Hasta el cansancio se ha dicho que la violencia contra las mujeres –aunque resulta correcto decir las violencias por sus innumerables manifestaciones– responde a las asimetrías de poder entre hombres y mujeres, que mantienen a estas últimas en una situación de exclusión, subordinación y desventaja.

En relación con la violencia que las mujeres sufren en la vida política, su conceptualización y abordaje son novedosos debido a que comienza a manifestarse hace poco, visto desde una perspectiva histórica. Ha sido la participación de las mujeres en los espacios políticos lo que ha generado ataques y agresiones que buscan obstaculizar, impedir y limitar el ejercicio de sus derechos políticos.

¿Qué ocurre en América Latina?

El aumento de las mujeres políticas –concejalas, parlamentarias, candidatas y en cualquier otro cargo público por designación o por vía electoral– a finales del siglo XX e inicios del XXI, vino acompañado de la visibilización de un conjunto de agresiones que sufrían aquellas que se atrevían a participar en la arena político-electoral. Fueron los movimientos de mujeres y feministas los que hicieron visible esta realidad.

El desarrollo de mecanismos para el avance de las mujeres en los espacios políticos, primero, mediante las cuotas de género y después con la paridad –progresivamente ha sido incorporada en varios países latinoamericanos–, implicó la superación de ciertas barreras formales que obstaculizaban su participación. Pero las barreras informales siguen vigentes y una de sus expresiones es precisamente la violencia que sufren las que se atreven a intervenir en los espacios políticos.

Cabe destacar que, en estos casos, si bien la violencia puede ser dirigida individualmente hacia una mujer, el mensaje es para todas las mujeres: los espacios políticos no son para ellas y son los hombres los que tienen la capacidad para gobernar.

Al analizar este tipo de violencia, también es importante tener presente que esta no se concreta en un hecho aislado, sino que se trata de un conjunto de acciones que en no pocas ocasiones suponen una escalada que puede terminar en un feminicidio.

Lamentablemente se pueden mencionar los asesinatos de mujeres lideresas en distintos países de América Latina: Juana Quispe en Bolivia, Berta Cáceres en Honduras, Marielle Franco en Brasil y el caso de México que presenta las cifra más alta con 23 mujeres políticas asesinadas en 2018. En 2021, en el contexto del proceso electoral más grande que ha tenido este país, fueron asesinadas 21.

Características regionales de la violencia política de género

En el año 2007, en la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe celebrada en Quito, por primera vez los gobiernos de la región se comprometieron a adoptar medidas, tanto legislativas como institucionales, para hacerle frente al acoso político y administrativo contra las mujeres que accedían a los espacios políticos. En ese momento no se habló de violencia política y pese al compromiso, hubo que esperar 5 años para que en la región se aprobara la primera ley que regula esta problemática de manera específica.

En 2015 se firmó la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres. En este instrumento se reconoció que para lograr la paridad política en una democracia no basta con la implementación de cuotas o de la paridad electoral. Se requiere asegurar que los espacios políticos estén libres de discriminación y violencia contra las mujeres que deciden intervenir en estos.

En 2016 se elaboró una Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política en la cual se recogió una definición bastante amplia que vincula esta violencia con la afectación de los derechos políticos. “Cualquier  acción,  conducta  u  omisión,  realizada  de  forma directa  o  a  través  de  terceros  que,  basada  en  su  género, cause  daño  o  sufrimiento  a  una  o  a  varias  mujeres,  y  que tenga  por  objeto  o  por  resultado  menoscabar  o  anular  el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”.

Esta amplitud conceptual se justifica debido a que a nivel regional no hay una definición uniforme de lo que significa la violencia contra las mujeres en política.

Iniciativas legales

Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia en el espacio político y esto se constituye en un derecho humano que obliga a los Estados a respetarlo, garantizarlo y satisfacerlo. Aunque este es el deber ser, el abordaje en el ámbito legislativo de los países de la región ha seguido un recorrido desigual.

