Elecciones argentinas: crónica de una derrota anunciada

Santiago Leiras
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Elecciones argentinas: crónica de una derrota anunciada

Las recientes elecciones legislativas en Argentina le dieron a la alianza opositora,Juntos por el Cambio, casi el 42% de los votos a nivel nacional mientras que el oficialista Frente de Todos (peronismo) obtuvo aproximadamente un tercio de los votos. De haberse tratado de una elección presidencial, la oposición se habría acercado a un triunfo en primera vuelta. Pero más allá de números, esta elección ha dejado tres hechos fundamentales: el triunfo opositor a nivel nacional, la pérdida de la mayoría por parte del oficialismo en el Senado Nacional y la “derrota pírrica” del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

La oposición obtuvo el triunfo en 15 jurisdicciones de las 24 que tiene el país (23 provincias y el distrito federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). En 13 de estas 15 ganó Juntos Por el Cambio, la alianza que liderada en el pasado por el ex-presidente Mauricio Macri, incluidas dos fundamentales como son la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).Los otros dos distritos electorales restantes quedaron en manos de partidos provinciales.

Otro dato significativo es que el oficialismo ha perdido el control del senado nacional, presidido por Cristina Fernández de Kirchner. En el próximo período legislativo, el gobierno deberá negociar con otros jugadores para obtener el quórum (37 senadores) que le permita controlar la agenda legislativa.

A pesar de la“épica de la remontada” del gobierno, más que una victoria a lo pirro, lo que obtuvo fue una “derrota pírrica” en la provincia de Buenos Aires. En esto ha tenido un rol destacado el mayor protagonismo de los intendentes municipales en las elecciones, en comparación al que tuvieron durante las elecciones primarias, en buena medida producto de su mayor compromiso con la gestión provincial. Es destacable también la participación del peronista disidente Florencio Randazzo, quien con el 4% de los votos que obtuvo su agrupación Vamos con Vos, contribuyó, como en las elecciones legislativas del 2017, al triunfo opositor.

¿Qué factores explican el triunfo de la oposición?

Hay tres factores principales que podrían explicar el triunfo de la oposición a nivel nacional y subnacional. Primero, un voto antioficialista que no se da necesariamente a nivel global, lo cual se debe en parte por un peor desempeño sanitario y económico desfavorable en comparación al promedio mundial. Segundo, una mala praxis sanitaria, educativa y económica del gobierno nacional que refuerza ese clima antioficialista.Y tercero, la renovación de la oferta electoral por parte de la oposición en los grandes distritos, especialmente en la capital y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

En relación al clima anti-gobierno, la derrota del oficialismo en la Argentina se suma a otros pronunciamientos adversos al oficialismo como aquellos acontecidos en Bolivia, Ecuador y Perú durante las elecciones presidenciales y los comicios de carácter constituyente en Chile.

En relación a la mala praxis sanitaria, educativa y económica, la misma tuvo manifestación en un prolongado cierre de la actividad pública y privada con directo impacto en la actividad educativa y en uno de los peores desempeños en materia macroeconómica.

En lo que respecta a la oferta electoral, la participación política de nuevas figuras como Carolina Losada, Facundo Manes, Martín Tetaz e históricas como Ricardo López Murphy en las listas opositoras, solo para mencionar algunos casos, permitió oxigenar a la coalición opositora.

¿Qué pasa a partir de ahora?

En términos electorales una oposición unificada, consolidada y con una oferta electoral renovada es un verdadero desafío para el gobierno. Recordemos que esta es una situación inédita ya que la oposición, derrotada en las elecciones de 2019, no tuvo un proceso interno que la llevara a la ruptura, aunque se encuentra pendiente de resolución el problema del liderazgo de la propia coalición opositora.

Un desafío aún mayor es el de la incongruencia de una propia coalición de gobierno concebida contra natura. El Frente de Todos llegó al poder sin haber resuelto un conjunto de diferencias y tensiones. El triunfo de 2019 le permitió al oficialismo argentino barrer bajo la alfombra todas esas diferencias prexistentes.

Esta derrota electoral del peronismo vuelve a poner sobre la mesa todas aquellas tensiones, así como sucedió durante los días inmediatamente posteriores a las elecciones primarias de septiembre. En estos días, cuando la democracia argentina cumple 38 años de vigencia ininterrumpida -el período más prolongado de estabilidad política desde el comienzo de la vida democrática en 1916- la campaña electoral ha terminado. Comienza, a partir de ahora, una nueva etapa, la de la Argentina en campaña permanente.

A pesar de todo, la democracia en Argentina parece ser, “the only game in town”, recordando aquella feliz expresión del politólogo estadounidense Adam Przeworski.Y este es, sin duda, un motivo de celebración.

El candidato de Pinochet

Federico Finchelstein
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El candidato de Pinochet

Coautor José Ragas

“Si estuviera vivo votaría por mí”. Identificando su política como una continuación de la obra del dictador chileno Augusto Pinochet, estas fueron en 2017 las palabras del actual candidato populista de extrema derecha chileno, José Antonio Kast.

Hijo de  un ex-oficial de los ejércitos nazis, Michael Kast, quien emigró a Chile a fines de la Segunda Guerra Mundial y hermano de un ex-ministro de Pinochet, Kast hace de la xenofobia un eje de su política. También aviva el fuego de conspiraciones y paranoias, denunciando sin fundamentos la posibilidad de un fraude electoral en caso que pierda. Al igual que en los casos de Donald Trump y Jair Bolsonaro, estas palabras parecen sacadas de un manual de fascismo, en el cual la democracia pasa a un segundo plano desplazada por el mito del dictador y la legitimidad de sus herederos.

De todas formas, Kast quiere ganar las elecciones. Y como candidato populista busca diferenciarse de los métodos dictatoriales tradicionales. Esta elección decidirá el rumbo que tome el país, especialmente a dos años de una de las protestas más importantes de su historia. El candidato centro-izquierdista Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) plantea canalizar una serie de demandas (principalmente las relacionadas con acceso a servicios públicos y pensiones justas), las cuales también se encuentran siendo discutidas en la Convención Constituyente que redacta la nueva carta que reemplazará la del dictador Pinochet. Se trata de la primera constitución escrita en democracia, y con una Convención paritaria, con representación de pueblos originarios y legitimada con una votación de 78%.

El mundo vive un acercamiento del populismo al fascismo y, siguiendo a Bolsonaro, Kast se presenta como una alternativa frente a este supuesto abismo. Este tipo de populismos combinan la defensa de dictaduras pasadas, defensa del neoliberalismo y una política represiva de “ley y orden”, pero en realidad promueven el desorden, la paranoia y la división.

A diferencia de líderes como Hitler y Mussolini, los aspirantes a fascistas acusan a sus adversarios de serlo. En 2020, Kast sostuvo que “El fascismo se instala con fuerza en Chile y lo hace de la mano del Colegio Médico y otras ONG’s de izquierda que buscan dividir y discriminar entre chilenos contagiados y no contagiados, tener ‘agentes sanitarios’ y otras propuestas antidemocráticas”. Siguiendo la incongruencia, también denunció una campaña de destrucción civilizatoria supuestamente basada en el pensamiento de Michel Foucault.

A diferencia de sus avisos de campaña, en su programa presidencial y —por supuesto— en su cuestionable historial, Kast denuncia la “traición” de la “derecha tradicional” y se personifica como abanderado chileno de una “nueva derecha” global.

