Latinoamerica 21Una región, todas las voces

Son gente de poder. No filósofos ni filólogos: son políticos. Suelen tener un dominio limitado del idioma en cuanto dardo portador de belleza, pero gran eficacia a la hora de aprovecharlo como herramienta política. Suelen ser incapaces de escribir un endecasílabo, pero pueden conseguir que millones de ciudadanos acepten la definición que ellos han ideado –estrictamente en atención a su conveniencia– de alguna palabra o concepto.

Así, por ejemplo, con la democracia. La pulsión por redefinir este concepto de acuerdo a las necesidades de cada circunstancia es directamente proporcional a la inconsistencia en su uso. Dicho más sencillamente: cada vez que un político se llena la boca de democracia crecen las contradicciones y se entiende menos a qué se está refiriendo con ese término. Algunos simulan comprenderlo, porque aspiran a saturar la palabra “democracia” con un contenido ético, despreocupándose de que eso implique vaciarla de contenido técnico-político. Es decir, consideran que democracia equivale a bien; todo lo que suene a bien cabe dentro de la democracia. Puede ser un método (como las elecciones), puede ser un valor (como la igualdad), puede ser un sistema (como la división de poderes), puede ser un símbolo (como la república).

Algo similar ocurre con la soberanía. En algún momento de la historia significó algo. Significó una cosa: una sola, clara y muy concreta. Sin embargo, quien lea escritos sobre soberanía publicados en el siglo XXI y luego se acerque a Jean Bodin, padre del concepto moderno en el siglo XVI, sufrirá una especie de colapso térmico. En términos generales podemos decir que la soberanía pasó de ser la descripción de una sencilla circunstancia, a saber, que un actor ostenta más poder que otro; pasó de ahí a representar con estupefaciente grado de abstracción las aspiraciones de dignidad de cualquier grupo que se autoperciba como oprimido.

No casualmente, los conceptos que se estiran como chicles en las políticas bocas son los que acaban remitiendo al poder del pueblo. Es decir, los que sirven para adularlo. Democracia: la potestad del pueblo para decidir. Soberanía: la dignidad del pueblo frente a poderes que pretenden oprimirlo. Los ejemplos podrían seguir hasta el empacho.

A partir de esta idea general se puede abordar una gran variedad de eventos políticos recogidos cotidianamente por medios de todo el mundo. En este caso, veamos qué ocurrió en Nicaragua y en Honduras, con apenas unas semanas de diferencia.

Primer acto: Nicaragua, 25 de octubre de 2021. Daniel Ortega nombra a su esposa y vicepresidente, Rosario Murillo, co-presidente. Es decir, la eleva a rango presidencial. Sin embargo, se trata de una operación meramente discursiva: el cargo de co-presidente no existe ni se puede crear sin reformar la constitución. Más aún: ni siquiera virtualmente recibe Murillo las atribuciones del presidente. Usemos, ahora sí, la palabra soberanía en toda su potencia: entre Ortega y Murillo, la relación de soberanía, el resayo de poder, se inclina forzosamente a favor del presidente. La co-presidencia son las deslumbrantes galas de una reina desnuda.

Segundo acto: Honduras, 28 de noviembre de 2021. Las elecciones presidenciales son ganadas por una coalición: presidente de un partido, primer designado presidencial (equivalente a vicepresidente) de otro. Nadie habla de co-presidencias ni pone en duda las jerarquías formales: primero, la presidente; por debajo, los vices. Sin embargo, Salvador Nasralla, primer designado presidencial de la fórmula electoral ganadora, no se demoró en marcar territorio: “Tomaremos las decisiones junto a [la presidente] Xiomara, estaremos en el poder porque no seremos designados como en los partidos tradicionales. (…) no vamos a ser figuras decorativas, nosotros vamos a estar acuerpando las decisiones y participando en las decisiones que el gobierno va a realizar a partir del 27 de enero”, aseguró el vice a El Heraldo.

Puesto que nos hemos situado entre bastidores, recurramos al gran maestro inglés del género. “What’s in a name?”, se preguntaba Shakespeare haciendo vibrar la voz de Julieta. ¿Qué hay en un nombre? Y seguía: “Eso que llamamos rosa, lo mismo perfumaría con otra designación” (en traducción de Matías de Velasco y Rojas, Marqués de Dos Hermanas). Es decir: los nombres dan igual; lo que importa son las realidades que representan. Romeo seguiría siendo Romeo aunque no llevara el proscrito Montesco por apellido.

