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Después de 16 años de gobierno de Angela Merkel, Alemania ahora tiene un nuevo canciller. ¿Qué significa eso para las relaciones con América Latina?

Como ex alcalde de Hamburgo, una ciudad con una larga tradición comercial con América Latina, el nuevo canciller federal Olaf Scholz conoce la importancia de la región para la economía alemana. Durante su tiempo como alcalde, cultivó activamente contactos con Latinoamérica. No obstante, esta no tendrá una alta prioridad en la política exterior alemana. Habrá mucha continuidad. Pero también se pondrán nuevos acentos.

Como canciller Scholz encabeza una coalición heterogénea que incluye al Partido Socialdemócrata (SPD), al Partido Democrático Libre (FDP) y al Partido Verde (Bündnis 90 / Die Grünen). En los manifiestos electorales de los tres partidos de gobierno, el Partido Verde ha dado el mayor espacio a América Latina. Según el manifiesto la sostenibilidad ecológica, la participación democrática, la paz y la igualdad de género estarán en el centro de la cooperación con los estados y sociedades civiles en América Latina.

El FDP es un partido liberal clásico. En su manifiesto electoral, pide que Alemania se convierta en un defensor del libre comercio basado en reglas y que promueva nuevos acuerdos de libre comercio. La única mención de América Latina se refiere a la rápida firma y ratificación del acuerdo entre la UE y Mercosur. El manifiesto electoral del SPD también menciona el Acuerdo UE-Mercosur, pero, al igual que el Partido Verde, condiciona la firma al cumplimiento de diversos requisitos.

En Alemania los resultados de las negociaciones de coalición se consignan en un acuerdo de coalición. Según este acuerdo la política exterior del nuevo gobierno estará basada en valores y tendrá un enfoque europeo más fuerte. Trabajar por la paz, la libertad, los derechos humanos, la democracia, el estado de derecho y la sostenibilidad son las piedras angulares de la política exterior.

La coalición de gobierno expresa la intención de fortalecer “la comunidad de valores” con las democracias en América Latina y el Caribe. Promete ampliar “su compromiso de fortalecer a las sociedades de la región en su lucha contra el populismo, los movimientos autoritarios y las dictaduras”. Apoyará los procesos de reconciliación y paz en el continente. Además, el gobierno alemán ve los estados de la región “como socios centrales para la cooperación multilateral, entre otras cosas en la preservación de la biodiversidad, en la lucha contra la crisis climática y para relaciones económicas sostenibles”.

La política exterior depende, no solo de los programas gubernamentales, sino también de las personas responsables. En muchos países de América Latina, mujeres han sido nombradas ministras de Relaciones Exteriores, mientras que en Alemania Annalena Baerbock es la primera mujer en dirigir el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es la segunda vez que el Partido Verde nombra al Ministro de esta cartera y el primero, Joschka Fischer (1998-2005), fue muy respetado tanto en Alemania como en el extranjero.

La nueva ministra de Relaciones Exteriores se enfrenta a grandes expectativas y cierto escepticismo sobre cómo una política exterior más orientada en valores puede hacer frente a realidades geopolíticas adversas. El acuerdo de coalición contiene muchas ideas innovadoras como una política exterior feminista para fortalecer los derechos, recursos y la representación de mujeres y niñas en todo el mundo y promover la diversidad social. Además, aboga por “una política climática exterior consecuente” que se refleja en la posición del nuevo gobierno respecto al acuerdo con el Mercosur.   

La ratificación del acuerdo UE-Mercosur

Los requisitos para la firma y ratificación del acuerdo UE-Mercosur son muy exigentes. La coalición condiciona su apoyo al acuerdo a la disposición de los países socios de contraer previamente obligaciones legalmente vinculantes, viables y verificables sobre la protección ambiental, social y de derechos humanos. Además, estos deben concluir acuerdos adicionales aplicables en la práctica sobre la protección y el mantenimiento de las áreas forestales existentes.