Al igual que Trump en EEUU, Bolsonaro en Brasil, Narendra Modi en la India y Victor Orban en Hungría, Kast reemplaza la historia con la fabricación de mitos sobre el pasado y a la vez acusa a sus enemigos de “falsificar la historia”. Promueve asimismo la xenofobia y el odio a lo diferente mientras acusa a sus oponentes de promover el “totalitarismo.” En suma, nada hay de nuevo en este proyecto bolsonarista para Chile. Y al igual que Trump y Jair Bolsonaro, Kast basa sus políticas en fantasías conspirativas y promesas represivas, pero lo hace con un tono pensadamente medido, como si fuera un Bolsonaro amable y sedado. El resultado es un envoltorio que intenta moderar sus contenidos.

Kast se presenta así también como una respuesta a una crisis de representatividad, aunque se dedica a la política desde hace décadas. Su discurso es tan vacío como efectivo.

En sus “principios rectores”, el movimiento de Kast sostiene: “Creemos en el bien y la verdad como realidades objetivas”. Y paso siguiente sugiere que se debe oponer la libertad a la igualdad. Kast apela a una noción particular de “orden”, con una defensa cerrada de las fuerzas policiales (pese a las denuncias por su accionar). Según Kast, “estamos en un punto de inflexión. Hay que detener la explosión de violencia y el reinado de la delincuencia que está transformando la vida diaria de miles de chilenos en una verdadera pesadilla”. No debe sorprender que su propuesta cuestione la existencia del orden y la ley si bien manifiesta que él hable en nombre de estas.

Esta apelación a una “violencia” no es gratuita: es una referencia a la movilización social desplegada después de octubre de 2019 en Chile, la cual cuestionó abiertamente el sistema político, económico y social del país. Pero es también una excusa para desmantelar lo avanzado en derechos sociales. Esto se inserta bastante bien en la “batalla cultural, ideológica y programática” a la que apela su movimiento, y que se traduce —entre otros ejemplos— en una defensa de la familia conformada únicamente por madre, padre e hijos así como a negar a las mujeres el derecho al aborto.

De aplicarse sus propuestas, sus efectos tendrán repercusiones continentales: para él y su equipo, la inmigración es vista como un problema que atenta contra la “independencia nacional” y “tiene un efecto destructivo” sobre la “integridad republicana” del país. Después de lo ocurrido en el norte de Chile, en Iquique, cuando una turba incendió las pertenencias de inmigrantes a plena luz del día, su propuesta se revela como la peor forma de enfrentar el problema.

El mismo Kast ha manifestado que lo idóneo es construir una zanja en la frontera norte, de modo que impida el ingreso de inmigrantes. Mientras Trump promovió la construcción de un muro para combatir una supuesta invasión de violadores y criminales (los bad hombres mexicanos) y —más recientemente— el coronavirus, Kast presenta la idea de un pozo que separaría a Chile de sus problemas. “Si usted hace una zanja de tres metros de profundidad, con cercos para que nadie caiga adentro, es factible y bastante económico”, declaró en un debate presidencial en octubre pasado.

En las últimas semanas, Kast ha incrementado sus propuestas de zanjas y mentiras sobre fraudes electorales demostrando en los hechos una cercanía con Trump y Bolsonaro que relativiza en entrevistas recientes. Kast representa una normalización del legado de Pinochet, pero también su aggiornamento populista para los tiempos que corren. Una diferencia central entre el populismo y el fascismo es que, para los populistas, los resultados electorales importan. En cambio, el fascismo implica un poder permanente, independientemente de las urnas.

Así, al igual que Trump y Bolsonaro, Kast quiere matizar estas diferencias, pero presenta su candidatura justamente como una defensa de la democracia de Chile contra el totalitarismo y el fascismo. Es típico de la propaganda de tipo fascista hablar de libertad y democracia cuando en realidad sus candidatos, como el político chileno, representan exactamente lo contrario.

José Ragas es historiador y profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile. Doctor por la Universidad de California e investigador postdoctoral en Cornell. Sus áreas de investigación abarcan la Historia Global y los Estudios de Ciencia y Tecnología.

Inflación latinoamericana: ¿un globo domesticable?

Álvaro Zapatel
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Inflación latinoamericana: ¿un globo domesticable?

A lo largo del 2020, distintos analistas y expertos pronosticaban un efecto rebote -expresado gráficamente en forma de V- de la economía global a medida que se desarrollara y masificara el acceso a una vacuna contra el SARS-CoV2. No obstante, una de las consecuencias de tal rebote, que viene de la mano con un incremento en el precio de la energía y otros factores relacionados a la reactivación económica, consiste en la tendencia inflacionaria a nivel internacional que parece haber llegado para quedarse.

Mal de muchos, ¿consuelo de tontos?

Es cierto que la crisis sanitaria y la incertidumbre política -que a su vez incrementa la especulación de corto plazo entre los agentes económicos- ha conducido a la depreciación de monedas en la región. En promedio, la depreciación de las monedas latinoamericanas fue de 12% durante el 2020 de acuerdo a cifras de Credicorp Capital. Asimismo, durante este año, la depreciación de monedas en la región ha mantenido un porcentaje similar, con casos como el colombiano, que registró una depreciación de 14.2% del peso frente al dólar, o el sol peruano en alrededor del 13%, según cifras oficiales a octubre del 2021. La debilidad de las monedas locales encarece el costo de importación para estas economías, lo que a su vez encarece la venta a consumidores finales de distintos bienes y servicios.

Sin embargo, la inflación que hoy se registra en Latinoamérica no responde exclusivamente a factores endógenos. El rebote de la actividad económica a nivel internacional ha supuesto un incremento en el precio de hidrocarburos como el petróleo, que a su vez impactan en el precio de otros bienes y servicios dependientes de este combustible, como lo es el sector transporte. Además, los problemas de abastecimiento generan choques de oferta de distintos bienes (como ocurre en el mercado de automóviles o de microchips por el incremento de la demanda) y el aumento de precios en los envíos por vía marítima. Tales circunstancias conducen a que dichas economías evalúen medidas de política monetaria contracíclica -es decir, el incremento de tasas de interés para evitar que se “sobrecaliente” la demanda y contribuir a reducir el nivel de gasto o consumo.

Los incrementos de tasa de interés en economías como la estadounidense o la europea atraen a inversionistas que buscarán adquirir monedas como el dólar o el euro para comprar instrumentos financieros y que, además, contribuirán a encarecer más el precio de estas monedas frente a las ya golpeadas monedas latinoamericanas, con la reiteración de las consecuencias anteriormente descritas.

¿Qué puede venir luego?

Es posible que economías como la estadounidense o la europea opten por tolerar un moderado incremento de la inflación y así evitar subir las tasas de interés, toda vez que estos se aplicarían en paralelo a la reducción de los estímulos fiscales y garantías de crédito que se utilizaron durante el 2020. Esto es muy posible también porque se estima que un incremento en la inflación contribuye a reducir el nivel de deuda pública, problema recurrente en el análisis de decisores europeos. En otras palabras, tales economías podrán tolerar un incremento en el nivel de precios con tal de no ahorcar a las empresas que salen de la crisis pandémica y reducir su nivel de deuda. Eso, evidentemente, pone a Latinoamérica en una posición que requiere proactividad en el manejo de política monetaria y procurar enviar mensajes políticos que transmitan estabilidad a los agentes económicos.

La inflación afecta esencialmente a los pequeños ahorristas y el consumo de bienes básicos, que, en definitiva, es de mayor sensibilidad entre aquellos consumidores de menor nivel de ingresos. Dichos consumidores sufren el incremento de precios de bienes y servicios básicos a la par que sus salarios reales permanecen estancados. Aunque las economías avanzadas estiman convivir con este rebote inflacionario por un periodo de tiempo, corresponde a los decisores latinoamericanos mitigar la incertidumbre política que -como se registra en Chile, Colombia, México o Perú- esencialmente perjudica, como siempre, a los que menos tienen.

