Una región, todas las voces

El impacto de la Covid-19 en Panamá

Panamá, con sus poco más de cuatro millones de habitantes y escasos 75,000 kilómetros cuadrados de superficie, logró un espacio en las noticias internacionales durante la pandemia. Sin desearlo, lo consiguió debido a que en distintos momentos su desempeño sanitario ha estado entre los peores del mundo, y el impacto de la pandemia sobre su economía ha sido el más devastador. Así, la opinión pública mundial parece mirar con asombro lo que la ciudadanía panameña sabe bien: el país está lleno de contradicciones y no parece haber término medio.

«Objetivamente», a inicios de julio Panamá fue el país de América Latina con más casos reportados por cada 100 mil habitantes. Por encima de Brasil, por ejemplo, que según se ha reportado ha estado contagiando intencionalmente a su población, el cual no es el caso de Panamá en absoluto o Costa Rica, país vecino con dimensiones y posibilidades económicas parecidas. Los meses de julio y agosto del año pasada palidecieron ante la avalancha de casos de la segunda ola de diciembre y enero.

               Fuente: Ministerio de Salud.

¿Por qué ha sucedido esto? Como es natural, la búsqueda de explicaciones en la sociedad panameña se está dando en el ámbito político, donde reina la subjetividad y las narrativas son producto de los intereses y repertorios de los distintos actores políticos. Ha habido dos expicaciones dominantes en disputa pero que a veces se solapan: una basada en la trayectoria histórico-institucional del país y otra que pone el énfasis en la desigualdad estructural.

El argumento de la trayectoria histórico-institucional

El punto de partida de esta explicación sería la debilidad del Estado de derecho panameño, que se expresaría en la naturaleza clientelar de una administración pública obesa, irremediablemente ineficiente y con una imparable propensión al tráfico de influencias y la corrupción. Esto explicaría también que los tomadores de decisiones sean reclutados en general entre las personas más incompetentes del país.

Este diagnóstico ha sido articulado o promovido principalmente por corrientes de opinión con pensamiento libertario militante o por adhesión, que aunque son minoritarias tienen una cada vez más desarrollada vocación hegemónica.

. Su propuesta para gestionar la pandemia ha sido pasar de un modelo de gestión colectiva a una basada en la responsabilidad individual, promovida con el uso de eslóganes como “el virus lo paras tú”. Su propuesta para financiar la respuesta del país a la pandemia ha sido la austeridad, concretada sobre todo en la reducción de los salarios de los funcionarios, también justificada como un gesto de solidaridad con quienes perdieron sus empleos en el sector privado.

Una pieza importante de su lógica política ha sido dividir explicativamente a la sociedad panameña en dos partes: una ciudadanía trabajadora, indefensa y abusada, enfrentada a un gobierno representante de una élite política corrupta y que tiende a ser autoritario. Esta caracterización autoritaria es importante porque remonta a la ciudadanía panameña a uno de sus conflictos arquetípicos y, por lo tanto, con gran capacidad movilizadora: el de la crisis de finales de los ochenta, cuando la Cruzada Civilista —un movimiento nacional compuesto por organizaciones cívicas, empresariales y profesionales entre otras— enfrentó al régimen autoritario del que era parte el actual partido de gobierno, el PRD. 

Institucionalmente, quienes se inclinan por esta explicación han estado muy preocupados por la actividad legislativa durante la pandemia, no solamente por sus evidentes desvaríos, sino también porque ideológicamente la consideran la peor expresión del estatismo interventor. En este sentido, una fracción de los actores que promueven esta corriente de opinión, recientemente han lanzado una iniciativa que conduciría a instalar una asamblea constituyente paralela, aún sin propuestas explícitas, pero sí con un claro objetivo destituyente y simbólicamente redentor.

El argumento de la desigualdad estructural

Quienes defienden esta idea basan su explicación en la desigualdad social, política y económica del país. El argumento central es que, aunque Panamá ha tenido altas —y a veces muy altas— tasas de crecimiento económico en los últimos quince años, esa gran riqueza generada por la sociedad panameña no ha sido dirigida a fortalecer la provisión pública de servicios básicos como la salud, la educación y la vivienda.

A la desigualdad socioeconómica, agregan el desigual acceso al poder que sería conseguido por medio del financiamiento de las campañas electorales, que inclina las decisiones a favor de intereses privados comerciales o vinculados a la provisión de esos servicios que deberían ser públicos. Según esta explicación, es de esta manera que se justifican las aperturas comerciales, que demostraron ser inoportunas, y se abandona a la mayoría de las personas a su suerte, o a una provisión de ayuda gubernamental irregular e insuficiente.

Según se argumenta, este contexto generó condiciones que empeoraron la situación epidemiológica. Primero, la imposibilidad de los trabajadores informales —cerca del 50% de las personas económicamente activas— de confinarse en sus casas por estar obligados a trabajar. Segundo, las paupérrimas condiciones de las viviendas de muchas familias hacían insoportable el confinamiento. Y tercero, la profunda brecha digital hizo imposible que miles de niños y niñas pudieran continuar el proceso educativo virtual con los mínimos aceptables.

Esta explicación ha sido articulada principalmente por sindicatos, profesores universitarios, intelectuales estatistas y juventudes de izquierda. Sin embargo, hasta el momento no han articulado de forma convincente una propuesta económica para la financiación de la respuesta a la pandemia, excepto por ideas tímidas sobre un impuesto de emergencia a las grandes fortunas o la denuncia recurrente de la inexistencia de un plan de reactivación económica.

La ausencia de un plan ha sido parte de la caracterización que hacen del gobierno como neoliberal y cooptado por intereses particulares. Aunque lo intentan, han tenido dificultades para convencer a la población de que a las élites económica y política las unen intereses comunes.

Muy posiblemente, el diagnóstico «objetivo» —si algo así fuera posible— compartiría aspectos de ambas explicaciones. Políticamente, es importante verificar la verosimilitud que la población otorga a estas versiones generales de la situación, toda vez que el posicionamiento que logren los actores por medio de sus ideas será fundamental para prever las características del Panamá pospandemia.

Foto de Cruz Roja Esp en Foter.com

Lasso rompe tendencia de 14 años en Ecuador

Guillermo Lasso, candidato por el partido de derecha CREO, fue electo presidente de Ecuador en su tercer intento, en competencia contra el mismo contendor desde el año 2012, el correísmo. En esta ocasión, no disputó la contienda con Rafael Correa, exmandatario entre el 2007 al 2017, sino con uno de sus pupilos, Andrés Arauz. Esta segunda vuelta fue un referendo entre correísmo y un anticorreísmo de diversas tendencias que, en esta ocasión, cerró filas por salir de la corriente que tuvo una hegemonía en los últimos 14 años y que, pese a perder la elección, es la segunda fuerza política en la Asamblea con 46 legisladores de un total de 137.

Durante el balotaje, la polarización exacerbada jugó el partido en diversas canchas. El primero se produjo de manera permanente en las redes sociales, en donde los mensajes trataron de capturar el voto de los indecisos y voltear el porcentaje a favor del nulo. Un 50% de la población no había votado en la primera vuelta por ninguno de los dos finalistas. El correísmo con Arauz a la cabeza siguió el mismo libreto desde el 2007 en contra de la banca, pues Lasso es el mayor accionista de uno de los principales bancos del Ecuador. Es decir, no pudo reinventarse ni tampoco Correa hizo moratoria porque siguió jugando a jefe de campaña desde Bélgica.