¿Funciona esa idea si la bajamos de las tablas al prosaico escenario político? Recordemos: los políticos usan las palabras como bombas que caen tosca y verticalmente, causando gran estruendo; no como dardos que se deslizan grácil, silenciosa, horizontalmente por el aire. El “¿Qué hay en un nombre?” hilado con finura de Capuleto se transforma en la arena política en un basto “¡qué más da, si nos entendemos!”.

“Pues da”, respondió sabiamente Lázaro Carreter. No lo escribió pensando en las instituciones políticas, pero a ellas se puede aplicar tan cabalmente como a cualquier otra esfera de nuestras sociedades. Por lo mismo que resulta peligroso confundir democracia a secas con democracia liberal, y ésta con Estado de Derecho; por eso mismo es riesgoso confundir vicepresidencia con co-presidencia, y ésta con designación presidencial. ¿Y cuál es ese motivo? Que tales confusiones no son azarosas ni inocentes. Son bombas toscas y verticales, pero también eficaces y estruendosas. Lo único que nos protege de los abusos del poder son las instituciones. Si se alteran los significados de las instituciones y sus contornos, si se desprecian las palabras que marcan sus límites, que se produzcan abusos de poder es mera cuestión de tiempo.

Las declaraciones antes citadas de Salvador Nasralla son un temible ejemplo. Reiterémoslas: “Tomaremos las decisiones junto a [la presidente] Xiomara, estaremos en el poder porque no seremos designados como en los partidos tradicionales. (…) no vamos a ser figuras decorativas, nosotros vamos a estar acuerpando las decisiones y participando en las decisiones que el gobierno va a realizar a partir del 27 de enero”.

¿Habrá reparado Nasralla en el artículo 235 de la Constitución hondureña? “La titularidad del Poder Ejecutivo la ejerce en representación y para beneficio del pueblo el Presidente, y en su defecto, los Designados a la Presidencia de la República”. Solamente en defecto del Presidente. Mientras hay Presidente, los Designados no ejercen el Poder Ejecutivo.

¿Qué más da?, se preguntará Nasralla. Es la misma pregunta que se habrá hecho Daniel Ortega al nombrar co-presidente a Rosario Murillo. Honduras y Nicaragua se encuentran en los puestos más bajos de todos los índices de calidad democrática. Dicho de otra manera: pues da. Y tanto que da.

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El pasado 12 de diciembre, en un desesperado intento por llegar a Estados Unidos, 56 migrantes centroamericanos murieron en una carretera de Chiapas, México tras volcar el camión donde clandestinamente se desplazaban. Entre las víctimas que viajaban hacinadas y sin ventilación había jóvenes, adultos y familias completas con niños y niñas. Esta historia, sin embargo, es una más de las tantas que se repiten frecuentemente ya sea en camión, en tren o en balsa. Cada año cientos de personas pierden la vida tratando de migrar a otro país.

Desde 2014 más de 45 mil personas han muerto en proceso de migración internacional, según datos del programa Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de las Migraciones. Las rutas de la migración en las Américas son las más mortales y una de las peores es la frontera entre México y Estados Unidos, con 5815 decesos.

Aunque migrar es un derecho humano, las restrictivas políticas migratorias de los países obligan a las personas, que no cumplen con los requisitos para solicitar una visa, a someterse a peligrosos recorridos en la búsqueda de una vida mejor. Hoy, cuando conmemoramos el día internacional de las personas migrantes queremos hacer un llamado a la reflexión sobre el fenómeno migratorio en la región, la gestión migratoria y la necesidad de proteger la vida de estas personas.

El derecho a migrar y las políticas migratorias

Se estima que 281 millones de personas en el mundo son migrantes internacionales. Es decir, cerca del 3.6% de la población mundial. Pese a que se habla con frecuencia de una crisis migratoria, la verdad es que en términos porcentuales la cifra se ha mantenido relativamente estable durante los últimos 20 años.

