Una región, todas las voces

Martín Vizcarra: el Tántalo peruano

La tradición oral de la antigua Grecia dejó como legado a la humanidad un conjunto de mitos y leyendas en la incesante búsqueda por explicar, a través de aquellos relatos fantásticos, la belleza y la barbaridad de la naturaleza humana. En ese universo, dioses, semidioses y mortales participaban en un baile inacabable en el que convergían el amor y la traición, la hermandad y la vendetta, la escaramuza y la paz. Tales historias, muchas veces dramáticas y trágicas, debieran servir de lección, al haber sido testigos de la decadente circunstancia en la que nuestros gobernantes, como protagonistas de esta infame tragedia, pretendieron jugar a ser dioses.

La tragedia del “vacunazo” tuvo como personaje central a Martín Vizcarra. El moqueguano, presidente del Perú hasta noviembre del 2020, conspiró junto con altos funcionarios de su gobierno, diplomáticos, y su propia familia, para vacunarse subrepticiamente contra el SARS-CoV2 con una muestra proporcionada por el laboratorio chino Sinopharm. En total, fueron más de 700 personas las que recibieron la vacuna de forma irregular y sin seguir los protocolos consignados por el propio gobierno de Vizcarra o la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien también fue beneficiaria de la infame dosis.

Entre marzo y noviembre, millones de peruanos depositaron su confianza en Vizcarra, en un contexto de crisis nacional. Sin embargo, y como si de la pluma de Homero se tratase, la traición de Vizcarra al pueblo peruano parece haber sido el elemento inspirador para el mito de Tántalo.

Dice el mito que el mortal Tántalo, hijo de Zeus con una ninfa, fue invitado a la mesa de los dioses a participar en el Olimpo y escuchar las intimidades que allí se ventilaban. Tal invitación hizo que Tántalo cayera víctima de la soberbia, y traicionó la confianza de los dioses al revelar entre los mortales las infidencias oídas sentado a la mesa de Zeus.

No contento con ello, Tántalo se dedicó a robar la ambrosía y el néctar de los dioses, alimentos sagrados que conferían la inmortalidad. Por si fuera poco, el inefable invitado comenzó a repartir ambas entre sus amigos, crimen que cometió junto con otros que terminaron por hartar a los dioses del Olimpo.

Como castigo, Zeus decidió que, por traidor y ladrón, Tántalo sufriera tormentos eternos en el inframundo. Allí, como condena a su infatigable ambición, este tendría que pasar sed y hambre, teniendo al lado suyo un estanque de agua y árboles frutales. Al acercarse a comer y beber, el agua del estanque y los frutales se alejarían incesantemente, lo que llevaría a Tántalo a vivir en un suplicio permanente producto de su avaricia y traición.

El historiador israelí Yuval Noah Harari afirma en su afamado libro Sapiens que nuestras capacidades como especie han permitido extrapolar el límite de nuestra imaginación y han hecho posible lo que en tiempos de Ovidio o Sófocles hubiera sido visto como obra de hechicería, magia o milagro mitológico. En tal sentido, crear vacunas que permitan blindarnos ante la amenaza de una pandemia global, es producto de esa maravilla divina que bien pudiera ser el néctar y ambrosía de la que disfrutaban los dioses.

En una democracia representativa, si caben dioses, estos se personifican en el ciudadano. El ciudadano delega y quita poder según lo considere pertinente. La fatalidad consiste en que son los políticos quienes, abusando de la confianza de sus dioses ciudadanos, pretenden usurpar ese lugar y alcanzar la inmortalidad, o bien en este contexto, la inmunidad de la vacuna. En el caso peruano, Martín Vizcarra no solo se vacunó a espaldas de la población, sino que buscó beneficiar a su entorno cercano y luego maquillar la miserable realidad con verso y pantalla.

Así como con el caso de Vizcarra, hemos sido testigos del comportamiento éticamente condenable -y que podría derivar en delito en algunos casos- de distintas autoridades a nivel internacional. Desde presidentes, hasta miembros de la burocracia argentina o la realeza española, son ya varios los casos que ponen en evidencia esta debilidad por caer en los vicios de Tántalo.

La ciudadanía vive sometida a una permanente perfidia y decepción de quienes se sientan a su mesa vestidos de falsa amabilidad y espíritu de servicio. En el Perú, Vizcarra y sus allegados, como Tántalo, engañaron a la ciudadanía y se sirvieron del néctar de la inmortalidad con deslealtad y malicia. La fortuna y maravillosa oportunidad de enmienda, sin embargo, reside en que sepamos reconocer a Tántalo y sancionarlo como corresponde, primero con el retiro de la confianza y luego con la justicia de los hombres.

La antigua Grecia nos deja como lección que, en el imaginario colectivo de esa civilización, la deshonestidad y la traición a mansalva se pagaban caro. Corresponde, entonces, que los ciudadanos peruanos, siguiendo tal lección, premien al buen servidor y sancionen con drasticidad al felón. Si lo entendieron los griegos tres mil años atrás, hoy también es posible hacer el esfuerzo.


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Photo by Presidencia Perú on Foter.com / CC BY-NC-SA

Las respuestas al Covid-19 no deben olvidar a las mujeres

La pandemia ha tenido un efecto devastador para América Latina. Brasil y México se encuentran entre los tres países con mayor número de muertes per cápita por Covid-19 en el mundo, luego de Estados Unidos, mientras que la actividad económica en la región se ha reducido un 8% en 2020, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El número de personas que viven en la pobreza aumentó en más de 45 millones, —semejante a la población de Argentina— hasta llegar a los 231, y ya alcanza a 4 de cada 10 latinoamericanos. La pobreza extrema a su vez aumentó en casi 15 millones de personas y afecta particularmente a las mujeres migrantes, mujeres afrodescendientes e indígenas, mujeres de comunidades rurales, madres solteras y mujeres con discapacidad.  

La gestión de las crisis económica y sanitaria es solo una parte del problema. La otra parte es que estas empeoran la igualdad de género al tiempo que frenan la autonomía de las mujeres, como ha quedado demostrado en crisis anteriores como la del Ébola, el Zika o la gripe aviar. La actual pandemia ha puesto en foco inequidades de género que no pueden ser ignoradas.

El Covid-19 y las injusticias de género

Las emergencias sanitarias refuerzan los roles sociales de género y exacerban prejuicios y prácticas patriarcales en torno al papel de la mujer en la familia y en la sociedad. Y en América Latina esto es particularmente problemático.   

A lo largo de la pandemia se ha reportado en la región un aumento de la violencia doméstica y de género, y una disminución en el acceso a los servicios básicos de salud reproductiva, materna e infantil, y a los servicios humanitarios y de apoyo durante las cuarentenas. El Fondo de Población de las Naciones Unidas advirtió que la pandemia podría dejar a 47 millones de mujeres, —en países de ingresos bajos y medianos— sin acceso a anticonceptivos. Esto que provocaría unos siete millones de embarazos no deseados adicionales, lo que equivaldría a la población entera de El Salvador.

