Una región, todas las voces

A un siglo de Paulo Freire, el educador rebelde que marcó la pedagogía mundial

El 19 de septiembre, cuando se celebraba en diferentes partes del mundo el centenario del pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire —uno de los educadores críticos más importantes del siglo XX y el tercer teórico más citado en la academia a nivel global— en Brasil, el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro y sus partidarios no se cansaron de atacarlo.

Mientras que Google homenajeaba a Freire con la inserción de la imagen de su rostro en el logotipo del buscador en todo el mundo y publicaba un tuit señalándolo como uno de los pensadores más importantes de la historia de la pedagogía mundial, uno de los hijos de Bolsonaro acusaba al gigante tecnológico de pronunciarse a favor de la decisión del tribunal brasileño que prohibió al gobierno federal atentar contra la dignidad del educador.

Paulo Freire, quien fuera expulsado de Brasil por la dictadura militar en 1964 está siendo condenado a un segundo exilio por las recurrentes críticas del gobierno de Bolsonaro con el objetivo de destruir su legado. Pero paradójicamente, el poder universal de la obra de Freire se construye precisamente en la síntesis de esta trayectoria de desplazamiento construida en la intersección entre las particularidades del conocimiento y las memorias llevadas al exilio, y otras construidas en las interacciones culturales posibilitadas por su condición de exiliado.

Pedagogía del exilio

En septiembre de 1964, tras ser perseguido y encarcelado por la dictadura militar, Freire partió al exilio con su familia. Un año antes, junto a un grupo de estudiantes había concluído un proyecto para enseñar a leer y escribir a 300 adultos en la localidad de Angicos, en el interior de Rio Grande do Norte, en el noreste de Brasil. En los años 60, según datos del Ministerio de Educación, 15,9 millones de brasileños mayores de 15 años —el 39,6% de la población del país— no sabían leer ni escribir.

En sus 15 años de exilio, que comenzó en Bolivia, Freire vivió experiencias políticas y educativas en varios países de los cinco continentes como Chile, Estados Unidos, Suiza, Guinea Bissau, Santo Tomé y Príncipe, Cabo Verde, Australia, Italia, Nicaragua, Fiyi, India y Tanzania. En “Pedagogía de la Esperanza”, libro en el que comparte algunas de sus experiencia en el exilio, describe el exilio como una especie de «anclaje» que le permitió «reconectar los recuerdos, reconocer los hechos, los actos, los gestos, unir los conocimientos, soldar los momentos y volver a conocer para saber mejor».

En una conversación con el escritor y activista Frei Betto, extraída del libro Essa escola chamada vida, Freire afirma: «Para mí, el exilio fue profundamente pedagógico. Cuando en el exilio tomé distancia de Brasil, empecé a entenderme y a comprenderlo mejor […]. Fui tomando distancia de lo que hacía y asumiendo el contexto provisional, pude entender mejor lo que hice y pude prepararme mejor para seguir haciendo algo fuera de mi contexto, y también para un eventual regreso a Brasil».

En su primera noche de exilio en La Paz, Freire reflexionó sobre lo que llamó la «educación de la nostalgia» y su relación con la Pedagogía de la Esperanza. Para el autor, vivir la vida cotidiana del exilio implicaba no sólo afecto sino también reflexión crítica. La capacidad crítica de sumergirse en la dinámica cotidiana de un nuevo espacio-tiempo, sin prejuicios, le permitiría a los exiliados una comprensión histórica de su propia situación.

Más tarde, cuando llegó a Chile, donde trabajó durante cinco años en programas de educación de adultos en el Instituto Chileno para la Reforma Agraria, Freire comenzó a recordar los saberes que llevaba en la memoria y que pasaron a ser vividos intensa y rigurosamente en los nuevos espacios del exilio. Entre ellos, el respeto a las diferencias culturales y al contexto en el que se vive el exilio, la crítica a la «invasión cultural», al sectarismo, así como la defensa de la radicalidad, principio que el autor desarrolla en su obra “Pedagogía del Oprimido”.

Sin embargo, el exilio como estrategia de los gobiernos autoritarios para eliminar la memoria política sigue siendo resignificado por el pensamiento de Paulo Freire como ese espacio provisional de creación, actualización y preservación de un legado pedagógico-político que es ahora patrimonio de la humanidad.

Reconocimiento internacional y legado

En 1969, Paulo Freire fue profesor visitante en la Universidad de Harvard y desde entonces recibió 35 doctorados honoríficos. A su regreso a Brasil, Paulo Freire trabajó como profesor en la PUC-SP y en la Unicamp, y de 1988 a 1991 ocupó el cargo de secretario municipal de educación en la ciudad de São Paulo. En 1986 recibió el Premio UNESCO de Educación para la Paz y actualmente existen centros dedicados a discutir su obra en países como Finlandia, Sudáfrica, Austria, Alemania, Holanda, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. En 2012 fue también declarado patrono de la educación brasileña.

A un siglo del natalicio de uno de los mayores intelectuales latinoamericanos, vale recordar su aproximación a la educación como acto político, humanizador y transformador, y como práctica de diálogo orientada a la producción de autonomía y lectura crítica del mundo.

En “Pedagogía de la esperanza”, publicado en 1992, Paulo Freire recordó las numerosas ocasiones en las que se cuestionó su condición de educador y se le criticó por su exagerada politización, como ocurrió en una reunión de la UNESCO celebrada en París con la participación de representantes latinoamericanos. «No se dieron cuenta, sin embargo, de que al negarme la condición de educador, por ser demasiado político, eran tan políticos como yo. No obstante, ciertamente, en una posición contraria a la mía. Neutrales no eran ni podían serlo».


Episodio relacionado de nuestro podcast:

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El problema de los diputados desertores en Costa Rica

El 21%, más de una quinta parte de los representantes del parlamento costarricense se ha declarado independiente. Esta proporción es escandalosa y refleja, principalmente, la debilidad de los partidos políticos. Esta masiva deserción se debe principalmente a que en Costa Rica los partidos, especialmente los nuevos o los pequeños que aspiran a posicionarse en el campo político eligen candidatos sin ningún tipo de rigurosidad con el único objetivo de ganar sin importar las consecuencias.

Así, por ejemplo, el Partido Restauración Nacional que sorprendió surgiendo como fuerza política pasando de uno a catorce diputados se dividió, al poco tiempo de iniciada la legislatura, en dos grupos de siete diputados. El Partido Integración Nacional consiguió cuatro curules gracias a su mediático candidato presidencial, sin embargo, incluso antes de asumir las diputaciones hubo fracturas internas y uno de sus miembros inició su labor como diputado independiente. Sobre la marcha, otros diputados han abandonado la bancada por la que llegaron al congreso. A la fecha, únicamente la fracción del Partido Liberación Nacional se mantiene unida y el partido Frente Amplio queda fuera del recuento ya que cuenta únicamente con un diputado.

Prácticamente la totalidad de grupos parlamentarios han tenido deserciones de sus filas, generando un grave problema para la negociación política y una mayor atomización en un parlamento ya de por sí multipartidista. Sin duda, esto ha disparado más de una alarma con propuestas poco atinadas.

