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Una región, todas las voces

De pandemia, periferia y poder

Por
John Cajas Guijarro
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La pandemia provocada por el Covid-19 es uno de los eventos más complejos que enfrenta el capitalismo global desde la Segunda Guerra Mundial (como plantea Naciones Unidas). Según información recopilada por la Universidad Johns Hopkins, la pandemia ha causado más de tres millones de víctimas mortales confirmadas. De hecho, comparada con las enfermedades que más fallecimientos provocaron en 2019 según información de la Organización Mundial de la Salud, la Covid-19 ocupa el cuarto lugar.

Pese a un impacto tan amplio, la situación no golpea a todos por igual. La pandemia se combina con otros problemas globales preexistentes, surgiendo así una crisis multidimensional. En particular, la crisis sanitaria agrava las grandes desigualdades del mundo y viceversa. Un ejemplo es el escaso acceso a las pruebas para diagnosticar la Covid-19 en los países de ingresos bajos y medio-bajos. Pese a representar al 46,8% de la población global, dichos países solo han accedido al 21,6% de las pruebas aplicadas en el mundo. África Subsahariana es un caso drástico pues, pese a representar al 14% de la población, solo participa del 1,4% de las pruebas.

De acuerdo a un estudio de próxima divulgación, realizado por el autor de este artículo sobre la economía política de la crisis Covid-19, otro ejemplo dramático de cómo la pandemia y la periferia capitalista crean el peor de los mundos se refleja en un potencial “apartheid de vacunas”.

El acceso a las vacunas contra la Covid-19

La combinación de sistemas globales de patentes, la concentración de las capacidades científicas y técnicas en pocos países, e incluso los intereses de grandes farmacéuticas, limitan enormemente la capacidad de las naciones empobrecidas de acceder a vacunas contra la Covid-19. Revisando información para 164 países puede encontrarse una relación directa entre ingreso por habitante y vacunación: a nivel promedio, cada incremento de 1% en el ingreso per cápita se asocia a un incremento de 1,34% en la tasa de vacunación.

El hecho de que las regiones más pobres del mundo no logren vacunar ampliamente a su población mientras que las regiones más ricas adquieran vacunas hasta en exceso tiene claros efectos. Mientras que en Israel o Estados Unidos se plantea el levantamiento de restricciones gracias a la vacunación, la crisis de la Covid-19 crea un infierno en Brasil y la India. Claro que, además de la combinación de pandemia y periferia, también son relevantes los manejos irresponsables de la crisis. Tanto Jair Bolsonaro en  Brasil, como Narendra Modi en la India, han realizado un manejo desastroso de la situación.

Pero la  crudeza de la crisis Covid-19 trasciende dicha irresponsabilidad. Solo preguntemos ¿cómo pueden los países empobrecidos administrar con eficiencia una pandemia global cuando son víctimas históricas de procesos de intercambio desigual, sobreexplotación laboral, extractivismos, acumulación por desposesión y demás problemas estructurales?

El resultado de todos estos factores lleva a que estos países se desenvuelvan en condiciones de enorme incertidumbre. El mercado laboral latinoamericano ejemplifica esta cuestión. A inicios de la pandemia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimaba que 54% de población trabajadora estaba empleada en la informalidad, enfrentando la incertidumbre de garantizar su subsistencia diaria en las calles ante la amenaza de contraer el virus y las diversas medidas de confinamiento.

Paradójicamente, hasta los propios efectos de la pandemia en el empleo son inciertos. A diferencia de otras crisis, luego de un año las estimaciones de la OIT sugieren que el empleo informal se ha reducido con mayor fuerza que el empleo formal. Y la incertidumbre aumenta al incluir en el análisis otras complejidades que vive la región como la fragilidad fiscal, el difícil acceso a financiamiento externo, e incluso la inestabilidad política e institucional.

Pandemia, periferia e incertidumbre son tres dimensiones que deben tomarse en serio al comprender la economía, la política y, en general, los fenómenos sociales durante la crisis Covid-19. La pandemia como el problema inmediato por superar para salvar vidas; la periferia como una región que debería recibir atención prioritaria en términos de pruebas, vacunas y apoyo financiero internacional; y la incertidumbre como el nuevo paradigma dominante en etapas de crisis prolongadas.

Por cierto, a nivel económico, los períodos de crisis y profunda incertidumbre se agudizaron, pero no se iniciaron con el coronavirus. Ya como resultado de la crisis financiera internacional de 2008-2009 surgieron importantes cuestionamientos a la forma de pensar y hacer economía. Entre esos se puede destacar las 33 tesis para la reforma de la economía difundidas en 2017 por el grupo Rethinking Economics y el New Weather Institute.

De esas 33 tesis pueden destacarse dos. La primera de ellas es la Tesis 14 que indica que los “salarios, beneficios y retornos sobre activos dependen de un amplio abanico de factores, entre ellos el poder relativo de trabajadores, empresas y propietarios de activos, y no simplemente en su aportación relativa a la producción”. La Tesis 18 considera que “los mercados a menudo muestran una tendencia hacia el aumento de la desigualdad”.

Una crisis de distribución del poder

Si la crisis financiera motivó esos cuestionamientos, la crisis Covid-19 –de mayor impacto humano– exige cuestionamientos más profundos. En esa discusión urge resaltar, como sugiere R. Horton en un artículo en The Lancet, que la crisis Covid-19 ha generado disputas sobre el ejercicio del poder en las sociedades: “gobierno central versus gobierno local, jóvenes versus mayores, ricos versus pobres, blancos versus negros, la salud versus la economía”. Es decir, la crisis Covid-19 no es solo una crisis sanitaria o económica, es también una crisis de distribución del poder.

Si no discutimos esa distribución del poder, seguiremos entrampados en falsas dicotomías que esconden el hecho de que el mundo posee ingentes riquezas que podrían utilizarse durante la crisis. Los economistas Saez y Zucman estiman que solo en Estados Unidos el 10% de contribuyentes concentra casi el 80% de toda la riqueza (porcentaje que ha ido creciendo desde la década de los años 80). En Latinoamérica, los economistas Alarco Tosoni y Castillo García estiman que para 2016, apenas 87 mil millonarios alcanzaron un patrimonio neto de 373 mil millones de dólares, monto superior al PIB nominal de Venezuela, Colombia o Perú.

Tales riquezas podrían financiar la subsistencia de poblaciones marginadas durante la pandemia con medidas como, por ejemplo, impuestos a grandes ingresos y riquezas, rentas básicas universales, seguros universales de salud, y similares. Pero si no cambian las relaciones de poder –locales y globales– dichas medidas quedarán solo como buenas intenciones que morirán asfixiadas en la pandemia…de la incertidumbre.

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Foto por Galería fotográfica PCM Perú. em Foter.com

Perú: ¿una lucha de clases electoral?

Por
Luis Pásara
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LIM305. CUSCO (PERÚ), 05/06/2011.- Campesinos de la comunidad de Urubamba, en el departamento de Cusco, en la sierra sur de Perú, acuden a votar hoy, domingo 5 de junio de 2011. Veinte millones de peruanos votan en las elecciones presidenciales por el nacionalista Ollanta Humala o la legisladora Fujimori para dirigir el país en los próximos cinco años. EFE/Sengo Perez

En medio del enfrentamiento político más agudo de las últimas décadas, Keiko Fujimori y Pedro Castillo se encaminan a definir el domingo 6 de junio quién presidirá el país a partir del 28 de julio, fecha en la cual se conmemora el bicentenario de la independencia nacional.

Ninguno de los 18 candidatos presidenciales que se presentaron en la primera vuelta entusiasmó y el 30% de los habilitados no votó, pese a su obligatoriedad. La mitad de los pretendientes no llegó a cosechar 2% de los votos y los dos que pasaron a la segunda vuelta sumaron apenas algo más de una cuarta parte del total: Castillo, 15,38% y Fujimori, 10,9%. La suma de votos en blancos y viciados —18,6%— ganó a cualquier candidatura.

