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Una región, todas las voces

Cinco elecciones en un mes

Por
Sebastian Grundberger
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Coautor Ángel Arellano

Solamente en noviembre del 2021, América Latina tendrá cinco procesos electorales, en contextos que difieren mucho uno del otro. Nicaragua tendrá elecciones generales, Argentina legislativas de mitad de período, Chile generales, Venezuela regionales/municipales y Honduras generales.

Dos de estas convocatorias, la nicaragüense y la venezolana son procesos minados de críticas por parte de diversas instituciones internacionales. De tal manera, esta agenda electoral tendrá la oportunidad de traer renovación en algunos países mientras que en otros debemos acudir a una ratificación del régimen existente.

América Latina es hoy pista de aterrizaje de diversos proyectos de inversión de potencias no democráticas —China y Rusia a la vanguardia— que han puesto este vecindario dentro de sus prioridades de expansión. Por ello, mirar con atención los procesos electorales en la región reviste relevancia desde el punto de vista del fortalecimiento de las democracias, de los partidos políticos y la convivencia plural.

Nicaragua (generales): domingo 7 de noviembre

El domingo 7 de noviembre los nicaragüenses han sido convocados a votar en unas elecciones intensamente criticadas. En los comicios se votan 92 diputados nacionales, siendo 70 para la Asamblea Nacional de Nicaragua y 20 para el Parlamento Centroamericano. Es una elección (o mejor dicho, una votación) de ratificación, no de renovación del gobierno, ya que la posibilidad de alternancia en el poder no está presente porque la oposición fue proscrita mediante sucesivos arrestos a los candidatos, ordenados desde el despacho del presidente Daniel Ortega. De igual manera, el Consejo Supremo Electoral retiró la personería jurídica a varios partidos de oposición.

Argentina (legislativas): domingo 14 de noviembre

Luego de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del pasado mes de setiembre —en las que el gobierno del peronista Alberto Fernández y su coalición Frente de Todos sufrieron una derrota notable en la mayoría de los distritos y hubo un repunte de la coalición opositora Juntos por el Cambio—, el oficialismo ha tenido que afrontar diversas crisis, con renuncia de ministros y fuertes divergencias dentro del peronismo. Tras una reconfiguración del gabinete y un relanzamiento de la gestión, el panorama luce incierto y poco alentador para el gobierno. La aprobación presidencial no ha mejorado y abundan críticas, como las referidas a las dificultades de acceso a la información pública.

Argentina vive un clima socioeconómico delicado: 50 % de su población está en condiciones de pobreza y hay pocas expectativas de un repunte económico en el horizonte. Esta elección legislativa, como toda prueba a mitad del camino, será determinante para el futuro del gobierno de Fernández y de la alternativa opositora.

Chile (generales): domingo 21 de noviembre

En estos comicios generales, Chile elegirá un nuevo presidente, 155 escaños en la Cámara de Diputados y 27 de los 50 senadores. La elección se celebrará en medio de un clima político enrarecido. Los tumultos durante las protestas por el segundo aniversario del estallido social, el pasado 18 de octubre, han demostrado que los fantasmas de la violencia no han desaparecido del todo de las calles.

Según las encuestas, este escenario parece favorecer a la candidatura del derechista José Antonio Kast, a quien muchos consideraban demasiado extremo para tener una opción de ganar las elecciones. Todo indica que su contrincante en la segunda vuelta en diciembre será el izquierdista Gabriel Boric, cuya candidatura aglutina a muchos de los movimientos sociales detrás del estallido social y su coalición electoral incluye fuerzas de extrema izquierda que contrarrestan la imagen conciliadora y dialogante que cultiva el joven candidato.

La polarización entre Boric y Kast, ha dejado en el camino a los candidatos de los bloques tradicionales, de la ex-Concertación y la ex-Alianza por Chile, la demócrata cristiana Yasna Provoste y el independiente Sebastián Sichel, ambos lejos de Kast y Boric en las encuestas.

La elección chilena cobra especial relevancia en el contexto de la Convención Constitucional, dominada por fuerzas de izquierda, que está en proceso de elaboración de una nueva carta magna. El nuevo Congreso tendrá que coexistir con esta inédita Convención y ello puede traer consigo incertidumbres institucionales.

Venezuela (regionales y municipales): domingo 21 de noviembre

Hace pocos meses, la oposición al régimen de Nicolás Maduro y su  Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), congregada en la coalición Unidad Democrática, decidió participar de estas elecciones. Ello ocurrió tras una renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, en la que se incorporaron dos (de los cinco) rectores no afines al oficialismo.

La entrada de dirigentes opositores a la arena electoral incrementó la cantidad de opciones políticas y estimuló la movilización en regiones y municipios. Sin embargo, las 24 gobernaciones y las 335 alcaldías en juego, de las cuales la oposición hoy posee 4 y 30 respectivamente, cuentan con muy baja capacidad de autonomía para la gestión gubernamental, vaciadas de atribuciones y recursos durante los 22 años que lleva el régimen chavista en el poder. De tal manera que la pugna en esta elección no es por los espacios locales sino por ganarle terreno al PSUV.

Honduras (generales): domingo 28 de noviembre

La democracia hondureña tiene la prueba de renovar sus autoridades políticas en una elección general que comprende al presidente, la totalidad del Congreso (128 diputados), los 20 representantes del país al Parlamento Centroamericano y 298 alcaldes y vicealcaldes. La batalla presidencial se librará entre el oficialista Nasry Asfura y Xiomara Castro, la esposa del ex-presidente izquierdista Manuel Zelaya.

El desafío más importante será lograr el reconocimiento general de los resultados, ante una débil institucionalidad electoral y el avance del desprestigio de la actividad política. A esa consigna se han sumado representantes de organismos multilaterales en el país, como la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que llamó a respetar los resultados ante el tenso clima político.

Las elecciones en regímenes no democráticos y la atención externa

Si bien falta camino por recorrer en la construcción y consolidación de muchas de las democracias latinoamericanas, la situación actual amerita una reflexión sobre los regímenes autoritarios hegemónicos que convocan una votación —no una elección—, para ratificar su existencia y mostrar algún atisbo de democracia aunque sea en un contexto de total cooptación de las instituciones.

Será particularmente importante la reacción de Occidente a estos acontecimientos electorales. China y Rusia, que no tienen interés en elecciones democráticas pero sí intereses en la región, también estarán atentas, no solo a esos dos resultados sino al de las cinco elecciones. Lo cierto es que no solamente América Latina mirará con atención las lecciones que dejará el noviembre electoral.

*Texto publicado iriginalmente en Diálogo Político

Ángel Arellano es Doctor en ciencia política, magíster en estudios políticos con especialización en gobierno y gerencia, y periodista. Coordinador de proyectos en la Fundación Konrad Adenauer, oficina Uruguay y coordinador de la redacción de Diálogo Político.

Latinoamericanizar a Cuba

Por
Johanna Cilano Pelaez
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Coautor Armando Chaguaceda

El universo de los análisis y opiniones sobre Cuba en Latinoamérica oscila entre la incomprensión, la ausencia y la romantización. Para algunos, el cubano es un caso “demasiado raro”, al que no podemos entender con ninguna categoría de la ciencia social al uso. Según otros, es “una pequeña Isla insignificante” que no vale la pena analizar. No falta quienes idealizan al “modelo cubano” como “una democracia diferente, superior, popular”.

Pero el caso cubano es perfectamente comprensible, analizable y comparable, en relación con el contexto regional. Buena parte de las democracias latinoamericanas están limitadas por la violencia criminal, la desigualdad social y la corrupción política de sus élites, pero en la región la gente cambia periódicamente a sus gobernantes, se organiza, expresa y protesta para influir en la política gubernamental. Desde el fin de las dictaduras militares de derecha, los ciudadanos han cambiado la composición de sus gobiernos y la orientación de sus políticas. La alternancia de gobiernos (y olas) neoliberales y progresistas lo demuestra.