Bolivia ha sido un país pionero al aprobar en 2012 la Ley N° 243, “Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres”, donde se dejó claramente establecido que se trata de una ley de protección integral que busca, no sólo sancionar a los agresores, sino atender a las víctimas y establecer mecanismos de prevención. Fue la primera vez que en una ley se definió el acoso y la violencia contra las mujeres en la política. Estos avances se debieron al trabajo desarrollado por la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) y el movimiento de mujeres que concientizaron sobre este tipo de agresiones y colocaron el tema en la agenda nacional.

Hasta hace poco tiempo, Bolivia era el único país del continente que tenía una ley específica sobre esta problemática, pero el 4 de agosto de 2021, Brasil aprobó la Ley Nº  14.192, en la cual establece un conjunto de normas para prevenir, reprimir y combatir la violencia política contra las mujeres en espacios y actividades relacionadas con el ejercicio de sus derechos políticos y de sus funciones públicas.

Algunos países como Ecuador, México y Paraguay han incorporado, dentro del articulado de las leyes generales sobre violencia contra las mujeres basada en género, esta tipología. Otros tienen o han tenido proyectos e iniciativas legislativas como es el caso de Colombia, Costa Rica, Honduras y Perú, que no se han concretado en leyes.

En este último caso, entre las razones que explican que la ley no termine de aprobarse está el desconocimiento sobre este tipo de violencia, y por otro, el temor que tienen los hombres de ceder aquello que tradicionalmente han considerado como un espacio propio.

Es importante destacar que la falta de voluntad política en el abordaje de esta problemática demuestra la vigencia del pacto patriarcal, que no reconoce las desigualdades que tienen que enfrentar las mujeres para participar de los espacios políticos, ni visibiliza que los partidos políticos, que en principio deberían ser grandes aliados en el abordaje de este tipo de violencia, en no pocas ocasiones son los que más se resisten a los cambios.

Mientras tanto, las mujeres siguen luchando por estar presentes en los espacios políticos y en la toma de decisiones.

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Ante la profundización de las vulnerabilidades sociales durante la pandemia en América Latina y el Caribe, y frente a la falta de respuestas con enfoque de género, las mujeres han destacado por el papel social que han asumido para paliar la crisis. “Las mujeres resuelven la crisis más allá de las políticas públicas”, afirma una representante de una organización internacional con sede en Chile. Según ella, en diferentes ciudades las mujeres pobres se han autogestionado y han obtenido alimentos para cocinar y, ante la falta de recursos disponibles, ofrecer comida para otras mujeres pobres.

El caso no es único y no se limita a los alimentos. Sin la ayuda del Estado, las mujeres latinoamericanas han tenido que realizar acciones para ayudarse a sí mismas y a sus comunidades en cuestiones como la violencia de género, los ingresos básicos e incluso la asistencia en el uso de herramientas tecnológicas esenciales.

Esta es la conclusión de una investigación realizada en conjunto con el Dr. Javier Stanziola para el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS). El objetivo era averiguar si los gobiernos de la región han respondido a las necesidades de las mujeres a través de políticas públicas con perspectiva de género y los factores institucionales (o reglas del juego) que han afectado los cambios en el proceso de elaboración de políticas.

Entre las reflexiones finales del estudio destaca que la pandemia, lejos de haberse convertido en una oportunidad para la innovación y el cambio, demostró un alto nivel de rigidez institucional en la mayoría de los países estudiados.

La acción social frente a la rigidez

En Colombia, una entrevistada de una organización sindical informó de los esfuerzos realizados para pedir al gobierno una renta básica equivalente al salario mínimo legal para siete millones de familias pobres. Y en Perú, las mujeres de una organización social se reunieron para pedir al gobierno que las capacite respecto al aumento de la violencia de género durante la cuarentena, con el objetivo de llevar las lecciones a la comunidad. Sin embargo, no hubo respuesta.

La formación de estas mujeres con fines de empoderamiento fue un factor común entre las entrevistadas. Un ejemplo es el de un movimiento social en la zona rural de Ecuador, en el que ellas mismas dirigían las escuelas de formación.