Los diputados representan a la nación, no los partidos

Reconociendo el problema del transfuguismo parlamentario, hay quienes creen que esta deserción de los políticos con sus partidos se combate quitando la credencial al diputado que renuncia a su bancada. Pero esta solución, además de inconstitucional, parte de una visión muy equivocada de la representación de los diputados. El artículo 106 de la Constitución costarricense proclama uno de los principios fundamentales que definen la democracia representativa y que recoge, además, una de las principales conquistas de la Revolución Francesa: el mandato representativo.

La Constitución dice que «los Diputados tienen ese carácter por la Nación». Dicho de otra forma, los diputados representan a la nación en su conjunto y no a sus partidos, provincias, o cualquier otro grupo de interés que les apoye. Por tanto, no se debe confundir lo que representan los diputados con la forma en que se eligen. Los diputados se agrupan y son elegidos por los partidos como reflejo de las distintas visiones o posturas ideológicas que tiene nuestra sociedad. Al menos así debería ser. Esa representación proporcional que refleja el pluralismo político en la Asamblea Legislativa es otra gran conquista.

Pero lo que ha pasado en Costa Rica es que los partidos nuevos o los pequeños que aspiran a ser grandes, eligen candidatos sin ningún tipo de rigurosidad. En algunos casos los partidos escogen candidatos para rellenar campos y en otros buscan figurones mediáticos para intentar aumentar su caudal electoral. Y, luego, si esas personas coinciden o no con los postulados del partido ya es irrelevante, porque lo importante para los partidos es ganar a cualquier precio.

El problema es que luego de las elecciones y a lo largo de las legislaturas las fracciones se resquebrajan y empiezan a pulular las diputaciones independientes lo cual, no solo debilita a los partidos políticos, si no a la propia democracia.

Soluciones al transfuguismo

Si se quisiera, existen diversas formas estructurales e institucionales para desincentivar el transfuguismo costarricense. En primer lugar, las jefaturas de las bancadas parlamentarias deberían tener mayor poder para asignar o quitar recursos a sus diputados. Quien lidera la fracción legislativa debe tener la posibilidad de asignar todo tipo de recursos a los suyos y, cuando un diputado se desvía de la disciplina partidaria, se le pueden reducir o limitar todo tipo de herramientas como personal de apoyo, recursos materiales o incluso puestos importantes en comisiones parlamentarias.

Por ejemplo, en algunos países con democracias sólidas, un diputado que es presidente o secretario de una comisión recibe un estipendio adicional por esa responsabilidad. Si ese diputado se declara independiente o abandona la disciplina de partido, el jefe de la bancada tiene libertad de removerlo y sustituirlo, perdiendo este los recursos económicos extra que recibe. El incentivo es para quedarse dentro del partido y ser disciplinado.

En segundo lugar, debería existir la carrera parlamentaria. Un diputado leal, disciplinado, buscar ser reelecto y la posibilidad de la reelección sucesiva es un incentivo para mantenerse en el grupo parlamentario y no abandonarlo. Pero, así como recompensar al buen diputado con la posibilidad de la reelección es un incentivo adecuado, es igualmente responsabilidad de los partidos no abrir las puertas a diputados tránsfugas para desincentivar la práctica.

Además de estos mecanismos para disuadir a los congresistas, debe aumentarse la cantidad de diputados, lo cual podría contribuir a diluir el poder individual de los diputados. Es importante destacar que Costa Rica, con 57 diputados, tiene uno de los parlamentos con menor cantidad de representantes de la región, por lo que el peso relativo de un diputado tránsfuga, representa un problema importante para un segmento considerable de la población y del andamiaje político en su conjunto. No tienen el mismo poder 12 diputados independientes de 57 curules (21%), que 12 independientes de 100 curules (12%). De modo que, declararse independiente de un grupo numeroso, donde el poder individual es menor, es un desincentivo.

Ahora bien, a pesar de estas soluciones que a modo de incentivos buscan evitar el transfuguismo parlamentario, el aspecto central para revertir estas prácticas es que los partidos eviten caer en soluciones simplistas para atraer el voto y demuestren responsabilidad ante la ciudadanía. Para ello, deben escoger candidatos con una sólida coherencia ideológica y que representen los valores del propio partido para que de esta manera se garantice una mínima fidelidad.

Y finalmente, el votante es corresponsable de quién llega a la Asamblea Legislativa. Es su voto el que determina los partidos que ganan curules. Por tanto, es usted quien está obligado a identificar a los partidos que propongan los mejores candidatos que compartan su propia visión. Claro, eso sería mucho más fácil si usted se involucrara directamente en los partidos y abandonara la comodidad del mero reclamo por redes, una más de las modas del momento.

Con partidos sólidos e ideológicamente coherentes, con una ciudadanía mucho más responsable y activa electoralmente; sumando, además, algunos cambios estructurales como el aumento en la cantidad de diputados o permitiendo la reelección sucesiva, probablemente tendríamos muchos menos diputados independientes y un parlamento mucho más estable.


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Los anti-vacuna y su “libertad” para contagiarnos

Coautor Federico Finchelstein

En plena pandemia, Jair Bolsonaro, así como Donald Trump, ha buscado beneficiarse políticamente negando la ciencia y promoviendo el avance de la enfermedad. Pero en Austria, los anti-vacuna han ido más allá. En el país alpino los escépticos del Covid-19 ya tienen su partido y recientemente ganaron escaños en el parlamento regional en un hecho inédito que se enmarca en un fenómeno mas amplio, la politización extremista de la enfermedad.

Como con Bolsonaro en Brasil, pero de forma aun más exclusiva, el objetivo central de este nuevo partido es la oposición a la campaña de vacunación del gobierno austríaco y el rechazo a las nuevas restricciones que requieren prueba de inoculación para ingresar a restaurantes y otros espacios cerrados.

A nivel global, el movimiento anti-vacunas está compuesto por un grupo muy ecléctico de personas atraídas por el miedo. Desde padres que se piensan progresistas y consideran que junto a sus hijos viven vidas saludables por lo que no enfermarán, y por ende no necesitan incorporar a sus cuerpos elementos extraños que pueden provocarles efectos negativos, hasta grupos de extrema derecha cuya paranoia les lleva a fantasear con conspiraciones de gobiernos, magnates y la industria farmacéutica quienes supuestamente esconden la verdad. Ante estos temores, los anti-vacuna prefieren la enfermedad o el riesgo potencial a la enfermedad.

El primer partido anti-vacuna

El partido austriaco anti-vacuna adoptó como nombre una trinidad, “Pueblo, Libertad, Derechos”. De momento es un partido minoritario, y las libertades y derechos que reclama son los mismos de los anti-vacuna a nivel global, que son libertad y derecho para contagiarse y por ende contagiarnos.

Como señala el Financial Times, este efecto menor puede tener repercusiones mayores en el futuro. Austria es, además, el país que primero nos regaló a Adolf Hitler y luego, a fines del siglo pasado, a Jörg Haider, unos de los primeros populistas de extrema derecha que llegó al poder en una coalición de gobierno en el año 2000. En esos años, en que la cercanía al fascismo era algo tóxico, Austria fue muy criticada en la Comunidad Europea y se convirtió en una suerte de paria internacional. Hoy el contexto es muy distinto.

