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Una región, todas las voces

La verdad de las mentiras

Por
Melany Barragán
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¡Es verdad! Siete de cada diez latinoamericanos no detectamos o no estamos seguros de distinguir una noticia falsa de una verdadera en internet. Así lo afirma un estudio realizado por Kaspersky y Corpa entre diciembre de 2019 y enero de 2020. A pesar de los avances de las tecnologías de la comunicación e información, hoy estamos perdidos en medio de un océano de desinformación y todo apunta a que la tormenta que esto genera no va a amainar. Esta es la verdad de las mentiras.

Hubo un tiempo en el que reinaba la calma, en el que, aunque parezca mentira, no existía internet y la información no estaba a un click de distancia. Para informarse de lo que ocurría a su alrededor, nuestros padres acudían a los periódicos, la radio o la televisión. Nuestros abuelos ni siquiera nacieron con ésta última y tenían que conformarse con el papel o las ondas radiofónicas. Lo mismo ocurría con el conocimiento: si querían saber algo o resolver alguna duda, buscaban en los libros o recurrían a otras personas.

El tiempo transcurría en cámara lenta y el mundo parecía ser un lugar menos peligroso. Podían ocurrir incluso más tragedias que en la actualidad, pero como mínimo no nos enterábamos de todas y los medios nos daban algo más de tiempo para que procesáramos el infortunio entre desgracia y desgracia. Hoy nos encontramos ante un escenario radicalmente distinto: las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos permiten acceder a innumerables fuentes de información prácticamente en tiempo real.

Tiempos de desinformación

Pero eso no es todo, ya que también conforman nuevas formas y espacios de relación social. Los debates sobre política o economía ya no necesariamente se dan en las plazas, en las aulas o en el salón de casa. Ahora podemos discutir sobre el futuro del mundo con un señor de Osetia del norte sin levantarnos de la silla. Sólo tenemos que conectarnos a Twitter, a Facebook o a cualquier otra red social que se nos ocurra.

Nuestros líderes políticos, que podrán tener muchos defectos pero no olvidan la importancia de conectar con el votante, tampoco son ajenos a esta realidad.  Si bien a inicios del nuevo siglo se asomaban tímidamente al mundo digital, hoy es raro encontrar a alguno que no cuente con al menos un perfil en las numerosas plataformas existentes. Suben sus fotos, comparten vídeos y anuncian en unos pocos caracteres sus principales aportaciones a la humanidad. Y si se olvidan de algo, están los numerosos medios de comunicación para avisarnos.

¿Se puede pedir más? Ante nosotros se abre un abanico infinito de fuentes de información. Pues bien, lamento pincharles su burbuja: hoy, también más que nunca, estamos rodeados de desinformación. Las factorías de noticias falsas o fake news son una nueva pandemia que se propaga a la velocidad de la luz y no siempre somos capaces de reaccionar. En esto, por desgracia, América Latina no es una excepción.

El fenómeno de las fake news en América Latina

Según el estudio de Kaspersky y Corpa, los peruanos son las principales víctimas de las fake news (79%), seguidos de los colombianos (73%) y chilenos (70%). Por detrás están los argentinos y mexicanos (66%) y los brasileños (62%).

La proliferación de noticias falsas no sólo es fruto de la aparición de nuevos medios de comunicación y tecnologías de la información. En gran medida se ve impulsada por la creación de plataformas específicamente orientadas a influir en el debate político.

Con muchos claroscuros en sus fuentes de financiación, buscan reforzar determinadas opciones políticas y para ello utilizan la desinformación como arma arrojadiza. En cuestión de minutos, estos agentes malintencionados son capaces de nublar nuestro juicio y crear la confusión en materias tan relevantes en la realidad latinoamericana como la pobreza, la desigualdad, la inseguridad o la salud pública y el combate a la pandemia.

Ante este panorama, sería verdaderamente loable que nuestros políticos pusieran de su parte para, en la medida de lo posible, contribuir a la información rigurosa y responsable. Está claro que no son dioses omnipotentes capaces de controlar todos los flujos de información; cosa de agradecer por otra parte en pos de la libertad de expresión. Sin embargo, es un tanto decepcionante cuando observamos que algunos hacen uso de este recurso durante su actividad política.