Razones para el desánimo no faltaban. A la pandemia, se agrega la percepción de la falta de progreso. Sólo una cuarta parte de los consultados por la encuestadora IPSOS luego de la primera vuelta consideraban que su familia está progresando y 53% creía que el país está retrocediendo.

Además, hay pocas esperanzas de que los políticos puedan hacer algo. El peruano es un electorado que en América Latina se halla en el pelotón más bajo en cuanto a aprecio y satisfacción con la democracia. Los políticos hacen su aporte: seis de los que fueron candidatos presidenciales se encuentran bajo procesos de investigación, la mayoría por corrupción. Otros 136 candidatos al Congreso estaban en la misma condición y algunos de ellos resultaron elegidos. Y entre los políticos es usual tener personajes que han pasado por tres o más camisetas partidarias como parte de su carrera hacia el poder.

En rigor, no hay partidos, salvo Fuerza Popular, que sigue la estela de Alberto Fujimori. Lo que hay son agrupaciones reunidas para cada elección que carecen de vida partidaria y de militantes, y solo tienen adherentes temporalmente reclutados. De allí que quienes perdieron en la primera vuelta carezcan de capacidad para endosar sus votos a Castillo o a Fujimori en la segunda.

Polarización debida a varias razones

En los resultados de abril y en las encuestas posteriores aparece una fuerte polarización del voto. Un eje es el regional. Keiko Fujimori gana en Lima y en una parte de la costa norte, y Pedro Castillo, en el resto del país. El centralismo limeño y el resentimiento que ha generado históricamente se manifiestan de manera plena en las elecciones.

El otro eje es económico-social. Las encuestas muestran claramente una suerte de lucha de clases electoral. Mientras Castillo aumenta su voto según se desciende en la escala social, Fujimori lo pierde.

Por cierto, el peso de cada estrato en la población electoral no es el mismo. Los sectores A y B, —los más altos— principalmente localizados en Lima suman 12%; el estrato C, 32%; el D, 24% y el E, 30%. Esto significa que los desfavorecidos suman 54% del total de electores.

Dado el mecanismo de segunda vuelta, el “antivoto” es muy importante. Y si bien el antivoto de Keiko era muy alto, se ha ido reduciendo mientras el de Castillo ha aumentado.

En 1990 se dijo que los sectores postergados inventaron un candidato —Alberto Fujimori— frente al candidato de “los de arriba”, el escritor Mario Vargas Llosa. Treinta años después parece haber ocurrido lo mismo. Pedro Castillo surgió casi de la nada. Es un maestro rural, con escasa preparación, pero el “dueño” de su partido, Vladimir Cerrón, es un médico formado en Cuba que se declara marxista leninista con posturas patriarcales. El apoyo a Castillo del grupo de Verónika Mendoza —la izquierda educada que en primera vuelta obtuvo 6,39%— acaso proporcione los contenidos que Castillo no tiene.

Keiko Fujimori, además de haberse desempeñado como “primera dama” de su padre cuando su madre fue desplazada por discrepar con su marido, enfrenta procesos judiciales y ya ha pasado varios meses en prisión preventiva. Ha prometido indultar a su padre, quien fue condenado a 25 años de prisión por corrupción y violación de derechos humanos.

Ambos son líderes autoritarios en un país que quiere un gobierno elegido, pero de mano dura. Y en el que prevalece el conservadurismo en asuntos sociales: siete de cada diez electores están contra el aborto, el matrimonio igualitario y el millón de migrantes venezolanos que viven en el Perú.

Una campaña que alienta el miedo y cuestiona “el modelo”

Los encuestados creen que el problema más importante es la pandemia, pero los candidatos no tienen propuestas concretas para enfrentarla. Tiempo y recursos se gastan en acusaciones mutuas. La campaña actual está plagada de noticias falsas. Facebook e Instagram han eliminado decenas de cuentas falsas que hacían campaña por Fujimori.

Los medios y la publicidad electoral giran en torno al anticomunismo. Los casos de Venezuela y Corea del Norte se utilizan para crear miedo hacia Castillo en el electorado de los sectores medios. Al efecto, una fortísima inversión publicitaria inunda medios, calles y redes sociales.

Pero el gran tema de discusión es el “modelo” neoliberal que el país ha mantenido durante los últimos 30 años y que, si bien ha sostenido el crecimiento y ha reducido la pobreza, no tiene efectos sobre dramáticas desigualdades. Con ocasión de la pandemia se ha revelado el desastroso estado de la salud pública. De allí que “el modelo” actual solo sea respaldado por uno de cada diez encuestados.

¿Y por qué hay que cambiar el modelo? Las respuestas dadas a las encuestadoras revelan que la pobreza (31%) y la desigualdad (27%) generadas por el modelo son las razones de mayor peso.

Sin embargo, lo importante son las tendencias que se van definiendo. La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos publicada el domingo 9 de mayo da a Castillo solo seis puntos de ventaja, una diferencia que Fujimori ha ido recortando. Y un tercio de los encuestados aún no se inclinaba por ninguno de los dos. Sin embargo, en la primera vuelta ninguna encuestadora acertó los resultados y es sabido que los peruanos se deciden en los momentos previos a la votación.

Después del 6 de junio

En el congreso, diez partidos han alcanzado representación parlamentaria y ninguno llega a la cuarta parte de los escaños. En los últimos cinco años se ha visto cómo el enfrentamiento entre Ejecutivo y Congreso, motivado por ambiciones personales o de grupo, paralizó el país. Quienquiera que gane no contará con una mayoría estable. Y si a eso se suman los conflictos sociales —que Castillo alienta— probablemente se estará en un escenario de escasa gobernabilidad.

Finalmente, las FF.AA., que hace medio siglo se lanzaron con Velasco Alvarado a la aventura de recrear el país a fin de acortar las diferencias sociales y no lo lograron, hoy están corroídas por la corrupción. Y no se sabe hasta qué punto estarían dispuestas a “arbitrar” en el enfrentamiento social que aguarda al país.

Foto de Sengo Perez | Credit: EFE

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La superioridad moral, un vicio político

Por
Alejandro García Magos
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En México se ha instalado un sentimiento de superioridad moral entre nuestros gobernantes con respecto a sus adversarios políticos y ciudadanía en general. Se trata de un vicio de pensamiento que en política tiene consecuencias negativas al reducir a individuos concretos en caricaturas estereotipadas.

La superioridad moral de la que hablo no es un simple adjetivo calificativo. Es un fenómeno conocido en ciencias sociales, tipificado en inglés como self-righteous moralism. Dan Avnon, profesor de teoría política de la Universidad Hebrea de Jerusalem, lo define como “una sensación particular (de uno mismo) que transforma a personas potencialmente sensibles y sensatas en defensores insensibles y dogmáticos de la justicia absoluta: autoproclamados, por así decirlo”.

Un poderoso reactivo en el juego democrático

Como se desprende la definición anterior, la superioridad moral es un poderoso reactivo en el juego democrático al apelar tanto al narcisismo como a la santurronería. No lo digo yo, lo sugiere la ciencia. Un estudio publicado por la Universidad de Pennsylvania titulado “Narcissism in Political Participation” muestra que individuos con tendencias narcisistas son más proclives a participar en actividades políticas, tales como contactar a sus representantes, firmar peticiones, votar, hacer donaciones, etc. La conclusión de uno de los investigadores, Peter K. Hatemi, es sombría: “Si los que son más narcisistas son los más comprometidos, y el proceso político en sí mismo está impulsando el narcisismo en el público, en mi opinión, el futuro de nuestra democracia podría estar en peligro”.

En México vemos ejemplos de esto todos los días. Empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien un día y otro también le restriega a los partidos de oposición que están “moralmente derrotados”. No se trata de una simple salida de tono. Otra frase que le encanta y repite desde hace años es “el triunfo de la derecha es moralmente imposible”, atribuida a Benito Juárez, presidente de México entre 1858 y 1872.