Por su parte, Cuba vive, desde hace 61 años, bajo un régimen político de tipo soviético -hoy en una fase postotalitaria- que consagra el monopartidismo, la ideología de Estado, el control estatal de la economía, la educación y los medios masivos, así como el accionar extendido de una poderosa policía política como elementos de control social. Dicho régimen no ha admitido ni una transición democrática ni serios cambios intrasistémicos.

En Latinoamérica las élites están ideológicamente divididas entre sectores conservadores, reformistas y radicales; también entre segmentos empresariales y políticos. Se confrontan en el campo político, con disputas y alianzas con los sectores medios y populares. En Cuba, “la élite” está fusionada dentro de un grupo social y un aparato del Estado que es, por su omnipresencia, el principal responsable de la violencia, la desigualdad y la corrupción. Ni siquiera las diferencias de agenda que pueden existir en su seno pueden expresarse, impidiendo a la ciudadanía la posibilidad siquiera de elegir entre modalidades distintas de gobernanza autoritaria. El sujeto popular, tan invocado por el socialismo, está más desempoderado en Cuba -en el derecho a reclamar sus derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos- que en la mayoría de las naciones vecinas.

Ese orden autoritario fue sacudido el pasado 11 de julio (11J) durante las mayores protestas en la historia de Cuba. Estas tienen de trasfondo una severa crisis, donde se combinan la debacle del modelo económico estatista, el impacto brutal de la pandemia y las sanciones de EUA. A todo ello se sumó la tarea de Ordenamiento económico, una suerte de política de ajuste estructural que agudizó las condiciones de pobreza, desigualdad y escasez, mientras el gobierno privilegiaba la acumulación de divisas -abriendo tiendas de productos de primera necesidad en dólares- y una expansión de la inversión inmobiliaria que superó 50 veces -según fuentes oficiales- al gasto social.

Si bien tras las protestas el Estado mantiene el control del país, la crisis y el agravio social continúan. Las manifestaciones de descontento, en el espacio público físico y virtual no cesan. Existen una diversidad de grupos organizados para el acompañamiento a los detenidos, los procesados y sus familias; para defender agendas específicas (incluidos los derechos LGBT, de cara a la discusión y consulta del nuevo Código de Familia); para reclamar diálogo a las autoridades y para exigir derechos utilizando las instancias formales. Las protestas desmoronaron la idea de un pueblo genéticamente incapacitado para reclamar a sus gobernantes. También el mito de una Revolución pura y eterna, que disuelve las responsabilidades del Estado autoritario en la falsa identificación pueblo/ gobierno/ partido único.

La Cuba real versus la Isla ideal o imaginada

En esa Cuba crecientemente latinoamericana hay también una sociedad fragmentada y empobrecida. En su seno ha emergido la promesa de una ciudadanía activa. Artistas contestatarios, periodistas independientes, laicos católicos, obreros, cuentapropistas, campesinos, gente común y diversa. Diversidad que acompaña a las familias de los presos, acopia ayuda humanitaria, organiza vigilias en parques e iglesias, firma cartas, protesta en calles y estaciones policiales.

La actitud del Estado cubano pos-11J está en sintonía con la de otros gobiernos autoritarios -Nicaragua, Birmania, Venezuela o Belarús- que criminalizan los reclamos de sus ciudadanos. Existen hoy más de 1100 ciudadanos procesados por razón de las protestas. De ellos, más de 500 siguen en la cárcel: incluidas mujeres y afrodescendientes; en su mayoría de procedencia humilde. Algunos son menores de edad. Se ha utilizado el delito de sedición para asignar condenas de hasta 15, 18 y 25 años a personas que, haciendo uso de la protesta pacífica, exigieron derechos elementales. Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, acompaña y documenta la represión continuada. Ante el anuncio de una nueva manifestación para el 15 de noviembre, una protesta pacifica en pro de la libertad de los presos políticos y el fin de la violencia política, el gobierno cubano ha respondido con más represión, acoso y descalificación a sus críticos.

Las élites cubanas han fracasado en su promesa revolucionaria. También en una gestión reformista de la crisis nacional. Articuladas sobre un modelo extractivo de dominación, explotación y acumulación, a medio camino entre el socialismo burocrático y el capitalismo de Estado, su carácter se ha vuelto reaccionario. Hoy no le queda nada que ofrecer a su propio pueblo, ni constituyen un ejemplo a seguir para las sociedades latinoamericanas. Se debe evaluar al régimen cubano con el mismo rigor analítico y cívico con el que revisamos el desempeño -en materia de desarrollo, inclusión y libertades- de otros países en la región.

A diferencia del mantra del viejo modelo soviético -que preconizaba la creciente prosperidad y homogeneización de la sociedad socialista desarrollada- Cuba es hoy una nación cada vez más pobre, desigual y conflictiva. Los cubanos han demostrado que no son antropológicamente diferentes a otros latinoamericanos: también tienen reclamos y derechos, que reivindican como y cuando pueden, a pesar de la criminalización permamente de su Estado policial.

Conviene entonces dejar de ver a la isla como una excepcionalidad incomprensible o, peor aún, como una utopía luminosa. La gente y la sociedad cubana no son intraducibles a los léxicos de la política y las ciencias sociales latinomericanas. Lo único anómalo del caso cubano, en este continente (aún) formalmente democrático, es la naturaleza autocrática del régimen vigente.

Armando Chaguaceda es politólogo e historiador. Especializado en el estudio de los procesos de democratización y autocratización, así como en la relación Estado-sociedad civil con especial atención a los casos de Cuba, México, Nicaragua y Venezuela. Ha estudiado los procesos políticos en la Rusia postsoviética, así como sus vínculos geopolíticos con América Latina.

Foto de jwb-photography en Foter

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Elecciones en Chile: Volatilidad y cambio de ciclo

Por
Isabel Castillo
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Hasta hace pocos años, la política chilena era predecible. En elecciones presidenciales, desde 1989 a la fecha hemos sabido sin mayores sobresaltos quienes ocuparían el primer y segundo lugar. Tras las movilizaciones de 2019, sin embargo, la volatilidad se ha hecho presente de manera que, a casi dos semanas de las elecciones presidenciales y parlamentarias, todo pronóstico sobre quiénes competirán en una segunda vuelta (en particular quien ocupe el segundo lugar) resulta arriesgado.

Liderando la carrera está Gabriel Boric de la coalición Apruebo Dignidad (conformada por el Frente Amplio y el Partido Comunista). El actual diputado venció a su competidor comunista en las primarias de julio, sorprendiendo lo abultado del triunfo (60 vs 40%) luego de que Daniel Jadue liderara las encuestas por meses (que han sido muy criticadas últimamente). Navegando sobre la ola de la victoria del Apruebo en el plebiscito constitucional de octubre 2020 y el éxito de las listas de izquierda en las elecciones para la constituyente de mayo de este año, Boric ha liderado la carrera desde entonces.

Su campaña busca reflejar parte del ethos del proceso constituyente: avanzar hacia un país con mayores seguridades para la población, con inclusión de sectores históricamente excluidos, con énfasis en la sostenibilidad ambiental y poniendo fin al modelo neoliberal. En un momento económico complejo de alta inflación y déficit fiscal tras el abultado gasto producido durante la pandemia, Boric ha buscado calmar a los mercados mediante la gradualidad del programa e incorporando tecnócratas asociados a los gobiernos de la ex Concertación.

