Latinoamerica 21Una región, todas las voces

Nayib Bukele mostró sus cartas. Tal como aventuré en una columna anterior, el extremadamente popular presidente salvadoreño recurrió al viejo recurso latinoamericano de violar la constitución para quedarse más tiempo en el poder. Y lo hizo coincidir estratégicamente en un momento en el que la prensa internacional está mucho más interesada en su experimento de legalizar la criptomoneda bitcoin que en cubrir sus asaltos a lo que queda de democracia en El Salvador.

Los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que Bukele designó usando su mayoría legislativa decidieron retribuirle el favor laboral a su jefe permitiéndole gobernar más allá de lo que le permite la constitución, a pesar de que tiene 4 artículos (el 88, el 152, el 154, y el 248) dedicados a impedir la reelección presidencial. A través de una resolución de 28 páginas, los juristas autorizaron la reelección inmediata para el período 2024-2029. El organismo que debe proteger la constitución la violó con cantinfladas como la siguiente: “Atar la voluntad popular a un texto que respondía a necesidades, contexto o circunstancias de hace 20, 30 o 40 años, resulta ya no garantista, sino una excesiva restricción disfrazada de certeza jurídica”. Ante tan expresa flexibilidad, lo lógico es esperar que la Corte Suprema nunca limite el mandato de quien la controla.   

La Corte Suprema terminó de perder su independencia cuando la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo (que controla 64 de los 84 curules), decidió destituir a los magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general en su primer día de sesiones, en mayo pasado. Desde entonces, el gobierno sometió a la cabeza del Poder Judicial. Y ahora va por el resto del cuerpo: el 31 de agosto, la Asamblea aprobó una reforma a la carrera judicial que obliga a retirarse a los jueces mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio. Esta reforma le permitirá al gobierno poblar las cortes con jueces leales a Bukele.      

El presidente salvadoreño actúa de manera estratégica. Primero, sabe tomar distancia. Aunque le encanta dar declaraciones, evitó referirse a la resolución sobre la reelección presidencial. De esta manera evitó darle importancia. Segundo, maneja los tiempos. Si El Salvador está en las noticias internacionales es porque desde el 7 de septiembre el país legalizó el bitcoin como divisa. La prensa libre del mundo libre ha estado mucho más interesada en el riesgoso experimento con la criptomoneda que en los zarpazos contra la libertad en el país centroamericano. Grandes medios como CNN, el New York Times, Bloomberg, BBC, The Economist y un largo etcétera han cubierto el tema hasta el hartazgo.

Tercero, saca las castañas con la mano del gato. En este caso, la ronroneante Corte Suprema.  Bukele decidió no meter el cambio a la reelección presidencial en el paquete de reformas que el vicepresidente Félix Ulloa presentará el 15 de septiembre a nombre del gobierno. Es más, Ulloa incluso ha dicho que los artículos constitucionales que prohíben la reelección consecutiva no se deben tocar. De esta manera, el gobierno parece respetar pulcramente la regla electoral mientras manda a la corte a violarla con descaro. Chapó.

Más viejo que el hilo negro

La decisión de Bukele de irrespetar la constitución para retener el poder no es infrecuente. Jefes de gobierno de todo el mundo han eludido, suspendido, reformado o reemplazado las constituciones para retener el puesto. Lo hicieron Vladimir Putin en Rusia este año  y Abdel Fattah el-Sisi en Egipto en 2019. Según un estudio de 2018, de los 221 presidentes latinoamericanos, africanos, asiáticos y del Medio Oriente que enfrentaron límites a sus mandatos entre 1975 y 2018, el 30% decidió hacerles una verónica y seguir en el poder.  

El también llamado “continuismo” es una larga tradición latinoamericana. Si hubieran respetado los límites constitucionales, dos vecinos de Bukele no estarían gobernando: ni Daniel Ortega en Nicaragua ni Juan Orlando Hernández en Honduras. Según mis datos, recolectados tanto de biografías presidenciales como de constituciones, entre 1945 y 2012, 31 presidentes de todos los países latinoamericanos (excepto México) y bajo todos los regímenes políticos —democracias, semidemocracias, y dictaduras— intentaron en 40 ocasiones cambiar o reinterpretar la constitución para mantenerse en el poder más allá de su mandato. Tuvieron éxito en 29 ocasiones.

