Buscar
NEWSLETTER
Apóyanos

Una región, todas las voces

Haití: «entre la anarquía política y el caos social»

Por
Jerónimo Giorgi
-

El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, se ha dado en “un contexto político marcado por la anarquía y una sociedad sumida en el caos”, como lo define el analista político haitiano Joseph Harold Pierre. Un país donde las bandas criminales tienen más poder que la policía y donde el vacío de poder, con la muerte del presidente, se termina de apropiar de lo poco que quedaba del Estado más antiguo de América Latina.

El presidente fue asesinado a tiros en la madrugada del miércoles en su residencia en Puerto Príncipe por un grupo de sicarios extranjeros sin que de momento se conozca el o los autores intelectuales del crimen. Lo que sí se sabes es que el presidente contaba con una larga lista de enemigos, dentro y fuera de la política, debido a su comportamiento conflictivo. A esto se suma que la política haitiana se rige por códigos corruptos y criminales y que es el único mercado que funciona en la actualidad, por lo que los interese detrás del sistema político suelen ser mayores que en otros países de la región.

¿Cual es la situación política en Haití?

De momento, “Haití vive una calma aparente. La sociedad se encuentra en shock” explica Harold Pierre. La gente evita salir de sus casas y el primer ministro, Claude Joseph, que en los papeles no lo es, ha declarado el estado de sitio.

Desde el punto de vista político, según la constitución haitiana, cuando se da un vacío de este tipo por el fallecimiento o incapacidad del presidente, es el primer ministro quien tiene que asumir el cargo. Sin embargo, para ello el primer ministro tendría que ser ratificado por el parlamento, pero el país carece de uno. Esto, debido a que en enero del año pasado se terminó la legislatura sin que hubiera elecciones para renovar la Cámara de Diputados y el Senado debido a la crisis generalizada.

Además, el primer ministro, al no haber sido nunca ratificado por un parlamento, lo es de facto. Y para terminar de complicar la situación, “el primer ministro de facto, que en condiciones normales debería asumir la presidencia, fue revocado por el propio presidente el lunes pasado” y el recientemente nombrado primer ministro recién está conformando su gobierno y no ha asumido. Por lo tanto, para el analista político haitiano el país se encuentra ante la particular situación de tener dos primeros ministros, uno saliente y otro entrante y sin que ninguno de los dos cuente con las condiciones legales para asumir la presidencia.

¿Cómo se llegó aquí?

El origen del caos político actual se desató a partir de las elecciones del 25 de octubre de 2015. Tras una primera vuelta en la cual ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta se convocó a una segunda vuelta para el 27 de diciembre de 2015. Esta, sin embargo, fue pospuesta primero para el 24 de enero de 2016 y debido a los disturbios y enfrentamientos volvió a posponerse para el 24 de abril. Tras una tercera cancelación la elección se celebró en noviembre de 2016, con la victoria de Moïse.

Según la constitución haitiana, explica Harold Pierre, el mandato del presidente es de cinco años. Pero las sucesivas cancelaciones y el retraso de la asunción del presidente llevó a un debate entorno a la extensión de su mandato. Si bien se realizaron elecciones en 2015 y en 2016 el debate se desarrolló entorno a si se trató de una única elección o dos diferentes, lo cual establecería claramente la extensión del mandato. Sin embargo, las instancias que tendrían autoridad para dirimir la cuestión —el Tribunal Constitucional y el Consejo Electoral Permanente—, tampoco existen en el país, lo que llevó a una situación en la cual no se sabía si el mandato de Moïse había concluido o no.

En simultáneo a la profundización del caos político, “se produjo durante los últimos años una acelerada descomposición de la institución policial debido a una voluntad política expresa”, según el analista, con el objetivo de poder operar libre e impunemente. El vacío dejado por un sistema político en plena descomposición y una fuerza policial debilitada empezó a ser ocupado por las bandas criminales, lo que generó un acelerado aumento de los crímenes y la violencia. Esto en medio de una profunda crisis económica y sanitaria que ha azotado aún más a una sociedad de por si muy castigada.

Ante semejante panorama se presentan dos escenarios. El primero sería el de una oleada de violencia donde las bandas criminales, aprovechando el conflicto entre el primer ministro entrante y el saliente, aumenten su poder y terminen adueñándose del país. El segundo escenario sería el de la intervención de la comunidad internacional para participar en la resolución del conflicto, con un protagonismo de Estados Unidos. Sin embargo, es probable que la comunidad internacional, “que no termina de entender el problema haitiano”, según Harold Pierre, considere que el país no cuenta con las condiciones necesarias o con los actores apropiados para salir de esta situación.

¿Cómo salir de esta situación?

En una situación normal, se debería llamar elecciones presidenciales para este año. Sin embargo, la ausencia de consensos políticos mínimos, la grave inseguridad, la desconfianza en el gobierno y el hecho de que el organismo electoral no tiene capacidad legal ni logística hacen inviable el llamado a elecciones. Y de organizarse a la brevedad, probablemente esta exacerbaría el caos y la anarquía.

El país necesita una solución socio-política explica el analista, una concertación de los principales actores que incluya a los partidos políticos, el sector privado, las universidad y autoridades religiosas para que se pongan de acuerdo en seleccionar —no elegir— a las personas moralmente competentes para conformar un gobierno de transición hasta que se puedan organizar unas elecciones en condiciones aceptables. Y para garantizar este proceso, sería indispensable la presencia y el apoyo de la comunidad internacional.

La dramática situación a la cual ha llegado Haití se debe a la sumatoria de un sinfín de factores que no han permitido la consolidación de una democracia decente. Y en este marco, según Harold Pierre, “el problema fundamental del país ha sido el rechazo a toda cultura institucional” que le permita construir sus propios cimientos.

*Este texto está basado en una entrevista realizada a Joseph Harold Pierre: economista, politólogo y consultor internacional haitiano, experto en América Latina y El Caribe y estudiante doctoral en ciencia política en la Nottingham Trent University en Inglaterra.

Argentina renegocia la deuda de cara a las elecciones

Por
Gabriel Gaspar Tapia
-

Este es un año difícil para Argentina. La inmensa mayoría de la gente vive angustiada por las lamentables condiciones económicas y la dilatada campaña de vacunación. Mientras tanto, el gobierno ha logrado prolongar el pago de la deuda y sus consecuencias, y los partidos se preparan para las próximas elecciones parlamentarias de noviembre que podrían reconfigurar nuevamente el mapa político argentino. 

A fines de 2019, Mauricio Macri perdió las elecciones luego de que su gobierno naufragara por el derrumbe del peso, la inflación y la debacle de las cuentas nacionales. La solución a la debacle por aquel entonces fue un gigantesco préstamo concedido por el FMI que los ciudadanos reprobaron en las siguientes elecciones cuando le dieron la presidencia y vicepresidencia a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. 

Fernández llegó al poder con un peronismo reunificado, corroborando la máxima de que “el peronismo unido, jamás será vencido”. La mayoría de los diversos sectores del peronismo (algo que sólo los argentinos pueden entender) apoyaron la alianza que representaba Alberto Fernández y el kichnerismo. “Con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede”, fue la conclusión realista que sacaron los peronistas desde Jujuy hasta la Patagonia. 

