con la excepción del (…) gobierno de Michel Temer”, ha significado el “retroceso y la destrucción del futuro” que culminó en el bolsonarismo y el “lulopetismo renovado”. La promesa de este último de “reconstrucción y transformación de Brasil” no se sustenta ante la persistencia en negar la necesidad de reformas que postergó durante todos los años en que estuvo en el poder.
Aunque podemos discrepar de los grandes medios de prensa sobre la naturaleza de las reformas que necesita el país, concordamos en que “Lula no está dispuesto a promover cambios legislativos estructurales, políticamente difíciles, y que requieren ir en contra de intereses organizados”.
Para desilusión de quienes siguen apostando por una ruptura democrática con el orden neopatrimonial-financiero que extorsiona el presente y roba el futuro de Brasil, lo más probable es que Lula y el PT sigan inclinados a restaurar el equilibrio (insostenible) de la Nueva República, cuyo cadáver se resiste a ser enterrado.
Las tensiones en la frontera oriental de Ucrania desembocaron el pasado 24 de febrero en la invasión masiva por parte de Rusia, la más reciente de las 28 incursiones militares que ha hecho fuera de sus fronteras desde 1991. Durante las primeras 48 horas de las hostilidades, las reacciones de los Gobiernos del mundo no se hicieron esperar, sobre todo a través de las redes sociales. Los Gobiernos latinoamericanos, en su mayoría, rechazaron categóricamente el empleo de la fuerza en la resolución del conflicto, sin embargo, como era de esperarse, los autoritarismos de la región cerraron filas en apoyo a Rusia.
Las voces latinoamericanas en el Consejo de Seguridad
Dentro de la posición diplomática predominante de condena a la invasión se destacan principalmente México y Brasil. Estos son miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y desde las primeras horas del mismo jueves 24 han venido sesionando de emergencia con el fin de generar una resolución que permita, ante todo, el cese al fuego. De momento, no se ha conseguido, ya que Rusia ha ejercido el derecho de veto a pesar de ser el único voto en contra de la resolución.
En estas deliberaciones, tanto la vocería del representante de Brasil, Ronaldo Costa Filho, como la embajadora mexicana, Alicia Buenrostro, sintonizaron ―a pesar de las diferencias ideológicas de ambos Gobiernos― en el rechazo a lo que llamaron una “flagrante violación al derecho internacional”. Ambos destacaron la importancia del retorno a las negociaciones, al cumplimiento de los acuerdos de Minsk, y advirtieron del costo humano que esta incursión armada causará. Incluso la diplomática mexicana cuestionó de forma directa al representante ruso Vasili Alekséyevich Nebenzia por haber asegurado varias veces que Rusia no invadiría Ucrania.
Además de estos pronunciamientos, los Gobiernos como el de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú han coordinado esfuerzos desde el viernes 25 de febrero para colaborar en la labor logística de evacuación de sus nacionales en Ucrania o en las naciones de Europa del este.
En América Latina, mientras tanto, se han dejado entrever los movimientos de las potencias enfrentadas. El mismo día que comenzó el bombardeo aéreo, el flamante ministro de Defensa de Honduras, José Zelaya, recibió en Tegucigalpa a la comandante general del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, quien ofreció ayuda militar al nuevo Gobierno. Por su parte, el presidente del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, se reunía en La Habana con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Unas imágenes anecdóticas pero que pareciera dejar claras las tendencias y alianzas que tienen los Gobiernos de la región frente a los acontecimientos internacionales.
Voces discordantes
La reacción diplomática inmediata ha sido mayoritariamente de rechazo al uso de la fuerza por parte del Gobierno ruso. Sin embargo, en el caso del presidente boliviano Luis Arce, este hizo un pálido llamado a la paz sin mayores calificativos sobre el conflicto, mientras que el mediático presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha cuestionado la credibilidad de Estados Unidos antes de la ofensiva rusa, aún no se ha pronunciado.
