Una región, todas las voces

El centenario de Darcy Ribeiro y el rescate de la utopía

En tiempos de incredulidad en Brasil, de secuestro de nuestros símbolos nacionales por parte de la extrema derecha más violenta y reaccionaria, puede ser una buena estrategia revisitar un pasado en el que teníamos futuro. Darcy Ribeiro merece ser leído y releído. Fue más que el inventor de la Universidad de Brasilia, del Museo del Indio, del Sambódromo de Río de Janeiro, del Memorial de América Latina, de la Ley de Directrices y Bases de la Educación Brasileña. Fue uno de los pensadores más creativos de América Latina. La lectura de Darcy rescata la fe en que Brasil y la región pueden ser viables y que podemos tener un lugar en el futuro.

Recordemos a Darcy Ribeiro (1922-1997), cuyo centenario de nacimiento se celebrará ampliamente el próximo año. Se ha previsto desde un Seminario Internacional (titulado «100 años de Darcy Ribeiro: intelectualidad y pensamiento crítico latinoamericano») hasta reediciones de su obra y presentaciones de libros que reflexionarán sobre su legado creativo.

Un brasileño que se descubrió a sí mismo como latinoamericano

Darcy Ribeiro fue uno de los primeros brasileños en asumir una identidad latinoamericana, rompiendo con la tradición brasileña de aislamiento en la región. Esto comenzó con su exilio en varios países de la región entre 1964 y 1976, en Uruguay, Chile, Venezuela y Perú. Ministro de Educación y Jefe de la Casa Civil de João Goulart, se exilió inmediatamente después del golpe militar de 1964. A partir de ahí desarrolló su identidad latinoamericana, compatible con la brasileña.

Para Darcy, lo que garantizaba la unidad latinoamericana era la herencia ibérica de la colonización, que nos había legado un papel subordinado en el mundo. Pero algo positivo dejó la herencia ibérica, además de la unidad entre tantos pueblos, entre tanta gente en territorios tan extensos, fruto del mismo proceso civilizador ibérico: el mestizaje.

Este mestizaje, que se produjo sobre la base de la violencia y el racismo, dio lugar a pueblos mestizos que, por lo tanto, estarían bien posicionados para el futuro. Habiendo recibido lo mejor de las herencias blanca, negra e indígena, América Latina podría salvar a Occidente, gestando aquí una nueva civilización más solidaria, más abierta y más amorosa. Somos pobres, pero estamos empezando. Mejor una «pobreza inaugural» que una «opulencia terminal». «Tenemos todo un mundo que rehacer», afirmó Darcy. 

No es que este futuro fantástico proyectado por Darcy fuera el proyecto original de los colonizadores portugueses y españoles. Su intención era explotar y exterminar las tierras y los pueblos que aquí se encontraban. Los pueblos mestizos derivados no nacieron de ninguna bondad o gentileza de los portugueses y españoles. Darcy consideró que nuestras élites eran y son canallas, etnocidas y genocidas. El brillante futuro que tendríamos sería entonces una consecuencia no intencional de la colonización.

El último gran intérprete de Brasil

Su mayor obra, O Povo Brasileiro (1995), fue también su testamento. Llevaba escribiendo, reescribiendo y desechando pasajes de este libro desde los años 50. Cuando se dio cuenta de que padecía un cáncer terminal, escapó del hospital saltando por una ventana para terminar el libro. Allí Darcy es anticolonial, anticipando a veces el pensamiento decolonial. Produce una decisiva denuncia del colonialismo y del eurocentrismo, que siguen vigentes a través de una vieja e ignorante élite brasileña que sólo busca copiar el pensamiento de los demás.

Para entender la formación de Brasil según Darcy, es fundamental comprender que los encuentros (consentidos o no) entre portugueses y nativos formaron ese primer «hombre nada». Los hijos de estos encuentros no podían identificarse como los indios que despreciaban, ni como los portugueses que los despreciaban.

Esta «nadiedad» que es el «brasilindio» recibió después la contribución de otra «nadiedad»: los descendientes de los negros esclavizados. Desafricanizados por la esclavitud, «o eran brasileños o no eran nada, ya que la identificación con el indio, el africano o el brasileño-indio era imposible».

Así, se estaba formando una nueva identidad: la brasileña. Un nuevo pueblo que no compartiera el pasado europeo, que no tuviera en su presente una repetición retardada del pasado europeo, y que de este modo sólo pudiera tener un nuevo futuro. Darcy entendió la historia a partir de múltiples desarrollos. Uno de ellos era exactamente la civilización brasileña en formación, parte de una civilización latinoamericana también en formación.     

Toda la violencia de la historia brasileña forjó para Darcy algo hermoso, pero atravesado por contradicciones. Darcy nos recordó que somos hijos de la violencia, descendientes de esclavos y amos de esclavos, «carne de la carne de aquellos negros e indios torturados» y al mismo tiempo «la mano poseída que los torturó». «La dulzura más tierna y la crueldad más atroz se combinaron aquí para hacer de nosotros la gente sentida y sufrida que somos y la gente insensible y brutal que somos».

Sin embargo, tanta violencia podría ser superada en el proceso de construcción de la «Nueva Roma Tropical» que sería Brasil y América Latina, esa «nueva civilización mestiza y tropical, orgullosa de sí misma». Más alegre, porque más sufrida. Mejor, porque incorpora en sí mismo más humanidades. Más generosa, porque está abierta a la convivencia con todas las razas y culturas, y porque está asentada en la provincia más bella y luminosa de la Tierra”.

Darcy murió considerándose derrotado: «Intenté alfabetizar a los niños brasileños, pero no lo logré. Intenté salvar a los indios, pero no lo conseguí. Intenté hacer una universidad seria, y fracasé. Intenté que Brasil se desarrollara de forma autónoma y fracasé». Pero añadió: «los fracasos son mis victorias. No me gustaría estar en el lugar de los que me vencieron». Si estuviera vivo hoy, se sentiría aún más derrotado en el Brasil actual, e incluso más feliz por no estar en el lugar de los que le vencieron.

Aunque algunos de sus usos de nociones como mestizaje y civilización puedan ser criticados (y lo son), la visión de Darcy Ribeiro sobre Brasil y nuestra región nos permite proyectar un futuro que es nuestro. Que el rescate de la utopía de Darcy sea una de las bases para la reanudación de nuestra esperanza en días mejores, y que su centenario en 2022 se celebre como un recordatorio de que este país y esta región aún pueden soñar con un futuro brillante.

Foto de SECOM_UnB

La posverdad en Brasil: el irrealismo alucinado de las redes digitales

El término «posverdad» pretende designar una marca de nuestro tiempo, cuando las creencias pesan más en la formación de la opinión pública que las pruebas o los argumentos racionales. Esto distinguiría nuestra época de las anteriores.

¿Pero cuándo fue diferente?

Lo que distingue nuestro tiempo no es lo que indica la definición de posverdad. Las creencias, los argumentos racionales y las evidencias son cosas diferentes, salvo que éste no es el principal problema de la posverdad, sino la producción deliberada y la proliferación alarmante de argumentos del tipo más fantasioso y reaccionario, que se presentan como si fueran racionales y estuvieran respaldados por pruebas. La posverdad, por tanto, se refiere menos a la veracidad de la información y más a la credibilidad de las fuentes de información fantasiosa y reaccionaria.