Y entonces llegó el virus

Inicialmente, al Gobierno no le fue mal en materia sanitaria e incluso las autoridades “canchereaban” comparándose con sus vecinos.  Pero pronto el virus se expandió y la sociedad, acostumbrada a la socialización y a una intensa vida urbana, cayó bajo los rigores de la cuarentena.  El turismo —buen afluente de divisas— se desplomó, los estadios, cines y teatros cerraron y la convaleciente economía sufrió un mazazo.  

En 2019 el dólar llegó a valer alrededor de 50 pesos argentinos, mientras que hoy al cambio oficial está arriba de 100 y el llamado dólar “blue” pasó los 170.  La inflación aumenta mes a mes y la pobreza afecta a más del 40% de la población.  En este contexto, a finales de año se cumplían los primeros plazos para empezar a devolver los más de 45,000 millones de dólares del préstamo del FMI.

Ante semejante desafío, el gobierno representado por el ministro de Economía, Martin Guzmán, desplegó una ofensiva antes sus principales acreedores representados por el FMI y el llamado Club de Paris, y en ambos casos logró postergar los pagos para marzo del 2022.  Y es que evitar el default es vital para todos, y aquí empieza a jugar la política.

De cara a las elecciones

A pesar del punto a favor, todo indica que el oficialismo ha sufrido el desgaste. ¿Cuánto? ¿Afecta más al presidente que al kichnerismo?  ¿Seguirá unido el peronismo?  Diversos episodios evidencian las diferencias al interior del oficialismo. Cristina Fernández adelanta alfiles y ha posicionado a Axel Kiciloff, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, como presidenciable.

En la oposición, el gobernador de la capital, Rodríguez Larreta, le disputa la candidatura del PRO a Macri y mueve peones a la provincia de Buenos Aires (principal distrito electoral argentino). Los radicales también se animan y “conforme a reglamento”, los socialistas argentinos están divididos. 

Ante un escenario polarizado entre Larreta-Macri por la derecha y el kichnerismo en la otra punta, muchos se preguntan si entre Corea del Norte y Corea del Sur no sería conveniente una Corea del Medio. Sobre todo, de cara a las elecciones parlamentarias parciales del 14 de noviembre donde se elegirán a 127 de los 257 diputados y a 24 de los 72 senadores (las primarias serán el 12 de septiembre).   

Ante un escenario de estas características, es presumible que los acreedores accedieran a prorrogar la renegociación de la deuda esperando el resultado de las elecciones que serían un indicador del poder del gobierno y un anuncio de lo que podría pasar en la elección presidencial.  

Las incertidumbres de siempre

No todo es oscuro. Como el Papa es argentino y seguro tiene influencia arriba, los precios de la soya y otros granos se han disparado en los últimos meses y hoy la soya genera mas ingresos que la carne. Los chinos demandan en volúmenes chinos y Argentina es de sus principales proveedores, por lo que están entrando divisas y el Banco Central no está sufriendo tanto. 

En este contexto y con el objetivo de frenar el alza del precio de la carne, el gobierno decretó una veda a su exportación.  ¿Funcionará?  Los controles estatales no gustan a las calificadoras de riesgo y Argentina acaba de perder su calidad de país “emergente”, lo que repercutirá en el acceso al crédito.  De momento las acciones de las empresas argentinas están a la baja, especialmente YPF.

Para variar, las interrogantes no son pocas.  ¿Llegarán mas vacunas? ¿Serán efectivas ante la variante Delta?  ¿Se reducirá la inflación?  ¿Se estabilizará el dólar?  La angustia de los argentinos es entendible.

En medio de este deprimente panorama hay un aspecto a rescatar y es que a diferencia de gran parte de los países de América Latina, donde la ciudadanía ya no confía en los partidos políticos, en Argentina parecería que no está pasando lo mismo.  El debate político se sigue dando entre los partidos y con mecanismos para dirimir sus controversias, como las PASO. De momento, los argentinos al menos preservan su sistema de partidos.

Foto de Esteban Collazo – Presidencia de Argentina

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Amazonía: soberanía y derecho amazónico

Por
Eugenio Hernández-Bretón
-

Ocho países soberanos se reúnen en torno a la cuenca amazónica: La Amazonía; el corazón de América del sur. Esos ocho Estados, todos vecinos de la inmensa selva común, atravesada por los ríos que de todas partes fluyen al gran río madre, y que constituye la avenida del interior suramericano al Océano Atlántico, son los administradores de lo que para muchos es el pulmón del mundo. Junto a ellos hay, además, en una esquina de la Amazonía, un “territorio de ultramar” bajo la soberanía francesa.

La riqueza de la diversidad natural de la Amazonía no ha sido totalmente cuantificada ni tampoco evaluado su potencial para el desarrollo de los Estados vecinos. Es un territorio tan grande -de más de siete millones y medio de kilómetros cuadrados-  y de tan difícil acceso en muchas de sus partes que todavía se puede hablar de las «manchas blancas» en el mapa de la Amazonía y de poblaciones que la ocupan que probablemente todavía no hayan tenido contacto con la «civilización occidental». Poblaciones ubicadas en regiones que, en su mayoría, no se han podido incorporar a los procesos socio-económicos de los respectivos países de la zona y cuyo potencial turístico no se ha logrado descubrir todavía.  

Hace cuarenta años, mucho antes de que el debate de posiciones en torno a la Amazonía, el desarrollo sustentable, el cambio climático y el futuro del planeta y de la humanidad se hiciera tan público y global, y mucho antes de los horrorosos incendios de cientos de miles de hectáreas en el lado brasileño durante el 2018, los ocho países soberanos de la Amazonía suscribieron (el 3 de julio de 1978, Brasilia) el Tratado de Cooperación Amazónica («TCA»).

El potencial de desarrollo de la Amazonía

Los países ribereños se dieron cuenta de que el verdadero potencial de desarrollo racional de la Amazonía y la conservación de la ecología de la zona eran dos factores que se encontraban del mismo lado de la ecuación, y que no era posible alcanzarlos sin un esfuerzo conjunto y coordinado en el ejercicio de la soberanía territorial y sin la gestión alineada de las políticas de todos los Estados involucrados. Hubo, en ese momento, un sentimiento de responsabilidad compartida inherente a la soberanía de cada uno de los Estados amazónicos. La cooperación entre los Estados de la Amazonía habría de servir para facilitar el cumplimiento de esa responsabilidad, tal como lo dice el propio TCA.

Foto de Norad – Norwegian Agency for Development Cooperation

El desarrollo económico y social de la Amazonía ha sido, sin embargo, desordenado, a veces caótico, criminal y depredador de ese espacio de selva tropical, que es, además, generador de millones de litros de agua dulce día a día. No solamente está el caso brasileño ya mencionado, sino el caso dantesco del Arco Minero en la parte venezolana, o los grandes derrames petroleros en el área que corresponde al Ecuador, sin mencionar la cantidad de descargas contaminantes a los ríos tributarios del Amazonas y a este último. Aquí los afectados más directos son las poblaciones locales, más de 420 pueblos indígenas y comunidades, con el respectivo daño a las riquezas etnológicas del área amazónica. Los daños son irreparables y lo único que puede hacerse es prevenirlos.

Los países firmantes del TCA se dieron cuenta que los mejores deseos de cooperación indispensable para la protección y desarrollo equilibrado de la región son meras ilusiones si los compromisos entre ellos no se fortalecían. Por eso, veinte años después de firmado el TCA se firmó una enmienda de ese tratado. El Protocolo de Caracas de 1998,  que creó la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica («OTCA»), con personalidad jurídica propia, para así fortalecer los compromisos de cooperación asumidos. Fue un paso importante hacia la supranacionalidad de la Amazonía, como lo destacan los estudiosos contemporáneos, y desde 2003 funciona la Secretaría General de la OTCA en Brasilia.

