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Una región, todas las voces

El impuesto a las transnacionales en América Latina

Por
Gustavo Cuesta Rugel
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La pandemia ha profundizado la pobreza, la desigualdad y la necesidad fiscal a nivel global. Por ello, a fines de mayo los ministros de finanzas del G-7 —Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido— lograron un acuerdo inicial para implementar un impuesto global a las empresas transnacionales, principalmente las enfocadas en tecnología. Posteriormente, el 10 de julio, el acuerdo enmarcado en el Marco Inclusivo BEPS (base erosion and profit shifting) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, (OCDE) fue adoptado en la cumbre del G-20 por 130 países, que representan el 90% del PIB mundial.

El empleo precario, el desempleo, la pobreza y la desigualdad se ha incrementado rapidamente a nivel mundial, pero sobre todo en los países en desarrollo, a medida que millones de empresas han quebrado o cerrado. Para hacer frente a la crisis sanitaria, mejorar las condiciones sociales, adquirir vacunas, dar liquidez a las pequeñas y medianas empresas y reactivar la economía, los gobiernos han implementado políticas que han repercutido en un fuerte deterioro de las cuentas fiscales y mayor endeudamiento público.

Las exorbitantes ganancnias de las empresas más grandes del mundo

Pero ante el desastre económico, 32 de las empresas más grandes del mundo tuvieron ganancias en el 2020 que superaron el promedio de los cuatro años anteriores en más de 109 billones de dólares, de acuerdo a un estudio de Oxfam. Esto ha llevado a políticos, académicos e inclusive varios accionistas de estas corporaciones a exigir reformas tributarias, nacionales e internacionales, acorde a la nueva realidad para que estas multinacionales contribuyan más.

En este marco, el objetivo de esta potencial reforma, de acuerdo con varias autoridades fiscales y monetarias de los países del G-20, es mejorar un sistema fiscal mundial que data de la década de 1920s, luchar contra los paraísos fiscales y que las grandes corporaciones tributen de manera equitativa en los países donde llevan a cabo operaciones y no solamente en su país de origen. Con esto se prevé también disminuir la competencia entre países para atraer la inversión de grandes empresas estableciendo impuestos más bajos.

Los siguientes pasos

A pesar de que este impuesto mínimo de 15% a las grandes corporaciones y la economía digital luce prometedor en términos de equidad fiscal, el acuerdo adoptado por estos 130 países es el primer paso. En primer lugar, la implementación de esta tasa depende, en gran medida, de reformas fiscales en cada uno de los países que podrían requerir aprobación del legislativo y por ende consensos políticos a nivel nacional e incluso subnacional (estatal y/o municipal).

Adicionalmente, para que esta tasa cumpla parte de sus objetivos debe orientarse a conseguir un consenso más amplio. De los 139 países pertenecientes al Marco Inclusivo BEPS de la OCDE, 9 no firmaron aún el acuerdo en la cumbre del G-20, entre estos Irlanda, Hungría y Estonia. En América latina y el Caribe, por otro lado, países como Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Venezuela ni si quiera son parte del Marco Inclusivo de la OCDE.

¿Qué sucede con los esquemas tributarios en América Latina y el Caribe?

América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta si se compara su distribución de la renta con el resto del mundo. Además, la calidad y cobertura de sus servicios públicos, sobre todo en salud y educación, se encuentran por debajo de los países desarrollados.

A pesar de estas brechas en los servicios sociales, un informe sobre la tributación en la región realizado por la OCDE en el 2021 mostró que los impuestos en América Latina y el Caribe, en relación con su PIB, son en promedio el 23,1%, mientras que en los países de la OCDE este llegó en el 2019 al 33,1%. Además, los impuestos en América Latina están concentrados principalmente en impuestos al valor agregado e impuestos indirectos, mientras que en los países del OCDE —entre los cuales se encuentran México y Chile— los tributos están enfocados a la renta personal y corporativa.

Otro dato que revela la compleja distribución de la renta y la evasión fiscal en la región es que el 27% de la riqueza privada de América Latina se encuentra en paraísos fiscales, cifra mayor a la registrada en cualquier otra región del mundo, según el Boston Consulting Group.

Ante las necesidades fiscales, agravadas por la pandemia, las propuestas de reformas tributarias realizadas en los últimos años en varios países de la región como Chile, Colombia o Ecuador, están enfocadas en el incremento de impuestos indirectos como el IVA. Estos impuestos lo que hacen es acentuar la desigualdad, a diferencia de los esquemas de tributación enfocados a incrementar la contribución de las grandes multinacionales o los patrimonios personales.

Desde la academia y los organismos internacionales como la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional se debate la necesidad de regular a las grandes corporaciones e incrementar los impuestos a los más ricos en la región para mejorar la redistribución del ingreso. Sin embargo, el simple hecho de pensar en aplicar políticas que regulen la utilización de paraísos fiscales o impuestos más progresivos causan incomodidad en las élites sociales y políticos latinoamericanos.

Por estos motivos, a pesar del impacto que ha tenido la pandemia a nivel social y en las cuentas fiscales de la región, en el corto y mediano plazo la implementación de sistemas tributarios que reduzcan las desigualdades parecen ser una utopía. Pero si el acuerdo de los 130, —que incluye a la mayor parte de países de la región— se logra implementar, se podría crear un precedente importante y motivar a América Latina y el Caribe a realizar reformas aún más profundas de sus sistemas tributarios para cerrar las brechas de acceso a servicios públicos. De esta manera se podría colaborar a reducir las desigualdades multidimensionales que caracterizan a la región.

Foto de Leonhard Lenz

El despertar cubano: manifestaciones versus discursos

Por
Carlos M. Rodríguez Arechavaleta
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El domingo 11 de julio de 2021 pasará a la historia de Cuba como un día singular. Azotada por uno de los mayores picos pandémicos de su historia, y en difíciles condiciones económicas y financieras, las redes sociales sorprendieron al mundo con una marcha popular pacífica, creciente, espontánea, con presencia mayoritaria de jóvenes y sin la convocatoria de grupos de oposición o liderazgos visibles en el municipio de San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, al este de La Habana.

En pocos minutos, idénticas expresiones públicas de descontento popular se sucedieron en más de treinta ciudades y pueblos a lo largo de la isla. Llama la atención no sólo el creciente espiral de participación, sino el contenido explícitamente político de sus demandas: LIBERTAD, PATRIA Y VIDA, y ABAJO LA DICTADURA. 

La simultaneidad de las marchas, gracias al internet y las redes sociales, parece haber sorprendido a las autoridades. Cuando el presidente Miguel Díaz-Canel se apersonó en San Antonio, ya las manifestaciones habían adquirido carácter nacional y eran un relevante suceso internacional. Por primera vez, en 62 años de la Cuba posrevolucionaria, asistimos a la libre apropiación del espacio público y la expresión de un pueblo acostumbrado a las rutinas y los rígidos controles manipulativos del estado.

Tal agravio tuvo su correlato en uno de los discursos más agresivos y radicales de un presidente cubano. El presidente en funciones, visiblemente descompuesto y en términos discursivos absolutamente militares, —tal vez reproduciendo fielmente un mandato superior— dio la orden de combate: “a la calle los revolucionarios a enfrentar con valentía estas manifestaciones contra-revolucionarias”.

Una vez más, la vieja retórica polarizante ‘revolucionarios’ versus ‘mercenarios vendidos al imperio.’ Poco después de su amenazante arenga, las imágenes en redes sociales presentaban lamentables actos de violencia pública, represión y arrestos masivos a lo largo del país.