Estas fuentes se multiplican, con sorprendente alcance y capilaridad, en las redes sociales digitales, propiedad de grandes corporaciones, en su mayoría norteamericanas, que se han convertido en las más ricas del mundo gracias a la popularización de servicios de conexión casi universal a precios modestos.

A cambio del servicio, cedemos nuestros datos de comportamiento, que se transforman en metadatos (datos sobre los datos) en el multimillonario mercado del comportamiento predictivo. La cesión de datos y su transformación en metadatos se despliega, en el otro extremo, en una eficiente inducción al consumo de cosas, estilos de vida y visiones del mundo, que se convierten en nuevos datos y así sucesivamente. El atractivo emocional genera más compromiso y beneficios que el compromiso con la verdad. Y ahí es donde lo barato sale caro.

¿Por qué creemos a alguien? ¿Por qué dudamos? ¿Qué son las «pruebas» y los «argumentos racionales»? Fuera del debate especializado de científicos y filósofos, los argumentos racionales son simplemente aquellos aparentemente respaldados por pruebas, a primera vista coherentes y superiores a los argumentos contrarios. Uno no tiene mucho tiempo, estímulo o preparación para gastar en largos debates y comprobaciones. En realidad, al menos en Brasil, la mayoría de la gente ni siquiera tiene recursos para eso, porque los paquetes de datos más baratos sólo dan acceso a ciertas redes, como Facebook, dueña de WhatsApp, que para mucha gente son el propio internet.

Ahora bien, el universo de las fake news está formado por un gran conjunto de argumentos aparentemente racionales, basados en pruebas aparentemente reales. Fuera de las religiones, nadie da crédito a una información que parece fantasiosa y absurda. Esta percepción variará según el marco de referencia de la realidad de cada grupo social. Estos marcos se forman en las familias, las iglesias, las escuelas, los medios de comunicación y las redes digitales. Estos últimos filtran cada vez más los significados de los otros, produciendo nuevos marcos. A medida que se multiplican, algunas referencias comunes se desvanecen.

La posverdad, por tanto, no resulta de una devaluación de la verdad, de las pruebas y de los argumentos racionales, como se suele afirmar, sino de la intensificación de la crisis de credibilidad de las principales autoridades cognitivas modernas, la llamada prensa seria, la ciencia y el Estado de Derecho, para amplios sectores de la población.

Esta crisis proviene del reconocimiento público del alejamiento de estas instituciones de sus intereses y de su subordinación a los intereses corporativos. También resulta de las consecuencias sentidas, pero no necesariamente comprendidas, de la crisis económica mundial, concomitante con el aparente cierre de la perspectiva moderna de una vida mejor, ya sea en un marco socialista o liberal.

¿Quienes se favorecen?

Esta situación es desconcertante y favorece la aparición de miríadas de pseudo autoridades cognitivas, situadas en la extrema derecha del espectro político, que se multiplican como una plaga en las redes digitales y en sectores de la prensa, donde se exalta la bandera de la libertad de expresión de forma ultraindividualista y neotribal, desligada del compromiso iluminista con la razón que la fundó originalmente.

La confusa percepción de las causas de la crisis económica, sumada a estas pérdidas de referencias y horizontes, son terreno fértil para la proliferación de los análisis y soluciones más estrafalarios y oportunistas, que a una velocidad y escala alarmantes, sin precedentes, exhuman nuevas e innovadoras mezclas de ingredientes putrefactos del pasado: terraplanismo, intolerancia religiosa, racismo, misoginia, movimientos antivacunas, antiintelectualismo, nazismo.

En el ambiente posmoderno de la posverdad, la desconfianza en las autoridades, una sana conquista de la modernidad, se convierte en una mezcla de escepticismo salvacionista y dogmatismo. En Brasil se ha creado un ambiente político y cultural de alucinante irrealidad en las redes digitales.

No se puede olvidar el papel de los grandes medios de comunicación corporativos en llevarnos a nuestro estado actual. Porque si no fuera por la implacable persecución política contra el Partido de los Trabajadores, difícilmente se habría producido el fraudulento impeachment de Dilma Roussef y el ilegal encarcelamiento de Lula, acontecimientos que prepararon el camino para la carrera hacia el infierno sanitario, cultural, psicológico, ecológico y económico en el que nos hemos visto inmersos, transformando el «país del futuro» en un vagón turboalimentado que va contra la historia.

Recientemente apareció en la prensa brasileña una refutación de los científicos a la nueva declaración del actual presidente de Brasil contra las vacunas. El subtítulo del artículo dice: «Los expertos explican qué es esa ‘IgG del 991’ y por qué el argumento del presidente no tiene base científica».

¿Cuántos lectores de este texto saben lo que significa «IgG a 991», sin consultar a Google? ¿Daría Google las mejores respuestas? ¿En qué secuencia?

La cuestión es a quién dar crédito, ¿al presidente, a Google o a los expertos descalificados por el presidente, que recurre a otros expertos?

En realidad, es incluso saludable un cierto escepticismo en relación con los especialistas en general, especialmente los que figuran en los grandes medios de comunicación corporativos. Véase la lista de economistas de guardia en los informativos de la televisión brasileña, siempre dispuestos a legitimar «técnicamente» el desmantelamiento del servicio público y las políticas económicas antipopulares.

El problema es cuando esta sana desconfianza se convierte en escepticismo dogmático y adhesión acrítica a fuentes de información falsas. Peor aún es cuando estas fuentes, gracias a las plataformas digitales y sus redes (que también ganan dinero con ello), multiplican las burbujas de usuarios, cuyo sesgo de confirmación —la tendencia psicológica a creer sólo lo que confirma nuestras creencias y expectativas y a rechazar todo lo demás— favorece el autoengaño colectivo.

Lo más grave, sin embargo, es cuando una parte sustancial de la información que circula en estos grupos, forjando sus mitos, es financiada subrepticiamente por evasores de impuestos y destructores del medio ambiente. En el caso brasileño, hay fuertes indicios que asocian intestinamente estos elementos con políticos corruptos, reaccionarios, autoritarios y poco preparados como gestores. Algunos de ellos están guiados ideológicamente por un notorio charlatán y cruzan los márgenes de la ley, en connivencia con las milicias. Todo ello con la aquiescencia del gran capital y de sectores de la supuesta clase media ilustrada. La guinda del pastel es el escandaloso apoyo de una parte de la comunidad médica a la anticiencia, un extraño apoyo que merece un estudio por sí solo. Nada de esto es posverdad, es la pura verdad.


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Foto de Jorge Franganillo  

Cómo apoderarse del escenario político argentino con un puñado de votos

Javier Milei, el polémico personaje de derecha surgido de los platós televisivos y candidato a diputado por el partido libertario “Libertad Avanza”, logró el 13,60% de los votos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las recientes Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El partido político liderado por Milei, quien afirma mantener un “alineamiento casi natural” con Bolsonaro y Trump, se convirtió así en la tercera fuerza más votada del distrito porteño, después de Juntos por el Cambio (JxC – constituido por el Pro, la Unión Cívica Radical, el GEN y un sector del peronismo no kirchnerista) y el oficialista Frente de Todos (FdT – constituido por diversos sectores del peronismo y liderado por el kirchnerismo).

