Una región, todas las voces

Fuerzas Armadas y crisis política en América Latina

Nicaragua inauguró en abril de 2018 una temporada de estallidos sociales en América Latina, a la cual le siguióe siguió Ecuador (octubre 2019), Bolivia (noviembre 2019), Colombia (un round en octubre 2019 y otro a mediados de 2021), Chile (octubre 2019 y meses siguientes), y Perú (noviembre 2020). Si bien se trata de movilizaciones diferenciadas en el origen, motivos y volumen, todas ellas desencadenaron agudas crisis políticas y de gobernabilidad.

En este escenario, cabe destacar el rol que han jugado las Fuerzas Armadas, donde, a diferencia de épocas pasadas, han optado por no involucrarse en la contingencia, ni aventurarse más allá del cumplimiento de su rol constitucional.

¿Estamos en presencia de una nueva doctrina institucional? ¿Han realizado las Fuerzas Armadas una lectura relativamente común de sus incursiones políticas en el pasado reciente? ¿Son indiferentes ante las graves alteraciones al orden público que hemos vivido en algunos países?

Es difícil responder a estas interrogantes por dos razones: en primer lugar, las Fuerzas Armadas guardan prudente silencio ante la contingencia y en segundo término, se trata de procesos que están en pleno desarrollo.

Una advertencia final: se trata de analizar el comportamiento de las Fuerzas Armadas y no de las policías u otras fuerzas de orden, como Gendarmerías o Guardias Nacionales. Las Fuerzas Armadas constituyen el principal instrumento estratégico de un Estado, equipadas y entrenadas para la defensa, y no deben confundirse con las fuerzas de orden, mucho menos hablar de “los uniformados” para referirse indistintamente a estas instituciones.

Las máximas de la historia reciente

La historia contemporánea pareciera haber dejado varias lecciones al mundo castrense. Militares en retiro de diversos países coinciden en una apreciación: cuando las Fuerzas Armadas han intervenido en la coyuntura de un país, generalmente restablecen algún tipo de orden, pero muchas veces a elevados costos.  También, saben que una vez retornada la calma, se crean las llamadas Comisiones de Verdad, que por lo general terminan procesando al Alto Mando de la época y eximiendo de responsabilidad a los dirigentes políticos que ordenaron esa intervención. Al final, los presos son predominantemente los militares. 

Una enseñanza se va imponiendo: los problemas sociales y políticos no se resuelven con la fuerza, es responsabilidad del nivel político abrir caminos de entendimiento. Dado que el conducto regular establece que el nexo entre las Fuerzas Armadas y el poder político sea a través de los ministerios de defensa —o del diálogo directo con el presidente— la respuesta definitiva a cualquiera indagatoria, sólo se logrará cuando tengamos acceso a la desclasificación de esos diálogos.

¿Prudencia y moderación?

La misión primaria de toda Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía nacional. A ella se agregan normalmente otras dos: la participación en Operaciones de Paz y la ayuda a la población en casos de desastres naturales.

El mantenimiento del orden público no es responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas, corresponde a la autoridad política que para ello dispone de las fuerzas policiales. Por cierto, cualquier despliegue de las Fuerzas Armadas ante emergencias internas está consagrado en la mayoría de las constituciones en los llamados “estados de excepción”, que involucra la suspensión transitoria de las garantías individuales. Ello solo es posible con el acuerdo del poder legislativo.

Pero, los hechos recientes muestran que en muchos casos la autoridad presidencial choca con el congreso; incluso, hay casos en que es la misma autoridad quien instruye a las Fuerzas Armadas tareas que van más allá de su misión.

¿Qué sucede cuando las fuerzas policiales son superadas? En teoría, el Ejecutivo debería declarar algún tipo de estado de excepción, con el aval del poder legislativo. ¿Y si no lo hace? ¿O si lo hace sin consultar al poder legislativo o judicial según sea el caso?  Hemos sido testigo de algunos casos, algo de esto se ha producido.

Además, la situación inicial puede agravarse cuando la protesta se degrada con elementos de vandalismo o con la amenaza de enfrentamientos armados entre civiles. Agreguemos que en América Latina las armas no escasean. En esas circunstancias, más de algún oficial se habrá preguntado cuánta destrucción debe soportarse hasta que el poder político construya una solución.

Si los problemas sociales y políticos no pueden resolverse con la fuerza y corresponde al nivel político construir la salida, la situación empeora cuando la autoridad diagnostica equivocadamente una crisis, como ocurrió cuando el presidente chileno, en la agitada primavera del 2019, denunció que Chile enfrentaba “una guerra”. Según un reportaje del portal Ex Ante, en esos agitados días el Ejército habría planificado evacuar al presidente de la Moneda, para ponerlo a salvo. Trasciende que se le habría sugerido la necesidad de buscar una salida política y eso explicaría porqué la derecha en Chile se allanó a la reforma constitucional. La crónica no ha sido desmentida.

En Ecuador, en el momento de mayor inestabilidad durante las protestas en Quito, el presidente de entonces, Lenin Moreno, tuvo que refugiarse en Guayaquil bajo protección militar. Por su parte, en Bolivia, en noviembre del 2019 y en medio de una grave polarización social donde cientos gritaban “Ahora si: ¡Guerra civil!” y con un gobierno que se desmoronaba, el Comandante en Jefe del Ejercito, general Kalimán, le sugirió al presidente Morales que renunciase. Antes lo habían hecho organizaciones políticas y sociales. ¿Sugerencia o golpe? Eso lo analiza hoy la justicia boliviana en medio de quejas de la actual oposición.

Lo que es evidente, es que en todos estos casos, si bien ha existido violencia y desgraciadamente numerosas bajas, ellas se han debido básicamente al accionar de fuerzas policiales o para policiales.

Cabe preguntarse entonces si las Fuerzas Armadas han privilegiado el mantenimiento del orden, pero por la vía de inducir al poder político a la construcción de una salida evitando su participación directa. De ser así estaríamos en presencia de un novedoso factor de estabilización.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

“En el largo plazo todos estaremos muertos”, quizás antes

En el largo plazo todos estaremos muertos”, es seguramente la frase más reconocida del celebre economista J. M. Keynes, con la cual en 1923 quiso llamar la atención sobre la urgencia de abandonar el patrón oro y así evitar la depresión. Se necesitaban medidas en lo inmediato, el largo plazo no importaba. Pero las circunstancias cambian y los significados cambian. Desde inicios del 2020, fecha que bien podría definir el comienzo del nuevo milenio, la humanidad confronta otra crisis, esta vez provocada por una pandemia con efectos que repercuten más allá de lo económico. Sin embargo, los problemas asociados a toda crisis —desempleo, aumento de la pobreza, etc.— palidecen frente a las consecuencias que podría sufrir el mundo de aumentar la temperatura promedio global por encima de los 2.0 Cº.

Estaríamos pues, en presencia de nuevos problemas: un efecto dominó de vastas consecuencias. La incertidumbre es profunda ya que podríamos asistir a la irrupción de fenómenos imprevistos y disruptivos, con impactos de todo tipo. Y resultaría inútil mirar al pasado en búsqueda de respuestas, ya que los modelos tradicionales no nos servirían de guía.

Los fenómenos climáticos conllevan fuertes riesgos físicos con amplias repercusiones económicas. Aunque las explicaciones suenan innecesarias, pensemos en un empresario cuya planta se encuentra en una zona propensa a tornados o cualquier otro evento climático. Las consecuencias están a la vista: el deterioro o perdida de su bien de capital (stock) afectaría sus ventas (flujos).