En la primaria de la derecha resultó vencedor Sebastián Sichel, quien parecía ser el principal competidor de Boric. Con orígenes en la centro-izquierda, Sichel basó su campaña en sus atributos personales, ser independiente de los partidos políticos y apelando a un votante centrista. Este perfil le dejó un flanco abierto por la derecha. Apenas Sichel comenzó a bajar en las encuestas por una serie de errores en responder a cuestionamientos sobre su trayectoria (que había trabajado como lobista o que su campaña parlamentaria de 2009 recibió donaciones ilegales por parte de empresarios), el apoyo que ha ido perdiendo en las últimas semanas se trasladó al candidato de extrema derecha, que ahora disputa el primer lugar con Boric.

José Antonio Kast, líder del recientemente creado Partido Republicano, compite por segunda vez por la presidencia. En 2017 obtuvo un 8% de los votos. Como muchos populistas, lo improvisada e irrealizable de su plataforma así como la falta de preparación de los equipos que lo acompañan, dan cuenta de que nunca esperó tener opción de disputar la segunda vuelta. Su programa se centra en la reducción generalizada de impuestos, una serie de medidas autoritarias en materia de orden público e inmigración y la promoción de una visión conservadora de la familia y las relaciones de género, eliminando el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, limitando la aplicación de la ley de aborto y favoreciendo a familias casadas mediante la política social. Ahora que ha subido en las encuestas, su equipo buscará introducir algunas modificaciones al programa y en general negar que el candidato sea extremo.

A los errores de Sichel se sumaron la crisis migratoria y la instalación del eje violencia/orden como un tema de campaña – en buena parte por acción del gobierno – para beneficio de Kast. La violencia es tema recurrente desde las movilizaciones sociales que se iniciaron en octubre de 2019 que estuvieron acompañadas de regulares episodios de violencia por parte de pequeños grupos: saqueos, enfrentamientos con Carabineros y destrucción de mobiliario público. A esto se suma el conflicto entre Estado y pueblo Mapuche. Y sin que se hayan producido reformas relevantes a dos años del estallido social, sectores de la población evidencian cierto agotamiento con los ejes del debate público y pueden volcarse hacia otras preocupaciones, como las planteadas por Kast.

El ascenso de Kast ha puesto en una disyuntiva a la coalición de derecha moderada (como ocurre en todas partes frente al ascenso de la derecha radical), la que sin embargo se ha resuelto sorpresivamente rápido. Diversos representantes de los partidos de derecha, particularmente de la UDI, han manifestado su apoyo a Kast y es claro que en una eventual segunda vuelta no tendrán problemas en respaldarlo. Esto da cuenta de que ambas derechas tienen una raíz común – Kast fue diputado de la UDI por varios períodos y mantiene relaciones con muchos miembros del partido – y que los intentos de renovación de una derecha moderna y liberal han sido limitados. Sichel optó por una estrategia frontal al dar libertad de acción a los partidos que lo apoyaban y ha sido uno de los principales críticos de Kast, manteniendo el apoyo de sectores de derecha más moderados, que parecen ser minoritarios.

El apoyo de buena parte de la derecha puede consolidar a Kast en el segundo lugar. Alternativamente, el mayor escrutinio a la candidatura de Kast y el temor ante una campaña más polarizada puede llevar a que sectores moderados se movilicen en apoyo a Yasna Provoste, la candidata de la ex Concertación y que actualmente se encuentra tercera en las encuestas. Hasta el momento esto no ha ocurrido, pero en las primarias muchos votantes parecen haber decidido su opción en las últimas dos semanas de campaña y siguen habiendo muchos indecisos.

Más allá de los resultados de la elección, hay tres elementos que se vislumbran como claves para los años venideros. Primero, la extrema derecha se instala como un actor relevante en la política chilena. Una probable consecuencia será una alta polarización en el plebiscito para ratificar la nueva constitución que debiese desarrollarse en 2022. Veremos, entonces, un movimiento por el rechazo que puede ampliamente superar el 22% obtenido en el plebiscito de entrada. Segundo, veremos un congreso altamente fraccionado. A los tres bloques actuales (izquierda, centro-izquierda y derecha, cada uno tensionado internamente) posiblemente se sumarán representantes de la lista de Kast y de otros conglomerados menores. Sacar adelante cualquier reforma, entonces, no será cuestión fácil.

Tercero, y al igual como hemos visto en otros países de la región, es probable que se instale una política de péndulo, esto es, que haya mayor alternancia en los gobiernos y que predominen tendencias centrífugas. Un nuevo ciclo de dos décadas lideradas por una coalición, como fueron los años de la Concertación, se ve fuera de pronóstico.

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La Nicaragua de Daniel: ¿porqué nos escandalizamos ahora?

Por
Salvador Martí i Puig
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A pocos días de las elecciones presidenciales y legislativas la única pregunta que vale la pena plantear es la de: ¿cómo es posible que Daniel Ortega haya llegado hasta aquí?, siendo el “aquí” la consolidación de un régimen autoritario sin paliativos.

La pregunta formulada parte de la constatación de que las elecciones del día 7 de noviembre en Nicaragua no sólo no son competitivas, si no que representan una perversión total al concepto más elemental de democracia en el que la “incertidumbre sobre los resultados” es la clave. Eso es así porque, como es sabido, desde 2007 hasta 2018 Daniel Ortega consiguió articular un régimen de naturaleza corporativa que, bajo una cosmética liberal-democrática, aunó los intereses del gran capital nacional, de las iglesias y de los sectores más empobrecidos del país, y con el beneplácito de la administración norteamericana.

Todo ello fue posible por dos razones. La primera razón está relacionada con la concepción del poder que tiene Daniel Ortega y su mujer, así como con la herencia de un sector de su entorno personal (la “argolla” de fieles al caudillo) y orgánico (un residuo del FSLN original). Esta concepción del poder se basa en que la única lógica posible de mando es la de “suma cero” y, por lo tanto, un mandatario debe concentrar todos los recursos del poder posibles.

Sólo en este sentido es posible concebir la voluntad de Ortega de ir controlando en sus manos, y progresivamente, todos los resortes del poder a disposición desde su derrota electoral de 1990. Primero fue el control del partido, fagocitando el FSLN, y la creación de una élite económica afín con la apropiación de los recursos del estado revolucionario (la piñata); posteriormente fue mantener el dominio y la lealtad de los cuerpos armados -la Policía y el Ejército- y del poder judicial, hecho que le permitió negociar a su favor las reglas políticas en el año 2000 (incluida la ley electoral); y luego, ya en la presidencia de la República en 2007, eliminar cualquier contrapeso institucional y mediático, y politizar la administración pública.

Todo ello, a la vez, está vinculado con la presencia -en el país- de una cultura política personalista, caudillista y patrimonial que conecta a los Ortega con la saga de los Somoza y que, a la postre, señala que la única lealtad posible es la consanguineidad, y que la única gestión eficiente de lo público es la que se asimila con lo particularista y personal, borrando toda frontera entre lo que es de la institución y lo del clan.

La segunda razón tiene que ver con la oposición política a Ortega, que ha sido incapaz de realizar durante más de una década ningún discurso ni propuesta inclusiva, popular y en positivo. La oposición ha denunciado el caudillismo y la opacidad del régimen, pero sólo ha propuesto un «retorno» genérico a la democracia-liberal (inaugurada en 1990 con privatizaciones y neoliberalismo) en un país donde los derechos que aparecen en la Constitución son meramente nominales.

La oposición nunca ha hablado de qué políticas económicas quería impulsar ni cómo se iban a repartir las ganancias del crecimiento que se prometía. Tampoco ha señalado si iba a mantener (o a reformar) las políticas sociales focalizadas que, pese a ser clientelistas, representan una ayuda significativa para centenares de miles de nicaragüenses. Además, la oposición ha generado un discurso violentamente anti-sandinista cuando una parte de su base social ha pertenecido al FSLN antes de que Ortega lo fagocitara. A todo ello se le suma su excesiva dependencia de la comunidad internacional, elemento que la ha proyectado (a ojos de muchos) como una plataforma política elitista y vende-patria. 

