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Una región, todas las voces

La pandemia consolida las relaciones entre China y América Latina

Por
Mauricio Santoro
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Aprovechando el vacío de políticas estratégicas de Estados Unidos para América Latina, China ha profundizado sus relaciones con la región durante la pandemia de Covid-19. La agenda ha crecido en torno a tres ejes especialmente: comercio, inversión y acciones conjuntas contra la pandemia.

En relación a la pandemia, Pekín amplió su abanico de acciones políticas y económicas, ofreciendo lo que Washington se mostró incapaz de proporcionar: vacunas, respiradores y otros equipos médicos esenciales para combatir el coronavirus. Varios países latinoamericanos recurrieron al gobierno y a las empresas chinas para obtener estos materiales esenciales. En el caso de Brasil, con un presidente a menudo crítico con Pekín, los gobernadores estatales han tendido estos puentes con China, llegando a sus propios acuerdos por encima de Brasilia.

El crecimiento de la influencia de China en América Latina se produce en medio de las crisis de Estados Unidos, con iniciativas diplomáticas erráticas hacia la región que a menudo se han caracterizado más por la hostilidad hacia los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela que por una agenda constructiva con los principales socios regionales en temas como el comercio y la migración. Todavía no hay directrices claras sobre lo que cambiará bajo el mandato del presidente Joe Biden, cuya política hacia América Latina se ha guiado más por la respuesta de emergencia que por una visión estratégica a largo plazo.

La profundización también se ha producido a través de una mayor inversión en el sector clave de la tecnología de la información. En medio de las disputas comerciales entre China y Estados Unidos, los países latinoamericanos han optado por mantener sus puertas abiertas a las operaciones de Huawei, permitiendo que el gigante chino suministre equipos para la implementación de la tecnología 5G. Es una pauta diferente a la que ha marcado la actuación de Australia, Canadá o la Unión Europea, en la que prevalecen los vetos u otras restricciones a las inversiones chinas.

Otro tema importante es la forma en que Centroamérica se ha convertido en un escenario de disputas entre China, Estados Unidos y Taiwán. Desde 2008, varios países de la región han dejado de reconocer diplomáticamente a la isla y han establecido relaciones con Pekín. Esto ha ocurrido con Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. La presidenta electa de Honduras ha anunciado que hará lo mismo, reduciendo aún más los 14 Estados que actualmente reconocen a Taiwán, menos de la mitad de los que había hace 20 años.

Pekín también llena un vacío que ha surgido de las dificultades de los países latinoamericanos para promover la integración regional en medio de la polarización ideológica y las disputas partidistas que han desbordado las fronteras.

La región no ha sido capaz de responder eficazmente a la crisis de Venezuela, por ejemplo. Brasil bajo el gobierno de Jair Bolsonaro se ha retirado de iniciativas de integración como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y Unasur. La propia influencia creciente de China ha dividido a partidos y gobiernos, desde la hostilidad de Bolsonaro hasta el entusiasmo de las naciones del Pacífico que buscan acuerdos de libre comercio con Pekín. Uruguay también quiere firmar un tratado similar, a pesar de las restricciones del Mercosur.

Las relaciones han ido creciendo en los últimos años

En medio de todo esto, en diciembre se celebró el Foro de la CELAC con China, un encuentro que puso de manifiesto la importancia de la organización como principal canal de diálogo y cooperación entre el país asiático y la región. Pero ya desde antes, las relaciones de Pekín con los países latinoamericanos habían experimentado un notable crecimiento.

En las dos primeras décadas del siglo XXI, el intercambio económico entre China y América Latina pasó de ser pequeño a convertirse en una fuerza considerable. El comercio bilateral ha superado los 300.000 millones de dólares anuales y el stock de capital chino en la región supera los 110.000 millones de dólares.

El motor de esta expansión ha sido el rápido crecimiento de China y la demanda de productos agrícolas y minerales de la región, como la carne, el cobre, el mineral de hierro, el aceite y la soja. A menudo, el mercado chino se ha convertido en el principal o en el segundo destino para el comercio exterior regional, especialmente para los países sudamericanos; en México y Centroamérica continúa el dominio económico de Estados Unidos.

A raíz del comercio llegaron las inversiones chinas, generalmente para facilitar la extracción y el transporte de las materias primas latinoamericanas que se exportan al país asiático. Estos flujos financieros se concentran en sectores como la minería y la energía, financiando la construcción de infraestructuras como carreteras, ferrocarriles, minas y oleoductos. En Brasil hay un patrón diferente con las inversiones de China que están centradas en la generación, distribución y transmisión de electricidad para el mercado interno brasileño.

El fortalecimiento de los lazos económicos también ha provocado cambios en la diplomacia, con la construcción de un marco político para ampliar los canales de diálogo y cooperación. Desde finales de la década de 2000, China ha prestado más atención a América Latina, con la publicación de dos Libros Blancos con directrices oficiales para esta relación y la ampliación de sus asociaciones estratégicas en la región. A partir de la articulación original con Brasil, en 1993, Pekín formuló iniciativas similares con otros ocho países latinoamericanos, además de los peculiares lazos que desarrolla con Cuba, por la similitud del sistema político.

China también comenzó a tener una presencia oficial y permanente en los espacios de integración regional latinoamericanos, como la CELAC y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas medidas representan la consolidación de su influencia como actor local. Diecinueve de los 33 países de la región se han sumado a la Iniciativa del Cinturón y la Ruta, el proyecto chino de inversiones globales en infraestructuras, pero hasta ahora las naciones latinoamericanas más grandes (Brasil, México, Argentina, Colombia) han optado por quedarse fuera.

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El nuevo gobierno en Chile seguirá por la senda del cambio

Por
Gabriel Gaspar Tapia
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Cayó el telón electoral en Chile. A menos de dos horas de cerradas las urnas, Gabriel Boric emergió como claro vencedor. A la segunda vuelta concurrieron más de 8.2 millones de ciudadanos de cerca de 15 millones de votantes habilitados. Se trata de la elección con mayor participación desde que el voto es voluntario, de los cuales más del 55% votaron por el candidato izquierdista que terminó sacándole diez puntos de diferencia al derechista José Antonio Kast.

¿Se cierra el ciclo abierto por el estallido social de octubre del 2019?  ¿Lograron los chilenos canalizar sus demandas por vía institucional?  ¿Qué escenario político enfrentará el nuevo presidente? ¿Cómo será su coexistencia con la Convención Constituyente? ¿Se recompone el mapa político chileno? ¿De dónde viene Boric?

Más allá de los resultados, las elecciones abren varias incógnitas. Una de ellas es explicar cómo la derecha se subordinó a una opción tan extrema. La candidatura de Kast surgió mofándose de la “derecha light”, como llamaba a los partidos de la derecha tradicional, y calificó de cobarde a la gestión de Piñera por “arrodillarse ante la izquierda”. Inicialmente propuso que Chile se saliese de la ONU, y la misoginia y la homofobia fueron parte de su narrativa. Y aunque en segunda vuelta moderó su discurso, su perfil semeja al más duro pinochetismo del cual fue partidario.