Este problema ya era una realidad previo a la pandemia. La tasa promedio anual de embarazos no deseados en la región entre 2015 y 2019 fue de 69 embarazos por cada 1000 mujeres, de los cuales, poco menos de la mitad resultó en abortos clandestinos e inseguros. Se han registrado avances puntuales como la legalización del aborto en Argentina, pero en la región lo que prima es el fracaso generalizado para abordar problemas de violencia sexual, autonomía de decisión e igualdad de género.

El Covid-19 también ha afectado gravemente la participación de las mujeres en las actividades económicas. Estas representan casi el 40% de empleos en comercio, restaurantes y hoteles, todos sectores muy afectados por la crisis y con altos grados de informalidad. Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, 126 millones, casi la mitad de las mujeres de la región, son asalariadas informales o autónomas sin título universitario.

En Bolivia, Guatemala y Perú, ocho de cada diez mujeres tienen trabajos informales lo cual las expone a perderlo o a caer enfermas, ya que a pesar de las cuarentenas muchas continúan trabajando por necesidad. Además, se les niega la posibilidad de asociarse y demandar derechos laborales, lo cual las expone a abusos por parte de sus empleadores y con acceso limitado a la seguridad social.

Por último, la crisis del Covid-19 también ha agravado la crisis migratoria. Entre 2016 y 2020, alrededor de 5,4 millones de venezolanos abandonaron el país. Al mismo tiempo, miles han huido de Guatemala, Honduras y El Salvador a México y Estados Unidos. Para las mujeres y niñas, que representan alrededor de la mitad de los migrantes y refugiados, y cuyas necesidades a menudo son invisibles incluso en tiempos «normales», los riesgos de seguridad, salud y pobreza se han agudizado.

Las instituciones internacionales

Si bien varios países latinoamericanos han firmado y ratificado la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la región está lejos de lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 que garantiza la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas.

Con la crisis muchos gobiernos introdujeron paquetes de emergencia, subsidios salariales, seguro de desempleo, y prohibición de despidos. Nuevas políticas sociales se enfocaron en las poblaciones desprotegidas, pero la mayoría de los trabajadores informales aún carecen de protección. Mas aún, estas medidas han sido respuestas de emergencia a corto plazo y están lejos de proporcionar un enfoque de género transformador.

La CEPAL ha pedido un ‘nuevo pacto social’, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) alientan a los gobiernos a impulsar el gasto en salud y a fortalecer las redes de seguridad social. Sin embargo, Oxfam advirtió que los organismos también alientan a los países a retomar el camino de la consolidación fiscal, lo que podría conducir a una nueva era de austeridad.

Además, los programas de financiamiento no necesariamente benefician a las mujeres o a grupos particulares de mujeres. Según ONU Mujeres, América Latina ha adoptado alrededor de 340 medidas de protección social en respuesta a la pandemia, pero sólo una fracción de éstas tienen como objetivo la seguridad económica de las mujeres, y sólo el 7% se centra directamente en los cuidados no remunerados.

A pesar del sombrío panorama, la crisis provocada por la pandemia es una oportunidad para ‘reconstruir mejor’. Los gobiernos deberían garantizar la seguridad económica, los medios de vida y salud de las mujeres, así como su derecho y capacidad para acceder a oportunidades de trabajo decente y vivir una vida digna. Esto requiere compromiso político y una financiación internacional solidaria e indefectible.


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Foto por alice_bag em Foter.com / CC BY-NC

Candidatos Tik Tok y videopolítica en Ecuador

Los mítines multitudinarios en las plazas, los conciertos en las canchas de fútbol y la utilización de cualquier espacio de concentración masiva para capturar voluntades han quedado atrás. La disputa por los votos durante la campaña electoral en Ecuador se está produciendo en Facebook, Instagram, Whatsapp y Tik Tok, donde todo es posible e inmediato. 

El papel de las redes sociales en la política hace tiempo que dejó de ser anecdótico y estas elecciones lo confirman. A causa de las medidas de confinamiento debidas a la pandemia, la ocupación de los espacios digitales para la propaganda se volvió inevitable y replanteó la manera de acercarse a los electores del país andino.

La política tradicional ha caído en la esfera de la inmediatez y de aquello que Zygmunt Bauman denominó el mundo líquido, debido a la velocidad con la que circulan en las redes los mensajes audiovisuales de los 16 candidatos a la presidencia, en un formato menor a un minuto y privilegiando la imagen.

Frente a la fatiga que provoca la pandemia, varios de los estrategas políticos pretendieron hacer la vida fácil a los electores con mensajes de campaña que estuvieran cargados de entretenimiento. Varios aspirantes a la primera magistratura se convirtieron en “showman”. El candidato de la Izquierda Democrática, Xavier Xervas, protagonizó un vídeo en el que conducía un scooter y rebasaba a sus rivales, y el candidato Yaku Pérez de Pachakutik tocaba su saxofón bailando con su pareja. 

Sin embargo, no es una condición inevitable que las redes sociales se lleven bien con todos los candidatos y viceversa. Y esto no es un tema generacional, pues tenemos a Bernie Sanders en los Estados Unidos quien refrenda su liderazgo ante los millennials y centennials, no solo por la defensa de sus causas, sino por el manejo de las tecnologías de la información. Mientras que, al otro lado, podemos observar campañas muy bien financiadas en la esfera virtual pero sin resultados positivos, como la de Hillary Clinton. Con la distancia del caso, en Ecuador todos los candidatos se volcaron a las redes con rendimientos distintos.

Tampoco es una regla que los candidatos para el terreno tradicional (off line) sean iguales de asertivos en el mundo on line. Un caso concreto es Guillermo Lasso, exbanquero y líder de la agrupación de derecha CREO, quien se postula por tercera ocasión a la presidencia. Le costó hacer campaña en las redes sociales, pues venía acostumbrado a recorrer el país mediante un acercamiento cara a cara con la gente a la vieja usanza. Y pese a que pasó a la segunda vuelta con el 19,74%, su estrategia tuvo dificultad para hacer proselitismo digital.

Un caso similar es del joven candidato Andrés Arauz (35 años), quien llegó primero para la segunda vuelta y que proviene de las filas del correísmo. Alcanzó el 32.7% de los votos, seis puntos por debajo de los que cosechó Lenín Moreno en la primera vuelta, en el 2017. Sus estrategas creyeron que la joven edad de Arauz atraería por sí sola el voto joven; sin embargo, y pese al uso de aplicaciones como Tik Tok, con mensajes ligeros sin contenido político, la campaña no sólo no despegó en las redes, sino que se mantuvo con el nicho electoral del expresidente, Rafael Correa.

Los candidatos que ganaron en redes

En cambio Yaku Pérez, líder del movimiento indígena (19,38%), y Xavier Hervas, outsider que corrió por la Izquierda Democrática (15,97%) tuvieron el mejor desempeño en el uso de las redes sociales.