Los mapas del general Milley

Fabián Bosoer
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Los mapas del general Milley

En un mundo de interdependencias complejas, responsabilidades compartidas y desafíos comunes, no deja de llamar la atención la vigencia de las visiones imperiales que asumen como responsabilidad propia de las grandes potencias el control sobre sus “áreas de influencia” 

El general Mark Milley es el mismo alto jefe militar de los EE.UU. que en noviembre del año pasado se comunicó con el general Li Zuocheng, su contraparte china —a quien había conocido y tratado esporádicamente cinco años antes— y le garantizó que EE.UU. no atacaría en caso de que el entonces presidente Trump, en un arrebato de locura, le diera esa orden. 

La historia está contada en el libro Peril (Peligro) de Bob Woodward y Robert Costa. Milley confirmó luego esas conversaciones en una audiencia ante al Comité de las Fuerzas Armadas del Senado. “Mi tarea en ese momento —dijo— era desescalar”. “Mi mensaje fue coherente: mantener la calma y la estabilidad. No vamos a atacarlos”, agregó. Y matizó aclarando que en su opinión nunca fue la intención de Trump atacar a China. 

La destacada foja de servicios del general Milley es un recorrido por la geopolítica global de los últimos cuarenta años, así que cubre desde el último tramo del mundo bipolar de la Guerra Fría, en los ’80, al «momento unipolar» de hegemonía estadounidense de los ’90 y la transición hacia un escenario sin hegemonías, entrando al siglo XXI, con los EE.UU. replanteando su papel como superpotencia global y observando el ascenso de China como potencia mundial. 

Graduado en 1980 con estudios en ciencia política y relaciones internacionales en la Universidad de Princeton, con una tesis titulada “Un análisis crítico de la organización de la guerrilla revolucionaria en teoría y práctica”, y estudios de posgrado en Columbia y la Escuela de Guerra Naval, Milley participó en la fuerza de paz en Sinaí, en las intervenciones norteamericanas en Panamá y Haití, y en las guerras de los Balcanes, Irak y Afganistán. 

Hoy, al frente del Estado Mayor Conjunto, advierte que el desarrollo de un arma supersónica china lleva al mundo a “un momento Sputnik”, en referencia al primer éxito soviético en la carrera espacial durante la Guerra Fría. “Ellos (los chinos) se están expandiendo rápidamente: en el espacio, en el ciberespacio y en los dominios tradicionales de tierra, mar y aire”, dijo. Y remarcó cómo desde finales de los 70 la República Popular China ha pasado de tener un enorme ejército de infantería de base campesina a unas fuerzas armadas “muy capaces y con ambiciones globales”. 

El más alto jefe militar norteamericano tiene claro que China se perfila como “el mayor desafío geoestratégico para Estados Unidos” en un escenario que describe así: “Estamos entrando en un mundo tripolar en el que Estados Unidos, Rusia y China, todas son grandes potencias. En mi opinión, estamos entrando en un mundo que será potencialmente más volátil desde el punto de vista estratégico en comparación, por ejemplo, con los últimos 40, 50, 60 o 70 años”, declaró en estos días durante el Foro de Seguridad de Aspen. 

El comandante militar del Pentágono también subrayó que será de gran importancia “mantener la paz entre las grandes potencias”. “Estamos entrando en un periodo, en mi opinión, de mayor inestabilidad y riesgo potencial”, sostuvo, explicando que por eso Washington, Moscú y Pekín y todos los demás aliados deben ser “muy cuidadosos” en términos de cómo actúan unos con otros en el futuro. 

Respecto a la OTAN, Milley señaló que la alianza atlántica debe mantener el diálogo con Rusia y China. “Creo que en este momento estamos en un periodo de paz entre las grandes potencias. Y queremos que siga siendo así (…) Lo último que necesita el mundo, Estados Unidos y cualquier otro, es una guerra entre las grandes potencias”, opinó. En ese sentido, Milley apuntó que es necesaria “la comunicación mutua con Rusia, China o cualquier otro país”, que podría ser llevada al cabo a través de intermediarios o directamente. “Creo que es un enfoque acertado”, dijo. 

“Pienso firmemente que no solo hay que hablar con los aliados, socios y amigos, sino que también hay que hablar con los adversarios y enemigos”, reiteró, al tiempo que aseguró que ya existe “mecanismos de comunicación mutua” entre Washington y la OTAN con Moscú. 

Pero Milley dijo en este último tiempo, además, algunas otras cosas que nos atañen más cercanamente a los latinoamericanos. Lo hizo en el acto de asunción de la nueva jefa del Comando Sur —por primera vez una mujer—la general Laura J. Richardson, que sucede al almirante Craig S. Faller, en la sede de Southcom en Doral, Florida. 

Allí afirmó que “este hemisferio (en referencia al continente americano) nos pertenece a nosotros y a nadie más, y todos estamos hombro con hombro en esa causa común para proteger nuestro hemisferio de cualquier amenaza internacional”. Y por si quedara alguna duda mencionó como principales adversarios globales con incidencia en la región a China, Rusia e Irán. No se recuerda una afirmación tan contundente en tiempos recientes sobre cómo se observa desde Washington a América latina. 

En un mundo de interdependencias complejas, responsabilidades compartidas y desafíos comunes, no deja de llamar la atención la vigencia de las visiones imperiales que asumen como responsabilidad propia de las grandes potencias el control sobre sus “áreas de influencia”. Lo hizo Rusia, desde Chechenia a Crimea, lo hace China con Taiwán y el sudeste asiático, lo sigue haciendo EE.UU. con su “patio trasero”. Doctrina Monroe over and over again. Pero el escenario es otro. Otros flujos —comerciales, migratorios, tecnológicos—, intercambios sociales e influencias culturales atraviesan y desdibujan esas fronteras geopolíticas demarcadas por la geografía física y el reparto del poder mundial entre las grandes potencias.

*Esta es una versión modificada del texto publicado originalmente en Clarín, Argentina 

¿Atacarán los zombis de la Lava Jato en 2022?

Guilherme Simões Reis
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¿Atacarán los zombis de la Lava Jato en 2022?

Jair Bolsonaro difícilmente ocuparía el sillón presidencial de Brasil si no fuera por la operación Lava Jato. Supuestamente destinada a luchar contra la corrupción, la operación repleta de irregularidades procedimentales eligió un objetivo en lugar de limitarse a seguir las pistas y el debido proceso legal. Tratar la política como un crimen y al Partido de los Trabajadores (PT) como una banda fueron elementos centrales para crear el «clima» adecuado para el golpe de Estado de 2016, a través de un proceso de impeachment sin las condiciones legales necesarias. El juicio sesgado al expresidente Lula llevó a su encarcelamiento sin pruebas, elevando a Bolsonaro a la condición de favorito en las elecciones presidenciales de 2018.

Las sombras de la operación Lava Jato

Los principales actores de la operación Lava Jato, que implicó una actuación parcial y partidista de la Justicia, fueron el entonces juez Sérgio Moro y los fiscales del Ministerio Público de Curitiba, especialmente el coordinador de la operación, Deltan Dallagnol. El juez y los fiscales acordaron entre ellos estrategias, ignoraron selectivamente la información, expresaron en conversaciones el deseo de que el PT no ganara las elecciones presidenciales y abusaron del instrumento de la cooperación eficaz.

Todo esto quedó al descubierto en la serie de reportajes de The Intercept Brasil, conocida como Vaza Jato, tras obtener conversaciones entre estos personajes en la aplicación Telegram. Más tarde, salieron a la luz nuevos diálogos tras la operación Spoofing, de la Policía Federal. Las confesiones obtenidas mediante el mecanismo de la cooperación o colaboración eficaz, que debían ser un incentivo para que algunos delincuentes ayudaran a desentrañar las grandes tramas, fueron utilizadas deliberadamente para construir una narrativa que llevara a la condena de Lula.