Líderes como Donald Trump y su discípulo, Jair Bolsonaro, son claramente pro-Covid en el sentido de que sus políticas y mentiras beneficiaron la propagación de la pandemia, primero en sus países y luego a nivel global. Si bien Bolsonaro es claramente anti-vacuna, Trump es ambivalente y tiende a apoyar el profundo rechazo de sus votantes a las vacunas. Una de sus fantasías vincula a la vacuna triple viral —que protege contra el sarampión, paperas y rubeola— con el diagnóstico de autismo en niños.  Este miedo infundado a las vacunas lo difundió exitosamente a través de sus mensajes en Twitter, lo cual no quitó que al abandonar la Casa Blanca recibiera su vacuna anti-covid.  

Tanto Bolsonaro como Trump hacen política con el Covid-19 pero también tienen otras prioridades antidemocráticas en su agenda. A saber: negar resultados electorales, fomentar la xenofobia, militarizar la política, reprimir y victimizar minorías, inmigrantes y periodistas, planificar auto-golpes pasados y futuros, y sobre todo tratar de no ir a la cárcel por las sospechas de ilícitos y corrupción que los acechan.

La candidata repetida post-fascista a la presidencia de Francia, Marine Le Pen, y su partido presentaron “el libro negro del Coronavirus” dedicado a todas las víctimas del virus. La paradoja es que a la vez que denuncian las “mentiras” y las medidas sanitarias del gobierno francés, presentan la libertad como el derecho a ignorar la ciencia sobre la enfermedad.

En este sentido, todos ellos se sitúan a la derecha de Haider y más cercanos a Hitler. Para los fascistas, las palabras están al servicio de mentiras simples y absolutas, que en realidad son mentiras mayores. La gran mentira sobre el Covid, así como la gran mentira sobre las elecciones y el golpe fallido, definen la historia del trumpismo de la misma forma que las mentiras antisemitas definieron al nazismo. Pero es necesario recordar que los nazis utilizaban la enfermedad como metáfora, y a veces también como realidad contra sus enemigos.

En su libro Mi Lucha, Hitler afirmó que para quienes querían la libertad de la “sangre alemana” era necesaria “liberarla” del “virus extranjero” representado por el “problema judío”. Como señala Branko Marcetic en un texto publicado en la revista Jacobin, contrariamente a los supuestos precedentes fascistas de los mandatos para las vacunaciones de los anti-vacunas y la extrema derecha de Europa, Estados Unidos y América Latina, los nazis en realidad relajaron las vacunaciones para los alemanes y restringieron totalmente la vacunación para personas consideradas inferiores.

Los nazis dejaron de vacunar con el propósito de fomentar la enfermedad y la muerte entre los ajenos, no con los propios. En esto sus herederos se diferencian, promueven entre sus seguidores la desinformación sobre la vacunación y las mentiras sobre las medidas sanitarias y formas de contagio, lo cual ha provocado una mayor incidencia de muertes entre sus propios seguidores.

Hitler definió que su política buscaba construir los primeros peldaños para que su nación “ascendiera al templo de la libertad”, la misma “libertad” a la que hace referencia el partido Pro-Covid de Austria cuyo lema es “no creas en todo lo que te dicen.” De todas las lecciones que ha dejado la pandemia, las metáforas de la enfermedad y la ignorancia de la ciencia son de las más preocupantes. Y es que quienes hablan de libertad como licencia para contagiar al resto de la sociedad son en realidad sus mayores enemigos.

*Este texto es una reedición de un texto publicado originalmente en Clarín, Argentina

Federico Finchelstein es profesor de Historia de New School for Social Research (Nueva York). Doctor por Cornell Univ. Autor de varios libros sobre fascismo, populismo, dictaduras y el Holocausto. Su último libro es «Brief History of Fascist Lies» (2020).

La sequía del río Paraná golpea la economía brasileña

Las últimas semanas han sido de gran turbulencia en Brasil. En medio de una crisis política entre los tres poderes de la República, de manifestaciones antidemocráticas y de una economía que se tambalea, la cuestión del clima surge como otro elemento clave. La amenaza de las sequías, los fenómenos extremos y ahora los cortes de electricidad ponen en peligro la actividad económica brasileña.

La agenda medioambiental ya es la causa de las presiones internas y externas sobre Brasil. Sin embargo, el clima, más que nunca, ha demostrado ser una variable impeditiva para un mayor dinamismo económico debido a la sequía más severa a la que se ha enfrentado el país en los últimos 91 años.

Naturalmente, el otoño y el invierno son las estaciones «secas» en la mayor parte de Brasil. Aun así, los promedios de precipitaciones en todo el país están por debajo de los de años anteriores, especialmente en el Centro-Oeste, Sur y Sudeste, regiones donde se concentra gran parte de la población brasileña y de la producción agrícola.

Los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) y de la Agencia Nacional del Agua (ANA) indican que casi el 45% de los 5565 municipios brasileños sufren algún grado (severo, extremo o excepcional) de sequía.

Al afectar a importantes regiones agrícolas y generadoras de energía, las sequías causan pérdidas multimillonarias, al tiempo que suscitan preocupación por el futuro económico de estas regiones. En el sur del Estado de Minas Gerais, donde se produce casi el 50% de la producción de café de Brasil (la mayor del mundo), la combinación de la sequía y las recientes heladas ha destruido plantaciones enteras a gran escala, lo que ha provocado un aumento del precio al consumidor final de alrededor del 40%, según la Asociación Brasileña de la Industria del Café.

Por primera vez en años, el PIB agrícola y ganadero de Brasil cayó, con una reducción del 2,8% en el segundo trimestre del año, lo que fue determinante en la caída del 0,1% del PIB total del país.

Sequía en un importante río del Cono Sur

Un punto especial dentro de este contexto es la situación del río Paraná. El segundo río más grande de Sudamérica en términos de longitud (casi 5.000 kilómetros), el Paraná se enfrenta a una reducción de su caudal desde 2019, lo que hace que algunas partes que antes eran fluidas se puedan cruzar a pie. Esta es la sequía más larga que ha sufrido el río desde 1941.

El río Paraná es el más importante para la geopolítica del Cono Sur, especialmente por su papel como integrador del comercio entre las naciones del Mercosur. Sus aguas se utilizan para el flujo de la producción brasileña, argentina, paraguaya y boliviana.

Además de su rica biodiversidad, que garantiza el sustento de miles de personas a través de la pesca, y del papel fertilizante que desempeña en las tierras de los países por los que fluye hasta llegar a su desembocadura, cerca de Buenos Aires, el río desempeña un papel central en la producción hidroeléctrica brasileña y paraguaya, a través de la central de Itaipú, y argentina, a través de la central de Yacyretá.

No hay consenso sobre si la situación del río Paraná se debe al cambio climático o es parte de su ciclo natural, ya observado en otras épocas. Aun así, hay que destacar que actualmente, cualquier sequía tiene un impacto mucho mayor que las anteriores debido a la mayor densidad demográfica y económica «alrededor» del río. Y aunque el cambio climático no sea el único responsable, los incendios, tanto en la Amazonia como en el Cerrado brasileño, podrían estar contribuyendo a los cambios en el régimen de lluvias de la región. Como el río «nace», a través de la alteración de los «ríos voladores» que se forman a partir de la selva gigante o a través de alguna alteración en el acuífero guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, a la que está directamente asociada la fuente del río Paraná.