Con un discurso cada vez más recurrente, basado en insultos, agravios, en discriminar a las mujeres y maltratar a todas aquellas personas que no comulgan con sus ideas, Milei ha logrado un perfil “anti política”, que incluso lo llevó a calificar de “casta” a toda la dirigencia política. Frases tales como “no sé si los zurdos odian más bañarse, trabajar o los datos” o “no hagan caridad con mi bolsillo, así es muy fácil, con el culo ajeno somos todos putos” han demostrado como el líder de “Libertad Avanza” ejerce públicamente extrema violencia.

La buena performance de Milei en las internas, y de cara a las elecciones generales a celebrarse el próximo 14 de noviembre, parece afectar a sus competidores, principalmente considerando que, dentro de la colación Juntos por el Cambio, un candidato también libertario, Ricardo López Murphy del partido “Republicanos Unidos”, obtuvo un significativo apoyo electoral (11,20%), y se proyecta entre los encuestadores, que parte de estos votos podrían migrar a Milei.

Por momentos se hace difícil entender “el fenómeno Milei” considerando que este solo obtuvo unos 220 mil votos y concentrados en un solo distrito. La figura del polémico Milei parece tomar mayor cobertura a partir de que la dirigencia de JxC y FdT está demasiado pendiente de aquello que va a ocurrir con los votos porteños que atrajo el libertario.

Probablemente lo que resulte más inquietante, no es la presencia de un candidato con buena llegada en la capital federal, que manifiesta constantemente detestar a los políticos y a la política, ni sus discursos atemporales, que, desde lo más llano, exigen que el Estado debe desaparecer de la galaxia. Lo realmente preocupante es que gran parte de la clase dirigente argentina, parece decidida a sintonizar con el señor Milei.

Por la derecha, el expresidente del Pro, Mauricio Macri, expresó, en alusión a Milei, “espero que nos juntemos para el 2023”, “yo soy liberal de la primera hora y tenemos las mismas ideas”. Mientras que el jefe de gobierno porteño del Pro, Horacio Rodríguez Larreta, (a quien Milei dijo “…como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar aún en silla de ruedas”) se ocupa de organizar encuentros con jóvenes seguidores del libertario. Por su parte, la actual presidenta del Pro, Patricia Bullrich mantiene una excelente relación y un diálogo muy fluido con el señor Milei.

El oficialista Frente de Todos también presentó, sin reservas, un giro “muy Milei” a poco de conocerse los resultados adversos de las elecciones primarias. El nuevo gabinete oficialista incorporó como Jefe de Gabinete a Juan Manzur, un declarado enemigo de las mujeres y del derecho al aborto, y fuerte lobbista de los laboratorios. En seguridad resurgió Aníbal Fernández, quien presuntamente impulsó un banco de datos sobre militantes sociales y políticos utilizado para el espionaje. Y como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca fue nombrado Julián Domínguez, amigo de la Sociedad Rural y de la Iglesia católica. Y en las últimas horas, un intendente del FdT de la provincia del Chaco culminó un acto de campaña vociferando “que se mueran los radicales” (en alusión al partido centenario, Unión Cívica Radical).

Así, el señor Milei, parece estar generando un mundo de sensaciones cobardes, reaccionarias y violentas de un lado y otro de la Argentina partida.

Desde la aritmética electoral se entiende que, si Milei obtuvo un alto porcentaje de votos en la ciudad porteña, los candidatos porteños pretendan atraer su voto en las elecciones generales. Pero cabe preguntarse si no será más honesto, más digno y menos patético correr el velo a la sarta de afirmaciones incongruentes y violentas del señor Javier Milei, en lugar de hermanarse con sus discursos o invitarlo a formar parte de alguna de las coaliciones que hoy monopolizan el poder político en Argentina

No hay que ser economista ni experto en nada para comprender que el Estado en varias latitudes genera un confortable estado de bienestar. O para entender que la desregulación total de la economía también ha generado estragos en diversas naciones, incluida Argentina.

Por otro lado ¿Quién podría asentir que es correcto que el Estado gaste recursos excesivos y que quienes gobiernan administren los recursos públicos de modo ineficiente y/o deshonesto? Nadie. Un Estado omnipresente, que se entromete en la vida privada de los ciudadanos y que gasta mal o roba lo que recauda a través de sus impuestos, nos perjudica y mucho. Y no necesitamos a un Milei para entender esto.

Por último, cabe preguntarse, por qué el foco está puesto en este personaje reaccionario/misógino/violento, quien obtuvo en las internas legislativas el tercer puesto en un solo distrito del país, cuando El Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad en la ciudad porteña quedó en cuarto lugar, al mismo tiempo que representó el tercer lugar en la Provincia de Buenos Aires, “madre de todas las batallas” (llamada así por ser el distrito que más votantes reúne) y obtuvo el tercer lugar a nivel nacional.

Vivimos en democracia y es genial que existan votantes que prefieran lo que prefieren, pero podría resultar útil que nos detengamos a reflexionar sobre ciertas cuestiones que se presentan como máximas y tal vez son mínimas, y recordar que lo que menos necesita hoy Argentina, es jugar con los extremos y apelar al fanatismo de personajes violentos.


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La posdemocracia frente al auge autoritario populista

“Paradoja de la época: cuanto más crece la decepción, más se consolida la adhesión masiva a los valores democráticos. La queremos, pero sin pasión. Y la queremos sobre todo cuando tenemos la sensación de que está en peligro” Gilles Lipovetsky

La sociedad en nuestros días, sin distinción geográfica, se encuentra sacudida por la intensidad del debate sobre la erosión democrática y los escenarios futuros. La crisis de la democracia se ha convertido en un desafío que trasciende a las democracias en construcción, amenazando la estabilidad de aquellas consolidadas alrededor del mundo.

En el libro Crisis de la democracia: ¿en el umbral de la posdemocracia? se presenta un recorrido teórico sobre la noción de crisis desde la experiencia democrática. En el mismo se muestra que el desarrollo de la democracia representativa y sus contradicciones con el modelo capitalista son el trasfondo de buena parte de la disfuncionalidad que ha experimentado la democracia moderna. La crisis de representatividad transfirió sus problemas de eficiencia a la democracia misma, haciéndola vulnerable ante la amenaza autoritaria, sobre todo en sociedades con profundas inequidades. La etapa de consolidación democrática fue seguida por la promesa populista como alternativa a las debilidades de los sistemas políticos, dando paso a una creciente autocratización que sacude los cimientos de la democracia contemporánea.

En el debate académico sobre el retroceso democrático, el tema ha transitado desde el autoritarismo competitivo, pasando por la democracia defectuosa, el autoritarismo electoral, hasta la des-democratización, el autoritarismo populista y el backsliding, ofreciendo una diversidad de miradas para explicar los casos de deterioro de democracias débiles (Venezuela y Nicaragua), así como de aquellas consideradas estables o consolidadas (Hungría, Polonia y Estados Unidos), en la llamada tercera ola de autocratización.

La democracia representativa no responde a las demandas contemporáneas

En el fondo de la discusión sobre el repliegue democrático están los valores implícitos de un modo de vida asociado con la democracia misma, y que se ve cuestionado por las propias contradicciones de la modernidad en la que se gestó. La crisis de la modernidad no deja de verse reflejada en la propia crisis de la democracia, considerando que hay una ruptura epocal, como lo denomina el historiador alemán Reinhart Koselleck. La democracia representativa ya no responde a las demandas de una sociedad que desconfía en quienes eran los fiduciarios de su ejercicio soberano.