Si la derecha tradicional –que decir de la más liberal– fue absorbida por la extrema derecha, la antigua Concertación también perdió protagonismo. Vale en especial para el partido socialista y la democracia cristiana. En suma, las dos grandes coaliciones que protagonizaron la transición pos Pinochet han perdido protagonismo. Han surgido nuevos actores: el Frente Amplio en la izquierda y el partido republicano en la derecha. A dos años del estallido social, se ha reconfigurado la representación política del país y también se opera un recambio generacional.  

El país que asumirá el nuevo gobierno

El nuevo gobierno que asumirá en marzo, enfrentará una economía golpeada por la pandemia con una incipiente y tenaz inflación del entorno del 7% que no destaca en comparación con otros países de la región, pero que preocupa a los chilenos que no la padecían desde hace décadas. Además, durante la pandemia se ha recurrido a la entrega de bonos y subsidios a la población, necesarios pero imposibles de sostener en el tiempo, mientras que la deuda pública se ha elevado considerablemente.

Pero no todo es economía y política. La persistente migración, en su mayoría de la propia región ya representa a cerca del 8% de la población y es uno de los temas de mayor preocupación.  Y por otro lado, la crisis que se vive en la Araucanía y donde el gobierno de Piñera fracasó en toda la línea es otro de los temas candentes para el futuro gobierno. Sin embargo, el proceso de vacunación exitoso que frenó la pandemia da cierto respiro al nuevo gobierno.  

Mientras tanto, el proceso constituyente sigue su paso. La Convención concluirá su trabajo en julio 2022 y luego se llevará a cabo un plebiscito que ratifique el texto final. En la práctica se trata de la elaboración de un nuevo pacto social. En este marco, la mayoría de los convencionales se ubican a la izquierda, aunque están fragmentados en diversas bancadas y, por otro lado, hay una importante representación de los pueblos originarios que representan a 17 de 155.

Nadie duda que el nuevo texto buscará consagrar derechos sociales hoy muy diluidos, como también muchos esperan que el reconocimiento de los pueblos originarios facilite un nuevo trato, en especial en la Araucanía. Otra cosa será la forma de Estado que se proponga (presidencialismo o parlamentarismo).  

Ahora se abrirá una compleja etapa de transición marcada por la probable evaporación de la administración Piñera. Sus partidarios tradicionales lo han abandonado y sus opositores son amplia mayoría. El presidente electo se hará sentir desde ya y a partir de la instalación del nuevo gobierno (11/3) y hasta el plebiscito (probable en septiembre) se abrirá otra etapa que coincidirá con la fase final del proceso constituyente. Por lo tanto, la lucha por el poder no termina con la elección presidencial ya que falta el desenlace del proceso constitucional. Pero es indudable que el gobierno de Boric tendrá una adecuada empatía con el trabajo de la Convención. 

Cerca de las ocho de la noche del domingo, cuando Kast reconocía su derrota llamando a Boric para felicitarle y Piñera hacía lo respectivo en una video llamada trasmitida por todos los canales, en las calles de Chile miles de partidarios de Gabriel Boric, -predominantemente jóvenes- se lanzaban a las calles. El nuevo presidente proviene de las movilizaciones estudiantiles y pertenece a una generación de izquierda pos guerra fría, exenta de los traumas y sin liturgias. Una izquierda conectada con la supervivencia del planeta, la igualdad de género y la superación de las desigualdades sociales y que representa un paso importante en la construcción de la nueva institucionalidad que canalice la protesta social que estalló en octubre del 2019.  

¿Qué hay en un nombre? La deformación institucional en Honduras y Nicaragua

Por
Ariel Sribman Mittelman
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Son gente de poder. No filósofos ni filólogos: son políticos. Suelen tener un dominio limitado del idioma en cuanto dardo portador de belleza, pero gran eficacia a la hora de aprovecharlo como herramienta política. Suelen ser incapaces de escribir un endecasílabo, pero pueden conseguir que millones de ciudadanos acepten la definición que ellos han ideado –estrictamente en atención a su conveniencia– de alguna palabra o concepto.

Así, por ejemplo, con la democracia. La pulsión por redefinir este concepto de acuerdo a las necesidades de cada circunstancia es directamente proporcional a la inconsistencia en su uso. Dicho más sencillamente: cada vez que un político se llena la boca de democracia crecen las contradicciones y se entiende menos a qué se está refiriendo con ese término. Algunos simulan comprenderlo, porque aspiran a saturar la palabra “democracia” con un contenido ético, despreocupándose de que eso implique vaciarla de contenido técnico-político. Es decir, consideran que democracia equivale a bien; todo lo que suene a bien cabe dentro de la democracia. Puede ser un método (como las elecciones), puede ser un valor (como la igualdad), puede ser un sistema (como la división de poderes), puede ser un símbolo (como la república).

Algo similar ocurre con la soberanía. En algún momento de la historia significó algo. Significó una cosa: una sola, clara y muy concreta. Sin embargo, quien lea escritos sobre soberanía publicados en el siglo XXI y luego se acerque a Jean Bodin, padre del concepto moderno en el siglo XVI, sufrirá una especie de colapso térmico. En términos generales podemos decir que la soberanía pasó de ser la descripción de una sencilla circunstancia, a saber, que un actor ostenta más poder que otro; pasó de ahí a representar con estupefaciente grado de abstracción las aspiraciones de dignidad de cualquier grupo que se autoperciba como oprimido.

No casualmente, los conceptos que se estiran como chicles en las políticas bocas son los que acaban remitiendo al poder del pueblo. Es decir, los que sirven para adularlo. Democracia: la potestad del pueblo para decidir. Soberanía: la dignidad del pueblo frente a poderes que pretenden oprimirlo. Los ejemplos podrían seguir hasta el empacho.

A partir de esta idea general se puede abordar una gran variedad de eventos políticos recogidos cotidianamente por medios de todo el mundo. En este caso, veamos qué ocurrió en Nicaragua y en Honduras, con apenas unas semanas de diferencia.

Primer acto: Nicaragua, 25 de octubre de 2021. Daniel Ortega nombra a su esposa y vicepresidente, Rosario Murillo, co-presidente. Es decir, la eleva a rango presidencial. Sin embargo, se trata de una operación meramente discursiva: el cargo de co-presidente no existe ni se puede crear sin reformar la constitución. Más aún: ni siquiera virtualmente recibe Murillo las atribuciones del presidente. Usemos, ahora sí, la palabra soberanía en toda su potencia: entre Ortega y Murillo, la relación de soberanía, el resayo de poder, se inclina forzosamente a favor del presidente. La co-presidencia son las deslumbrantes galas de una reina desnuda.