Para decir lo que el Ministerio Público quería oír, fuera o no cierto, los denunciantes recibieron a veces ventajas totalmente ajenas al compromiso efectivo de lucha contra la corrupción, y a veces sufrieron tortura psicológica, en un claro abuso de los derechos humanos. Alberto Youssef, un importante blanqueador de dinero, cuyas condenas combinadas superarían los 122 años de prisión, consiguió permanecer en la cárcel sólo tres años, con la conservación de varias propiedades declaradas procedentes de sus propios delitos.

Por otro lado, los denunciantes menos importantes para la trama de corrupción fueron detenidos preventivamente y amenazados con ser trasladados a prisiones peligrosas si no colaboraban «espontáneamente». En una conversación mantenida en 2017, Dallagnol se burlaba de la «eficacia» de las detenciones preventivas como herramienta para presionar a los investigados a aceptar acuerdos de culpabilidad.

El ex ejecutivo de Petrobras Pedro Barusco, que fue uno de los primeros denunciantes de la operación Lava Jato, allá por 2014, había denunciado un acuerdo de sobornos entre empleados de la empresa, políticos y representantes de contratistas. Sin embargo, Deltan Dallagnol y su colega fiscal Athayde Ribeiro Costa se mostraron insatisfechos con el hecho de que la declaración de ese denunciante permitiera incluir al Partido Progresista entre los implicados, pero no al Partido de los Trabajadores. Decidieron hacer un nuevo acuerdo, dejando a Barusco sin ninguna pena grave, para que pudiera hacer una nueva denuncia, que contaría con extractos escritos por los propios fiscales.

Moro, Dallagnol y las perspectivas políticas para las elecciones de 2022

Moro pidió su exoneración como juez federal en 2018 para convertirse en ministro de Justicia del propio Bolsonaro, con quien rompió dos años después por disputas de poder. Dallagnol ha pedido la exoneración a la Fiscalía Federal ahora, en noviembre de 2021. Su objetivo, como el de Sérgio Moro, debe ser seguir en política, pero esta vez por la vía electoral, y no manipulando a la Justicia.

El ex juez de la inquisición lavajatista se ha presentado como probable candidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 2022. Todavía no se conoce la ambición política de Dallagnol. 

Lo único que se sabe es que le gusta el dinero: un artículo del Intercept Brasil mostró que Dallagnol y su socio el fiscal Roberson Pozzobon estaban organizando en 2018 un plan de negocios para lucrar con eventos y conferencias pagadas a partir de la fama y los contactos logrados a través de la operación Lava Jato. Utilizarían a familiares como propietarios de la empresa, para evitar cuestionamientos legales, y estaban pensando en crear un instituto «sin ánimo de lucro» para pagar cachés para ellos mismos.

En 2019, la Fiscalía Federal de Paraná intentaba llegar a un acuerdo con Petrobras y el gobierno de Estados Unidos para que la empresa estatal, objeto de la investigación de la Lava Jato, pagara 2.500 billones de reales a un fondo privado que sería gestionado por el propio Deltan Dallagnol y sus colaboradores. Ahora que ha renunciado a su alto sueldo como fiscal, no se sabe si intentará ser diputado o se atreverá a buscar un escaño en el Senado o el puesto de gobernador del estado de Paraná.

Sérgio Moro ha sido visto como un posible nombre de la «tercera vía», contra Lula y Bolsonaro, por sectores de la prensa que siempre publicaron noticias elogiosas y acríticas sobre la operación Lava Jato. Hoy en día ya no se ven manifestantes en las calles con camisetas amarillas con su cara y llamándole héroe, o incluso montajes de él con un traje de Superman. Pero con el favoritismo de Lula y la certeza de la polarización, es el espacio de enemigo del PT y defensor del punitivismo el que estará en disputa. Moro tiene cierto potencial para volver a atraer a parte de la base reaccionaria desilusionada con Bolsonaro y ocupar ese lugar.

La plataforma política de Moro y Dallagnol en una campaña electoral es previsible: mucho alarmismo contra la corrupción, defensa de más cárceles y penas más duras, crítica de una burocracia «excesiva» en la legislación penal brasileña que llevaría a la impunidad, y difusión de la idea de que la clase política es toda corrupta y es necesario sustituirla por no políticos.

La ruptura democrática de 2016 empoderó a figuras conspirativas y autoritarias. En primer lugar, el entonces vicepresidente Michel Temer, al que todos llaman «vampiro», se convirtió en presidente sin necesidad de votar. Después Jair Bolsonaro tuvo una carrera política segura hacia la presidencia, sin Lula en el camino.

A Bolsonaro se le suele llamar «Bozo», pero el nivel de destrucción que ha causado lo acerca a payasos más terroríficos, como Pennywise u otros asesinos inventados que pueblan las películas. En febrero se desarticuló la operación Lava Jato, ya desprestigiada por todas las arbitrariedades y parcialidades reveladas. Pero en esta película de terror que vive Brasil desde 2016, la muerte de la Lava Jato puede no ser definitiva. Es posible que vuelva como un zombi, con las candidaturas de Sérgio Moro y Deltan Dallagnol en el horario de máxima audiencia.

Foto de Agência Brasil

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Honduras: entre el autoritarismo electoral y la recomposición democrática

Carlos Domínguez Avila
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Honduras: entre el autoritarismo electoral y la recomposición democrática

El próximo 28 de noviembre los hondureños están llamados a participar en el décimo proceso electoral general desde el retorno al orden constitucional en 1982. Se espera que más de cinco millones de votantes acudan a las urnas para escoger a las autoridades ejecutivas y legislativas nacionales y municipales, además de los representantes al Parlamento Centroamericano. En consecuencia, en enero de 2022, un nuevo gobierno asumirá los destinos del país.

Más allá de escoger a candidatos, esta elección es de crucial importancia para determinar si Honduras podrá —o no— continuar siendo considerado como un país gobernando mediante un régimen democrático representativo. Resulta que, desde la irregular interrupción de mandato del presidente Manuel Zelaya en 2009, numerosos informes, particularmente el de Variedades de Democracia, V-Dem, han alertado que el país habría caído a la categoría del Autoritarismo Electoral. Esto quiere decir que se trata de un régimen híbrido con mínima competencia y participación política, y con poco aprecio por el Estado de Derecho o por la rendición de cuentas. Este es un panorama político comparable al de Haití, Nicaragua o Venezuela.

Más allá de celebrar una fiesta cívica y republicana, las próximas elecciones hondureñas determinarán si dicha nación conseguirá recomponerse o si continuará siendo víctima de un gravísimo proceso de erosión democrática. Tras una “década trágica”, en la que se constató todo tipo de irregularidades, el pueblo hondureño tiene una magnífica oportunidad para corregir los rumbos del Estado, de la sociedad y de su inserción internacional.

Prolegómenos

El proceso hondureño fue precedido por reformas políticas y electorales que han producido una nueva institucionalidad. Entre las principales disposiciones se destaca la creación de un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal de Justicia Electoral. Hubo también algunas innovaciones en la tecnología, paridad de género, y una depuración del censo.

Desafortunadamente, no fue posible avanzar en lo concerniente a la introducción del balotaje o segunda vuelta, en la denominada “ciudadanización de las mesas electorales” o mayores controles al financiamiento de campañas y de los partidos. En general, tales reformas procuraron generar transparencia y confianza, bien como reasegurar la integridad y legitimidad de las instituciones y los mecanismos propios de la rendición de cuentas electoral o vertical, dimensión fundamental de la calidad de la democracia.