La democracia participativa fue una de las consecuencias más importantes de las disfunciones de la democracia representativa, sin embargo, no ha sido suficiente para repensar a la democracia. La aspiración de la participación fue rescatar algunos de los fundamentos de la democracia originaria, la griega, resultando claro que procedimentalmente era inviable. Por lo tanto, su reconstrucción debe plantearse desde los espacios de una nueva relación Estado-Sociedad, marcada por el impacto de la globalización y la ampliación de los efectos del modelo económico capitalista.

El proceso de autocratización que vienen advirtiendo reconocidos analistas y académicos (desde O’Donnell hasta Levitsky y Wey) ha dado lugar a experimentos con otros modelos de democracia en los que se encuentran variaciones significativas en lo procedimental, y fundamentalmente, en materia constitucional y electoral. La adopción de mecanismos de participación directa, como consultas y revocatorios, han estado también acompañados por la extensión indefinida de los períodos presidenciales (Bolivia, Nicaragua, y Venezuela), todo desde la percepción de la voluntad popular cuando en realidad se trata del asalto autocrático por la vía electoral.

Las condiciones estructurales —políticas, económicas, sociales y culturales— que acompañaron la consolidación democrática se han transformado, de allí que la naturaleza de la democracia no se corresponda con el modelo de sociedad prevalente. Los niveles de acción han tenido que ajustarse a las demandas de mayor participación, resultando insuficientes para recuperar la confianza, pues en ocasiones llega a ser vista como un obstáculo en el ejercicio soberano (estructura).

Las bases de la democracia son cuestionadas

Los elementos fundacionales de la democracia como los sistemas electorales, legislativos o judiciales (componentes) son cuestionados cuando esta pierde legitimidad. Y los valores (principios) asociados a la democracia, las instituciones que los representan como el Estado de Derecho, la Libertad, Equidad o la Justicia, son los pilares sobre los cuales descansa la legitimidad democrática. Si alguno de estos valores se resquebraja, la democracia pierde terreno como modelo de vida. En este sentido, la crisis de la democracia no es una crisis de su denominación, es de su naturaleza, de su estructura, de sus componentes y de sus principios, es decir: de su metafísica.

La democracia ha intentado reinventarse a través de la participación, la ciberdemocracia o la democracia globalizada. Sin embargo, los cambios en su denominación no son suficientes para conducir hacia su renovación, pues aún persisten los grandes desafíos democráticos sobre la concepción del Estado y de su relación con la sociedad; los nexos con la economía; la corresponsabilidad con las demandas sociales; la apertura de espacios de decisión pública transparentes; el reconocimiento de mecanismos de vigilancia y seguimiento; la responsabilidad de la gestión pública, y la participación en las decisiones públicas.

¿Estamos frente a un cambio paradigmático? Por una parte, la democracia no ha logrado satisfacer las demandas de renovación, mientras que, por la otra, le ha dejado el terreno libre a la autocratización, encontrando un terreno fértil en aquellos sistemas con problemas de legitimidad e inequidad. La posdemocracia se encuentra ante el desafío de adoptar medidas excluyentes para protegerse de la apropiación de sus propios medios ante el ascenso de liderazgos autoritarios por la vía electoral, como hemos visto en Venezuela, Nicaragua, y más recientemente en El Salvador.

Finalmente, en la democracia, la tensión entre el individualismo y la equidad ha sido desplazada por el desafío autoritario. La posdemocracia puede ser una oportunidad para la reinvención de la alianza entre libertad e igualdad. Sin embargo, si no hay consenso en la necesidad de adoptar medidas enérgicas para garantizarla, es posible que sea la transición hacia una fórmula de opresión en la que predomine el egoísmo minoritario por encima de un bienestar colectivo mayoritario.


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Colombia: cinco años de una paz incumplida

El próximo mes de noviembre se cumplen cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Desde entonces, y siendo éste un buen momento para hacer balance, una conclusión justa sería la de concebir la paz colombiana como una paz incumplida. Una paz que ha encontrado en el actual gobierno de Iván Duque, en sus estertores, un saboteador de manual que, a base de incumplimientos, retrasos y resistencias, ha desdibujado el proceso de implementación que, inicialmente, cabía esperar.

Al respecto, los años 2017 y 2018 debían ser los primeros pasos en la construcción de paz, de manera que la prioridad debía ser la materialización de la dejación de armas y el cese al fuego definitivo, además del desarrollo del componente normativo e institucional que favoreciese la implementación. Expresado de otro modo, es desde 2019 que el Acuerdo debía asumir su dimensión más puramente transformadora, removiendo las condiciones estructurales, simbólicas y culturales que soportaron durante cinco décadas la violencia.

Empero, si se observa el último reporte de seguimiento realizado por el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame es posible observar cómo, en todo 2020, por ejemplo, el nivel de avance, como igual sucedió en 2019, apenas fue del 2%, situándose en un avance íntegro del cumplimiento de apenas el 28%.

Relacionado con el primer punto del Acuerdo, relativo a la Reforma Rural Integral, continúan irresolutos los retrasos en la conformación de un Fondo Nacional de Tierras que permita redistribuir la tenencia de la tierra de una manera más democrática y productiva, de la misma manera que cualquier atisbo de fortalecimiento de la democracia local, por el momento, apenas se reduce a una declaración de intenciones. Tanto es así que, según el informe publicado el pasado mes de mayo, hasta la fecha sólo se había completado íntegramente un 4% del total de las 104 disposiciones contempladas en el Acuerdo.

Otro de los aspectos con importantes dificultades en cuanto a su implementación es el que guarda relación con el punto cuarto, centrado en el Problema de las Drogas Ilícitas. A tal efecto, el Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito ha experimentado importantes retrasos en su puesta en marcha, además de carecer de espacios de interlocución efectivos con la sociedad civil. Y a pesar de que la superficie cocalera se ha conseguido reducir por debajo de las 150.000 hectáreas, los niveles de producción de cocaína han aumentado y la geografía de la violencia sigue siendo la misma que antes de la firma del Acuerdo. Esto es, el 90% de la producción cocalera se concentra en apenas nueve departamentos del país, siendo los mismos escenarios en donde, hasta el momento, se han concentrado el 90% de los más de 300 homicidios violentos contra excombatientes, y el 75% de los más de 1.400 homicidios violentos contra líderes sociales, según informan Indepaz y Naciones Unidas.

En contraste, mayor suerte, aunque no mucho mejor, corren el punto segundo (participación política), tercero (fin del conflicto) y quinto (víctimas). Así, en lo relativo al punto segundo, sobre participación política y social, de un total de 94 disposiciones previstas, para el reporte oficial de mayo de 2021 apenas se habían satisfecho plenamente un 12% de las mismas, lo que evidencia que muy poco se ha avanzado en la aspiración de gozar de una democracia más incluyente y efectiva. De hecho, destacan las notables resistencias gubernamentales a impulsar las reformas políticas y de representación democrática que preveía el Acuerdo y que, en muchos casos, han motivado posiciones de oposición al Ejecutivo de parte del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

Aparentemente, el punto que más ha avanzado ha sido el tercero, relacionado con el fin del conflicto. Especialmente, porque integra todo el componente de desmovilización, entrega de armas y reincorporación a la vida civil. De un total de 140 disposiciones, el 49% están completadas, un 19% se encuentra en fase intermedia, un 19% en inicial y sólo un 14% queda por comenzar.