El “Derecho amazónico”

A pesar de estos progresos, sin embargo, ha faltado lo que los autores más autorizados han llamado un verdadero «Derecho amazónico». Se trata de una normativa que establezca con mayor claridad y precisión los derechos de las poblaciones locales y de cada uno de los países de la región respecto de la Amazonía, incluidos la protección y conservación del medio ambiente, así como los correspectivos deberes de los Estados parte del TCA.

Es decir, hace falta la normativa amazónica. Pero a la par de ella, y con igual urgencia, es necesario que los Estados parte del TCA creen ellas mismas, dentro de la OTCA, las instancias vigilantes del TCA y del Derecho amazónico. Es decir, órganos de investigación y fiscalización, una policía amazónica coordinada, y un órgano u órganos de justicia amazónica, que conozcan de los reclamos por violación del Derecho amazónico —incluyendo por los daños al medio ambiente y a las poblaciones locales— y ante los cuales sean responsables, no solo los Estados por sus incumplimientos sino también los particulares por sus delitos ambientales.

La soberanía nacional individual no debe ser obstáculo, como tampoco lo fue en el pasado para alcanzar este resultado. Es la necesaria justicia ambiental amazónica la que se impone, y que además marcaría un ejemplo para el mundo. Se trata de un deber de solidaridad soberana de los países de la Amazonía con sus gentes y con los habitantes del planeta Tierra. Sería esto, al menos, un significativo paso en el desarrollo del difícil proceso de cooperación universal en materia de conservación de los espacios más delicados y más útiles para el presente y sobre todo para el futuro de toda la humanidad.

Foto de Neil Palmer/CIAT

Luciano Huck y la carrera presidencial brasileña

Por
Carolina de Paula
-

El 16 de mayo, el presentador de televisión Luciano Huck concedió una entrevista al periodista Pedro Bial en la Red Globo en la que afirmó que está oficialmente fuera de la carrera electoral de 2022. El principal motivo de su retirada sería el mantenimiento de su contrato con la TV Globo, asumiendo el principal programa de entretenimiento de la cadena carioca a partir del próximo año.

Curiosamente, en los días siguientes a la entrevista se pudo observar una razonable agitación entre los periodistas que se dedican a cubrir la política nacional. Como analista de encuestas y escenarios electorales, y motivada por el cuestionamiento de algunos de ellos sobre «el destino de los votos de Luciano Huck», evalúo que la retirada del presentador es bastante insignificante para las elecciones de 2022.

¿Qué revelan las encuestas?

Un error común al leer las encuestas es interpretarlas como una expresión fiel y consolidada de los deseos de los votantes. El error es aún mayor si no consideramos que para las próximas elecciones falta más de un año (octubre de 2022).

No es raro encontrar análisis, originados a partir de la divulgación de los porcentajes de las encuestas, en los que se afirma que la disputa por la presidencia está polarizada -entre el actual presidente Jair Bolsonaro (sin partido) y el expresidente Lula (PT)-, pero que aún hay espacio para una tercera vía, ya que la suma de todos los demás nombres presentados suma entre el 25 y el 30%.

Antes de abordar los problemas de este argumento, cabe señalar que la idea de «polarización» en el escenario electoral brasileño es bastante errónea. Equipara a un candidato de extrema derecha que ha estado desafiando día tras día las instituciones del Estado de Derecho democrático -cuestionando la equidad de las elecciones y señalando una posible no aceptación del resultado electoral- con un candidato de izquierdas que opera en el campo democrático y respeta las reglas del juego.

Dicho esto, comencemos a abordar el argumento relativo a la existencia de «un 25 a 30% de intenciones de voto para un candidato de una posible tercera vía». Si no recordamos que los escenarios estimulados (en los que el entrevistador dicta las opciones de nombres) son artificiales, acabamos convenciéndonos de este argumento.

Sin embargo, el escenario espontáneo, en el que el entrevistado no recibe las opciones de nombre por parte de los institutos, revela que en este momento, según la última encuesta de Datafolha (13/5), el 49% de las personas simplemente «no sabe» a quién votar. Lula lidera con un 21%, Bolsonaro anota un 17% y Ciro Gomes tendría un 1% de menciones espontáneas («otros candidatos», 2%; «en blanco/nulo/nada», 8%).

Así, parece que el principal mensaje de las actuales encuestas es la inexistencia de una «tercera vía» en la mente de los votantes. El presentador Luciano Huck, por ejemplo, no llega ni al 1%.

Incluso si ignoramos este elemento y empezamos a observar los escenarios artificiales, es decir, los estimulados, la situación tampoco mejora. Es cierto que hay una parte importante del electorado que no querría votar ni a Lula ni a Bolsonaro, pero lo que hay que tener en cuenta es la variedad de perfiles dentro de esta porción.

El análisis de microdatos de las encuestas actuales revela que este votante tiende a ser de centroderecha. Sin embargo, existe una amplia gradación en la escala de preferencias políticas vinculadas a las costumbres y la agenda económica de este segmento. Potencialmente en esta misma franja hay también un votante que estaría ideológicamente más a la izquierda de Lula y difícilmente votaría a un candidato de centroderecha. Así, la ilusión del «25 o 30% del candidato de la tercera vía» comienza a diluirse poco a poco.

La simplicidad de las interpretaciones que atribuyen a la clase política la mera decisión de elegir un nombre para representar la «tercera vía» abstrae la complejidad de este desafío. Olvida que el otro lado de la ecuación, es decir, el electorado que no desea votar ni a Lula ni a Bolsonaro, conforma un enorme mosaico de pretensiones y expectativas sobre el próximo presidente y su proyecto de país.

Difícilmente habrá un solo nombre capaz de aglutinar tantos intereses en torno a sí. La consecuencia de esto será de nuevo un escenario electoral en 2022 con varios candidatos, cada uno compitiendo por una parte del electorado.

Reconfiguraciones y posibles escenarios futuros

Ahora, podemos volver al punto inicial donde afirmo la insignificancia de la retirada de Huck. El anfitrión de Globo no cambia el escenario electoral actual porque no deja «legado» a ningún otro opositor, dada la heterogeneidad de preferencias que engendra esta porción del electorado. Además, el supuesto porcentaje de voto de Huck (4% según Datafolha) era artificial, ya que ni siquiera puntuaba en las encuestas espontáneas.

Los datos de las encuestas son importantes para orientar a los candidatos y a los partidos. También ayudan a identificar los rechazos, formar alianzas y definir los temas de la campaña. Sin embargo, nunca está de más recordar que hay reconfiguraciones en estos escenarios cuando las candidaturas se lanzan oficialmente y el votante deberá decidir entre nombres reales y no en especulaciones partidistas o incluso provenientes del mercado y los medios de comunicación.

La pandemia de Covid-19 sigue dominando las preocupaciones de los brasileños, y con razón. A estas alturas del partido, atribuir alguna importancia a la candidatura fallida de Luciano Huck es una quimera.

Foto de Força Aérea Brasileira FAB Comando da Aeronáutica (Brazilian Air Force)

¿Hay un divorcio entre Ciudad de México y AMLO?