Estos candidatos, que quedaron en tercero y cuarto lugares en la votación, supieron dotarle de sentido a los mensajes en dos dimensiones. En primer lugar, expresaron la idea del ciudadano común que comparte con su pareja momentos de alegría (Yaku) y, en segundo lugar, que sí se puede transmitir un mensaje político con entretenimiento (Hervas).

Yaku y Hervas usaron las redes de manera óptima, no sólo porque millones de personas vieron sus actuaciones en aplicaciones como Tik Tok, sino porque las percibieron como amigables y con sentido del humor. Estos dos elementos podrían explicar el éxito que tuvieron en el mundo on line. Esto no invisibiliza el hecho que el candidato del movimiento indígena viene de una larga trayectoria por la defensa del agua.

Pero la verdadera revelación de las últimas elecciones fue Xavier Hervas, quien arrancó la campaña electoral sin tener apenas popularidad y que se logró posicionar en el cuarto lugar en menos de seis meses, resucitando a un dinosaurio de la política ecuatoriana, la Izquierda Democrática, el tradicional partido socialdemócrata de la región Sierra, donde se encuentra Quito, la capital del país.

La campaña del debutante se concentró en las redes sociales, a las cuales volcó total energía, pues llegó a centralizar su actuación pública detrás de una pantalla, sin descuidar el más mínimo detalle ya que él mismo respondía los mensajes de sus seguidores, come aseguran varios de sus asesores de campaña. 

Redes y otros demonios

No se ha comprobado que las redes condicionan una elección al punto de declarar ganadores de manera anticipada, pero sí deja una lección en tiempo de Covid-19: la aceleración en el uso de las tecnologías de la información por parte de los estrategas de campaña y la entronización de la imagen en formatos cada vez más cortos y de alto impacto. El mensaje de la política pasa por ser digerible, claro y entretenido con el riesgo de convertir la política en espectáculo. En su momento lo advirtió el politólogo italiano, Giovanni Sartori, en su libro el Homo Videns.

El hecho que surjan candidatos que nacen en las redes advierte que el comportamiento del electorado no está únicamente en el mundo off line, es decir, en la cotidianidad por fuera de las pantallas de los celulares, tabletas y cualquier dispositivo de ese orden, sino que también está en los usos y hábitos de consumo de las tecnologías digitales en los distintos segmentos de la población. Además, el confinamiento exacerbó el consumo de la información política inmediata o del contenido que se viraliza en cuestión de segundos.

¿Lograrán los dos candidatos finalistas para la segunda vuelta lo que sí consiguieron sus contrincantes, Yaku y Hervas, en el mundo de las redes sociales? Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta un aspecto fundamental: que el éxito no depende únicamente del buen uso de las aplicaciones y plataformas por parte de los candidatos, sino de la voluntad del electorado para que en sus espacios digitales entre la política y los políticos.


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Foto de Antonio Rull na Foter.com / CC BY-NC-SA

Bolivia vuelve a las urnas entre luces y sombras

El próximo domingo 7 de marzo, los bolivianos volverán una vez más a las urnas en menos de seis meses. Esta vez para elegir gobernadores y alcaldes en los nueve departamentos y en los más de 300 municipios para el periodo 2021-2026. En otras circunstancias podría afirmarse que este es un capítulo más de la fiesta democrática que permite a los electores expresar su voluntad para renovar el poder local. Sin embargo, esta vez irán a votar en medio de un contexto socioeconómico crítico, producto de la pandemia y la inestabilidad política instalada en el país desde finales de 2019 con la renuncia de Evo Morales tras 14 años de gobierno. Así, Bolivia vuelve a las urnas entre luces y sombras.

Tres elecciones en menos de dos años

Volviendo la mirada al pasado inmediato, el ciudadano vuelve a las urnas por tercera vez entre noviembre de 2019 y marzo de 2021. En efecto, la caída de Morales —en noviembre de 2019— como producto de la reacción popular al fraude electoral, así como la posterior instalación de un gobierno transitorio y la destitución de todos los vocales del Supremo Tribunal Electoral (STE), inauguraron un periodo de estremecimiento en las instituciones políticas.

La victoria de Arce Catacora, el candidato del MAS, con 55% de los votos válidos y la derrota significativa de los partidos de oposición en los comicios de 2020, generaron esperanzas de normalización en la dinámica política. Diversos sectores de la población tenían expectativas que el nuevo gobierno, surgido de las urnas y ahora con un apoyo congresal robusto, podría implementar medidas económicas y sanitarias que superen los efectos de la pandemia.

No sólo por la proximidad temporal de la última elección general, mas también porque los actores políticos e institucionales del 2020 están presentes y actuantes en las elecciones subnacionales, se puede afirmar que existe una fuerte correlación entre ambas elecciones y el escenario político y partidario de los próximos años.

La máxima de que las “elecciones subnacionales son totalmente independientes de las elecciones presidenciales” no se cumple en este caso.

El escenario electoral previo        

Después de la victoria del MAS en octubre pasado, las elecciones subnacionales han pasado a ser un desafío para el partido gobernante en dos sentidos. En primer lugar, para consolidar su hegemonía en los municipios y departamentos del país. En segundo lugar, para tener un parámetro real de su fuerza en lo que se ha denominado el “MAS post-Morales”.

La elección presidencial mostró la fortaleza del MAS prácticamente en todos los departamentos de Bolivia, resta probar que también es una alternativa de poder en el ámbito local. Un triunfo, también permitiría mostrar que el MAS es capaz de obtener resultados positivos en las áreas urbanas, dejando atrás la imagen de ser un partido de base fundamentalmente rural.

Con la caída de Morales, el MAS se vio obligado, de forma abrupta, a entrar en un proceso de renovación de dirigentes. Los resultados de las elecciones subnacionales pueden marcar la superación definitiva de la vieja guardia “masista”. Caso contrario, una derrota electoral creará las condiciones para el retorno de Morales y su entorno para comandar nuevamente al MAS.

La oposición enfrenta sus propios desafíos con mayor dramatismo. Después de la derrota electoral de octubre los dos mayores frentes de la oposición luchan por su sobrevivencia. Uno de ellos, Comunidad Ciudadana (CC), que en ciertos momentos del periodo 2019-2020 fue visto como la alternativa viable al MAS, hoy lucha contra la fragmentación y la irrelevancia electoral.

La segunda fuerza de la oposición, CREEMOS, del líder populista de derecha Luis Fernando Camacho, con pretensiones presidenciales en 2020, tuvo un desempeño decepcionante y mostró fuerza solamente en el departamento de Santa Cruz. En estas elecciones Camacho lucha por su sobrevivencia en este departamento sin ninguna presencia en el restante del país.

Nuevas elecciones, viejos actores y las encuestas de opinión

Si a alguien le quedan dudas de la influencia directa de las elecciones presidenciales en las del próximo domingo, basta mencionar que tres ex-candidatos a la presidencia (entre los cuales está la ex-presidenta interina) son actualmente candidatos . En efecto, Camacho (CREEMOS) y Chi Hyung Chung (ASIP) a gobernadores en Santa Cruz y Jeanine Áñez (AHORA) a gobernadora por el Beni.