Empero, mientras que el componente relativo al cese de las hostilidades y la entrega de armas está satisfecho en un 97%, igualmente se ha avanzado ampliamente en el proceso de reincorporación a la vida civil y política (59%). Todo lo contrario, los mayores retrasos reposan en las garantías de la seguridad de los excombatientes (17%) y la acción integral contra el desminado, íntegramente en proceso de ejecución.

A tal efecto, la falta de garantías a la seguridad y las demoras procedimentales lastran un proceso de reincorporación que incorpora una altísima vocación agraria que contrasta con una realidad cuestionable. En octubre de 2021 la mayoría de los exguerrilleros sigue trabajando sobre predios arrendados y los proyectos productivos en favor de la población guerrillera aún no ha llegado ni a la mitad de los excombatientes desmovilizados.

Quedaría por analizar la situación de la implementación del último de los puntos del Acuerdo, relativo a las víctimas. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición ha experimentado una férrea oposición del actual gobierno. Desde el inicio hubo una especial demora en la aprobación de la Ley Estatutaria de la JEP, pues, aunque el 8 de febrero de 2019 el Congreso había cumplido con el trámite de remisión al presidente para su sanción, dos días después, éste presentaba objeciones a la norma que, aunque no prosperaron demoraron su entrada en vigor hasta el 6 de junio de 2019. Tal entrada en vigor, desde entonces, se ha acompañado con una reducción en su financiación que llega al 30%, y que nuevamente exhibe al actual gobierno de Duque como un actor que dificulta más que posibilita una correcta implementación.

En conclusión, estas cifras invitan a un pesimismo y a una posición de clara confrontación con la posición oficial del uribismo. La única llamada al optimismo reposa en que, con toda seguridad, su posición desaparecerá de la Casa Nariño en las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo año. Esperemos que sea el momento para que llegue a la presidencia de Colombia un gobierno a la altura de un Acuerdo de Paz que, como reconoce la prestigiosa Universidad de Notre Dame, a pesar de sus dificultades, es el más ambicioso y completo de los suscritos en las últimas décadas.


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Pedro Castillo se aleja de los radicales

En la tarde del miércoles 6 de octubre el presidente Castillo anunció en un corto mensaje a los peruanos que aceptaba la renuncia —que en realidad fue solicitada— de su Primer Ministro, el radical de izquierda Guido Bellido. Así, se ponía fin a una de las gestiones más cortas y controvertidas de la vida política peruana a menos de 100 días de iniciado el nuevo gobierno.

Guido Bellido no fue la primera baja del gobierno, pero a diferencia de Héctor Bejar, el ex ministro de relaciones exteriores, este último tuvo que renunciar bajo la presión de grupos radicales de derecha. En apenas tres meses, el ex Primer Ministro colmó la paciencia de todos ya que inclusive llegó a conspirar en comunicaciones internas entre parlamentarios contra las nominaciones del Presidente.

Bellido fue electo congresista por Perú Libre, pero con su nominación como ministro se convirtió en el colaborador más importante del presidente para liderar la política general del gobierno, una especie de segundo hombre después de Castillo. Y si bien por su peso político tenía todo el derecho de exigir más espacio para sus cuadros en el gobierno, en el corto tiempo como ministro desarrolló una agenda diferente a las necesidades y objetivos del gobierno.

Además, al nominar a personas carentes de habilidades mínimas para el ejercicio de la función pública, en lugar de nombres que pudieran contribuir a la construcción de un gobierno solido, convirtió estos dos primeros meses en un martirio para el gobierno que fue asediado permanentemente por la oposición.

Diferencias con Castillo

Entre tantas urgencias y dificultades, Bellido se dedicó a promover una agenda política basada en la ideología en lugar de enfocarse en asuntos de políticas públicas más concretos. Y su ambición, lo llevó a buscar notoriedad en asuntos que desconocía. Esta inexperiencia contribuyó a que la oposición más radical ganase más espacio en el Congreso, ahuyentado a los moderados para congregarse a favor de la destitución del ministro de trabajo Iver Maraví, otro de los titulares radicales cercanos al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Sin una mayoría simple en el Congreso y sin control de la agenda parlamentaria, si el gobierno busca impulsar cambios se ve obligado a buscar una estrategia de articulación más amplia que dialogue con otras fuerzas políticas, sobre todo con los parlamentarios más moderados. Sin embargo, a diferencia del discurso del presidente, quien se colocó desde el inicio a favor de una postura equilibrada, la de Bellido era osada y agresiva a pesar de la debilidad de su partido que cuenta apenas con 37 de los 130 escaños.

El gran problema de las plataformas radicales cuando llegan al gobierno —sean de izquierda o de derecha— es la dificultad de traducir sus discursos ideologizados en soluciones concretas y políticas públicas. De ahí que las agendas ideológicas tienden a ser confrontacionales, genéricas, repetitivas y carentes de contenido. Esto llevó a Bellido y sus partidarios a perder una gran oportunidad de contribuir al gobierno con propuestas concretas.

Las fisuras en el gobierno

Más allá de que Bellido ya no está, las diferencias entre algunos ministros han dejado fisuras que se proyectan hacia dentro de la propia bancada oficialista que parece estar dividida entre quienes apoyan la moderación de Pedro Castillo y quienes buscan el transito hacia un cambio más radical.

Si el ala más radical del oficialismo no asume la debilidad de su gobierno e insiste con resolver demandas vinculadas a un imperativo moral, en vez de estratégico, cabe la posibilidad de que la bancada de gobierno se quiebre. De ser así los radicales podrían ir quedando cada vez más aislados.

Ante semejante desorden en el gobierno, la buena noticia es que la ultima encuesta de la empresa Ipsos menciona que el 77% de los peruanos considera que el presidente no debería ser destituido o vacado de su puesto. Sin embargo, la oposición más radical en el Congreso insiste en aprobar leyes inconstitucionales para recortar las prerrogativas del presidente como la que busca limitar al ejecutivo en el uso de la cuestión de confianza, al prohibir que sea planteada sobre reformas constitucionales o temas de competencia del Congreso.

Quizás sea hora que las distintas fuerzas legislativas también se dispongan a aislar, de una vez por todas, a los radicales de derecha para mejorar el clima político y que el gobierno se pueda centrar en enfrentar los desafíos que ha dejado la pandemia en el país.

Foto de Presidencia de la República del Perú

La libreta de racionamiento cubana no garantiza el derecho a la alimentación

Coautora Nastassja Rojas

En su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas del 23 de septiembre, el presidente Miguel Díaz-Canel sostuvo que “a pesar de los obstáculos, el Gobierno cubano, con extraordinarios esfuerzos y pese a carencias y dificultades, garantiza el derecho universal a la alimentación a través de la canasta básica familiar normada, que reciben todos los cubanos y cubanas, y que incluye 19 productos alimenticios de primera necesidad a precios asequibles”. Sin embargo, la realidad de los cubanos de a pie dista mucho de la enunciada por el presidente. La libreta no alcanza a cubrir los 19 productos y los que incluye no son suficientes, ni en variedad ni en cantidad para cubrir las necesidades de todo un mes.