Como era de esperarse, Cuba, Nicaragua y Venezuela “cerraron filas” apoyando abiertamente las acciones militares de Rusia siguiendo en sus comunicados oficiales la línea argumental de que este país busca liberar a Ucrania del fascismo y defender a las minorías prorrusas de un presunto “genocidio” en curso conducido por el Gobierno ucraniano. De esta manera, estos Gobiernos, de inocultable deriva dictatorial, acercan posiciones con uno de los pocos aliados internacionales que aún mantienen.
Estas visiones están alineadas con la narrativa propagandista auspiciados por el Kremlin. Incluso, algunas cuentas oficiales de redes sociales de estos Gobiernos propagan abiertamente las versiones de medios rusos como RT, Hispan TV o Sputnik —vetados por la Unión Europea y Facebook—, así como de otros medios de comunicación alineados ideológicamente con Rusia, tales como Telesur y Al Mayadeen.
Esta notoria discordancia revela un abierto distanciamiento con dos de los principios rectores del derecho internacional: el principio de autodeterminación y el rechazo al uso de la fuerza para la resolución de los conflictos. De esta manera, queda también en evidencia el distanciamiento de estas tiranías de izquierda radical con los nuevos Gobiernos de izquierda democrática de la región.
Estas declaraciones discordantes, sin embargo, son minoritarias y contrastan con los mensajes diplomáticos de la mayoría de los Gobiernos de la región en rechazo al uso injustificado de la fuerza y la búsqueda de una resolución pacífica a un conflicto que sigue dejando víctimas a su paso.
En los medios de comunicación internacionales, el gobierno venezolano sigue siendo mencionado a menudo con el prefijo «socialista». Dentro del país, un proceso de desregulación desordenada está abriendo más espacios al mercado, pero también está creando nuevas y aparentes desigualdades. ¿Hacia qué tipo de sistema económico se dirige Venezuela? Ante la escasez de datos públicos, comenzamos a realizar encuestas en tres ámbitos de la economía, con la esperanza de aportar algunas piezas al rompecabezas que supone el funcionamiento real de la economía venezolana actual. Lo que encontramos fue más un capitalismo depredador y autoritario que un socialismo.
El ascenso global del capitalismo autoritario
Es evidente que el capitalismo no es el mismo sistema en todo el mundo. Aunque siempre implica una actividad lucrativa por parte de actores privados, el capitalismo está regulado de diferentes maneras y con diferentes fines. La mayoría de los países reservan algunos espacios, como la sanidad, la educación y el cuidado de los niños, para que se rijan por otros principios que no sean el lucro, y ven algún tipo de participación del Estado en la economía.
Los acontecimientos recientes han dejado muy claro que no existe una asociación automática entre capitalismo y democracia. Por el contrario, hemos visto el auge de sistemas capitalistas en países autoritarios de todo el mundo, incluyendo, por supuesto, a China. Otra dimensión que distingue a los distintos sistemas capitalistas es la solidez de las instituciones. En los Estados con instituciones débiles, es difícil hacer compatible una economía con ánimo de lucro con objetivos sociales como proporcionar un cierto nivel de bienestar para todos.
Sin embargo, las instituciones débiles pueden coexistir con gobiernos autoritarios que tratarán de dirigir la economía de forma que se refuerce su control político y se compense la debilidad de las instituciones. Este es el caso de los países nominalmente socialistas que pueden emplear formas de reformas de mercado a instancias de los dirigentes políticos para su beneficio y el de sus aliados cercanos.
Con un equipo coordinado por Manuel Sutherland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO) y supervisado por Antulio Rosales, de la Universidad de New Brunswick, y por mí mismo, hemos realizado tres encuestas que han tratado de aportar información sobre diferentes aspectos de la nueva economía. ¿Cómo se relaciona con el proceso ad hoc de desregulación de la economía? ¿Cómo sobrevive la gente en lo que se ha convertido en una economía de alto coste pero en la que los salarios siguen siendo «de hambre»?
La minería ilegal
La primera parte de la investigación fue una encuesta a los trabajadores de la minería ilegal en el estado de Bolívar. Como una forma de enfrentar los menguados ingresos de la producción petrolera, en 2016 el gobierno de Maduro estableció la zona especial de desarrollo Arco Minero del Orinoco (AMO) con el objetivo de formalizar alianzas y atraer nuevas inversiones en el estado Bolívar.