Encuestas difundidas esta semana, sobre las cuales hay una creciente desconfianza debido a los errores en la última elección presidencial, son realizadas solamente en los tres departamentos más poblados (Santa Cruz, La Paz y Cochabamba) y en las cuatro ciudades con mayor electorado: La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba.

De acuerdo con la encuesta de UNITEL, el MAS lidera claramente la gobernación de Cochabamba (34%). Camacho lidera en Santa Cruz (40%), mientras que en La Paz existe una aguda fragmentación del voto, liderada por el candidato del MAS, Flores, con un 23%. En los tres departamentos, el número de indecisos es superior al a la cuarta parte del electorado y todo indica que habrá segunda vuelta el 10 de abril.

Las cuatro ciudades arriba mencionadas concentran el 46% del PIB y 35% de la población. En los cuatro municipios la derrota del partido del presidente es dada como segura. En La Paz, Iván Arias (prominente ex-ministro de Añez) tiene más de la mitad de la intención de voto, al igual que Reyes Villa en Cochabamba, Eva Copa, ex-presidenta del Senado y recientemente expulsada del MAS, lidera con 75% en El Alto, y en la ciudad de Santa Cruz dos opositores al MAS se perfilan como favoritos, José Gary  Añez (CC) y Jhonny Fernandez (UCS).

A manera de conclusión, es importante mencionar otro factor determinante: el hiperactivismo del Poder Judicial. Al igual que en elecciones anteriores, procesos judiciales son iniciados contra candidatos de la oposición con el propósito de inhabilitarlos. Jeanine Añez en Beni, Camacho en Santa Cruz o Reyes Villa en Cochabamba son sólo algunos ejemplos. Pocos días atrás, se anunció la inhabilitación de Reyes Villa, el virtual ganador en la ciudad de Cochabamba.

El 7 de marzo, el electorado boliviano acudirá a las urnas con esperanzas de renovación del poder local entre los fantasmas y las sombras del pasado.

El dilema nicaragüense y la izquierda latinoamericana

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), presentó recientemente su informe anual sobre la situación en Nicaragua, país sumido desde 2018 en una agobiante crisis política. Las noticias no son alentadoras. Bachelet, expresidenta por dos coaliciones centroizquierdistas en Chile, expuso que “el Estado de derecho sigue deteriorándose” bajo el mandato del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

América Latina se enfrenta, entonces, al posible cierre de la ventana de oportunidad para una transición democrática en Nicaragua. Esta disyuntiva centroamericana abre varios dilemas a nivel hemisférico: para la democracia en el continente, para la política exterior del nuevo gobierno estadounidense y, sobre todo, para una izquierda latinoamericana en plena etapa de redefinición tras una secuencia de importantes victorias electorales.  

Los orígenes de la crisis nicaragüense han sido ampliamente documentados. Ortega, exguerrillero marxista y parte del liderazgo de la Revolución Sandinista (1979-1990), hegemonizó primero al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y luego a todos los poderes del gobierno mediante una sorpresiva alianza con los sectores más conservadores de la élite tradicional. Cuando en abril de 2018 una oleada masiva de protestas acabó con ese modelo corporativista y puso en duda las pretensiones dinásticas de la familia gobernante, el orteguismo lanzó una brutal campaña de violencia policial y paramilitar. La represión dejó al menos 300 muertos y suscitó acusaciones de “crímenes de lesa humanidad” por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según el nuevo informe de ACNUDH, las condiciones no han mejorado mucho en los últimos tres años. El asedio a la sociedad civil persiste y, peor aún, el gobierno ha adoptado nuevas leyes que criminalizarían aún más a la disidencia y prensa independiente. Mientras tanto “más de 100,000 nicaragüenses han solicitado asilo en terceros países”, cifra que aumenta cada día. 

Elecciones en noviembre

En ese contexto, las elecciones presidenciales programadas para noviembre 2021 se han configurado como fecha crítica en la lucha para forzar una apertura democrática y por esa vía encontrar una solución pacífica y negociada a la triple crisis política, económica y social desatada por la represión, ahora exacerbada por la pandemia. No obstante, el informe deja claro que las acciones recientes del gobierno y su negativa a realizar reformas mínimas “no serán conducentes a un proceso electoral representativo, pluralista, transparente y justo en 2021”.

Si Ortega logra aprovechar las elecciones de noviembre para cimentar su control autoritario, auguraría otra década difícil para la frágil democracia latinoamericana. También entorpecería los planes de la administración del presidente estadounidense Joe Biden, pues difícilmente podrá cumplir con su meta de resolver las raíces de la emigración en el llamado “Triángulo Norte” –corrupción, débil institucionalidad, inseguridad, etc.– cuando en el corazón de Centroamérica perdura una dictadura cuya misma existencia implica la amenaza permanente de conflagraciones en el istmo.  

La izquierda latinoamericana

Las consecuencias, sin embargo, podrían ser particularmente graves para la izquierda regional, cuya respuesta a la crisis nicaragüense ha sido algo inconsistente. En algunos casos las denuncias han sido claras y contundentes. Por ejemplo, José Mujica y Gustavo Petro, dirigentes de las izquierdas uruguaya y colombiana, respectivamente, no tardaron en condenar a Ortega durante la campaña represiva del 2018. Pero mientras la Internacional Socialista expulsó al FSLN en 2019, el Foro de São Paulo ha respaldado la tesis orteguista sobre lo sucedido en 2018 (según la versión oficial, hubo un fallido intento de golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos). Y aunque no lo han defendido a capa y espada, como lo han hecho Venezuela y Cuba, los gobiernos progresistas de México y Argentina, y el Partido de los Trabajadores de Brasil, tampoco han querido enfrentar a Ortega.

Mientras la crisis venezolana polariza a la izquierda regional, la nicaragüense parece solo confundirla. El Grupo de Puebla, fundado en 2019 para articular la renovación de la izquierda iberoamericana en la época posChávez, no invitó a ningún representante del FSLN, pero tampoco ha abordado en sus comunicados el drama humanitario en Nicaragua.

Algunas elecciones recientes –en Ecuador y Bolivia, por ejemplo– han puesto sobre la mesa un posible repunte de la izquierda a nivel regional. ¿Qué significaría para la agenda progresista la perpetuación del régimen de la familia Ortega-Murillo? El analista Pablo Stefanoni ha explicado cómo Venezuela, antiguo motor de la “marea rosada” de gobiernos de izquierda en los años 2000, terminó convirtiéndose en un peso político, pues la se derecha pudo aprovecharse de la implosión bolivariana para crear “fantasmas de ‘venezuelización’” y de esa manera deslegitimar cualquier alternativa al modelo neoliberal.   