En términos prácticos, se le entrega una libreta a cada núcleo familiar, donde se incluyen los nombres, edades y sexos de las personas que la conforman, y con esta retiran los alimentos. Hay productos que llegan una vez al mes, pero es común que no todos lleguen al tiempo, por lo que las personas esperan hasta mediados o finales de mes para que se acumulen todos los productos en la bodega y así evitar ir más de una vez.

¿Qué incluye la canasta?

Aunque no todas las personas manifiestan recibir los mismos productos, los más comunes de encontrar son el arroz, la azúcar blanca, azúcar prieta, granos —generalmente chícharos— café, espagueti, frijoles, sal y fósforos. Y en relación con los cárnicos, aunque hay variaciones, se refieren a pollo o pescado, mortadela, picadillo de soya y huevos. Los niños y personas mayores tienen una dieta especial y reciben otros productos adicionales.

Si los productos de la canasta no alcanzan para completar el mes, los cubanos pueden dirigirse a las tiendas en moneda nacional, sin embargo, estas venden únicamente uno o dos productos y para conseguirlos se deben realizar largas filas. Pero hacer las filas no garantiza que se pueda conseguirlos, pues es común que estos se agoten y las personas tengan que volver nuevamente. Además, los productos suelen estar racionados y se venden en cantidades limitadas.

Dadas estas circunstancias, en octubre de 2019 el gobierno decidió abrir tiendas en Moneda libremente Convertible (MLC) para que las personas puedan acceder a ciertos electrodomésticos y repuestos. Pero a partir del año 2020, se dio la instrucción de vender también productos de primera necesidad bajo el argumento de captar divisas y con estas abastecer las tiendas en moneda nacional. La realidad en el último año es que las tiendas en moneda nacional permanecen desabastecidas y la promesa nunca se cumplió, pero además se generó aún mayor desigualdad en el acceso a los alimentos porque no todos los cubanos pueden acceder a MLC.

De acuerdo con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, para 6 de cada 10 familias los alimentos de la libreta de racionamiento solo cubren entre 5 y 10 días, y además, el 70% de las familias encuestadas indicó que hubo escasez de alimentos básicos en los últimos tres meses. Esto quiere decir que la libreta es insuficiente para cumplir las necesidades de alimentación de la población y las alternativas de abastecimiento son insuficientes.

Lo más grave de la situación es que el 67% de los encuestados califica la alimentación familiar como deficiente, mientras que el 38% manifiesta haber tenido que dejar de hacer alguna comida por falta de dinero o de recursos. Y aunque no hay registros sobre los alimentos consumidos, es de esperar que estos no cumplan con la dieta requerida dadas las circunstancias de la isla.

¿Culpa del bloqueo?

El gobierno culpa al bloqueo de la situación de desabastecimiento, pero las alternativas ideadas por el mismo gobierno como las tiendas en MLC han terminado por agravar la situación. El derecho a la alimentación es entendido, no solo como el acceso a alimentos, sino también como el acceso regular, permanente e irrestricto a alimentos cuantitativa y cualitativamente adecuados y suficientes.

Por ello, el discurso de Díaz-Canel, además de estar lleno de falsedades, se presenta como una afrenta a los compromisos internacionales de Cuba, un país que está lejos de cumplir con su responsabilidad internacional en cuanto a la garantía de los Derechos Humanos, y particularmente del derecho a la alimentación.

Pese a que el presidente mencionó su compromiso con la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación, la isla aún no ha ratificado, entre otros, dos de los instrumentos más importantes de Derechos Humanos, los cuales conforman junto con la Declaración Universal la Carta Internacional de Derechos Humanos y que además son parte de los pilares del mandato de la Relatoría Especial sobre el derecho a la alimentación.

Sin embargo, es menester recordar que las obligaciones que tienen los Estados frente al cumplimiento de los estándares internacionales de Derechos Humanos, se da por el simple hecho de ser miembro de esta Organización y demás fuentes del Derecho Internacional Público y no solo con la ratificación de tratados internacionales. De manera que Cuba está obligada a cumplir más allá de las palabras sin contenido proferidas por su presidente.

Es así que, el discurso de Díaz-Canel, no solo es ajeno a la realidad de los cubanos, sino que además resulta contrario a los instrumentos efectivamente ratificados por el Estado cubano. La libreta de racionamiento más que garantizar el acceso, permanente y sin restricciones a la alimentación, es una forma vedada de chantaje que genera dependencia del Estado para garantizar el sustento y una forma de control social por la pauperización y la espera.

Nastassja Rojas es profesora de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) y candidata a Doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora principal de Food Monito y especializada en movimentos migratórios, estudios de género y política venezolana.

Foto de Jorge Royan


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Bajo el gobierno de Bolsonaro: 1000 días de mentiras y una verdad

Coautor André Rodrigues

El 27 de septiembre de 2021, Jair Bolsonaro cumplió mil días en el Poder Ejecutivo. En este breve artículo destacaremos dos aspectos importantes que son estructurales en su trayectoria: el presidente miliciano y el presidente falso. De hecho, ambos son parte estructural de la presidencia de Bolsonaro.

¿Quién es Jair Bolsonaro?

Bolsonaro es un político antidemocrático. Ha crecido a partir de una baja representación, cosida por una red de relaciones que oscilan entre el mundo institucional y el mundo del crimen. En casi 30 años como legislador, sólo tuvo un proyecto que se convirtió en ley. Por otro lado, siempre trabajó para aumentar su propio patrimonio y el de su familia.

Un rasgo distintivo es el escaso compromiso con el interés público y el bienestar social. Bolsonaro ha construido su imagen política como el outsider cuya lucha contra cualquier cosa que se parezca a la democracia significa la afirmación de un orden social y autoritario.

Esta postura se presenta en su lenguaje político bajo las banderas de «la libertad por encima de la vida», «la familia tradicional» y «Dios por encima de todo». Emblemas de un orden que no se construye con palabras igualitarias, sino con la fuerza – de las armas, o del discurso mágico-religioso. Su construcción como político tuvo lugar en la representación de lo que permanece en la sombra, del odio. Sectores que siempre han existido en las democracias y que difícilmente serían canalizados por ella.

Por lo tanto, un aspecto trágico para la democracia brasileña es la ideología miliciana que mueve su lógica y sus acciones. Es la creencia de que no hay otro instrumento para la construcción del orden que el poder de matar y que cualquier límite legal a este poder debe ser rechazado como una amenaza a ese orden.

Esta ideología piensa la política a través de la lógica de las organizaciones criminales. Los acuerdos subterráneos con sectores privados y el saqueo de la máquina pública son recurrentes en las investigaciones de la prensa y los organismos de control sobre el gobierno de Bolsonaro.

Dos episodios expresan esto de forma nítida. El primero fueron las manifestaciones antidemocráticas que Bolsonaro promovió el 7 de septiembre de 2021, cuya agenda principal era el cierre del Supremo Tribunal Federal (STF). La infraestructura y las herramientas de movilización de estas manifestaciones fueron financiadas por sectores del empresariado y del agronegocio que tienen relaciones turbias con el presidente, su familia y sus aliados. La elección del STF como objetivo se explica por su actuación en defensa de la democracia, poniendo límites a las constantes desviaciones en la forma de actuar del presidente. 