Segundo acto: Honduras, 28 de noviembre de 2021. Las elecciones presidenciales son ganadas por una coalición: presidente de un partido, primer designado presidencial (equivalente a vicepresidente) de otro. Nadie habla de co-presidencias ni pone en duda las jerarquías formales: primero, la presidente; por debajo, los vices. Sin embargo, Salvador Nasralla, primer designado presidencial de la fórmula electoral ganadora, no se demoró en marcar territorio: “Tomaremos las decisiones junto a [la presidente] Xiomara, estaremos en el poder porque no seremos designados como en los partidos tradicionales. (…) no vamos a ser figuras decorativas, nosotros vamos a estar acuerpando las decisiones y participando en las decisiones que el gobierno va a realizar a partir del 27 de enero”, aseguró el vice a El Heraldo.

Puesto que nos hemos situado entre bastidores, recurramos al gran maestro inglés del género. “What’s in a name?”, se preguntaba Shakespeare haciendo vibrar la voz de Julieta. ¿Qué hay en un nombre? Y seguía: “Eso que llamamos rosa, lo mismo perfumaría con otra designación” (en traducción de Matías de Velasco y Rojas, Marqués de Dos Hermanas). Es decir: los nombres dan igual; lo que importa son las realidades que representan. Romeo seguiría siendo Romeo aunque no llevara el proscrito Montesco por apellido.

¿Funciona esa idea si la bajamos de las tablas al prosaico escenario político? Recordemos: los políticos usan las palabras como bombas que caen tosca y verticalmente, causando gran estruendo; no como dardos que se deslizan grácil, silenciosa, horizontalmente por el aire. El “¿Qué hay en un nombre?” hilado con finura de Capuleto se transforma en la arena política en un basto “¡qué más da, si nos entendemos!”.

“Pues da”, respondió sabiamente Lázaro Carreter. No lo escribió pensando en las instituciones políticas, pero a ellas se puede aplicar tan cabalmente como a cualquier otra esfera de nuestras sociedades. Por lo mismo que resulta peligroso confundir democracia a secas con democracia liberal, y ésta con Estado de Derecho; por eso mismo es riesgoso confundir vicepresidencia con co-presidencia, y ésta con designación presidencial. ¿Y cuál es ese motivo? Que tales confusiones no son azarosas ni inocentes. Son bombas toscas y verticales, pero también eficaces y estruendosas. Lo único que nos protege de los abusos del poder son las instituciones. Si se alteran los significados de las instituciones y sus contornos, si se desprecian las palabras que marcan sus límites, que se produzcan abusos de poder es mera cuestión de tiempo.

Las declaraciones antes citadas de Salvador Nasralla son un temible ejemplo. Reiterémoslas: “Tomaremos las decisiones junto a [la presidente] Xiomara, estaremos en el poder porque no seremos designados como en los partidos tradicionales. (…) no vamos a ser figuras decorativas, nosotros vamos a estar acuerpando las decisiones y participando en las decisiones que el gobierno va a realizar a partir del 27 de enero”.

¿Habrá reparado Nasralla en el artículo 235 de la Constitución hondureña? “La titularidad del Poder Ejecutivo la ejerce en representación y para beneficio del pueblo el Presidente, y en su defecto, los Designados a la Presidencia de la República”. Solamente en defecto del Presidente. Mientras hay Presidente, los Designados no ejercen el Poder Ejecutivo.

¿Qué más da?, se preguntará Nasralla. Es la misma pregunta que se habrá hecho Daniel Ortega al nombrar co-presidente a Rosario Murillo. Honduras y Nicaragua se encuentran en los puestos más bajos de todos los índices de calidad democrática. Dicho de otra manera: pues da. Y tanto que da.

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Migrar no es un delito

Por
Mairene Tobón Ospino
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El pasado 12 de diciembre, en un desesperado intento por llegar a Estados Unidos, 56 migrantes centroamericanos murieron en una carretera de Chiapas, México tras volcar el camión donde clandestinamente se desplazaban. Entre las víctimas que viajaban hacinadas y sin ventilación había jóvenes, adultos y familias completas con niños y niñas. Esta historia, sin embargo, es una más de las tantas que se repiten frecuentemente ya sea en camión, en tren o en balsa. Cada año cientos de personas pierden la vida tratando de migrar a otro país.

Desde 2014 más de 45 mil personas han muerto en proceso de migración internacional, según datos del programa Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de las Migraciones. Las rutas de la migración en las Américas son las más mortales y una de las peores es la frontera entre México y Estados Unidos, con 5815 decesos.

Aunque migrar es un derecho humano, las restrictivas políticas migratorias de los países obligan a las personas, que no cumplen con los requisitos para solicitar una visa, a someterse a peligrosos recorridos en la búsqueda de una vida mejor. Hoy, cuando conmemoramos el día internacional de las personas migrantes queremos hacer un llamado a la reflexión sobre el fenómeno migratorio en la región, la gestión migratoria y la necesidad de proteger la vida de estas personas.

El derecho a migrar y las políticas migratorias

Se estima que 281 millones de personas en el mundo son migrantes internacionales. Es decir, cerca del 3.6% de la población mundial. Pese a que se habla con frecuencia de una crisis migratoria, la verdad es que en términos porcentuales la cifra se ha mantenido relativamente estable durante los últimos 20 años.

En Latinoamérica y el Caribe se encuentra el 14.8% de los migrantes internacionales. Un reto mayúsculo para la gestión migratoria y la protección de sus derechos fundamentales.

Aunque desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce “el derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, la libre circulación está supeditada a la protección de Estado-Nación que se configura en políticas migratorias.

El principal problema es la securitización de las políticas migratorias que, en muchos casos percibe a las personas migrantes como una amenaza para la seguridad nacional y deja en segundo plano los derechos humanos. Desde esta óptica, aquellas medidas que buscan preservar el orden, además de necesarias se encuentran plenamente justificadas.

Tal fue el caso de los 59 venezolanos expulsados de Colombia en 2019, a quienes se les atribuía la responsabilidad de protagonizar hechos vandálicos en Bogotá durante las protestas sociales de ese año.. Nueve de ellos emprendieron acciones legales debido a las arbitrariedades de la autoridad migratoria durante el proceso de expulsión. Entre ellas, el hecho de ser abandonados en medio del Río Orinoco.

En este sentido, luego de un complejo proceso legal, la Corte Constitucional se ha pronunciado al encontrar que se vulneró el debido proceso y la dignidad humana, por lo cual dictó medidas para revocar la expulsión de siete de ellos y evitar la repetición de las irregularidades encontradas en el caso. Pese a lo positivo del fallo, esta situación deja en evidencia una forma de criminalización de la migración y los riesgos de situar la seguridad  por encima del derecho de las personas migrantes.