El FSLN: un partido cristiano y social conservador

Algo parecido sucederá con Nicaragua, salvo con una excepción importante. A diferencia de Hugo Chávez, Rafael Correa o Evo Morales, Ortega no ha basado su proyecto político en una visión redistributiva o refundacional. Tras regresar a la presidencia en 2007, más bien convirtió al FSLN en un partido cristiano y social conservador (llegando hasta el extremo de apoyar la criminalización total del aborto), comprometido a seguir las privatizaciones de gobiernos anteriores y cumplir con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

Muchos años antes del conflicto del 2018, la vasta mayoría del liderazgo original de la Revolución Sandinista había abandonado al FSLN, considerando a Ortega y Murillo como traidores a su causa original. La pareja presidencial recurre a veces, aunque cada vez menos, a la retórica antiimperialista y anticapitalista de su pasado revolucionario. Pero siempre gobierna desde la derecha. Visto desde esa perspectiva, la complacencia de algunos sectores de la izquierda regional es, además de contraproducente, injustificable.

La Revolución Sandinista fue caso célebre de la izquierda latinoamericana en los años 80. Hoy la situación es distinta. Nicaragua podría convertirse igualmente en un lastre para el progresismo, o en una oportunidad para que las izquierdas consoliden una imagen democrática y de respeto por la justicia social y los derechos humanos. Lo cierto es que no se pueden dar el lujo de ignorar el dilema nicaragüense.  


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Foto de jorgemejia em Foter.com / CC BY

Bukele, el nuevo presidente legislador

La reciente elección legislativa y municipal en El Salvador parece consolidar el final del bipartidismo imperante en el país desde 1992. El recién nacido partido Nuevas Ideas obtuvo la mayoría de las alcaldías y una mayoría parlamentaria sin precedentes para la joven democracia. Este resultado replantea totalmente el esquema de poder y consolida el liderazgo de Nayib Bukele, el presidente populista que sustituye las ruedas de prensa por Lives de Facebook y detesta lidiar con la oposición. Tras los resultados, será él y sus diputados leales quienes legislarán la nación durante los próximos tres años.

La elección estuvo maniatada al proselitismo presidencial como pocas veces se ha visto en Centroamérica. Consignas como «todos debemos marcar la #NDeNayib«, hasta la omnipresencia mediática de Bukele invitando a votar por su partido fueron algunos de los principales distintivos proselitistas de la campaña electoral. Un presagio de sus inocultables intenciones de controlar el sistema político salvadoreño sin contrapesos.

Con los dos tercios del llamado Salón Azul, a partir mayo Bukele podrá amplificar el alcance de su influencia en un país azotado por la pobreza, el crimen organizado, la migración y la corrupción gubernamental. Esta super mayoría tendrá implicaciones de hondo calado y afectará la imagen histórica del Poder Legislativo, centro de la desafección popular con la clase política tradicional.

Tanto la izquierda del Frente Farabundo Martí (FMLN) como la derecha del partido Alianza Nacional Republicana (Arena) han quedado relegados a una minoría parlamentaria sin capacidad de maniobra para los próximos tres años.

¿Qué implica una mayoría de dos tercios?

Con este resultado, Nayib Bukele tendrá un respaldo parlamentario que ningún otro presidente salvadoreño ha tenido desde el fin de la guerra civil. Esta mayoría en la unicameral Asamblea Legislativa le permitiría a Nuevas Ideas, el partido de Bukele, pasar leyes, tratados internacionales, nombrar a tres de los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral, elegir sin restricciones Fiscal General, Procurador General y Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y aprobar los presupuestos, epicentro de las tensiones políticas más enconadas desde su primer año de gestión. Todo esto sin requerir del apoyo de otras bancadas.

En cuanto a un eventual y factible escenario de reforma constitucional, si bien la propia Constitución plantea algunas «cláusulas pétreas» como el territorio, la forma de gobierno, la alternancia y la expresa prohibición a la reelección consecutiva, desde finales del 2020 el mismo Bukele se ha referido a sus intenciones de proponer «cambios estructurales» a la Carta Magna. Los detalles aún no se conocen en su totalidad, sin embargo, todo hace suponer que estos serán parte de los primeros temas de la agenda parlamentaria para la nueva legislatura.

De las amenazas a los hechos

A la fecha se desconoce el plan de gobierno, el plan quinquenal, de control territorial, educación o salud. Esto sugiere que la agenda presidencial y parlamentaria probablemente sean la misma, eliminándose así cualquiera forma de autonomía y control parlamentario al ejercicio gubernamental. Situación que solo tiene el precedente nacional del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Napoleón Duarte en 1985, o en la actual Nicaragua de Daniel Ortega o Venezuela de Nicolás Maduro.

El hecho de prescindir de cualquier acuerdo político hace temer -además- que las amenazas a sus adversarios pasen al plano de los hechos. Desde su llegada al poder, Nayib Bukele ha proferido todo tipo de acusaciones y agresiones a sus rivales, inicialmente en formas de tuits y declaraciones televisadas. Sin embargo, la incursión militar y policial al Salón Azul del año pasado para presionar la aprobación parlamentaria del presupuesto de defensa sobrepasó todos los límites democráticos. Esta incursión, además de rememorar antiguas imágenes de violencia política y de incrementar la hostilidad, dejó en claro que solamente reconoce acciones políticas que se alineen a su dictamen.

A pesar de sus cuestionables métodos contra el crimen organizado, el nepotismo en la administración pública, las amenazas a la prensa independiente y los abusos para forzar las medidas de distanciamiento social a sus ciudadanos, nada de ello pareció desalentar a su creciente electorado. De hecho, según diferentes estudios, desde 2016 la ciudadanía ha mantenido de forma sostenida una opinión negativa de la democracia y con abiertas preferencias a la instauración de un régimen no democrático, tal como lo revelan los estudios de Latinobarómetro. Esto debido al hartazgo con una esfera política mayoritariamente implicada en casos de corrupción, donde a excepción del ex presidente Sánchez Cerén, los tres mandatarios anteriores han estado implicados en procesos judiciales.

En suma, estamos viendo a una nación confiriendo —democráticamente— las llaves de su destino a un líder populista que por los próximos tres años quedará eximido de cualquier contención y sin control democrático a su mandato. Esta nueva mayoría parlamentaria deja al país sin autonomía deliberante, pluralidad, ni contestación a Nayib Bukele, el nuevo presidente legislador de Centroamérica.

Foto de PresidenciaSV

Las elecciones de la discordia

Recientemente el afamado politólogo Adam Przeworski afirmó que lo que más le gusta de las elecciones es que ponen en marcha mecanismos que “permiten procesar conflictos políticos en paz y libertad”. Le gustará, entonces, la serie de elecciones que esperan a los latinoamericanos en 2021: cinco presidenciales —Perú, Nicaragua, Chile, Honduras y la segunda vuelta en Ecuador—, al menos cuatro subnacionales —Bolivia, Paraguay, Chile y México—, dos legislativas —México y Argentina— y una constituyente en Chile. Elecciones contra viento y pandemia y para todos los gustos en un contexto de crisis multidimensional: política, económica y sanitaria. Así se presentan las elecciones de la discordia.