Guillermo Lasso apostó por un mensaje que desnudaba la crisis humanitaria de Venezuela y el fracaso del modelo económico de los países que han optado por el Socialismo del Siglo XXI, además de enfrentar al correísmo, recordándole a la gente las denuncias de corrupción en su contra. Lasso tampoco se reinventó totalmente, sin embargo, agregó a su campaña un mensaje que caló en la mayoría de la población: la idea del “reencuentro” en frases de diálogo, respeto, unidad nacional y oportunidad para los segmentos de la población en condición de pobreza y extrema pobreza. Supo sintonizar el cansancio que provoca la polarización.

El segundo partido se jugó en los medios de comunicación, porque siguen siendo los de mayor credibilidad y sintonía, pese al auge de las iniciativas digitales y las redes. La prensa cerró filas en contra del correísmo, debido al estilo de confrontación que inauguró Correa desde su primer mandato en contra de los periodistas que comenzaron a investigar la corrupción en su gobierno. Lasso aprovechó este espacio, además de tener más know how que el joven candidato Arauz (35 años), quien había sido ministro de Correa, pero siempre mantuvo un perfil bajo y nunca fue catapultado como el sucesor legítimo del expresidente.

El tercer partido se jugó en el territorio, pese a las limitaciones de movilización que imprimió la pandemia. Los dos candidatos se disputaron voto a voto en cada provincia, sin embargo, la agenda de Lasso fue más amplia, integradora y mejor organizada. En esta tercera campaña, el candidato de la derecha agregó en sus recorridos visitas a distintos segmentos de la población, sobre todo en condición de pobreza, en las áreas rurales y campesinas. Pese a que varios de estos sectores no votaron por él en la primera vuelta, sin embargo, fue importante que sus candidatos se manifestaron a favor como el caso del socialdemócrata, Xavier Hervas.

El correísmo trató de captar el voto joven y reproducir en sus viejos militantes la añoranza de los primeros años de la Revolución Ciudadana, en el que hubo una bonanza económica que les había permitido avanzar en materia de derechos sociales y económicos (Buen Vivir), pero este mensaje no bastó. Más peso tuvo la figura de un Rafael Correa confrontativo que nunca salió del juego de suma cero contra sus rivales. La gente ya vive con el miedo de la pandemia y por eso rechazó la idea de la reedición de otro miedo: la polarización. Eso explica, porque caló mejor el mensaje del reencuentro de Lasso.

En su primera intervención como presidente electo, el exbanquero Guillermo Lasso, enfatizó la idea de un proyecto de unidad nacional con especial énfasis en la promoción de los derechos de las mujeres, la población GLBTI, los niños, niñas y adolescentes. También puso énfasis en la escucha activa que asumirá con quienes se suman a este propósito. Su principal reto es la vacunación universal, tarea que será liderada por su compañero de fórmula, Alfredo Borrero, quien es médico de profesión. Del otro lado, Andrés Arauz reconoció la derrota y enfatizó en seguir construyendo un país de unidad, mensaje que llegó tarde en su campaña y sin repercusión en el electorado.

Lasso recibe un país con una crisis de múltiples dimensiones: 7 de cada 10 jóvenes no tienen empleo, casi el 50% de la población vive con dos dólares al día y cerca de 600 mil personas se quedaron sin empleo durante la pandemia según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Por otra parte, Ecuador es el país con la mayor tasa de desnutrición infantil de la región y el segundo con el mayor número de niñas y adolescentes embarazadas. Los principales problemas son el desempleo, la crisis sanitaria y la inseguridad. En lo político, el Ejecutivo debe negociar con una Asamblea fragmentada y multipartidista. La ruta recién inicia, pero con un margen importante de votos. Al cerrar este artículo, Lasso obtuvo el 52,41% y Andrés Arauz, el 47,59%.

Los resultados electorales revalidan el clivaje regional e histórico entre las regiones de la Costa y la Sierra en el Ecuador. En la primera ganó el candidato del correísmo como en sus 14 años, pero con porcentajes mínimos, mientras que en la segunda triunfó Lasso con una diferencia amplia y que le posibilitó alcanzar la presidencia. Esto acentúa la idea de que no hay un liderazgo nacional y que el reto será construir la unidad.


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Brasil, la Unión Europea y el acuerdo con el Mercosur

Coautora Miriam Gomes Saraiva

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea desata debates apasionados que, según la perspectiva desde la que se abordan, dan lugar a opiniones diferentes. Desde una perspectiva geopolítica y geoeconómica predomina claramente el apoyo al acuerdo. Desde una perspectiva ecologista y de protección de la selva amazónica el rechazo es casi unánime

A partir de la firma del acuerdo —que todavía debe ser aprobado por los gobiernos y el Parlamento Europeo—, en julio de 2019, hubo varios cambios en el escenario europeo. En general, Europa se ha vuelto más “verde» en los últimos años y este cambio se hizo evidente, por ejemplo, en la renovación de la Comisión de la UE, que ahora tiene un enfoque mucho más activo en la protección del medio ambiente.

También se ha notado en la composición del Parlamento Europeo y en la participación de varios partidos verdes en sus respectivos gobiernos nacionales. El Pacto Verde Europeo influye también en la política exterior comunitaria, con el objetivo de utilizar el peso económico de la UE para promover estándares ambientales y para luchar contra el cambio climático y la degradación medioambiental.

Según una encuesta de Rainforest Foundation de Noruega—llevada a cabo en enero de 2021 en 12 países europeos—, una gran mayoría de los participantes estaba de acuerdo en pedir que sus gobiernos exigieran el cese de la deforestación en la Amazonia antes de que el acuerdo fuera aprobado y ratificado. Desde Europa se ha organizado una amplia coalición llamada “Stop EU-Mercosur” compuesta por más de 400 organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de Europa y América del Sur.

La selva amazónica tiene una importancia simbólica en Europa. Por un lado, las imágenes de los árboles en llamas son conmovedoras y han convertido al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en el villano ideal contra la protección del medio ambiente. No hay dudas de que detrás de la amplia movilización contra el acuerdo UE-Mercosur hay preocupaciones legítimas.

Los costos de un “no acuerdo”

A veces, sin embargo, sus oponentes dan la impresión de que creen que detener el acuerdo resolverá todos los problemas asociados con el cambio climático y la destrucción del medio ambiente. En ese caso, el acuerdo se convierte en un chivo expiatorio, y eliminarlo sería como salvar a la humanidad con una bala de plata.

Sin un acuerdo, la selva amazónica no sería más segura ni Brasil exportaría menos carne o soja. Tampoco se lograría que Bolsonaro fuera destituido por no firmar el acuerdo. Los europeos dormirían con la conciencia tranquila, pero Europa tendría mucha menos influencia en la política brasileña. Según la Comisión de la UE, los acuerdos de libre comercio son plataformas para una mejor cooperación que promueve los valores e intereses europeos. Esta plataforma no existiría sin un acuerdo.