Para la narrativa oficial, el inusual evento responde a una “reacción provocada” por una estrategia intervencionista orientada al cambio de régimen, potenciada por la capacidad de réplica de las redes sociales de ciertas historias tergiversadas ‘fake news’, cuyo fin es estimular la desorientación emocional, la ansiedad y la angustia existencial, así como confundir a los ‘revolucionarios’ sobre las verdaderas causas de situaciones de crisis.

Los autores de dicha estrategia ‘milagrosa’ serían las agencias y los laboratorios de guerra no convencional de los EE.UU. Por consiguiente, las manifestaciones populares habrían sido provocadas por agentes externos pro-anexionistas, enmascarados en el falso humanismo de las teorías de la “intervención humanitaria”. La solución retórica será, una vez más, sugerir “paciencia, unidad y acciones organizadas desde el estado frente al cruel bloqueo imperialista”.

Un día después, escuchando las intervenciones del presidente y los ministros, la causa de los estallidos sociales se reduce al impacto del bloqueo norteamericano sobre la economía y las finanzas del país. No es menos cierto que la pasada administración Trump limitó de forma importante cualquier intento de intercambio con Cuba, elevando el costo de acceso a tecnologías y recursos internacionales del gobierno cubano. Pero reducir la complejidad del momento al embargo comercial demuestra que la ‘nueva’ generación de dirigentes políticos hereda la miopía ideológica de los líderes históricos. Los efectos acumulativos de las deformaciones estructurales del socialismo cubano apenas merecen una mención, cuando bien podrían ser las causas determinantes.

El encuadre ideológico de las decisiones económicas durante seis décadas, la obstinada e irreal concepción monopólica del estado como eje articulador del sistema económico, la negación continua del potencial innovador de la iniciativa privada y la inversión extranjera son algunos de los mecanismos que frenan el desarrollo productivo.

Ordenar el caos es una tarea imposible; de ahí el fracaso rotundo de la Tarea Ordenamiento, y su negativo impacto sobre el bienestar popular. Específicamente, la unificación financiera y la apertura de tiendas en moneda libremente convertibles (dólares americanos) que afectó de forma importante el acceso a productos de primera necesidad, acentuando las diferencias sociales y la precarización de la vida cotidiana.

Desde el punto de vista político, todos los intentos de organización y expresión de visiones e intereses divergentes de la sociedad civil han sido minimizados, difamados o reprimidos por el estado. La ambigüedad jurídica y el uso difamatorio de los medios oficiales contra sectores divergentes del mundo cultural, periodístico o emergentes minorías ha sido la norma, (re)activando tensiones acumuladas y una creciente percepción de exclusión y conflicto. Sin embargo, el mito de la identidad ‘Estado-PCC-pueblo’ —otra de las deformaciones estructurales del régimen— parece haberse roto el domingo pasado.

Aunque en el caso cubano, la crisis económica antecede al impacto pandémico, las autoridades debían haber previsto los altos costos del ‘pico pandémico’ en condiciones sanitarias limitadas. El drama humano de la constante amenaza del contagio y la letalidad del virus traduce la creciente incertidumbre del entorno en ansiedad, frustración, miedos y emociones diversas.

Finalmente, las masivas manifestaciones responden a múltiples factores acumulados y de contexto, internos y externos, carencias de bienestar y crisis de expectativas. El factor sorpresa para el gobierno refleja su desconexión de las precarias condiciones de vida del cubano promedio, y debería sugerirle los límites de la legitimidad y la necesidad constante de todo estado de flexibilizar sus mecanismos de participación e inclusión en condiciones de bienestar y libertades públicas.

La violencia que hemos atestiguado refleja los odios y las fobias cultivadas durante décadas, y la incapacidad del estado de propiciar reales espacios de participación social. La radical dicotomía utilizada por el presidente para referirse al pueblo “revolucionarios” o “contra-revolucionarios” visibiliza la incapacidad del actual liderazgo cubano para convocar un diálogo de refundación nacional inclusivo y respetuoso hacia TODOS los cubanos.

Es frustrante ver a esta ‘nueva’ generación de políticos cubanos repetir sloganes ideológicos históricos sin conexión con la vida cotidiana del cubano de a pie. Tal vez ello nos explique el menosprecio por las consignas del domingo; no eran delincuentes ni mercenarios, eran jóvenes cubanos gritando LIBERTAD, PATRIA Y VIDA, ABAJO LA DICTADURA.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Haití, mucha pobreza y poco Estado

Por
Gabriel Gaspar Tapia
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El asesinato del presidente Jovenel Moïse abre un escenario de incertidumbre sobre Haití, y también en su entorno regional más inmediato. La primera pregunta es: ¿Quien manda? Obvio, aquel que controla a la Policía y al Ejército, y que además es reconocido por los EEUU. Hasta ahora, Claude Joseph quien ejercía como Primer Ministro al momento del asesinato del presidente es quien mantiene las riendas del poder tras decretar el estado de sitio.   

Los tres poderes del Estado están acéfalos

Institucionalmente la crisis no puede ser mayor ya que los tres poderes del Estado hoy están acéfalos. El Ejecutivo ha quedado descabezado de una manera dramática. El Congreso en la práctica no funciona desde 2020, al no convocarse las elecciones correspondientes en 2019.  La cúpula del Poder Judicial tampoco funciona por diversas causas y dos días antes de su muerte el presidente designó a un nuevo Primer Ministro: Ariel Henry, quien no alcanzó a asumir el cargo en remplazo de Claude Joseph.

Para complicar aún más la situación, la Constitución de Haití establece que Moïse debería ser sustituido por el Presidente del Tribunal Supremo, quien murió recientemente de Covid-19.  Por ello, lo que queda del Senado —10 de un total de 30 senadores— acordó designar a Joseph Lambert, el hasta ahora Presidente del Senado como nuevo presidente. Pero el Primer Ministro en funciones ha ignorado de momento la designación. 

El poder de las pandillas haitianas

Pero más allá del sector formal, en Haití proliferan las “gang”, pandillas fuertemente armadas que controlan determinados territorios, especialmente en la capital. Estas se organizan en el “G9”, una federación criminal liderada por Jimmy “Barbecue” Cherizier, un ex policía que emplea un lenguaje populista, crítico con los “oligarcas” y que mantuvo nexos con sectores del oficialismo. No es el único, muchos observadores advierten vínculos entre caudillos políticos y empresariales con estas organizaciones criminales.

Estas pandillas han podido desarrollarse debido a la debilidad del Estado para garantizar la seguridad. Para darse una idea, solo en el mes de junio asesinaron a 30 policías y efectuaron mas de 200 secuestros. La policía, de alrededor de 15.000 efectivos, en proceso de desarrollo aún, no controla todo el territorio. El gobierno de Moïse dispuso hace poco la reconstrucción de las FFAA, disueltas hace años, y de momento el primer contingente de 500 efectivos está concluyendo su formación con asesoría mexicana.

Consciente de su precariedad, el Primer Ministro interino le ha pedido a los EEUU apoyo de todo tipo. Pero por ahora, ni EE.UU. ni la ONU están en condiciones (y menos convencidos) de enviar tropas a la isla. Hasta su muerte, tanto EE.UU. como los organismos multilaterales le venían exigiendo al presidente que llamara a elecciones y entregara el mando el 2022. Finalmente, estas habían sido convocadas para septiembre de este año, pero ante el contexto actual es impensable que se puedan llevar adelante bajo unas condiciones mínimamente aceptables. 