Al respecto, Luis Carlos Ugalde, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) entre 2003 y 2007, reflexiona en sus memorias políticas: “¿Qué ocurre, sin embargo, si los votantes dan el triunfo al candidato ‘moralmente imposible’, como fue el caso en 2006? Si López Obrador descalificaba por adelantado el triunfo del candidato del Partido Acción Nacional (PAN) con base en consideraciones morales, ¿cómo podría aceptar esa victoria en el plano legal? ¿Cómo podrían sus seguidores aceptar el triunfo de Felipe Calderón si su líder lo vituperaba citando a Benito Juárez de manera inexacta y fuera de contexto histórico?”.

Antecedentes de la superioridad moral

Es importante aclarar, sin embargo, que el fenómeno de superioridad moral no es exclusivo de los actuales gobernantes del país. Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de México entre 1982 y 1988, de forma similar eligió como lema de campaña y de gobierno la enigmática frase “Por la renovación moral de la sociedad”. De la Madrid fue candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en tiempos en que todavía era un sistema de partido hegemónico: uno donde se tolera a los partidos de oposición, pero no se les permite competir en igualdad por lo que no hay alternancia.

Una de sus primeras acciones de gobierno, tan sólo unos días después de tomar posesión del cargo, fue justamente promover una reforma constitucional llamada “Fundamentos de la Renovación Moral”. Con ello intentaba erradicar por decreto la corrupción en el país. Su antecesor en el cargo, el también miembro del PRI, José López Portillo (1976-1982), había dejado al país hipotecado y en el fango de una corrupción desbocada. Hombre libertino como el que más, López Portillo mostraría años después su desagrado con la deriva moralina de De la Madrid en entrevista con el ex canciller Jorge G. Castañeda: “Siempre me pareció que procurar la moral desde el Estado era regresar a tiempos superados por el derecho. El ‘Estado moral’ fue el Estado medieval, inquisitorial, pero el Estado de derecho es otra cosa”.

Ahora bien, la superioridad moral no es un asunto exclusivo de México, para nada. Como lo he señalado con anterioridad, se trata de un fenómeno ya bien conocido y estudiado. Sin ir más lejos, lo vimos en noviembre pasado en las elecciones de Estados Unidos, en que el partido Demócrata y el Republicano se imaginaban del lado correcto de la historia. El resultado fue que ambos partidos abandonaron al votante indeciso y moderado, y en vez de ello optaron por azuzar y movilizar a sus bases más recalcitrantes.

Vaciado el centro político, los candidatos y sus seguidores se movieron a los flancos y abrieron las puertas al radicalismo y la polarización. El asalto al Capitolio no fue un accidente, fue el resultado de la propagación de sentimientos de superioridad que induce a individuos a autoproclamarse defensores del orden y la justicia.

Lo que pasó en el Capitolio estadounidense el pasado seis de enero es un ejemplo del impacto que puede llegar a tener la superioridad moral sobre nuestras acciones y buen juicio. Como todo vicio, la superioridad es una sensación placentera, un feel-good movement como lo señala Avnon, pero cuidado: puede llevar a algunos a despreciar la ley y los datos duros cuando éstos favorecen al adversario. Eso en el mejor de los casos. En el peor, es un germen de violencia verbal e incluso física. Esto es cierto tanto para gobernantes como gobernados.

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Foto de Javier Armas en Foter.com y Foto de supernova.gdl.mx en Foter.com

Brasil: pandemia, crisis política y judicialización

Por
Leonardo Avritzer
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Brasil se encuentra sumergido en diversas crisis. La primera y más importante es la crisis de la democracia. Después de décadas de exitosa construcción democrática, generada por el consenso en torno a los resultados electorales, la capacidad de implementar políticas sociales exitosas y una mayor confianza en la democracia. Todos estos elementos se desintegraron rápidamente tras el proceso de destitución de la expresidenta Dilma Rousseff, cuyo punto de partida fue el no reconocimiento de los resultados de las elecciones de 2014.

El proceso de erosión de la confianza en la democracia fue también un proceso de hiperexpansión de las prerrogativas del sistema judicial y de las instituciones de control, mucho más allá de la autonomía deseada y necesaria para la democracia. Especialmente, la Corte Suprema acumuló prerrogativas a partir de 2012 y comenzó a utilizar estas prerrogativas políticamente. Mientras tanto, la operación Lava Jato, inicialmente una operación anticorrupción, se convirtió en una operación fuertemente politizada. En las dos elecciones presidenciales de 2014 y 2018 el juez Sérgio Moro actuó políticamente.

El problema militar

Finalmente, resurge el problema militar. Brasil dejó sin resolver el problema de la injerencia militar en la política durante su transición a la democracia. El artículo 142 de la Constitución permite la intervención de los militares para garantizar la ley y el orden. Desde la desastrosa misión en Haití, se ha fortalecido el liderazgo de un sector antidemocrático en las Fuerzas Armadas. Los generales Braga Netto y Augusto Heleno (este último acusado de graves violaciones de los derechos humanos en Haití) ganaron preeminencia en el liderazgo de las Fuerzas Armadas, que hoy en día ingresa en la arena política y presiona a las instituciones democráticas.

Jair Bolsonaro y su gobierno son el resultado de estas formas de relativización de la democracia por parte de las élites políticas, judiciales y militares en Brasil. Bolsonaro fue una figura política inexpresiva hasta 2017. Hasta entonces, el bolsonarismo era más un movimiento que una forma de gobierno y la candidatura del capitán retirado era vista como una candidatura de protesta.

Bolsonaro se catapultó al centro de la escena política en algunos episodios: en el juicio político de la expresidenta Dilma ganó destaque defendiendo la memoria del torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra; en el episodio del juicio del hábeas corpus del expresidente Lula da Silva formó parte de la articulación del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas que presionó a la Corte Suprema. Finalmente, Bolsonaro y su séquito Se beneficiaron de la intervención militar de Río de Janeiro y del gran impulso a las políticas de las milicias que él hizo posible.

El problema de Jair Bolsonaro desde el inicio de su gobierno ha sido establecer alguna relación entre el movimiento de ataque al sistema político que él encabezaba y algo que mínimamente expresara una cierta capacidad de gobernar. Bolsonaro trajo pocos políticos con alguna capacidad de gestión para su ministerio como Sérgio Moro, Onix Lorenzoni o Luís Henrique Mandetta, pero casi de inmediato el centro de acción gubernamental se centró en ministros fuertemente ideológicos como el ex ministro de Educación Abraham Weintraub o en el ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles.

La política de Bolsonaro durante la pandemia

Desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, la idea de sustituir las políticas públicas metódicas por formas ideológicas de gestión ha impactado al Ministerio de Salud con resultados trágicos para la población brasileña. Bolsonaro había designado para el Ministerio de Salud a Luiz Henrique Mandetta, un ministro con un perfil centrista y una formación técnica en el área, en absoluta disonancia con casi todos los demás miembros de su ministerio. Así, la crisis del coronavirus cayó en manos de un ministro centrista, en un gobierno que casi no tiene centristas, y de un ministro con capacidad técnica.

Jair Bolsonaro invirtió en desorganizar la respuesta brasileña a la pandemia. Primero, invirtió en contra de la política de aislamiento social y el 16 de abril del 2020 el capitán logró implementar su política anti-vida con la destitución del ministro de salud Luiz Henrique Mandetta.

Después de la toma de posesión del nuevo ministro, general Eduardo Pazuello, el gobierno desactivó las interrelaciones federales en el momento decisivo de la lucha contra el Covid-19, luego acordó prescribir a la población remedios de eficacia no comprobada y finalmente desorganizó por completo la campaña de vacunación en el país. El resultado, o las muertes, no tardaron mucho en aparecer y hasta este momento Brasil vive su mayor crisis de salud, que también es una crisis política.