El malestar en la democracia

El académico latinoamericanista Manuel Alcántara considera que la democracia latinoamericana está “fatigada”. El estado de ánimo de los ciudadanos del continente revela irritación con los partidos políticos y una falta de confianza generalizada en las instituciones políticas. El cóctel incluye descontento con el modelo neoliberal de sociedad, resistencia a aceptar medidas gubernamentales de ajuste y hartazgo con la corrupción de los dirigentes políticos.

En la región sobran ejemplos para describir este (mal)humor social. La calesita de protestas en los países del Pacífico sudamericano, entre octubre de 2019 y noviembre de 2020, es muestra de ello. Si bien los casos más destacados son los de Chile, Ecuador y el Perú, no son los únicos. En ese mismo período hubo movilizaciones en todos los países en los que se celebrarán elecciones este año: El Salvador, Bolivia, México, Paraguay, Argentina, Nicaragua y Honduras.  

Las revueltas son indicio de una crisis de gobernabilidad regional creciente que rompe los ojos. ¿Qué son las sublevaciones populares sino señales de inestabilidad política? Y estas señales están presentes en gran parte de las democracias, a medias o consolidadas. En todo caso, no llama la atención que estas señales aparezcan en las primeras, sino que lo hagan en las segundas como en el caso de Chile. Allí, ante el estallido social, el presidente Piñera salió a proclamar a los cuatro vientos: “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”.  

Ahora bien, en este mar de movilizaciones antipolítica han naufragado la confrontación de ideas y las propuestas programáticas. El debate público se ha ido reduciendo a posiciones polarizadas dentro del electorado. En el caso de Ecuador, la segunda vuelta se resolverá entre correístas y anticorreístas y en las elecciones legislativas en El Salvador, la confrontación principal fue entre bukelistas y antibukelistas. En los otros países con procesos electorales inminentes, desde México hasta Argentina, se repite la misma pauta.

En síntesis, medio continente elegirá a sus representantes en un contexto político marcado por la polarización y el personalismo, y con el “que se vayan todos” retumbando en las calles. La trama se irá tejiendo con hilos de escepticismo e incertidumbre.

¿En qué momento se jodió nuestro continente y por qué sigue jodido?

La segunda dimensión de la crisis regional —y no por ello menos impactante— es la económica. En la campaña para la primera vuelta electoral en Ecuador la generación de empleo y ayuda social para las familias afectadas por la pandemia fueron las propuestas centrales del candidato del correísmo Andrés Arauz. En El Salvador, las elecciones del domingo pasado fueron un momento clave para los planes anticrisis del presidente Bukele.

Considerando que cerca 45% del PIB regional descansa en el comercio exterior de bienes y servicios, la caída del precio de los hidrocarburos afectó fuertemente a países como Bolivia y Ecuador. Por su parte, Chile y Perú fueron golpeadas por la reducción del precio de los minerales que constituyen sus principales exportaciones (cobre, litio y yodo); mientras que Argentina y Paraguay sufrieron por la contracción de los precios y volúmenes exportados de los bienes agropecuarios.

Los países latinoamericanos terminaron el año 2020 entre lamentos y desazón: problemas fiscales y el aumento del desempleo, la informalidad —ya alcanza a la mitad de los trabajadores y podría seguir empeorando— y la pobreza. La contracción del PBI regional fue del 7.7% y los pronósticos para los años 2021 y 2022 prevén una modesta recuperación del 3.7% y 2.6%, respectivamente. Las conquistas sociales de las últimas dos décadas se han frenado en seco y la posibilidad que se repita una nueva década perdida está peligrosamente a la vuelta de la esquina.

Votar en tiempos de pandemia

En el primer año de la pandemia de Covid-19 América Latina superó los veinte millones de infectados y los seiscientos mil muertos, exhibiendo las insuficiencias del sistema de salud público. ¿Cómo repercutirá la crisis sanitaria en las próximas elecciones? De tres maneras.

Por un lado, la pandemia influirá en la participación ciudadana. Las campañas se desarrollarán a través de las redes sociales digitales y se espera que los jóvenes de zonas urbanas que ingresan a la política en gran medida gracias a la digitalización, sean los protagonistas más activos y numerosos.

Por otro lado, la emergencia sanitaria afectará la realización de encuestas y es posible que los pronósticos sean menos certeros que lo habitual, lo que podría provocar una crisis de fiabilidad de los sondeos.

Finalmente, las campañas de vacunación han comenzado y es improbable que éstas queden por fuera de los debates de cara a las elecciones. Desde el cronograma y los beneficiarios, hasta la procedencia de las vacunas, conformarán una gran manzana de la discordia donde unos se presentarán como padres responsables ante los ciudadanos inocentes y otros como salvadores de la patria con sus cortes de funcionarios y asesores sanitarios.

Hasta el momento, las crisis económicas y de gobernabilidad dominan el debate. Una mala gestión sanitaria no significará necesariamente perder elecciones. Pero a medida que transcurra este segundo año de pandemia, la dimensión sanitaria de la crisis puede llegar a ser determinante en los diferentes países. Todo dependerá de cuán igualitario sea el acceso a la vacunación.


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Foto de Joaquín Vallejo Correa na Foter.com / CC BY-NC-ND

AMLO, mucho ruido y pocas nueces

Hace algunas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que la vacuna mexicana contra el COVID-19 ya tiene nombre, se llamará “Patria”. Se oye bien. Sin embargo, cuando le preguntaron por el avance en la investigación, su financiamiento, producción y distribución sólo ofreció vaguedades. El anuncio era el nombre de una vacuna que no existe.

Discrepancia entre discurso y realidad

Bienvenidos al México de AMLO, donde la discrepancia entre el discurso y la realidad es norma. Ejemplos sobran. Enero fue el peor mes desde el inicio de la pandemia con 32,729 muertes por COVID-19, pero a fines de ese mes el gobierno anunciaba que el virus estaba bajo control. El año 2020 se proyecta como el más violento en la historia de México con 40,863 homicidios dolosos, pero AMLO afirma que su gobierno ha logrado contener la violencia. La caída del PIB mexicano el año pasado fue de 8.5%, la mayor desde la Gran Depresión de1929, pero el gobierno estima que este año se superará la crisis económica. Y como si fuera poco, el presidente afirma que ya no hay corrupción en su gobierno, pero circulan videos de su hermano recibiendo bolsas con billetes de políticos allegados a su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

La discrepancia entre el discurso oficial y la realidad es de origen y se remonta al sobrenombre que AMLO le dio a su gobierno cuando tomó posesión del cargo: la “cuarta transformación” del país. Las tres primeras habrían sido la Guerra de Independencia (1810-1821), la Guerra de Reforma (1858-1861) y la Revolución Mexicana (1910-1920). Se trata de una burda manipulación de la historia patria, pero que refleja qué tan lejos vuela el discurso gubernamental de la realidad hoy en México.