En una perspectiva más amplia, los efectos del cambio climático resultan cada día más devastadores para las economías nacionales. Afecta las principales variables macro como el nivel de empleo, inversiones o balanza de pagos, influye sobre el sistema financiero —mayores riesgos, costos financieros, estabilidad— y también repercute sobre las finanzas públicas a través de los ingresos fiscales, la deuda o cotización de bonos soberanos.

Reducir el riesgo de las perdidas

Avanzar aceleradamente hacia la reducción del riesgo del cambio climático reduciría a su vez el riesgo por pérdidas. En el mediano plazo, esto se podría alcanzar a través de avances tecnológicos, reducción de costos de equipos renovables, implementación de reglas y normativas, y un consumo verde.

Avanzar en este sentido, sin embargo, aumenta el riesgo financiero asociado al problema de los activos varados: la pérdida de valor de los bienes intensivos en carbono. Obviamente, este tipo de situaciones también perjudica a las empresas, disminuye la rentabilidad de los productores carbono-intensivo a quienes les termina siendo más rentable producir a menor capacidad o directamente cerrar la planta.

La irrupción de este problema también repercute a nivel macroeconómico a través del empleo, las inversiones, el PBI y la balanza de pagos, afectando severamente a los países exportadores de petróleo y gas. Obviamente, una caída en las ventas externas afectaría las arcas publicas y la estabilidad del sistema financiero.

De forma creciente, los inversores ya consideran estos riesgos que están internalizadas en sus decisiones. De la misma manera, los políticos deberían tenerlos en cuenta, pues ponen en peligro la estabilidad macroeconómica de los países, tanto como cualquier posibilidad de desarrollo futuro. Y si no se consideran los riesgos macro-financieros que conlleva la transición y el proceso termina siendo impuesto por los principales socios comerciales, las pérdidas pueden ser aún mayores.

América Latina y la explotación de recursos naturales

América Latina sigue un modelo de inserción global basado en la explotación de los recursos naturales, siendo la explotación petrolera una de las industrias claves de varios países. No importa la orientación política, tampoco quien se apropia de la renta o si se trata de gobiernos neoliberales o neo-desarrollistas ya que ambos apuestan a los fósiles como fuente de divisas. Ya sea Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Perú, Ecuador o Guyana, todos los gobiernos siguen apostando por los hidrocarburos.

Pese a las señales que surgen de los principales socios comerciales, los gobiernos siguen licitando áreas de exploración, ya sean offshore, como el caso de Argentina, o en el Amazonas como en el caso de Ecuador. Estas inversiones, cuya rentabilidad depende de los subsidios, perderán inexorablemente todo valor en un futuro no muy lejano. Y esta situación no está siendo considerada en las prospecciones macroeconómicas de los analistas.

Dicha inconsistencia impide a los gobernantes ver los graves problemas de balanza comercial que nos esperan, la crisis de empleo que surgirá entre aquellos que siguen apostando a la explotación petrolera o la necesidad de dilapidar recursos fiscales para paliar la crisis financiera que se avecina.

La amenaza del cambio climático otorga un nuevo significado a la frase de J. M. Keynes y obliga a observar la macroeconomía con otros lentes. La grave situación en la que nos encontramos debido a la pandemia, requiere fijar estrategias claras a fin de salir de la crisis, pero sin atarnos a objetivos que resulten contradictorios con los designios de la transición. Necesitamos actuar ahora, considerando las consecuencias futuras de nuestras acciones.

No se puede pensar una estrategia de recuperación sin considerar el objetivo de emisiones cero a mediano plazo. De no tenerlo en cuenta, empujaremos a nuestras sociedades a la extinción, y ya no en el largo plazo.

Foto de ANGELOUX no Foter.com

El semipresidencialismo en Brasil: una película repetida

El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, ha estado negociando una enmienda a la Constitución para que Brasil abandone el presidencialismo y adopte un sistema de gobierno semipresidencial. Tal medida es apoyada por políticos y juristas y serviría para complacer a la mayoría parlamentaria, reduciendo la presión para el posible proceso de impeachment de Jair Bolsonaro. Ya hemos visto esta película. Aunque el semipresidencialismo es un sistema de gobierno legítimo y cuenta con la defensa de diversos estudiosos, es necesario entender el contexto brasileño en el que diversos sectores tradicionales y clientelares de la política nacional llevan tiempo promoviéndolo de una manera específica.

La razón: en el semipresidencialismo, el presidente es elegido directamente, pero quien gobierna de hecho no es él, sino un primer ministro apoyado por la mayoría de los parlamentarios. De la misma manera que en el parlamentarismo puro (donde no hay voto popular para el presidente).

¿Cómo funciona el semipresidencialismo?

El grado de poder del presidente varía: en algunos países, como Francia, Rusia y las naciones africanas, su influencia es considerable o decisiva. En el modelo defendido por el presidente dela Cámara de Diputdos para Brasil, el presidente elegido por el pueblo tendría la capacidad de intervención política de una reina de Inglaterra.

En la actualidad, la disputa por la presidencia suele polarizarse entre un candidato de izquierdas y otro de derechas, y los demás partidos forman una coalición con el grupo ganador. Esta dinámica cambiaría si el gobierno dejara de depender de la carrera presidencial.

Tanto el parlamentarismo puro como el semipresidencialismo, cuando hay muchos partidos como en Brasil, tienden a las crisis de ingobernabilidad. Más grave que eso, para la preocupación de este texto: tales gobiernos se forman únicamente por negociación entre los parlamentarios, dejando a los electores y sus votos al margen de la decisión de quién es el primer ministro, es decir, el gobernante.

Esto agravaría la sensación de que el voto es inútil y que los representantes están alejados de la población. Los grupos políticos que han estado en todos los gobiernos, en el ministerio e influyendo en la política, podrían por fin dirigir directamente, nombrando al primer ministro. No necesitarían una candidatura presidencial que convenciera a la población. La estratagema es antigua. En Brasil, el semipresidencialismo/parlamentarismo se parece a esas películas de terror en las que el monstruo o el asesino en serie siempre vuelve.

El semipresidencialismo en la historia de Brasil

Es sabido que los militares, que hoy vuelven a incumplir su función constitucional al amenazar reiteradamente a las instituciones representativas, dieron un golpe de Estado en 1964, motivado por la histeria anticomunista. Sin embargo, se olvida que también violaron la democracia tres años antes.

En el período razonablemente democrático que se inició con el fin de la dictadura de Getúlio Vargas en 1945, el presidente y el vicepresidente fueron elegidos directamente por la población, pero en listas diferentes. Así, en 1960 se eligió como vicepresidente a un candidato no alineado con el votado para presidente. El conservador Jânio Quadros ganó con el discurso de «barrer» la corrupción, pero su vicepresidente sería João Goulart, un candidato de izquierdas que defendía reformas básicas. Quadros renunció a la presidencia en 1961 tras ocho meses en el cargo.

Como asociaban a Goulart con el comunismo, en la misma letanía neurótica de la Guerra Fría producida en Estados Unidos, los militares no querían permitir que asumiera el cargo. Sólo cedieron con una condición: que se cambiara el sistema de gobierno. Goulart asumiría el cargo de presidente, pero no bajo el sistema presidencialista.

Tancredo Neves, un político tradicional, se convirtió en primer ministro, mientras que Goulart no tendría los mismos poderes previstos cuando él y Quadros recibieron sus votos en las urnas. Esto suele tratarse como una leve inestabilidad, pero fue una evidente violación democrática: la adopción del semipresidencialismo tuvo la intención deliberada de debilitar al presidente y se produjo bajo amenaza militar. Llamémoslo «golpecito» de 1961 para diferenciarlo del golpe de 1964.