Por
Alejandro García Magos
-

El resultado más sorprendente de las pasadas elecciones intermedias en México fue el aparente divorcio entre Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el votante de Ciudad de México (ahora rebautizada como CDMX). Más de la mitad de sus divisiones territoriales pasaron a manos de la oposición, pintando un mapa electoral de la ciudad partido en dos: al oeste la oposición, al este el oficialismo. La derrota en la capital del país fue dolorosa para AMLO por dos razones. Primero porque fue ahí donde su carrera política despegó, y segundo porque dejó malparada a su ahijada política y actual alcaldesa Claudia Sheinbaum.

Su reacción fue de incredulidad primero y de negación después. ¿Cómo es posible que la ciudad que piensan de izquierda votó por partidos de derecha? Ello demuestra que no saben dónde están parados: la CDMX no tiene vocación de izquierda sino de oposición.

AMLO se debe a CDMX

Para empezar, hay que señalar la importancia de la CDMX en la carrera política de AMLO. Fue en la capital donde el hoy presidente cursó sus estudios de licenciatura en Ciencia Política, y fue ahí donde llegó de su natal estado de Tabasco con su familia en 1996 a presidir el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), su primer cargo con proyección nacional. Desde esa posición construyó su candidatura a la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal (DF) en 2000, sin contar el requisito de residencia de cinco años, todo hay que decirlo.

Ya instalado en la Jefatura, desde el primer día de su administración utilizó los reflectores y los recursos de la oficina para posicionarse políticamente con miras a la presidencia. Su estrategia fue sencilla: pelearse todos los días con el gobierno federal del derechista Partido Acción Nacional (PAN) encabezado por Vicente Fox (2000-2006), así fuera por nimiedades como por ejemplo el horario de verano.

De esa forma, AMLO transformó la Jefatura de Gobierno del DF en la cabeza de playa de la oposición al gobierno federal. El punto de confrontación más álgido entre los dos niveles de gobierno se dio en 2005 cuando Fox intentó torpemente apear de la carrera presidencial a AMLO. La ciudad entonces arropó a su alcalde y le brindó su apoyo con movilizaciones masivas que obligaron a Fox a dar marcha atrás.

Pero AMLO pagaría con ingratitud. Tras perder las elecciones de 2006 contra Felipe Calderón, acusó fraude y mandó a sus seguidores a bloquear Avenida Reforma como medida de presión para cancelar las elecciones. De la noche a la mañana la avenida más elegante de la capital fue taladrada con mazos y picas para montar tenderetes donde sus partidarios hacían guardias para forzar el quiebre del orden constitucional. Las pérdidas económicas para empresarios, comerciantes, empleados y restauranteros de la zona se calcularon entonces en 7 mil millones de pesos y despido de más de tres mil trabajadores.

Llegarían las elecciones presidenciales de 2012 y la ciudad le perdonó a AMLO el exabrupto de 2006 volviendo a votar masivamente por él. En aquella ocasión venció en la ciudad por dos a uno en votos al candidato triunfador de la elección, Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pero qué creen: AMLO volvió a acusar fraude, aunque esta vez la diferencia en votos no le dio la fuerza para llevar a cabo movilizaciones como en 2006.

La historia de AMLO y la CDMX no terminaría ahí. En 2014 fundó en la capital su propio y personal partido, el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), con el que arrasó en las elecciones de 2018, no sólo en la ciudad sino en el país entero. Nótese que MORENA es un partido creado en la CDMX, no en Tabasco ni en ningún otro estado de la república.

La pérdida de la CDMX

Todo lo anterior explica porqué fue tan dolorosa la pérdida de espacios en la capital para AMLO, y porqué lleva semanas injuriando a las clases medias capitalinas por darle la espalda. Le mueve no sólo el orgullo herido sino también el cálculo político: la candidata presidencial in pectore de MORENA rumbo a 2024, la alcaldesa Sheinbaum, salió muy perjudicada con los resultados electorales.

Sheinbaum es una política de estilo frío y académico que contrasta con la rijosidad y sangre caliente del presidente, pero quien se ha ganado su afecto por su lealtad absoluta, algo que el presidente valora por encima de todo. Los resultados, sin embargo, mostraron que su delfinato y entronización no son tarea fácil.

El problema de AMLO y Sheinbaum es que se niegan a ver la realidad. Tantos años en el poder les han hecho creer que la ciudad es “de izquierda”. Se equivocan, la CDMX tiene vocación de oposición. AMLO y Sheinbaum confunden una cosa con la otra.

Esta vocación opositora no es nueva, además. Durante la época del autoritarismo del PRI en el siglo veinte, la ciudad siempre fue el bastión de los partidos opositores, tanto de derecha como de izquierda. Ya en el año 1976 durante el apogeo del PRI los votos para la oposición en la CDMX era el triple que la media nacional. Lo mismo se puede decir después de concluida la transición democrática (1976-1996).

Los gobiernos del PRD de Cuauhtémoc Cárdenas (1997-2000), AMLO (2000-2005), Marcelo Ebrard (2006-2012), y Miguel Mancera (2012-2018) fueron siempre vistos como “gobiernos de oposición” (un oxímoron de uso corriente en México). Estos gobiernos contaban con el apoyo de una ciudadanía citadina que veía en ellos un contrapeso saludable al gobierno federal del PAN y más tarde del PRI. ¿Por qué tendrían que ser las cosas distintas ahora?

Con los resultados del pasado junio, la CDMX vuelve a ser el epicentro de la oposición al gobierno federal. Esta nueva realidad ha sido muy difícil de aceptar para AMLO, quien al día de hoy se considera a si mismo un opositor al poder de las élites. Su problema es que la gente, y en especial los capitalinos, cada día le ven menos como un opositor y más como lo que es: una autoridad. Una autoridad, además, dicho sea de paso, que ofrece mucha política, pero pocos resultados.

Las angostas cornisas de Pedro Castillo

Por
Luis Pásara
-

El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, parece haber vencido los múltiples obstáculos interpuestos por Keiko Fujimori, perdedora en la segunda vuelta de las elecciones del 6 de junio. Una vez sea proclamado ganador por el organismo electoral, tras una apretada victoria por apenas cuarenta mil votos entre casi 19 millones de votantes, Castillo deberá tomar posesión del cargo el 28 de julio cuando el país conmemore el bicentenario de su independencia. A partir de allí, el nuevo presidente deberá enfrentar los considerables desafíos que le esperan para los cinco años de mandato.

Mientras tanto, a tres semanas de su derrota, la oponente —hija del dictador Alberto Fujimori condenado a 25 años de prisión por corrupción y violaciones de derechos humanos— no ha reconocido la victoria de Castillo. Keiko Fujimori sostiene que un fraude la ha perjudicado, continúa organizando marchas de protesta —que ya han ocasionado un muerto entre sus adversarios— y ha interpuesto múltiples recursos sin pruebas que no han tenido efecto. Estados Unidos, la Unión Europea y observadores internacionales han destacado la transparencia de los comicios.

Los desafíos de Castillo

Castillo, sin embargo, debe prepararse para una fase mucho más dura, cuando se le abran varios frentes en un cuadro social donde se multiplican demandas que exigen solución. Actualmente, varios conflictos sociales afectan a diversos sectores de la sociedad, pero principalmente a las industrias extractivas. En mayo de este año, la Defensoría del Pueblo identificaba 191 conflictos, que acaso se incrementen alentados por la llegada del nuevo gobierno.