Con ello, el Estado aumentó su presencia en la zona. Sin embargo, continuaron las prácticas informales de control territorial existentes por parte de los grupos armados y aumentó la producción y venta ilegal de oro. En nuestra encuesta entre los trabajadores de la zona, descubrimos que soportaban jornadas laborales de 12 horas y más. La mayor parte de las veces se les pagaba en gramos de oro. No existían formas de protección social y respondían a una combinación de bandas locales, guerrillas, mafias y la Guardia Nacional.
Todos estos actores se dedican a la extorsión, cobrando a los trabajadores «vacunas» (dinero de protección), en una depredadora sin ley. Las extorsiones se suman al extremo coste de la vida en la zona, con precios de 4 a 5 veces superiores a los de las zonas centrales del país, debido a una serie de trabas al mercado.
La nueva cara de la desigualdad: los bodegones
La realidad de las zonas de minería ilegal contrasta fuertemente con la de los nuevos comercios de importación, los llamados bodegones. Como forma de enfrentar la escasez generalizada de bienes y la inflación asociada, se flexibilizó la prohibición del cambio privado de dólares.
En 2018, la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el gobierno, derogó la Ley de Ilícitos Cambiarios. Esto significó el fin de los controles de divisas y la bendición gubernamental de la dolarización informal. Esto, y varias exenciones temporales de los aranceles y las regulaciones de importación, permitieron las importaciones de bienes a gran escala, incluyendo los llamados servicios «puerta a puerta» – la importación directa de bienes por parte de personas privadas sin ningún tipo de aranceles, o regulaciones sanitarias.
Este es el telón de fondo de la aparición de los llamados bodegones, que empezaron con pequeñas tiendas que vendían productos importados en unos pocos lugares de lujo de la capital. Con el tiempo, estos evolucionaron hasta convertirse en un fenómeno nacional e incluyeron enormes supermercados en zonas urbanas de todo el país que vendían tanto alimentos normales como un amplio surtido de artículos de lujo.
A finales de 2020, realizamos 81 entrevistas a responsables de bodegones y 103 clientes en 73 bodegones, de los 613 que se calcula que existían en ese momento. Se encontraban en barrios de lujo de los estados Aragua, Miranda, Mérida, Barinas y Zulia, además del Distrito Capital. La mayoría de los establecimientos (81%) se establecieron después de la dolarización, y 47% tenían menos de dos años de antigüedad.
La mayoría de los propietarios no tenía experiencia previa en el comercio minorista, lo que indica que este es un negocio que puede contribuir a establecer una nueva clase de empresarios. Los bodegones son claramente una de las expresiones de la creciente importancia del dólar. Comprobamos que, aunque el 66% de las compras se realizaban en la moneda nacional, se trataba de compras menores, equivalentes a 1 o 2 dólares. Los importes elevados se pagaban en dólares.
Curiosamente, la mayoría de los trabajadores de los bodegones (56%) reciben sus salarios en bolívares, y sólo el 12% en dólares o euros. Los sueldos, si bien son significativamente más altos que el salario mínimo y el que se paga en el sector público, también son bajos: el 73% gana menos de 60$ al mes, y el 33% gana entre 20$ y 40$.
Los precios de los bodegones van desde lo relativamente razonable, hasta lo extremo. Sin embargo, los precios generales son elevados a pesar de que los bodegones no pagan impuestos ni aranceles, debido en parte a la sobrevaloración de la moneda. Como noruega, me resultó casi cómico encontrar salmón noruego en su envoltorio original con texto en noruego a un precio unas cuatro veces superior al que habría tenido que pagar en mi caro país de origen.
Una comida familiar de salmón costaría el equivalente al salario medio mensual de uno de los trabajadores del mismo bodegón donde se vendía. Así, en muchos aspectos, los bodegones son la cara de las nuevas desigualdades. Son propiedad de un grupo de nuevos empresarios que se ganan la vida vendiendo productos de lujo en un mercado no regulado a clientes de alto nivel a precios totalmente prohibitivos para la mayoría de la gente.