Al caos político se suma el desastre económico que se profundizó aun más con la pandemia. Según datos de CEPAL y Banco Mundial, el 60% de la población vive en la pobreza (alrededor de 6.3 millones) y de ellos, un 24% en pobreza extrema, la inseguridad alimentaria crónica alcanza a la mitad de la población mientras que los dólares escasean cada vez más. Y si bien la migración ha sido una tradicional válvula de escape para los haitianos, la pandemia la ha bloqueado con el cierre de fronteras.

Efectos de la crisis en la región

Sin embargo, una profundización de la crisis podría derivar en una emigración masiva. En primer lugar, hacia República Dominicana, que de momento cerró sus fronteras con cerca de 9.000 soldados. Otro destino, mas deseado, pero más complejo de alcanzar es Florida, muchas embarcaciones —sin sistemas de navegación— terminan arribando a las costas de Santiago de Cuba, mientras en menor medida otras buscan la Guyana francesa. Antes de la pandemia, los migrantes haitianos privilegiaron Brasil y en especial Chile.

En el plano internacional, el asesinato del presidente abre varias interrogantes: ¿quién contrato a los mercenarios colombianos? ¿Quién y cómo se controla el accionar de empresas de seguridad privadas que se dedican a reclutarlos y equiparlos?  Hasta ahora las investigaciones apuntan a CTU Security que opera desde Miami y que en propiedad del ciudadano venezolano Antonio Intriago Valera quien posee buenos socios en Colombia. A nivel local, la duda que queda por despejar, es quién o quiénes son los autores intelectuales del magnicidio.

Más allá de los autores y motivos de la muerte del presidente, el tema de fondo en Haití es la carencia de la institucionalidad en un país expoliado históricamente por las potencias coloniales y desbastado por el azúcar amargo, que liquidó buena parte del campesinado para concentrar la tierra y la riqueza en pocas manos. En definitiva, un país con mucha pobreza y poco Estado.

Las raíces de la aberración política brasileña

Por
Octavio Amorim Neto
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Coautor David Samuels

En una reciente entrevista con el reconocido periódico brasileño Valor Econômico del 24/6/2021, Sérgio Abranches, el politólogo que tanto nos enseñó sobre el presidencialismo de coalición, afirmó: “El modelo político no está funcionando”. Para solucionarlo, Abranches recomienda reformas urgentes a las leyes que regulan la remoción presidencial y la selección del Fiscal General (PGR) y el establecimiento del referéndum confirmatorio.

Las reformas deben eliminar la facultad unilateral del Presidente de la Cámara de Diputados para iniciar procedimientos de remoción contra el titular del Poder Ejecutivo —ha rechazado más de cien pedidos de impeachment contra el presidente Bolsonaro a pesar del desastroso manejo de la pandemia— e instituir una terna obligatoria para la selección del Fiscal General. El referéndum confirmatorio, en cambio, devolvería a la sociedad el derecho a anular el mandato que ha conferido al ocupante del Palácio do Planalto.

El sistema político brasileño no funciona

Estamos totalmente de acuerdo en que el sistema político brasileño no funciona. Sin embargo, los problemas de Brasil no provienen únicamente de la centralización del poder en manos del Presidente de la Cámara o de la falta de una lista obligatoria para la selección del Fiscal General. Las amplias prerrogativas del Presidente de la Cámara son el resultado de una delegación concedida por los miembros del Congreso interesados en lavarse las manos de decisiones complicadas y costosas.

Es decir, pueden ser revocados o incluso ampliados. En cuanto a la lista obligatoria, aunque se establezca, su intención original puede ser eludida por la connivencia entre los poderes ejecutivo y legislativo. Estados Unidos tuvo el mismo problema con Trump, que empezó a utilizar al Fiscal General de la Unión como si fuera el abogado particular del presidente. Las tradiciones no importan si los funcionarios elegidos las ignoran.

Al igual que Abranches, también vemos que, de hecho, el Congreso brasileño no ha ejercido su papel constitucional de freno y contrapeso a las tendencias autocráticas del jefe de Estado, disolviendo así la separación de poderes prescrita por la Carta de 1988.

La gran cuestión, sin embargo, no reside en la falta de separación constitucional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino en la absoluta separación entre sus bases electorales y su desempeño, lo que, a su vez, conduce a una falta de responsabilidad política colectiva por parte de los políticos oficialistas, generando la percepción de que los miembros del Congreso no piensan en el país, animados sólo por estrechos intereses personales.

No es de extrañar que a los políticos oficialistas les vaya bien en las elecciones legislativas de 2022, incluso si Bolsonaro no es reelegido, como recordó Gilberto Kassab, líder del PSD (Partido Socialdemócrata) y uno de los más sagaces intérpretes de la escena política brasileña, en una reciente entrevista con O Globo. Este “desajuste” electoral es sencillamente imposible en los sistemas parlamentarios y mucho más difícil en los sistemas presidenciales bipartidistas, como el estadounidense.

El desajuste es imposible en el parlamentarismo porque el primer ministro carece de una base electoral independiente. En un sistema presidencialista puro o semipresidencialista, aunque las elecciones del ejecutivo y el legislativo se celebren el mismo día, el electorado del presidente es nacional, mientras que cada legislador tiene un electorado mucho más restringido geográficamente. El electorado de un primer ministro es precisamente el de su partido parlamentario. Por otra parte, un presidente puede obtener la victoria en una parte del país, mientras que su partido puede ser dominante en otra.

El problema de Brasil son los partidos políticos

El problema de Brasil, por tanto, son los partidos políticos y el entorno institucional en el que operan. El actual presidente no tiene afiliación partidista porque no le son útiles. Los políticos oficialistas prefieren tener a Bolsonaro fuera de sus asociaciones porque, como señala Abranches, aún no saben si apoyar al ex capitán es un costo o un beneficio.

Del problema partidario-institucional nace la asombrosa aberración que se observa hoy en el país: la ausencia de una oposición vigorosa a un gobierno que ha hecho tanto mal y ha afrentado al régimen democrático. Después de todo, ¿dónde están el PT y el PSDB?

De la observación de esta aberración se extrae una importante lección: la activación de los controles y equilibrios no depende de lo que esté escrito en la Constitución, sino de la percepción, por parte de los miembros del Congreso, de que pueden perder las próximas elecciones.

Si los miembros del Congreso pueden desligar tan completamente su destino electoral del de la presidencia de la República, ¿por qué deberían hacer algo con respecto a Bolsonaro? Al fin y al cabo, los miembros del Congreso han podido beneficiarse de la debilidad política del gobierno obteniendo grandes tajadas del presupuesto federal sin incurrir en grandes costes electorales.

Puede ser que el PT se mantenga al margen porque quiere dejar que Bolsonaro se cocine a fuego lento. Puede ser que el PSDB esté en la valla porque gran parte de su electorado votó por Bolsonaro en 2018 y, como el PT, también quiere ver al ex capitán lentamente asado. Es posible que ambos partidos teman el fanatismo bolsonarista y su ala militar. Además, hay que recordar que la polarización petismo-antipetismo no ha contribuido a la acción conjunta de los partidos y líderes que rechazan a Bolsonaro.

En cualquier caso, la ausencia de «frenos y contrapesos» es el resultado de la ausencia de un liderazgo en la oposición que movilice enérgicamente las fuerzas en el Congreso y en la sociedad contra el gobierno. Ningún país puede confiar sólo en el poder judicial para hacerlo.