La campaña contra el acuerdo con el Mercosur no solo no puede garantizar que rechazándolo se lograrían cambios, sino que, además, no toma en cuenta posibles efectos colaterales. El problema de muchos estudios sobre el acuerdo UE-Mercosur es que sobredimensionan su impacto negativo. Al mismo tiempo, no calculan los costos de los escenarios alternativos.

¿Qué pasaría si la UE y el Mercosur no llegasen a un acuerdo y, en cambio, el Mercosur profundizase las relaciones comerciales con China? ¿Estarán mejor protegidos el clima, el medio ambiente y la selva amazónica? ¿Se invertirá la tendencia a la reprimarización de las economías del Mercosur y se protegerá mejor a la industria brasileña o argentina?

Los acuerdos comerciales deben tener una orientación estratégica y no depender tanto de los gobiernos de turno. Para el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, el acuerdo UE-Mercosur tiene un profundo significado geopolítico. Borrell fue muy claro al respecto en un discurso ante el Parlamento Europeo en enero de 2021 cuando reclamó que la UE no puede afirmar que quiere comprometerse con América Latina y trabajar en conjunto con los países de la región y al mismo tiempo no ratificar el acuerdo con el Mercosur. Si Europa no refuerza sus relaciones con la región, otros lo harán.

¿Un momento oportuno?

Brasil es demasiado importante para ser marginado en la política exterior europea. No es un socio fácil en este momento. Sin embargo, lo mismo se puede decir de muchos otros gobiernos latinoamericanos. El gobierno brasileño se encuentra en una situación complicada, y por lo tanto, ahora podría estar más dispuesto a tomar en cuenta las inquietudes europeas con el medio ambiente, pero también de grupos políticos y empresariales domésticos. El Ministerio de Medio Ambiente de Brasil está en la mira del Congreso y queda por ver si el cambio en la Cancillería, como resultado de la presión del Congreso, conducirá a un mayor pragmatismo en la política exterior.

Podría ser el momento oportuno para circunnavegar los acantilados del acuerdo entre la UE y el Mercosur y encontrar una solución satisfactoria y constructiva a los problemas de la implementación del Acuerdo de París y de la protección de la selva amazónica.Ya hay propuestas que están sobre la mesa, como blindar en el acuerdo entre la UE y el Mercosur una cláusula ambiental vinculante. Además, se podría crear un mecanismo para un “diálogo verde” sobre cuestiones ambientales entre los dos actores, con la participación de la sociedad civil y de asociaciones empresariales.

La política comercial europea se enfrenta a un dilema. Pretende, por un lado, defender los intereses geoeconómicos y geopolíticos de la UE, pero también quiere servir como instrumento para garantizar la aplicación de los principios básicos del Pacto Verde en las relaciones exteriores. Europa todavía tiene que encontrar el equilibrio adecuado entre geopolítica y ecopolítica. El acuerdo con el Mercosur es una primera prueba.

Miriam Gomes Saraiva es profesora titular de Relaciones Internacionales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ).

Foto de campact en Foter.com

Acerca de los quilombos de “Améfrica”

En los últimos tiempos, a partir de las recientes movilizaciones antirracistas en los Estados Unidos y en países latinoamericanos, ha habido un fortalecimiento de los movimientos negros y feministas en Brasil y otras partes de la América llamada “Latina», así como la reanudación del debate sobre la raza. En este marco, ha habido un resurgimiento del interés por ideas y teorías del pasado, como las desarrolladas por autores como Abdias Nascimento y Lélia Gonzalez. Las ideas de ambos intelectuales brasileños innovaron el pensamiento sobre los negros en la diáspora y la «interseccionalidad», particularmente las ideas de «quilombismo» (de Nascimento) y «amefricanidad» (de Gonzalez), que reclaman un lugar destacado en la teoría crítica producida en el Sur Global.

Los quilombos como espacios de resistencia

Abdias Nascimento (1914-2011) fundó el Teatro Experimental do Negro en 1944 e introdujo el movimiento de la negritud en Brasil. Fue profesor en universidades de Estados Unidos y Nigeria, participó en la fundación del Movimiento Negro Unificado en 1978, fue diputado federal y senador, y también fue escritor, artista plástico y actor. Su obra “Quilombismo: documentos de una militancia panafricanista”, publicada en 1980, recibió una nueva edición en 2019. En este y otros trabajos, Nascimento abordó la necesidad histórica de resistencia del negro de la diáspora en las Américas.

De ahí deriva la tradición de los quilombos: un esfuerzo por rescatar la libertad y la dignidad a través de la fuga del cautiverio y la organización de una sociedad libre. Los quilombos fueron comunidades rurales formadas por esclavos en fuga del cautiverio, donde ellos se refugiaban y buscaban resistir a los intentos de captura. Recibieron ese nombre en Brasil, pero en otras partes de América fenómenos semejantes se hicieron conocidos como “cimarrones”, “palenques” y “maroons”. La formación de quilombos se convirtió en un movimiento general y permanente, incluso después de la abolición de la esclavitud. Pero para él, la noción de «quilombo» iba mucho más allá de los quilombos históricos y de los que aún sobreviven: era una metáfora de todos los espacios de resistencia y sociabilidad negra.

En consecuencia, el «quilombismo» trasciende la existencia física de los quilombos. También estaría en modelos de organización más o menos tolerados: en las cofradías católicas de negros, en expresiones sincréticas como el candomblé, en las sociedades deportivas, en las cajas de ayuda mutua o en instituciones culturales como las escuelas de samba.

Independientemente de su función declarada, todos estos espacios desempeñaron y desempeñan un papel en el mantenimiento de la comunidad africana como espacios de resistencia. Todas estas actividades constituirían una unidad, una práctica de liberación, haciendo del negro un agente de su propia historia.

Para Nascimento, allí es donde la «comunidad» sería el elemento central. Se trataría de un patrimonio histórico y psicosocial del negro-africano, arraigado en su historia, su cultura, su experiencia. Haciéndose eco de las ideas del movimiento de la negritud, el autor apostó por la «reinvención de un modo de vida afrobrasileño basado en su experiencia histórica, en el uso del conocimiento crítico e inventivo de sus instituciones maltratadas por el colonialismo y el racismo».

En su obra hay un esfuerzo deliberado por reflexionar sobre Brasil partiendo del negro, y por producir conceptos originales. Hay una clara intención de superar la colonización mental eurocéntrica, y sustituirla por la «liberación quilombista». El africano esclavizado trajo a Brasil (y a las Américas) el carácter comunal de la organización socioeconómica que existía en África y lo reprodujo aquí. El quilombismo constituiría así una alternativa al capitalismo: no era un proyecto del pasado, sino del futuro.

Hay en la obra de Nascimento también una clara noción de «colonialismo interno»: el Estado colonial portugués, y posteriormente el brasileño, habría asumido un carácter terrorista e ilegítimo en relación con los negros. Su intención era eliminarlos, mediante el genocidio que Nascimento analiza en su otra obra fundamental, O genocídio do negro brasileiro (1977). Ese Estado genocida debería entonces ser sustituido por un «Estado Nacional Quilombista», a través de una «revolución quilombista», para «asegurar una vida sana para los niños, las mujeres y los hombres, los animales, las criaturas marinas, las plantas, las selvas, las rocas y todas las manifestaciones de la naturaleza». 