A todo lo expuesto cabe añadir un evento que no estaba en el guion, a saber, el estallido (la rebelión) de abril 2018. Un estallido cuyo inicio fue una protesta contra la reforma del sistema de pensiones, y a la que rápidamente se le sumaron diversos colectivos, mayoritariamente jóvenes urbanos de clases medias y líderes de movimientos sociales, que impugnaron el régimen en su totalidad, sobretodo por su carácter arbitrario, represivo y patrimonial. Así emergió la ola de protestas más intensa del país del siglo XXI y, con ella, saltó por los aires el artefacto político (de consenso elitista con base popular) del orteguismo.

A partir de entonces la deriva represiva del régimen fue proporcional al desconcierto y miedo de sus autoridades. Cuando Ortega y su mujer se dieron cuenta que los equilibrios corporativos se deshacían y que un sector de la población era directamente hostil a su proyecto, impulsaron una represión brutal –con más de 350 muertos, miles de presos y decenas de miles de exiliados. Posteriormente, a pocos meses del episodio represor, la crisis sanitaria de la Covid-19 ayudó a estabilizar el régimen de Ortega-Murillo.

La mezcla de represión y miedo al contagio (en un contexto donde el gobierno fue negligente) terminó por quebrar la coalición negativa de 2018 que era amplia, pero poco cohesionada. Todo el mundo sabe que una cosa es la protesta en la calle y otra muy diferente la competición en la arena electoral. Y cuando las movilizaciones desaparecieron (por cansancio, miedo y prevención al contagio) emergieron líderes políticos opositores que Daniel ignoró y encarceló aprovechando una legislación represiva elaborada durante la pandemia.

Fruto de lo expuesto, desde hace dos años el régimen de Ortega está siendo denunciado en todos los mass media, quienes señalan su lógica despiadada hacia los líderes opositores (presos y perseguidos); su vinculación con los regímenes de China, Venezuela y Rusia (y últimamente con las repúblicas vecinas de El Salvador y Honduras); y su lógica clánica (familiar) de poder. Sin embargo, es preciso hacerse la pregunta de si sin el estallido que rompió los equilibrios y consensos entre grupos de poder y la familia Ortega, la comunidad internacional estaría escandalizada con las elecciones del día 7 de octubre de 2021. Mi opinión es que -posiblemente- no. Así las cosas, la cuestión radica en por qué antes la comunidad internacional no se escandalizó con los comicios -también autoritarios- de 2011 y 2016 en las que se reeligió Ortega con toda impunidad.

Mi opinión es que sólo a partir de lo acontecido entre 2007 hasta 2016 es posible comprender lo que ocurre hoy: el obsceno y violento cierre autoritario de los últimos dos años. Para terminar, sin embargo, es preciso anotar que actualmente no podemos saber si en el cuarto mandato consecutivo de Ortega su gobierno logrará reconstruir la antigua alianza que tuvo con el gran capital, o si se van a intensificar las políticas represivas y, con ello, las condiciones para otro estallido social. En cualquier caso, la segura victoria del tándem Ortega-Murillo va a suponer la continuación de un régimen dinástico y personalista. Un tipo de régimen que, por cierto, tiene su talón de Aquiles en su interior -el dilema del relevo que pronto tendrá que darse- y no en exterior, pues ni Estados Unidos ni la UE tienen voluntad política real de enfrentarse al régimen, ni la oposición la capacidad para tumbarlo.

Foto de jorgemejia en Foter

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Las derechas tienen partidos y ganan elecciones…

Por
Diego M. Raus
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Una vieja tesis del conocido sociólogo argentino Torcuato Di Tella, concebida en la década de los `70 pensando en su país pero que podría extenderse a la mayoría de los países latinoamericanos, sostenía que los recurrentes golpes militares en la región se producían porque las burguesías (las derechas de esos momentos) no tenían sus propios partidos políticos. Su débil representación política les hacía recurrir a las Fuerzas Armadas cada vez que sus intereses se veían amenazados.

Después de la segunda mitad del siglo XX la política latinoamericana observó un claro predominio electoral de fuerzas políticas nacional-populares, desarrollistas y socialdemócratas. Entre los populistas se encuentran el Peronismo en Argentina, el Varguismo en Brasil, el APRA peruano, MNR en Bolivia o Velazquismo en Ecuador. Algunos ejemplos de partidos o candidatos desarrollistas son Kubistchek y Goulart en Brasil, MID en Argentina o el PRI de aquella época en México. Y los ejemplos de la variante latinoamericana de la socialdemocracia son el Partido Colorado en Uruguay, el Roldosismo en Ecuador y ADELCO en Venezuela. En este rubro puede sumarse a la Democracia Cristiana chilena.

Sin embargo, los partidos de derecha con capacidad real de disputar el poder eran muy pocos. Entre ellos el Partido Nacional de Uruguay, el Partido Conservador de Colombia y el Partido Conservador, luego Nacional, en Chile. Es decir que, en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador o México, la representación política de los sectores dominantes y su capacidad de generar consensos sociales estaba claramente disminuida.

Por muchas razones y afortunadamente hace al menos tres décadas Latinoamérica tiene mayoritariamente democracias. Y, aunque no sea una relación determinante y ni siquiera muy vinculante, las derechas latinoamericanas —ya no solo burguesías— tienen partidos fuertes y competitivos que las representen. Y, en muchos casos, partidos que ganan elecciones. Una y otra vez.

En México, entrado el siglo XXI hubo una alternancia en el poder, hasta esta última elección, entre gobiernos del PRI, reconvertido en una derecha empresarial y una derecha conservadora representada por el PAN. Mientras que Argentina estuvo entre 2015 y 2019 bajo el gobierno de la derecha liberal del PRO de Mauricio Macri, si bien en alianza con la UCR, que ahora disputa con ventaja las elecciones de medio término.

En Ecuador, luego de los dos gobiernos progresistas de la Alianza País de Rafael Correa, se produce el giro a la derecha inesperado de Lenin Moreno, que se consolida con el triunfo en ballotage, de la derecha neoliberal de Guillermo Lasso. Y en Perú, durante las últimas tres décadas hubo alternancia con una derecha fuertemente consolidada.

Paraguay es un continuo, apenas interrumpido, de la política del coloradismo con su clásica inespecificidad para ubicarlo en el contínuo derecha-izquierda, aunque es claro que el coloradismo político oscila entre un conservadorismo pro status quo y el sostenimiento de una economía exportadora basada en el agronegocio. Y Bolivia tuvo gobiernos de centro derecha emergentes de la “democracia pactada” de los ´80 y ´90.

Finalmente Brasil, tras tres gobiernos de victorias electorales del PT de Lula, y luego de un amañado impeachment que destituyó a Dilma Rousseff, instituyó un gobierno de derecha liberal en lo económico y conservadorismo religioso en lo político cultural con Bolsonaro.

En fin, un mapa latinoamericano desde las transiciones democráticas en los ´80 del siglo pasado, donde se evidencia de manera contundente que las derechas constituyeron partidos políticos, los fortalecieron, los consensuaron socialmente y ganaron, y ganan, elecciones.

Estas nuevas estructuras partidarias de derecha, cabe señalar, emergen en y por el contexto de reformas neoliberales de los `90 en la región y la predominancia sociocultural que el orden global asentó en la región, sobre todo en los sectores sociales más integrados a ese orden.