A modo de ejemplo, presidentes como Jair Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel López Obrador en México o Nayib Bukele en El Salvador han utilizado noticias falsas durante sus campañas electorales o incluso en el ejercicio de su mandato. Pero no son los únicos. A través de la difusión de fake news, diferentes actores políticos, no sólo han buscado desviar la atención sobre posibles errores en su  gestión o desprestigiar al oponente, sino que han posicionado su agenda política.

Las noticias falsas han permitido a estos políticos señalar a grupos específicos de población, generar alarma o legitimar determinadas iniciativas. La ausencia de mecanismos para controlar la desinformación, la existencia de robots y la viralidad de las redes sociales han hecho el resto.

Las consecuencias en la vida política

Una vez que la desinformación logra hacerse un hueco en nuestras sociedades, las consecuencias son nefastas. El ciudadano pasa a convertirse en un individuo fácilmente manipulable, cuya lógica se basa en informaciones falsas y es especialmente sensible a retóricas sentimentales y polarizantes que le alejan del pensamiento crítico.

Esto no sólo afecta al consumidor de fake news, sino que pone contra las cuerdas al ciudadano reflexivo, cada vez más perdido entre extremos que pasan a ser considerados como únicos puntos de vista referenciales. Toda una estocada a la calidad de las democracias latinoamericanas, ya de por sí amenazadas por numeroso riesgos.

Por ello, quizás es necesario pulsar por un momento el stop y cuestionarnos todas esas certezas que consideramos indiscutibles. Despertemos nuestra curiosidad y pongamos nuestras ideas en cuarentena. Abramos más libros, bajemos a comprar el periódico al kiosko de la esquina o invitemos a tomar un café a ese amigo que, aunque nos lleva la contraria en temas política, siempre está bien informado.

Por muchos eslóganes y frases hechas que nos vendan, por más pensamiento prefabricado que encontremos en los discursos de actores o medios políticos, y más información imprecisa que nos ofrezcan para moldear la realidad, al final lo único que nos hará verdaderamente libres y mejorará nuestras vidas será la capacidad de pensar por nosotros mismos. Esa es la verdad de las mentiras.

Foto de Christoph Scholz em Foter.com / CC BY-SA

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Escaños reservados ¿Cambio en Chile?

Por
Victor Tricot
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Las elecciones presidenciales en Ecuador han dado visibilidad a la participación de los pueblos indígenas en la política institucional. Yaku Pérez, el candidato del partido Pachakutik, instrumento político de la Confederación de Nacionalidades Índigenas del Ecuador (CONAIE) se quedó a las puertas de participar en el ballotage. Probablemente desde el primer triunfo de Evo Morales en Bolivia en el año 2006 no se veía en Latinoamérica una posibilidad tan próxima de acceso al poder de un líder de organizaciones indígenas.

En el caso de Chile, la posibilidad de que un líder indígena llegue al poder queda todavía muy lejos de la realidad. El país andino, que desde las protestas callejeras iniciadas en octubre de 2019 parece haber perdido su orgullosa estampa de epítome de calidad democrática, siempre ha mantenido una relación problemática con las comunidades indígenas.  Pese a que el último censo señala que más de dos millones de ciudadanos se autoidentifican como miembros de alguna de los diez pueblos indígenas existentes, el país no reconoce constitucionalmente la existencia de estas comunidades.

La falta de reconocimiento a los pueblos indígenas

El conflicto del estado con el pueblo mapuche es el más mediático y lamentablemente violento. Sin embargo, el resto de los pueblos ven también sus territorios amenazados por proyectos extractivos, derechos colectivos mancillados, idiomas en paulatina desaparición y cultura y conocimientos folkloriozados o invisibilizados. Todo ello es una fuente de tensiones y conflictos de distinta magnitud a lo largo del país

En cuanto a la presencia institucional, la situación no es mucho mejor. Las comunidades indígenas han sido y son actores secundarios con presencia marginal en las instituciones del estado. Tanto en el caso de los cargos electos como en los de designación su presencia es mínima, accediendo en contadas ocasiones al poder local.