«Améfrica» para las «amefricanas»

Las reflexiones de Lélia Gonzalez (1935-1994), historiadora, antropóloga, activista negra y feminista, aportan originalidad al pensamiento negro y feminista. A finales del 2020 se publicó “Por un feminismo afrolatinoamericano”, reuniendo las principales obras de la autora. En ellas, Gonzalez aborda el eurocentrismo y el neocolonialismo, la forma inferiorizada en que los colonizados se ven a sí mismos en relación con el colonizador. De esta manera, busca alternativas a la idea de «América Latina», en la que no caben los indígenas y los negros. La «América de los latinos» se opone a la de los «anglosajones», pero ¿cuál sería el lugar de los no blancos en esta ecuación?

Si su destino ya no puede ser el cuestionado proyecto de disolución a través del mestizaje, ¿qué proponer como alternativa? Gonzalez sugiere una «Afroamérica» o «Améfrica».

Más allá de la cuestión racial, la autora reflexiona creativamente sobre el feminismo, proponiendo un feminismo que no es blanco, europeo, occidental: sino afrolatinoamericano, para «amefricanas». Según Gonzalez, las amefricanas (al igual que las amerindias) son inicialmente conscientes de que sufren la opresión por su raza, para luego tomar conciencia de la discriminación de género.

La explotación de clase y la discriminación racial constituirían los elementos básicos de una lucha común a los hombres y mujeres de una etnia subordinada. Al fin y al cabo, la esclavitud negra fue vivida por hombres y mujeres, y «fue en el seno de la comunidad esclavizada donde se desarrollaron las formas político-culturales de resistencia que hoy nos permiten continuar una lucha multisecular por la liberación». El mismo argumento podría extenderse a las comunidades indígenas.

Para Gonzalez, esto explica la considerable presencia de amefricanas y amerindias en los movimientos étnicos. Pero esta participación les hizo tomar conciencia de la discriminación de género que sufren: «nuestros compañeros de movimiento reproducen las prácticas sexistas del patriarcado dominante y tratan de excluirnos de los espacios de decisión del movimiento”.

Esto las llevó a buscar el movimiento feminista y sus teorías, «creyendo encontrar allí una solidaridad tan importante como la racial: la sororidad. Pero lo que efectivamente encontramos son prácticas de exclusión y dominación racista». Con ello se cerraba el ciclo: las opresiones de clase, raza y género se superponían. Gonzalez se anticipó así a los debates contemporáneos sobre interseccionalidad, patriarcado y sororidad.

La lectura de Abdias Nascimento y Lélia Gonzalez contribuye a la comprensión de las múltiples opresiones en un contexto periférico, y aporta elementos para construir proyectos de emancipación que las superen. Estas obras anticipan diversos debates y pueden contribuir a nuestra necesaria descolonización mental. Además, destaca su actualidad, especialmente en un contexto de regresión social y profundización del genocidio de la población negra e indígena brasileña. 

Foto de Midia NINJA

Migrante emprendedor: ¿la zona cero del neoliberalismo?

La migración es un fenómeno central del mundo contemporáneo que desafía a todos los países implicados a nivel económico, político y social. En este contexto, la promoción del espíritu empresarial suele ser considerado como la solución para integrar a los migrantes en la sociedad de acogida. ¿Se trata de otro mito neoliberal o es una opción viable, especialmente para los países del Sur global como los latinoamericanos?

¿Empresarios migrantes?

En «El nacimiento de la biopolítica», Michel Foucault describe al migrante como un empresario ya que uno de los elementos constitutivos del capital humano, concepto central del neoliberalismo, es la movilidad, es decir, la capacidad de un individuo para desplazarse.

Si migrar en un primer momento representaría un coste material, psicológico y de interrupción de las ganancias financieras y aumento de los gastos, este coste con el tiempo sería susceptible de convertirse en inversión, en mejora de estatus y remuneración. Foucault dice que «la migración es una inversión, el migrante es un inversor». Es un empresario de sí mismo que realiza unos gastos de inversión para conseguir una determinada mejora.

Desde finales del siglo XX Brasil se ha posicionado como un importante país de tránsito y destino de la migración Sur-Sur. En este contexto, a pesar de que según un informe del Observatorio de las Migraciones (OBMIGRA), en el período 2010-2019 el número de trabajadores inmigrantes con tarjeta de trabajo pasó de 55,1 mil a más de 147 mil personas, prevalece la informalidad y la supervivencia del día a día.

El espíritu empresarial se convierte, en ese marco, en una salida y a menudo es propuesto por los gobiernos y las organizaciones internacionales como la «mejor» forma de inserción socioeconómica para los migrantes y los refugiados. El carácter «emprendedor» del migrante que destaca Foucault es utilizado e incluso «explotado» por la sociedad en términos económicos.

Durante 5 años he investigado los programas de emprendimiento dirigidos a la inclusión económica de migrantes y refugiados en Brasil, y los resultados me han permitido conocer en profundidad el mundo del emprendimiento de los migrantes y refugiados.

Los colectivos/ONG analizados en Brasilia, Río de Janeiro y São Paulo coinciden en que sus objetivos son la integración de los migrantes y refugiados en la sociedad brasileña a través de la formación, la profesionalización, la inserción en el mercado laboral y el empoderamiento personal. Los servicios ofrecidos por las ONGs van desde el catering para empresas, charlas motivacionales impartidas por migrantes, y la participación en ferias y eventos gastronómicos con comida típica de los países de origen. 

El crecimiento de colectivos que piensan en el emprendimiento como una solución para la integración de los migrantes se ha incrementado mucho en los últimos años. Pero ¿qué ocurre con los migrantes después de las formaciones anunciadas como medio de empoderamiento e independencia financiera?

Mitos y realidades del empresariado migrante

Al convertirse en su propia empresa, la historia personal y cultural del migrante/refugiado surge, en este contexto, como un factor de atracción y atención. El sirio que huyó de la guerra o la venezolana que tuvo que abandonar su país por la crisis humanitaria se convierten, por tanto, en empresarios de sí mismos.

Los migrantes son presentados y formados para movilizar el potencial de transformación e inspiración que suponen sus trayectorias, que pueden encontrarse en los catálogos de eventos y en las páginas web de las ONG o en charlas tipo TEDx, por ejemplo. Esto resalta el trabajo comunicacional que opera el neoliberalismo, al vincular la idea de la inspiración por medio de las trayectorias de superación y éxito. El empresario migrante se convierte así en un personaje preferente de esta narrativa.

Si estamos de acuerdo en que otra de las marcas constitutivas del neoliberalismo es la noción de libertad desde un lugar donde el individualismo se traduce en la idea de «sé tu propio jefe, sé el dueño de tu tiempo, sé un emprendedor de ti mismo», el migrante emprendedor se convierte en personaje aglutinador del modelo neoliberal. Es aquel individuo que, saliendo de un contexto desfavorable «le da la vuelta a las cosas» como emprendedor de sí mismo.