Otro ejemplo de los retos estructurales de la población en materia de política migratoria es la ausencia del enfoque de género, de niñez. Acciones tan alarmantes como la deportación de mujeres embarazadas de origen haitiano cuando asisten a centros de salud y hospitales en República Dominicana no pueden pasar inadvertidas. Tampoco, los silencios sobre la niñez víctima de la violencia e intersecciones en complejos contextos migratorios. Las múltiples capas de derechos en la gestión migratoria deben ser visibles y rectoras en las políticas públicas.

Migrar en tiempos de pandemia

Si bien la pandemia afectó a todos, los migrantes -como otras poblaciones vulnerables- enfrentaron mayores dificultades. Las medidas de contención ante la emergencia sanitaria adoptadas por los países fue solo una de ellas. El cierre de fronteras y el aislamiento prolongado para contener la propagación del virus, dejó a miles de personas en una situación aún peor.

Además, sin la posibilidad de retornar a sus países de origen o culminar el viaje, esta población fue condenada a condiciones de vulnerabilidad extrema. La condición migratoria irregular, en muchos casos, limitó el acceso a la vacunación o servicios de salud, que priorizaban a los nacionales o personas regularizadas. La precaria situación de estas personas, exacerbó los discursos de odio y las narrativas sobre el peligro de salud pública que representaba esta población.

En resumen, los migrantes han sido víctimas de múltiples formas de violencias que no distinguían edad o género vinculadas a la xenofobia y la discriminación. En este sentido, los Estados asociados al MERCOSUR respondieron con una declaración de compromiso para aumentar los esfuerzos de atención a sus necesidades y, particularmente para evitar la discriminación contra esta población bajo una premisa necesaria “Nadie ha de quedar relegado, y ningún derecho humano desatendido”

Día Internacional de las Personas Migrantes: un llamado a la acción

Desde el año 2016, en el marco de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 18 de diciembre como el Día Internacional de las Personas Migrantes. Con esto se busca exponer la multiplicidad de retos a los que se enfrentan, las lecciones aprendidas por los países de acogida y sobre todo las oportunidades de cooperación para fortalecer la gestión migratoria de una forma segura, ordenada y regular.

En ese sentido, la declaración reconoce los aportes de la población migrante y la necesidad de proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos de las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio. Esto impulsó la idea de contribuir a lo que conocemos hoy como el Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, un esfuerzo intergubernamental adoptado por más de 150 países en 2018.

Vale la pena recordar que muchas de estar personas migran obligadas por las condiciones de sus países de origen por lo que hablar de migración y derechos siempre será complejo. Criminalizar la migración no la detiene, solo expone a mayores peligros la vida de las personas migrantes. El llamado al unísono es para los gobiernos con el fin de garantizar los derechos humanos en la gestión migratoria.

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América Latina y la competencia global por capital humano

Por
José de la Torre Ugarte
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Coautor Diego Salazar-Morales

Mientras que en el mundo desarrollado crece la competencia global por atraer capital humano calificado, muchos países de América Latina experimentan grandes pérdidas anualmente. Cerca de la mitad de las empresas en la región tienen dificultades para encontrar personal calificado a comparación de un 35% de países miembros de la OECD.  Esta situación, en el mediano y largo plazo, tendrá serias consecuencias para la competitividad de los países de la región.

En los últimos años, diversos países de Europa y América del Norte se han enfrascado en una lucha frontal por atraer talento internacional. La Oficina de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá mencionó que el país requiere alrededor de 400 mil inmigrantes calificados y ha otorgado, recientemente, cerca de 90 mil residencias permanentes para estudiantes.

En 2020, Alemania aprobó su nueva Ley de Inmigración que facilita la llegada de personal con estudios técnicos y universitarios. Y en el Reino Unido, tras el Brexit y el éxodo de cerca de un millón de trabajadores, el primer ministro, Boris Jonhson, ha anunciado e implementado visado para personas graduadas de universidades top globales y ha reformado su sistema de inmigración enfocándolo en atraer “talento global”.

Los cambios demográficos presionan cada vez más a los países ricos para requerir grandes cantidades de capital humano ¿Qué rol ocupa América Latina en esta lucha global por el talento?

América Latina subsidia a los países ricos

Casi todos los países de ingreso medio y alto de América Latina cuentan con esquemas de becas para que jóvenes talentosos puedan capacitarse en universidades extranjeras con el objetivo de retornar e implementar dichos conocimientos en sus países de origen. Sin embargo, en la práctica, en muchos casos estos esquemas han subvencionado a los países más ricos del norte global que se terminan quedando con el personal capacitado.

Sólo en EE. UU. la aplicación de visas provenientes de personal altamente calificado de Brasil se incrementó un 30% en el último año mientras que durante el gobierno de Dilma Rousseff más de 100 mil brasileños estudiaron en cerca de 30 países financiados por el Estado. Sin embargo, pocos han retornado y es que para quienes regresan la situación no es nada prometedora dado que no existen plazas suficientes para poder recibir a dicho personal y muchos deben recurrir al subempleo ocupando posiciones para las que se encuentran sobrecalificados

Miles y miles de biólogos, ingenieros o médicos, entre otros, no encuentran en sus países plazas con carreras escalonadas, salarios adecuados o infraestructura para poder desarrollarse profesionalmente. Pero esto no se limita a personal con posgrado, esto también es válido para personal técnico como enfermeras, operarios e inclusive docentes que también deciden comenzar su periplo hacia el norte global.

Inversión que no retorna

Mientras el mundo se mueve hacia una nueva forma de capitalismo del conocimiento, América Latina se ha quedado rezagada. No sólo experimentamos grandes movimientos de emigración de personal mediana y altamente calificado, sino que la imposibilidad de financiar nuevas formas de negocio o innovar mantienen a los países de la región en la trampa de los ingresos medios donde. Si bien es cierto existen algunas rentas (principalmente materias primas) que facilitan ingresos a nuestros países, estas no son suficientes para transitar hacia la categoría de país desarrollado. Hace falta utilizar el conocimiento de nuestro personal calificado y enfocarlo hacia la innovación y fortalecimiento del estado. Mientras tanto, la fuga masiva de personal continúa.

Solo en el Perú, desde el 2005 y hasta antes de la pandemia, más de 150 mil personas emigraban por año, más del doble que durante los años más críticos de los 90’ donde dicha cifra no llegaba a los 75 mil anuales, según el Instituto de Estadística e Informática del Perú. Más de nueve de cada 10 emigrantes son jóvenes de entre los 18 y 35 años con educación secundaria y terciaria. Mientras que, en el caso de Venezuela, el éxodo masivo de los últimos años ha afectado a una proporción enorme de la población y estos jóvenes, en su gran mayoría, no retornarán.

Uno de los efectos de esta fuga masiva de capital humano es que los países tienen menos presión para construir sistemas de retención de personal altamente calificado. Y en el plano privado, la innovación no despega en gran medida debido a la falta de infraestructura adecuada para que esta se materialice.