El asunto es sumamente urgente, principalmente ante las numerosas insuficiencias de las tres últimas elecciones generales hondureñas. Esto explica la notoria caída en el índice de apoyo ciudadano a la democracia, conforme demuestra, entre otros, el informe de Latinobarómetro 2021 con una caída del apoyo ciudadano al régimen democrático entre 2006 y 2020 del 55% al 30%. El abstencionismo supera el 40% del censo y los vencedores han ganado con aproximadamente el 25% de los votos válidos y un estrecho margen en relación a los otros aspirantes.

En consecuencia, en el marco de esta “década trágica”, Honduras es uno de los países latinoamericanos con menor apoyo ciudadano al régimen democrático. Esto es sumamente preocupante y representa una involución con espurias implicaciones para la población local, y negativos desdoblamientos regionales, hemisféricos y globales.

¿Quiénes compiten?

En relación con la competencia por la presidencia, están concurriendo 14 aspirantes, una cantidad sin precedentes. Según las encuestas, dos de esas candidaturas presentan posibilidades reales de alcanzar la victoria. De un lado, aparece Xiomara Castro (Partido Libertad y Refundación-Libre), quien encabeza una alianza multipartidaria de partidos de centro e izquierda. Actualmente, Castro tendría entre 30 y 35% de la intención de voto.

Dado que las elecciones generales son resueltas por mayoría simple, la candidata de Libre presenta las mejores opciones para alzarse con el triunfo. En tal hipótesis, sería la primera vez en la historia de Honduras que una mujer llega a la presidencia. Vale agregar que Castro propone un plan de gobierno de orientación reformista, social-democrática y popular para el país.

Del otro lado, Nasry Asfura, del Partido Nacional, de derecha y ex alcalde de Tegucigalpa es el candidato del oficialismo. Según encuestas, él tendría entre 20 y 25% de la intención de voto. Aunque cuenta con cierto respaldo popular debido a su razonable gestión municipal en la capital y el apoyo del presidente Juan Orlando Hernández, pesan contra sus aspiraciones numerosos desaciertos y abusos, tanto propios, como de su partido y del gobierno durante los últimos tres períodos.

Así las cosas, es bastante probable que el candidato oficialista sea derrotado en las urnas y que Hernández —con un bajo y decreciente respaldo popular— sea substituido por un opositor. Esto permitiría una saludable alternancia en el poder.

Los restantes aspirantes cuentan con muy pocas opciones en la competencia por la presidencia. Sin embargo, pueden contribuir en el campo del pluralismo político-partidario, en la representación democrática y en la conformación del futuro Congreso Nacional. Todo ello favorecería la recomposición de las relaciones Ejecutivo-Legislativo, la revalorización del sistema de partidos y la formación de las mayorías en el próximo período.

Otras variables que pueden incidir en las preferencias de los electores hondureños son los efectos de la pandemia y los fenómenos climáticos adversos, bien como la exclusión social y la cultura política. También es relevante el posicionamiento de actores sociales y económicos, tales como el empresariado, la sociedad civil organizada, los movimientos sociales, las instituciones religiosas, las fuerzas armadas o los medios de comunicación de masas.

La comunidad internacional, a través de observadores de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea, contribuirán a garantizar la integridad y transparencia del proceso electoral. Los gobiernos de Washington y de Ciudad de México también están acompañando y monitoreando el proceso, principalmente buscando un interlocutor válido en Tegucigalpa. Básicamente alguien dispuesto a trabajar para reducir los flujos migratorios, reprimir los ilícitos transnacionales, luchar contra la corrupción y la impunidad, garantizar el desarrollo social y económico, e impulsar un gobierno efectivo, republicano y democrático en el país centroamericano.

En suma, Honduras tiene la oportunidad de revertir el nocivo proceso de erosión democrática observado desde 2009. La irregular interrupción del mandato de Zelaya dio inicio una “década trágica” y fue uno de los primeros síntomas de la ola de autocratización que acabó envolviendo a otras naciones en América Latina y el Caribe.

El próximo proceso electoral hondureño tiene el potencial de definir mucho más que los líderes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Partiendo de la premisa que los comicios generales serán libres y justos, el 28 de noviembre los hondureños decidirán si el país podrá reconducir su destino por la senda de la democracia representativa y republicana, o se hundirá en el autoritarismo electoral, en el caudillismo, en la ingobernabilidad y en la barbarie. En mi opinión, el pueblo hondureño puede y merece construir una recomposición democrática, asegurar el traspaso del poder hacia un nuevo liderazgo político y avanzar hacia un mejor futuro.

¿Vale la pena cambiar de régimen político?

Adrián Albalá
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¿Vale la pena cambiar de régimen político?

Coautor Christopher Martínez

Recientemente fueron las elecciones generales en Alemania y todos están pendientes de cómo será el próximo gobierno. De momento parecería que SPD, verdes y liberales estarían en negociaciones avanzadas… pero no hay anuncios previstos antes de diciembre… La incerteza ya es algo bastante corriente en Europa. Frecuentemente tras una elección en Bélgica y Holanda hay que esperar meses y a veces más de un año para que se pueda tener un gobierno. Recientemente Israel tuvo que recurrir a cuatro elecciones para poder determinar quién sería el jefe de gobierno y en 2019 sucedió algo similar en España. Estos gobiernos “Frankestein”, producto de juntar partidos con agendas opuestas tienden a ser imprevisibles y poco duraderos como el efímero gobierno italiano compuesto por la Lega Nord y el Movimiento Cinque Stelle.

¿Qué tienen en común todos esos casos? Todos son sistemas parlamentaristas.

En América Latina el debate sobre la adopción de nuevos sistemas políticos no es nuevo. Casi todos los países se plantearon alguna vez discutir la adopción de nuevos sistemas. Otros, como Brasil, recurrieron a referéndums para ello. Y Chile o Perú, ya experimentaron más de un sistema a lo largo de su historia.

La cuestión de abandonar el sistema presidencialista tuvo mucho eco en los años 80’ y 90’, tras los trabajos de Juan José Linz y sus seguidores, quienes apuntaban los supuestos “peligros” del sistema presidencial. El principal argumento era que este sistema, por su rigidez, era incapaz de zanjar cualquier controversia entre los poderes ejecutivos y legislativos, aumentando así la probabilidad de impasse político pudiendo llegar al quiebre democrático. Linz utilizaba el ejemplo del Chile de Allende, argumentando que, si hubiese sido primer ministro en un sistema parlamentarista, un voto de censura habría sido suficiente para derrocarlo, en vez de un golpe de Estado.

Otro argumento utilizado es que, debido a su supuesta concentración de poder, los sistemas presidencialistas ofrecen menos incentivos para formar alianzas tendiendo, por ende, a ser más radicales e inestables.

Los defensores de las democracias presidenciales parecen privilegiar los elementos constitucionalistas por sobre los estructurales, históricos o contextuales para explicar su funcionamiento. Según esta visión, los golpes de Estado de los 70’ en América Latina se debieron mucho más a cuestiones constitucionales que a cuestiones sociopolíticas, e incluso geopolíticas como la Guerra Fría.

La realidad latinoamericana tras los 80’ mostró que los sistemas presidencialistas son, en realidad, mucho más estables y eficientes de lo que Linz y compañía teorizaron. Países como Chile, Brasil o Colombia han sido ejemplos de “presidencialismo de coalición”, conjugando estabilidad política y democrática con relativo éxito en términos de eficiencia gubernamental.