En 1963, la población decidió en un plebiscito si Brasil mantendría el sistema «parlamentario» (en realidad era semipresidencialista, ya que el presidente había sido elegido directamente). La respuesta fue rotunda: el 83% de los votos válidos dijeron NO al parlamentarismo. Descontentos con el regreso de Goulart a su legítimo papel, los militares iniciaron una dictadura.

En 1989, Brasil eligió directamente a un presidente por primera vez en 29 años. En el clima de la destitución de Fernando Collor, en 1992 se aprobó una enmienda a la Constitución para celebrar otro plebiscito en 1993 sobre el sistema de gobierno. Además de elegir entre el presidencialismo y el parlamentarismo, existía la insólita opción de volver a la monarquía, extinguida en 1889.

Hoy existe una ola reaccionaria en Brasil, con cierto apoyo al retorno anacrónico de la monarquía. Mientras que las experiencias de D. Pedro I y D. Pedro II son idealizadas, sus herederos ganan espacio para presentar sus posiciones en la «línea de sucesión» como si fuera relevante. Pero en 1993 la campaña monárquica en televisión no se tomó en serio. Su lema era «Vota al Rey» y argumentaba que los países ricos eran monárquicos: Inglaterra, Japón, Suecia… Incluso con el 69% de los votos válidos que rechazaron el parlamentarismo y el 87% que se opusieron al delirio monárquico, la cuestión no fue enterrada.

¿Quién defiende hoy el semipresidencialismo?

La defensa de un semipresidencialismo/parlamentarismo ganó fuerza durante los 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores de Lula. Aunque existen diversas propuestas, la falta de perspectivas de victoria electoral de la derecha reforzó la idea de que no debe ser la población la que elija al jefe de gobierno.

Los argumentos suelen distorsionar las características de los sistemas de gobierno e idealizar el parlamentarismo. Incluso se llegó al falaz argumento de que el presidente sería débil en el semipresidencialismo sólo si su grupo político no era mayoritario. Es obvio que esto ocurriría, debido a la dispersión de los parlamentarios entre varios partidos y al hecho de que la izquierda ganó las elecciones presidenciales pero tuvo menos del 20% de los escaños parlamentarios.

La solución para desalojar a la izquierda del poder acabó siendo más drástica: el golpe de 2016, con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff sin motivo legal alguno, y la prisión política de Lula, favorito para las siguientes elecciones. Ahora, con Lula nuevamente elegible y liderando las encuestas, con Bolsonaro en segundo lugar, sin que aparezca una candidatura viable de «tercera vía», vuelve el tema del semipresidencialismo, con un objetivo bastante peculiar en la defensa de su implementación en Brasil.

La democracia brasileña se ha debilitado por la falta de respeto a la voluntad de las urnas. La situación no mejorará alejando aún más a la población del centro de decisión política, como en esta película de semipresidencialismo. Tampoco con una mayor judicialización, con la coronación de tataranietos del antiguo emperador o con el autoritarismo militar. Brasil sólo volverá a tener días de esperanza, bienestar y prosperidad con más democracia.

Foto de Agência Brasil

La radicalidad discursiva de Evo Morales

Evo Morales es un animal político que adolece de incontinencia verbal. Sus mensajes, ya sea a través de medios de comunicación tradicionales como la radio, por donde emite sus discursos políticos, o por redes sociales, como Twitter y Facebook, no dejan indiferente a nadie. A partir de esta radicalidad discursiva, —factores endógenos— Morales mantiene su vigencia en la esfera pública nacional, mientras que en la esfera internacional sus vínculos y los reconocimientos de algunas de sus políticas —factores exógenos— le permiten desplegar ideológicamente su discurso y mantener su influencia política.

Los factores exógenos

Empecemos por estos últimos. El reconocimiento del alcance económicos y los cambios constitucionales durante la gestión de Morales como presidente, son como vitaminas para su discurso, pues nutren su imagen pública internacional.

La elección de Pedro Castillo en Perú ha fortalecido en Sudamérica la corriente progresista representada por los expresidentes Rafael Correa y Evo Morales. De hecho, según Pedro Francke, portavoz económico de Castillo, “el país que más se asemeja al sistema económico que el nuevo gobierno pretende construir es Bolivia”. No es casual que Evo asistiera como invitado especial a su toma de posesión y participara en los actos protocolares ocupando lugares reservados para autoridades locales o jefes de Estado.

Por otro lado, la imagen de Morales también se ha visto impulsada a partir de la nueva Convención Constitucional en Chile. Bolivia es el gran ejemplo de construcción de un Estado plurinacionalidad, un tema que Chile, cuya Constitución no reconoce la existencia de pueblos originarios, tiene pendiente y que no fue abordado por ninguna de las tres Constituciones anteriores. “Cada día queda más claro que Chile se va a definir como un Estado plurinacional, como en su momento lo hizo Bolivia”, afirma el académico Javier Couso, de la Universidad Diego Portales de Chile.

Factores endógenos

Evo, como político de raza, necesita mantenerse vigente en el campo político y sentirse vivo luego de más de una década gobernando. Es un actor que sabe ser y hacer en el campo político y en ese marco, su radicalidad discursiva es una forma de retornar a sus orígenes para cobrar vigencia y presencia desde los márgenes del Estado. De esta manera, logra incidir en el proceso de las decisiones políticas del gobierno de Luis Arce, desde donde es considerado como el líder simbólico y perpetuo del denominado proceso de cambio.    

No obstante, desde la perspectiva del antagonismo, la recargada virulencia discursiva que encarna es sintomática de su malestar político permanente desde que renunció al cargo de presidente, tras la rebelión ciudadana de 2019 surgida de la desafección política acumulada por más de tres años de autoritarismo y negación de la alternancia en el poder.

En otras palabras, la polarización discursiva que azuza manifiesta su enemistad política con quienes categoriza como agentes de la derecha, imperialistas, separatistas, racistas y oligarcas. Este discurso es amplificado y estilizado por sus fieles escribanos, nacionales y extranjeros, para conservar su identidad política nacional-popular-indígena mediante la construcción constante de un enemigo público.

El poder judicial determinado por el poder político

La teoría del golpe de Estado es utilizado para justificar las acciones políticas del gobierno nacional (MAS) contra sus opositores y el principal trofeo de guerra es la detención de la expresidenta Jeanine Áñez. Un nuevo acápite ha sido el envío de armas por parte del gobierno de Mauricio Macri a la agrupación “Alacrán” de la Gendarmería Nacional boliviana para reprimir las protestas sociales en contra del gobierno interino de Añez en noviembre del 2019.

Así, el golpe de Estado se ha convertido en un argumento político que determina la actuación de la justicia boliviana contra los opositores, criminalizándolos. Esto ha sido incorporado en el discurso de Morales, que además señala a actores extranjeros como colaboradores de sus enemigos políticos internos, lo cual fortalece su estrategia discursiva.

La polarización, sin embargo, ha sido espoleada recientemente por un problema históricamente irresuelto: la inequitativa distribución de la tierra. Aprovechando el interés público que concita la problemática, Morales acusó, nuevamente, al departamento de Santa Cruz de separatista pero con una connotación más punzante: golpista. El 3 de julio publicó un tuit donde señalaba que “la mal llamada cumbre de la tierra, organizada por grupos irregulares vinculados a sectores separatistas y golpistas de logias de Santa Cruz, busca enfrentamiento y derramamiento de sangre entre hermanos bolivianos”, y en ese marco, la justicia “debe sancionar a sus financiadores y operadores”.