El gobierno Bolsonaro enfrenta dos conflictos que ya sellaron su destino como un gobierno débil: un conflicto con el Congreso y un conflicto con la Corte Suprema. Bolsonaro tuvo episodios diferentes con el Congreso durante sus dos años en el cargo. Al inicio de la administración del capitán, la tensión entre el gobierno y el Congreso se produjo en torno a agendas relacionadas con las armas y la educación superior, al mismo tiempo que el presidente de la Cámara viabilizaba la agenda económica del bolsonarismo.

En este momento estamos viviendo una confrontación de dimensiones mucho mayores: con la apertura de una comisión de investigación en el Senado, la oposición y los miembros independientes de la Cámara asumen el protagonismo de las investigaciones sobre el desempeño del presidente y sus ministros en la pandemia.

El segundo conflicto del presidente es con la Corte Suprema. En el primer año de gobierno la Corte Suprema se mantuvo en una posición de equidistancia del gobierno, interviniendo puntualmente en algunos conflictos. Con el inicio de la pandemia los conflictos entre la Corte Suprema y el gobierno de Bolsonaro se intensificaron especialmente a partir de la decisión del tribunal a favor de la autonomía de gobernadores y alcaldes para hacer frente a la pandemia. La relación se volvió aún más tensa con las acciones del decano de la corte en relación a la interferencia política del presidente.

Estos dos conflictos que enfrenta el presidente Jair Bolsonaro no son habituales en una democracia funcional. Son expresión de un populismo autoritario que trata de reforzar las acciones de un presidente que no tiene preocupación por la gobernabilidad o que la ha transformado en opiniones sobre la pandemia, la vacunación y el pacto federal.

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Fotos de Palácio do Planalto en Photer.com

Un PT sin autocrítica podría reelegir a Bolsonaro

Por
Leonardo Weller
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El Partido de los Trabajadores (PT) se niega a evaluar críticamente los gobiernos de Lula y Dilma. El partido insiste en una narrativa equivocada que es capaz de reelegir a Bolsonaro el próximo año. Aunque menos absurda que la paranoia oscurantista actualmente en el poder, la ensoñación del PT también es perjudicial para Brasil.

El PT no reconoce los errores que sumieron al país en la peor recesión de su historia en la década de 2010. Así, el partido sugiere que Lula adoptará las mismas políticas económicas desastrosas de siempre en un posible tercer mandato. Esto es combustible para el antipetismo que turba a Bolsonaro.

Además, al descalificar a cualquiera que no se alinee con el PT, tachándolo de «golpista» y «neoliberal radical», los petistas reducen sus posibilidades de atraerlos en una contienda con Bolsonaro en la segunda vuelta de 2022.

El desastre económico del PT se produjo gradualmente. En su primer gobierno, Lula se enfrentó a grandes retos y obtuvo resultados sorprendentes gracias a una virtuosa coalición programática que, por desgracia, no duró.

Las políticas redistributivas como Bolsa Família son importantes, pero sólo con un proceso de crecimiento sostenible podremos revertir siglos de exclusión social. Para ello, se necesitan políticas económicas predecibles, capaces de proteger la estabilidad de la moneda, garantizar el equilibrio de las cuentas fiscales y reforzar el entorno empresarial.

En el segundo gobierno de Lula, quedó claro que ese no era el objetivo del PT. Su objetivo era ampliar el gasto público e intervenir en la economía a través de empresas estatales y autarquías como el Banco Central, siguiendo la cartilla de los economistas del PT.

El cambio de orientación económica

El cambio de orientación económica comenzó con el ascenso de Rousseff y Mantega al final del primer mandato de Lula, sustituyendo al equipo que había sentado las bases del crecimiento en la década de 2000. El gasto se aceleró con la crisis internacional de 2008 y se agravó durante el gobierno de Rousseff, cuando comenzaron a aparecer los malos resultados.

Las costosas subvenciones no aumentaron la inversión. La inflación superó el objetivo, pero el Gobierno obligó al Comité de Política Monetaria (COPOM) a recortar el tipo de interés básico en 2011. A partir de entonces, Dilma congeló los precios administrados en un torpe intento de controlar la inflación.

Se trata de una flagrante inversión de prioridades. Las políticas macroeconómicas deben mantener la estabilidad de la economía para que las empresas inviertan, trabajen y produzcan más. El presidente hizo lo contrario, utilizando las empresas estatales como herramienta para alcanzar los objetivos macroeconómicos. Como resultado, la economía entró en estanflación (recesión inflacionaria).

El virtuosismo del primer gobierno de Lula se debió, en parte, a que el presidente y otros dirigentes del PT formaron un equipo capaz de combinar la estabilidad económica con las políticas de distribución de la renta. Pero los méritos de la fiesta se acaban ahí. Al distanciarse del consenso económico construido a principios de la década de 2000, el segundo gobierno de Lula y el primero de Dilma produjeron un verdadero desastre. La estanflación de la década de 2010 castigó especialmente a los más pobres, revirtiendo los logros sociales de la década anterior.

Sin embargo, a pesar de sus terribles fracasos, el PT se niega a hacer una autocrítica. Cuando se reintrodujo políticamente en el país el mes pasado, Lula se adhirió a su realidad paralela habitual, caracterizando a Petrobrás como una «empresa estatal bien gestionada».

La mayor empresa de Brasil no sólo fue víctima de corrupción: la interferencia del gobierno en los precios de los combustibles y en las subastas de los campos petrolíferos causó aún más estragos. La corrupción es terrible, pero no es nuestro peor mal. Probablemente no llegaríamos a ser un país desarrollado sólo con políticos honestos, pero tendríamos alguna posibilidad si no insistiéramos en políticas económicas equivocadas.

El fracaso económico

Sin asumir tal fracaso en la conducción de la economía, el PT sólo puede explicar la caída del partido basándose en teorías conspirativas. Sí, la condena de Lula y el impeachment de Dilma fueron ilegítimos. Sin embargo, ambas atrocidades institucionales sólo ocurrieron en Brasil debido a la crisis económica generada por estos dos ex presidentes. Más que una simple venganza de la élite, la caída del PT fue la consecuencia de sus propios errores.

La economía y la política son fuerzas interdependientes que se relacionan entre sí de forma notablemente compleja. Los presidentes tienen más probabilidades de no ser reelegidos cuando el país está en estanflación. Como resultado, Dilma estuvo a punto de perder en 2014 y Bolsonaro puede fracasar el próximo año.

Sin embargo, cuando las crisis económicas son demasiado profundas, la propia democracia es capaz de colapsar. Esto es lo que ocurrió en 1964 y, de forma más gradual pero igualmente desafortunada, está en marcha en Brasil desde 2014.

La insistencia del PT en una visión equivocada del pasado reciente fortalece el proyecto autoritario de Bolsonaro, contrarrestando los efectos nocivos de su espantosa «necropolítica». Esta narrativa del PT hace imposible una amplia coalición de demócratas brasileños —incluyendo a los PTistas— cuya fuerza electoral podría librar al país de la autocracia que Bolsonaro pretende imponerle.

El desastre económico de la década de 2010 fue ante todo obra del PT; el bolsonarismo fue su consecuencia política. Para que la historia no se repita, es imprescindible que los culpables reconozcan sus errores.

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Foto: Roberto Stuckert Filho y Foto de Lula Marques/Agência PT

Venezuela: abuso y violencia en el mundo cultural

Por
Magdalena López
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El suicidio del escritor venezolano Willy Mckey, luego de haber admitido la violación de una menor que lo había denunciado en redes sociales, ha suscitado una discusión que ha estado pendiente en Venezuela por demasiado tiempo. El debate sobre violencia de género y, muy particularmente, la recurrencia e impunidad con que ésta se ha venido produciendo en diversos campos culturales finalmente está sobre la mesa.

Para apoyar a las víctimas de abuso y violencia de género, más de setenta artistas crearon el movimiento “Yo Te Creo Venezuela”, sin embargo, la iniciativa aún encuentra muchas resistencias. Mientras emergen testimonios de abusos, en su mayoría de mujeres jóvenes, otras reacciones dan cuenta de lo difícil que será romper la naturalización de la violencia en el mundo de la cultura. En este marco, las redes sociales venezolanas exponen algunos argumentos recurrentes para desestimar o eludir el debate.