Mientras que las estimaciones de la Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican una tasa de crecimiento del 5,9% en 2021 y del 2,99% en 2022, las proyecciones para Brasil son aún más bajas: 5,2% y 2,2%, respectivamente. Sin embargo, los analistas ya indican la posibilidad de un crecimiento por debajo del 5,0%, dependiendo del comportamiento de los mercados mundiales de materias primas, la oferta interna de energía y la política monetaria aplicada por el Banco Central para controlar la inflación.

En un escenario optimista, el país podría alcanzar el nivel anterior a la pandemia en 2023 o 2024, pero en un escenario más pesimista, esta recuperación podría tardar aún más, llegando sólo a mediados de la segunda mitad de la década.

El riesgo de apagones en una economía debilitada

Las autoridades brasileñas han confirmado el riesgo inminente de «apagones» en el suministro de energía si no aumentan los niveles de agua en los embalses o si no se reduce el consumo de electricidad. Los apagones serían catastróficos para la dinámica de una economía que necesita volver a crecer para generar empleo para 20 millones de parados y sacar a 10 millones de la pobreza extrema.

Las pérdidas de cosechas, el aumento de los precios de la energía, el uso de centrales termoeléctricas (más contaminantes y más caras) y el aumento de los costes de transporte en varias cadenas que dependían de las aguas del río Paraná para el flujo de la producción agrícola, dieron lugar a un aumento generalizado de los precios que hizo que la inflación del país alcanzara los dos dígitos, algo que se vio por última vez en 2000, año en el que se presentó otra crisis energética en el país. 

La sequía en Brasil hace más que evidentes los efectos de las alteraciones del régimen de lluvias debidas al cambio climático sobre la actividad económica. Brasil, a pesar de su rica biodiversidad, puede ser uno de los países más afectados por las sequías prolongadas, sobre todo porque es un gran productor agrícola que utiliza sus recursos hídricos de forma intensiva, y a menudo no muy racional. Además, también muestra el poder de la naturaleza sobre las actividades humanas, indicando lo terrible y potencialmente destructivo que sería un bloqueo climático, es decir, la paralización forzosa de las actividades económicas por razones exclusivamente climáticas.

¿Democracia? Cuando me conviene

En América Latina las exigencias democráticas dependen de quién esté en el gobierno. Carl Schmitt nos advertía hace más de medio siglo de esa forma de entender la política. Crear una antítesis, sea material o imaginario, para justificar la lucha encarnizada por el poder y evitar que “el otro” se alce con la victoria y pueda sobreponerse a las “únicas y sacrosantas intenciones” de uno de los bandos. El bueno versus el malo, el imperio versus la alianza rebelde, los vengadores versus Thanos. De vez en cuando, los bandos nos presentan su elegido, un ungido por las “estrellas” —o un mitin político— que con mano de hierro, voz de trompeta y gran elocuencia envuelve a los ciudadanos ofreciéndoles “la victoria definitiva” sobre los enemigos, los anti-patria u oligarcas.

La dicotomía amigo-enemigo

Y si para esto “los buenos” deben pasar por alto las instituciones ¡no importa! Da igual si se trata de golpes de Estado, de eliminar el Estado de Derecho, de cambiar las instituciones del Estado a la fuerza, atentar contra los principios republicanos, hacer la vista gorda antes ataques a la separación de poderes, desconocer al poder legislativo como contrapeso o llamar “bloqueo” a la discusión democrática cuando “el bando de los buenos” no puede imponer su agenda.

En América Latina sobran los ejemplos, tanto en la izquierda como en la derecha. En El Salvador, la mayoría legislativa de Nayib Bukele, el presidente con mayor aceptación de la región, destituyó ilegalmente a los miembros del Tribunal Supremo de justicia, haciéndose del control de la sala constitucional. Y meses más tarde, justamente la Corte Suprema de Justicia autorizó al presidente a buscar la reelección a pesar de su inconstitucionalidad.

En Ecuador, el ex presidente Correa se valió de consultas populares para dar legitimidad a sus pretensiones, aduciendo que su proyecto político salvaría al Ecuador de las “garras de los pelucones” y permitiría a “la patria grande” alcanzar su “segunda y definitiva independencia”. Paradójicamente, el actual presidente Lasso, opositor al ex presidente, anunció la posibilidad de llamar a consulta popular para destrabar un supuesto “bloqueo” de la Asamblea Nacional a sus proyectos de ley de reforma laboral y tributaria. Pero para sus seguidores esto no importa, su líder puede pasar por encima de las instituciones —cómo lo hacía Correa sin ser un tirano como Correa— ya que este pertenece al “bando de los buenos”.

¿Institucionalidad? Es lo primero que se debe exigir al oponente. Pero tampoco hay que abusar, no vaya a ser que se coviertan un freno “al proyecto país”. Y si se vuelven una traba, habrá que pasarlas por alto, modificarlas y si hace falta eliminarlas. Pasó con Fujimori en el golpe de Estado de 1992, con Correa en 2011, lo intentó Uribe en el año 2010 y Evo Morales se presentó a una cuarta reelección en el año 2019 saltandose todas las normas.

¿Y los valores democráticos?

La cultura política en esta parte del mundo carece de valores democráticos. El diálogo se confunde con debilidad, el respeto a la ley es sinónimo de candidez y la tolerancia es prácticamente intolerable. Lamentablemente tenemos una cultura política que se derrite ante la demagogia y buscamos incesantemente mesías que “salven al pueblo” —aunque sean autoritarios— siempre y cuando sean parte de “los buenos”. Y es que la democracia no puede ser posible mientras quien dirija sea “el otro”.

No pretendo hacer un análisis y menos aún rebatir los estudios sobre populismo realizados por grandes científicos sociales como Carlos de la Torre, Loris Zanatta, Margaret Canovan, María Antonia Muñoz o Ernesto Laclau. Pero vale la pena analizar y criticar, no sólo a los actores políticos, sino también debe existir una fuerte crítica desde y hacia la ciudadanía.

Muchas veces responsabilizamos a los políticos del estancamiento del país y los culpamos por las carencias de la democracia. ¿Pero cuándo nos hemos parado los ciudadanos frente al espejo para examinar nuestras propias miserias, las misma que debilitan a la democracia y las instituciones? ¿hasta qué punto el “gobierno del pueblo”, que ni le importa ni entiende la democracia, no es una quimera? ¿hasta cuándo respetaremos la democracia, siempre y cuando nos venga bien? ¿Será que seremos los latinoamericanos la peor amenaza para nuestra propia democracia? Para cambiar esto es imperante cambiar la cultura política de nuestros países. Pero quien sabe, a nadie le importa demasiado.