Por eso, para arreglar los males políticos brasileños, creemos que la adopción del semipresidencialismo —sistema híbrido en el que un jefe de Estado elegido por votación popular comparte el poder ejecutivo con un jefe de gobierno responsable ante el poder legislativo—  es un paso en la dirección correcta, ya que hará coincidir el rendimiento electoral de la mayoría parlamentaria con el del jefe de gobierno.

Una reducción radical del número de partidos también facilitará la tarea. Reformas como las propuestas por Sérgio Abranches son ciertamente importantes. Sin embargo, se necesitan cambios constitucionales más profundos para llegar al corazón del problema institucional-partidista que aquí se describe.

*Este artículo expresa la opinión de los autores, y no representa necesariamente la opinión institucional de FGV y de la Universidad de Minnesota.

David Samuels es un politólogo estadounidense y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota, EE. UU. Doctor de la Universidad de California, San Diego. Se especializa en política comparada y política brasileña.

¿Quién es dueño del subsuelo? Perú y su constitución

Por
Diego Salazar-Morales
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Coautor José de la Torre Ugarte

La reforma constitucional, un aspecto central de la campaña del candidato electo Pedro Castillo, ratificado en recientes declaraciones es, sin embargo, a la luz de la movilización de los sectores contrarios —principalmente afincados en la capital— una idea inviable o al menos de un altísimo costo. Por ello, el próximo gobierno se enfrenta a un reto clave: implementar o no la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar la constitución.

Esta discusión se enmarca dentro del debate sobre el fracaso de las políticas extractivas aplicadas durante los últimos 30 años que no han traído beneficios económicos ni social a las poblaciones circundantes de los proyectos mineros de la sierra, ni a los gasíferos y petrolíferos de la selva. Frente a este escenario, ¿puede realmente un cambio constitucional contribuir a distribuir de forma más equitativa los recursos?

El modelo económico del Perú

Gran parte del modelo económico peruano se basa en las reformas implementadas a inicios de los 90’. Durante el gobierno de Fujimori se derogó la “Ley de Reforma Agraria” implementada durante el gobierno de Velasco Alvarado (1968-1972) y se implementaron mecanismos de mercado que fomentaron la agricultura privada de exportación que produjo un retorno considerable para la economía. Esta política, sin embargo, concentró la riqueza en pocas manos y generó mayor exclusión económica y social en las comunidades afectadas debido a la falta de acceso a mecanismos de crédito y tecnología.

En esos años se introdujo también reformas que liberalizaron la venta y comercialización de las tierras, incluido las devueltas por medio de la Reforma Agraria, ignorando las condiciones de las comunidades campesinas e indígenas. De hecho, se introdujeron requisitos adicionales para el acceso al crédito que terminaron beneficiando a un pequeño sector formal de la economía. Estas leyes, sumado a la definición constitucional de que parte de las tierras campesinas e indígenas “sin utilizar” debían retornar al Estado para “su adjudicación en venta”, llevaron a que cerca de 600 mil campesinos e indígenas quedaran fuera del mercado.

La propiedad del subsuelo

Otra de las reformas promercado implementadas fue la que asumió todos los recursos naturales como patrimonio de la nación, incluyendo la propiedad del subsuelo. De esta manera, las élites que gobernaron durante los últimos 30 años se apropiaron de los recursos extractivos, entregándolos en concesión, mientras excluían a las comunidades que habitaban los territorios donde se encontraban.

Por lo tanto, no es casualidad que en mayo de este año los conflictos sobre la tierra, la explotación minera y petrolera representen más del 70% —124 de 191— del total de los conflictos, según la Defensoría del Pueblo. Este es uno de los problemas claves del país que, de no resolverse a través de la formulación de nuevas políticas podrían generar una ingobernabilidad sostenida.

En este contexto, son varios los frentes que presionan al presidente electo para que lleve a cabo su propuesta de cambio constitucional. Su propio partido, Perú Libre, así como su bancada, presionan públicamente para que no se desvíe del ideario original. Pero, por otro lado, hay una oposición creciente que ve con suspicacia el cambio constitucional como una medida para perpetuarse en el poder. Por ello, para evitar una confrontación que ponga en juego la propia continuidad del gobierno es necesario plantear una salida realista que dé solución al problema histórico de la propiedad de las tierras campesinas e indígenas.

Una posible solución

El modelo actual dicta que es el Estado quien debe proveer de servicios públicos a los pueblos originarios y comunidades cuyos recursos son explotados a través de concesiones. Pero desde Lima se culpa a las comunidades de “obstruir la inversión privada”. Además, las comunidades no cuentan con herramientas legales para obtener réditos directos de la explotación de sus recursos y mucho menos para participar como empresarios en dicha actividad. Y las regalías o el canon minero distan de ser herramientas reales de empoderamiento de las comunidades ya que son simples entregas de dinero, pero no las hacen partícipes del negocio.

El problema de fondo sigue siendo el marco legal que no permite a las comunidades realizar transacciones económicas de compra, venta, ni obtener directamente réditos por la explotación de sus recursos. Perú muestra grandes brechas en la construcción de un mercado sólido y el fomento de la riqueza, lo cual contrasta con lo que sucede en algunos países desarrollados con presencia de comunidades indígenas. En Canadá y Estados Unidos, las comunidades indígenas son las propietarias de los recursos y como tal pueden negociar directamente con el Estado o con las empresas multinacionales y reciben directamente una compensación por la utilización de sus recursos.

Mientras la discusión constitucional se avecina, el nuevo gobierno debe plantear soluciones viables. Ya sea a través de una nueva Constitución, lo cual parece distante, o a través de una “cirugía” constitucional, que podría tener mayor respaldo. Es evidente que este tipo de “cirugía” no basta para garantizar el éxito, ni generar riqueza de forma inmediata. Por lo tanto,  un recurso clave que podría acompañar un posible referendo sobre la propiedad del subsuelo debería considerar la participación del gobierno en varios niveles para canalizar los acuerdos. Esto es especialmente relevante en un país montañoso, donde las actividades extractivas desarrolladas en cuencas altas tienen importantes repercusiones en otras áreas, lo cual podría desembocar en nuevos conflictos.

La propuesta de un plebiscito constitucional también conlleva riesgos. La proliferación de actividades mineras en un país con un Estado incapaz de controlar dichas actividades puede desembocar en un desastre aún mayor. Por lo tanto, este escenario demandaría una revisión detallada de los límites y alcances en los acuerdos de explotación entre privados, de tal forma que el Estado siguiera ejerciendo el rol rector. Para ello, se deberían fortalecer las capacidades de actores centrales como la OEFA, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, quienes deberán ejercer un estricto control.

En síntesis, el presidente electo, Pedro Castillo, debe repensar quién es el dueño del  subsuelo en un país de pobres. Quizás lo que podría detener la conflictividad y cambiar la historia de las comunidades campesinas e indígenas del Perú es revisar la cesión del derecho sobre el subsuelo.