En efecto, el gobierno de AMLO no se asume como lo que es: uno de los tres poderes públicos que constituyen al Estado mexicano, ni más ni menos. Por el contrario, se imagina a sí mismo (al menos discursivamente) como una reedición de las sangrientas convulsiones que han marcado al país y que dejaron un reguero de muertos.

Los nombres importan. En este caso la “cuarta transformación” revela dos hechos graves. El primero, y ya mencionado,la disonancia entre el discurso público y la realidad. El segundo, el talante anti-democrático de AMLO, quien al parecer aspira a una victoria total, aplastante sobre sus adversarios. En esta “transformación”, tal como en las otras tres, los partidos de oposición no serían legítimos representantes de la diversidad política del país, sino un enemigo histórico a vencer.

La democracia mexicana

La democracia que construimos los mexicanos a fines del siglo veinte promete todo lo contrario. De hecho, uno de los objetivos principales de la transición democrática (1977-1996) fue incorporar a la política institucional partidos y actores que no compartían el credo del hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), como el Partido Comunista. No olvidemos de dónde venimos: México durante buena parte del siglo pasado fue un régimen autoritario de partido “casi único” con una “presidencia imperial”, como la llamó el historiador Enrique Krauze, en su ápice.

Un elemento clave para desmontar el régimen autoritario del PRI fue crear un andamiaje institucional que impidiera la concentración de poderes, formales e informales, en el Ejecutivo. Se pretendía evitar así que cada seis años un nuevo presidente intentara transformar el país de arriba a abajo.

Por este motivo es que López Obrador se aviene tan mal con las instituciones democráticas del país como el Instituto Nacional Electoral (INE), y por extensión con sus consejeros. Porque una cosa es llegar al poder a través de las urnas y otra es gobernar en medio de un berenjenal de equilibrios y contrapesos institucionales. ¡Un fastidio, la democracia, cuando tienes que obedecer sus reglas! Y el gobierno de AMLO no es una excepción en cuanto a su difícil encaje en un régimen plenamente democrático.

Los populismos de izquierda y derecha latinoamericanos siempre han considerado la democracia como un obstáculo. Y sí, lo es. Está ahí para moderar ambiciones radicales, ralentizar la promulgación de leyes, acotar temporal y materialmente a los poderosos, y evitar la toma absoluta del Estado por un sólo grupo. Dicho claramente: la democracia está para hacerle la vida difícil al político con ínfulas de autócrata. Y la democracia mexicana lo está logrando hasta cierto punto.

La transformación que prometió AMLO es al momento sólo discursiva. Lo cierto es que no lo tiene nada fácil. Este es un gobierno de vacas flacas cuyas principales promesas de campaña, menos violencia y mayor crecimiento económico, están hoy fuera de su alcance material. Quizá por ello AMLO se aferra hoy más que nunca al clavo ardiente de un patriotismo esperanzador plagado de simbolismos, pero carente de sustancia. Mucho ruido y pocas nueces.

Foto por Eneas en Foter.com / CC BY

Los cien primeros días del nuevo gobierno del MAS

A principios de enero, el gremio de los transportistas inició un paro indefinido con bloqueo de caminos en demanda del aplazamiento de créditos bancarios por seis meses. Al mes, el sector público de salud del departamento de Santa Cruz declaró un paro de 24 horas reclamando más personal, mejores medidas de bioseguridad y una cuarentena rígida. El conflicto se expandió a las clínicas privadas de todo el país en protesta contra la supuesta inconstitucionalidad de la Ley de Emergencia Sanitaria aprobada por el gobierno. Y los productores de soya en el departamento de Santa Cruz bloquearon carreteras en rechazo a la banda de precios, cupos de abastecimiento interno y solicitud de libre exportación de su producto.

Los primeros cien días de Luis Arce y su vice David Choquehuanca han estado marcados por movilizaciones de diversos gremios y sindicatos. El descontento social con determinadas medidas del gobierno, en medio de la pandemia y un proceso preelectoral subnacional, sigue generando graves secuelas de orden económico y sanitario. Arce, sin embargo, se afana en marcar fronteras ideológicas en lugar de incentivar escenarios de entendimiento y deliberación política con diversos sectores del país.

Elecciones subnacionales

El próximo 7 de marzo habrá elecciones municipales y departamentales para elegir alcaldes y gobernadores. Este proceso dará luz verde a una nueva configuración política a nivel territorial en Bolivia. En este contexto ha reaparecido el expresidente Evo Morales como jefe nacional de campaña del MAS y con una estrategia discursiva incisiva en el departamento del Beni, donde la expresidenta interina Jeanine Áñez es candidata a gobernadora.

En su gira nacional, Morales ha vuelto a apoyar la construcción de la carretera sobre el territorio indígena y parque nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), atacando electoralmente a Áñez, representante política, según él, de la “derecha que perjudica” la construcción de obras para el desarrollo. En el 2011, durante su segundo mandato, una marcha indígena en rechazo a dicha propuesta fue la primera ruptura con el discurso indigenista y protector del medio ambiente del MAS.

De acuerdo con las encuestas de intención de votos, los candidatos oficialistas a las alcaldías de las ciudades capitales del eje -La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y el Alto- no tienen posibilidades de ganar. Por tanto, es probable que las nuevas configuraciones políticas a nivel de las entidades territoriales autónomas se constituyan en un contrapoder incómodo al predominio político de Arce y Choquehuanca a nivel parlamentario.

Fronteras ideológicas

La llegada de Luis Arce y David Choquehuanca al gobierno, luego de ganar las elecciones con el 55% votos en noviembre, implicó un nuevo momento político para Bolivia. La legitimidad alcanzada en las urnas y la esperanza recargada ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia, devolvieron cierta estabilidad institucional al país, luego de casi un año de gobierno interino e inestabilidad política.

Sin embargo, el estilo político del presidente ha establecido fronteras ideológicas, a la usanza del expresidente Evo Morales, al insistir en la tesis que lo sucedido en el 2019, a partir de las supuestas irregularidades del Tribunal Supremo Electoral para alterar los resultados, fue un golpe de Estado. Este comportamiento político del presidente es reprochable ya que alimenta la confrontación en tiempos de incertidumbre, estrés y carencias. 

Estos primeros cien días de gobierno han estado marcados por la distribución de bonos contra el hambre, la compra de vacunas y medicamentos contra la Covid-19, la aprobación de impuestos a los millonarios o el aplazamiento de créditos a sectores populares. Pero también por las acusaciones permanentes al anterior gobierno, los discursos políticos de Evo Morales, la amnistía a seguidores del MAS procesadas penalmente por presuntos delitos cometidos durante los conflictos del 2019 y 2020 y las movilizaciones sociopolíticas por parte de diferentes sindicatos afectados severamente por los duros oleajes del coronavirus. 

La disconformidad de los movilizados con las decisiones políticas del gobierno son un síntoma que la gestión pública está fallando en diferentes flancos. Si bien el nuevo gobierno tiene legitimidad social por los resultados en las urnas, su comportamiento político juega con la misma lógica política que establecía Morales: satanizar a los enemigos políticos. Una prueba de ello ha sido la devolución al Fondo Monetario Internacional (FMI) de un millonario crédito contraído en 2020 por el gobierno interino de Áñez para el combate de la pandemia.