Foto de Presidencia El Salvador


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El deterioro de las playas afectará a algo más que sus vacaciones

Cuando nos imaginamos la playa nos viene a la mente el movimiento de las olas, los partidos de fútbol en la arena o las risas de los niños chapoteando en la orilla. Sin embargo, no somos conscientes de que nuestras playas están sufriendo lo que se conoce como “estrés costero”. A corto plazo, este “estrés costero” comporta la pérdida de hábitats naturales o el deterioro de su calidad debido a las intervenciones de las personas. Pero sus consecuencias a largo plazo pueden ser incluso peores, ya que los países más afectados, además de perder sus playas, sufrirán impactos económicos y sociales incalculables.

La desaparición de las playas

La ocupación de zonas costeras en el mundo ha crecido de manera exponencial. La búsqueda de recreación en las playas, gracias a una mayor movilidad y conectividad, ha provocado que el turismo se multiplicara por cuatro en los últimos 30 años. Esto ha tenido un impacto sustancial en las economías de la región. En 2019, el año previo a la pandemia, el sector de viajes y turismo, el cual en gran medida representa al turismo de sol y playas, generó 16,9 millones de empleos, el 7,9% de la fuerza laboral total de América Latina.

Las amplias y kilométricas franjas costeras del continente americano incluyen las playas y las dunas, las cuales proveen innumerables bienes y servicios a nuestra sociedad. Precisamente las comunidades humanas en gran parte de los casos participan de la degradación de las costas, ya sea a través de la construcción en ecosistemas frágiles como las zonas de dunas u otro tipo de intervenciones. Este fenómeno, sumado al incremento del nivel del mar por efecto del cambio climático, está impactando las playas a tal punto que en algunos lugares llegan a desaparecer.

Uruguay es un caso emblemático. En lugares como el balneario Aguas Dulces, en el departamento de Rocha, el mar ha avanzado decenas de metros en las últimas décadas arrastrando cada invierno un puñado de casas construidas sobre la playa y los médanos. Durante años, los vecinos de las casas construidas en primera fila han intentado frenar el avance del mar colocando piedras y bolsas de arena lo cual apenas sirve para retrasar, con suerte, algún año o mes la desaparición de sus propiedades.

Un problema infravalorado por las instituciones

En este marco, las perturbaciones temporales como el llamado fenómeno “El Niño”, que afecta a países de toda la región, exacerban aún más la vulnerabilidad de las costas. El colapso de estos ecosistemas, además de ser una tragedia ambiental, implica la pérdida de medios de subsistencia, porque impactan a industrias como el turismo o directamente la vida de las personas que subsisten de estos ecosistemas como las comunidades de pescadores.

Los débiles esquemas de manejo y gobernanza, debido en parte a que los gobiernos de la región no son siempre conscientes de la gravedad de esta situación, no permiten un apropiado monitoreo y control de medidas de regulación. Esto ha potenciado la rápida degradación de las amplias y kilométricas franjas de costa sin que se hayan tomado apenas medidas de contención.

El continuo aumento del nivel del océano, así como la expansión de la urbanización, la industrialización y la afluencia de personas tiene consecuencias profundas en las playas y dunas, no solo por la ampliación de infraestructura en el litoral, sino por la demanda de recursos y acceso.

La falta de claridad sobre los factores de impacto, en especial en relación con los límites del ecosistema de playa, impide o limita la identificación de las instituciones responsables que deberían diseñar las normas más adecuadas. De hecho, ante la carencia de políticas amplias y a largo plazo que deberían ser diseñadas desde los gobiernos centrales, lo que termina sucediendo generalmente es que las pocas iniciativas que se toman quedan reducidas a políticas locales para afrontar problemas puntuales. Esto incide directamente en la compresión del litoral o el angostamiento de la faja costera.

Soluciones eficaces… pero insuficientes

En Quintana Roo, México, por ejemplo, bajo el liderazgo de las comunidades costeras se ha logrado consensuar soluciones sobre los derechos de acceso físico y el uso de los espacios de uso común. Además, se ha llegado a un equilibrio entre las necesidades de subsistencia de los pescadores y las exigencias de los operadores de turismo costero, y las organizaciones involucradas apoyan intercambio de información.

A pesar del éxito de algunas de estas políticas locales, el problema es que en ocasiones se intenta reproducirlas desde los gobiernos centrales en otros contextos y se termina debilitando el vínculo entre el ambiente y las comunidades.

La necesidad de un cambio de paradigma

Según las más reciente investigaciones sobre patrones, procesos y mecanismos ecológicos en las playas, es imprescindible tener en cuenta el marco social-ecológico —no sólo económico— para evaluar correctamente la vulnerabilidad de estos sistemas costeros al cambio ambiental global. Las necesidades son tan complejas que exigen el involucramiento de diversos sectores de la sociedad que no suelen interactuar y menos en temas tan complejos como la reducción de la franja costera y la erosión de las playas.

En concreto, las políticas y planes deben mantener una relación de equidad con las poblaciones locales, depositarias del conocimiento ecológico tradicional imprescindible a la hora de robustecer las estrategias de manejo de las zonas costeras.

En este marco, los gobiernos deberían empezar por preocuparse en conocer más acerca del actual estado de las zonas costeras. En las áreas más urbanizadas, tendrán que debatir y negociar con sectores como el inmobiliario y el industrial que, en última instancia, no podrán continuar poblando las costas, en parte porque a largo plazo serán sus propios negocios los que deberán enfrentar los embates del cambio climático.

Al salvar las playas, protegemos la biodiversidad, las fuentes de empleo y los espacios de recreación de propios y visitantes. Pero para ello, los políticos y tomadores de decisiones de la región deben sumar activamente, no solo a la sociedad civil y los expertos, si no también datos satelitales y el machine learning —aprendizaje automático— para definir las medidas que mejoren, fortalezcan o apoyen estrategias de manejo de ecosistemas tan complejos como las playas.

Irene Torres es asesora en política científica en el Instituto Interamericano de Investigación en Cambio Global (IAI).

¿AMLO busca reinstaurar el monopartidismo?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quiere eliminar los diputados “de partido”, aquellos que llegan al congreso por la vía de la representación proporcional. La cámara baja de México tiene un sistema de representación mixto integrada por 500 diputados: 200 “de partido” o plurinominales y 300 de mayoría por cada uno de los distritos electorales en que se divide el territorio. El presidente dice que su objetivo es “garantizar la democracia” y pone un garlito: “¿Para qué tantos diputados? ¿Por qué no se quitan los 200 diputados plurinominales?”. ¿Dónde está el truco? Fácil: eliminar a los diputados “de partido” abre la posibilidad a llevarnos de vuelta al monopartidismo que vivió México en los 70’.

Las manzanas siempre parecen mejores en el huerto del vecino

El argumento que esgrime el oficialismo mexicano es que los diputados “de partido” no cuentan con la suficiente legitimidad democrática. Sugieren que por su origen responden exclusivamente a sus partidos y sus líderes (la “partidocracia”). Dicen además que los diputados “de partido” no están conectados con la “gente”, como sí lo estarían los de mayoría que tienen que patear la calle para ganarse los votos en sus distritos electorales.

Tiene gracia el asunto visto desde Canadá, aquí los partidos de izquierda piden lo contrario: abolir los distritos electorales y adoptar el método de representación proporcional para todo el país. El objetivo sería que el porcentaje de votos de cada partido se refleje nítidamente en su porcentaje de asientos en el Parlamento. Su principal argumento es, irónicamente, similar al de AMLO: los 338 miembros del Parlamento, uno por cada distrito electoral en que se divide el país, no reflejarían el sentir de la gente. Ello porque el sistema de mayoría castiga a los partidos minoritarios y crea mayorías “artificiales”, lo que no sería justo ni democrático nos dicen.