El segundo episodio fue revelado por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado Federal que investiga las acciones del Gobierno Federal sobre la pandemia. Las investigaciones de la CPI mostraron que Bolsonaro promovió una política de propagación del virus teniendo como estrategia la apuesta por la inmunidad de rebaño y la adopción del llamado «tratamiento precoz», con medicamentos sin eficacia para el tratamiento del Covid-19.

La CPI reveló también que esta política se practicaba mediante un acuerdo en el que participaban empresas sanitarias privadas, el Ministerio de Salud, el Consejo Federal de Medicina y algunos empresarios de otros sectores que formaban, según los senadores de la CPI, un «gabinete paralelo» o «gabinete en la sombra»

En este proceso, una empresa sanitaria privada que integraba el «gabinete paralelo» promovió estudios clandestinos en humanos, con prácticas eugenistas, para probar la eficacia de la hidroxicloroquina y otros fármacos que formaban parte del llamado «kit covid».

Bolsonaro, su familia y sus compinches de los negocios y el crimen ocupan Brasilia como una fuerza invasora. Las fuerzas antidemocráticas del siglo XXI no siempre operan con tanques en la calle. Las milicias digitales, la retórica de la destrucción, la ideología miliciana, los militares en los despachos y la connivencia empresarial secuestran las democracias.

Un presidente falso y el regreso de Brasil al mapa del hambre

La postura de Bolsonaro, desde el principio, fue falsa. Era un militar que salió por la puerta de atrás, pero actúa como si fuera un militar de éxito. Falso.

Como legislador siempre fue falso. Nadie lo tomó en serio. En concreto, no hizo nada más allá de robar fondos públicos, como indican las acusaciones sobre las tramas de empleados fantasmas en su despacho y en el de sus hijos.

La campaña presidencial fue falsa. No hubo debate, sino muchos medios de comunicación tratando de enmascarar a la bestia incivilizada que era la punta de lanza de las élites económicas y los militares deseosos de volver al poder.

En la trayectoria de los 1000 días, a imagen y semejanza de la experiencia Trump, desde el centro del poder se creó una estructura de noticias falsas para mantener y guiar su gobierno. Desde su toma de posesión, como muestra la encuesta del portal Aos Fatos, el presidente ha dicho 3.989 falsedades y tergiversaciones, casi cuatro mentiras por día de gobierno. Un Pinocho de carne y hueso. El presidente habló poco de cualquier política pública que no fuera una ofensa para algún sector de la sociedad o alguna institución de la democracia.

Las noticias falsas movilizaban a una masa que se convirtió en el segmento de la sociedad al que dirigía su gobierno. Un 20% del electorado. Así, Brasil vio cómo el presidente atacaba a todos los que no estaban alineados con estos sectores fanáticos y desinformados a propósito. Las universidades se convirtieron desde el principio en uno de sus objetivos prioritarios: espacios de diversidad y búsqueda de la verdad, constituyen, por definición, una amenaza para la mentira como forma de gobierno.

En la última Asamblea General de las Naciones Unidas, el discurso del presidente se dirigió a su sector fanático, olvidando que el mundo entero estaba escuchando. Su discurso estuvo estructurado a base de mentiras y desinformación, demostrando hasta qué punto desprecia la democracia y la propia sociedad. Lejos de las obligaciones típicas de los presidentes, Bolsonaro tiene más que ver con un administrador de un grupo de WhatsApp que con un estadista que dirige el rumbo de uno de los mayores países del planeta. Un país con gran importancia en la región, donde, hace años, marcó el rumbo del Cono Sur.

Pero lo que no se puede ocultar con las noticias falsas es el hambre (y la inseguridad alimentaria) que afecta a más de 116 millones de brasileños. Con una economía devastada que sólo benefició a los sectores financieros y al latifundio, Brasil tiene un desempeño desastroso en todas las áreas sociales. Además, la tasa de desempleo ha alcanzado el 14,6%, llegando a casi 15 millones de brasileños. Y esta es la única verdad de estos mil días: Brasil vuelve a estar en el mapa del hambre.

André Rodrigues es politólogo, doctor en Ciencias Políticas por el IESP/UERJ y profesor de la Universidade Federal Fluminense (UFF).

Foto de Palácio de Planalto ee Foter

Los negociadores en México deben aprender de las mujeres en Venezuela

Cuando representantes del gobierno de Maduro y de la oposición se encuentran por tercera vez inmersos en un proceso de diálogo —esta vez en México— para alcanzar la transición democrática, los movimientos de mujeres en Venezuela han dado una contundente lección de coexistencia y cooperación. Más de 60 movimientos de mujeres y organizaciones sociales, tanto “de la oposición” como identificadas con el “chavismo”, han suscrito un comunicado exigiendo la despenalización del aborto. Incluso, casi en simultáneo con la tercera ronda de negociación en la Ciudad de México, mujeres de diversas corrientes políticas tomaron las calles en diferentes ciudades, unidas por una causa común.

En un contexto de consolidación autoritaria, el retorno a la democracia en Venezuela se hace cada vez más urgente. Según las nuevas cifras de la ENCOVI (Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida 2021) casi toda la población venezolana vive en la pobreza, mientras que el 76.6% lo hace bajo condición de pobreza extrema. Esta delicada situación humanitaria, que se ve agravada por el colapso de servicios públicos, la ausencia de libertades, la represión y militarización de la sociedad necesita ser abordada por las élites políticas con urgencia.

¿Son las negociaciones en México el espacio apropiado para ello? ¿Está por concretarse una transición a la democracia en el país?

¿Qué podemos esperar del proceso?

Los críticos del proceso en México piensan que la negociación sólo puede servir para una incómoda e innecesaria co-habitación que simplemente legitime al poder autoritario de Nicolás Maduro. Mientras que una serie de actores políticos, económicos, sociales y grupos religiosos insisten en la necesidad de construir acuerdos para la democratización progresiva del país, al tiempo que se abordan temas humanitarios.

En el contexto actual, no es fácil ser optimista ante un nuevo proceso de diálogo. No obstante, las próximas elecciones regionales del 21 de noviembre ofrecerán una oportunidad para el reacomodo y la reorganización de las oposiciones. La división estéril de la oposición hace prever amplias derrotas frente al oficialista PSUV que llega a noviembre más cohesionado y habiendo sorteado la amenaza del interinato. Pero tanto esta elección, como este nuevo proceso de diálogo, pueden convertirse en instancias para ahondar procesos democratizadores.

El comunicado, tras la última ronda, deja entrever algunos puntos de incipiente acuerdo entre las partes como la necesidad de “identificar mecanismos de consulta” para incorporar a diversos actores sociales, nacionales e internacionales en el proceso. El comunicado es ambiguo, sin embargo, es claro que la participación efectiva entre los actores políticos y la sociedad organizada es tan importante como los acuerdos que se puedan generar entre el gobierno y la Plataforma Unitaria.

El comunicado expresa también una tímida intención de incorporar las negociaciones con perspectiva de género, lo cual parece un acto de cinismo a juzgar por la conformación de los equipos negociadores. De hecho, una somera revisión de las candidaturas para noviembre revela una brecha sustancial entre las declaraciones, tanto por parte de la Plataforma Unitaria, como del gobierno, cuya histórica instrumentalización de las luchas de las mujeres no ha conducido a cambios sustantivos, ni en los marcos legales ni en el mercado laboral.