“Empezamos por una provincia, luego se abrió para el país (…) [y]) también se abrió a Latinoamérica”, relató una de ellas. Había “alrededor de 200 mujeres, eso es un capital semilla humano político y social en cada una de las provincias…(y) no se quedan con [los] conocimientos, sino que tienen que replicarlos en sus organizaciones, comunidades y también en sus familias”.

Por otro lado, hubo organizaciones que brindaron asistencia acerca del uso de herramientas tecnológicas que los gobiernos utilizaron para cobrar bonos o bolsas de comida. Sin embargo, determinados grupos de mujeres no contaban con conocimientos ni herramientas digitales ni tampoco estaban bancarizadas, como afirmó una entrevistada de una organización de trabajadoras sexuales de Argentina.

Autogestión alimentaria y económica

Además de las historias aquí presentadas, hubo relatos comunes sobre los esfuerzos para satisfacer las necesidades alimentarias del hogar, especialmente entre las mujeres de los sectores vulnerables. Una mujer de un movimiento social de El Salvador dijo que habían entregado 200 cestas de alimentos a mujeres rurales.

En la misma línea, una académica experta de Argentina reconocía que “durante la pandemia las que están en los clubes de barrio, en las organizaciones, generando alimentos para todo el mundo, armando raciones de comida son las mujeres, a veces más visibilizadas a veces menos visibilizadas…” 

Cabe destacar la actuación de las y los productores agrícolas, que utilizaron el trueque para satisfacer las necesidades alimentarias de regiones con diferentes características geográficas y productivas, complementando así los productos que necesitaban para su alimentación, mediante su propia autogestión.

Un ejemplo es el caso de las comunidades campesinas de Ecuador, que se organizaron e hicieron un trueque de alimentos. Una de las entrevistadas de un movimiento social de Ecuador, expresó que el trueque “Se hizo, pero no por medio del gobierno nacional, absolutamente esto fue una autogestión del sector campesino de aquí del Ecuador y con las organizaciones sociales ese fortalecimiento que hubo fue tenaz.  (…) Alrededor de 716 organizaciones se unieron durante esta pandemia”.

Esfuerzos con poco éxito y necesidad de políticas públicas con enfoque de género

Los relatos anteriores constituyen una de las dos etapas de la investigación cualitativa. La primera etapa consistió en una revisión de las medidas anunciadas por los gobiernos centrales de 21 países de América Latina y el Caribe al inicio de la pandemia. La segunda, en cambio, se basó en 27 entrevistas a informantes clave en 13 países entre septiembre de 2020 y abril de 2021.

Los esfuerzos políticos observados en los países con más medidas se deben a las plataformas existentes que respondían a determinadas necesidades de las mujeres. Esto ha permitido a los principales actores anunciar medidas, sin tener clara su eficacia. Aunque se ha posicionado un discurso institucional de integración de la perspectiva de género en los países, éste ha sido principalmente performativo. Falta un sentido efectivo de las necesidades diferenciadas de las mujeres y una incipiente transversalidad en el sector público.

El papel de las organizaciones sociales, especialmente las feministas, frente a las rigideces institucionales durante la pandemia surgió en la investigación. Aunque no era el tema del estudio, destacamos cómo estas organizaciones se enfrentaron a la rigidez a través de acciones de incidencia política para situar la agenda de las mujeres en la esfera de los gobiernos centrales.

A pesar de ello, estos esfuerzos han tenido poco éxito, en parte debido a la debilidad de los mecanismos de participación preexistentes antes de la pandemia y a sus escasos vínculos con el ámbito institucional.

En suma, el trabajo, el compromiso y la experiencia de las organizaciones sociales de mujeres, frente a la rigidez institucional, es de gran valor y puede ser útil a los actores centrales para mejorar su comprensión de las diversas realidades que enfrentan las mujeres, lo que generaría la formulación de políticas públicas con mayor consenso. 

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