El discurso político-ideológico de Evo Morales, aupado por los factores mencionados, y que se enmarca bajo el criterio político de dividir el tablero entre amigos y enemigos, busca imponer el pensamiento único y debilitar el pluralismo político. “No habrá reconciliación con fascistas, racistas, salvo que entiendan que nuestra ideología y nuestro programa está bien para Bolivia”, afirmaba recientemente con el claro propósito de posicionarse como candidato a presidente para el próximo periodo.

A pesar de que su radicalidad discursiva no tiene nada de nuevo, llega donde otros no llegan como ser los sectores populares, colectivos de indígenas y campesinos, mientras que el centro político permanece debilitado. Sin embargo, lo más preocupante de la estrategia de Morales es que exacerbe la polarización social con el propósito de ganar una nuevas elecciones nacionales motivado por el revanchismo.

Los desequilibrios de poder en la salud global

Coautora Pía Riggirozzi

América Latina representa el 8% de la población mundial, concentra a uno de cada cinco de los contagios y alrededor de un tercio de los fallecidos por Covid-19 a nivel mundial. La mitad de estos casos se produjeron en Brasil, el tercer país con más casos en términos absolutos, solo por detrás de Estados Unidos e India, y el segundo país con más fallecidos del planeta. Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador y Paraguay también engrosan las filas de los países con las mayores tasas de mortalidad del mundo. Sin embargo, solo el 16,6% de la población de América Latina y el Caribe ha sido completamente vacunada contra el coronavirus.

Lejos de producirse una distribución equitativa de las vacunas, las pocas disponibles fueron acaparadas por unos pocos países. De hecho, antes de la llegada efectiva de las vacunas, los países más ricos ya habían realizado compras anticipadas para asegurarse incluso más vacunas de las necesarias. Mientras Latinoamérica accedió por contrato, a vacunas para cubrir sólo a poco más de uno de cada diez habitantes y África a apenas dos, EE.UU y los países de las Unión Europea se aseguraron dos vacunas por habitante, y Canadá, más de cinco.

Ante esta situación, el Banco Mundial y el Fondo COVAX de la OMS anunciaron el pasado 26 de junio una estrategia de financiación para la distribución mundial de vacunas a fin de acelerar las entregas de dosis a países en desarrollo. Cabe preguntarse si estas estrategias pueden dar respuestas, mientras las vacunas siguen siendo un bien de mercado. Si hay algo que ha quedado claro, es que nadie estará a salvo hasta que el mundo entero esté a salvo, sobre todo ante la amenaza de las nuevas variantes de la enfermedad.

Un apartheid sanitario

Lo que sí ha quedado en evidencia es que la escasez de vacunas y su injusta distribución ha incrementado las inequidades y las desigualdades, promoviendo un apartheid sanitario. De hecho, al interior de América Latina, la región más desigual del mundo, también se observan grandes inequidades. Mientras que en Chile y Uruguay más del 70 % de la población ya ha recibido alguna dosis y en Argentina más del 50%, en Nicaragua menos del 4% y en Haití el 0,5%. En el global de la región, el ritmo es lento y la mayoría de los países depende de los vaivenes globales para recibir vacunas.

El acaparamiento exacerbado de vacunas por parte de los países ricos ha manifestado un nacionalismo inmunológico centrado en el interés nacional definido en términos de poder de producción y distribución. Esta dinámica redujo la disponibilidad de vacunas para los países del Sur y socavó el multilateralismo, afectando la cooperación y la solidaridad global. 

Ante esta situación, se lanzaron algunas iniciativas globales para ampliar el acceso a vacunas de los países en desarrollo como el mecanismo COVAX. La expectativa era que 92 países de ingresos medios y bajos tuvieran el mismo acceso que los países ricos, independientemente de su capacidad de pago. Sin embargo, se estima que el COVAX apenas podrá cumplir sus metas en un 20% el próximo junio.

Negociaciones individuales

Lejos de activar mecanismos de compras conjuntas, de negociaciones de precios o de lobby para mejorar las condiciones de acceso, lo que prevaleció en la región fueron acciones individuales y aisladas para acceder a vacunas. Se estableció una lógica divisoria donde a la capacidad de acaparar vacunas sin sanción internacional, se sumó el poder de los términos de intercambio de las grandes farmacéuticas. Como resultado, los países latinoamericanos se quedaron sin margen de maniobra mientras que sus sociedades absorbieron los efectos de la inequidad.

Además de las demoras y los incumplimientos de contratos, muchos fabricantes impusieron diferentes precios y condicionamientos. El laboratorio Pfizer, por ejemplo, solicitó a ciertos países  activos soberanos como garantía contra el costo de futuros casos legales, o la inclusión de clausulas que reducían la responsabilidad de la empresa ante posibles efectos adversos durante el proceso de negociación, como en el caso de Perú.

A pesar de esto, hubo una tibia respuesta para buscar intentar garantizar el acceso a vacunas. Una de las pocas iniciativas fue la impulsada por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, que buscaba hacer público el conocimiento, la propiedad intelectual y la información relacionada con las tecnologías sanitarias contra la Covid-19. Si bien, el Repositorio Libre de Recursos Técnicos fue apoyado por 37 países, finalmente no prosperó.

Otro ejemplo ha sido la solicitud de la suspensión de los derechos de propiedad intelectual para los medicamentos y productos sanitarios durante la pandemia. Unos cien países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) han adherido —total o parcialmente— a la propuesta conjunta de India y Sudáfrica. En América latina, Argentina, Venezuela y Nicaragua expresaron pleno apoyo y acompañaron la iniciativa, mientras que Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y El Salvador propusieron discutirla. Sin embargo, Brasil se ha posicionado detrás del grupo de países desarrollados.

Recientemente y frente a los sobrantes de vacunas en países desarrollados comenzaron las donaciones. En este escenario, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, pidió a los países del G7 priorizar América Latina. Sin embargo, dejar a los países de la región a merced de donaciones, créditos o del financiamiento externo para poder acceder a las vacunas está muy lejos de un compromiso real y multilateral para superar las barreras estructurales al acceso a vacunas y patentes.

Desarrollo local: ¿podrá iluminar el cambio?

Por otro lado, los grandes laboratorios han otorgado licencias de producción a un pequeño número de empresas y han soslayado a compañías públicas y privadas de países en desarrollo. En este marco, Argentina, Brasil y México, los tres países con mayores capacidad de producción, han logrado cerrar acuerdos de transferencia de tecnología, a través de licencias de emergencia provistas por los laboratorios.

Cuba, por otro lado, ha sido el primer país de la región en contar con vacunas propias, mientras que Argentina, Brasil, México y Chile se han sumado a la búsqueda. Aun así, la persistente dependencia tecnológica en materia de medicamentos biológicos y biotecnológicos atenta contra la tan urgente y necesaria política regional que ayude a coordinar una mayor capacidad de producción local y regional.

En este escenario, la fragmentación de la región y el distanciamiento político de los países impidió aunar esfuerzos y avanzar de manera conjunta en el apoyo de estas iniciativas, para contribuir a posicionar a la región en el escenario global. No ha habido una coordinación regional, ni se ha generado ningún mecanismo de cooperación regional que permitiera revertir los desequilibrios de poder en la salud global. La región ha dejado pasar la oportunidad histórica de afrontar la pandemia de forma multilateral.

Pía Riggirozzi es profesora de Política Internacional de la Universidad de Southampton (Inglaterra). Doctora en Política y Relaciones Internacionales por la Univ. de Warwick. Máster en Relaciones Internacionales por la Uniersidad de Miami y FLACSO-Argentina.