Es por eso, sobre todo, que estos partidos de derecha con capacidad de disputa hegemónica son partidos o alianzas políticas nuevas, impulsadas por programas políticos acorde a las tendencias del orden global, neoliberales en lo económico y oscilantes en lo social y cultural.

El problema de estas nuevas derechas, para asentarse en la política latinoamericana, es que ganan elecciones y asumen gobiernos, pero por su novedad y falta de estructuración política, muchas veces se encuentran en minoría parlamentaria. Y, quizás, ese programa, novedoso en varios países de la región sin tradición de partidos de derecha, constituye un obstáculo al desarrollo de alianzas o acuerdos parlamentarios que generen gobernabilidad.

Pero, a diferencia de gran parte del siglo XX, ahí están. Hay partidos de derecha y ganan elecciones…

Entonces, la correlación que establecía Di Tella entre estabilidad democrática y representación política de la derecha en América Latina, es hoy una idea débil. En este cambio de época global que ya lleva cuatro décadas, las formas de la economía mundial y la naturaleza y condiciones de la democracia obedecen a múltiples variables, así como la relación actual entra capitalismo y democracia.

Pero que la política latinoamericana haya desarrollado partidos de derecha que disputan con expectativas ciertas elecciones, y a veces las ganan, no es un dato menor. Es claro que ningún partido de derecha es solo el partido de los intereses más concentrados. Disputar con posibilidades elecciones, ni hablar de ganarlas, pasa por obtener millones de votos. Y en ningún país del globo hay millones de burgueses, o de ricos, o de dominantes.

Las razones del consenso social que obtienen los partidos de derecha habrá que buscarlas en otros varios factores. Cosa que hace la politología y los analistas. Mientras tanto, en América Latina, y por la duda ditelliana, es preferible la disputa política con una derecha de partidos competitivos y no con algún emisario autoritario al que esos intereses concentrados acudían en otro momento en la región.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

¡Han secuestrado a la selección brasileña!

Por
Fabricio Pereira da Silva
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Diego Armando Maradona ganó la Guerra de las Malvinas en 1986. Desarmado, usando sólo su pie y mano izquierda. No consta que después de esos Cuartos de Final del Mundial Inglaterra haya devuelto las Malvinas a Argentina. Pero ahí se sintetizó la unidad nacional, la historia argentina expresada en 90 minutos. Por cierto: qué suerte tuvimos de no tener un árbitro asistente de vídeo (VAR) en 1986. Digámoslo: sólo esa mano hizo que Diego fuera mejor que Lionel Messi, nada más importa.

Sin embargo, poco después, apareció de nuevo nuestro ángel retorcido, napolitano, vengando al sur de Italia por toda la humillación infligida por el norte. Dos campeonatos de Italia, una Copa de Italia, una Copa de la UEFA, y el mundo entero a los pies del Díez y de aquel legendario equipo del Nápoles. Nunca más el Sur podría ser humillado. Pero no hay registro que desde entonces la dependencia del sur de Italia haya disminuido.

Sin embargo, sepa paciente lector (a), que este artículo no habla sobre Maradona (sería imposible tratar un tema tan grandioso). Sólo me he referido a dos momentos de su carrera para demostrar que el fútbol y la política no pueden separarse. Como todo es política, no tendría sentido esperar que el fútbol fuera «neutral» en relación con las disputas y conflictos que nos acosan. Esto sólo hace un poco ridículos a ciertos jugadores que insisten en decir que no tienen nada que ver con la política, que sólo quieren jugar al fútbol. Pensándolo bien, en muchos casos, es mejor que sólo jueguen al fútbol.

El fútbol no puede devolver las Malvinas a Argentina, ni puede poner fin a la explotación del sur de Italia. No puede acabar con la desigualdad, el hambre y la pobreza en el mundo. Pero es fundamental como catalizador, como símbolo, como agregador. Basta con pensar en la identidad brasileña, históricamente asociada (dentro y fuera del país) a la samba, el carnaval, el «hombre cordial», Macunaíma, la selección brasileña y poco más.

Con esto, llegamos por fin al tema central de este texto: la selección brasileña. Nada más lógico que introducir este tema hablando de Maradona, ¿no?

Política y símbolos nacionales en Brasil

Quiero hablar más concretamente de la camiseta de la selección brasileña. En el punto álgido de la represión de la dictadura militar, se temía que una victoria en el Mundial de 1970 reforzara el régimen. Sin embargo, el malestar entre los opositores a la dictadura se disipó en cuanto Rivelino marcó el primer gol contra Checoslovaquia en el partido inaugural de aquel Mundial. A partir de entonces, la camiseta amarilla volvió a ser patrimonio del pueblo, hasta conseguir el tricampeonato. Es obvio que la dictadura brasileña intentó aprovecharse de la victoria. ¿Y cómo podría ser de otra manera?

En 1984, durante el movimiento a favor de las elecciones Diretas Já que ayudó a derrotar al régimen, «todo el mundo estaba en las calles con camisetas amarillas», celebrando, en un solo frente, la esperanza de un país democrático y más justo. Ahí estaban nuestra camiseta amarilla y nuestra bandera como símbolos amplios e inclusivos.

Sin embargo, en los últimos años, las manifestaciones atravesadas por discursos de odio y violencia se han apropiado de la camiseta amarilla de nuestra selección. Miles de personas salen a la calle vestidas de verde y amarillo, con la camiseta de la selección, empuñando la bandera nacional y los símbolos militares. Esperan salvar a Brasil de la corrupción, del comunismo y de la disolución de las costumbres. En 2015 y 2016, exigieron el derrocamiento de un gobierno legítimo y recién elegido.

Hoy en día son menos numerosos, muchos se avergüenzan ciertamente de haber participado en las protestas del pasado. Han dejado las manifestaciones teñidas de los colores de nuestra bandera (verde y amarillo) para los más radicales, los miles que exigen la intervención militar, el cierre del Tribunal Supremo y del Congreso Nacional, el encarcelamiento de los izquierdistas, la persecución de los profesores adoctrinadores, la vuelta de la Monarquía y quién sabe qué más.

Salen a la calle convocados por un gobierno autoritario, dirigido por un presidente cuyas manos están manchadas de sangre. Un gobierno que busca a diario asociarse a los símbolos nacionales, con la clara intención de consolidar la idea de que los verdaderos patriotas, que la verdadera nación está formada por quienes lo apoyan. La oposición debe ser excluida, porque no es brasileña. 

La izquierda, los demócratas en general, en lugar de buscar la reconquista de los símbolos nacionales secuestrados, se resienten y actúan como si el nacionalismo y la identidad nacional fueran piezas de museo. O acumulan resentimiento hacia la Selección Brasileña y sus jugadores (Neymar en particular). Ya no se habla de la camiseta de la selección brasileña, sino de la «camiseta de la CBF». Pero la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) nunca ha sido un ejemplo de gestión, transparencia y honestidad. Y eso nunca fue motivo para rechazar a la selección brasileña, que es patrimonio del pueblo. 

Hasta hace poco veíamos manifestaciones de oposición básicamente «rojas». Más recientemente, se puede ver un esfuerzo incipiente para empezar a recuperar la camiseta de la selección y la bandera brasileña de su secuestro por la extrema derecha. Pero el malestar continúa, y llevará tiempo revertirlo. Ahora mismo miro por la ventana y veo una bandera brasileña en un balcón. Puedo garantizar que es un Bolsonarista. ¿Cómo superar esto?

Imaginen una manifestación en Argentina en la que la multitud no vaya vestida de albiceleste, coreando consignas directamente sacadas de las canchas de fútbol. Imaginen a la izquierda argentina toda vestida de rojo, marchando en la Plaza de Mayo. Tendrían que imaginar mucho, pues es casi inconcebible.