Sin embargo, los informes recogidos en nuestra investigación contradicen la imagen del emigrante «exitoso». Si previo a la pandemia estos no tenían sus derechos laborales garantizados, ahora son aún más vulnerables. Además, como la mayoría de ellos cocinan en casa, los límites entre la intimidad, el tiempo con la familia y el ocio se desdibujan y toda la familia se ve inmersa en la rutina de comprar provisiones, cocinar, empaquetar, etc., lo que se convierte en elemento centralizador de sus vidas.

Aunque esta rutina es compartida por muchos brasileños y latinoamericanos en situaciones similares, hay dos factores que son peculiares de los migrantes: la falta de una red de apoyo familiar y de amigos, y las dificultades de acceso al crédito que agravan la vulnerabilidad y la dependencia de fuentes de ingresos frágiles.

El renacimiento del sujeto de derechos

La realidad se compone de personas que viven en el presente sin ninguna garantía de futuro y en condiciones de precariedad permanente. Esta realidad se hace aún más compleja en los países en desarrollo como los latinoamericanos. Por lo tanto, para transformar la rutina agotadora de estas personas hay que modificar la imagen negativa del fracaso y del sacrificio como forma de existir.

Los inmigrantes que participan en estos programas constituyen un sector minoritario, pero ante la pregunta de si se sienten capacitados la respuesta es siempre la misma: «Me siento cansado». Para superar esta realidad, desde un enfoque integral del fenómeno migratorio como fenómeno social, hay que reivindicar nuevos sujetos, no el de la empresa de uno mismo, sino el renacimiento del sujeto de derechos: económicos, sociales y culturales.

Foto por PHOTOGRAPHY MML em Foter.com

Las elecciones más grandes de la historia de México

Estamos a días de que inicien las campañas electorales de lo que se ha denominado las elecciones más grandes de la historia de México por el enorme número de cargos que están en disputa. Más de 21,000 puestos para renovar completamente la Cámara de Diputados a nivel nacional, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 1900 ayuntamientos y juntas municipales en el plano subnacional. Se espera que durante los dos meses de campañas la actual polarización política, creada y alimentado con los discursos y conductas, tanto de los líderes del partido en el gobierno como los de oposición, se profundice y termine trasladándose a las urnas.

Desde el 15 de enero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro de dos coaliciones parciales denominadas Juntos haremos historia y Va por México. La primera, es la coalición oficialista encabezada por Morena, misma fórmula que logró la abrumadora mayoría en las elecciones federales del 2018. Y la segunda, está conformada por los tres partidos más importantes que rivalizaron durante las últimas dos décadas en la transición a la democracia: PAN, PRD y PRI. Esta coalición, que no deja de ser inquietante, buscará arrebatar la mayoría de escaños a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.

No obstante, en México la política a nivel subnacional, frecuentemente desarrolla dinámicas de competencia electoral diferenciadas del ámbito nacional. Muestra de ello son las diversas combinaciones de coaliciones para las 15 gubernaturas en juego. De acuerdo a las encuestas de Massivecaller elaboradas el 28 de marzo, en 12 entidades se observa una competencia bipartidista con coaliciones, y en tres entidades; Campeche, Nuevo León y San Luis Potosí la competencia se fragmenta en tres fuerzas políticas, en los dos primeros con la presencia competitiva de Movimiento Ciudadano y en el tercero de la coalición PVEM y PT.

Según la misma encuestadora, Morena y sus aliados arrancan las campañas con una intención de voto mayoritaria en 10 de las 15 entidades en juego, en 7 de ellas con un amplio margen de apoyo. Por su parte, el PAN tiene ventaja en Querétaro, la coalición PAN-PRD en  Chihuahua, la coalición PAN-PRD-PRI muestra una reducida ventaja en Baja California Sur y San Luis Potosí, y por último Movimiento Ciudadano, que ha ido incrementando su apoyo aventaja por un punto en una competencia sumamente cerrada con las coaliciones PRI-PRD y MORENA-PT-PVEM y PANAL en Nuevo León.

Ahora bien, en la arena electoral los partidos suelen ser sumamente pragmáticos y la estrategia de conformación de coaliciones busca sumar la mayor cantidad de votos posible, sobre todo en contextos de cambio en la competencia. Sin duda, los resultados de las elecciones del 2018 consolidaron a Morena y sus aliados como el bloque oficial dominante al contar con la mayoría en ambas Cámaras del Poder Legislativo y con una fuerte presencia en la mayoría de las entidades.

La polarización política de cara a las elecciones

Los discursos y conductas hostiles hacia las “otras” alternativas políticas que han fomentado, tanto los líderes del bloque oficialista como los liderazgos de oposición y los medios de comunicación —tradicionales o redes sociales—, generan un clima de  polarización política que en nada favorece a la democracia. Ante una situación de desgaste democrático, lo que se precisa es el reconocimiento del otro como ciudadano para entablar algún tipo de negociación o acuerdo que facilite y fortalezca la estabilidad del sistema político. 

Además de los liderazgos políticos ya mencionados, aparecen —o reaparecen— nuevos actores que a través de sus discursos amplifican los antagonismos. Esta semana, el empresario Ricardo Salinas Pliego declaró que “el INE debe morir o desaparecer”. Esto, tras una serie de acuerdos por parte del órgano de administración electoral que afectaron, al menos de manera temporal mientras la autoridad encargada de la justicia electoral resuelve, las candidaturas de algunos partidos. La medida afectó especialmente a dos candidatos a gobernador de Morena y sus aliados, que mantienen la ventaja en las intenciones del voto para Michoacán y Guerrero, así como cambios en la designación de curules de representación.

Sin duda, los acuerdos del Consejo General del INE han causado molestias y reacciones preocupantes. Y aunque la decisión está apegada a la legalidad, no es del todo oportuna ya que trastoca los acuerdos y negociaciones formales e informales que los partidos realizaron para ir en coaliciones.

Si bien los ataques a la autoridad electoral son preocupantes —como los fuertes recortes en el presupuesto para cumplir con sus funciones—, también hay que señalar que desde hace tiempo, desde el órgano directivo del INE se ha venido fomentado una narrativa de confrontación con el Ejecutivo, cayendo en el juego que el presidente domina a la perfección y que al INE no le corresponde, ni le favorece.

De seguir por este camino, las consecuencias de la polarización en la arena electoral podrían producir dudas sobre la representatividad y la legitimidad de los ganadores, así como la aparición de una oposición desleal que genere dificultades para lograr los consensos necesarios para gobernar. Y finalmente, aunque no menos importante, la convivencia social, pacífica y civilizada podría ser alterada ante visiones simplificadoras que dividan a la sociedad entre “buenos y malos”.


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El “paro de octubre” y la violencia en Ecuador

Recientemente se presentó en Ecuador el informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia sobre los hechos ocurridos durante las protestas de octubre de 2019. El informe, encargado por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, concluye que existieron presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas contra la población. Las pruebas llevan a la Comisión a concluir que el Estado violentó gravemente los derechos a la vida, integridad física, psicológica y sexual, la libertad personal, libertad de expresión, protesta pacífica y derecho a la resistencia. Esto mediante actuaciones reiteradas y generalizadas, lo que podría implicar incluso la existencia de crímenes de lesa humanidad.