Los argumentos recurrentes

“Mejor callar para no darle armas a la dictadura”. Esta máxima asegura que lo mejor es silenciar para no proporcionar al régimen de Nicolás Maduro una excusa para detener a personajes de la oposición. Este razonamiento no es diferente al de cierta izquierda que conmina a silenciar los crímenes del socialismo real para no darle armas al enemigo imperialista.

Los detentores de esta máxima no alcanzan a percibir que las abusivas relaciones de poder son transversales a los campos políticos en disputa. Desde luego que el régimen madurista, eludiendo sus propios abusos, ya aprovechó estos escándalos para perseguir a la oposición. Pero frente a la falta de Estado de derecho en Venezuela, se debe reprochar la justicia selectiva y no abogar por la impunidad de los delitos.

Por otro lado, buena parte de la intelligentsia venezolana ha preferido evadir una condena tajante respecto a las recientes denuncias (incluso cuando han sido confirmadas por el propio perpetrador) bajo el pretexto de apelar al “equilibrio” y a la “imparcialidad”. De esta manera se ignoran las asimetrías de poder y se equiparan víctimas a victimarios, al tiempo que se acusan a las denunciantes de no ofrecer matices.

Tal como revela la artista Erika Ordogoitti en relación al caso Mckey, frases frecuentes como “no lo defiendo, pero…” o “condeno lo que hizo, pero…” muestran esta relativización de la violencia. Otra operación discursiva que intenta homologar víctimas y victimarios es la de denunciar el “linchamiento mediático” de mujeres indignadas contra Mckey. Se coloca la carreta delante de los bueyes y se obvia que fue precisamente esa instrumentalización consciente de su figura mediática, la que permitió a Mckey abusar de las jóvenes.  

Minimizar casos como el de Mckey como si fuesen historias individuales —Martín Caparrós insinuó que el poeta estaba enfermo—, o ceñidas a vínculos afectivos nos exonera como parte de una sociedad cómplice que por años ha preferido mirar hacia otro lado. Se toleran o incitan estos abusos porque resulta conveniente, menos traumático, o simplemente atractivo arrimarse a los que están arriba.

Sorprende que algunos intelectuales de cierta edad (la mayoría hombres, pero también mujeres) declaren en redes sociales, a estas alturas del siglo XXI, estar “asombrados” o “estupefactos” con los casos de abuso. La dificultad para concebirnos como comunidad, más allá de los complejos personales, parece responder a la aguda fragmentación del tejido social venezolano.

Violencia estructural en la sociedad venezolana

Los tres argumentos expuestos evaden el problema medular. Algunos ni siquiera mencionan las desiguales relaciones de poder sobre las que está estructurada la sociedad venezolana, tanto en la cotidianidad como en los espacios excepcionales. Se prefiere distraer el foco de discusión sobre posibles consecuencias como la imposibilidad de canalizar el trauma, el advenimiento de “una caza de brujas” o la instrumentalización del aparato judicial para perseguir opositores, antes que poner el dedo en la llaga.

La imposibilidad de ver/vernos hacia dentro es la que precisamente garantiza la impunidad, porque las responsabilidades son sólo del otro. Se habla de tragedia en el caso Mckey, pero éste parece reducirse a una figura de melodrama. Aquel amigo con el que nos tomamos una foto bebiendo cervezas, hoy nos incomoda al recordar que le otorgamos un premio, lo elogiamos en una revista literaria o porque nos parecía un estudiante brillante.

Podríamos, sin embargo, darle vuelta al asunto. Mckey era parte de un universo donde sobran los ejemplos de músicos que drogan a sus admiradoras para violarlas, de profesores que acosan a sus tesistas y se jactan de las fotos desnudas de sus estudiantes, de psiquiatras que manipulan a sus pacientes, de ministros que usan fondos públicos para pagar los implantes mamarios de sus amantes adolescentes, de diplomáticos que presumen de acostarse con múltiples mujeres en viajes oficiales o de miembros de distinguidas academias que conminan a una colega a guardar silencio ante las palizas infligidas por otro miembro. Sabemos de lo que estamos hablando, ¿cierto?

La crítica a las tóxicas relaciones de poder en Venezuela no es un ataque personal contra esta u otra figura, contra el oficialismo o la oposición, ni un combate ideológico entre izquierda y derecha. No es siquiera un asunto ceñido únicamente a la cuestión de género. El problema es transversal y estamos inmersos en unas dinámicas de poder profundamente desiguales y abusivas con múltiples marcadores. La edad, la orientación sexual, la clase social, el color de la piel, la nacionalidad o la procedencia rural determinan formas de subordinación.

Desafortunadamente, no se trata de un fenómeno reciente. Las relaciones de poder han seguido prácticamente intactas a pesar de la Revolución Bolivariana. Para muestra, baste recordar los crímenes contra Linda Loaiza, secuestrada, violada y torturada con la complicidad de las élites de la socialdemocracia y sin posibilidad alguna de justicia bajo el régimen chavista. 

¿Cuántas de nosotras hemos sufrido o escuchado testimonios de abusos en distintos grados por parte de familiares, parejas, colegas, profesores o jefes? ¿Cuánto de todo eso nos hemos atrevido a contar públicamente con nombres y apellidos, ya no digamos para hacer justicia, sino al menos para proteger a otras potenciales víctimas? 

A la primera pregunta respondo que muchas, demasiadas. A la segunda respondo que muy poco, demasiado poco. Quizás haya llegado el momento en que, de la mano de las generaciones jóvenes y con la experiencia migratoria que nos ha permitido salir de la temporalidad petrificada y nostálgica vivida en Venezuela, podamos comenzar a construir modelos alternativos de convivencia.

Foto de https://www.vperemen.com y Foto de Alecska @ Followthestory.net

La humanización de los procesos migratorios

Por
Camila Escudero
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El desplazamiento de personas a través del espacio geográfico, temporal o permanentemente, es una parte intrínseca de la historia de la humanidad. No es un fenómeno, una acción esporádica o algo externo. Es un proceso constitutivo. La visión de este ir y venir es estratégica para comprender las más variadas realidades y transformaciones sociales.

Los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) muestran que, entre 1970 y 2019, el número estimado de inmigrantes en todo el mundo pasó de 85 millones a 272 millones de personas, aproximadamente. Esta cantidad ya ha superado las proyecciones realizadas para el año 2050, que estimaban algo así como 230 millones de personas viviendo fuera de sus lugares de origen. En la región de América Latina y el Caribe, los datos de 2017 muestran que 37 millones de personas vivían fuera de sus países, mientras que a principios de siglo, el continente registraba 5,9 millones de inmigrantes.

Entre tantas cifras, es curioso observar dos aspectos muy concretos. La primera es que los 272 millones de migrantes actuales corresponden sólo al 3,5% de la población del planeta. En el caso de América Latina y el Caribe, el número de emigrantes corresponde al 6,21% de la población, si tenemos en cuenta el número de habitantes del continente en 2010, que era de 596,2 millones, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU. El número de inmigrantes, en cambio, es de aproximadamente el 1% de la población.

La segunda es que, a pesar de los datos estadísticos considerados bajos frente a tantos problemas que asolan el mundo, el impacto de los desplazamientos humanos es innegable en el imaginario social y en la propia cobertura de medios. Siempre hay una opinión formada y, por regla general, controvertida e intransigente, sobre el flujo de inmigrantes venezolanos hacia Colombia, o incluso hacia Brasil (vía Pacaraima), intensificado desde 2015; sobre la separación de padres e hijos de inmigrantes latinos en pleno gobierno de Donald Trump; y sobre las caravanas de personas provenientes de El Salvador, Nicaragua Guatemala hacia la frontera mexicana con Estados Unidos, en 2019. Sólo por citar casos recientes de gran repercusión que afectan a nuestro continente.