Recordemos entonces que el fútbol y la política son inseparables, como todo en la vida es inseparable de la política, nos guste o no. La camiseta de la selección brasileña no es un símbolo de fascismo y reaccionarismo. Es un símbolo de belleza. En todo el mundo. Eduardo Galeano dijo que el fútbol brasileño está «abierto a la fantasía, prefiere el placer al resultado. A partir de Friedenreich, el fútbol brasileño que es verdaderamente brasileño no tiene ángulos rectos, del mismo modo que las montañas de Río de Janeiro y los edificios de Oscar Niemeyer». Eric Hobsbawm se preguntaba quién, habiendo visto a la selección brasileña en sus días de gloria, negaría al fútbol la condición de arte. 

Nada mejor que asociar este símbolo con el pueblo brasileño, la democracia y la justicia social.

Foto de rogeriobromfman en Foter

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Apuntes republicanos sobre la corrupción en América Latina

Por
Carlos M. Rodríguez Arechavaleta
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Es difícil concebir la democracia en los márgenes de un orden republicano, entendido éste como una construcción colectiva con un fundamento legal y moral de lo público. En otras palabras, no hay República sin la construcción deliberada de un orden político basado en la igualdad ante la ley, la justicia social y el compromiso cívico. No obstante, la ley, la justicia y la virtud cívica parecen ser antinomias en las frágiles democracias latinoamericanas.

Aunque el republicanismo clásico admite los riesgos del tránsito de la virtud a los intereses para la República, las democratizaciones latinoamericanas han sido afectadas de forma determinante por deformaciones estructurales (reglas formales e informales) y patrones culturales de comportamiento colectivo que laceran el cemento moral del interés público.

Así, el déficit en la virtud cívica y el predominio de intereses privados por encima del interés público parece haber pervertido los fundamentos del orden colectivo republicano en América Latina. En primera instancia, la corrupción podría definirse con un acto de transgresión de una norma orientado por intereses particulares a cambio de una recompensa. Sin embargo, esta transgresión suele ser un fenómeno más complejo que encontramos, tanto en el sector público como en el privado.

Según el experto Malem Seña, los actos de corrupción política son aquellos que constituyen “una violación activa o pasiva de un deber posicional o del incumplimiento de una función de carácter político con el objeto de obtener un beneficio extraposicional, cualquiera que sea su naturaleza”.

Estos estándares normativos siempre están condicionados por el contexto histórico y socio-cultural de la norma. Esta relatividad de la norma implica que conductas consideradas corruptas en una sociedad, no lo son en otras. Incluso, que ciertas transgresiones, tanto en el sector público como privado, se constituyan en reglas informales que equilibren e incluso optimicen ciertas transacciones entre ambos sectores, siendo valoradas positivamente por la cultura social.

La corrupción es un fenómeno multidimensional que atraviesa la sociedad, afectando tanto al funcionario como al ciudadano, por lo que tiene como escenario tanto al Estado como a la sociedad civil. Un estado débil o de limitada capacidad de gestión pública y defectuosas democracias, difícilmente harán prevalecer el interés público frente al exacerbado egoísmo del mercado.

El Estado en América Latina ha oscilado entre los excesos regulatorios de gobiernos de vocación nacionalista popular y la flexibilidad extrema del liberalismo económico impulsado por la globalización capitalista. En ambos extremos ha sido visible la profunda vocación autocrática de ciertos liderazgos, y un efecto estructural que definiré  como la estatización o privatización de lo público. He ahí el mayor incentivo para el florecimiento de la corrupción política.

Tanto la estatización como la privatización de lo público tienen por base el debilitamiento de la distinción público-privado y la perversión de una ética de lo público. En países latinoamericanos, los ciclos históricos de episodios autoritarios no han sido la excepción, y las democratizaciones recientes, a pesar de sus recurrentes procesos electorales, no han  limitado la emergencia de liderazgos con vocación autocrática.

Las transiciones de finales de los 70’ y 80’ marcaron el tránsito de sociedades de matriz estado-céntrica fuerte, propia de regímenes burocráticos-autoritarios, a una proyección económica neoliberal, afianzada en el Consenso de Washington, cuya premisa fue la reducción del aparato estatal y la liberalización económica y el monopolio del mercado.

Así, las oscilaciones políticas de la región han sido entre Estado y mercado. Los gobiernos progresistas del ‘giro a la izquierda’, con su vocación populista, intentaron frenar los efectos diferenciadores y excluyentes del mercado, aduciendo que fortalecía a los poderosos grupos económicos y las elites regionales. Pero en la mayoría de los casos, al intentar fortalecer el aparato estatal para ampliar los efectos redistributivos de sus políticas públicas hacia sectores populares, confundieron el interés público (de la nación) con sus intereses políticos-electorales.

La estatización de lo público implicó así una politización de los derechos sociales y una creciente polarización social. No menos importante fue el desmontaje de los mecanismos liberales de transparencia y control del gobierno, su rendición de cuentas y el respeto a los derechos civiles y políticos de la oposición.

Esta dinámica de autocratización ha sido el caldo de cultivo de la corrupción y una emergente nueva elite económica, cuyo capital se explica por la lealtad al proyecto populista y la facilidad para ingresar en cuentas privadas familiares cuantiosos recursos del erario público. En la experiencia reciente latinoamericana, los intentos progresistas por fortalecer el Estado no han derivado en una revalorización del interés público y una nueva ética que minimice el interés privado al margen de la ley y que proyecte una noción de justicia social.

Por otra parte, los gobiernos de la derecha neoliberal han potenciado la privatización del Estado, es decir, su captura preferencial para intereses corporativos privados y de las elites económicas locales y regionales vinculadas a los flujos de capital global. Dadas las crecientes privatizaciones, el debilitamiento del Estado ha limitado el acceso a servicios públicos de grandes sectores populares. Esta privatización del Estado subvierte los mecanismos de representación popular y las instancias de mediación donde se cristaliza la participación política, lo que genera una desconexión entre demandas ciudadanas y políticas de gobierno.

La exclusión acentúa el sentimiento de abandono y cercena los fundamentos cívicos de la participación popular. Desde la precariedad de lo cotidiano es dificil imaginar la construcción racional de un orden colectivo; y menos aún, el cultivo de las virtudes cívicas. La ley, y el Estado de derecho, como normas universales, pierden su sentido, y con ella, la más elemental noción de justicia social.

Definir las bases de la República implica, entonces, crear condiciones para el desarrollo de un marco jurídico que garantice la preeminencia regulatoria de la ley como estimulo a la noción de un proyecto compartido, regido por los principios de la libertad, la justicia social y el compromiso cívico. La República debe ser un proyecto de nación inclusiva, sin presencia de mecanismos opresivos o excluyentes; sin monopolios ni revanchas.

COP 26: entre el discurso y la acción

Por
Leonardo Stanley
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Del 31 de octubre al 12 de noviembre tendrá lugar en Glasgow, Escocia, la COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, considerada como la última oportunidad para evitar una catástrofe medioambiental. Realmente lo es y los antecedentes no son halagüeños: la reunión preparatoria que convocó a los países del G20 fracasó, los líderes no pudieron ponerse de acuerdo en descontinuar el uso del carbón, ni en materia de subsidios. De fracasar el encuentro y no establecerse una hoja de ruta que evite superar el umbral de los 1,5Cº con respecto a los niveles preindustriales, en el mediano y largo plazo el planeta sufrirá una serie de eventos de consecuencias desconocidas. Pero tan necesario como actuar es conseguir los fondos para poder actuar.

Fruto del Acuerdo de Paris de 2015, los 196 países que se comprometieron a mantener el aumento en temperatura promedio a raya aceptaron trazar un plan de reducción de emisiones. Pero los compromisos pautados están lejos de alcanzar los objetivos, ya que las proyecciones plantean un aumento en la temperatura promedio de entre 2.7Cº y 3.1Cº para finales del siglo.