José de la Torre Ugarte ha trabajado como consultor en diversas instituciones del Estado, en agencias de comunicación y organizaciones sin fines de lucro. Posee un MBA de Pacífico Business School (Lima) e MS en Marketing de la EAE Business School (Madrid)

Lista Engel: Washington marca la cancha… pero no tanto

Por
Dardo Justino Rodríguez
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El 1º de julio, el gobierno de EE.UU. divulgó la primera Lista Engel, señalando a 55 personas de los países del llamado Triángulo Norte —El Salvador (14), Honduras (21) y Guatemala (20)— por actos de corrupción, obstrucción a la Justicia o por socavar la democracia. Sin embargo, entre las personas incluidas –que serán sancionadas entre otras medidas con la inmediata cancelación de sus visas y la congelación de sus bienes en EEUU– no se encuentran personajes tan obvios como los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, o de Honduras, Juan Orlando Hernández.

El objetivo de la administración Biden

La administración Biden, que inaugura la lista creada a partir de una Ley del Congreso aprobada en 2020, atribuye a la corrupción en el Triángulo Norte centroamericano gran parte de las condiciones que motivan la migración irregular hacia Estados Unidos, que desde hace algunos años provoca crisis humanitarias recurrentes. Según Anthony Blinken, secretario de Estado, “la corrupción socava la democracia y la confianza pública. Una mejor gobernanza significa un futuro mejor”.

En los tres países surgieron alabanzas y críticas a este primer listado que debe ser actualizado cada seis meses. Por un lado se considera que es un primer paso para empezar a “limpiar la casa”, algo para lo cual no debería necesitarse el concurso de un país extranjero, que no hace más que resaltar la impunidad y complicidad de los estamentos de la Justicia en los tres países. Pero por otro lado, ha sido criticada debido a que deja afuera a numerosos corruptos de renombre.

El miedo de Washington a perder influencia

Las omisiones de altos funcionarios hondureños en el listado se debe, según el abogado y analista político Raúl Pineda, en declaraciones al periódico El Libertador, al miedo de Washington a perder influencia en la región. De acuerdo con Pineda, para Estados Unido lo más importante es mantener relación con los dos últimos países que aún le son fieles: Honduras y Guatemala, aunque signifique apoyar la impunidad.

En la lista no aparece ningún funcionario de alto nivel cercano al presidente Juan Orlando Hernández, ni se han incluido personajes del empresariado, de las iglesias católica y evangélica, del ámbito militar o de las ONGs, a pesar de que el Departamento de Estado había anunciado la inclusión de personas relacionados con esos sectores. De hecho, no se incluye a una sola persona del entorno del presidente, no obstante las numerosas acusaciones contra algunos de ellos, y del mismo Hernández, por narcotráfico, delito por el cual su propio hermano está enjuiciados en Estados Unidos.

Las ausencias en Guatemala

En Guatemala las ausencias también son notorias. En las estructuras de corrupción existen dos líneas de participación: los que aceptaron sobornos y los empresarios de alto nivel que sobornan. De estos últimos, ni uno ha sido incluido en la lista. Entre las grandes empresas señaladas por corruptelas están Claro y Tigo, además de Aceros de Guatemala. Sobre ellas y sus socios, nadie ha accionado. Las empresas se limitaron a cambiar a los representantes legales y siguieron adelante. Sus accionistas ni siquiera han sido mencionados.

La Lista Engel incluye en Guatemala también al congresista Boris Roberto España Cáceres, al ex primer secretario del Congreso Nacional, Felipe Alejos Lorenzana, al ex jefe de gabinete del presidente Álvaro Colom (2008-2012), Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y al ex candidato presidencial, condenado por una corte de Nueva York a 15 años de prisión, Mario Amílcar Estrada.

Pero los personajes más llamativos son Nester Vásquez, recientemente juramentado como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, institución que está por encima de la Corte Suprema de Justicia y que es fundamental para solventar asuntos constitucionales y políticos, y Ricardo Méndez Ruiz, miembro de la muy cuestionada Fundación Contra el Terrorismo, que según la lista es señalado por “obstaculizar procesos penales contra ex funcionarios militares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra quienes investigan hechos de corrupción en el sector gubernamental y no gubernamental”.

El caso de El Salvador

En El Salvador, a diferencia de los primeros dos países, la lista, si bien obviamente no ha incluido al presidente a pesar de sus atropellos a la democracia, sí incluye a personas de su entorno. Uno de los señalamientos más relevantes es el de la jefa del Gabinete, Carolina Recinos, por haber incurrido en “corrupción significativa mediante la malversación de fondos públicos para beneficio personal” y por participar en un esquema de lavado de activos.

Otro de los citados del entorno de Bukele es su actual asesor jurídico, Conan Castro, por socavar “los procesos o las instituciones democráticas al colaborar en la destitución inapropiada de cinco magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general”. Mientras que el actual viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna, es señalado por “importantes actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales y sobornos”.

La lista salvadoreña, la más breve de las tres, también incluye al actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Luis Wellman, señalado de alterar resultados “para su beneficio personal” y “permitir la influencia maligna de China durante las elecciones salvadoreñas”. Estas acusaciones evidencian que la Casa Blanca pretende cercar —sin ahogar— al presidente Bukele, el único díscolo de los tres mandatarios del Triángulo Norte, y que aprovecha cualquier situación, por ridícula que parezca, para favorecer sus propios interese geopolíticos.

Como conclusión, el principal aspecto a destacar de la Lista Engel son las notorias omisiones en los tres países, sobre todo en los casos de Guatemala y Honduras. Habrá que esperar a la segunda lista, dentro de seis meses, para ver si la administración Biden habla en serio cuando se refiere al combate a la corrupción y la defensa de la democracia o si seguirá utilizando la Lista como herramienta para condicionar eventuales insubordinaciones.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

El “arancel” del carbono y la agenda latinoamericana

Por
Julieta Zelicovich
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Coautor Leonardo E. Stanley

Según el último Reporte de Riesgo Global (WEF, 2020), los aspectos climáticos se ubican entre los cinco mayores riesgos que deberá confrontar la economía mundial en el futuro. El informe apunta a considerar los efectos asociados con dos episodios. Por un lado, la irrupción de “cisnes verdes” como se denomina a las crisis financieras que afectan el sistema socio-político provocadas por el cambio climático. Por otro, la imposición de nuevas barreras en el comercio basadas en la huella del carbón.

La huella del carbón y nuevas barreras al comercio

La continua emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en el último siglo ha generado un incremento en la temperatura promedio del planeta. La gravedad de este fenómeno ha sido clave para avanzar con la introducción de una serie de mecanismos de mercado a nivel global, regional y local.

En particular, los mecanismos de precios han ido ganando adeptos, aunque desde sus inicios existe una fuerte dispersión. Estos mecanismos predeterminan los niveles de emisiones permitido, lo que a la par de buscar un impacto ambiental positivo intenta establece un sendero para la reconversión. Tras este objetivo, en 2005 la Unión Europea introdujo un régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE – UE), el cual funciona según el principio de “limitación y comercio”.

Este mecanismo impone un límite máximo a la cantidad total de emisiones (decreciente en el tiempo) por debajo del cual las empresas pueden negociar sus excedentes. Y la reducción paulatina del limite encarece la cotización, lo cual debería inducir a inversiones en tecnologías limpias. Actualmente la tonelada de carbón ronda los 50€ y el record fue alcanzado el pasado 14 de mayo cuando llegó a los 56,90€.

Europa ha impulsado la inclusión de la perspectiva ambiental de manera transversal a sus políticas públicas, incluida la comercial. Así en febrero 2021 Bruselas lanzó su plan de una “política comercial, abierta, sostenible y firme”, en la que impulsa una adecuación de los instrumentos comerciales a la transición global “hacia una economía climáticamente neutra”. También avanza con la instauración del programa verde (EU Green Deal), comprometiéndose a lograr la neutralidad climática en 2050.