Foto por FOTOGRAFIA MML em Foter.com

Pedro Castillo y el dilema de la moderación

El día del Bicentenario de la Independencia del Perú, el 28 de julio, Pedro Castillo (Perú Libre) asumió la presidencia por un período de cinco años. La toma de posesión simbolizaría la tardía participación del país en lo que se conoció como la «marea rosa»: la ola de gobiernos de izquierda que arrasó en América Latina en la primera década del siglo XXI y parte de la segunda. Ese ciclo, sin embargo, está agotado, y la región se encuentra en otro momento. De hecho, más allá del ciclo regional, Castillo se enfrenta a dilemas nacionales: algunos de largo plazo, otros más inmediatos. Los de largo plazo están relacionados con la pobreza y la informalidad de su economía y con la secular división entre Costa y Sierra. Los más inmediatos consisten en sobrevivir hasta el final del mandato, algo poco probable.

Subida y bajada de la marea rosa

La «marea rosa» es un ciclo agotado. Ocurrió en otro contexto, como reacción al ciclo de políticas neoliberales de los años 90. Se benefició de la subida de los precios internacionales de las materias primas (la base de las economías latinoamericanas), y de una cierta falta de atención del gobierno estadounidense en relación con la región, centrado como estaba en la llamada «guerra contra el terrorismo». Se caracterizó por estrategias de política exterior independientes, aumento de las inversiones sociales y experimentos de democracia participativa y directa.

La marea comenzó a retroceder a principios de la década de 2010, y lo que siguió fue un panorama matizado. Se produjo el ascenso de gobiernos de derechas, algunos de ellos mediante elecciones; otros, mediante golpes de Estado institucionales. Algunos han llevado a cabo una agenda neoliberal dentro de los límites mínimos de la democracia procesal, como Uruguay. Otros han asumido posiciones más autoritarias, como en el caso de Colombia y El Salvador, e incluso han coqueteado con el fascismo en Brasil.

Por otro lado, están los supervivientes de la «marea rosa». Algunos pretenden reproducir las políticas de principios de siglo en versiones rebajadas, como Argentina y Bolivia (y México, que no se sumó a la primera marea). Y otros cierran sus regímenes para sobrevivir, como Venezuela y Nicaragua.

No se puede considerar que haya una ola abrumadora de derechas, ni un segundo ciclo de izquierdas. Hay una región en disputa, en la que Perú es una pieza importante en el tablero. Dependiendo de lo que ocurra de aquí al próximo año en Chile, Colombia y Brasil, un nuevo «ciclo de izquierdas» —que inevitablemente será diferente del anterior— puede tomar forma más claramente. Pero Castillo no puede esperar: tendrá que preocuparse de los asuntos locales, algunos de ellos muy inmediatos.

¿Moderarse para sobrevivir?

El principal dilema será el de la moderación. La «buena» ciencia política invita a los agentes políticos a moverse hacia el centro en busca de votos y gobernabilidad. Esta tesis puede asociarse al conservadurismo de la mayoría de los politólogos, y ha sido prácticamente impugnada por casi todas las polarizadas disputas políticas contemporáneas. En el Perú actual, sería la contraseña para que Castillo no logre nada y sea derrocado al final, de todos modos.

La toma de posesión de Castillo simboliza su victoria temporal en una contienda de relatos que se prolongó durante semanas en torno a un supuesto fraude electoral que nunca fue probado. Sin embargo, en ningún caso asegura la gobernabilidad del nuevo presidente. El país atraviesa una grave crisis política, económica y social, que simbólicamente no puede resolverse con esta inauguración y los llamamientos a la unidad en torno al Bicentenario.   

El fujimorismo es un factor de desestabilización constante, que constituye una amenaza real para la democracia peruana. Además, no ayuda vivir con una Constitución elaborada en un periodo autoritario, como resultado de un golpe de Estado. Y al igual que en Chile, es justificable considerar que la carta peruana carece, como mínimo, de legitimidad.

Además, la Constitución es el garante de un sistema político que no está claro si es semipresidencialista o semiparlamentario, y que genera sucesivas crisis entre presidentes débiles y partidos políticos minoritarios poco representativos. No genera equilibrio ni estabilidad, sino una crisis interminable y el bloqueo de cualquier transformación. Desde fuera, sorprende que cualquier analista peruano que se proclame democrático sienta temor ante la propuesta de una Asamblea Constituyente. Y no es de extrañar en absoluto que la convocatoria de la Asamblea esté en el centro del programa de Castillo y de Perú Libre.

Dos escenarios posibles

Ante esto, la Asamblea Constituyente constituye un símbolo que indicará si Castillo ha optado por la moderación o por el cumplimiento de su programa. Por eso, tras haber dado pasos hacia el centro en la segunda vuelta y en la formación de su gabinete, no renunciará a esta bandera concreta. Esto abre dos posibles escenarios. Ambas cosas son difíciles y no garantizan el cumplimiento del mandato.

La primera es renunciar a todos los anillos para no perder los dedos. En este escenario, al final tendríamos un gobierno desmoralizado y sin posibilidades de elegir un sucesor. Como Ollanta Humala, sería otro presidente que renunciaría a un programa de cambio. Por cierto, ni siquiera esto garantizaría el cumplimiento del mandato de cinco años. Otros presidentes peruanos han sido derrocados por mucho menos. 

El segundo camino es intentar cumplir con la mayor parte del programa, empujar dentro de las posibilidades, o intentar ampliar los límites de las posibilidades. Evidentemente, se trata de un camino en el filo de la navaja, que además no garantiza la supervivencia del gobierno durante cinco años. Esta vía requeriría, obviamente, una mayor movilización popular y arduas negociaciones.

Está claro que en ambos escenarios no hay garantía de estabilidad. Pero al menos en el segundo escenario, habría una posibilidad de acabar con la crisis orgánica que vive el país, dada la posibilidad (aunque poco probable) de que este camino concluya en una refundación del país. 

En medio de este dilema de difícil resolución, el nuevo gobierno debe aún reorganizar el problemático enfrentamiento de la pandemia. También debe abordar la creciente pobreza y la informalidad. Éstas se han visto agravadas por la pandemia, pero son legados de décadas de neoliberalismo y de la larga historia del país. Con esto llegamos a la cuestión de la antigua división entre Costa y Sierra, atravesada por la cuestión indígena.

Castillo fue elegido en gran medida sobre la base de esta división. Incluso desplazó a la izquierda «cosmopolita» y «progresista» limeña que tendrá que lidiar con el eterno retorno de los temas que quisiera evitar: una nacionalidad que nunca se completa, la cuestión indígena, las divisiones regionales, la religiosidad de los pobres.

Teniendo en cuenta todo el contexto, los espacios son estrechos. Pero hay que intentar aprovechar la extraña oportunidad de un gobierno claramente de izquierdas en Perú, una novedad en una larga trayectoria conservadora.

Foto de Presidencia de Perú

La resiliencia de las democracias latinoamericanas

Coautora Soraia M. Vieira

En los últimos años aumentó la preocupación con la estabilidad y funcionamiento de las democracias latinoamericanas ante la manifestación de diferentes tipos de eventos con alto impacto político: grandes revueltas populares seguidas de fuerte represión gubernamental, renuncias y destituciones de presidentes, cooptación de instituciones del Estado y presión de los militares, entre otros. No obstante, la mayoría de las democracias de la región han respondido a esos desafíos e impasses políticos a través de los mecanismos institucionales vigentes o con reformas que buscan viabilizar salidas a la conflictividad política y social.

Esos desafíos han sido analizados, muchas veces, como riesgos a la democracia o, inclusive, como indicios de ruptura del sistema. Sin embargo, a pesar de la reducción de su calidad en ciertos casos, la democracia ha sido resiliente y ha encontrado formas de contornar los obstáculos que se le presentan, sin caer en las rupturas institucionales otrora tan presentes en la región.