Hay que decir que el sistema electoral de cada país responde a su desarrollo político. En el caso mexicano no es una exageración decir que la transición democrática empezó con la introducción de diputados “de partido” en 1977. Gracias a la reforma electoral de ese año los partidos de oposición pudieron obtener representación en el Congreso, y esto en una época en la que el hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) barría en todos y cada uno de los distritos electorales. Por su parte, el sistema mayoritario canadiense es herencia directa de la tradición Westminster, común a muchos países de la Mancomunidad Británica de Naciones.

Caras vemos, corazones no sabemos

Una mirada más profunda revela que, muchas veces, los políticos que quieren cambiar las reglas electorales lo hacen movidos por un oportunismo cortoplacista. En México, el oficialismo olvida que ellos fueron uno de los principales beneficiarios del sistema mixto de representación en las elecciones de 2015. Ese año el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) de AMLO participó por primera vez en unas elecciones federales, recibiendo 35 diputaciones cuando sólo ganó en 14 distritos.

Ya se sabe que el poder cambia a las personas, y ahora que MORENA es mayoría busca adoptar un sistema puramente distrital que le permita arrollar a la oposición. Teniendo en cuenta que en las elecciones de 2018 MORENA y sus aliados ganaron 218 de los 300 distritos, es decir casi tres cuartas partes, bajo las nuevas reglas que ahora impulsan habrían obtenido el 73% de los escaños en la cámara baja con apenas el 46% de los votos. Como punto de comparación, en el año 1979 el PRI hegemónico obtuvo el 74% de las diputaciones.

Pero en todas partes cuecen habas. Fijémonos ahora en el caso canadiense y su actual primer ministro liberal Justin Trudeau, quien en 2015 prometió en campaña una reforma electoral para introducir diputados de partido. Ese año, contra todo pronóstico, Trudeau se alzó con la mayoría absoluta desbancando de forma humillante al Partido Conservador de Stephen Harper. Y adiviné usted lo que ocurrió con su promesa. Sí, acertó: se olvidó de ella. No sorprende: bajo las reglas de representación proporcional el Partido Liberal de Trudeau habría conseguido apenas el 40% de los escaños, mientras que el principio de mayoría le otorgó el 54%.

A mucha cortesía mayor cuidado

Los cambios de los sistemas electorales son presentados a los ciudadanos como una forma de hacer justicia y reforzar la democracia. Lo cierto es que, por la ley de Duverger, los sistemas de representación proporcional y de mayoría tienen sus pros y sus contras. El truco está en que generalmente los políticos que buscan cambiar las reglas, en un sentido o en otro, lo hacen buscando su propio beneficio (nadie se da un tiro en el pie). Como ciudadanos tenemos que irnos con cuidado. Ciertamente un cambio en el sistema electoral puede profundizar la democracia, pero siempre y cuando las reformas vengan del conjunto de partidos y no del gobierno.

A día de hoy, eliminar en México a los diputados “de partido” abriría la puerta a un monopartidismo para beneplácito de MORENA y malestar del resto de los actores políticos. En el caso de Canadá, adoptar un sistema de representación proporcional llevaría a un escenario similar al español, donde la extrema izquierda y los independentistas tienen la llave de la gobernabilidad, mientras que la extrema derecha gana terreno. Y digo a día de hoy porque estos escenarios pueden cambiar. Sin diputados “de partido” México podría caer en un sofocante bipartidismo como existe hoy en Estados Unidos. Y Canadá caer en la tragicomedia italiana donde los gobiernos duran meses y a veces días.

Lo importante aquí es saber que lo negativo no está en los sistemas electorales, pues cada cual tiene sus ventajas y desventajas. Lo negativo suele estar más bien en los motivos por los cuales se busca cambiarlos. Y ahí mucho cuidado.

Foto de Presidencia de la República Mexicana

La burguesía en el espejo de Bolsonaro

En su reciente y esclarecedor libro «O Brasil dobrou à direita: uma radiografía da eleição de Bolsonaro em 2018», mi colega Jairo Nicolau advierte que el actual presidente, antes de ser un fascista es, en realidad, un «líder popular de derecha» que no debe ser subestimado como tal. Cabe entonces preguntarse: ¿cuándo, en la historia de la república brasileña, la élite económica, los de «arriba», han tenido a su disposición un liderazgo popular y abiertamente derechista al frente del ejecutivo federal?

El mito de la tercera vía

¿Hay espacio real para una candidatura de «centroderecha democrática»? ¿Más aun teniendo en cuenta que el único contrapunto a Bolsonaro en el horizonte es el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, otro liderazgo popular de dirección contraria y no del todo fiable para los intereses de la élite? ¿Sería así inevitable la polarización política del país en 2022, pudiendo suponer alguna forma de ruptura institucional?

El argumento aquí es que los grandes bancos, fondos de inversión y grupos privados no estarán dispuestos, fácilmente, a renunciar a Bolsonaro. Las cartas de los empresarios por la democracia, incluida la desautorizada por la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), no son convincentes y tampoco ocultan la total alineación de estos sectores propietarios con la agenda económica llevada a cabo por el exbanquero Paulo Guedes.

La burguesía sabe que tales agendas dependen no sólo del costoso apoyo del denominado «Centrão» —partidos sin orientación ideológica específica que se acercan al poder ejecutivo a cambio de privilegios a través de redes clientelares— en el Congreso, sino también de algún grado de respaldo popular. Una aceptación, o al menos resignación social, que el liderazgo de Bolsonaro ya ha demostrado ser capaz de proporcionar con su violenta e insidiosa retórica antisistema, a través de las redes sociales y los actos performativos.

No nos equivoquemos, la burguesía brasileña refleja el desprecio de Bolsonaro por la democracia. Sobre el carácter autoritario de nuestra burguesía, la literatura es abundante.

El gran, si no el mayor, sociólogo brasileño, Florestan Fernandes, ya identificó en su clásico «La revolución burguesa en Brasil» (1974), el carácter autocrático de la burguesía en su búsqueda de combinar «el desarrollo desigual interno y la dominación imperialista externa». Autocracia que se habría realizado plenamente, vía militarización y tecnocratización, durante la «Dictadura Militar-Corporativa» (1964-88). En palabras de Florestan, «si alguna vez hubo un ‘paraíso burgués’, ese paraíso existe en Brasil, al menos después de 1968».

¿Estaríamos viviendo una nueva fase del «paraíso burgués», iniciado con el Golpe de Estado de 2016, liderado por el entonces vicepresidente Michel Temer, un viejo zorro político que ahora se presenta como garante de una súbita conversión democrática de Bolsonaro?