Manifestaciones y represión de octubre de 2019

El 1 de octubre de 2019, dos días antes del inicio de la represión que se extendió por casi dos semanas, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno anunció en cadena nacional una serie de medidas económicas y laborales, en el marco del cumplimiento del acuerdo entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional. Básicamente se trataba de un ajuste económico, social y de flexibilización laboral con enorme impacto sobre la amplia mayoría de la población.

La eliminación del subsidio a los combustibles, vigente en el país desde hace 40 años, fue la medida que desencadenó las protestas. Pero a ello se sumaban las reformas orientadas a rebajar la carga tributaria a los grupos económicos, liberalizar el comercio —retirar o reducir aranceles—, reducir el impuesto de salida de divisas sobre las materias primas y una serie de privatizaciones.

El “gasolinazo”, como también se conoce el estallido social, fue protagonizado mayoritariamente por el movimiento indígena y fue contestado por el Ejecutivo, tanto mediante la adopción de Estado de Excepción como mediante el uso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para reprimir la protesta. Para ganarse a la opinión publica, el gobierno utilizó los medios de comunicación públicos y privados y presionó a otros organismos como la Fiscalía o la Corte Constitucional.

Más allá de la violencia ejercida a lo largo del Paro Nacional, se denunciaron vulneraciones de derechos vinculados a la participación política —libertades de expresión, comunicación e información—, a la protesta —libertad de manifestación—, a la resistencia —derecho reconocido como tal en el artículo 98 de la Constitución del Ecuador—, y al honor, la vida privada, la libertad y seguridad, al trato digno y humanitario durante las detenciones y los procesos.

Por añadidura, las denuncias del gobierno contra líderes político-sociales, las intervenciones de las comunicaciones, el cierre de medios, las detenciones y las declaraciones de prisión provisional de activistas, cargos públicos en activo y líderes de movimientos sociales, son una muestra del uso, durante y después del Paro, del aparato judicial para reprimir y eliminar el pluralismo político (el conocido como Lawfare).

Los hechos difundidos por organizaciones de derechos humanos e investigados por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, han sido analizados en el informe de la Comisión de la Verdad. A través de 519 testimonios se han logrado cuantificar 249 presuntas violaciones de derechos humanos, incluyendo seis ejecuciones extrajudiciales, 22 atentados contra el derecho a la vida, tres casos de violencia sexual y 20 lesiones oculares.

Comisión de la Verdad y elecciones

El contenido del informe ha caído en el epicentro de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Algunas voces han señalado que debería haberse presentado tras la cita electoral, mientras que otros defienden su publicación básicamente por dos motivos.

En primer lugar, por la urgencia de esclarecer los hechos ya que el objetivo del informe es que se haga justicia, que se repare a las victimas y que los culpables sean sujetos a los procesos judiciales pertinentes, evitando una eventual salida del país tras la cita electoral. Y el segundo motivo es que en el informe no se menciona a los candidatos que disputarán el balotaje: Andrés Arauz, candidato progresista y Guillermo Lasso, candidato de la derecha.

Por otro lado, tanto la Comisión como el contenido del informe han sido denostados por las autoridades implicadas que niegan la existencia de los hechos que se les imputan. La Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y demás entidades involucradas han afirmado que la actuación policial y militar se realizó en el marco de la ley. Además, acusan al informe de estar “sesgado” y de no dar suficiente importancia a las violaciones de derechos humanos soportadas por las fuerzas del orden público.

El análisis del documento demuestra que el informe también relata la existencia de delitos comunes cometidos durante el paro de octubre y el impacto en la integridad física de los agentes. Sin embargo, es importante recordar que el objetivo de los trabajos de la Comisión es dotar de contenido al derecho a la verdad que tienen las víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado, de los delitos comunes se encargan ya otras instancias.

Tal y como ocurrió durante el Paro Nacional, las críticas del gobierno han encontrado un amplio eco en los grandes medios de comunicación, mientras que han sido los medios alternativos y las redes sociales las que han permitido difundir los hallazgos de la Comisión.

Verdad, justicia y reparación

Las recomendaciones del informe apelan a la necesidad de asegurar una investigación imparcial que garantice a las víctimas el acceso a la información con apego a los estándares internacionales de protección. El documento se centra en la “reparación integral” para recomendar medidas de reparación individual, simbólicas y colectivas, así como institucionales y afirma que “el Estado ecuatoriano, a través de su máximo representante, debería ofrecer, disculpas públicas a las víctimas de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el paro nacional de octubre 2019”.

El documento es un reconocimiento necesario para seguir exigiendo justicia y reparación. Ahora, tras la denuncia de la Defensoría del Pueblo, es el turno de la Fiscalía y de los tribunales de dar respuesta para que ningún abuso quede impune. Solo así, con verdad, justicia y reparación, será posible suturar las heridas abiertas durante la revuelta popular de octubre.

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Colombia, los inmigrantes y el trabajo

Las migraciones generan grandes transformaciones sociales. Estos cambios, sobre todo en los países receptores de corrientes migratorias masivas en cortos períodos de tiempo, terminan muchas veces desembocando en situaciones complejas en torno a temas como la adaptación cultural o el empleo. La migración venezolana en Colombia ha impactado fuertemente en diversos aspectos de la sociedad colombiana e implica grandes desafíos.  Sin embargo, a diferencia de lo que muchos creen, las cifras disponibles no parecen indicar que los migrantes venezolanos hayan afectado sensiblemente las oportunidades laborales de los colombianos, excepto en el sector de trabajos informales de baja calificación.

Venezuela y Colombia tienen una larga historia de movimientos poblacionales. En la segunda mitad del siglo XX, cientos de miles migraron a Venezuela en busca de trabajo y oportunidades de progreso. Hacia finales del siglo pasado la zona de Norte de Santander y Santander del Sur (Cúcuta y Bucaramanga) lograron un buen desarrollo como fuentes de abastecimiento de alimentos y manufacturas para el mercado venezolano. La migración permanente probablemente disminuyó, pero se creó un tejido empresarial y un mercado laboral que atravesaba las fronteras (sin que los gobiernos intervinieran, excepto en casos muy especiales). En la última década, sin embargo, el flujo se invirtió y una marea de venezolanos ha cruzado la frontera en busca de una vida mejor. El movimiento migratorio a lo largo de los años ha sido tan importante que hoy no se sabe a ciencia cierta qué parte de los inmigrantes recientes son venezolanos y cuántos son colombianos o descendientes de antiguos emigrantes que regresan al país.

Lo que sí se sabe es que el flujo migratorio se incrementó de manera considerable a partir de 2013. Algunas fuentes señalan que entre 2013 y 2017 se cuadruplicó la cantidad de venezolanos, superando el medio millón. Según el Departamento Nacional de Estadística, Colombia (DANE), en 2019 ya eran 1,77 millones, más que el tamaño de Barranquilla, la tercera ciudad más grande del Colombia (1,27 millones de habitantes). La pandemia, sin embargo, no sólo frenó la migración, sino que generó un fljo inverso con la reducción de 41 mil venezolanos en un año.

El retorno de venezolanos a causa de la falta de oportunidades debido a la pandemia parece indicar que al menos una proporción de ellos son sensibles a cambios de tipo económico y/o político en los dos países. Las recientes medidas del gobierno colombiano de permitir a los venezolanos obtener la ciudadanía en un corto período de tiempo probablemente va a acelerar los procesos migratorios, pero no necesariamente los librará del status de inmigrantes. 