Elecciones confiables y reforma constitucional

A pesar de los estallidos sociales que afectaron a varios países en 2019, en todos estos el descontento de la ciudadanía fue finalmente canalizando por la vía legal, con la persistencia de las elecciones para la designación de los gobernantes y demás representantes políticos.

En Ecuador, dos años después de la violenta explosión social contra polémicas e impopulares medidas del ex-presidente Lenín Moreno, un proceso electoral transparente y ejemplar posibilitó una alternancia política pacífica.

Fue también a través de elecciones confiables que Bolivia reencontró la legitimidad democrática que puso fin al proceso de deterioro institucionalque había comenzado con la inconstitucional tercera candidatura del ex-presidente Evo Morales, seguida del estallido social de 2019—a raíz de un confuso escrutinio electoral—, la renuncia de Morales y una polémica sucesión presidencial. 

En Chile, donde las protestas fueron más intensas y prolongadas, la movilización ciudadana impuso una reforma constitucional a través de la elección de una asamblea constituyente, algo que no estaba en los planes de los dirigentes políticos. La aceptación de esta demanda por parte de todo el sistema político, y su rápida implementación, reforzaron la vía de la legalidad institucional como la opción para encontrar una salida a la crisis política y social que atraviesa el país.

El impeachmentcomo mecanismo de resolución de conflictos

Así como los levantamientos populares, los procesos de destitución de presidentes son indicadores de crisis políticas relevantes y su reiteración en algunos países su suscitó preocupación. Sin embargo, estos procesos han tendido a funcionar más como una vía institucional de resolución de conflictos que como un factor de crisis.

Aunque los regímenes presidencialistas presuponen un mandato fijo del jefe del Ejecutivo, en algunas situaciones, ya sea por falta de apoyo legislativo, popular o, principalmente, por ausencia de ambos, los presidentes pueden ser desafiados con un pedido de destitución. Las normas constitucionales no siempre delimitan de forma específica el tipo de delito que se puede imputar, dejando margen para la apertura de un proceso de destitución cuando surgen conflictos entre los poderes del Estado, especialmente si la oposición cuenta con mayoría legislativa y el presidente con muy baja popularidad.

En la práctica este procedimiento ha funcionado como el voto de censura de los regímenes parlamentaristas, cuando el primer ministro ya no cuenta con apoyo legislativo, aunque formalmente tal mecanismo no existe en regímenes presidencialistas.

Como se trata de un juicio esencialmente político —quienes votan por la culpabilidad o absolución del presidente son los senadores y/o diputados— la decisión depende, de hecho, del apoyo legislativo al presidente. Por lo tanto, los impeachments, más que «golpes parlamentarios», como a veces se los ha caracterizado, son la respuesta del sistema político a presidentes que no logran alcanzar, o mantener, una base legislativa y/o apoyo popular suficiente para enfrentar acusaciones de ilegalidad, como sucedió con los presidentes Kuszinsky y Vizcarra en Perú y con Rousseff en Brasil.

Sin embargo, cuando la destitución no contó con apoyo popular significativo, como en el caso de Vizcarra, en Perú, hubo una fuerte reacción de parte de la población, ampliando la crisis, que forzó la dimisión del sucesor designado por el Legislativo para completar el mandato presidencial, siendo necesaria una nueva designación.

La cooptación de las instituciones del Estado y la presión militar

No obstante la capacidad de resiliencia de la democracia, importantes desafíos continúan presentes, especialmente en condiciones de alta polarización política. En algunos casos esos desafíos pueden adquirir dimensión de riesgo. La cooptación de las instituciones de control del Estado por parte de los gobiernos y la presión de los militares constituyen dos de esos casos.

Un ejemplo de cooptación de una institución del Estado por el gobierno es la reciente destitución de los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, por la Asamblea Legislativa, que cuenta con amplia mayoría del partido del presidente Bukele. Por otro lado, Nicaragua y Venezuela son dos ejemplos de cooptación consolidada de las instituciones del Estado por parte de sus respetivos gobiernos.

Indicadores del segundo de los desafíos mencionados -la injerencia o presión militar- fueron observados recientemente en Brasil y Perú. En este último país, una carta pública de militares retirados, llamando a desconocer un gobierno presidido por Pedro Castillo, enrareció más el complicado escenario político peruano, que en ese momento estaba aún sin definición del reñido resultado electoral.

En Brasil, las Fuerzas Armadas están en el centro del debate público, tanto por su amplia presencia en el gobierno de Bolsonaro, como por acusaciones de corrupción que afectan militares que integran el gobierno y por la posición corporativa que las Fuerzas Armadas han adoptado con el objetivo de intimidar al sistema político y proteger sus miembros.

En tiempos de creciente polarización política, los riesgos para la estabilidad democrática no están ausentes. Por el contrario, se han manifestado de diferentes formas. Pero la mayoría de las democracias latinoamericanas han mostrado, hasta el momento, su capacidad para responder a los importantes desafíos que vienen enfrentando. Para esa resiliencia han contribuido la participación de actores políticos y sociales y la capacidad de las instituciones de amortizar los conflictos -aunque no siempre de la forma ideal-, así como la propia continuidad democrática, pues, como varios estudios demuestran, cuanto mayor la cantidad de años en democracia, menor la probabilidad de ruptura institucional.

Soraia M. Vieira es cientista política. Profesora de la Universidad Federal Fluminense (UFF). Doctora en Ciencia Política por el Instituto de Estudos Sociais e Políticos de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (IESP/UERJ). Sus líneas de investigación son partidos políticos, élites políticas y políticas públicas.

Foto de Liam Quinn no Foter.com


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Trump difuminó la línea entre fascismo y populismo

Una diferencia clave entre el populismo y el fascismo es que, para los populistas, los resultados electorales importan. En cambio, el fascismo implica un poder permanente, independientemente de las urnas. El populismo afirma la idea autoritaria de que una persona puede personificar plenamente al «pueblo» y a la nación, pero debe ser confirmada mediante procedimientos electorales.

Mientras que el fascismo se ha deleitado en la mentira, el populismo ha respetado la verdad de las urnas. Esto no significa que siempre promueva la democracia; de hecho, a menudo la manipula. Pero sigue obteniendo su poder, y depende, de la integridad del sistema electoral. Por eso, los líderes populistas han reconocido desde hace tiempo el valor de respetar los resultados electorales, aunque hayan salido perdiendo en el proceso democrático.

Pero esta distinción está empezando a desvanecerse y el presidente Trump ha sido un pionero para los autócratas mundiales. Al negar los resultados de las elecciones y promover la «gran mentira» del fraude electoral, Trump representa un punto de inflexión histórico en la política populista, permitiendo e inspirando a otros, al igual que los dictadores fascistas que le precedieron.

Perón y el peronismo

Perón fue el hombre fuerte de una junta militar que gobernó desde 1943 hasta 1946. A pesar de llegar al poder por la fuerza, en 1943, Perón fomentó y participó en las elecciones de 1946.

Tras la derrota mundial del fascismo al final de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, los golpes de estado y las dictaduras militares se habían vuelto tóxicos. Así que los antiguos fascistas y los militantes de las dictaduras intentaron recuperar el poder por la vía electoral democrática.

A principios de la posguerra, políticos como Perón comprendieron que las elecciones eran una fuente fundamental de legitimidad política. Se presentó con una candidatura populista que proponía una tercera vía más allá del capitalismo y el comunismo. Ganó las elecciones de 1946, convirtiéndose en el primer líder populista de la historia en llegar al poder.

El populismo peronista tomó prestados elementos del fascismo. Era profundamente antiliberal y creó un culto mesiánico al liderazgo de su conductor. Denunciaba a las élites gobernantes, impedía el periodismo independiente y fomentaba una profunda aversión al pluralismo y la tolerancia política. Pero Perón fue elegido popularmente y, por tanto, se diferenció de los fascistas.