En primer lugar, el mandato de Castillo es legítimo, pero con el respaldo de 50,1% del electorado resulta insuficiente para emprender una gran transformación. En segundo lugar, el partido que lo presentó como candidato adhiere a un marxismo-leninismo conservador en materias como familia y género, y mantiene un programa anacrónico. Y en tercer lugar, la primera vuelta electoral definió que haya diez partidos ocupando escaños en el Congreso. En este marco, encabezar el Poder Ejecutivo no será suficiente para llevar a cabo un cambio radical.

Pedro Castillo lo sabe. Es un hombre de origen humilde, profesor y evangélico que proviene de un pequeño poblado andino donde trabajó hasta ahora. Y es que en doscientos años de vida independiente, el país nunca vio llegar a la presidencia un hombre con ese perfil.

Castillo se fogueó como dirigente sindical del gremio magisterial y, cuando se decidió a entrar en política, pretendió formar un partido sobre la base de los maestros del país, que son más de medio millón. La tarea de recoger firmas, a fin de inscribir el partido ante las autoridades electorales, se vio interrumpida en 2020 por las restricciones impuestas por la pandemia. Fue entonces cuando dirigentes de Perú Libre —partido regional del centro del país que cuenta con inscripción electoral— le ofrecieron la candidatura ya que el fundador del partido y candidato a aspirar al cargo acababa de ser condenado por la justicia debido a su mal manejo de fondos públicos.

Los fantasmas del comunismo

Al ideario radical de Perú Libre se sumó la participación de maestros vinculados al MOVADEF —agrupación que busca por vías legales aquello que se propuso alcanzar con las armas el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso—, lo cual provocó que los principales medios identificaran a Castillo con el comunismo. Esto sembró la idea de que de ser elegido el país se convertiría en una Venezuela.

Pese a que la campaña a favor de Keiko Fujimori se nutrió del miedo al comunismo y del desprecio por el maestro campesino, la mayoría terminó escogiendo al candidato que más se les asemejaba.

“El profesor” no esconde sus limitaciones y se ha refugiado en discursos que abundan en generalidades. De allí que algunos comentaristas coinciden en señalar que no se sabe qué hará en el cargo. No obstante, en mayo presentó un plan de gobierno para los primeros cien días que evita radicalismos pero mantiene la necesidad de revisar los contratos que otorguen tratamientos excesivamente favorables a las explotaciones mineras y gasíferas.

¿Cómo será la bancada oficialista?

El reciente acercamiento de asesores de la izquierda educada ajenos a Perú Libre, ha tonificado las definiciones del futuro gobierno y ha dado lugar a ciertos forcejeos con los líderes del partido, lo cual adelanta otro frente a la interna del gobierno.

La fisura probablemente se replique en la representación parlamentaria de Perú Libre que cuenta con 37 congresistas sobre un total de 130. Al parecer, una porción de ellos fue seleccionada por el propio Castillo y otra por la dirigencia de Perú Libre, por lo tanto, en las próximas semanas se podrá saber si el gobierno cuenta con una bancada propia o surgirán las divisiones.

Si los 37 congresistas actuaran unificadamente, probablemente se les sumarían otros 13 de la izquierda y el centro que en conjunto no alcanzarían a una mayoría. La derecha, en tanto, contaría con, cuando menos, tres fuerzas que suman 44 congresistas. Otros tres grupos, con 36 parlamentarios, probablemente se dividan o pacten con la derecha o con la izquierda según sus conveniencias.

Castillo tendrá que hilar muy fino para, de un lado, mantener unida a la bancada de Perú Libre y, de otro, contar con la flexibilidad necesaria para pactar con las fuerzas que muestren apertura a acuerdos circunstanciales. Si no lograra caminar por esa angosta cornisa, el Congreso podría aprovechar cualquier paso en falso para vacar la presidencia.

El empresariado es el otro gran desafío

Un frente adicional es el empresarial. Aunque desde este sector ha habido apoyo financiero para las campañas de miedo al comunismo, el realismo se impuso a partir del domingo 27 cuando un editorial del conservador diario El Comercio dijo ‘basta’ a los reclamos infundados de fraude de Fujimori.

El anuncio de Castillo el día anterior de que había pedido al actual presidente del Banco Central, Julio Velarde, permanecer en el cargo parece haber sido decisivo. El presidente electo afirmó además: “No somos chavistas, no somos comunistas, no le vamos a quitar sus propiedades a nadie, es falso. Somos democráticos, respetaremos la gobernabilidad, la institucionalidad peruana”. La cotización del dólar descendió y la Bolsa de Valores de Lima se reanimó.

En esta semana parece haberse producido un divorcio entre los intereses empresariales y las ambiciones políticas de quienes se acreditaban su representación. Más realistas los primeros, parecen haber aceptado la victoria de Castillo y estar preparándose para convivir con el nuevo gobierno.

Pero, claro está, será una aceptación condicionada. En particular, los empresarios pondrán atención al maneje del gobierno de los conflictos sociales y a la búsqueda de soluciones que sean aceptables por los reclamantes y, al mismo tiempo, no alarmen a los mayores intereses económicos. Esta será otra angosta cornisa a recorrer por un gobierno cargado de desafíos.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Chile: de la revuelta a la Convención

Por
Victor Tricot
-

La movilización popular sin precedentes, iniciada en la revuelta de octubre de 2019, es la principal responsable de que el domingo 4 de julio se inicie en Chile una Convención Constitucional que confeccionará una nueva carta magna para el país. Ese día, comenzará un derrotero que en poco más de un año puede dejar la constitución redactada durante la dictadura cívico militar como un recuerdo del terrorismo de estado de Pinochet.

La tradicional pulsión institucionalista de la elite política logró canalizar —parcialmente— el fervor popular en el acuerdo por la paz del 15 de noviembre de 2019 que planteaba una hoja de ruta donde, mediante sucesivas elecciones, se otorgaba la posibilidad de cambiar la constitución. De esta manera, se intentaba otorgar legitimar a un sistema que se vio interpelado desde las calles.

¿Cómo estará integrada la Convención?

Que exista una institución participativa de estas características y con este objetivo, ya de por sí es novedoso e histórico en Chile. Esta Convención será, por primera vez en la historia, paritaria, con prácticamente igual representación de hombres y mujeres, y ofrecerá, también por primera ocasión, representación propia a los pueblos indígenas mediante escaños reservados. Además, tendrá el nada despreciable atributo de ser la primera constitución construida de forma colectiva y aprobada o rechazada de manera democrática en las urnas.

El próximo 4 de julio, más allá de las discusiones técnicas en cuanto a la conformación del reglamento que regirá la Convención, comisiones, presidencia u otros, se iniciarán diversos debates y muy probablemente comiencen a visualizarse los bloques y la correlación de fuerzas dentro de la Convención. En este marco, surgen diversas temáticas que sin duda serán relevantes y concitarán gran parte del debate y dinámica política en la constituyente.  

La paridad de género es un hito sin duda. Desde la discusión en el congreso para decidir la conformación de la Constituyente, la distribución paritaria de los curules se convirtió en un anhelo que se vio coronado finalmente con su aprobación. La Convención está conformada en la actualidad por 77 mujeres de los 155 convencionales posibles. Esto no es casual, ni representa la buena voluntad de los legisladores o una particular habilidad de cabildeo en el parlamento, sino que es la resultante de una movilización feminista constante, con presencia en múltiples escenarios y con repertorios de actuación diversos durante décadas.