El politólogo José Antonio Cheibub mostró que los países presidencialistas recurren un 62% del tiempo a formar coaliciones cuando parten como gobiernos de minoría. Esto refuta una de las principales tesis de Linz, pues las coaliciones sí se forman y lo hacen regularmente. No solo eso, la democracia ha sido relativamente estable en la región. Incluso los golpes de Estado ocurridos en las últimas décadas contra de Manuel Zelaya en Honduras (2009) o Jamil Mahuad en Ecuador (2000), no llevaron al quiebre de la democracia y sus gobiernos fueron reemplazados por civiles.

Es decir, ante graves crisis constitucionales no hemos presenciado la caída de la democracia tal como lo predijo Linz y Valenzuela. De hecho, más que una confrontación insalvable entre el legislativo y el ejecutivo, propia de la separación de poderes del presidencialismo, lo que ha mermado la democracia en algunos países latinoamericanos ha sido la excesiva y autoritaria concentración de poder de algunos presidentes, como es el caso de Nicaragua, Venezuela o El Salvador.

Sin embargo, eventos recientes vuelven a poner en cuestión el sistema de gobierno. Y particularmente en Chile y Brasil, han surgido diversas propuestas con vistas a la adopción de un sistema parlamentario o “semi presidencialista”. A raíz de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil y del inédito —aunque improbable— proceso a Sebastián Piñera, el principal argumento defendido es “¿como deshacernos de un presidente impopular?”

Los defensores de los sistemas parlamentaristas o semi-presidencialistas —sin especificar qué entienden por ello— abogan que, por ser más flexibles, estos sistemas facilitan la salida de las crisis ya que los gobiernos pueden ser derrocados a través de un voto de censura o desconfianza. Como si la inestabilidad gubernamental fuera una sinecura.

Esa retórica tiende a sobredimensionar las crisis al focalizarse sobre la resolución de las mismas. Pero no considera los mecanismos previos al estallido de crisis. Cabe señalar, de hecho, que siempre se compara al presidencialismo sobre este elemento, supuestamente negativo, y no se evalúan sus elementos positivos.

La caída de un gobierno, cualquiera sea el sistema, no necesariamente pone fin a la crisis. En América Latina lo hemos visto en Argentina luego de la salida de Fernando de la rúa en 2001 cuando el país tuvo una seguidilla de presidentes interinos sin poder controlar la crisis que originó todo. En Europa también ha habido casos donde los gobiernos caen y los partidos no logran ponerse de acuerdo para formar otro. O, incluso si forman un gobierno nuevo, este vuelve a caer para luego ser reemplazado por otro.

Cuestiones centrales como la representatividad, previsibilidad y responsabilidad tienden a ser más fuertes en sistemas presidenciales. En esos sistemas la formación del gobierno está a cargo exclusivo de quien ganó las elecciones y las discusiones son limitadas en el tiempo ya que cuando se inaugura el mandato el gobierno tiene que estar montado, lo cual los hace mucho más previsibles.

La previsibilidad en términos de políticas públicas es particularmente relevante para países dependientes de inversiones extranjeras, como son los latinoamericanos. Basta mirar a Bélgica que en los últimos diez años ha pasado cuatro sin gobierno para pensar en los posibles problemas que esto traería.

Finalmente, se debe sopesar en las potenciales ventajas y costos de instalar nuevos regímenes políticos que reemplacen al presidencialismo, sin olvidar la cultura y aprendizaje político de cada país. Los países con sistemas parlamentarios que usualmente se usan como ejemplo, ubicados mayoritariamente en Europa occidental, están acostumbrados a lidiar con la formación de gobiernos y los conflictos entre el presidente y el primer ministro. De alguna manera, estos países se han acostumbrado y han aprendido a lidiar con esos problemas. Pero ese tipo de dinámicas serían totalmente nuevas para América Latina, que históricamente ha preferido el presidencialismo, el cual ha adaptado a sus propios contextos e idiosincrasias.

Christopher Martínez es profesor Asociado del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Adm. Pública de la Universidad Católica de Temuco. Doctor en Ciencia Política por Loyola University Chicago. Especializado en el Poder Ejecutivo y la estabilidad de los gobiernos.

Foto de GameOfLight

Elecciones argentinas y una inflación que resta votos

Sandra Choroszczucha
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Elecciones argentinas y una inflación que resta votos

El 14 de noviembre se celebrarán las elecciones legislativas en Argentina, luego de que el 12 de septiembre las internas hayan arrojado un contundente triunfo en las urnas para la coalición opositora, Juntos por el Cambio (JxC). Existe un repertorio de razones que pueden haber llevado a la derrota del oficialista Frente de Todos (FdT). Al margen de que los oficialismos en pandemia han venido perdiendo elecciones, en Argentina la crisis se tornó más que crítica en los planos económico, social y ético.

Una cuarentena estricta, prolongada y obligatoria impactó en el cierre de miles de PyMEs, el desempleo continuó creciendo, la pobreza y la indigencia siguieron escalando (se estima que casi un 50% de la población ya no puede acceder a la canasta básica y que 7 de cada 10 niños en Argentina son pobres). Al mismo tiempo, las medidas gubernamentales para hacerle frente a la crisis sanitaria no pudieron lograr los resultados esperados. Argentina se encuentra entre los países con más muertes por cada millón de habitantes a razón del covid-19. Y la inseguridad crece.

Frente a esta situación, no faltaron los privilegios para personas cercanas al gobierno que recibieron vacunas antes de tiempo, o celebraciones de los amigos del poder político, incluido el mismo presidente en época de cuarentena total. A esto, se suma la que probablemente sea la causa número uno que hoy preocupa a los argentinos: el constante y excesivo aumento de precios. Así, la inflación se encuentra liderando la agenda pública.

Argentina viene sufriendo una escalada de precios desde el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Al abandonar ésta el poder en 2015, la inflación ya era un tema de preocupación para los argentinos. A partir del gobierno de Mauricio Macri del partido Pro de la coalición Cambiemos (hoy JxC), la inflación continuó acelerándose en sintonía con una constante devaluación.

En 2019, Alberto Fernández ocupó la presidencia en medio de una grave crisis macroeconómica con altos índices de inflación. El nuevo presidente del FdT no pudo contener el gasto público, en parte por los requerimientos de la pandemia, en parte porque la ineficiencia y/o la falta de ética llevaron a que el gobierno gaste mal o de más. En abril de 2020 el Ministerio de Desarrollo Social compró toneladas de alimentos para comedores sociales con sobreprecio, en el último tramo de la campaña en curso el oficialismo gastó $ 7.200.000 en tan solo 5 encuestas para medir su performance electoral o el “plan platita”, que luego de la derrota en las internas, promovió que el gobierno inyecte $ 192.000 millones para provincias y municipios.

El déficit fiscal es un problema casi crónico en Argentina, y la impresión de la moneda suele ser la manera de sortear estos desajustes, generando inexorablemente inflación. Además, actualmente y como pasa con frecuencia, nos encontramos frente a un contexto de alta incertidumbre, que lleva a altas expectativas de inflación que a su vez decantan concretamente en un escenario de efectiva inflación (los empresarios aumentan sus precios queriendo adelantarse a la posible suba futura de sus costos de producción). Por otra parte, la devaluación de la moneda local converge en un tipo de inflación estructural, así, los insumos o productos importados aumentan mecánicamente y afectan el precio final de los bienes y servicios que se consumen internamente. 

En Argentina, el valor del dólar oficial actual es $100,07 mientras que el del dólar paralelo es $199,50. Con el fin de poder evitar que la devaluación siga alentando más aún la suba de precios, el dólar oficial se encuentra anclado (desde marzo de 2021). Pero con dólar anclado y todo, llegado el mes de septiembre de 2021, la inflación ya se encuentra en 52,5%.