Estas demandas exigentes son bien intencionadas y apuntan en la dirección correcta, pero podrían fallar en su objetivo y no conducir a los resultados deseados. Se debe evitar en todo caso que se dé la impresión de que Alemania está subiendo a un pedestal político-moral y desde allí dando instrucciones a los países del Mercosur.

Demasiado idealismo en las relaciones con América Latina puede provocar resultados adversos. En su posicionamiento respecto al acuerdo UE-Mercosur el nuevo gobierno debe lograr un equilibrio entre valores e intereses tanto económicos como geopolíticos. Según el acuerdo de coalición, el nuevo gobierno quiere aumentar la soberanía estratégica de Europa en un sistema multilateral en estrecha cooperación con aquellos estados que comparten sus valores democráticos.

Pero la UE, y ciertamente Alemania por sí sola, no son los socios comerciales más importantes de América Latina y su peso seguirá disminuyendo durante esta década. Si la UE no firma pronto el acuerdo con Mercosur, este acuerdo eventualmente se volverá irrelevante; especialmente porque en su forma actual contiene muchas más ventajas para la UE que para los miembros del Mercosur.

La nueva ministra de Relaciones Exteriores, Baerbock, también aboga por una postura más dura hacia China. Esto conlleva el riesgo de alinear demasiado a Alemania con la política estadounidense, y que no encaja con los intereses de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos que tratan de no verse envueltos en el conflicto entre China y Estados Unidos, especialmente porque China es un socio comercial importante para muchos países.

En caso de una política más confrontativa con China, Alemania no necesariamente puede contar con el apoyo de América Latina, a pesar de que América Latina quiere a Europa y a Alemania como socio y como contrapeso a la creciente influencia económica de China en América Latina.

Queda por ver cómo se puede conciliar una política exterior con una orientación más basada en valores con la orientación más pragmática de la era Merkel, que también caracteriza el enfoque del nuevo canciller Olaf Scholz.

La historia latinoamericana recordará al 2021 como un año complejo. No solo por los retos de la recuperación social y económica post-pandemia, sino por otros eventos preocupantes que nos siguen revelando la fragilidad de nuestras democracias como las protestas violentamente reprimidas en Colombia, las manifestaciones anti-inmigración en Chile y los resultados electorales inesperados en varios países de la región.

Más allá de la violencia y de las masacres carcelarias

Entre febrero y noviembre de este año, en varias cárceles de Ecuador han tenido lugar una serie de episodios de violencia extrema que resultaron en el asesinato de cientos de personas encarceladas. La cobertura mediática y la narrativa oficial para explicar estas masacres ha puesto en el centro al empresariado mafioso dedicado al narcotráfico transnacional. Sin embargo, hay que considerar una cuestión más profunda y a la vez muy cotidiana relacionada con el “sentido común”: el significado de la justicia y el rol que el castigo penal cumple en nuestra identidad colectiva.

Una de las instituciones consideradas indispensables, que considero paradójicas, es la penalidad. Es decir, el conjunto de mecanismos a través de los cuales opera el poder punitivo (leyes sustantivas y procedimentales, juzgados, penitenciarías, policía, discursos securitistas, entre otros) y que incluye al castigo carcelario. Aunque hoy nos parezca que nuestra forma de castigar es “civilizada” en comparación con los castigos corporales y la ejecuciones públicas de la Edad Media, en la práctica, el aparato penal nunca ha dejado de ser brutal. La masacre de Carandirú (Brasil) y las masacres en Ecuador nos han permitido confrontar lo que cotidianamente negamos: nuestros sistemas de justicia producen dolor, violencia, desposesión y exterminio.

Quizá uno de los sostenes más importantes de la creencia que tenemos de que el castigo cruento es una cuestión del pasado y nuestro presente de democracias liberales es un pináculo de la evolución histórica, es que hoy, formalmente, los castigos crueles, inhumanos y degradantes están expresamente prohibidos en instrumentos internacionales y constituciones. No obstante, aún somos muy medievales en la práctica: la prohibición formal no se ha traducido en realidad material.