La respuesta parece ser un sí rotundo. Sobre todo teniendo en cuenta su reforma laboral que hizo de la subcontratación la norma; la modificación del techo de gasto que estranguló el gasto público; la retirada de Petrobras como única operadora del presal; la reforma de las pensiones, ya bajo el mandato de Bolsonaro, que limita severamente el derecho a la jubilación; la autonomía del Banco Central, seguida de la creación de «depósitos voluntarios remunerados» para los bancos, reeditando el overnight; las privatizaciones en curso de Eletrobras, Correos y de las empresas estatales de saneamiento; y, también, la flexibilización, por no decir deconstrucción, de las políticas medioambientales.

El aumento de la polarización y las elecciones de 2022

Los avances y aparentes retrocesos de Bolsonaro en sus arrebatos antidemocráticos también señalan que proyecta, más allá de un golpe de Estado, llegar con fuerza a las elecciones de 2022, asegurando al menos una segunda vuelta. A sólo un año de las elecciones, las posibilidades de una destitución son cada vez más remotas, mientras que el avance de la vacunación y el retroceso de los casos y las muertes por Covid-19 tienden a favorecer un repunte económico el próximo año.

En efecto, la estrategia bolsonarista parece moverse hoy, por un lado, buscando ampliar su 20% de votantes fieles -no por casualidad el gobierno intenta por todos los medios garantizar recursos para el «Auxilio Brasil»; y, por otro, mostrándose confiable respecto a la cobarde y autocrática oligarquía financiera.

Parece que este tiende a ser el plan A de Bolsonaro: salir victorioso de una segunda vuelta, preferiblemente con Lula, apostando por la polarización. Una nueva ruptura democrática, como la ocurrida en 2016, entraría como plan B en caso de derrota en la segunda vuelta, en un entorno abiertamente conflictivo.

El tiempo para una candidatura de «centro» o «derecha democrática» también se está agotando, el espacio para ello tiende a cerrarse a raíz de la polarización política, lo que hace improbable una «alternativa» electoralmente viable. Aunque algunos sectores de los «de arriba» se acerquen a la candidatura de Lula, debe prevalecer la tentación de la élite de enterrar de una vez por todas cualquier perspectiva de conciliación con los «de abajo».

El escenario en el próximo periodo, por tanto, es de creciente polarización. La inclinación de la balanza política dependerá también de la capacidad del campo progresista para salir de la defensiva, yendo más allá del «fuera Bolsonaro» y siendo capaz de unir fuerzas en torno a un contrapunto convincente al ultraneoliberalismo actual. Retomar la bandera antisistema para apuntar menos a la clase política y más a sus amos, los dueños de los bancos financieros.

Por lo demás, si la izquierda y el centroizquierda no están a la altura de este desafío, siempre es bueno recordar que en política no hay espacios vacíos y el lugar de la «oposición» a Bolsonaro podría, en este caso, desplazarse al llamado «centroderecha democrático». Sería la primera vez, desde la redemocratización, que se produjera una falsa polarización; en este caso, más al gusto de la burguesía que del farsante e infame presidente.

Foto do Palácio do Planalto em Foter

La región más peligrosa para defender el medioambiente

El 2020 ha sido el año más letal para quienes defienden sus hogares, sus medios de vida, la tierra y los ecosistemas. Así lo afirma la ONG británica Global Witness en su informe “Última línea de defensa”. Más allá de los terribles efectos sobre el cambio climático, la explotación irresponsable de los recursos, basada en una codicia sin freno, ha disparado una violencia que va in crescendo y que ha convertido a América Latina en el lugar más peligroso del mundo para los defensores de la tierra.

Los explotadores, sin embargo, ya no se limitan con atentar contra los referentes de los grupos ambientalistas, ahora también atacan a simples pobladores que pretenden resguardar sus entornos y sus parcelas. Tres de cada cuatro personas asesinadas por cuestiones ambientales en el mundo son latinoamericanos. En total, en 2020 fueron asesinadas 227 personas, contra 219 del año anterior en la región.

A nivel global, los países que encabezan la lista de los más peligrosos son Colombia con 65 asesinatos, México con 30, y Filipinas con 29 muertes. A los homicidios, deben sumarse toda una retahíla de ataques de diverso tipo y gravedad como detenciones arbitrarias, amenazas, acoso, campañas de difamación, violencia sexual, hostigamiento y demandas judiciales sin sustento (lawfares).

Colombia, el más peligroso del mundo

En Colombia, el país más peligroso del mundo para los defensores del medioambiente, aproximadamente un tercio de las agresiones fueron contra nativos de diferentes etnias y contra pobladores afrodescendientes. Casi la mitad de esos ataques fueron contra personas dedicadas a la agricultura de pequeña escala. Estos datos deben encuadrarse en un contexto general de ataques sistemáticos contra líderes y lideresas sociales, y contra ex combatientes de las FARC que firmaron el acuerdo de paz.

En México, donde la situación también es muy grave, se ha registrado el mayor aumento de violencia y asesinatos de defensores del ambiente con respecto al año anterior. De acuerdo con información oficial y de ONGs ambientalistas, la explotación forestal está vinculada a un tercio de estas agresiones y la mitad estuvo dirigida contra comunidades indígenas. En México, aproximadamente el 95% de los crímenes quedan en total impunidad.

A las cifras de Colombia y México, le siguen Brasil con 20 asesinatos, Honduras con 17 y Guatemala con 13. Pero si se tiene en cuenta el número de asesinatos per cápita, es decir el numero de muertos en relación al tamaño de la población total, Nicaragua, Honduras, Colombia y Guatemala encabezan la lista.

¿Por qué los matan?

Según el informe de Global Witness, más de un tercio de los ataques mortales están vinculados a la explotación de recursos forestales, mineros y la agroindustria a gran escala. Esta última industria es especialmente peligrosa en Brasil y México, de acuerdo a datos de ONGs no incluidos en el informe de Global Witness. Otros causantes de atentados son las disputas en torno a la construcción de represas hidroeléctricas y otras infraestructuras, en gran parte ilegales o por lo menos irregulares.

El caso de la lideresa Berta Cáceres, quien fue asesinada por oponerse a la construcción de la represa sobre el río Gualcarque, en Honduras, ha sido el de mayor impacto a nivel internacional y es un claro ejemplo de la situación imperante.

Global Witness indica en su informe que, a pesar de la gravedad de los datos, éstos no son un fiel reflejo de la verdadera extensión del problema, pues en muchos países la situación real a la que se enfrentan los defensores del ambiente es casi imposible de medir. El informe señala que las restricciones a la libertad de prensa y la ausencia de registros independientes sobre las agresiones, dan lugar a un importante subregistro. Por lo tanto, las cifras publicadas en el informe son, lamentablemente, una subestimación del estado real de la situación.

El rol de las empresas

El informe señala que “muchas empresas se involucran en un modelo económico extractivo que prioriza de forma abrumadora las ganancias” sobre aspectos como los derechos humanos y el medio ambiente. Este desproporcionado e irresponsable poder corporativo “es la fuerza subyacente que, no solo ha llevado la crisis climática al borde del colapso, sino que ha perpetuado el asesinato de personas defensoras”.

En muchos países ricos en recursos naturales, estos depredadores operan casi con total impunidad y en ocasiones en complicidad con los gobiernos; por ello, es poco frecuente que los culpables paguen por sus delitos. Y en los casos donde la justicia interfiere, termina actuando contra los autores materiales, pero nunca contra los responsables intelectuales. En el caso del asesinato de Berta Cáceres y de otros líderes Lencas, si bien los autores materiales han sido condenados, la Justicia se niega a abrir una investigación para  dilucidar quiénes son los autores intelectuales.