Al igual que Perón, otros populistas latinoamericanos de países como Brasil, Venezuela y Bolivia llegaron al poder afirmando la legitimidad de los resultados electorales a finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta. Mantener el poder dependía de ganar elecciones reales.

Perón, como sus homólogos populistas brasileños, venezolanos y bolivianos, era popular. Cuando fueron desalojados del poder, fue por medio de golpes de estado, no de elecciones, que sus movimientos siguieron ganando.

Líderes populistas más recientes, como Silvio Berlusconi en Italia o Hugo Chávez en Venezuela, mostraron el mismo patrón. Evitaron las reclamaciones infundadas de fraude porque apostaron sus grandiosas pretensiones de encarnar la voluntad popular en la idea democrática de que las elecciones representaban la voluntad del pueblo. Berlusconi perdió las elecciones en 1996 y 2006, mientras que Chávez perdió el referéndum constitucional venezolano de 2007 sobre la abolición de los límites del mandato presidencial. Ambos aceptaron los resultados a pesar de haber perdido por márgenes extremadamente estrechos. La situación es diferente con Nicolás Maduro en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua que ya no tienen que ver con el populismo sino con un tipo de régimen dictatorial en el cual las elecciones no son reales y por lo tanto nunca pueden perderlas. La situación es diferente con los nuevos populistas de extrema derecha que pierden elecciones reales y mienten sobre los resultados.

Los fascistas de los años 30

Muchos perdedores autocráticos mienten para salir de una derrota electoral real o potencial. Por ejemplo, los fascistas de los años 30, como los nazis alemanes, no veían ningún valor en el sistema electoral y sólo lo utilizaban para reclamar legitimidad y liderazgo cuando les beneficiaba. Después, trabajaron para destruir la democracia desde dentro.

De hecho, los fascistas creían que las elecciones y el patriotismo eran esencialmente opuestos porque el verdadero líder no era necesariamente el que obtenía más votos. Como escribió Benito Mussolini en «Doctrina del Fascismo» en 1932, «El fascismo se opone, por tanto, a esa forma de democracia que equipara una nación a la mayoría, rebajándola al nivel del mayor número; pero es la forma más pura de democracia si se considera a la nación como debe ser desde el punto de vista de la calidad y no de la cantidad, como una idea, la más poderosa porque la más ética, la más coherente, la más verdadera, que se expresa en un pueblo como la conciencia y la voluntad de unos pocos, si no, en realidad, de uno solo».

Adolf Hitler estaba de acuerdo con esta lógica, pues consideraba que la propia democracia era un «fraude» porque los políticos justamente elegidos no podían representar la verdadera voluntad del pueblo, que sólo el nazismo, y el propio Hitler, personificaban. Hitler declaró en «Mein Kampf» que los nazis tenían «el derecho, pero también el deber, de subrayar con la mayor rigidez que cualquier intento de representar la idea popular fuera del Partido Laborista Alemán Nacional Socialista es inútil y, en la mayoría de los casos, fraudulento».

Cuando los regímenes fascistas de Italia y Alemania se convirtieron en dictaduras plenas, las elecciones dejaron de ser necesarias como fuente de legitimidad porque la voluntad del líder estaba ahora perpetuamente encarnada en el pueblo.

Esta situación no era sólo europea. En 1923, el fascista argentino Leopoldo Lugones equiparó los procedimientos electorales con la demagogia y afirmó que la dictadura era la respuesta al «electoralismo». La caída de la democracia argentina se produjo unos años después, en 1930, cuando el general José F. Uriburu dio un golpe militar. Uriburu pidió a Lugones que escribiera la proclama fundacional de su régimen. Críticas similares a los procedimientos electorales democráticos y la necesidad de anularlos fueron presentadas por los fascistas en todo el mundo, desde Brasil y China hasta España y México.

En resumen, el fascismo negaba la naturaleza misma de la democracia. Sus defensores afirmaban que los votos sólo eran legítimos cuando confirmaban mediante referéndum la voluntad autocrática de su líder. Los populistas, en cambio, han utilizado las elecciones para subrayar su propia naturaleza democrática incluso cuando avanzaban otras tendencias autoritarias.

La línea entre fascismo y populismo se difumina

Estas diferencias importan hoy cuando Trump, y otros, niegan la legitimidad electoral de sus oponentes. Jair Bolsonaro en Brasil, Benjamín Netanyahu en Israel y Keiko Fujimori en Perú utilizan falsedades para crear una realidad alternativa en la que puedan gobernar, sin procedimientos democráticos. Fujimori y populista israelí ya fracasaron en sus intentos pero Bolsonaro dijo recientemente que no aceptaría los resultados de las elecciones de 2022 a menos que se cambiara el sistema de votación y más tarde repitió sin pruebas que las elecciones podrían no ser «limpias» e incluso amenazó con no celebrarlas. 

Cuanto más sepamos sobre los intentos fascistas del pasado, más concientes seremos de las formas posfascistas y populistas del presente. Los llamamientos de Trump a la «reinstauración» basados en la legitimidad de un pasado falso, es decir, un mundo bizarro en el que «ganó» las elecciones, son formas flagrantes de fascismo que no pueden permitirse.

Foto de TapTheForwardAssist


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Chile: entre el optimismo y el pánico

Chile entre el optimismo y el pánico

El día después de la elección primaria chilena del 18 de julio para elegir a dos candidatos presidenciales, uno de la izquierda y otro de la derecha, la bolsa de valores tuvo una subida de casi dos puntos. Por primera vez en meses el mercado respiraba con la derrota del candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, ante el candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric. Sin embargo, días después el presidente de la Bolsa de Valores de Santiago afirmaría que “en el discurso del candidato Boric hay una serie de peligros”.

Chile está cambiando y esto no solo afectará al sistema financiero. El país admirado por su estabilidad institucional y las políticas públicas implementadas durante las últimas tres décadas se ha transformando en un país donde gran parte de la ciudadanía quiere reformar profundamente el modelo de desarrollo. “No son 30 pesos, son 30 años” decía una señora cuando le preguntaban sobre las causas del estallido social del 18 de octubre de 2019.

El país sudamericano se encuentra ante un punto de inflexión que muy probablemente le llevará a cambiar la estrategia de desarrollo y a remplazar los principales aspectos heredados de la dictadura militar: la Constitución política y el modelo económico basado en un estado subsidiario. Tras el estallido social, el camino hacia esta transformación ha estado marcado por tres procesos institucionales.

Cuestionamientos al modelo, estallido social y procesos electorales

Chile logró generar un modelo de desarrollo con luces y sombras. Si bien la pobreza fue reducida del 45% en 1989 a menos de 15% dos décadas después y hubo un fuerte crecimiento de la economía, en especial en las primeras décadas desde el retorno a la democracia, el incumplimiento de las expectativas de gran parte de la población disparó el cuestionamiento del modelo. Esto se manifestó en un aumento nunca antes visto de la conflictividad entre ricos y pobres como lo reflejan estudios de opinión como la Encuesta Bicentenario UC de 2019.

En este contexto y tras el estallido social, el primer proceso institucional en este sentido fue el plebiscito del 25 de octubre pasado, en el cual 78% de la población aprobó crear una nueva Carta Magna. Se aprobó además que la composición de la constituyente encargada de redactar la nueva constitución no incluiría a parlamentarios, en un claro rechazo a las tradicionales elites políticas.  