Los impactos multidimensionales de las migraciones

El hecho es que la importancia de las migraciones internacionales no está en los números, sino que reside, principalmente, en las consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales que derivan de este fenómeno, ya sea en los países de origen, en los de destino o en los países de tránsito. Y ello puede estar relacionado con la forma como entendemos los procesos migratorios, al menos en el mundo occidental, desde el período postrevolución industrial: desde el enfoque económico y demográfico. No es casualidad que el registro del primer estudio migratorio sistemático reconocido sea precisamente un análisis realizado por Ernst Georg Ravenstein, en 1885, sobre la supremacía económica que determina la migración en el Reino Unido a partir de los resultados del censo de la época.

Así, la relación entre el inmigrante y la economía y sus teorías neoclásicas, combinadas con las estadísticas demográficas y el propio fortalecimiento de la idea del Estado-nación como modo de «organización natural» del planeta, comenzaron a enmarcar al inmigrante en el universo del trabajo y la mano de obra. Por eso, el sociólogo argelino Abdelmalek Sayad, uno de los principales estudiosos sobre la temática migratoria, considera una redundancia que se hable de «migrante trabajador». Como dice en su obra «A imigração ou os paradoxos da alteridade», el emigrante es esencialmente una fuerza de trabajo. Es importante destacar que siempre ha habido una preocupación por la justicia, en la perspectiva del Derecho Internacional, o incluso de los Derechos Humanos, despertando diversas miradas para estas cuestiones, pero, especialmente en esta última área, todo es aún muy embrionario.

Avances y tareas pendientes respecto al tratamiento de las migraciones

La verdad es que la realidad actual esconde la complejidad de los desplazamientos humanos, lo que impone la necesidad y la urgencia de entender los flujos migratorios, además de las cuestiones económicas o los datos estadísticos. En este sentido, es famosa la frase del sociólogo suizo Max Frisch: «Queríamos trabajadores, pero vinieron personas». Así, la mirada sobre el tema necesita ganar otras perspectivas, destacando la multiplicidad de interacciones sociales, simbólicas y culturales de los procesos.

Hay avances significativos en estos aspectos. Desde las propias visiones que auguraban la asimilación y aculturación del extranjero en el nuevo territorio, hoy se observa y se dice mucho sobre la interacción, la integración, la acogida, las interseccionalidades. Existen estudios avanzados sobre las redes migratorias, las fronteras, la desterritorialización, el transnacionalismo, la interculturalidad, entre otros temas que se imponen como procesos de diálogo constante, en los que se garantiza la diversidad de perspectivas en la comprensión de la movilidad humana.

También hay transformaciones en los puntos de vista sobre los caracteres constitutivos de los flujos migratorios, como el papel de la mujer y la familia, los descendientes de migrantes y las generaciones siguientes. Llama la atención, además, la preocupación por cuestiones como el retorno, la trata y el tráfico de personas, la doble o triple pertenencia legal, además de puntos que requieren mayor sensibilidad, como las transformaciones de identidad, la pertenencia religiosa y cultural, los trastornos y traumas psicológicos, etc.

No se trata de números, sino de personas, por lo que la migración no puede limitarse a contenidos económicos o estadísticos que se presten a conclusiones definitivas. Es urgente humanizar los procesos migratorios. Al fin y al cabo, emigrar no es llegar. Es caminar.

Foto por rawEarth em Foter.com

Episodio relacionado de nuestro podcast:

¿Existe una gobernanza migratoria sudamericana?

Por
Leiza Brumat
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La emigración de 5,6 millones de venezolanos desde 2015 hace que Sudamérica esté sufriendo el mayor desplazamiento forzado de la historia de la región. El 1 de marzo de 2021, el gobierno colombiano, principal país receptor de migrantes venezolanos, emitió un decreto ejecutivo que fue noticia en todo el mundo. El Decreto 216 de 2021 podría regularizar a más de un millón de desplazados forzados venezolanos que residen irregularmente en Colombia.

De tener éxito, sería uno de los mayores procesos de regularización de inmigrantes del mundo. ¿Por qué el gobierno colombiano tomó una decisión tan «arriesgada»? Lo hizo, sostengo, porque el gobierno colombiano siguió un enfoque típicamente sudamericano de «control estatal + derechos humanos» para la gobernanza de la migración, que se basa en la comprensión de la migración como un fenómeno «inevitable».

La mayoría de los especialistas en gobernanza migratoria sudamericana han destacado la ausencia de cooperación y coordinación regional para abordar la emigración venezolana. Esta posición ignora que las políticas más efectivas para la regularización de los migrantes venezolanos que han adoptado algunos de los principales países sudamericanos receptores siguen en realidad una lógica regional y un enfoque de gobernanza migratoria que es distintivamente sudamericano.

Llamo a este enfoque «control estatal + derechos humanos» porque su lógica subyacente es la inevitabilidad de la migración, dado que los Estados no pueden impedir el desplazamiento de las personas y que no es posible controlar eficazmente todas las fronteras. Siguiendo esta lógica, la regularización de los migrantes es la solución a la irregularidad. La regularización de los migrantes puede beneficiar tanto a los Estados, al aumentar el control estatal sobre su población, como a los migrantes, al ampliar su acceso a los derechos.

Esta lógica contrasta con la que prevalece en muchas otras partes del mundo, donde la prevención de los migrantes «no deseados» significa utilizar la detención y la expulsión como «soluciones» a la irregularidad. El decreto de regularización de Colombia se basa en un enfoque distintivamente sudamericano de la gobernanza de la migración.

Los países sudamericanos acogen actualmente a cerca del 80% de los venezolanos que han abandonado su país desde 2015, huyendo de la hiperinflación, la falta de trabajo, la escasez de alimentos y medicinas, la delincuencia rampante y la persecución política. Inicialmente, la mayoría de los países sudamericanos abrieron sus puertas a los venezolanos y crearon mecanismos ad hoc de regularización temporal. Pero a medida que se agravaba la crisis en Venezuela y aumentaba el número de emigrantes, sumado a la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de COVID, muchos gobiernos adoptaron medidas restrictivas, destinadas a impedir nuevas olas de inmigrantes.

Los gobiernos sudamericanos no se pusieron de acuerdo sobre el estatus legal que debía darse a los emigrantes venezolanos: ¿refugiados o migrantes? Tampoco se pusieron de acuerdo en un enfoque común para la regularización de los venezolanos desplazados. Esto llevó a analistas a afirmar que los enfoques nacionales prevalecían sobre los regionales.

No obstante, a pesar de la falta de coordinación regional formal, las respuestas políticas de algunos de los principales países receptores se basan en un enfoque común sudamericano de la gobernanza migratoria. Los países a los que me refiero son Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. En artículo reciente, los denominé el grupo «Atlántico + Colombia». Los gobiernos de estos países han buscado activamente mecanismos alternativos de regularización y protección a medio y largo plazo, que se basan en un enfoque regional de la gobernanza de la migración.

Argentina y Uruguay extendieron unilateralmente el Acuerdo de Residencia del Mercosur (ARM) a los venezolanos, a pesar de que Venezuela no lo ha ratificado. Esto proporciona un permiso de residencia de dos años, que puede convertirse en un permiso permanente. Según la plataforma R4V, Argentina y Uruguay son los países que más permisos de residencia han concedido en relación con el total de la población venezolana que reside en sus territorios.

Brasil adoptó un decreto que extiende las disposiciones del ARM a todos los países vecinos y ha reconocido a miles de venezolanos como refugiados, basándose en la definición regional de refugiado de Cartagena.

Colombia merece más atención porque tiene una experiencia particular como país receptor. La llegada de 1,7 millones de venezolanos en sólo tres años supone un gran reto para este país. En un principio, el Estado colombiano había adoptado permisos de estancia de corta duración. No obstante, como admite el texto del Decreto 216 de 2021, estos permisos tuvieron poco éxito y más de la mitad de la población venezolana en Colombia tiene un estatus migratorio irregular.