En Latinoamérica y el Caribe se encuentra el 14.8% de los migrantes internacionales. Un reto mayúsculo para la gestión migratoria y la protección de sus derechos fundamentales.

Aunque desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce “el derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, la libre circulación está supeditada a la protección de Estado-Nación que se configura en políticas migratorias.

El principal problema es la securitización de las políticas migratorias que, en muchos casos percibe a las personas migrantes como una amenaza para la seguridad nacional y deja en segundo plano los derechos humanos. Desde esta óptica, aquellas medidas que buscan preservar el orden, además de necesarias se encuentran plenamente justificadas.

Tal fue el caso de los 59 venezolanos expulsados de Colombia en 2019, a quienes se les atribuía la responsabilidad de protagonizar hechos vandálicos en Bogotá durante las protestas sociales de ese año.. Nueve de ellos emprendieron acciones legales debido a las arbitrariedades de la autoridad migratoria durante el proceso de expulsión. Entre ellas, el hecho de ser abandonados en medio del Río Orinoco.

En este sentido, luego de un complejo proceso legal, la Corte Constitucional se ha pronunciado al encontrar que se vulneró el debido proceso y la dignidad humana, por lo cual dictó medidas para revocar la expulsión de siete de ellos y evitar la repetición de las irregularidades encontradas en el caso. Pese a lo positivo del fallo, esta situación deja en evidencia una forma de criminalización de la migración y los riesgos de situar la seguridad  por encima del derecho de las personas migrantes.

Otro ejemplo de los retos estructurales de la población en materia de política migratoria es la ausencia del enfoque de género, de niñez. Acciones tan alarmantes como la deportación de mujeres embarazadas de origen haitiano cuando asisten a centros de salud y hospitales en República Dominicana no pueden pasar inadvertidas. Tampoco, los silencios sobre la niñez víctima de la violencia e intersecciones en complejos contextos migratorios. Las múltiples capas de derechos en la gestión migratoria deben ser visibles y rectoras en las políticas públicas.

Migrar en tiempos de pandemia

Si bien la pandemia afectó a todos, los migrantes -como otras poblaciones vulnerables- enfrentaron mayores dificultades. Las medidas de contención ante la emergencia sanitaria adoptadas por los países fue solo una de ellas. El cierre de fronteras y el aislamiento prolongado para contener la propagación del virus, dejó a miles de personas en una situación aún peor.

Además, sin la posibilidad de retornar a sus países de origen o culminar el viaje, esta población fue condenada a condiciones de vulnerabilidad extrema. La condición migratoria irregular, en muchos casos, limitó el acceso a la vacunación o servicios de salud, que priorizaban a los nacionales o personas regularizadas. La precaria situación de estas personas, exacerbó los discursos de odio y las narrativas sobre el peligro de salud pública que representaba esta población.

En resumen, los migrantes han sido víctimas de múltiples formas de violencias que no distinguían edad o género vinculadas a la xenofobia y la discriminación. En este sentido, los Estados asociados al MERCOSUR respondieron con una declaración de compromiso para aumentar los esfuerzos de atención a sus necesidades y, particularmente para evitar la discriminación contra esta población bajo una premisa necesaria “Nadie ha de quedar relegado, y ningún derecho humano desatendido”

Día Internacional de las Personas Migrantes: un llamado a la acción

Desde el año 2016, en el marco de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 18 de diciembre como el Día Internacional de las Personas Migrantes. Con esto se busca exponer la multiplicidad de retos a los que se enfrentan, las lecciones aprendidas por los países de acogida y sobre todo las oportunidades de cooperación para fortalecer la gestión migratoria de una forma segura, ordenada y regular.

En ese sentido, la declaración reconoce los aportes de la población migrante y la necesidad de proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos de las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio. Esto impulsó la idea de contribuir a lo que conocemos hoy como el Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, un esfuerzo intergubernamental adoptado por más de 150 países en 2018.

Vale la pena recordar que muchas de estar personas migran obligadas por las condiciones de sus países de origen por lo que hablar de migración y derechos siempre será complejo. Criminalizar la migración no la detiene, solo expone a mayores peligros la vida de las personas migrantes. El llamado al unísono es para los gobiernos con el fin de garantizar los derechos humanos en la gestión migratoria.

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