El segundo proceso institucional fue la elección de la asamblea constituyente de mediados de mayo pasado donde fueron elegidos numerosos candidatos independientes —alejados de los partidos tradicionales— que buscan implementar reformas estructurales en el país. De hecho, en torno a la mitad de los constituyentes, de un total de 155, buscan implementar cambios profundos o incluso radicales.

Ante el desastre electoral para el oficialismo, el presidente Piñera declaró públicamente que la ciudadanía había enviado un claro mensaje al Gobierno y a todas las fuerzas políticas tradicionales: “no estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía». 

La reciente elección primaria del 18 de julio fue el último proceso institucional en este sentido, donde más de 3 millones de personas eligieron a dos candidatos jóvenes y sin militancia en partidos tradicionales para competir por la presidencia el próximo 21 de noviembre. En la izquierda ganó Gabriel Boric, el representante de la alianza “Apruebo dignidad” nacida en enero del 2021 y que agrupó a numerosos movimientos y partidos de izquierda, incluido el Partido Comunista y el Frente Amplio. Mientras que por la derecha, fue escogido para competir por la presidencia el candidato independiente sin afiliación partidaria, Sebastián Sichel de “Chile Vamos”

¿ Chile sufrirá cambios estructurales?

Todo indica que si, que es el camino más probable. Uno de los cambios podría ser el sistema de gobierno. Algunos hablan de adoptar el parlamentarismo, otros de un posible semi-presidencialismo a la francesa, mientras que de acuerdo encuestas del Programa de Estudios Sociales de la Pontificia U. Católica de Valparaíso, un porcentaje importante prefiere continuar con presidencialismo, pero con mayor poder del parlamento.

También podrían cambiar el modelo de desarrollo y pasar de un Estado subsidiario, donde el Estado no asume actividades que en teoría son desarrolladas adecuadamente por los particulares, a una variante de Estado de Bienestar a la chilena. La sumatoria de estas transformaciones provocaría, a su vez, cambios en la política exterior y la inserción de Chile en el mundo.

Chile pasó de elegir hace unos años a Sebastián Piñera como presidente, a ser un país en el que la ciudadanía exigen mayor presencia del Estado, un desarrollo más sustentable y más derechos sociales. Pero estas exigencias a su vez acarrean un nuevo y enorme desafío: ¿cómo se financiará este “Estado de bienestar”?

Más allá de los cuestionamientos, para muchos analistas Chile despierta un gran optimismo y esperanza, y es un ejemplo de democracia donde los cambios son encauzados a través de mecanismos institucionales. Para otros, este quiebre representa el fin de la estabilidad y diluye la posibilidad de convertir a Chile en un país del primer mundo. Solo el tiempo dirá si Chile vuelve a convertirse en un modelo institucional para el mundo.

Foto de annais en Foter.com


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AMLO y la militarización de México

A pesar de que México cuenta con la generación de profesionales más preparada de la historia del país, ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni la sociedad mexicana confían en sus capacidades, y han “congelado” a una administración pública que requiere de renovación. En su lugar, el gobierno ha optado por recurrir a las Fuerzas Armadas para desarrollar un sin número de funciones.

La corrupción, el autoritarismo tradicional, la falta de voluntad política real para luchar por vivir en una sociedad con una mayor calidad democrática, el desánimo de la gente, y un militarismo socialmente arraigado, se encuentran detrás de la idea de relegar a la administración pública a un segundo plano.

No hay disposición para cambiar el sistema

En 2018 la sociedad estaba harta de la clase política tradicional. Ello fue terreno fértil para el arraigo de un mensaje que enfatizara “la esperanza de México”, y que pasó por lo que se denominó la “cuarta transformación” mexicana. Pero el discurso no se ha materializado porque ni la clase política, ni la propia sociedad tienen intención de cambiar la tradicional forma de conducir sus asuntos.

López Obrador utilizó el discurso, pero siempre supo que el principal enemigo de un político es el tiempo. La necesaria transformación de todo el sistema político es imposible de lograr en un sexenio, y el presidente optó por ser práctico, ponerse manos a la obra eimpulsar sus proyectos emblemáticos al costo que fuera. Desde el principio señaló con claridad que el aeropuerto de Santa Lucia, el tren Maya, que atraviesa de Salina Cruz a Coatzacoalcos, y la refinería de Dos Bocas eran sus prioridades.

Desconfiando de unos y otros, el presidente recurrió a las fuerzas armadas, como el brazo de la administración pública más confiable. La sociedad no se inconformó porque también tiene la concepción de que los militares son los funcionarios más honrados y eficientes del gobierno, lo que muestra un militarismo socialmente arraigado.

A la actual administración le ha tocado vivir un momento especialmente complicado en el que el crimen organizado tiene en jaque, no sólo a México, sino a toda su área de influencia en el Caribe y Centroamérica, lo que ha llevado a que la inseguridad se haya disparado en los últimos treinta años en América Latina.

AMLO, heredó un país en el que la clase política fracasó en reformar los aparatos de seguridad, a pesar de destinar millonarios recursos. En ese contexto, el presidente, ha sido práctico y ha optado por postergar esa reforma, creando y consolidando la Guardia Nacional. A ello se suman las consecuencias de la pandemia que está condicionando la gobernabilidad y la economía en todos los países del mundo y afectando la esperanza de vida de muchísimas personas.

AMLO nunca pretendió transformar políticamente el país, sino completar una serie de proyectos que le permitieran ser recordado. Por ello, ha seleccionado a las fuerzas armadas como instrumento operador.

Preocupación con la creciente militarización de México

Por otra parte, la sociedad civil organizada y sectores académicos están preocupandos por la cada vez más frecuente presencia militar en diferentes actividades y han activado sus “alarmas”, señalando el riesgo de que se están “militarizando” diferentes esferas de la sociedad.

Preocupa especialmente la consolidación de la Guardia Nacional en asuntos de seguridad pública, pero también el aumento de misiones encomendadas a las fuerzas armadas. Inquieta tambien la autonomía militar y la posibilidad de que los militares se “emborrachen” de poder y se tienten en caer en actitudes pretorianas de abuso de poder.

Por otra parte, oficiales de las Fuerzas Armadas también empiezan a inquietarse por sentirse atacados en su profesionalidad. Perciben las críticas como provenientes de “enemigos”, mientras que la Secretaria de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina responden, como pueden, a las solicitudes del poder político. Para ello, requieren recursos y más personal, lo cual es comprendido por la sociedad, ya que es esta, a través de sus representantes, quien está demandando su intervención en la gestión de asuntos públicos que van más allá de la esfera militar.

El poder militar siempre ha sido más fuerte cuando el poder político y la administración pública han sido más débiles. La desconfianza de AMLO y de buena parte de sus votantes en la clase política tradicional y en la administración pública, sumado a su mentalidad militarista, es lo que está detrás de esta ampliación de misiones de las fuerzas armadas. Ello es preocupante porque debilita a la administración pública en diferentes sectores.

Esto no es culpa ni responsabilidad de las Fuerzas Armada. Es el reflejo de una dejación de funciones de las autoridades políticas y de la renuncia a gestionar sectores claves de la gobernabilidad de la convivencia democrática de la sociedad mexicana.

¿Son los militares más eficientes que otros profesionales? Es posible que su disciplina les haga más eficiente en ciertas misiones pero los integrantes de las Fuerzas Armadas son ciudadanos que comparten las mismas dificultades que el resto de la población.

La presencia de militares en la gestión de la seguridad pública ya es tradicional en México. Ojalá que esta nueva Guardia Nacional profesional y eficiente sea un éxito en el mediano plazo, para que sirva de plataforma para una verdadera reforma de las fuerzas de seguridad. Pero mientras ello no se logre las cifras de homicidios y delitos no podrán reducirse.

Foto de Eneas em Foter.com