Y mientras el personal calificado emigra masivamente, nuestros países han comenzado un gradual descenso en las tasas de natalidad, dirigiéndose de a pocos a una trampa productiva donde existirán cada vez menos jóvenes en edad de trabajar y mayores pensionistas, es decir que nuestros países se vuelven cada vez más viejos, pero sin ser ricos, a diferencia de lo que sucede en Europa.

Dicho fenómeno tiene repercusiones económicas importantes dado que en teoría los países de ingresos medios y altos tienen un tiempo limitado para poder transitar hacia economías desarrolladas. Con una capacidad limitada de absorber personal altamente calificado, los países de América Latina continuarán languideciendo debido a la falta de competitividad mientras los costos de vida, incluyendo el precio de los alimentos y otros crecen gradualmente debido a la urbanización y el incremento de los costos de producción.

Por lo tanto, los países de la región ni están a nivel de competir con el nivel de desarrollo tecnológico de países del norte global, ni tampoco se benefician de salarios relativamente bajos para poder competir con países de bajos ingresos con industrias basadas en el uso intensivo de mano de obra. Este es el costo al que se enfrenta América Latina, por exportar, no solo recursos naturales sino también humanos.

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El mundo postcovid-19, ¿nuevo paradigma mundial?

Por
Melany Barragán
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En estas fechas en las que todos comenzamos a hacer balance de lo bueno y lo malo, de los logros y los fracasos, el equipo de Latinoamérica21 no se queda atrás y llega a diciembre evaluando el camino recorrido en los últimos doce meses del año. Después de la sacudida que supuso para todos 2020, L21 comenzó 2021 con una clara apuesta por el crecimiento del proyecto, ampliando tanto sus contenidos como su red de colaboradores y canales de difusión.  

El resultado es cerca de quinientos artículos publicados en el último año, más de un centenar de nuevos expertos incorporados al proyecto -alcanzando la cifra de 270 firmas- y acuerdos de colaboración con 18 medios en América Latina. Asimismo, ha aumentado su presencia en redes y ha generado nuevos contenidos como un podcast donde se abordan temas clave para la región y un boletín semanal donde se incluyen todos los contenidos de la semana. Y para cerrar el año lanzamos una nueva iniciativa que esperamos perpetuar en el tiempo: el anuario de Latinoamérica21.

Bajo el sugerente título, El mundo postcovid-19, ¿nuevo paradigma mundial?, cerca de una treintena de autores reflexionan sobre el impacto de la pandemia en América Latina desde una perspectiva multidisciplinar que aborda las dimensiones de la política, las relaciones internacionales, la economía y la sociedad. Siguiendo el principio que rige la actividad de L21, vinculando a la academia con las grandes audiencias para fortalecer el debate público de la región, esta obra colectiva supone una lectura recomendada para todos aquellos interesados en entender el presente y futuro más cercano de América Latina.

Conscientes de que la crisis de la Covid-19 ha traspasado la frontera de lo estrictamente sanitario para penetrar en prácticamente todas las esferas de la vida pública, a lo largo de veintiséis textos se aborda un amplio abanico de cuestiones como el estado de la democracia en América Latina, el auge de los populismos, la democracia digital, las relaciones internacionales de la región y los proyectos de integración, las políticas de reactivación económica, el cambio climático, las migraciones o la desigualdad.

A lo largo de los distintos artículos, el lector es invitado a reflexionar sobre los cambios que se están produciendo tanto en la región como a nivel global, y sobre si todas estas transformaciones dan lugar a un cambio de paradigma y a una nueva era. Así, por un lado, la instauración de estados de alarma o emergencia han afectado al funcionamiento de la democracia. Pero, además, los efectos colaterales de la crisis sanitaria han afectado las condiciones de gobernabilidad, alterando tanto el orden institucional y político como la continuidad de las normas. Por último, el impacto de la crisis sanitaria también se ha hecho evidente en el contexto socieconómico. Todo ello ha generado que los gobiernos de los cinco continentes hayan debido hacer frente a una situación excepcional que ha cambiado el orden de prioridad de sus políticas, las normas de convivencia y la capacidad de acción de los actores.

Con este telón de fondo, el anuario de L21 pretende contribuir a la discusión y el análisis crítico. En un contexto de desinformación y caos, es cada vez más importante la divulgación responsable y los puentes entre el conocimiento y la opinión pública. En este sentido, el anuario de L21 constituye un foro de debate que trasciende visiones particularistas y abre la puerta a diferentes perspectivas y argumentaciones. Todo ello bajo la premisa de la pluralidad, el conocimiento y la independencia.

Finalmente, debemos resaltar que, ante todo, esto ha sido un trabajo colectivo en el que se han vertido muchos esfuerzos desde diferentes ámbitos e instituciones. En primer lugar, desde L21 se quiere hacer un especial reconocimiento a los expertos que aceptaron nuestra invitación a participar en el proyecto. En segundo lugar, un especial agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer y su Programa Regional Partidos Políticos y Democracia por su implicación en el proyectoy su patrocinio.

De igual modo, es importante resaltar el auspicio de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) y del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL), y el apoyo de la Universidad Diego Portales, el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) y al Programa de Posgrado en Ciencia Política de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (PPGCP-UNIRIO). Y, por supuesto, a todos los lectores que nos han acompañado durante todo este tiempo. Esperamos que sigan ahí en 2022.

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El presidenciable chileno que busca detener y expulsar niños migrantes

Por
Raoní Beltrão do Vale
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José Antonio Kast, el candidato a las elecciones presidenciales por el Partido Republicano de Chile que llegó a la segunda vuelta en primer lugar prometió cercar la frontera, perseguir y capturar inmigrantes irregulares en centros de detención, incluyendo a niñas, niños y adolescentes, mientras se procesa su expulsión del país. Así, además del nombre del partido, Kast también copió las propuestas antiinmigrantes de Donald Trump.

¿Quién es José Kast?

José Antonio Kast Rist tiene 55 años y se presenta como católico y conservador. Empezó en la política en el movimiento estudiantil gremialista y participó de la franja electoral del dictador Augusto Pinochet, en el plebiscito de 1988 y posteriormente fue electo diputado por cuatro mandatos consecutivos. En 2017 ocupó el cuarto puesto en las elecciones presidenciales con 8% de los votos y este 21 de noviembre pasó a la segunda vuelta en primer lugar, con cerca del 28% de los votos.

Es el hijo menor de inmigrantes alemanes ya fallecidos. En el libro “Misión de amor”, su madre, Olga Rist, narró como su padre, Michael Kast, ascendió a suboficial nazi, combatió en varios frentes, obtuvo documentos falsos y cruzó fronteras ilegalmente para huir a Argentina y luego a Chile con ayuda de otro oficial nazi. El candidato negó que su padre fuera adherente del nazismo, pero la prensa reveló los documentos que comprueban que Michael Kast se había afiliado al partido de Adolf Hitler.