La supervivencia en el sector público
El tercer aspecto que hemos estudiado son las estrategias de supervivencia de los trabajadores del sector público. Nuestro equipo realizó 207 entrevistas a empleados públicos de 68 instituciones diferentes en 8 estados, sobre una serie de cuestiones, como los salarios, las estrategias de supervivencia y la politización del lugar de trabajo. En cuanto a los salarios, el 47% ganaba menos de 6 dólares al mes; el 83% ganaba menos de 15 dólares al mes. La mayoría recibía además un salario en especie en forma de alimentos, pero en el 47% de los casos, éste valía menos de 1$ al mes.
Llevar el controvertido «carné de la patria» controlado por el gobierno significaba para muchos una bonificación adicional. Sin embargo, en dos tercios de los casos suponía menos de 10$ al mes, y para la mayoría mucho menos.
Casi todos complementaban su salario de una forma u otra. De los encuestados, el 68% tenía puestos adicionales o su propio negocio. Más del 70% permaneció en el puesto de trabajo esencialmente como medio de mantener cierta estabilidad o de acceder a contactos políticos, a la espera de tiempos mejores. Cuando se les preguntó por la formación en el puesto de trabajo, sólo el 34% de los informantes respondió haber recibido alguna, y de ellos la mayoría sólo había recibido formación ideológica (en el 85% de los casos).
La imagen que se desprende de nuestra encuesta, ciertamente limitada, es la de una forma de capitalismo bastante fragmentada en la que algunos espacios están abiertos a la competencia privada, pero en la que la regulación está politizada y las oportunidades para la mayoría de las personas son escasas.
Los espacios para la producción y el intercambio capitalista se han ampliado aún más a medida que la ley antibloqueo adoptada en 2020 ha abierto a la privatización a gran escala de las empresas públicas, beneficiando sobre todo a los aliados del gobierno. Recientemente, el país ha dejado atrás el tercer período más largo de hiperinflación jamás registrado, y ha visto un ligero aumento en la producción de petróleo y se ha registrado un crecimiento económico mientras la dolarización continúa.
Todo esto mientras el gobierno de Maduro se ha fortalecido en el poder, y la democracia sigue maltratada, con el país celebrando elecciones en su mayoría injustas y escasamente competitivas que no disputan el poder del ejecutivo.
Nuestras encuestas abren una serie de interrogantes adicionales sobre hacia qué modelo económico se mueve Venezuela. ¿De dónde sacan los dólares los clientes de los bodegones? ¿Quiénes son las nuevas élites que controlan los negocios emergentes? ¿Cuán profundas son realmente las desigualdades en la economía?
Es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre estas grandes preguntas. Con la recién adoptada Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que agrega un impuesto a transacciones en divisas o criptomoneda, puede producir nuevos cambios. Pero lo que está cierto es que el sistema actual tiene más rasgos de un capitalismo autoritario que del socialismo democrático que los chavistas aspiraban a instaurar en un principio.
A estas alturas del conflicto, se debe distinguir dos momentos: el antes y el después de la agresión de Rusia a Ucrania. El primero está marcado por la responsabilidad de los distintos actores a la hora de evitar una confrontación militar. Y el actual, que parte de la condena rotunda de la violación del derecho internacional que conlleva la agresión de Moscú. La responsabilidad de impulsar la agresión militar a Ucrania es del gobierno de Putin. Pero hay muchos otros países responsables por no haber logrado establecer condiciones para evitar la guerra.
La UE es responsable por la disolución de la clara distinción que existía en los años 90’ entre los intereses de la propia UE y la OTAN respecto de la seguridad en el continente. Encuentro tras otro, esta distinción se ha ido difuminando, hasta que en la reunión del pasado 19 de febrero en Múnich de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), quedó claro que la identificación de la UE con la OTAN es casi total.
Ello determina un segundo factor, el resurgimiento del atlantismo ideológico en Europa y Estados Unidos. Los discursos de los representantes occidentales reflejan una excesiva confianza en la disuasión que ha representado la ampliación de la Alianza Atlántica en las dos décadas anteriores. Esto explica la arrogancia exhibida por sus líderes para rechazar cualquier objeción de Rusia acerca de que esa ampliación afectaba a su seguridad y de que el caso de Ucrania era un punto de no retorno.