De hecho, en gran medida, la prohibición expresa de castigos deshumanizantes tiene el efecto paradójico de reconciliarnos con el castigo penal, nos hace percibirlo como benigno, nos hace creer que es susceptible de “optimización”, y “humanización”, aunque la historia haya probado lo contrario década tras década, siglo tras siglo. Sin mayor evidencia para probarlo asumimos que el castigo repara a las víctimas, que disuade a potenciales infractores futuros, que remedia problemas que lejos de ser interpersonales son producto de un capitalismo tardío que opera a través del despojo.

Además, nos confiamos porque hay un sistema de derechos humanos que en el papel protege a las personas encarceladas. Nos sentimos tranquilos porque hay un debido proceso (también en el papel), que creemos que velará por nosotros si nos investigan penalmente. Sentimos tranquilidad porque pensamos que la violencia carcelaria es cosa de “los otros”, de los “delincuentes”, aunque ante nuestra mirada se vaya expandiendo el sistema penal, criminalizando cada vez más conductas y acercándose cada vez más a nuestras familias.

Construir alternativas al sistema carcelario

Por décadas, la investigación ha mostrado que la reincidencia es lo más común (la prisión no rehabilita), que el ingreso a la cárcel suele poner a las personas en contacto con redes delictivas con las que antes no tenían relación (la prisión no neutraliza) y que las personas en prisión tenían tan pocas oportunidades de supervivencia que habrían delinquido sin importar la amenaza de castigo penal (la prisión no disuade). Aun así, no somos capaces de imaginar un mundo sin cárceles.

El problema no es, vale aclarar, que existan principios de derechos humanos cuyo fin es proscribir tratos y castigos que atentan contra la dignidad humana. Estos son necesarios. El problema es que nuestras respuestas como sociedades tienden a ser cada vez más legalistas y menos socioeconómicas. La repetida creación de leyes, reformas legales y políticas públicas, desvían nuestra atención de la experiencia encarnada, corporal, de existir en la prisión.

Cuando comprobamos que ocurren violaciones a los derechos humanos en las cárceles, en lugar de plantearnos la reducción y potencial eliminación de un sistema que siempre produce dolor, pedimos la creación de más reglas abstractas. Reglas que nos consuelan, pero que poco o nada cambian en el mundo real.

Cuando un juzgado penal ordena prisión preventiva o un tribunal dicta sentencia condenatoria a un nivel formal y abstracto está actuando en el marco de la Constitución y los principios de derechos humanos. Sin embargo, sobre todo ante un problema sistémico, recurrente y estructural como el de las cárceles ecuatorianas, la condena es, en el mejor de los casos, una condena a castigos inhumanos, y en el peor de los casos, una condena a muerte.

Los enunciados legales que establecen límites a las penas ocultan la materialidad corporal del castigo. El ordenamiento jerárquico de los principios abstractos por encima de las experiencias encarnadas es muy propio del modelo epistémico cartesiano y del liberalismo jurídico, que a su vez propicia el relegamiento de otras formas posibles de ver el mundo y la vida en comunidad. La normalización del encierro y el dolor infligido sobre el cuerpo como una retribución “justa”, a la par con el carácter fundamentalmente abstracto y autorreferencial del derecho, restringe nuestra capacidad de imaginar un mundo distinto.

Entonces, mi invitación es a que pensemos en todos los mecanismos no penales que ya tenemos para resolver nuestros conflictos y los llevemos más allá. La justicia no penal ya existe: cuando se redistribuyen los recursos para que más personas puedan vivir dignamente, cuando accedemos a educación y salud sin importar nuestro nivel de ingresos, cuando podemos comprar productos locales y contribuir a una economía más solidaria. Pensemos en el abolicionismo penal como una estrategia radical para contrarrestar los nefastos efectos de la hegemonía capitalista, colonial y patriarcal. El poder político de nuestra imaginación es más revolucionario de lo que creemos.