El financiamiento es otro aspecto clave y en particular para los países en desarrollo. Esto fue reconocido en 2009 y los países desarrollados se comprometieron a aportar US$ 100.000 millones por año para financiar la transición. Pero estas promesas tampoco se cumplieron: los fondos prometidos nunca llegaron.

Lo que sí abundan son los costos asociados al endeudamiento externo cuyos desembolsos terminan afectando los presupuestos públicos y el combate del cambio climático en sí. No hay avances en las propuestas de desafectar parte de los recursos financieros comprometidos al pago de la deuda soberana y destinarlos al financiamiento de un programa de transición a gran escala. La arquitectura financiera, en definitiva, refleja un discurso que presenta el problema climático como una oportunidad de negocio. La banca global, los mercados de capitales y las calificadoras de riesgo terminan delineando la política fiscal, los programas de adaptación y mitigación del cambio climático.

Acciones que no reflejan opciones

Aunque el bla, bla, bla se escucha en cualquier rincón del mundo, tal como destaca Greta Thunberg, resulta más contradictorio cuando surge de boca de los principales líderes mundiales. Los países desarrollados no logran descontinuar su política de subsidios. En Estados Unidos, por oposición de su propio partido, J. Biden no puede pasar su programa verde, mientras que los socialdemócratas en Noruega declaran la continuidad de la explotación petrolera.

No importa la responsabilidad histórica de los países industrializados, tampoco el llamado de la Agencia Internacional de la Energía (EIA) por mantener “el petróleo en el subsuelo. Los países desarrollados asimilan compromiso financiero a una promesa vaga atada a nuevos instrumentos de financialización y evitan adecuar la normativa en materia de transferencia tecnológica como los tratados de inversión o las reglas en materia de propiedad intelectual.

Idéntico reclamo podría hacerse a quienes desde el ámbito privado planten su compromiso con lo ambiental pero luego priorizan rendimientos de corto plazo. Ello resulta evidente ante el comportamiento de las principales administradoras de fondos de inversión como BlackRock. Aún cuando en su carta anual de 2018 a los CEOs su representante Larry Fink generó el entusiasmo de algunos inversores, también cimentó el descrédito en otros. Y es que BlackRock es uno de los principales responsables financieros en la deforestación que sufre el Amazonas. La hipocresía en su máxima expresión.

BlackRock detenta un lugar privilegiado, no solo por los fondos que maneja, sino también por las operaciones que realiza. La empresa se ha convertido en una consultora, auditora, en una calificadora de riesgos y un proveedor de servicios altamente demandados por el Estado. El desarrollo de una taxonomía de finanzas orientada a cumplir con los objetivos de sostenibilidad ambiental, inclusión social y transparencia del gobierno, le permite ocupar un rol de “regulador” del sector bancario.

Pero el conflicto de intereses resulta mayúsculo, por donde se lo mire, aunque muchos prefieren hacer la vista gorda. BlackRock también se destaca por invertir cuantiosos fondos en la industria petrolera, reservas de petróleo y gas, pero también en carbón. Inclusive los fondos denominados “sostenibles” contienen inversiones en carbón y petróleo.

El compromiso debería medirse no sólo por los objetivos que persiguen estas organizaciones, si no también por sus acciones, lo cual debería extenderse a también a las auditoras tradicionales. Ello plantea la necesidad de observar si estas empresas plantean el objetivo de carbono-cero, auditando el cumplimiento del mismo en aquellas compañías en las que invierten y asesoran.

Por otra parte, debería de haber un compromiso diferenciado entre aquellos que operan en el sector real como las petroleras o en el sector financiero. Para estos últimos el compromiso debería reducirse, y así evitar el problema de “lock-in” o dependencia. A fin de evitar esta situación, las administradoras de fondos y el sector financiero en general deberían estar sujetas a un adelantamiento de los objetivos de carbono cero (al 2030?). En caso contrario se financiarían obras cuya vida útil se extiende a posteriori del 2050. 

Las finanzas deben ser entendidas como un medio, un instrumento que nos permite transitar la transición hacia una nueva economía. Con este objetivo, las Naciones Unidas junto al Reino Unido —quien preside la COP 26— han lanzado Glasgow Financial Alliance Net Zero (GFANZ), la cual involucra a las alianzas preexistentes. El objetivo de este sistema es dinamizar el financiamiento que acelere la transición, planteándose que la mitad de la reducción en emisiones deben de realizarse al 2030.

Para llevar adelante esta transición se necesita de un fuerte involucramiento de la sociedad civil. De lo contrario el anuncio puede terminar en otro bla bla bla.

Elecciones en Chile: la pelea por el segundo puesto

Por
Gabriel Gaspar Tapia
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El 21 de noviembre los chilenos acudirán a las urnas a elegir presidente, parlamentarios y consejeros regionales. Termina el mandato de Sebastián Piñera, quien detenta una bajísima popularidad, que oscila en torno al 10% en la mayoría de las encuestas.  

A las elecciones presidenciales concurren siete candidatos, pero la disputa real está concentrada en tres: el joven Gabriel Boric (35) abanderado de “Apruebo Dignidad”, alianza que reúne al llamado Frente Amplio (FA) con el partido comunista.  Va primero en las encuestas con porcentajes que oscilan entre el 20 y el 30%. 

En el FA conviven varios grupos, pero los más influyentes expresan una izquierda pos guerra fría, que a los tradicionales temas sociales agrega lo medio ambiental, la inclusión social y una mirada renovadora de la gestión del Estado.  En gran parte representa a las generaciones que crecieron en democracia. 

El candidato del partido republicano de extrema derecha, José Antonio Kast, hoy se coloca en segundo lugar contra todo pronóstico.  Ex diputado de la UDI, critica a lo que llama la derecha “light”, asumiendo posiciones duras en temas como la inmigración —propone crear una zanja fronteriza—, propone el restablecimiento del orden y es fuerte crítico del gobierno por una supuesta debilidad ante la izquierda. 

En tercer lugar, aparece la demócratacristiana Yasna Provoste, que ganó las primarias de lo que queda de la antigua Concertación. La senadora ganó ampliamente a los candidatos del PS, del PPD y del radicalismo, en unas primarias donde concurrieron poco mas de 150 mil personas. Apuesta al cambio con gobernabilidad.

La pelea por el segundo puesto

En Chile, si un candidato no obtiene el 50% más uno en la primera vuelta, se convoca a un ballotage entre los dos primeros. Lo evidente es que ninguno ganará en primera vuelta, por tanto, la pelea quedará reducida a quien llegue segundo. Kast o Yasna.  La segunda vuelta será otra elección.

Cabe mencionar que en Chile el voto es voluntario y vota poca gente, expresión entre otras cosas del descrédito de la política y también del individualismo que emana del modelo económico, donde lo público queda relegado a un segundo plano. En la consulta más votada, el plebiscito que aprobó la Convención Constituyente, votó cerca del 51% del padrón, unos 7.5 millones de ciudadanos. En la elección que con posterioridad eligió a los constituyentes votó menos, cerca de un 41%, poco más de 6 millones. Agreguemos que todo esto ha sido en tiempos de pandemia. 

Los restantes candidatos tienen poca opción. El oficialista Sichel, pese a ganar en unas primarias donde concurrió más de un millón de votantes, se derrumbó en pocas semanas, en gran parte por errores propios y también por la mochila que implica ser el abanderado del Gobierno más impopular de los últimos años. 

Eso explica la migración del votante de derecha hacia Kast, lo que se traducirá en mucho voto presidencial por él y un voto parlamentario por la derecha tradicional. También figura en su cuarto intento el social demócrata Marco Enríquez Ominami, de pocas posibilidades, aunque destaca por su experiencia y su audacia comunicacional. Los otros son candidatos menores.