En este contexto, el debate sobre la reforma de la Carta Magna abría una ventana de oportunidad para introducir la posibilidad de escaños reservados para los pueblos indígenas en la Convención Constitucional.  Sin embargo, es imposible obviar que la decisión sobre estos cupos se llevó a cabo con posterioridad al plebiscito y fue un verdadero vía crucis.

El cupo indígena en el nuevo proyecto constitucional

A mediados de diciembre de 2020, el Congreso chileno aprobó 17 escaños reservados para los pueblos indígenas. Pese a constituir todo un hito, su adopción se vio opacada por una discusión parlamentaria de un nivel deficiente, sobre todo por parte del oficialismo. A ello debe sumarse la tardanza en la aprobación, que los cupos fueron restados a los 155 aprobados en el plebiscito, la exclusión de los afrodescendientes o el hecho de no atender la demanda de autoidentificación solicitado por los pueblos indígenas. Esto último obliga a estas comunidades a realizar un trámite de inscripción y ratificación étnica en plena pandemia que el resto de la población no requiere.

La ley aprobada por la asamblea estipula  17 escaños reservados para representantes de las comunidades originarias en la Convención Constitucional: siete para el pueblo mapuche, dos para el aymara y uno para cada uno de los pueblos restantes. Estos serán electos, a diferencia del resto de los constituyentes, en un distrito único a nivel nacional y habrá una papeleta por pueblo. Cada una de estas contará con los candidatos de dicho pueblo, incluyendo una alternativa del sexo opuesto. Esta condición se aplicará en la elección de constituyentes indígenas con el objetivo de cumplir con el principio de paridad.

El futuro de la representación indígena

Los chilenos votaron la reforma constitucional sabiendo que para la Convención se establecerían cuotas de paridad y se reconocería la participación de candidatos independientes, pero sin tener constancia de que se incluirían cupos indígenas. Esto no fue debido a un desliz o error, sino que es un ejemplo más de que los pueblos originarios son actores secundarios en la política chilena.

No formaron parte de la construcción del Estado nación ni fueron incluidos en el proyecto de país,  liderado por una elite que los veía como bárbaros reñidos con el desarrollo y la modernidad. Hoy, dos siglos después, los herederos de aquella élite aún se reflejan en aquella modernidad construida sobre la idea de morenidad, tal como señala el premio nacional de literatura Elicura Chihualaf. No es descabellado afirmar que si no fuera por la continua actuación política de estas comunidades, su inclusión en esta nueva coyuntura constitucional tampoco habría sido posible.

Con base a lo expuesto, pueden barajarse un escenario en el que la convención constituyente se convierta en un escenario de disputa eficiente para el movimiento indígena. No únicamente dando visibilidad a este colectivo, sino agregando demandas históricas como el reconocimiento de tierra y territorio, autonomía, autodeterminación o incluso adoptando la idea de plurinacionalidad, emergente con fuerza en los últimos años.

La presencia de representación indígena es sin duda un avance. Sin embargo, la composición y especialmente los quórums requeridos para los acuerdos dificultan mucho la consecución de estas demandas y es probable que los escaños reservados únicamente constituyan un tardío reconocimiento constitucional y, tal vez, algún otro logro menor. Es decir, nada que cuestione o amenace la raíz del modelo extractivista o que agencie derechos colectivos a los pueblos indígenas.

El proceso en sí no parecen ser un augurio prospero para las discusiones que acaecerán en la constituyente. No obstante, algo que sí es posible afirmar es que las organizaciones y movimientos indígenas del país continuarán luchando por la concreción de sus derechos desde distintos ámbitos, dentro o fuera de las instituciones.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de Diputadas y Diputados em Foter.com / CC BY-NC-ND

La convergencia del ingreso: ¿historia de un fracaso?