Foto de pslachevsky en Foter.com

El desafío, es que esta representación se vuelque en la conformación de propuestas concretas que garanticen o plasmen en la constitución demandas del movimiento feminista como la igualdad y la no violencia contra las mujeres, entre otras.  Esto no será fácil mientras las voces conservadoras insistan en los perjuicios de la “ideología de género”.

Por su parte, los pueblos indígenas contarán con 17 representantes propios, no mediados por partidos políticos, en la Convención. De estos, siete corresponden al pueblo mapuche, dos al aimara y el resto a los demás pueblos originarios presentes en el país que cuentan con un representante cada uno.

Con el reconocimiento constitucional como base mínima sobre la cual empezar cualquier discusión, queda por verse que otras demandas históricas del movimiento indígena logren ser contempladas en la nueva constitución. Algunas de ellas son los derechos colectivos que tienen en cuenta los estándares internacionales vigentes en torno al territorio, la autonomía, la autodeterminación o incluso la demanda que se ha instalado con fuerza de reconocer a Chile como un estado plurinacional.

Esta disputa tampoco será fácil. Por lo tanto, habrá que ver si los representantes indígenas logran trabajar de forma mancomunada, más allá de diferencias específicas. En este sentido, los Constituyentes mapuches plantearon una propuesta de criterios mínimos para la conformación de la Mesa Directiva de la Convención para que esté presidida por una mujer y para que sea paritaria, plurinacional y rotativa.  

Las temáticas de la constituyente

La defensa del medio ambiente, las luchas territoriales contra las industrias extractivistas y el acceso al agua como derecho fundamental serán otras de las temáticas centrales llevadas a la convención por parte de los constitucionales. En este sentido, una declaración firmada por poco más de treinta convencionales electos plantea el compromiso de elaborar una constitución ecológica que consagre los derechos a la naturaleza, el “buen vivir” y la soberanía alimentaria entre otros puntos.

Por último, queda ver el rol que asumirán las decenas de independientes electos. Más allá de la estéril discusión de los partidos políticos en cuanto su imperativo existencial para una democracia de calidad, la realidad es que en la elección Constituyente abrió el tablero de posibilidades, obliterando de paso todas las predicciones previas a la elección.

Gran parte de estos, no todos, reunidos en lo que se conoce como la Vocería de los Pueblos, firmaron recientemente una declaración esbozando algunos lineamientos políticos generales que consideraban relevantes, como la soberanía de la Convención, la demanda de poner en libertad a los presos políticos existentes en el país, o la reparación a las víctimas de la represión, entre otras temáticas.

El escenario está abierto y las interrogantes son muchas aún. La inauguración de la Convención será en unos días y falta aún decidir acerca de la transparencia de las sesiones plenarias y de las comisiones. Tampoco se ha decidido si la Convención sesionará en alguna otra región aparte de la capital, si se deberían excluir de las votaciones en las que haya conflicto de intereses a los Constituyentes implicados, o la obligatoriedad de rendir cuentas ante los territorios que los eligieron entre otras muchas facetas pendientes que se irán dirimiendo a partir del 4 de julio.

Si hay algo que sí podemos afirmar con certeza es que el seísmo que implicó para el sistema político el salto de un torniquete por parte de los estudiantes, provocó un proceso constitucional que realineará las placas tectónicas de la política chilena.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de pslachevsky en Foter.com

Relaciones China-Brasil: reflexiones sobre un centenario

Por
Mauricio Santoro
-

El 1 de julio, el Partido Comunista Chino celebra el centenario de su fundación. China es el mayor socio comercial de Brasil, destino de más de un tercio de las exportaciones nacionales, pero en el país se debate poco sobre los impactos del sistema político de la nación asiática en las relaciones sino-brasileñas. El centenario del partido es una ocasión importante para reflexionar sobre el tema.

El Partido Comunista es el fruto de muchas corrientes distintas de pensamiento político: el marxismo y la Revolución Rusa de 1917, pero también la efervescencia del Movimiento del 4 de Mayo de 1919, una de las principales fuentes de renovación cultural china en el siglo XX.

Es heredero de una serie de intelectuales y grupos que trataron de fortalecer a China a lo largo del «siglo de humillaciones» de las intervenciones y ocupaciones extranjeras, desde la Guerra del Opio (1839) hasta la revolución de 1949. Estos antecedentes -más plurales de lo que se suele suponer- ayudan a comprender el papel que ha desempeñado el partido en el impulso del desarrollo chino desde el inicio del proceso de apertura y reforma de Deng Xiaoping en 1978.  

Cuando Jiang Zemin era secretario general (1989-2002), el partido adoptó la doctrina de las «tres representaciones», según la cual representa los intereses de la mayoría de la población china, el desarrollo de las fuerzas productivas avanzadas y la orientación de la cultura superior.

En términos prácticos, se trata de una formulación más inclusiva que la ortodoxia marxista, que permite la incorporación de los empresarios y una visión orientada a la potenciación nacional más que a instigar la lucha de clases.

Desde el inicio del gobierno de Xi Jinping (2012) se ha hecho mayor hincapié en el papel del partido en la supervisión de la labor del sector privado, con un mayor control sobre las empresas y una mayor atención a problemas sociales como la desigualdad, la pobreza y la preservación del medio ambiente.

Sin embargo, la visión a largo plazo sigue siendo que la misión del Partido Comunista es promover el desarrollo de China y volver a convertir al país en una gran potencia, respetada internacionalmente.

Los líderes del partido hablan de ser una «sociedad moderadamente próspera», es decir, un país que ha escapado de la trampa de la renta media y ha alcanzado una buena calidad de vida, aunque no a la misma escala que una nación rica. Los hitos de este proceso son dos centenarios: 2021 y 2049. Los aniversarios de los 100 años de la fundación del Partido y de la revolución comunista.

Implicaciones para Brasil

Brasil sigue teniendo el reto de formar una generación de expertos en China, con dominio del idioma, comprensión de la cultura y experiencia del país. Se trata de un proyecto a largo plazo, que se ha visto obstaculizado por la escasez de recursos para la investigación científica.

Gran parte de los conocimientos sobre temas chinos que se consumen en el país proceden de fuentes de Estados Unidos y Europa, y a menudo llevan la huella negativa de los conflictos chino-occidentales de los últimos años, las disputas sobre el comercio, los derechos humanos y las cuestiones militares.

Es difícil para los brasileños identificar cuáles son sus propios intereses nacionales en su diálogo con el Partido Comunista de China y qué es simplemente un reflejo de las preocupaciones en boga en Washington, Berlín, París o Pekín.

Sin embargo, esta reflexión es cada vez más necesaria. La diplomacia del partido chino ha ganado en importancia y ya no se limita a los grupos marxistas o de izquierda. También abarca a los conservadores, a los liberales, a todo el espectro ideológico.

El Partido Comunista Chino ya no busca exportar su modelo ideológico, como lo hizo en el periodo maoísta, sino que busca afirmar la legitimidad de su trayectoria nacional, contar su versión de los hechos y defenderse de las críticas.

Esta agenda tiene muchos puntos de convergencia con sus homólogos brasileños, como la identificación de oportunidades de comercio e inversión, iniciativas medioambientales como la lucha contra el cambio climático, la cooperación educativa y científica, y visiones sobre el desarrollo. Otros puntos merecen precaución, especialmente cuando implican conflictos con otros importantes socios brasileños, como Estados Unidos y la Unión Europea.