Por otra parte, la población migrante es en promedio bastante más joven que la población colombiana. Según el DANE, casi seis de cada diez venezolanos tiene menos de 25 años, frente a poco más de cuatro cada de cada diez entre los colombianos. Además, casi una cuarta parte de los venezolanos tiene 10 años o menos.

Los inmigrantes y el mercado laboral

El efecto de la migración venezolana sobre el mercado laboral colombiano no es fácil de evaluar ya que no hay datos ni estudios suficientes. Sin embargo, sí es posible plantear algunas hipótesis a partir de lo que se conoce. Claramente esta nueva población constituye un aumento en la oferta laboral y posiblemente va a tener efectos económicos sobre los niveles de empleo y de remuneración. Pero también constituye un factor de incremento en la demanda de bienes y servicios que genera expansión de los mercados y oportunidades de expansión de la producción.

Para entender el impacto en el marcado laboral hay que tener en cuenta el dato de que casi la cuarta parte de los migrantes tienen 10 años o menos y por lo tanto no participan en el mercado laboral. Además, según datos de Migración Colombia, solo el 44% son inmigrantes regulares, lo que implica que la gran mayoría se encuentra en los sectores informales y de baja productividad.

En general los inmigrantes venezolanos, especialmente los recientes y los que tienen poca calificación se han localizado relativamente cerca de la frontera, especialmente en las ciudades de Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, el departamento de La Guajira y las zonas costeras del norte. Sin embargo, una buena proporción ha llegado hasta Bogotá (a casi 600 kilómetros). En cuanto a la ocupación, predominantemente están ocupados en los servicios personales que requieren poca calificación como los salones de belleza y peluquerías, en la entrega de órdenes a domicilios y en el comercio informal.

La única investigación estadística económica que se conoce sobre el efecto de los migrantes de Venezuela fue hecha en Ecuador, donde el peso relativo de la inmigración con respecto a la población del país es similar al de Colombia (alrededor de 3%) y las características de los migrantes son similares. El estudio, “The Labor Market Effects of Venezuelan Migration in Ecuador”, concluye que en el caso de Ecuador no se puede encontrar un efecto importante de la migración sobre el mercado laboral en general, pero sí se observa una reducción en la calidad del empleo y los ingresos entre los jóvenes de niveles educativos bajos. Dada las similitudes, se puede pensar que algo similar esté pasando en Colombia.


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Perú: entre la desconfianza y la incertidumbre

La campaña electoral para las elecciones presidenciales del próximo domingo en Perú es atípica. No solo porque los comicios se celebrarán en medio de una segunda ola de Covid-19, que viene alterando la rutina de sus ciudadanos y consecuentemente las estrategias de los candidatos a la presidencia como al congreso. Es atípica también porque la polarización de la opinión pública que dominó las anteriores elecciones, ha dado lugar a una dispersión de las preferencias electorales. Los peruanos terminaron de perder la confianza en las instituciones cuando en setiembre de 2019 el entonces presidente, Martín Vizcarra, cerró el Congreso de la República acusando al partido Fuerza Popular — herederos del viejo fujimorismo— de obstruccionismo.

Fueron convocadas nuevas elecciones para el Congreso a principios del 2020, donde los fujimoristas sufrieron una debacle electoral, la representación política se dispersó y en noviembre de 2020 los nuevos parlamentarios destituyeron al presidente.

Al día de hoy, si la indecisión se postulara pasaría a la segunda vuelta. En elecciones anteriores, a días de la votación los electores manifestaban cierta determinación sobre quienes serían sus elegidos. Había un mapa más o menos claro. Pero según las últimas encuestas, alrededor del 30% aún no ha definido por quién votar o manifiesta no estar dispuesto a votar a ninguno candidato.

Con un sistema electoral centrado en los candidatos, se han registrado 18 fórmulas presidenciales y 476 listas al congreso volcadas a atraer al electorado peruano. Los candidatos ocupan casi todo el espectro ideológico, incluyendo como novedad a la extrema derecha. Además, la calidad de los candidatos es cuestionada, sus partidos son considerados “vientres de alquiler” y el propio sistema se ajusta a la ambición del candidato lo cual describe un alarmante déficit democrático.

Lo más sorprendente de esta campaña es la dispersión de las intenciones de voto. El 50% de las preferencias se distribuyen de forma muy próxima entre seis candidatos a la presidencia. Sin embargo, hay que recalcar que en esta instancia no han surgido candidatos outsider, y todos ellos han estado vinculados al sistema de representación en algún momento de su trayectoria.

Si el teorema del elector medio de Antonhy Donws fuera aplicable, el candidato de la extrema derecha, Rafael López Aliaga, no sería presidente dado que los electores tenderían a inclinarse por propuestas menos radicales. Aliaga sigue la cartilla de Bolsonaro en Brasil, su campaña esta orquestada en fake news y el marxismo es su enemigo imaginario. Aliaga es una opción minoritaria.

El candidato y ex futbolista George Forsyth lideró las encuestas algunos meses atrás, pero ha ido perdiendo apoyo ente los electores. Con una imagen fútil construida a partir de las redes sociales, Forsyth además ha sido duramente criticado por haber abandonado la alcaldía de un municipio limeño para disputar las elecciones presidenciales.

Quien sí se perfila hacia la segunda vuelta es Yonhy Lescano, líder en las diferentes encuestas y quien cuenta con el apoyo de algunas facciones de su partido Acción Popular. En los últimos debates, sin embargo, Lescano ha demostrado que literalmente no tiene un plan de gobierno y las pocas ideas expuestas han sido confusas o de corte populista.

Keiko Fujimori se ha reposicionado en las encuestas. La candidata estuvo bajo prisión preventiva acusada de haber recibido aportes ilegales de Odebrecht en su anterior campaña electoral. Es la tercera vez que se postula a la presidencia y si no lidera las encuestas es por que los movimientos religiosos conservadores trasladaron su apoyo a López Aliaga.

Veronika Mendoza es la candidata de la izquierda. Tras la disolución del Frente Amplio se quedó sin partido, pero consiguió presentarse por Juntos por el Perú. Su propuesta se distancia de los movimientos con arraigo popular en el interior del país como el liderado por el profesor Pedro Castillo quien ha crecido extraordinariamente en las encuestas. La candidata ha buscado aproximarse cada vez más al centro político, lo que le podría permitir ocupar una mejor posición en la recta final.

Ligado de forma indirecta a la política nacional, el candidato Hernando de Soto es un conocido economista liberal, autor de dos obras bastante conocidas: “El otro Sendero” y “El misterio del capital”. Sin embargo, a Soto se le critica su pragmatismo político por haber apoyado en 1992 el golpe de Estado de Alberto Fujimori.

Los indecisos definirán esta elección. Pero a partir del 28 de julio, —fecha del Bicentenario de Perú y que coincide con el traspaso de gobierno—el próximo presidente deberá afrontar un escenario incierto ya que la fragmentación progresiva del poder político está agravando la gobernabilidad en el país. Desde las elecciones del 2001, ningún partido ganador ha obtenido la mayoría de los escaños en el Congreso: Alejandro Toledo conquistó el 38% de las curules en 2001, Ollanta Humala el 36%  en 2006 y Alan García el 30% en 2011. El menor resultado fue de Pedro Pablo Kuczynski quien apenas consiguió el 16,4% en 2016.