Como candidato Kast ha prometido varias medidas polémicas que luego ha retirado debido a las críticas como la salida de Chile de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o eliminar el Ministerio de la Mujer y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Además, ha propuesto subsidios sólo para mujeres casadas y revocar la ley de aborto. Es admirador de Pinochet y amigo del presidente Jair Bolsonaro. Pero una de sus propuestas más radicales es, sin dudas, su política antiinmigración.

“Campos de concentración” para migrantes

Tras su llegada a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump declaró la persecución de cerca de 11 millones de inmigrantes para su detención y expulsión, bajo acusaciones infundadas de que millares cruzaban la frontera con la intención de cometer crímenes. Además del intento fallido del muro, su política de “tolerancia cero” contra la inmigración irregular resultó en la detención de miles de niñas y niños, quienes fueron separados de sus familias.

Los centros de detención de migrantes irregulares, sea en la frontera de Estados Unidos o en el Mediterráneo, han sido repudiados por organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y la ONU. Sin embargo, esta propuesta inspira campañas de extrema derecha en todo el mundo.

José Kast ha propuesto su propia versión del muro de Trump, prometiendo construir una zanja con rejas en la frontera para evitar el cruce irregular de personas. Además, inspirado en otras medidas del expresidente norteamericano, Kast promete el “Estatuto de Expulsión de Inmigrantes Ilegales” y la creación de una unidad de policía especializada en perseguir a personas en situación irregular en todo el territorio nacional.

Los derechos humanos de niñas y niños refugiados y migrantes

En su programa, José Kast promete que las medidas antiinmigración serán realizadas “con especial cuidado de los menores” y “conforme a derecho”. Sin embargo, la mera detención de niños y adolescentes por razones migratorias es una violación de derechos humanos. Los tratados internacionales y las leyes en la materia establecen que se debe observar el principio del interés superior de los niños y adolescentes, además del derecho a no ser separado de su familia. Según datos oficiales, hay decenas de miles de menores en situación migratoria irregular en Chile, miles desacompañados.

Más de seis millones de venezolanos han abandonado su país y en Chile, según cifras oficiales desactualizadas, habría cerca de 500 mil, incluidos centenas de miles de niñas, niños y adolescentes. Desde 2018, la ONU solicita que los Estados protejan al flujo migratorio venezolano, conforme las leyes y tratados sobre refugiados, aplicables a la mayor parte de personas provenientes de ese país.

A lo largo de los últimos años, el presidente Sebastián Piñera ha hecho campaña explotando la crisis de la frontera y asociando la migración a problemas sociales como la delincuencia. El término “Chilezuela” fue la tendencia de las últimas elecciones chilenas, donde Piñera, con el apoyo de Kast, prometió “ordenar la migración” para que Chile no se convirtiera en Venezuela. Sin embargo, su gobierno empeoró la crisis al prometer “visas de responsabilidad democrática” y ayuda humanitaria que en la práctica fueron rechazadas y sin otorgarles tampoco refugio.

La disputa por el nuevo Chile

Chile vive un proceso de transformación social profundo desde el “estallido social” de 2019 que llevó al plebiscito sobre una nueva Constitución de 2020 dónde el 78% de los votantes aprobó iniciar un proceso constituyente. De esa manera el país eligió una Convención Constituyente con mayoría progresista que es pionera en el mundo por la paridad entre mujeres y hombres, además de incluir la representación de los pueblos indígenas.

En las elecciones de este domingo José Kast se enfrentará a Gabriel Boric, diputado por el Frente Amplio que obtuvo cerca de 26% de los votos en la primera vuelta y quien se presenta como un militante de la izquierda democrática que promete ordenar la migración respetando los derechos humanos, de refugiados y migrantes. Según el último sondeo de Atlas Intel, hay un empate técnico pero con un gran número de indecisos.

El próximo presidente asumirá el poder en un país sumergido en una crisis económica y humanitaria pero que busca construir un nuevo modelo social, político y económico a partir de la Constitución. Esperemos que este modelo incluya el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas y la protección de niños y niñas con independencia de su nacionalidad o estatus migratorio.

Kast, Milei y el auge del libertarismo en el Cono Sur

Por
Diego M. Raus
-

Un fantasma está recorriendo América Latina, el libertarismo, o dicho más específicamente, los libertarios. Actualmente, las expresiones políticas absolutamente novedosas del libertarismo en la región la constituyen Javier Milei y su exitosa candidatura parlamentaria en Argentina y José Antonio Kast con su sorpresivo primer puesto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. ¿Son iguales? No. Pero son parecidos, expresan el libertarismo occidental en modo latinoamericano.

Este fenómeno se ha desplegado en los últimos años en el mundo occidental. Se trata de una corriente que en resumidas cuentas incluye un discurso y una interpelación política reactiva a ciertos emergentes del orden global y su correlativo cambio cultural: migraciones, multiculturalismo, ambientalismo, diversidad sexual, individualismo o género. El denominador político común que engloba esas reacciones es el nacionalismo.

Pero en América Latina, la irrupción libertaria se produjo con el auge de Jair Bolsonaro, quien introdujo una intrincada mezcla de conservadurismo sociocultural, neoliberalismo económico y fundamentalismo religioso.

Los rasgos comunes

Milei y Kast son, en primer lugar, neoliberales, es decir creyentes renacidos en la economía de mercado tal cual esta se despliega, y adversarios absolutos de cualquier política de intervención estatal o de redistribución de los ingresos tal cual se llevó a cabo en muchos países de la región en la primera década y media de este siglo. Y, para ambos, esas políticas tienen nombre y apellido: socialismo comunista.

Ambos reposicionan, casi como precepto religioso, la centralidad del individuo y su voluntad racional para llevar adelante su proyecto de vida. El éxito o no solo depende del esfuerzo y la capacidad es decir, meritocracia. Así como pregona el calvinismo para la salvación de las almas, el futuro está predestinado. Quien llegó es por su mérito; quien no por su demérito. Por lo tanto es inútil, costoso y distorsionante intentar modificar la ecuación a través de la política.

América Latina responde, para ellos, a la cultura occidental, racional, moderna, descolectiva, libre. La forma actual de esa cultura occidental es el orden global capitalista en el modo neoliberal, tecnologizada, abierta a todo y geopolíticamente hegemónica.

Las diferencias en el parecido

Ahora bien, Milei y Kast no son lo mismo, o, mejor dicho, expresan formas diversas de lo mismo: su libertarismo. Javier Milei es un economista que se hizo popular a partir de su aparición en programas de TV como comentarista económico, donde puso en juego un estilo argumental provocador, insultante, soez y agresivo. Incluso su apariencia física y de estilo, la cual no modificó, es antiestética y disruptiva de lo que se espera en una figura de la TV primero y de la política después.