Estas conversaciones son también una buena ocasión para que los actores sociales brasileños reafirmen el compromiso de Brasil con la resolución pacífica de los conflictos, el respeto al derecho internacional y a las normas de las organizaciones multilaterales, en temas tan diversos como las disputas comerciales, los conflictos fronterizos o los conflictos sobre derechos humanos.

La pandemia ha demostrado la importancia fundamental de China para Brasil, desde el comercio exterior hasta la obtención de suministros médicos contra el coronavirus. También ha demostrado que la relación sino-brasileña se ha convertido en objeto de controversias partidistas, tensando los entendimientos entre ambos gobiernos.

En este contexto, es especialmente importante que los brasileños -en la administración pública, las empresas y las universidades- profundicen en la investigación y la reflexión sobre el papel del Partido Comunista en el Estado chino. Sólo con conocimiento e información será posible hacer frente a estas crisis.

Foto de Isac Nóbrega/PR

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Emisiones Cero: Una encrucijada para América Latina

Por
Leonardo Stanley
-

La comunidad científica nos plantea la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) e impedir que se sigan acumulando gases en la atmósfera. ¿Como resolver la situación? ¿Quien debería liderar el proceso de transición?

Inicialmente la mayoría de las iniciativas se centraron en los mercados con el diseño de mecanismos de incentivos, fijando un precio a las emisiones de carbono, para así estimular la búsqueda de fuentes renovables. Independientemente de las intenciones y más allá de los mecanismos instaurados, las emisiones continuaron creciendo. La industria petrolera siguió expandiéndose, aproximando al planeta a una situación límite.

Algo debería hacerse, y de forma inmediata. La comunidad científica planteó un cambio de enfoque y comienza a popularizarse la idea de mantener las reservas en el subsuelo. En función de ello, resulta imprescindible limitar las tareas de prospección y explotación petrolera y asociarlas a un “presupuesto de carbono” – esto es, una cantidad determinada que un país, sector o ciudad, aún tiene para emitir GEI en un periodo de tiempo sin que ponga en riesgo la consecución de la meta de mantener un aumento de temperatura inferior a 1.5°C o 2°C. 

A nivel global, hablamos de un stock de carbono de 460 gtC02, lo remanente del “presupuesto del carbono” si el objetivo es mantener el aumento de temperatura por debajo de los 1.5°C. Al ritmo  actual de emisiones anuales (flujo : 41,5 gtC02), el citado presupuesto se agota en aproximadamente 11 años. Por eso la urgencia, sino las consecuencias resultarían irreversibles. Esto plantea la necesidad de un Estado que avizore los límites y que estimule la transición.

Durante mucho tiempo los líderes globales hicieron caso omiso del planteo de la comunidad científica y fueron sordos ante el llamado a la acción por parte de los jóvenes. Pero los riesgos que genera el calentamiento global son palpables. Ello explica el comportamiento de las compañías aseguradoras, que presurosas deciden abandonar “el barco del carbón”.

Los inversores también reaccionan presionando a las petroleras para que implementen planes de reconversión para que sus activos (acciones) no resulten afectados por la “burbuja del carbón”. Dicha burbuja se asocia a la idea de activos varados (stranded assets), y es la contra-cara financiera del riesgo previamente descripto. En la medida que nos acercamos al límite del presupuesto, mayor es el interés de los accionistas por abandonar su posición en la industria, lo que se ve reflejado en una venta acelerada de acciones.

Pocos creían en el peso del activismo en 2011, cuando por primera vez se escuchaba el reclamo por desinvertir en los campus universitarios estadounidenses. La idea de “dejar las reservas en el subsuelo” resultaba utópico, imposible. Tampoco la ecuación económica resultaba auspiciosa para los recursos renovables, lo cual forzaba al Estado a otorgar generosos subsidios al sector para así volverlo competitivo frente a los combustibles fósiles. Y las compañías petroleras se encontraban legalmente “blindadas”, independientemente del origen de la demanda, ya que la justicia siempre fallaba a su favor.

Un cambio acelerado

Todo está cambiando rápidamente. El activismo se ha diseminado entre los inversores y las energias renovables resultan mucho más baratas, al tiempo que las petroleras empiezan a sentarse en los banquillos de los acusados. Esto no hace más que acelerar la transición, lo cual acerca la industria al abismo financiero y a que los inversores vean sus activos desvalorizados.

El pasado mes de mayo, la Agencia Internacional de Energía (IEA) publicó un informe destacando la necesidad de abandonar todo proyecto para así cumplir con los compromisos pautados. A fin de lograr una baja pronunciada en el nivel de emisiones, se deben abandonar las tareas de prospección y exploración en lo inmediato. La publicación generó un shock, un “golpe a la mandíbula” a la industria petrolera.

A fin de avanzar con la transformación y asegurar el cumplimiento de las metas (cero emisiones netas para el año 2050), Carbon Tracker destaca la necesidad de transparentar las acciones de las compañías.

Pero esto no es todo. El pasado 26 de mayo, una corte holandesa determinó que Royal Dutch Shell era plausible de condena, pues sus operaciones tradicionales (producción, distribución, comercialización) habían agravado el problema de cambio climático. La corte sostiene que los actores no-estatales como las empresas petroleras también resultan agentes responsables. La condena obliga a la petrolera a trazar un plan de transición más ambicioso y aumentar el recorte de emisiones originalmente prometido. Esta condena puede generar una reacción en cadena de proporciones mayúsculas.

¿Las petroleras comienzan a readaptarse?

El impulso por el cambio también llega a los boards de las grandes empresas petroleras, como lo demuestra la reciente reunión de accionistas de Exxon Mobil, donde un grupo terminó imponiendo un plan de adecuación más ambicioso a la compañía. Mientras algunos inversores adoptan una actitud activa, otros directamente se abstienen de participar, por lo que día tras día son más los fondos de inversión que deciden dejar de financiar la industria petrolera.

Recientemente también se conoció un informe de Naciones Unidas, que destaca los efectos nocivos que conlleva la emisión de gas metano en la atmósfera. A diferencia del dióxido de carbono que se mantiene por cientos de años, el metano perdura poco tiempo, aproximadamente una década, aunque resulta mucho más peligroso. Según el panel intergubernamental de expertos en cambio climático IPCC (siglas en inglés) el efecto del metano sobre el calentamiento del planeta resulta 86 veces más fuerte que el generado por el CO2, por lo que el metano es considerado como un “carbono con esteroides”. Por ello, y a fin de reducir rápidamente el calentamiento global, un creciente número de expertos sugiere abandonar también los proyectos gasíferos.

Paso a paso, el lobby climático va ganando fuerza. No sólo en las calles, sino también en las salas de reuniones y en los despachos de justicia. Todo ello debería hacer sonar la alarma y preocupar a quienes siguen apostando por la explotación petrolera en América Latina. Esto conlleva un tremendo desafío económico, pero también un riesgo financiero. Resulta urgente repensar cuales son los sectores que podrían generar divisas y como reinsertar esta região en el mundo.

Desconocer el problema y seguir invirtiendo en un sector destinado a desaparecer no haría más que agravar la crisis que inexorablemente debemos enfrentar.

Foto de freakyman en Foter.com

Coordenadas para despertar de la pesadilla brasileña

Por
Fabricio Pereira da Silva
-

Coautor Danilo Uzêda da Cruz

Para entender el Brasil de hoy y los peligros que se avecinan, es esencial considerar el avance del autoritarismo. No se puede entender este fenómeno sin tener en cuenta el golpe de Estado de 2016 y los años de «lavajatismo», la deconstrucción de las instituciones y las políticas sociales, el socavamiento de la Constitución de 1988 y el tratamiento criminal de la pandemia de Covid-19.