Se verifica que si los partidos son débiles en la arena electoral, son fuertes en la arena legislativa. Para ser un país unicameral, el sistema contribuye a una excesiva sobre-representación de los partidos. En 2001 los dos mayores partidos obtuvieron el 46.4% de los votos y conquistaron el 60% de los escaños en el legislativo, en 2016, obtuvieron el 50,2% de los votos y ocuparon el 71,4% de los escaños. Para 2021 las probabilidades indican que los dos principales partidos no alcancen el 30% de los votos lo que implicará que el Ejecutivo se obligue a tejer una coalición tan amplia para dar estabilidad política al país.

El entusiasmo entre los peruanos de reescribir un futuro mejor a partir del Bicentenario de la fundación de la república hoy ha quedado relegado. No solo por la pandemia, si no porque parecería que los peruanos estamos prisioneros entre el deseo de cambiar sin realmente estar dispuestos a alterar nuestra realidad.


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El drama de la migración centroamericana

En Centroamérica, ocho de cada diez personas están sufriendo de la severa crisis de inseguridad alimentaria y están al límite de la pobreza extrema, así lo señala la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Además, por su ubicación geográfica, el istmo es una de las zonas más proclives a desastres naturales como terremotos, actividad volcánica, desbordamiento de ríos y huracanes como el de Eta e Iota que en noviembre, hace apenas cinco meses, devastaron amplias zonas de la región dejando más de 200 muertos y más de medio millón de desplazados. Si a esto sumamos unos altísimos indices de corrupción, el narcotráfico y la violencia indiscriminada del crimen organizado tenemos un caldo de cultivo idóneo para una diáspora humana sostenida y recurrente.

Estos movimientos masivos de personas, que han sido el motor de la economía estadounidense en las últimas décadas, en la actualidad están afectando los intereses políticos de la potencia del norte. Pero las trabas que se han impuesto para intentar frenar la marea humana no han hecho más que profundizar el sufrimiento de los migrantes

A pesar de ello, los centroamericanos siguen huyendo de sus países de origen, específicamente de Honduras, Guatemala y El Salvador. Según las autoridades estadounidenses, más de 100 mil personas fueron detenidas en la frontera sur en el último mes, con un aumento de familias y niños no acompañados con respecto al mes anterior.

La migración nicaragüense a Costa Rica presenta sus propias particularidades pero es de tal magnitud que ha sobrepasado la capacidad de respuesta institucional costarricense. El pequeño país, además debe enfrentar la transmigración de personas provenientes de Sudamérica, África, el Caribe y Asia, que en cantidades relativamente menores a la de los centroamericanos, también intentan llegar a EE.UU.

Como contrapartida, el envío de las remesas de los emigrantes viene a fortalecer las economías de la región, incluso muchas veces superando a sectores como la industria. Como ejemplo, en Guatemala las remesas representan el 14.6% del PIB, en Honduras el 23%, en El Salvador el 20% y en Nicaragua el 13.4% (datos del 2020).

¿A qué gobierno le interesaría solucionar genuinamente el problema de la migración si esta sostiene a las paupérrimas economías? Además, los sistemas bancarios se ven fortalecidos, lo que aporta cierta sostenibilidad a las economías nacionales.

La cooperación internacional no ha funcionado

La región no ha sido ajena a los planes de ayuda y la cooperación internacional. El Plan Alianza para la Prosperidad, —lanzado en 2014 por el gobierno de Obama— que buscaba frenar la migración de personas del norte de Centroamérica fracasó rotundamente. Una de las principales razones fue no tener en cuenta lo que todo programa básico de políticas públicas enseña: “se debe involucrar a los afectados en el diseño de soluciones y estos deben definir su problema público”.

Aunque la versión oficial de los países centroamericanos hable de un interés por incorporar a las comunidades en los planes, el interés genuino provenía de los propios EE.UU. Sin embargo, el diseño se hizo desde los escritorios, sin conocer el terreno e incluso, en ciertos casos, por gobiernos autoritarios, corruptos y vulneradores de derechos humanos, inclusive respaldados por EE.UU.

Los resultados están a la vista, los proyectos que se implementaron no transformaron en lo más mínimo la calidad de vida de las personas. Más bien, se inflaron los bolsillos de muchos políticos y directores de ONGs a los cuales no se les pidió más que informes técnicos o financieros en lugar de evaluaciones de impacto.

El camino hacia el “sueño americano”

Sin embargo, para las nuevas autoridades estadounidenses se vuelve imprescindible dar una solución urgente y contundente al problema, con la particularidad del discurso demócrata del respeto a los derechos humanos. Este es un aspecto prioritario debido a la montañas de denuncias de migrantes acosados o asesinados en su camino hacia el norte a mano de bandas crimilaes.

En los últimos tiempos, inclusive las propias autoridades migratorias mexicanas han sido señaladas por estar vinculadas a estos crímenes. En enero de este año 19 personas, la mayoría de origen guatemalteco, fueron brutalmente asesinadas e incineradas en Camargo, Tamaulipas. Las investigaciones vinculan a personal de la policía estatal y a agentes del Instituto Nacional de Migración en los hechos. Estas atrocidades se enmarcan en las presiones que las autoridades mexicanas reciben para limitar el paso de centroamericanos que buscan llegar a territorio estadounidense.

Cómo alternativa a esta riesgoza travesía, muchos migrantes que huyen de Centroamérica están eligiendo México como destino, así lo señalado la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes en sus informes.

En su estrategia por abordar el problema de forma estructural, Joe Biden ha designado recientemente a su vicepresidente, Kamala Harris, para llevar adelante los planes para mitigar la migración. La vicepresidente, ex Fiscal General en California, conoce bien el terreno y los temas de seguridad, justicia, inteligencia, defensa y relaciones diplomáticas. 

Pero para que el nuevo esfuerzo valga la pena, la vicepresidente Harris debe poner especial atención a la pobreza que azota la región. No perdamos el tiempo y los recursos en descubrir el hilo negro y el agua azucarada. Las personas migran irregularmente, poniendo en juego sus vidas, si no tienen qué comer y para revertir esto, es necesario generar cambios que fortalezcan a las instituciones estatales. La región debe mejorar sus indicadores educativos, de acceso a la salud y de seguridad en todo el sentido de la palabra, lo cual incluye la seguridad pública, social y alimentaria.

Es fundamental, además, fortalecer los sistemas judiciales —entre otras cosas para mitigar la impunidad— y los sistemas de partidos, actualmente debilitados y extremadamente vulnerables a la corrupción en un contexto donde los flujos de dinero que circulan producto del narcotráfico y las pandillas juveniles lo contamina todo.

La denominada “fuerza de tarea regional anticorrupción”, que el gobierno estadounidense quiere llevar adelante deberá considerar los aspectos básicos que han llevado a Centroamérica a ser una maquina de emigrantes que expulsa miles de personas cada día. Es momento de llamar a las cosas por su nombre e intentar lograr recuperar el presente y futuro de unos 37 millones de habitantes, que ven desde lejos al águila calva como tabla de salvación.


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