Cuando el gobierno nacional, confiado por el apoyo mayoritario, desconoce a la minoría desde un altar moral y divide a la ciudadanía entre buenos contra malos, está minando cualquier posibilidad de prosperidad nacional. Si sigue así, es probable que en los próximos años, cuando pase la tormenta causada por la pandemia, el sol brille sólo para una parte de los bolivianos. En otras palabras, los primeros cien días de gobierno del MAS han sembrado más dudas que certezas.

Foto do Centro de Desenvolvimento da OCDE em Foter.com / CC BY-NC-ND

La verdad de las mentiras

¡Es verdad! Siete de cada diez latinoamericanos no detectamos o no estamos seguros de distinguir una noticia falsa de una verdadera en internet. Así lo afirma un estudio realizado por Kaspersky y Corpa entre diciembre de 2019 y enero de 2020. A pesar de los avances de las tecnologías de la comunicación e información, hoy estamos perdidos en medio de un océano de desinformación y todo apunta a que la tormenta que esto genera no va a amainar. Esta es la verdad de las mentiras.

Hubo un tiempo en el que reinaba la calma, en el que, aunque parezca mentira, no existía internet y la información no estaba a un click de distancia. Para informarse de lo que ocurría a su alrededor, nuestros padres acudían a los periódicos, la radio o la televisión. Nuestros abuelos ni siquiera nacieron con ésta última y tenían que conformarse con el papel o las ondas radiofónicas. Lo mismo ocurría con el conocimiento: si querían saber algo o resolver alguna duda, buscaban en los libros o recurrían a otras personas.

El tiempo transcurría en cámara lenta y el mundo parecía ser un lugar menos peligroso. Podían ocurrir incluso más tragedias que en la actualidad, pero como mínimo no nos enterábamos de todas y los medios nos daban algo más de tiempo para que procesáramos el infortunio entre desgracia y desgracia. Hoy nos encontramos ante un escenario radicalmente distinto: las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos permiten acceder a innumerables fuentes de información prácticamente en tiempo real.

Tiempos de desinformación

Pero eso no es todo, ya que también conforman nuevas formas y espacios de relación social. Los debates sobre política o economía ya no necesariamente se dan en las plazas, en las aulas o en el salón de casa. Ahora podemos discutir sobre el futuro del mundo con un señor de Osetia del norte sin levantarnos de la silla. Sólo tenemos que conectarnos a Twitter, a Facebook o a cualquier otra red social que se nos ocurra.

Nuestros líderes políticos, que podrán tener muchos defectos pero no olvidan la importancia de conectar con el votante, tampoco son ajenos a esta realidad.  Si bien a inicios del nuevo siglo se asomaban tímidamente al mundo digital, hoy es raro encontrar a alguno que no cuente con al menos un perfil en las numerosas plataformas existentes. Suben sus fotos, comparten vídeos y anuncian en unos pocos caracteres sus principales aportaciones a la humanidad. Y si se olvidan de algo, están los numerosos medios de comunicación para avisarnos.

¿Se puede pedir más? Ante nosotros se abre un abanico infinito de fuentes de información. Pues bien, lamento pincharles su burbuja: hoy, también más que nunca, estamos rodeados de desinformación. Las factorías de noticias falsas o fake news son una nueva pandemia que se propaga a la velocidad de la luz y no siempre somos capaces de reaccionar. En esto, por desgracia, América Latina no es una excepción.

El fenómeno de las fake news en América Latina

Según el estudio de Kaspersky y Corpa, los peruanos son las principales víctimas de las fake news (79%), seguidos de los colombianos (73%) y chilenos (70%). Por detrás están los argentinos y mexicanos (66%) y los brasileños (62%).

La proliferación de noticias falsas no sólo es fruto de la aparición de nuevos medios de comunicación y tecnologías de la información. En gran medida se ve impulsada por la creación de plataformas específicamente orientadas a influir en el debate político.

Con muchos claroscuros en sus fuentes de financiación, buscan reforzar determinadas opciones políticas y para ello utilizan la desinformación como arma arrojadiza. En cuestión de minutos, estos agentes malintencionados son capaces de nublar nuestro juicio y crear la confusión en materias tan relevantes en la realidad latinoamericana como la pobreza, la desigualdad, la inseguridad o la salud pública y el combate a la pandemia.

Ante este panorama, sería verdaderamente loable que nuestros políticos pusieran de su parte para, en la medida de lo posible, contribuir a la información rigurosa y responsable. Está claro que no son dioses omnipotentes capaces de controlar todos los flujos de información; cosa de agradecer por otra parte en pos de la libertad de expresión. Sin embargo, es un tanto decepcionante cuando observamos que algunos hacen uso de este recurso durante su actividad política.

A modo de ejemplo, presidentes como Jair Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel López Obrador en México o Nayib Bukele en El Salvador han utilizado noticias falsas durante sus campañas electorales o incluso en el ejercicio de su mandato. Pero no son los únicos. A través de la difusión de fake news, diferentes actores políticos, no sólo han buscado desviar la atención sobre posibles errores en su  gestión o desprestigiar al oponente, sino que han posicionado su agenda política.

Las noticias falsas han permitido a estos políticos señalar a grupos específicos de población, generar alarma o legitimar determinadas iniciativas. La ausencia de mecanismos para controlar la desinformación, la existencia de robots y la viralidad de las redes sociales han hecho el resto.

Las consecuencias en la vida política

Una vez que la desinformación logra hacerse un hueco en nuestras sociedades, las consecuencias son nefastas. El ciudadano pasa a convertirse en un individuo fácilmente manipulable, cuya lógica se basa en informaciones falsas y es especialmente sensible a retóricas sentimentales y polarizantes que le alejan del pensamiento crítico.

Esto no sólo afecta al consumidor de fake news, sino que pone contra las cuerdas al ciudadano reflexivo, cada vez más perdido entre extremos que pasan a ser considerados como únicos puntos de vista referenciales. Toda una estocada a la calidad de las democracias latinoamericanas, ya de por sí amenazadas por numeroso riesgos.

Por ello, quizás es necesario pulsar por un momento el stop y cuestionarnos todas esas certezas que consideramos indiscutibles. Despertemos nuestra curiosidad y pongamos nuestras ideas en cuarentena. Abramos más libros, bajemos a comprar el periódico al kiosko de la esquina o invitemos a tomar un café a ese amigo que, aunque nos lleva la contraria en temas política, siempre está bien informado.

Por muchos eslóganes y frases hechas que nos vendan, por más pensamiento prefabricado que encontremos en los discursos de actores o medios políticos, y más información imprecisa que nos ofrezcan para moldear la realidad, al final lo único que nos hará verdaderamente libres y mejorará nuestras vidas será la capacidad de pensar por nosotros mismos. Esa es la verdad de las mentiras.

Foto de Christoph Scholz em Foter.com / CC BY-SA


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