En este contexto, la suspensión de las condenas del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y la sospecha del exjuez Sergio Moro definidas en el Tribunal Supremo sirvieron para empezar a reescribir la historia de aquellos años, pero sobre todo para establecer alguna vía de escape para salir de esta pesadilla.

La tercera vía y el falso mito de la polarización

Damos por sentado que no existe una «tercera vía». Por una razón muy sencilla: la polarización que el llamado «centro» y los grandes medios de comunicación pretenden promover entre una «extrema izquierda» y una «extrema derecha» no existe. Y es que si el presidente Jair Bolsonaro es efectivamente de extrema derecha (cercano al fascismo), Lula está lejos de cualquier extremo. De hecho, está más cerca del centro, y mientras escribimos estas líneas el ya candidato continúa su agenda de reuniones con partidos conservadores, líderes neopentecostales y expresidentes.

Nunca hubo nada que temer de Lula, y toda la mistificación que rodea el tema sólo demuestra la incapacidad de las élites brasileñas de renunciar siquiera a una migaja de sus privilegios.

Si un candidato ya es de centroizquierda y se mueve decididamente hacia el centro, no hay «tercera vía» posible. Sólo hay dos candidatos viables y, en condiciones normales, Lula ganaría fácilmente.

La cuestión es que estamos muy lejos de las condiciones normales: estamos en un país colapsado, en el que no queda mucho de las instituciones democráticas. Y en el que Bolsonaro ya anuncia que si pierde será por fraude.

En este contexto, lo ideal es que el gobierno no se acabe, lo que evitaría más deconstrucciones y muertes democráticas. Hay razones para docenas de impeachments. Sin embargo, sabemos que Bolsonaro conserva parte de su popularidad, el apoyo de los sectores armados legales e ilegales, una base parlamentaria debidamente rentada y un Fiscal General aliado y silencioso. A pesar de las crecientes protestas, es poco probable que se produzca una destitución. Así que, por ahora, vamos a ocuparnos de 2022. 

El lulismo en un contexto peor

Es importante reconocer los errores y los límites del período lulista y, principalmente, advertir sobre las dificultades que enfrentará una nueva etapa del lulismo si está marcada por el «pasadismo». Vivimos en otro Brasil comparado con el de hace veinte años. En muchos aspectos, un Brasil mucho peor: precario, individualista, cínico, endurecido, convulso. 

Si pretende reeditar el pasado glorioso de un Brasil que ya no existe, el lulismo puede a lo sumo bloquear el bolsonarismo, el desmantelamiento del Estado y de la democracia, mientras lucha por completar su mandato. Esto no sería poco.

Detener la degradación, la necropolítica y el genocidio es el primer paso fundamental. Pero será difícil tener condiciones estructurales para relanzar cualquier proyecto de futuro. Esto sólo sería posible con una renovación de las bases, nuevas políticas públicas, una política de «frente amplio» de partidos y movimientos sociales, un relanzamiento de la participación social. Y lo principal: con mucha gente en la calle. ¿Todavía hay tiempo? 

Algunas cuestiones siguen pesando sobre nuestros hombros y están en el menú político de la izquierda, en particular del lulismo como práctica. Las alianzas con las oligarquías regionales, conservadoras y fraccionadas; un modelo de desarrollo contradictorio, basado en una confusa (e inviable) idea de consenso entre sectores históricamente desiguales; y unas prácticas internas autoritarias, que fueron causas de un paulatino declive de la izquierda como opción política para las masas.

La cuestión central es que esta dificultad para dialogar con otras matrices políticas del campo de la izquierda no sólo aisló a la izquierda del partido del resto de la sociedad, sino que también abrió espacio para que el pensamiento y la práctica conservadores ganaran terreno para avanzar.

Crecieron en el vacío de proyecto que dejó la izquierda, demasiado preocupada por el pacto de gobernabilidad o por el gobierno de coalición, que al final resultó no tener sentido ante el golpe. Aquí es donde estamos atascados, inmersos en una pesadilla colectiva. 

Dos problemas: los militares y Washington

Más allá de las necesarias revisiones del proyecto, hay que tener en cuenta los obstáculos que puedan surgir. En primer lugar, el factor militar, y esto en concreto implicará dificultades para que la izquierda sea elegida, tome posesión y gobierne. Estamos en un gobierno militar: de las fuerzas armadas, la policía y las milicias. Estos sectores armados no aceptarán dejar el gobierno fácilmente. Podemos esperar acusaciones de fraude, disturbios y violencia policial contra los manifestantes que salgan a la calle para hacer respetar el resultado electoral.

No podremos contar con nuestras destrozadas instituciones como defensa. Será fundamental que se produzca una situación que desmonte de antemano el intento de golpe de Estado que se avecina. Antes de eso, eso garantiza la propia celebración de elecciones – y la elegibilidad y la propia vida del candidato de la izquierda.

Para llegar y poder gobernar, no basta con negociar con todos. Esto ya lo está haciendo Lula y, como un magistral encantador de serpientes, lo seguirá haciendo. Pero será fundamental la presión popular desde abajo y de forma continua.

También hay que tener en cuenta cómo se comportará Washington. Incluso con Joe Biden al frente, después de tanto lavajatismo y lawfare apoyado desde el exterior (y esto todavía en tiempos de Barack Obama), cabe esperar a ver cómo se enfrentarían al delicado retorno del Partido de los Trabajadores, o más exactamente del lulismo, que se cierne sobre cualquier partido.

La necesidad de una nueva izquierda

A corto plazo, es necesario detener los crímenes de Bolsonaro. A medio y largo plazo, necesitamos una nueva izquierda. Para volver a hablar el lenguaje del pueblo, debe disputar con los derechistas temas como la religiosidad, la solidaridad, la familia, la violencia. Como Lula sabe hacer personalmente.

En medio de la aparente contradicción que atraviesa el debate latinoamericano entre una izquierda desarrollista y una izquierda ambientalista e identitaria, es necesario tender puentes.

En cualquier caso, ya no es posible mantenerse dentro de los límites del desarrollo económico «clásico», que está llevando a la humanidad a un callejón sin salida, a las puertas del «fin del mundo». Debemos evitar insistir en las estrategias de desarrollo que depredan la naturaleza, que han sido reintroducidas incluso por el lulismo.

Pero ¿cuál será la alternativa? ¿Un nuevo gobierno de Lula intentará promover de nuevo las grandes obras, los grandes eventos, el extractivismo, el agronegocio y el crecimiento a través del consumo? ¿O habrá energías renovadas que emanen de nuevos movimientos, de la juventud, de las nuevas universidades, de las periferias, que puedan empujar al país (y al lulismo) a un nuevo momento? ¿Tendremos una reedición degradada y precaria de la era Lula, o una nueva etapa? Primero, tenemos que sobrevivir hasta 2022.

Coautor Danilo Uzêda da Cruz Doctor en Ciencias Sociales (UFBA), Historiador (UEFS). Investigador en DEPARE (UFBA) y Periféricas (UFBA).

Foto de Marcelo Camargo/Agência Brasil

Episodio relacionado de nuestro podcast:

1...207208209...259Página 208 de 259

Medios que publican nuestro contenido

Copyright © Latinoamérica21.com - Montevideo

Volver arriba