La popularidad le abrió la oportunidad para entrar en el juego político. Pero más que pulir su discurso, lo profundizó, tanto ideológica como estilísticamente. Esto, sumado a los insultos y provocaciones le hizo crecer políticamente, y tras candidatearse a diputado nacional se ubicó como tercera fuerza política en la Ciudad de Buenos Aires. Su lema de batalla es la destrucción de la “casta política”.

Javier Milei es un emergente de los sectores medios urbanos, del ascenso social que lleva generaciones en Argentina, no proviene de la elite. Por eso, su estilo discursivo es introyectado rápidamente y permite canalizar el descontento generalizado, sobre todo de los jóvenes. Su programa es simple: economía de mercado, individuo y mérito y no hay ningún otro fundamento sociológico, cultural o ideológico. La vida fluye y lo único que la política debe proteger es la libre decisión, voluntad e iniciativa individual.

La versión chilena del libertarismo

Chile es el primer experimento neoliberal de América Latina. Esto, sumado al disciplinamiento social, producto de la brutalidad de la dictadura que duró 17 años, modificaron la estructura social y los patrones culturales del país.

José Antonio Kast es un emergente del cambio económico y social que devino estructural luego de la dictadura de Pinochet. Es la nueva clase alta chilena (al comienzo de la transición democrática se los denominaba los pinorich), la clase económica absolutamente dominante y enriquecida del otrora denominado “milagro chileno”.

Esta nueva burguesía, dueña de todos los resortes económicos de Chile, se alió con el tradicional patriciado chileno, la clase alta tradicional, estamental, rectora de la vida chilena hasta prácticamente Allende. Una clase referencia, dado el tradicionalismo de la sociedad chilena, pero ya desposeída de la gran riqueza, más aún luego de las reformas estructurales de 1982-1984.

En este marco Kast expresa la nueva riqueza, por eso es un férreo defensor del capitalismo neoliberal, pero también la alianza de clase con el patriciado chileno. Recogiendo los valores de este último se entiende en el discurso de Kast su devoción por las tradiciones normativas y su absoluto rechazo a cambios socioculturales como la paridad de género, el aborto, la diversidad sexual o la mezcla racial.

En ese contexto luce un discurso pulido, conservador, claro, acompañado por una imagen pulcra, serena y elegante. Su estilo referencia a una clase segura de sí misma y que se autoconsidera rectora de una sociedad occidental, civilizada y pujante. La síntesis, o el cemento político de esa alianza de clases, lo constituye la defensa religiosa del pinochetismo y la necesidad política de velar por su legado.

Más allá de las semejanzas y diferencias, Milei y Kast son dos de los principales libertarios emergentes en América Latina y dos referentes de la política alternativa más reciente y novedosa que despliega el mundo occidental.

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Somos una región desigual y discriminatoria

Por
María Villarreal
-

¿Sabías que una mujer que nace en una comuna pobre de Santiago de Chile tiene una esperanza de vida de hasta 18 años menos que otra nacida en una zona con mayores recursos? Un estudio reciente afirma, además, que esta diferencia puede llegar a 9 años entre los hombres y que las desigualdades en la región más urbana del mundo, afectan con más fuerza a los habitantes de las grandes periferias, favelas o villas miserias.

La desigualdad y la discriminación son dos rasgos estructurales de América Latina. Aunque hay países más desiguales como Chile, México y Brasil, y otros menos desiguales como Uruguay y Argentina, en todos hay concentración de poder y riqueza, así como grupos discriminados. Esto constituye un serio obstáculo para la democracia en la región.

Causas de la desigualdad y la discriminación

La desigualdad y la discriminación en América Latina se explican por factores como el legado colonial, la asimétrica distribución de la tierra y la riqueza, la vigencia del modelo de desarrollo extractivista, los sistemas tributarios regresivos y problemas sociales como el machismo, el racismo o la homofobia. Esto provoca que las personas no tengan las mismas oportunidades.

Existen diversas formas de analizar la desigualdad, una de ellas es distinguir entre desigualdades verticales y horizontales. Las primeras son las existentes al interior de los grupos, basadas en las diferencias de ingresos o riqueza. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en promedio el 10% más rico de la región captura casi la mitad de los ingresos nacionales, mientras que el 1%, más rico acumula más de la quinta parte.

Por otro lado, las desigualdades horizontales explican las diferencias entre grupos, basadas en el género, etnia o raza, orientación sexual, etc. Sin embargo, todas estas se combinan y refuerzan entre sí y se expresan en las diferencias de acceso a servicios públicos y a la representación política, o en las diversas capacidades de influencia en las decisiones públicas.

En América Latina la pobreza tiene género, color, edad y concentración territorial. La pobreza e indigencia es más elevada entre los pueblos indígenas y la población afrodescendiente, y especialmente acentuada entre la población femenina y rural perteneciente a esos grupos. Mientras que la incidencia de la pobreza es mayor en la infancia y la adolescencia.

Por otro lado, la discriminación implica un trato perjudicial reservado a grupos o a individuos en función de su género, etnia o raza, nacionalidad, ideas políticas o religión. Las discriminaciones también son múltiples y se retroalimentan a partir de identidades coexistentes y sistemas de opresión como el patriarcado, el racismo o la homofobia. En el caso de América Latina, las mujeres tienden a sufrir múltiples formas de discriminación por razones de género y otras formas de discriminación si son pobres, negras, indígenas, lesbianas o migrantes.

El impacto de la pandemia

Aunque estos fenómenos no son una novedad, se han agravado durante la pandemia de Covid-19. A pesar de los avances alcanzados en las últimas décadas, como la reducción generalizada de la desigualdad de ingresos y de la mejoría de los indicadores sociales, América Latina está experimentando diversos retrocesos.

Según la CEPAL, debido a la pandemia, y pese a las medidas tomadas para enfrentarla y combatir sus efectos negativos, la pobreza y la extrema pobreza han alcanzado niveles récord. En 2020, 209 millones de latinoamericanos se encontraban en situación de pobreza y 78 millones en extrema pobreza. Paradójicamente, según Oxfam, en 2020 «la fortuna de los 73 milmillonarios de América Latina aumentó en 48.200 millones de dólares desde el comienzo de la pandemia”.

Según el Latinobarómetro (2021), poco más de la cuarta parte de los latinoamericanos considera que la desigualdad en su país es completamente inaceptable y un 16% señala que es aceptable, mientras que sólo el 9% cree que es completamente aceptable. En este marco, los latinoamericanos creen que las peores desigualdades se expresan en el acceso a los servicios de salud, en las oportunidades de educación y trabajo, y en las diferencias ante la justicia.

Además, más de uno de cada cuatro latinoamericanos se siente parte de un grupo discriminado y los países con mayores índices son Brasil, Chile, Bolivia y Argentina, mientras que los grupos mayormente discriminados son los pobres, indígenas, afrodescendientes y homosexuales. Sin embargo, en un contexto de mayor movilidad humana, los inmigrantes aparecen también como un grupo crecientemente discriminado —sobre todo en República Dominicana, Costa Rica y Chile— pero con importantes diferencias entre países.