¿Qué es el ajuste de carbono en frontera?

Todo ello habla de una acción muy ambiciosa en materia climática. En esta dirección se enmarca la idea de introducir un mecanismo de ajuste de carbono en frontera, conocido como CBAM por sus siglas en inglés. Esta política, si bien está pensada en el marco de la búsqueda de la neutralidad de carbono, también conlleva una amplia repercusión geopolítica

El Parlamento Europeo planteó la inmediata inclusión de los sectores del cemento, el acero, aluminio, refinerías petroleras, papel, vidrio, químicos, fertilizantes, y electricidad, considerando el contenido de carbono en bienes intermedios, así como en el producto final. Pero son las industrias del cemento y el acero las que suenan en una grilla inicial.

En todo caso, los importadores se verían obligados a comprar un certificado cuyo valor se asocia al adoptado en el RCDE – UE. Así, el CBAM no sólo equilibraría los precios internos con los de importación, sino que también evitaría ser calificado como discriminatorio. Por otra parte, al calificar como un mecanismo de ajuste en frontera, el CBAM puede ser aprobado a nivel comunitario.

Además de los objetivos económicos —evitar la “fuga de carbono” — y ambientales —reducir el nivel de emisiones globales—, la UE también busca poner un piso a los estándares internacionales. Así, el CBAM termina condicionando los espacios de política de los socios extrazona y lider el “club del clima”.

Pero mientras algunos países podrían, eventualmente sumarse, otros directamente se oponen. EEUU estaría en el primer grupo, aunque por el momento la administración demócrata se mantiene cautelosa, Japón podría eventualmente sumarse y Rusia se muestra más reticente. China por otro lado considera al esquema como una traba comercial destinada a perjudicar su ascenso, visión compartida por las principales economías emergentes como Brasil, India o Sudáfrica.

¿Y las necesidades de los países en desarrollo?

Las criticas también apuntan a la incongruencia que dicha normativa tendría con la normativa consagrada por la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluida la necesidad de considerar las necesidades especiales de los países en desarrollo. Resulta discutible si el CBAM cumplirá con estos dos requisitos, y no se trate en cambio, de una nueva versión de “patada a la escalera”. Esto debido a que la decisión se estaría adoptando cuando las industrias de los países desarrollados ya han iniciado las transiciones a la producción descarbonizada.

Toda resolución que finalmente se adopte será política. Vale recordar el rotundo éxito de los partidos verdes en las elecciones que tuvieron lugar en 2019, y su efecto en la decisión adoptada por Ursula von der Leyen de avanzar con el tributo. Que las autoridades en Beijing hayan decidido lanzar su propio mercado de carbono no solo refleja un mayor compromiso ambiental, también responde al lugar que actualmente ocupan las empresas chinas en los mercados globales de energías renovables.

Independientemente de la probidad de la normativa, de aprobarse, el esquema afectaría a los países sin regímenes de emisión o donde los derechos se coticen a valores muy bajos. Las exportaciones de cemento originadas en Colombia o Venezuela, o las de acero del Brasil podrían confrontar un mayor costo, asumir una externalidad que hasta el momento favorecía a su ecuación de negocios.

Aun cuando la pandemia aceleró la introducción del esquema, podemos decir que la idea no resulta novedosa. De implementarse, sus efectos serán globales. La dispar proyección de la recuperación económica post-pandemia agrega elementos significativos a la evaluación de estas políticas. Sin embargo, una adopción apresurada, sin contemplar los desequilibrios globales, podría terminar consolidando una nueva geo-economía.

Lo que sí queda claro es que si bien los modos de este proceso —quién, cuándo y cómo se hacen las reglas— pueden resultar cuestionables, su implementación próxima parece ineludible. Los países latinoamericanos no pueden ignorar ambos componentes y a la vez bregar por mecanismos de gobernanza más equitativos. Deben poner en agenda otros recursos para reducir la brecha de desarrollo asociada al cambio climático. En esta agenda incluimos el financiamiento, la transferencia de tecnología, pero también la consistencia de las políticas macroeconómicas actuales (políticas de inversión y de energía) con sus consecuencias de futuro, más sustentable desde el compromiso ambiental. Todo ello plantea la necesidad de reconocer el problema e involucra urgentemente a la dirigencia local para contener el problema climático.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

 Leonardo E. Stanley es Investigador Asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad – CEDES (Buenos Aires). Autor de “Latin America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable Development», Cambridge University Press, 2020.

El regreso de la agenda de privatizaciones en Brasil

Por
João Roberto Lopes
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América Latina es hoy escenario de disputas entre grandes empresas por el control del agua. Conocida como el «continente del agua», la región está sometida a presiones para privatizar las fuentes de agua y los servicios de saneamiento que son resistidas en Bolivia, Argentina, México y, más recientemente, Chile y Brasil.

El 30 de abril, la mayor empresa pública del estado de Río de Janeiro, la Compañía Estatal de Aguas y Alcantarillado de Río de Janeiro (CEDAE), vio subastados sus servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado a grandes empresas financieras. Y por si fuera poco, el proceso está lleno de incoherencias e irregularidades técnicas, jurídicas y sociales.

¿Qué implica la privatización de la CEDAE?

La venta es, de hecho, es una contrapartida exigida por el gobierno federal dentro del plan de recuperación fiscal del estado de Río, firmado en 2017. Según el modelo de concesión del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), los concesionarios se encargarían de la distribución, la recogida y el tratamiento del agua. Por otro lado, los costosos servicios de recogida y tratamiento de agua seguirían en manos de la CEDAE.

Las concesionarias ganadoras (AEGEA e IGUÁ) mantendrían, en principio, la actual tarifa cobrada por los servicios de agua y alcantarillado y pagarían a la CEDAE el importe de 1,70 reales por metro cúbico de agua. Este valor es extremadamente bajo y no cubre la parte de inversión para la mejora y ampliación del suministro de agua.

Así, las concesionarias se garantizarían una subvención, ya que las inversiones en la producción de agua se quedarían en el sector público, cargando a la CEDAE, que hasta ahora ha sido una empresa excedentaria.

El mantenimiento del valor actual de la tarifa no está en absoluto asegurado. El contrato de concesión enumera los «riesgos» que pueden llevar al «reequilibrio económico y financiero del contrato», incluida la «alteración del valor de las tarifas». Riesgos relacionados, por ejemplo, con la «disponibilidad hídrica en el sistema», que es muy probable que se produzca, entre otros factores, por la propia debilidad financiera de la CEDAE, que seguirá produciendo agua.

Irónicamente, los concesionarios podrán responsabilizar a la CEDAE, cuya capacidad operativa se verá profundamente afectada por la privatización, de un eventual aumento de las tarifas.

AEGEA, ganadora de la subasta de los bloques que incluye las zonas sur, norte y centro de Río y municipios del interior y de la región de la baixada fluminense, es la concesionaria con la tarifa más alta de Brasil. Controla PROLAGOS, responsable del saneamiento de los municipios de la región de los lagos en Río, en 2019 cobró una tarifa de más del doble de lo que cobra la CEDAE.

El contrato también prevé la universalización de los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado para 2033. Tal objetivo sería cómico si no fuera trágicamente falso. Sobre el enorme déficit de saneamiento en las favelas y zonas periféricas, no hay garantías reales de inversión en el contrato.