Este aumento de precios se manifiesta bajo una coyuntura, no solo de un dólar oficial anclado, sino también de tarifas públicas casi congeladas; servicios de luz, agua, gas no han sufrido prácticamente aumentos. Por otra parte, algunos precios fueron regulados en ciertas ramas y actividades como, por ejemplo, el sector de combustibles.

Al mismo tiempo, vale destacar que, después de años electorales en Argentina, regularmente ha devenido una devaluación. Luego de las elecciones legislativas de 2013, durante el gobierno de CFK, se devaluó la moneda local y la inflación escaló del 20% al 40%. En 2015, luego de que Macri ganó la elección presidencial, se devaluó nuevamente la moneda y la inflación también escaló del 25% al 40%. En 2017, luego de las elecciones legislativas, Macri volvió a devaluar y la inflación aumentó del 25% al 50%. Así, en época de elecciones, en Argentina, el dólar oficial se usa como ancla de precios, y después se corrige, se devalúa la moneda local.

Así las cosas, se espera que, luego de la elección legislativa, —en un contexto donde el Banco Central no contará con las reservas necesarias para contener al dólar oficial, donde el FMI incluirá entre sus requerimientos de renegociación de deuda que la brecha entre el dólar paralelo y el oficial se reduzca y con una suba de este último— la devaluación siga su curso y con esto que el problema inflacionario empeore. Si aumenta el precio del dólar, el precio “contenido” de los combustibles también dejará de contenerse debido a que éste se encuentra atado al dólar oficial, lo mismo que los precios de los servicios públicos casi congelados.

Todo esto devela una crisis inflacionaria actual y futura de enorme envergadura en Argentina, que difícilmente pueda solucionarse con un coyuntural congelamiento de precios por el período de unos meses. Sin embargo, esta fue, hasta ahora, la medida tomada por el gobierno del FdT para poder, en lo inmediato, contener la inflación.

Roberto Feletti, el nuevo Secretario de Comercio Interior, luego de detectar que desde el 1 al 13 de octubre los precios habían escalado estrepitosamente (a modo de remarcaciones preventivas) comenzó a reunirse con empresarios fabricantes de alimentos, de productos de higiene y limpieza, con los supermercados y posteriormente con los industriales de medicamentos para imponer el congelamiento de precios, que deberá acatarse para un total de 1432 productos por un período tres meses. El mismo Feletti reconoció que la inflación en Argentina no va a resolverse solo congelando precios hasta el 7 de enero de 2022, aunque señaló “sí sabemos que hay una oferta monopólica y en ese contexto hay que regular los consumos esenciales”.

Las elecciones pasarán, las negociaciones con el FMI continuarán —y las condiciones del organismo se harán escuchar más fuerte—, el dólar oficial atrasado aumentará, y la inflación, sin un plan integral estructural, continuará siendo un súper tema para los ciudadanos que habitan suelo argentino.

Foto de lauromaia en Foter

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Nicaragua antidemocrática y ¿monárquica?

Ariel Sribman Mittelman
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Nicaragua antidemocrática y ¿monárquica?

“Ella no es la vicepresidenta; es la co-presidenta”, dijo acerca de la nicaragüense Rosario Murillo. Pero lo dijo sin saber realmente cuán acertada resultaría su profecía. Porque quien pronunció estas palabras no fue Daniel Ortega en octubre de 2021, sino Agustín Jarquín en 2016, durante la campaña electoral que aupó a Murillo a la segunda magistratura del país.

Cinco años después, el presidente Ortega vino a confirmarlo: desde el 25 de octubre de 2021, la compañera Rosario es oficialmente –que no legalmente– co-presidenta. Algunos medios de comunicación, tanto nicaragüenses como prestigiosos diarios de ámbito internacional, se apresuraron a denunciar el golpe dado por Daniel Ortega. La denuncia partía de un hecho indudable: hay algo que no suena bien cuando un presidente inventa instituciones de primer orden político al margen de la Constitución. Pero “hay algo que no suena bien” no es suficiente. Y a eso se limitaron en general las columnas de opinión publicadas durante los últimos días. ¿Qué hay realmente detrás de ese anuncio? ¿Qué significa esa co-presidencia, y cómo se diferencia de la vicepresidencia?

Co-presidente sería una actualización de la monárquica asociación al trono. Es decir, el monarca incorpora paulatinamente a su heredero a las labores de reinado. Pero el poder permanece en última instancia en manos del titular, que puede modular esas delegaciones y, en principio, el heredero debe acatar sus decisiones. Es decir, se mantiene la asimetría de poder, tanto formal como real, a favor del titular.

La asociación al trono puede estar institucionalizada o no. Por ejemplo, en España, durante el lustro 2009-2014, el Rey Juan Carlos fue incorporando crecientemente a Felipe a las responsabilidades de la Corona. Ello ocurrió sin una institución formal llamada “Asociación al trono”, pero con máximo respeto por las instituciones formales. Aquí hay una primera clave: el comportamiento de los actores políticos puede permitir que una institución informal fortalezca las instituciones formales. O todo lo contrario: como vemos en Nicaragua, una institución informal puede significar la liquidación de las instituciones formales.

El ejemplo de España es particularmente útil para comparar y comprender, porque viene del universo hispanoparlante y del pasado reciente. Es decir que resulta relativamente cercano al caso nicaragüense. Pero el invento es en realidad antiquísimo: podemos rastrear la asociación al trono al menos desde la Antigua Grecia. Así, en un sentido institucional, Ortega no inventa nada. El problema es que sí lo hace en el plano metainstitucional. La asociación al trono en sistemas presidenciales ya existía: se llama vicepresidencia. Por lo tanto, Ortega reinventa una figura ya existente; pero su método de creación es informal. Más grave aún, en lugar de reemplazar la figura existente, la sitúa al lado, coexistiendo ambas. Y más grave aún, la figura creada por Ortega no tiene sustento constitucional; no nace de un acuerdo entre fuerzas políticas que representen a toda la nación; no se origina en un debate en el que se ponderen las ventajas y desventajas del nuevo cargo. Podemos decir, en última instancia, que no tiene la menor legitimidad democrática ni el menor anclaje en el Estado de Derecho.

Ahora bien, si Ortega decidió dar este paso, probablemente tuviera algún objetivo. Por lo tanto, intentemos encontrar en la asociación al trono la lógica detrás de este tipo de mecanismo. Aquella solía utilizarse con dos fines: que el heredero se fuera haciendo a las tareas de la Corona y que la población (hoy diríamos la ciudadanía) fuera conociendo al futuro rey. Es decir, que éste fuera ganando legitimidad. Ahora, Rosario Murillo es vicepresidente y esposa del presidente; por lo tanto, es probable que conozca sobradamente las tareas del Ejecutivo. Respecto del segundo objetivo, el propio Ortega afirmó durante el discurso en que la nombró co-presidente: “Todos los días se está comunicando con nuestro pueblo, dando a conocer todo lo que se está haciendo en beneficio de las familias nicaragüenses”. Cabe inferir de esto que el pueblo la conoce sobradamente. Por lo tanto, si ya domina las tareas de gobierno y la ciudadanía ya la conoce, ¿qué se adelanta con hacerla co-presidente? ¿Es quizá la co-presidencia algo sustancialmente nuevo, y no nos estamos dando cuenta?

Aunque Ortega insinuó lo contrario, está claro que esa co-presidencia no es de dos iguales. Ante el disenso, quien tiene la última palabra es el presidente. Es decir: la co-presidencia es un cargo que convive en el Ejecutivo con el presidente; que tiene menor poder formal y real que él; que desempeña tareas delegadas por el primer mandatario; y cuyo poder y capacidad ejecutiva será directamente proporcional a la confianza que le tenga el presidente.