En un estudio que publiqué recientemente examiné la potencial relación causal entre los cinco grandes factores de la personalidad —apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad, y neuroticismo— de los presidentes y la probabilidad de que intenten alterar sus períodos presidenciales. Encontré que los líderes que tienden a ser más abiertos a la experiencia, más neuróticos y menos responsables son más propensos a tratar de retener la jefatura de gobierno. Asimismo, los presidentes son más propensos a tratar de extender sus mandatos cuando tienen fuertes poderes legislativos, lideran nuevos partidos, la reelección inmediata está prohibida y las altas cortes no son completamente independientes. Bukele disfruta actualmente de todas estas condiciones, excepto de fuertes poderes legislativos —aunque eso lo puede suplir con la abrumadora mayoría que lo apoya en la Asamblea Nacional.

         Los destinos de los jefes de gobierno que tuvieron éxito en extender su estadía en el poder fueron muy variopintos. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa es hoy prófugo de la justicia de su país, acusado de cohecho. Hugo Chávez gobernó en Venezuela hasta que murió en 2013. Alberto Fujimori se arrancó a Japón en 2000 y hoy está en una cárcel en Perú. Al argentino Juan Domingo Perón lo sacaron con un golpe de Estado en 1955, aunque luego logró volver a la presidencia. A otros, como Carlos Menem de Argentina y Álvaro Uribe de Colombia, no les permitieron extender su mandato en su segundo intento. ¿Cuál destino le deparará a Bukele? Difícil saberlo. Ahora está en la gloria. Pero a veces la historia se repite, y por eso tal vez no estaría mal recordar que a su predecesor Salvador Castañeda lo sacaron con un golpe militar en 1948 cuando trató de extender su mandato. Y es que muchas veces la historia termina mal para el jefe de gobierno, el país, o ambos.

Los militares han vuelto a aparecer en la escena política latinoamericana. En algunos casos porque los gobiernos se están apoyando en ellos para llevar a cabo sus proyectos como es el caso de Nayib Bukele en El Salvador, Jair Bolsonaro en Brasil o López Obrador en México. En otros casos porque los mismos militares están interviniendo en la política como en Bolivia, Ecuador o Perú. Y en otros porque son parte de regímenes autoritarios como en Venezuela y Nicaragua. Esta presencia es preocupante porque si algo ha caracterizado históricamente a las Fuerzas Armadas es que son instituciones que no se basan en lógicas democráticas.

La tercera ola democratizadora

Desde finales de los años setenta y hasta la década del noventa del siglo XX sucedieron varios cambios de régimen orientados en gran medida hacia la democracia en diversos países del mundo, y particularmente en América Latina. Desde entonces han pasado cuarenta años y si bien es difícil hacer historia del presente, hoy tenemos una mayor claridad de lo sucedido y de las lecciones que nos dejaron.

La tercera ola democratizadora, como la denominó el politólogo Samuel Huntington, inició en Europa meridional en 1974, en Grecia, con la caída de la Junta Militar que había gobernado desde 1967, y en Portugal con la “revolución de los claveles” contra el régimen militar del Estado Novo, que a su triunfo en 1975 inició un proceso de democratización del país. Le seguirían otros procesos como el español, tras la muerte de Francisco Franco en 1975, y muchos otros en prácticamente toda América Latina y Europa del Este.

Entre los años 70’ y 90’ ocurrieron transformaciones profundas que generaron una especie de optimismo democrático. La opción socialista y comunista se debilitó cuando la Unión Soviética (URSS) empezó a mostrar signos de franco deterioro, sobre todo entre los países que estaban bajo su órbita en Europa del Este.

El debilitamiento de los regímenes militares en América Latina

En América Latina dos conjuntos de factores debilitaron a los regímenes militares que habían irrumpido en las décadas anteriores. Los factores endógenos fueron su ineficiencia e incapacidad para guiar sus economías, lo cual se vio agravado por la crisis económica mundial de los años setenta que disparó la inflación y aumentó la pobreza. A esto se sumaron las políticas represivas que aumentaron el descontento social y la deslegitimación de las élites.

Uno de los factores exógenos fue que los regímenes perdieron el apoyo de Estados Unidos, que abandonó su “Doctrina de seguridad militar”, que durante la Guerra Fría se basó en apoyar a cualquier régimen que se opusiera al avance del socialismo. Ya bajo el gobierno de Ronald Reagan se lanzaron programas para la promoción de la democracia y más tarde el propio Congreso estadounidense creó el “National Endowment for Democracy”.