En realidad, parece que la OTAN y la UE hubiesen actuado adrede para incrementar la molestia rusa y fortalecer así los argumentos del autócrata ruso. El analista mexicano Carlos Taibo ha escrito que Putin es en buena medida producto de la OTAN. Habría que agregar que el reverdecimiento de la OTAN es en gran medida un producto de la prepotencia de Putin y que este infernal círculo vicioso es el que habría que romper para evitar una escalada del conflicto.
Así se llega a la intervención rusa del 24 de febrero, que abre una nueva fase del conflicto. La decisión de Putin viene acompañada del apoyo institucional en la Duma (parlamento ruso) y de la mayoría de la opinión pública en su país. Esa relativa fortaleza interna ha llevado a Putin a desconocer una máxima reiterada: para defender las causas propias en una confrontación geopolítica hay líneas rojas que no se pueden sobrepasar. Al perpetrar una agresión armada, se desvanece bajo la condena de la comunidad internacional el argumento de Moscú acerca de la amenaza de occidental a su propia seguridad.
Con la agresión militar, Putin ha proporcionado el deseado escenario político autoanunciado por los halcones europeos y de la Alianza Atlántica. Ha logrado que la OTAN y los Estados Unidos se reivindiquen como verdaderos oráculos de las intenciones últimas de Putin, que los países de la UE reduzcan significativamente sus diferencias (al menos en público) y que la ONU, cuyo Secretario General, Antonio Guterres, no hace mucho decía estar seguro de que nunca se produciría una guerra abierta, condene sin paliativos al gobierno de Moscú. En suma, con su agresión, Putin pierde buena parte de su legitimidad dentro y fuera de fronteras.
¿Cuáles han sido las razones para que Putin haya optado por llevar a la confrontación armada el contencioso geopolítico? Existen razones de orden militar que, por cierto, han incorporado algunos cálculos erróneos. De hecho, se ha creado el mito, en buena parte gracias a los medios occidentales, de que todo lo que está sucediendo responde exactamente a los planes diseñados por un siniestro estratega: Putin. Ese supuesto dista mucho de la realidad.
Como antiguo jefe de la KGB, Putin es consiente de la importancia de tener un plan, pero también de la necesidad de readaptarse dependiendo del contexto. No es cierto que Putin haya usado astutamente la opción diplomática del presidente Macron para camuflar su verdadera intención de invadir Ucrania. Putin estaba dispuesto a seguir cualquier camino para impedir la entrada de Ucrania en la OTAN y obligarla a mantener relaciones estrechas con Rusia. Pero la respuesta occidental a esas exigencias fue un altisonante rechazo.
Por otro lado, la opción militar no está resultando tan sencilla como podía preverse. El cálculo del Kremlin de imponerse rápidamente en todo el territorio de las dos provincias, Donest y Lugansk ha fallado. El gobierno ucraniano ha sido capaz de una concentración de fuerzas considerable en esa región, lo que ha obligado a Rusia a tratar de evitarlo impulsando ataques disuasorios en otras partes del territorio ucraniano. Algo que realiza en la noche del 24 de febrero.
Hay que subrayar que Rusia no tiene la capacidad para plantearse una invasión territorial generalizada ya que se estima que para invadir un territorio del tamaño de Ucrania serían necesarios un millón y medio de efectivos. Por lo tanto, con alguna excepción los ataques se concentran en algunas ciudades fronterizas y la propia Kiev, que está a solo 60 kilómetros de la frontera con Bielorrusia.
Al comprobar que no encontraba obstáculos en el camino hacia Kiev, Moscú ha incurrido en otro error de cálculo: pensar que la ciudad caería de inmediato y que podía convertir al gobierno del presidente Zelenski en objetivo militar directo. Pero la toma de Kiev y su distrito gubernamental, lo cual se esperaba que sucediera en la noche del sábado 26 de febrero, no ha sucedido porque la movilización de fuerzas armadas y milicianas han conseguido la autodefensa de la ciudad. Puede ser que Kiev caiga en los próximos días, pero cada jornada que pasa es un paso más hacia el desencadenamiento de una guerra de guerrillas en el resto del país, algo que Rusia quiere evitar.