¿Qué es la vicepresidencia? Es un cargo que convive en el Ejecutivo con el presidente; que tiene menor poder formal y real que él; que desempeña tareas delegadas por el primer mandatario; y cuyo poder y capacidad ejecutiva será directamente proporcional a la confianza que le tenga el presidente.

(Tras la invención en la Argentina de Cristina Fernández de la vicepresidencia con más poder real que la presidencia, quizá no podamos dar por sentado que el presidente siempre tiene mayor poder que el vice. Pero éste no parece ser el caso en Nicaragua. Ni siquiera parece que tengan el mismo poder: Ortega predomina claramente. Así que sigamos adelante con el análisis).

¿Podemos decir, entonces, que co-presidencia y vicepresidencia son lo mismo? Sí y no. De los párrafos anteriores se colige lo que tienen en común, que es casi todo. Pero hay entre ellos una diferencia radical: mientras la vicepresidencia es un cargo real, la co-presidencia es virtual. Por ejemplo, imagínese el lector que Ortega quiere remover al vicepresidente: no puede. La Constitución no contempla esa posibilidad. Imagínese, en cambio, que quiere desplazar al co-presidente: ¡hecho! Desearlo, anunciarlo y materializarlo son una misma cosa.

Puesto que el cargo no existe formalmente, no se le puede asignar un presupuesto, una oficina, un equipo. Pero en el caso concreto de Murillo, el engaño es sutil, puesto que vicepresidente y co-presidente coinciden en la misma persona. Así, se puede proclamar que determinadas funciones, títulos o presupuestos han sido asignados al co-presidente, cuando en realidad lo han sido a la vice. Esa coincidencia en la misma persona oculta parcialmente la farsa — al menos ante los ojos que quieran dejarse estafar.

Como siempre, en política debemos pensar en el futuro; en lo que pasaría si lo que hoy es excepcional, con el tiempo se convierte en norma. Así, ¿qué pasaría si la tradición de nombrar un co-presidente se establece, pero el día de mañana hay un vice y un co-presidente que no coinciden en la misma persona?

Un hecho se presenta meridiano: la maniobra de Ortega liquida la vicepresidencia y las instituciones en general. Viene a decir: esta misma persona, con las mismas funciones, tiene poco valor político si sólo ostenta el título de vice; por eso hay que crearle uno más importante: la co-presidencia. Y viene a decir también: el cargo de vice, respaldado por la Constitución, por la historia y por el voto popular, tiene menos valor que un cargo inventado mágicamente por la palabra del presidente.

La Francia de los Capetos agregó a la asociación al trono un segundo mecanismo: la consagración anticipada, por la que el heredero coronado anticipadamente recibía el título de rex junior. Teniendo en cuenta las reminiscencias del régimen nicaragüense con una monarquía absoluta, Ortega podría haber sido más generoso con su compañera: más que co-presidenta, Rosario Murillo merece la investidura de regina junior.

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La ciudad como escenario para construir el futuro

Matías Bianchi
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La ciudad como escenario para construir el futuro

Cuatro de cada cinco latinoamericanos viven en ciudades y casi 100 millones de personas viven en las principales 6 megaciudades de la región. Lo que sucede allí impacta la vida y altera el futuro. Las ciudades siempre han sido un lugar de transformación para la humanidad. Con su surgimiento, 5000 años atrás, se ampliaron los horizontes de las personas lo que permitió que las ideas circularan más rápido y se desarrollaran los principales avances de la ciencia, las artes y la producción. Hoy, las ciudades también son el escenario donde se enfrentan los principales desafíos que tenemos como sociedad: la desigualdad y el cambio climático. En América Latina, la región más urbana del mundo, estos desafíos se amplifican.

Ya sabemos que América Latina es la región más desigual del mundo con países como Brasil, Colombia, Guatemala, México y Panamá que alcanzan coeficientes Gini por encima del 0.50. Pero es en las ciudades donde esta desigualdad se objetiviza en forma de segregación espacial, en exclusión social y en informalidad económica. La falta de capacidades, recursos y poder por parte de los gobiernos para dar respuestas a la hipertrofia de las grandes ciudades, ha dado lugar a que el crecimiento haya sido dominado por el mercado.

La consecuencia es una segregación voluntaria de los sectores más ricos, encerrada y privatizada; y la involuntaria de los sectores populares en asentamientos precarios, informales y en zonas de riesgo. En el medio, resiste una clase media frágil y en retroceso. Hoy la informalidad laboral en la región supera el 50% de los trabajadores, con un porcentaje más alto para las mujeres. Asimismo, los casi 100 millones de indígenas y afrodescendientes que viven en ciudades son un 30% más pobres que el promedio de la población, y tienen unos 4 años menos de escolaridad, enfrentando peores situaciones de hacinamiento, desalojos y violencia. La ciudad divide.

Paralelamente, el principal impacto de la región en el cambio climático global proviene de las ciudades. Tanto la concentración poblacional como el desarrollo urbano no planificado de las ciudades han traído consecuencias dramáticas. Una causa es el consumo desmedido de recursos naturales, agua en particular, con la sobreexplotación de acuíferos, costas, etc. Otra es el uso del transporte, principal aportador de CO2 a la atmósfera, y que en la región se ve empeorado por las grandes distancias a recorrer, la carencia de transporte público de calidad y el consecuente sobreuso del automóvil. El tercero es la destrucción del suelo debido a la invasión desmesurada de bosques, humedales y la pérdida de biodiversidad. La ciudad no es sostenible.

Ambos desafíos, claro está, se encuentran completamente imbricados. Para poder dar respuesta a la emisión creciente de gases de efecto invernadero, el deterioro de los ecosistemas y la contaminación del aire y del suelo, hay que también dar respuesta a la creciente brecha social. Los sectores más vulnerables de la población viven cada vez más lejos de los centros urbanos con precarias condiciones de vivienda, falta de infraestructura y un ambiente poco sano.

Es por ello que tenemos que pensar en soluciones socio-ecológicas integrales que incluyan la reducción de consumo energético, la sostenibilidad, la reducción de las desigualdades sociales, el desarrollo de espacios habitables adecuados y la justicia ambiental.

Estas medidas deben surgir, necesariamente, de un proceso democrático para la creación de acuerdos sociales e institucionales de largo plazo. Tal como observa la reconocida urbanista Jane Jacobs, “las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para todos, pero sólo porque, y sólo cuando, son creados por todos”.

Es decir, el tercer gran desafío que enfrentamos, y quizás el más importante, es el de construir una nueva gobernabilidad democrática. Necesitamos desarrollar la infraestructura política y los mecanismos de funcionamiento que puedan construir los acuerdos sociopolíticos que sean integrales, de largo plazo y socialmente participativos. La clave está en modelos de gobernanza de base territorial, con participación ciudadana efectiva, institucionalizando espacios de inteligencia colectiva apoyados en redes de organizaciones, universidades y colectivos. Solo así lograremos construir los consensos para una urbanización equitativa, productiva, ordenada y sustentable que logre mejorar la calidad de vida, el orden espacial y la sustentabilidad ambiental de nuestro planeta.

La transformación es posible y las ciudades son el escenario. Así como las ciudades nos permitieron salir del neolítico, hoy pueden ser el espacio donde se construya la salida de un modelo de ciudad excluyente y determinado por el mercado. Es en las ciudades donde se concentra la riqueza, el poder de decisión y el conocimiento sobre los desafíos y las soluciones que tenemos por delante.

*En CILA 2021 – Ciudades Latinoamericanas en Acción – Asuntos del Sur y Ciudadanía inteligente invitan a debatir sobre las ciudades que queremos construir en la región. www.cila.org

Foto de Nicolas de Camaret

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