En cierto sentido, las alternativas se cerraban y se fortalecía la opción de la democracia, “by default”. En este marco, se presentaron en América Latina tres tipos de transiciones de modos e intensidades diferentes.

Diferentes tipos de transición

Las transiciones por “colapso del régimen” se caracterizaron por ser temporalmente breves. En Perú, en 1977 se inició un proceso que derivó en la elección de una Asamblea Constituyente que en 1979 promulgó una nueva Constitución, celebrándose al año siguiente elecciones presidenciales. En Argentina, en 1982 se disolvió la junta militar que puso fin al “Proceso de reorganización nacional” y en 1983 se llamó a elecciones, mientras que en Paraguay se produjo en 1989 un golpe de Estado que puso fin a la dictadura de Alfredo Stroessner reincorporando las elecciones.

Los procesos por “pactos” se caracterizaron por una lenta retirada de los militares del poder, pero con un claro inicio y final. En 1980 se llevó a cabo en Uruguay un plebiscito que dio inicio a un proceso de apertura que finalizó con la elección de 1985. En Ecuador, entre 1976 y 1979 se instaló un “triunvirato” militar que regresó el poder a los civiles. Mientras que, en Brasil, en 1985 se llevaron a cabo las últimas elecciones indirectas y se abrió un periodo de transición tutelada hasta que en 1989 se celebraron elecciones libres y directas que ganó Fernando Collor de Melo. Y en 1980 se llevó a cabo en Chile un plebiscito sobre la continuidad del régimen de Augusto Pinochet que, tras la victoria del “No”, derivó en las elecciones de 1989 y la asunción de Patricio Aylwin.

México será un caso de “transición por reformas”, caracterizado por lentos pero profundos cambios en el sistema político, con un claro periodo de inflexión desde 1997 cuando el hegemónico Partido de la Revolución Institucional (PRI) perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y finalizando en las elecciones del 2000 con la pérdida de la presidencia.

Finalmente, si bien Colombia y Venezuela se caracterizaron por ser democracias electorales desde 1958, el primero padeció una alta inestabilidad política derivada de la presencia de guerrillas y el narcotráfico, hasta que en 1991 se promulga una nueva Constitución como instrumento de paz.  Mientras que Venezuela, una de las pocas democracias estables en la región, entró en una vorágine de corrupción endémica a partir de los años 80 que puso en crisis al sistema y favoreció la llegada de Hugo Chávez.

Las expectativas que despertó la democracia

Los factores que fomentaron las transiciones abrieron interrogantes ¿Realmente se orientaban hacia la democracia o eran meras ilusiones? Y si era así, ¿en qué medida perdurarían tales democracias?

Las preocupaciones surgían porque en América Latina las relaciones entre civiles y militares habían signado el desarrollo de la política de las últimas décadas con la notable excepción de México. Su constante presencia terminó por politizarlas, y se convirtieron de facto, en un partido político que expresaba la voluntad política de las Fuerzas Armadas, y ya en el gobierno, organizaban las relaciones de poder en favor del ejecutivo.

Las transiciones a la democracia crearon grandes expectativas que en varios casos se vieron rápidamente frustradas. Pero uno de los logros de las transiciones fue alejar a los militares del poder y desde entonces las crisis políticas, en su mayoría, se han resuelto por la vía pacífica y las incursiones militares, salvo lamentables excepciones, han terminado en fracasos.

De las transiciones del pasado surgieron regímenes democráticos débiles, y aún quedan muchos pendientes, pero es equivocado pensar la democracia únicamente como un fin y no como un medio. La democracia, en palabras de Leonardo Morlino, es resiliente ya que tiene la capacidad de superar problemas profundos. Algo que los latinoamericanos deben tener en cuenta para frenar los deslices antidemocráticos que están amenazando a la región.

Los países del Cono Sur americano sucumbimos juntos a la violencia y el terror dictatorial de los años 60 y 70. Y juntos, también, recorrimos el camino de la dictadura a la democracia, en los 80’s y 90’s, con distintos retos, ritmos y condicionantes. La desactivación -cuando no resolución- de los conflictos limítrofes fue uno de los requisitos que permitieron avanzar en esa dirección y asentar los pilares del proceso de integración que también contribuyeron tan decisivamente a hacer de esta parte del mundo una “zona de paz y cooperación”.