Esta es parte de la justificación que dio el gobierno colombiano para la adopción de este programa de regularización que otorga a los inmigrantes venezolanos un permiso de residencia por 10 años, que eventualmente puede convertirse en permanente. La otra parte de la justificación se basa en una perspectiva a más largo plazo de integración de los inmigrantes en el país.

Como se indica en el Decreto mencionado, la irregularidad da lugar a una falta de información sobre la población residente que repercute negativamente en la economía y el control del Estado sobre su territorio y su población. La irregularidad también fomenta las violaciones de los derechos humanos que, a su vez, impide que los migrantes «contribuyan al crecimiento y desarrollo del Estado». Así pues, la solución a la irregularidad en el contexto del desplazamiento a gran escala es la regularización, no la deportación.

Esta lógica de regularización se basa en la comprensión de la migración como un fenómeno inevitable. Como han declarado recientemente funcionarios del gobierno colombiano, «la idea de una puerta abierta o cerrada es absurda» porque «es imposible controlar cada centímetro» de una frontera tan larga y geográficamente compleja. Desde su perspectiva, los venezolanos seguirán entrando en territorio colombiano, ‘con o sin estatuto migratorio’, debido a la situación extrema que atraviesa Venezuela.

Esto no significa que Sudamérica deba ser un ejemplo mundial de gobernanza migratoria. Hay muchos problemas en la región, como problemas de implementación, episodios de violencia xenófoba y discriminación y retórica antiinmigrante. Sin embargo, iniciativas como el Estatuto de Protección Temporal de Colombia, si tienen éxito, pueden ampliar el acceso a los derechos a cientos de miles (o millones) de personas. Además, se está adoptando en un contexto de capacidades estatales limitadas.

El enfoque de «control estatal + derechos humanos» de la gobernanza de la migración es característico de Sudamérica y se basa en el desarrollo de un régimen migratorio regional que liberaliza la residencia y facilita la movilidad. Este régimen se desarrolló en la década de 2000 y tiene una fuerte retórica de derechos humanos. Muchos analistas han argumentado que, con el «giro a la derecha» en Sudamérica, se produjo un «giro restrictivo» hacia enfoques de base nacional en la gobernanza migratoria regional, pero el enfoque regional sigue siendo muy evidente.

Dos especialistas en el tema, Riggirozzi y Ryan, han argumentado recientemente que «ciertos elementos del regionalismo sobreviven de forma más amplia, […] como desarrollos a largo plazo que encajan en una narrativa dialéctica más amplia en el desarrollo de la elaboración de políticas transnacionales». El enfoque del grupo «Atlántico + Colombia» ilustra lo que se quiere decir cuando se afirma que los enfoques regionales sobreviven «de forma más amplia».

Foto de Lorenia en Foter.com

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Chile y las elecciones: una bomba de tiempo

Por
Alejandro Olivares
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El escenario político chileno esta revuelto y no sólo por las diferentes instancias electorales que tendrán lugar este año. Al proceso constitucional, iniciado con el estallido social de octubre de 2019, le siguió la pandemia. Ambos eventos han desnudado, de distinta manera, los problemas del sistema político: partidos desconectados de la sociedad, una clase política que no conoce ni conecta con el país que gobierna, desigualdades, pobreza y la sensación constante de injusticia.

Chile, en este contexto decreciente, el 15 y 16 de mayo dará el puntapié inicial de un ciclo electoral sin precedentes en la historia reciente del país. En la elección de mayo se elegirán los integrantes de la Convención Constituyente, alcaldes, concejales y gobernadores regionales, cargo que por primera vez será elegido democráticamente. Para el mes de julio están programadas las primarias presidenciales y de candidatos al congreso (diputados y senadores). En noviembre se realizará la elección de diputados, senadores y presidente y, en caso de haber una segunda vuelta presidencial, ésta se realizará el 19 de diciembre. Como se observa un año sobrecargado de elecciones.

El calendario original debió ser modificado varias veces debido a la pandemia. Los cambios sin dudas han sido necesarios, pero no han contado con la debida antelación y discusión. Como consecuencia, los actores políticos han tenido que improvisar sobre la marcha, rediseñando las estrategias de campaña, haciendo ajustes y manteniendo abiertas las definiciones presidenciales. Esto, debido a que muchos están a la espera de los resultados de las elecciones de mayo para definir, de acuerdo al peso real de cada partido, los pactos y estrategias electorales.

La debilidad del oficialismo

El malestar ciudadano, la falta de legitimidad de los actores del sistema político y la pandemia confirman un complejo escenario, tanto para el oficialismo como la oposición. En el caso del oficialismo, éste carga con el peso de apoyar a un gobierno con un presidente que tiene un 9% de aprobación, sin estrategia política y con una gestión negligente de la catástrofe sanitaria. A pesar de haber liderado un exitoso proceso de vacunación, el gobierno se entrampa en discusiones sin sentido con el Congreso, abandonando las necesidades de la ciudadanía.

Ejemplo de ello fue la disputa por el tercer retiro de los fondos previsionales aprobado en el Congreso con votos de la oposición y gran parte del oficialismo. El gobierno, de espalda al sentir popular y a la opinión de sus congresistas, propuso una medida alternativa y llevó al Tribunal Constitucional la propuesta del Congreso. El requerimiento no fue tramitado y se rechazó, lo que obligó al presidente a retirar su proyecto y promulgar el del legislativo. Este tipo de disputas ha reducido su popularidad y ha alejado a los partidos de derecha del gobierno, incluidos los candidatos presidenciales de su sector.

La mala gestión del Gobierno ha debilitado la disciplina partidaria en las filas del oficialismo provocándole sendas derrotas en el Congreso. Para este sector, la elección de mayo de 2021 puede ser la balsa salvavidas que los mantenga a flote. Si, a pesar de Piñera, logra más del 30% de los convencionales y mantener alcaldes estratégicos en el poder, tiene como dar una contienda en las próximas elecciones. La posibilidad de obtener más de un 30% de los convencionales y con eso forzar la generación de acuerdos en la Convención Constituyente es una posibilidad, dada la división de la oposición que lleva una gran cantidad de listas.

Los diferentes sectores de la oposición no han sabido capitalizar el malestar y no han aprovechado la oportunidad de visibilizar los problemas de la derecha en el gobierno. La izquierda tiene un discurso de unidad. Todos sus líderes, dirigentes y candidatos hablan de la unidad, no obstante, cada nueva acción profundiza su desunión. No hay consenso en la estrategia de desarrollo para el país, no hay un diagnóstico compartido sobre cómo el país llegó a este punto y tampoco hay una estrategia común para enfrentar el futuro.

Esta división puede permitir que al finalizar el año la derecha, no solo se mantenga en el poder, sino que logre imponer sus términos en la convención constitucional. Para la oposición y los diferentes partidos y bloques, la elección de mayo es una oportunidad para ordenar liderazgos, ajustar expectativas y construir una alternativa para gobernar el país post pandemia. Estos resultados permitirán definir, por ejemplo, cuántas listas de oposición irán a la elección del congreso y cuántos candidatos presidenciales tendrá la izquierda. El análisis compuesto de los resultados de la convención y la votación de los concejales será determinante para la definición de estrategias y la negociación de cupos de cara a la elección de diciembre.

La alternativa populista chilena

Desde la oposición, también ha surgido una alternativa populista. La candidata que mayor crecimiento ha mostrado en las encuestas es Pamela Jiles, una diputada que se autodefine como más allá de la derecha y la izquierda, que ha logrado capitalizar el malestar con la clase política a través del retiro de ahorros previsionales de las personas. Esta se refiere a sus colegas políticos como la “clase política miserable”, a su base electoral como “ejército de nietitos”, a ella se autodefine como la abuela y a su pareja, candidato a gobernador de la región Metropolitana, como el abuelo. Ella se presenta como “una salvadora” de “su pueblo” que la clase política abandonó, incluidos obviamente todos los políticos de su sector.