Un escenario enfangado en una guerra irregular que se extienda en el tiempo es lo que busca evitar Moscú. Entre otras razones, porque si bien Putin tiene hoy el apoyo mayoritario de los actores políticos y la población rusa, esa situación puede cambiar rápidamente. Mantener una guerra abierta por mucho tiempo y sin el más mínimo respaldo político fuera de fronteras, sumado a unas sanciones económicas occidentales, puede recordar a la población rusa el fantasma del fracaso de la guerra en Afganistán.
Putin puede equivocarse también acerca de las consecuencias que tiene este órdago militar en la política doméstica de su país. Por eso acaba de entreabrir la puerta a una posible negociación para un alto el fuego con las autoridades de Kiev. Y si en principio ha incitado a los mandos militares ucranios a hacerse con el poder, para negociar con ellos, eso parece desdibujarse, entre otras razones porque depende mucho de la velocidad con que consiga capturar al presidente Zelenski y su gobierno.
Puede que el conflicto armado en Ucrania, lejos de estar concluyendo, apenas esté comenzando. Esto es algo que en todo caso sufrirá Ucrania, que es, en última instancia, la verdadera víctima de esta guerra y del indeseable círculo vicioso que la precedió.
La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, será juzgada en 2022 por el presunto delito de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado. El proceso se desarrollará en el marco de un poder judicial que ha sido extremadamente cuestionado desde la opinión pública por su dependencia política y la constante interpelación a la expresidenta desde sectores afines al MAS que la acusan de golpista por asumir la presidencia en 2019 sin respetar los procedimientos internos de la Asamblea Plurinacional.
No obstante, hay que tomar en cuenta que Áñez asumió la presidencia basada en una sentencia constitucional y en un momento crítico a causa del vacío de gobierno con el propósito de evitar un mayor caos, luego de la renuncia de Evo Morales y de todas las autoridades a quienes correspondía la sucesión presidencial.
Este suceso político sigue polarizando a la sociedad boliviana y la pregunta sigue abierta ¿Jeanine Áñez es víctima de un sistema judicial políticamente dependiente del gobierno de turno o es la culpable de la muerte de civiles que se manifestaban a favor del expresidente Morales?
¿Víctima de un sistema judicial politizado?
Hay que tener en cuenta seis factores para comprender el ascenso de Jeanine Áñez a la presidencia de forma interina y su reconocimiento legal por la Asamblea Legislativa con mayoría del MAS. Primero, Evo Morales violó la Constitución cuando se postuló por cuarta vez consecutiva a la presidencia en 2019, luego que un referéndum se lo negara en 2016. En segundo lugar, los congresistas del MAS no asistieron a la sesión extraordinaria en la Asamblea convocada para resolver el vacío de poder. Tercero, el 12 de noviembre de 2019, después que Añez asumiera la presidencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dio su respaldo legal a la sucesión en el marco de la Sentencia Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2000, que se sustenta en la “vacancia” del presidente. La cuarta certeza es que Morales fue quien convocó a la OEA para auditar las elecciones. La quinta certeza son las irregularidades del proceso electoral de 2019 demostradas por los observadores de la OEA. Y por último, el artículo 4 de la Ley excepcional de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas, firmada por representantes del MAS en enero de 2020, dice que “Excepcionalmente se prorroga el mandato de la Presidenta del Estado Plurinacional… hasta la posesión de las nuevas autoridades”.
La crisis sociopolítica de 2019 ubicó a Añez como un actor clave con un margen de acción porque su investidura otorgó certidumbre institucional ante el caos desarrollado antes, durante y después de la cadena de renuncias del partido gobernante (MAS) que desembocó en la anarquía política. Ahora bien, en 2022 Áñez se encuentra víctima de un sistema judicial altamente cuestionado por su parcialidad cuando se trata de opositores políticos al MAS.
De acuerdo a su defensa legal, existen numerosas ilegalidades dentro del proceso, entre ellos su salud ya que se encuentra en huelga de hambre, el desdoblamiento del caso y el juicio vía ordinaria y no en la Asamblea Legislativa a través de un juicio de responsabilidades entre otros.
¿Culpable de la muerte de ciudadanos?