El Tratado de Paz firmado entre Argentina y Chile, que puso fin al centenario conflicto por el Canal del Beagle (1984) y los acuerdos de Argentina con Brasil que sentaron las bases del Mercosur (1985-1991) fueron mojones de ese derrotero que mostró la fortaleza de las nuevas democracias para suspender o remover el estado de beligerancia, latente o explícita, que nos tuvo en vilo desde que nuestros países se imaginaron y se constituyeron como estados nacionales. 

La reaparición de un diferendo limítrofe

Por eso es que la reaparición de un diferendo limítrofe entre Argentina y Chile, en este caso por mapas superpuestos sobre una porción de la plataforma continental al sur de Tierra del Fuego que la Argentina considera con legítimos títulos como propia y Chile ha decidido incluir como suya, puede ser la punta de un iceberg de un panorama geopolítico más complejo y preocupante.

Los antecedentes del caso señalan que el 21 de abril de 2009 la Argentina tomó la iniciativa de llevar a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) los documentos para fijar el límite exterior de su plataforma. El 17 de marzo de 2017 la CLPC adoptó las recomendaciones excluyendo aquellas zonas sujetas a una disputa de soberanía con el Reino Unidos así como el sector que está regido por el Tratado Antártico. Este dictamen permitió extender los derechos de soberanía argentina sobre los recursos del lecho y subsuelo en más de 1.782.000 km2 que se suman a los ya habidos 4.799.000.

El Congreso argentino aprobó por unanimidad el dictamen textual de la Comisión de Límites que se convirtió en Ley 27557 el 4 de agosto de 2020 promulgada el 25 del mismo mes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile ya había hecho conocer en mayo su oposición a la Cancillería Argentina, y según afirma, reiterando los términos expresados ante el organismo técnico de Naciones Unidas en el 2009 donde se reservó el derecho de determinar los límites de su plataforma. El Decreto Supremo 95 del 23 de agosto y la actualización de la Carta Náutica chilena cuatro días después, estableciendo los derechos soberanos de su plataforma continental, son la continuidad de esas gestiones diplomáticas iniciadas en 2009.

La superposición con la soberanía argentina corresponde al sur del Mar de Drake, conocida como “medialuna”, con una superficie de 5000 km2. Como señala el diplomático y economista argentino Felipe Frymdan, durante largos once años ambos países no encontraron la oportunidad  para dialogar, aclarar las diferencias ni definir qué hacer con tanto agua. Y ahora sobreviene el desentendimiento público que puede derivar en nuevas apelaciones internacionales si no hay un tratamiento bilateral conjunto.

La disputa por el dominio del lecho marino

Este diferendo, por otro lado, se puede inscribir en la disputa por el dominio del lecho marino que se observa en otros espacios estratégicos: en el Ártico, el Caspio, el Mediterráneo, el Mar del Sur de la China. Extender esta soberanía es un fenómeno de la geopolítica global que involucra a potencias mayores y países que se ven empujados a esa carrera por los recursos.

Lo que nos lleva a ampliar el foco regional y observar también este conflicto limítrofe binacional argentino-chileno en línea con los desacuerdos y divergencias que colocan al Mercosur en su peor momento, como parte también de la erosión -sino resquebrajamiento- del piso regional que hizo posible avanzar juntos, dentro y fuera de las respectivas fronteras nacionales de cada uno de los países miembros: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 

Es así como vemos aflorar dos conductas reactivas de “fuga” de las encrucijadas actuales, en apariencia contradictorias, en el fondo consustanciales: despegarse de los compromisos regionales para buscar cada uno por la suya un “salto” hacia los mercados globales, o replegarse en los nacionalismos territoriales y aislacionismos de un mundo que ya no existe.

Dos espejismos que pueden servir para distraer la atención de los problemas domésticos y no hacen otra cosa que evidenciar que cuando faltan proyectos comunes de futuro, nos asaltan los atavismos y fantasmas que parecían definitivamente superados, en un escenario regional cuyo parcelamiento y fragmentación debilita los intereses nacionales de cada país. Lo último que nos faltaba, ahora, es que la Argentina y Chile reediten viejas rivalidades en el Cono Sur, en un túnel del tiempo que nos retrotraiga 40 años atrás, mientras las potencias globales redefinen el Gran Juego de la geopolítica global.  

_{*La versión original de este texto fue publicada en Clarín, Argentina}