Lecciones desde el feminismo

Sin embargo, en momentos en que representantes de ambas partes están negociando en México para alcanzar unos acuerdos mínimos, en Venezuela, mujeres tanto “de la oposición” como identificadas con el “chavismo”, pertenecientes a diferentes organizaciones de diversos estados del país, marcharon juntas y de manera pacífica por la legalización del aborto.

La lucha por los derechos de las mujeres, así como por la autonomía e integridad personal, los derechos humanos y la justicia social representan un punto central de reivindicaciones históricas en Venezuela. Se trata de valores que ostensiblemente guían —más o menos— a los dos actores políticos en disputa. La penalización del aborto, no sólo atenta contra la integridad física y libertad de las mujeres, sino que es un instrumento de discriminación y doble moral que afecta especialmente a las más pobres.

De hecho, tanto el gobierno de Chávez como el de Maduro —autodenominados feministas— que llegaron a copar los poderes públicos sin reparo, han ignorado consistentemente las demandas de las feministas acerca del derecho a decidir. Pero tampoco la Asamblea Nacional electa en 2015 con mayoría opositora propició un debate, aunque fuera simbólico, sobre el tema. 

Por lo tanto, si los actores políticos que están negociando realmente “coinciden” en la necesidad de asegurar un “enfoque de género” durante el proceso, deberían atender las demandas de base que históricamente han sido capaces de salvar las diferencias ideológicas.

De igual manera, los diversos actores no-partidistas como los grupos de fe, económicos, sociales o académicos entre otros, deberían apoyar las instancias de diálogo y continuar alimentando las relaciones de cooperación con los partidos políticos y el Estado —entendiendo su papel fundamental en democracias y sin querer reemplazarlos—, desarrollar propuestas de reformas inclusivas y servir como garantes y constructores de la paz.

Las experiencias comparadas han demostrado que el rol de los movimientos sociales en procesos de democratización es clave. No tanto por provocar directamente la caída de regímenes autoritarios, sino por re-democratizar la sociedad a través de sus actividades. Estos, además, sirven para establecer mecanismos de interacción que permitan legitimar acuerdos políticos, aunque impliquen sacrificios importantes para los actores políticos en disputa.

Las negociaciones en México son una oportunidad para reconocer y atender los problemas reales de Venezuela, aquellos que impiden la coexistencia democrática incluyendo la lucha por la hegemonía del poder, el centralismo, la intransigencia, la intolerancia, la descalificación perenne del adversario, la negación de derechos, el clasismo, el racismo y la discriminación.

Los actores allí reunidos deben pasar de las declaraciones de principios a las acciones. La democracia no llegará a Venezuela a través de comunicados, ni pactos entre las élites. Se construirá a medida en que la sociedad actúe como partícipe de su propio proceso de transformación. Las últimas protestas en pro de la diversidad y los derechos de las mujeres nos dan esperanza.


Episodio relacionado de nuestro podcast

Profesor Asistente de ciencia política de la Universidad de New Brunswick (Canadá). Sus investigaciones se enfocan en temas de economía política, extracción de recursos naturales, energía y democracia. 

Los Pandora Papers: no es lo mismo ser reina que peón

Recientemente se hizo pública la mayor filtración de documentos de la que se tenga registro. Un extenso equipo de periodistas de investigación analizó casi 12 millones de documentos que revelan el mecanismo que personajes poderosos de todo el mundo utilizan para ocultar sus fortunas y, en consecuencia, evadir impuestos. Sin embargo, lo que quizás mayor indignación ha provocado a los latinoamericanos es la desproporcionada presencia de personajes de la política en estos complejos entramados.

Es cierto que de acuerdo con las leyes vigentes estos mecanismos no son ilegales, pero el escándalo abre todo un debate sobre la naturaleza de los recursos y el probable usufructo de la corrupción que puede estar detrás de algunas fortunas. Sobre todo, por que es aún más indignante que alguien sea haga rico haciendo política y que quienes hacen las leyes tributarias, que mantienen cautivos a millones de contribuyentes, sean los primeros en utilizar información privilegiada para sacar dinero de sus países para ocultarlo en sendos paraísos fiscales.

Desproporción latinoamericana

La nómina de políticos, además de amplia, puede sacar los colores a más de uno, sobre todo cuando se observa que los latinoamericanos destacan por encima de sus pares de otras regiones del mundo. Los reportes de los Pandora Papers revelan que tres presidentes y 11 ex presidentes de América Latina sobresalen entre las celebridades que emplean los mecanismos de offshore para “resguardar” su patrimonio económico. Pero, además, la lista incluye a ministros, embajadores, legisladores, funcionarios y hasta miembros de bancos centrales.

La triangulación de activos a través de este mecanismo no tiene nada de ilegal. Sin embargo, en una región con marcadas asimetrías, precarización, informalidad, corrupción e impunidad, revelaciones como la de los Pandora Papers dejan al desnudo que la estructura de oportunidades entre quienes tienen poder —económico y político— y el resto, no sólo es abismal, sino que puede a llegar a niveles que rayan en lo impúdico y grosero.

El mensaje que nos dejan los Pandora Papers, sobre todo en una región extremadamente desigual como América Latina, es que en la política como en el ajedrez, no es lo mismo ser peón que reina. Mientras el primero es carne de cañón y su movilidad está cautiva, la segunda no sólo tiene más estatus, sino que puede moverse con libertad por todo el tablero. 

Esta metáfora, citada por un entrevistado en un programa televisivo de la cadena española La Sexta, describe a la perfección como mientras millones de personas son contribuyentes cautivos de las imposiciones fiscales que crean sus verdugos, estos últimos tienen la capacidad de hacer de la política una actividad lucrativa muy rentable, de la que, además, se valen para evadir las reglas creadas por ellos mismos.

Con nombre y apellido

Destaco tres casos a manera de ejemplo. El presidente chileno Sebastián Piñera es conocido por su fortuna previa a su incursión en la política profesional. Sin embargo, este se ha valido de su posición de privilegio para acrecentar su riqueza través de operaciones como la compraventa de la Minera Dominga en la que también participó su esposa.

El segundo caso es el del ex presidente Horacio Cartes quien ha convertido al Paraguay en su estancia personal. Señalado por lo oscuro o irregular de algunos de sus negocios, lo cierto es que tras su paso por la presidencia no sólo ha hecho crecer su fortuna, sino también su influencia, lo que en un país altamente corrupto lo ha hecho prácticamente intocable.

Y el tercer caso es el del legislador mexicano Armando Guadiana del oficialista Morena. Este rico empresario del carbón se ha beneficiado de jugosos contratos de adjudicación directa durante la actual administración del presidente López Obrador, a quien defiende a ultranza.

En conclusión, los Pandora Papers superan por mucho a los Panama Papers que en 2016 habían revelados el modus operandi que grandes celebridades utilizan para escapar del control tributario de las haciendas nacionales a través de empresas fantasmas u offshore. Esta filtración es un nuevo recordatorio que, además de los políticos que en teoría deberían representarnos, muchos de nuestros admirados cantantes, deportistas, artistas y empresarios latinoamericanos se siguen aprovechando del del resto de la sociedad. Al fin y al cabo no es ilegal y qué tanto es tantito.