De hecho, existe una diferenciación entre «zonas irregulares elegibles y no elegibles» en términos de inversiones, pero los criterios de elegibilidad no se explicitan, dejándolo a la discreción de los concesionarios y del gestor público de turno.

¿A quién le interesa la privatización?

Toda esta situación se ve reforzada por el hecho de que los propietarios de las concesionarias vencedoras son instituciones financieras, centradas en la remuneración de sus accionistas. En el caso de los controladores de AEGEA, no sólo destaca Grua Investimentos, sino también el Fondo Soberano de Singapur (GIC) y el Banco Itaú.

¿Qué pretende ganar el Banco Itaú, que batió otro récord de rentabilidad en el primer trimestre de 2021, con el servicio de saneamiento, donde el déficit de este servicio es enorme? Como respuesta, además de la mencionada, agregaríamos el préstamo anunciado por el BNDES de R$ 17 mil millones para financiar la oferta de las concesionarias de R$ 22,7 mil millones.

En el caso de IGUÁ, ganadora del bloque que reúne Barra da Tijuca, Jacarepaguá y Cidade de Deus más los municipios de Miguel Pereira y Paty do Alferes, sus controladores son fondos de pensiones de trabajadores públicos canadienses: el Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) y Alberta Investment. Así es, las pensiones de los trabajadores públicos canadienses se financian con la explotación de un servicio esencial para la población de Río de Janeiro.

Más que a la privatización, nos enfrentamos a la depredación. La depredación no sólo se produce dentro de las formalidades del derecho contractual. Recientemente se han denunciado indicios de fraude en la subasta de la CEDAE.

Los supuestos licitadores de la subasta, AEGEA e IGUÁ, compartían posiciones en un tercer consorcio, REDENTOR, que también participó en la subasta sin pujar por ningún bloque, lo que levanta sospechas sobre un proceso amañado. Esta sospecha llevó a los sindicatos de la CEDAE a presentar denuncias ante la Fiscalía y el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).

El BNDES, responsable del diseño de la concesión, tiene una participación del 11% en la IGUÁ, en un claro conflicto de intereses. ITAÚ, por su parte, adquirió el 10% de AEGEA sólo tres días antes de la subasta, el mismo día en que el juez del Supremo Tribunal Federal Luiz Fux decidió suspender preventivamente cualquier decisión judicial que impidiera la subasta.

Las disputas legales persisten. El gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aliado del gobierno de Jair Bolsonaro, determinó que la subasta se llevara a cabo, a pesar de que la Asamblea Legislativa del Estado había decidido el día anterior suspenderla. Los sindicatos también presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Trabajo, cuestionando la ausencia de un plan que evalúe el impacto de la concesión en los contratos laborales, ya que se prevé el despido de más de 4.000 trabajadores.

Bajo el liderazgo de la Internacional de Servicios Públicos, organizaciones sociales y sindicales de Brasil y Canadá se han movilizado contra la privatización. El mayor sindicato de trabajadores públicos de Canadá, el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE), ha rechazado públicamente la presencia de los fondos de pensiones canadienses en la privatización de la CEDAE. El 11 de junio, 200 organizaciones brasileñas y canadienses enviaron al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, y a los dirigentes de los fondos de pensiones del CPPIB y de Alberta, una carta en la que presentaban las irregularidades y pedían que la IGUÁ no firmara el contrato de concesión.

Sin duda, los contratos no deberían firmarse hasta que se aborden y aclaren adecuadamente las deficiencias y sospechas que marcan la privatización de la CEDAE. De hecho, el impulso privatizador del actual gobierno, que ahora apunta a la empresa Eletrobras y a la empresa de Correos, deberá seguir el mismo patrón, buscando atraer a instituciones financieras interesadas en especular con los fondos públicos y los derechos de la población.

Foto de Lu_Brito

De izquierdas y post-izquierdas

Por
Esteban Caballero
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Durante el reciente proceso electoral peruano, cuando Pedro Castillo estaba en plena campaña para la segunda vuelta, se generó cierta tensión entre los dos partidos de izquierda: Juntos por el Perú, liderado por Veronika Mendoza y Perú Libre de Castillo. Se trató de una diferencia en torno a cuestiones de género, salud sexual y reproductiva. Las dos fuerzas políticas acababan de firmar un acuerdo, pero se abrió una brecha entre lo que la congresista electa por Perú Libre, Betsy Chávez, llamó una izquierda “popular” y una izquierda “progresista».

La izquierda popular, representada por Castillo, se opone al matrimonio igualitario, al aborto y a la fluidez de género, mientras que la izquierda progresista, la de Mendoza, tiene un fuerte componente feminista, apuesta por la justicia social y se apoya en sectores de las clases medias urbanas.

¿Cómo formar alianzas?

Este evento trae a colación uno de los principales avatares de la política actual, sobre todo en el campo de la izquierda. ¿Cómo formar alianzas y obtener mayorías electorales? El ejemplo de las diferencias en torno al género y la salud sexual y reproductiva es sólo un punto, de muchos otros. Hay posiciones discordantes respecto al nacionalismo o internacionalismo, laicismo vs secularismo, proteccionismo vs libre mercado, migración, entre otras.

Estas diferencias, hacen que el mayor desafío para la izquierda no sea solo resolverlas, sino mantenerlas en una especie de campo magnético común que podamos llamar “la izquierda”. El polo de atracción de dicho campo no debería ser necesariamente concebido como un todo armónico e integrado, sino que puede albergar tensiones y diferencias. 

Perú es solamente un ejemplo. La coexistencia del apoyo a políticas económicas y sociales progresistas y el apego a un conservadurismo moral y religioso marcará durante un buen tiempo la interpelación populista de izquierda en América Latina. En otras regiones los dilemas no son iguales, pero guardan similitudes.

Un ejemplo es el debate europeo en torno a la interpelación de la clase obrera y los incómodos posicionamientos a los que ello lleva en términos de nacionalismo xenofóbico y antiinmigrante. El precio que se paga es que cuando no se es capaz de articular estas contradicciones, el pueblo se termina volcando a los Trumps y Bolsonaros del mundo.

Descolgarse de las grandes narrativas

Ante semejante disyuntiva, han emergido voces dentro de la izquierda que han hecho un llamado a descolgarse de las grandes narrativas sobre pujas entre una “izquierda” y una “derecha”. Esta es una campaña más posmoderna, que habla del fin de las grandes narrativas sobre dirección general del Estado y enfoca la atención en  temas concretos de política pública.

Este grupo alberga a políticos como Iñigo Errejón de Más País, en España, que sin querer quitarle mérito a las grandes narrativas sobre el horizonte normativo, insiste en la importancia de una praxis política temática, enfocada en problemas y soluciones de política públicas concretas, relacionadas con el cotidiano de la gente. En comentarios sobre la derrota de Pablo Iglesias en las recientes elecciones de la Comunidad de Madrid, se refirió a la insistencia de Iglesias en atacar al fascismo de Vox, en lugar de aterrizar en lo concreto.

Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, también parecería transitar por esa vía de cara a las presidenciales francesas del 2022 al decir que quiere “trabajar con lo real”, argumentando que el electorado ya no es partisano, sino que prefiere decidir sobre temas concretos y los compromisos que los políticos deben asumir. La alcaldesa confiesa su desazón con respecto a la caída de narrativas históricas con las cuáles se siente identificada, pero que ya no resuenan entre los electores. 