La democracia significa más que elecciones libres

Consolidar la democracia en América Latina no será posible sin resolver los problemas de desigualdad y discriminación de la región. La democracia es, con efecto, el gobierno de la mayoría con el respeto a los derechos de las minorías y, de acuerdo con autores como Norberto Bobbio, los valores últimos en los que se inspira son la igualdad y la libertad.

A pesar de sus múltiples transformaciones y promesas no cumplidas, la democracia no debe ser vista como un fin en sí misma, sino como el inicio de un camino donde lo que debe prevalecer son los intereses del conjunto de la sociedad. Además, de acuerdo con el PNUD, existen vínculos directos entre la desigualdad y el bajo crecimiento, por lo que la desigualdad supone no solamente un obstáculo para alcanzar una democracia plena, sino también un lastre para el progreso de América Latina.

En un contexto en que las consecuencias de la pandemia amenazan con profundizar estos problemas y el malestar y las protestas de la ciudadanía, es fundamental generar nuevos pactos sociales que conviertan a nuestras sociedades en lugares más justos e inclusivos. En este proceso, la construcción de un verdadero Estado de bienestar y la transformación de nuestro actual modelo de desarrollo son tareas urgentes.

La presencia militar china en Latinoamérica

Por
Robert Evan Ellis
-

La instalación de una base de comunicaciones espaciales de la República Popular China en Neuquén, Argentina, en 2017 operada por personal militar, es una muestra de que la potencia asiática construirá, con cautela, instalaciones militares en suelo extranjero cuando las necesidades estratégicas lo requieran.

El componente militar chino en apoyo a la expansión económica liderado por las empresas estatales chinas ha avanzado con cautela durante mucho tiempo. Pero algunos expertos han anticipado el inminente establecimiento de una base por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL) en Panamá, desde que la empresa china Hutchison Whampoa ganó concesiones para operar dos puertos allí en 1999, o en El Salvador, desde el anuncio de los planes chinos para un megaproyecto en La Unión.

Debido a la dependencia de China de las potencias establecidas como Estados Unidos y la Unión Europea para acceder a los mercados y la tecnología, el país asiático ha evitado, en general, establecer alianzas y bases militares formales, particularmente en regiones del mundo como el hemisferio occidental y en zonas donde Estados Unidos es sensible a la presencia china y donde el EPL aún no tiene la capacidad para defender efectivamente tales bases.

No obstante, en sus Libros Blancos de 2015 y 2019 sobre la estrategia de defensa, las Fuerzas Armadas chinas reconocen explícitamente la importancia del compromiso militar global en apoyo de la creciente presencia comercial de China en el mundo. Las operaciones de contrapiratería de la Armada del EPL frente a las costas de África desde 2009, y el establecimiento en 2017 de una base militar en Djibouti, estratégicamente ubicada en las proximidades del Canal de Suez, son una muestra de la tendencia del ejército chino por expandir sus fuerzas armadas en el extranjero.

El avance estratégico chino en Argentina

Además de la base de comunicaciones espaciales en Neuquén, China tiene actualmente interés en construir y posiblemente operar una «base logística» antártica en Ushuaia, en el extremo sur de Argentina. Esto genera preocupación porque es muy consistente con la lógica y el patrón del avance del EPL en la expansión de su alcance estratégico global. El proyecto costaría 300 millones de dólares y en principio podría ser financiado por China. Aunque como señaló el entonces jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el Almirante Craig Faller al visitar el área, la pregunta es quién lo opera.

En términos comerciales, la flota pesquera de aguas profundas china mantiene una presencia regular en las aguas cercanas del Atlántico Sur, y a veces dentro de la Zona Económica Exclusiva de Argentina. Con respecto al petróleo y los minerales, aunque China ha sido técnicamente signataria desde 1983 del Tratado Antártico de 1959 que prohíbe reclamos territoriales en el continente, y como consecuencia, su explotación comercial, el tratado se vuelve modificable en 2048. De hecho, en octubre de 2021, en la reunión del G20 en Roma, los Ministros de Relaciones Exteriores de Argentina y China firmaron un acuerdo de cooperación para la explotación de la región antártica y los océanos circundantes.

En términos militares, la República Popular China ha mostrado un interés creciente en la Antártida. Desde 1984 mantiene presencia allí y actualmente tiene cuatro bases de investigación, incluida una en el área correspondiente al reclamo histórico de Argentina.

En 2013, un grupo de trabajo naval chino que incluía dos fragatas de misiles de la Armada viajó a la región y realizó ejercicios militares con sus pares de Chile, antes de pasar por las difíciles aguas del Estrecho de Magallanes, y luego realizar escalas en puertos tanto en Argentina como en Brasil. El rompehielos Xue Long II de la Armada del EPL realizó su primer viaje a la Antártida en noviembre de 2019 y también está en conversaciones con Chile para acceder a Punta Arenas para apoyar el reabastecimiento de sus bases antárticas desde allí.

La construcción y operación de una base logística polar en Ushuaia se ajusta al patrón de la Armada china para expandir su presencia global de múltiples maneras. En primer lugar, una base de este tipo respaldaría el acceso de China a un área de interés. Al igual que con la base de China en Djibouti, el establecimiento de una instalación aparentemente comercial en el extremo sur de Argentina le daría al EPL una negación plausible de sus intenciones militares. También el impacto en los Estados Unidos se limitaría por su distancia respecto a este país, y tendría la ventaja de realizarse en un área donde China ya tiene una presencia comercial y estratégica significativa.

¿Qué implicaciones tiene la presencia militar China en Latinoamérica?

Por el momento, el gobierno de Argentina ha intentado dar garantías de que no está avanzando en la instalación de una base controlada por China en Ushuaia, pero las implicaciones estratégicas de tal presencia no deben tomarse a la ligera. Desde un punto de vista estratégico, la perspectiva de que China controle el tránsito del Atlántico al Pacífico a través del Estrecho de Magallanes o el Paso Drake en tiempo de conflicto sería importante, particularmente si la potencia pudiera cerrar el Canal de Panamá en el contexto de una guerra como la potencialmente desatada por su intento de incorporar por la fuerza a Taiwán.

Para los británicos, la presencia de China se sumaría a la amenaza que representa Argentina para las islas Falkland / Malvinas, aumentada por la adquisición programada de aviones de combate chinos FC-1 por parte de Argentina.

La aparente pausa en la incorporación de China a la base planeada en Ushuaia no representa el fin de la amenaza mientras continúen creciendo las capacidades de proyección de poder naval del EPL y mientras el gobierno argentino continúe estrechando el vínculo con China en términos comerciales, financieros y políticos. La zona conocida como el «fin del mundo» puede estar geográficamente lejos de Washington, pero el impacto en Estados Unidos y la región de las decisiones que allí se tomen con respecto a China no es menor.

*Columna inicialmente publicada en el portal de la REDCAEM.

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