Para Jiles, la elección de mayo será un indicador de su popularidad. Ella se ha jugado entera por la campaña de su esposo, quien es candidato a gobernador de la Región Metropolitana. Una votación aceptable de su pareja la llevará a competir en la elección presidencial de noviembre sin pasar por primarias.

El malestar ciudadano, el descrédito institucional, la ineficiencia del gobierno, la falta de acuerdos políticos pueden llegar a activar una bomba de tiempo, que de explotar, dejaría al populismo instalado en el poder. A esto, se suman los tres retiros de ahorros previsionales que, además de ineficaces, terminarán hipotecando el futuro de la ciudadanía. En suma, dado el contexto que vive el país, el resultado de la elección de mayo será un mapa para definir el futuro del país y está en las manos de actores y actoras políticas asumir una estrategia para que no se entre al círculo posible de la muerte de la democracia en Chile.

Foto de Senado República de Chile

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Colombia y la dimensión política de la ilegalidad

Por
Carlos Andrés Ramírez
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El uribismo no tiene una doctrina articulada. No obstante, a modo de una ‘ideología estrecha’, es un cuerpo deshilvanado de tópicos o clichés, simples pero efectivos, cuya periferia contiene elementos como el nacionalismo o la ‘ideología de género’, pero cuyo núcleo suele ser estable: un muy elástico anticomunismo entroncado con la identificación de toda oposición y protesta como una grave amenaza a la “estabilidad institucional”.

No es de sorprenderse, en consecuencia, que desde el inicio el 28 de abril de un nuevo ciclo de protesta, el uribismo se haya esmerado por subsumirlo en el vandalismo. La mayoría de los grandes medios han servido como su megáfono. De esa forma, como corresponde a su slogan preferido —“plomo es lo que hay, plomo es lo que viene” — pone las movilizaciones del lado de la ilegalidad y legitima, en consecuencia, su tratamiento como un asunto de orden público. De paso involucra en ellas, en calidad de titiritero, a Gustavo Petro, uno de los líderes de la oposición política legal, para terminar convirtiéndolo en cabecilla de ladrones y milicianos “tirapiedra”.

Un bloguero uribista hablaba por eso, en estos días, de cómo los “petristas saquean el (almacén) Éxito en Cali” y otros de sus copartidarios se han referido a los supuestos “colectivos petristas” involucrados en el vandalismo. El punto es, en últimas, generar la sinonimia entre ‘izquierda’, protesta y delincuencia para, acto seguido, poder responder a ellas en bloque con represión. El talante autoritario de este proyecto no puede ser más evidente.

El libreto se repite sin muchas variaciones. Después de un día de protestas, el Fiscal Barbosa dio una rueda de prensa en la cual anunciaba la detención de varios miembros de células subversivas dedicadas al “terrorismo urbano”. En la noche del primero de mayo, el presidente Duque anunció la “asistencia militar” que prestará el ejército en las ciudades para “proteger a la población”. Mientras tanto Uribe, el presidente eterno, promovía desde su cuenta de twitter —luego bloqueada por incitar a la violencia— el “derecho” de la fuerza pública a disparar contra el “terrorismo vandálico”.

La Policía Nacional y el ESMAD —Escuadrón Móvil Antidisturbios—, como parte de ella, no ha titubeado en tomarse en serio las advertencias de Uribe y, en esta, como en otras ocasiones, ha hecho un uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza. En las redes sociales circulan imágenes de policías disparando a mansalva —y no precisamente con balas de goma— contra los manifestantes, tal como ocurrió en las manifestaciones del 2020 en Bogotá, tras el asesinato de Javier Ordoñez a manos de la policía. Ese mismo escenario, por desgracia, se está repitiendo. La noche del 30 de abril, por ejemplo, la policía arremetió violentamente contra manifestantes en Cali y, en hechos que aún se requiere esclarecer, murieron entre 6 y 14 civiles.

Ahora bien, las marchas estuvieron acompañadas de actos delictivos y, para muchos, simpatizantes o no de la derecha, eso justifica la reacción de la Fuerza Pública. Que en ellas se ha atentado contra bienes públicos y privados, está fuera de duda. El sistema de transporte público en Cali y en Bogotá ha sido de los más vulnerados. Y mientras en las marchas se cantaban arengas contra la difunta reforma tributaria, en algunos lugares la gente salía corriendo de un supermercado con un Smart TV, nuevos zapatos o bolsas de fríjoles o arroz.

El daño de bienes públicos y privados y el robo son, ciertamente, delitos. La cuestión, sin embargo, no es solo si la forma de manejarlos es disparando contra cualquiera que pudo o podría estar involucrado en ellos, como lo sugiere Uribe, sino si su carácter ilegal basta para reducirlos a esa categoría. Anoto dos elementos al respecto.

En primer lugar, la destrucción de bienes privados y públicos no fue indiscriminada. Los muy impopulares sistemas de transporte público de Bogotá y Cali, por un lado, y los bancos, por otro lado, fueron los objetos predilectos de ataques. Ni lo uno ni lo otro es casual. La banca colombiana o, mejor, sus dueños, son considerados beneficiarios de la fallida reforma tributaria y, en general, de los favores del gobierno nacional. La destrucción de las sedes bancarias es, en efecto, un delito, pero uno con una simultánea intención política. 

En segundo lugar, maltratar sistemáticamente a quienes protestan, respondiendo a sus demandas con la militarización de las ciudades, gases lacrimógenos y, en algunos casos, el asesinato de los manifestantes, constituyen un agravio sumado al agravio. El manejo del orden público, por parte de los gobiernos, no es nada extrínseco a la dinámica, y al nivel de escalamiento, de una protesta. Es, por el contrario, un momento constitutivo de su evolución y, debido a la persistencia de la memoria, de la evolución de futuras protestas.

Que los miembros de la policía sean vistos por muchos como una amenaza o un enemigo, no es un azar. Aparte de hechos como la muerte de Dilan Cruz, en las protestas contra Duque de 2019, el trato de la policía y, en particular, de escuadrones como el ESMAD frente a los jóvenes ha sido particularmente agresivo. Abundan las denuncias y no es casual que el movimiento estudiantil, junto con muchas otras organizaciones civilistas, se hayan pronunciado repetidamente a favor de su desmantelamiento.

En esos términos, cuando en escenarios de confrontación con la fuerza pública como los recientes tienen lugar agresiones contra policías —algunos graves como los acontecidos la noche del 4 de mayo en Bogotá— no se trata de un ataque de “vándalos” hostiles a los “héroes de la patria”. Es una respuesta con violencia a las violentas políticas de manejo del orden público. La reforma tributaria fue un ‘shock moral’ que encendió en fuego, pero el manejo policial-militar de la situación es un ‘agravio procedimental’ que las transformó en un incendio. Se trata de una respuesta espontánea, en la mayoría de los casos escasamente articulada con algún contenido ideológico, pero, en todo caso, dotada de connotaciones políticas.

Si algo caracteriza los escenarios de protesta es que en ellos, de un modo semejante al carnaval, ocurre una suspensión temporal de ciertas normas y del funcionamiento regular de las instituciones. En el río revuelto que es la movilización se entremezclan los miles de ciudadanos hastiados de este gobierno, que actúan espontáneamente —y no movidos por alguna mano que los manipula como títeres— con organizaciones legales e ilegales interesadas en debilitar al gobierno y con diversas zonas grises entre la acción política y la conducta puramente delincuencial.

Percatarse de la dimensión política de ciertas ilegalidades no es convertir al ladrón de televisores o al que apedrea policías en un héroe. No obstante, contrario al interés del uribismo en asimilar toda esta rica turbulencia a sus dimensiones vandálicas, hace falta entender que la acción política se mueve en zonas grises entre la legalidad y la ilegalidad y que los límites de la legalidad —entendida aquí como el respeto a la propiedad privada, los bienes públicos y la fuerza pública— no coindicen siempre con los límites de la acción política.

Algunos crean bombas y se sorprenden, con cínica indignación, cuando estallan en sus manos.

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