Un entorno muy dinámico

Chile se encuentra en una coyuntura donde conviven dos procesos institucionales muy definidos, con reglas y cronogramas: las elecciones mismas y el proceso constituyente. Este último ha empezado el trabajo de contenido y a mediados del próximo año, deberá presentar el texto de la nueva Constitución para ser ratificado en un referéndum.  

Eso es lo formal institucional. Porque desde marzo del 2020 Chile está en pandemia, y de paso, en medio de un difícil momento económico. Las prolongadas cuarentenas derrumbaron la economía, y por ser además una economía exportadora, el desbarajuste del comercio internacional ha afectado más que en otras partes.  

Amén de los procesos formales ya descritos, la coyuntura chilena está afectada por otras variables que inciden en la campaña electoral: la inmigración, la situación de la Araucanía, la emergencia del miedo a la inflación y a la violencia y la situación presidencial.

A Chile han llegado en los últimos años mas de 1.5 millones de migrantes: haitianos, colombianos, dominicanos, cubanos, y por cierto, una gran cuota de venezolanos que se suman a los tradicionales peruanos y bolivianos.  En el último tiempo, la afluencia ilegal ha aumentado, especialmente por la frontera con Bolivia y ha dado origen a dolorosas escenas de racismo y xenofobia.

En la Araucanía se entremezclan las justas demandas de inclusión del pueblo mapuche con todo tipo de ilegalidades donde destaca el robo de madera y ataques incendiarios.  La radicalidad de los incidentes se acompaña de una pasmosa ineptitud del gobierno para asumir el problema. El presidente, por su parte, ha sido acusado constitucionalmente por conflictos de intereses por la compra poco trasparente de una minera a través de paraísos fiscales. La Cámara de Diputados votará antes de las elecciones, es probable que la apruebe.  

En este complejo cuadro, emerge un factor subjetivo: el temor al renacer de la violencia urbana que desvirtuó parcialmente a las amplias movilizaciones ciudadanas en la primavera del 2019.  Saqueos y asaltos, si bien minoritarios, son devastadores en una sociedad acostumbrada a la disciplina social. Marco Enríquez, el candidato presidencial del Partido Progresista lo resume bien: cada piedra lanzada es un voto más para Kast. El miedo emerge, no es posible medirlo, pero compite cada vez más con el anhelo de cambio que mayoritariamente expresó Chile en el último tiempo. 

En esta dinámica coyuntura chilena, donde se mezcla lo electoral con el impacto de la migración y los ecos de la Araucanía, acompaña la precariedad de un gobierno políticamente solo en medio de una sociedad que tiende a polarizarse. Paralelamente, la Convención Constituyente inicia sus labores para construir el nuevo pacto social que deberá expresar la nueva Constitución. 

Obrador y los liderazgos del progresismo latinoamericano

Por
Israel López Monsivais
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El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018 fue un respiro para la izquierda en América Latina, su victoria venía a llenar el vacío que habían dejado los liderazgos del progresismo latinoamericano. Sin embargo, el presidente mexicano dedicó los primeros tres años de su administración, casi de forma exclusiva, a la política interior y no fue hasta mediados del presente año que decidió dar un paso al frente en la región.

Desde la campaña electoral de 2006, en México se ha intentado vincular a López Obrador con el socialismo del siglo XXI. Pero creo que no existe cercanía con los gobiernos de la marea rosa; es más, el mismo Obrador toma distancia de los liderazgos de la izquierda latinoamericana y solamente reconoce a Fidel Castro.

Críticas a los liderazgos progresistas

En su último libro, A la mitad del camino, publicado en septiembre del 2021, el titular del ejecutivo mexicano aborda la polémica relación bilateral con Donald Trump y la misión que rescató al ex presidente Evo Morales. En este apartado del segundo capítulo, El respeto al derecho ajeno es la paz, López Obrador realiza algunas críticas a los liderazgos progresistas.

Entre otras cosas reconoce al gobierno de Evo Morales, pero indica que los dirigentes del “Movimiento al Socialismo (MAS) cometieron errores, pues no debieron insistir tantas veces en la reelección; un dirigente no debe, en ninguna circunstancia profesar demasiado apego al poder”. Y a diferencia de lo sucedido en Bolivia, Obrador subraya que la política exterior mexicana “no está motivada por ideologías sino por los principios de justicia, igualdad, libertad, democracia, soberanía y fraternidad”.

AMLO deja entrever en el libro, además, cierto resentimiento hacia algunos líderes latinoamericanos de izquierda de aquella época. Señala que, “cuando fuimos oposición en México, la actitud de Evo, como la de casi todos los gobernantes de izquierda en América Latina no fue precisamente cercana”. López Obrador recuerda el distanciamiento y que cuando visitaban los diferentes países “ni siquiera nos dedicaran una llamada telefónica, y cosas más desagradables y de fondo. En el trato de entonces hacia nosotros solo se distinguió por su apoyo solidario el comandante Fidel Castro Ruz”.

En su relato López Obrador considera a Fidel como un “gigante de la región”. En contraste, no le dedica ni una sola palabra a Lula, Mujica, Chávez, Correa o a los Kirchner. Es frío, indiferente y distante con el progresismo latinoamericano. Ideológicamente, el presidente de México es lejano a la revolución bolivariana, sus referentes son Benito Juárez y Lázaro Cárdenas por lo que podemos ubicarlo más cercano al nacionalismo/revolucionario del Partido Revolucionario Institucional, donde tuvo su primera formación política.

El presidente mexicano no ha visitado a ningún presidente de América Latina. Pragmáticamente los recibe en Palacio Nacional o los invita a un acto de conmemoración, desde Luis Arce de Bolivia a Guillermo Lasso de Ecuador, justificándose en los principios constitucionales de la política exterior mexicana.

Por otro lado, para la celebración del bicentenario de la independencia de México fue invitado como orador el jefe del Estado cubano, lo que provocó críticas de la prensa y de la ciudadanía por el acercamiento innecesario con un régimen autoritario. Una cosa es albergar a todos los mandatarios de la región en una cumbre y otra muy distinta es darle protagonismo a Miguel Díaz-Canel, lo cual se entendió como un respaldo público al régimen cubano.

El reposicionamiento de México en la región

Los recientes acercamientos de México con los liderazgos latinoamericanos han sido por conducto del canciller Marcelo Ebrard. En esta nueva etapa, el gobierno mexicano intenta construir un nuevo eje que vaya desde Tierra de Fuego al Río Bravo, promovido por la sintonía que existe entre Alberto Fernández de Argentina y López Obrador. En este marco, entre ambos países impulsan la distribución de vacunas gratuitas contra el COVID-19.

Ebrard ha reactivado la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como alternativa a la Organización de los Estados Americanos (OEA), y precisamente en la última cumbre López Obrador intentó tomar el liderazgo de América Latina con resultados contrastantes.

La segunda etapa de la administración de Obrador es una incógnita. Aún es difícil leer si de verdad busca consolidarse como un líder latinoamericano o si le cederá el espacio a otro mandatario. En este sentido, el próximo ciclo electoral también pueden llega a influir ya que para el 2022 se pueden sumar nuevos liderazgos de izquierda en Chile, Colombia y Brasil, comenzando otro ciclo progresista en América Latina.

Como conclusión, podemos señalar que el presidente de México claramente se distanció de los liderazgos de izquierda de la marea rosa y que en esta nueva etapa es incierta su intención de encabezar la región. La duda es si de verdad tiene vocación latinoamericanista o si su objetivo es buscar réditos en la política interior mexicana.

Foto de la Casa Rosada, Argentina

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