Si bien no es común que los culpables paguen por sus delitos, inclusive en muchos casos son los propios defensores del medio ambiente quienes terminan encarcelados. En Honduras, esta situación es evidente. En el caso del río Guapinol, los defensores del río que se opusieron a un proyecto minero, guardan prisión preventiva desde hace dos años, en un juicio basado en argumentos insostenibles y orquestado desde el poder político-institucional y en defensa de los intereses de un alto empresario local.

Ante este contexto, cabe afirmar que mientras se sigan explotando los recursos de forma irresponsable y en un marco de total impunidad, los ataques contra los defensores del medio ambiente y la propia crisis climática, se seguirán agravando. Unicamente los gobiernos, aprobando nuevas leyes y haciéndolas cumplir, pueden revertir esta situación para proteger al medio ambiente y los derechos humanos.

Foto de Monk fotografia

Las debilidades demográficas de América Latina

Se le adscribe al filósofo francés August Compte la conocida frase de que la demografía es destino. En efecto, la demografía, con su mirada de largo plazo, nos muestra tendencias del pasado que sin darnos cuenta han ido transformado a la sociedad, y nos proyecta otras que con desapasionada objetividad trazan nuestro futuro. Hoy, queremos reflexionar sobre esas tendencias pasadas y futuras que afectan y afectarán la política, la cohesión social y la economía de la región de América Latina y el Caribe.   

Un peso ligero en el contexto demográfico global

Desde una perspectiva global, América Latina y el Caribe no pesa mucho en términos de población. Su población total en el 2020 se estima en 653 millones, comparable a la de Europa (747 millones), pero sin el mismo poder económico. El poder adquisitivo de los latinoamericanos es débil en términos comparativos y el atractivo de la región como mercado es menor que el de regiones con poblaciones mucho mayores, desventaja que se irá intensificando con el tiempo. Se espera, según datos de Naciones Unidas, que para el año 2050 la región llegue a su pico máximo de población (762 millones) para luego empezar su declive demográfico.

Se estima que la tasa de crecimiento de la población de América Latina y el Caribe, que en el quinquenio 2015-2020 fue de 0.94, sea para en el 2095-2100 de -0.46. Algunos de los países de la región que presentan los mayores índices de reducción de población son Uruguay o Cuba que para el 2100 tendría una tasa negativa de -0.85.

Desde una perspectiva comparada, vemos que en el 2100, según el informe Perspectivas de la Población Mundial 2019 de Naciones Unidas, Etiopía y la República Democrática del Congo contarían en el año 2100 con una población conjunta de 656 millones, prácticamente el equivalente a toda Latinoamérica para ese mismo año. Esta situación puede entenderse como una de sus debilidades demográficas. Sin embargo, no es la única. La debilidad también tiene que ver con oportunidades que no pudieron ser aprovechadas del todo.

El bono demográfico, una oportunidad perdida

Actualmente siete países de la región tienen tasas por debajo de la llamada tasa de reemplazo, que se suele cifrar en 2.1 hijos por mujer, en promedio. En 1950, la tasa de fecundidad total para América Latina y el Caribe era 5.83 hijos por mujer, en el 2020 fue de 2.05 y en el 2100 sería de 1.73. Este descenso tiene que ver con una creciente capacidad de las mujeres y personas en general de decidir si quieren tener hijos, cuantos y cuando. Un derecho reproductivo indispensable. Pero, es importante también tomar en cuenta que a medida que la fecundidad deciende, la estructura de edades cambia, provocando un paulatino envejecimiento de la población lo cual implica nuevos desafíos, así como también nuevas oportunidades. Estas últimas son las que en cierto sentido no supimos aprovechar del todo.

Si bien muchos países de la región aprovecharon y están aprovechando parcialmente el llamado “bono demográfico” — etapa en que la población en edad de trabajar tiene menos dependientes a quien criar y cuidar y por ende mayor capacidad de ahorro e inversión, generando así una dinámica económica positiva — no lo hicieron ni lo hacen de la forma más eficiente 

Si los gobiernos hubiesen planificado mejor esta ventana de oportunidad con políticas adecuadas, a lo mejor no tendríamos tan bajas coberturas de educación secundaria, ni tan pobres resultados en los aprendizajes, ni estaríamos viviendo el constante desempleo juvenil. Esta oportunidad perdida, nos ha significado una segunda gran debilidad demográfica, que va acompañada de una tercera, la del crecimiento de una población adulta mayor sin protección social.

El gran tema del envejecimiento es que para el 2100 se proyecta que el 31% de la población total de ALC será mayor de 65 años. Este es uno de los puntos más delicados, pues encuentra a una región con sistemas de protección social débiles, inexistentes o en situación financiera críticas. Según el Panorama Social 2020 de CEPAL, en 2019 sólo el 47.3% de los ocupados (ojo, “de los ocupados”) estaban afiliados o cotizaban en un sistema de seguridad social.  Las pensiones y la seguridad social han sido un tema electoral de crítica importancia en los ciclos políticos pasados y seguirán aumentando de peso en términos de impacto político.  

El sistema de cuidados

Sería iluso pensar que ante esta situación los sistemas de protección social puedan responder con altos niveles de cobertura o que la informalidad y la explotación den paso a puestos de trabajo decentes de forma súbita. Ambos aspectos van de la mano y son esenciales para la cohesión social y la sostenibilidad, pero en el mediano plazo lo más probable es que las familias y las comunidades sigan siendo los actores principales a la hora de cubrir ciertas necesidades en la región. Esta es la cuarta debilidad demográfica.

Hasta ahora, el cuidado y la reproducción social han sido tareas no remuneradas ejercidas en gran parte por las mujeres. Mucho del trabajo doméstico ha tenido que ver con la crianza y cuidado de niños, así como el manejo de la organización doméstica. Pero, en el horizonte se ve la creciente importancia del cuidado de los adultos mayores. Esta será la tarea esencial y tiene características muy distintas al cuidado de los niños, por lo que la necesidad de una corresponsabilidad de género entra como factor gravitante. Sobre todo, si se piensa que, al liberar el uso del tiempo de la mujer para cuidados, estamos también abriendo una oportunidad de generar ingresos en el mercado laboral. Inclusive la propuesta del pago por el cuidado en casa puede ser una opción de política social muy importante en esta situación.  

Finalmente, sólo nos queda esbozar algunas estrategias de política públicas que se han apuntado en estos temas con bastante frecuencia. Ante estas debilidades demográficas, los gobiernos de los diferentes países de la región deberían incluir políticas de juventud centradas en el desarrollo de capacidades de adolescentes y jóvenes, apuntando a su creatividad, empleabilidad y emprendedurismo. También deberían desarrollarse políticas de salud preventiva para una longevidad sana, con adultos mayores que sigan aportando y sean independientes. Y son necesarios también pactos fiscales que fortalezcan los sistemas de protección social, así como soluciones para el cuidado con igualdad de género y fomento de los soportes comunitarios.

Foto de Manjo. em Foter