Priorizar lo concreto

Esta línea de priorizar la atención en lo concreto y en lo “propositivo-práctico” florecerá en ciertos ambientes, pero en otros no logrará ser la única o más importante solución. Probablemente, porque la política está llamada a responder a dos grandes exigencias. Por un lado, la presentación de “una historia” con un valor arquetípico donde una porción importante de la población se encuentra a sí misma y sea capaz de relacionar esa historia con su propio sentir. Por otro, por la exigencia de ofrecer soluciones concretas a problemas reales como el hambre, el desempleo, deuda, déficit, corrupción, etc. 

Es posible que una de las principales inspiraciones sobrevenga cuando se alcance la coherencia entre esa “historia” y las soluciones propuestas. Pero, esto no es lo usual. Hay liderazgos que se basan en grandes narrativas, pero no ofrecen soluciones, que sería el caso de Pedro Castillo en Perú. Y otros que se concentran en un listado de soluciones pero pierden de vista el fin, como Sergio Fajardo en Colombia.

Lo que puede ayudar a los liderazgos mantener un mejor enlace entre la gran narrativa y las medidas concretas es que los mismos cuenten con una referencia política. Una función que los partidos políticos solían proveer con su experiencia, ideas, intelectuales e institucionalidad. Sin embargo, hoy por hoy, la figura del partido político también está en plena mutación, por lo que se tiene que buscar otros tipos de referentes. Hay conjuntos más diversos que pueden conectar a los liderazgos con un horizonte normativo más sólido, compuesto de convicciones  argumentadas con ahínco y ciencia. De otro modo, nos quedaremos con la fluidez y fragmentación de las redes y liderazgos sin referencias sólidas, envueltos en  la comunicación efectista, con ribetes neo-caudillistas, personalistas y autocráticos.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Los derechos de las mujeres en la política brasileña

Por
Débora Thomé
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Para los movimientos a favor de más mujeres en la política, el mes de junio en Brasil fue intenso. Con una reforma política en curso que cuestiona el reducido avance de la participación de las mujeres en los parlamentos, prevista para ser votada el mes siguiente, y bajo la coordinación de una diputada, era necesario afrontar el hecho de que la ya débil representación femenina en Brasil está amenazada.

A pesar de varios avances en cuanto a los espacios ocupados por las mujeres, el país oscila entre el último y el penúltimo lugar en América Latina cuando se trata de la representación femenina.

Logros y retos de la representación política

A pesar de que el sufragio femenino está garantizado por ley desde 1932 -por lo tanto, a punto de cumplir 90 años de historia- y con cuotas constitucionales desde 1995 para los puestos legislativos (excepto el Senado), el país no ha superado hasta ahora la marca del 15% de diputadas federales, lo que lo sitúa en posiciones poco honrosas en los rankings internacionales, como el de la Unión Interparlamentaria. Según el mapa 2020 de la participación de las mujeres en la política, elaborado por esta última organización en colaboración con ONU-Mujeres, Brasil ocupa el puesto 142 de 193 naciones en el ranking de representación femenina en el Parlamento.

La razón de esta ausencia puede explicarse por varios motivos, entre ellos, el diseño de las cuotas, la votación de listas abiertas y el elevado coste de la financiación de las campañas. Por otro lado, el sistema proporcional y nuestro intenso multipartidismo, con 33 partidos en liza, serían aspectos que impulsarían la participación y la elección de las mujeres.

En este contexto, con el imlpulso de países vecinos como México y Argentina, los grupos que luchan por los derechos políticos de las mujeres comenzaron a ensayar movimientos hacia la paridad.

Proyectos de ley como el 5250/2019, por ejemplo, prevén la paridad de género en las candidaturas al Senado. También en 2019 se presentó una propuesta, bautizada como «proyecto Marielle Franco» (concejala asesinada en 2018 en Río de Janeiro), para garantizar el 50% de escaños para las mujeres en todos los parlamentos brasileños.

Aunque el escenario brasileño nunca ha sido propicio para la aprobación de estas propuestas, nunca se habría esperado semejante reducción de los espacios. Dos años después, en junio de 2021, se discute el riesgo de aprobar el voto por distritos, con un cambio crucial para las mujeres: la garantía del 15% de los escaños en los parlamentos.

El absurdo del 15% para las mujeres en la política puede entenderse desde varios puntos de vista. Para empezar, este es ya el porcentaje actual de mujeres en el Congreso Federal. El bajísimo porcentaje es inferior al ya alcanzado en las elecciones locales. Después de las elecciones de 2020, las mujeres pasaron a ser, en promedio, el 16% de los concejales de las ciudades brasileñas.

Un segundo punto por destacar es que las reservas se convierten en techos, es decir, por experiencia, incluso con las cuotas, ya sabemos que, cuando no hay incentivos claros y bien establecidos para el cambio, los partidos mantienen sus ciclos de poder en torno a los líderes que ya están en el cargo. Reservar el 15% de las vacantes es condenar nuestro destino a mantener -y no ampliar- la presencia de las mujeres en la política.

Amenaza a los derechos ya conquistados

Finalmente, la decisión puede amenazar el avance obtenido recientemente por la coalición de diferentes movimientos de mujeres en la política, diputadas electas y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

En 2018, actuando en conjunto, se garantizó el 30% de la financiación pública de las campañas para las mujeres candidatas (en Brasil, las campañas políticas son financiadas por el Estado). Si hay algún cambio debido a la reforma política, este avance institucional, que fue responsable de parte del aumento observado en el número de diputadas electas en las elecciones de 2018 -pasaron del 10% de la Cámara Federal al 15%- puede verse amenazado.

El grupo de mujeres del Congreso, cuyo perfil es más conservador, siempre se ha caracterizado por no aliarse con las agendas de derechos sexuales y reproductivos, es decir, con el derecho al aborto. Ante esta imposibilidad en las últimas décadas, la labor del movimiento feminista, en gran parte, tuvo que volcarse a evitar una regresión en las permisiones legales para la interrupción del embarazo.

Sin embargo, tres agendas fueron más convergentes dentro de la bancada de mujeres: la garantía de la igualdad salarial; la prioridad y urgencia de combatir la violencia contra las mujeres (aunque con entendimientos distintos sobre las políticas públicas de contención y reducción) y, finalmente, la necesidad de aumentar la participación de las mujeres en los espacios políticos de poder. Esto último está estrechamente relacionado con las dificultades que encuentran las mujeres al ver cuestionado su poder simbólico en un entorno tan dominado por los hombres.

Hasta ahora se entendía que, en estos tres ámbitos, era posible establecer un diálogo convergente entre las diputadas conservadoras y progresistas que componen la bancada femenina. Sin embargo, el último movimiento, con la posibilidad de una reforma política que amenaza los reducidos y lentos avances logrados por las mujeres en casi un siglo de voto femenino, apoyado por varios de los conservadores, hizo necesario que el movimiento femenino caminara en otra dirección.

Una vez más, en lugar de dedicar horas a pensar en las estrategias más eficientes para recabar apoyos y conseguir votos que permitan alcanzar la paridad en el Congreso, fue necesario readaptar la estrategia a la contención, que en este caso significa evitar la reducción de espacios para las mujeres en la política, en disputa con las propias congresistas.

Académicos, congresistas, representantes del tercer sector, una vez más, tuvieron que reunirse con la nada fácil tarea de frenar un posible retraso. Mientras nosotros secamos el hielo, el progreso y la paridad siguen esperando, allá en el futuro que nadie sabe cuándo llegará.

Foto de Wilson Dias/Agência Brasil

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