Un acontecimiento infausto en el inicio de la gestión de Áñez es la muerte de más de 30 ciudadanos en las localidades de Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba) como efecto de operativos militares y policiales. Este es el eje de la interpelación por parte del MAS hacia su gobierno interino y las condiciones política-institucional en que fue nombrada presidenta.
Para explicar el cuestionamiento del MAS a las condiciones política-institucional en que asumió como primera mandataria identificamos cuatro certezas jurídicas. En primer lugar, la Asamblea Plurinacional no se reunió para admitir o negar la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Segundo, no estuvo presente la mayoría parlamentaria para recibir el juramento de la Presidenta. En tercer lugar, la Constitución establece una línea de sucesión presidencial hasta la presidenta o presidente de la cámara de diputados (Añez era segunda vicepresidenta del Senado en representación del bloque minoritario opositor). Por último, el Decreto Supremo Nro. 4078 del 15 de noviembre de 2019, dejó exento de responsabilidad penal al personal de las fuerzas armadas que participó en el restablecimiento del orden interno.
En síntesis, las faltas a la Carta Magna y las muertes propiciaron el escenario para que desde el MAS se acuse a Áñez como culpable de irrumpir el orden constitucional.
Paradójico, catastrófico, injusto y reprochable
Es paradójico que la Asamblea Plurinacional, que no le tomó juramento para que asumiera el cargo en 2019, luego, en 2020, le prorrogara el mandato, y que el Tribunal Constitucional la reconozca como primera mandataria en su momento y, después, con el nuevo gobierno de Luis Arce, lo niegue. Fue catastrófico el Decreto Supremo que dio luz verde a los militares para disparar contra los ciudadanos movilizados, libres de cualquier responsabilidad penal. Es injusto un sistema de justicia que no permite el debido proceso a una exmandataria porque carece de un poder político que la respalde. Y es reprochable violar la Constitución, como lo hizo Evo para postularse por cuarta vez consecutiva a la presidencia, y como lo hizo Jeanine en la Asamblea Plurinacional para jurar como primera mandataria.
Esta doble condición de víctima y culpable de Jeanine Áñez, es contradictoria porque responde a diferentes certezas, criterios, ideologías y premisas. No existe una sola verdad. En otras palabras, para unos Áñez es símbolo de la democracia y resistencia, y, para otros de golpismo y muerte. Por tanto, como no es un caso políticamente resoluble, seguirá polarizando la política boliviana, lo cual beneficia a una minoría y perjudica a la mayoría.
…Y llegó el día tan temido que desvelaba a los seguidores del expresidente de Honduras y sus aliados: ver al “jefe” esposado de pies y manos, con cadenas más duras para el alma que para el cuerpo. Humillante epílogo para tantos años de abusos, corrupción y colusión con los narcotraficantes.
Los medios mostraban a un encadenado Juan Orlando Hernández (JOH), el mismo que, hace unos nueve años, dijo, muy seguro de sí mismo: “yo seré un nuevo Tiburcio Carías Andino”, refiriéndose al dictador nacionalista que gobernó el país con mano de hierro durante 16 años, a mediados del siglo XX.
Carías Andino jamás fue apresado ni juzgado por sus crímenes, pero los tiempos cambiaron. Lo irónico es que quienes ahora piden su arresto y extradición son los mismos que en 2017 avalaron su ilegal y fraudulenta reelección.
Los prolegómenos del arresto
Desde que Xiomara Castro asumiera la presidencia el pasado 27 de enero, los hondureños estuvieron pendientes del paradero de JOH. Eran sabidos los anhelos de ciertos actores estadounidense por extraditarlo para juzgarlo por su relación con el narcotráfico desde que asumió la presidencia del Congreso en 2010. Y no conformes con esos doce años, la Justicia de Estdos Unidos le achaca colusión con el comercio ilegal de drogas desde 2004.
JOH es acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por tráfico de armas, crimen organizado y narcotráfico. Se le señala como partícipe en una conspiración violenta para traficar unas 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos desde 2004 hasta la fecha.
Según la embajada de Washington en Tegucigalpa, como parte de esta conspiración, el expresidente recibió millones de dólares por sobornos y ganancias de varios carteles del narcotráfico. A cambio, protegió a los narcotraficantes de la investigación, detención y extradición, aunque, tras ser presionado, permitió la extradición de varios de ellos.
Desde hace tiempo, la Fiscalía que lo investiga lo incluye en los documentos de los juicios a varios narcos hondureños, entre los cuales se encuentra un hermano de JOH, el otrora inefable y sonriente Juan Antonio Hernández, alias Tony, actualmente purgando una larga pena en una cárcel estadounidense.
Aunque el ex presidente fue citado pocas veces por su nombre, era sabido que “coconspirador 4” (CC4) era, indudablemente, él. JOH siempre se defendió negando la relación, acusando a quienes lo vinculaban con el tráfico de drogas, todos ellos sometidos a juicio en la citada Fiscalía, de declarar en su contra por venganza, pues permitió su entrega a la Justicia estadounidense.
Cabe señalar que la figura de la extradición fue aprobada a instancias del mismo JOH, quien por esos días ni soñaba con que su propio hermano y él mismo, pudieran ser objeto de la medida. Desde que JOH perdiera la inmunidad como presidente, las elucubraciones estuvieron a la orden del día. La mayoría pensaba que se refugiaría en Nicaragua, gracias a la “profunda amistad” con Daniel Ortega. Otros, que su destino podía ser Israel, y unos pocos de sus adeptos, los más fieles o ingenuos, que se quedaría en el país dando la cara ante sus acusadores.
Nada de ello ocurrió, o sea, JOH se quedó pero no por valentía, sino porque desde antes de entregar el poder formal estuvo vigilado permanentemente por personal encubierto de la DEA y el FBI, los mismos que, discretamente, participaron en su detención.
Por otro lado, quizás Ortega tuvo la intención de asilar a su amigo, pero dadas las circunstancias, es probable que se hubiera arrepentido. Una cosa es darle cobijo a dos ex presidentes salvadoreños acusados de corrupción en su país y otra muy diferente es dárselo a un acusado por narcotráfico por Estados Unidos.
Ortega no está en condiciones de seguir provocando a Washington, mucho menos con un tema que le es totalmente ajeno. El mismo mandatario nicaragüense se encargó de aclararlo poco después de la detención de JOH: “Nicaragua no es refugio de delincuentes”.
¿Qué se le viene a JOH?
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras nombró como juez para el caso a un magistrado profundamente relacionado con el entorno del expresidente y todas sus argucias y mañas judiciales para perseguir y silenciar a sus enemigos.
Edwin Francisco Ortez Cruz, de 42 años, fue asistente de la exmagistrada de la Sala de lo Civil, María Elena Matute de Hernández, cuñada de JOH y hermana de Oscar Raúl Matute, exsecretario del Interior del gobierno de facto de Roberto Micheletti Bain. Desde entonces, de acuerdo con fuentes tribunalicias, ha sido un elemento dentro del Poder Judicial para que JOH y sus aliados lograran sus objetivos.
En tanto, el presidente de la CSJ, Rolando Edgardo Argueta Pérez, señalado como fiel a JOH desde su nombramiento, parece que lo invitó a tomar chocolate caliente con galletitas integrales en su propio despacho, cuando el ex presidente fue llevado por primera vez a la CSJ para interiorizarse de los cargos en su contra.
Una actitud de deferencia poco menos que inédita, pero… ¿se animará el presidente de la CSJ a ir más allá? ¿tendrá el juez a cargo la valentía para ir en contra del poder casi omnímodo de EEUU?
Es de esperar que las lealtades, amistades e incluso intereses comunes, queden detrás. Sin embargo, los rumores, los trascendidos y las elucubraciones más disparatadas corren por las calles hondureñas, mientras que el nuevo gobierno no termina de asentarse.
Lo ideal habría sido juzgarlo en Honduras, lo cual pretende, muy tardíamente, el fiscal general Oscar Chinchilla, como argucia para evitar la extradición. En tanto, los dirigentes del partido del expresidente, otrora fieles militantes del juanorlandismo, o guardan silencio o dicen, apesadumbrados, que “cada uno debe hacerse responsable por lo que ha hecho”. El colmo del cinismo.