Por
Carlos Andrés Brando
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Una idea popular en economía sostiene que los países pobres tienden a crecer más rápido que los países ricos. Por lo tanto, las economías del planeta acaban convergiendo en sus niveles de ingreso. La ventaja más importante que tienen los que se han rezagado es la de copiar de los que van adelante los mejores estándares y prácticas institucionales, tecnológicas y productivas.

Además, sigue la teoría, los pobres reciben de los ricos grandes cantidades de capital, es decir que a pesar de invertir cada vez más capital en la formación de su fuerza de trabajo o en sus industrias, los retornos que obtienen de esas inversiones son cada vez menores.

¿Cómo luce la teoría a la luz de la historia?

Tras la Revolución Industrial inglesa y el crecimiento económico moderno qué engendró a mediados del siglo XVIII, una docena de países occidentales alcanzaron niveles de ingreso similares a los ingleses en los siguientes cien años. Primero fueron Holanda y Bélgica. Luego Francia, Suiza, Dinamarca, Alemania, Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Argentina. Para comienzos del siglo pasado el grupo de los ricos lo completaban Noruega y Suecia.

Mención aparte merece Estados Unidos que rebasó a Inglaterra, convirtiéndose en el país más rico del mundo, el líder tecnológico y el poder político hegemónico global al filo de la Primera Guerra Mundial.

Desde entonces, la convergencia ha sido escasa. Durante los llamados “años dorados” de la posguerra, el crecimiento económico acelerado experimentado por Austria, Finlandia, Italia y España los llevó a entrar al selecto club. Recientemente se sumaron Irlanda y Portugal.

¿Y América Latina?

La región no ha sido completamente ajena al fenómeno. Sin embargo, las experiencias históricas de convergencia han sido amargas.

Argentina era una de las 12 economías más prósperas del globo durante el primer tercio del siglo XX y comienza desde entonces un largo descenso gradual (relativo) de su PIB per cápita hasta los años 2000. Es sobrepasada por Venezuela en la década del cincuenta, cuya economía crece rápidamente por dos décadas más, para luego sufrir una gran destorcida y 30 años más de estancamiento. Así, Venezuela exhibe una evolución de su ingreso cercano en forma a una campana de distribución normal. Evidentemente en ninguno de los dos casos se cementó la convergencia.

Gráfico 1. Un Siglo de Convergencia (o de Divergencia) en América Latina, años 1920 – años 2010

(Evolución del PIB real p/c, US$ de 2011 – Ratios Países Seleccionados vis-a-vis Estados Unidos)

Fuente: Elaboración propia a partir de Maddison Project Database (2020). G10+ (promedio para el grupo de países ricos mencionado arriba, del cual Argentina y Venezuela formaron parte temporalmente en distintas décadas). https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2020?lang=en

Si bien los casos de Chile y Colombia son similares, ya que ambos terminan sus trayectorias en niveles de ingresos muy cercanos a los de sus puntos de partida un siglo atrás, Chile se rezaga marcadamente con relación al G10+ durante 50 años (años treinta hasta años setenta), y solo empieza a desatrasarse en los años ochenta. Entretanto, Colombia se mantiene prácticamente estática desde la década del cuarenta, notando un repunte en la última década.

Brasil luce diferente. Muestra una tendencia al alza solamente pausada por la crisis de la deuda de los ochenta y la subsiguiente “década pérdida”. En cien años, el ingreso de los brasileños pasó de representar poco más del 10% del estadounidense, al 28%. A este ritmo la convergencia con el líder tardará unos trescientos años.

El éxito de los países asiáticos

Es claro y contundente el fracaso latinoamericano en la convergencia. Pero no todo el mundo ha sufrido ese destino. Las experiencias de Japón, Hong-Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur (los “tigres” asiáticos) representan casos exitosos de convergencia.

Comenzando con Japón en los años sesenta, y de forma sucesiva con diferencias de alrededor de una década entre los años setenta y los años 2000, los cuatro casos restantes en el orden expuesto alcanzaron los niveles de ingreso del G10+. Si bien lo hicieron a tasas de crecimiento diferentes, Hong-Kong y Japón a tasas altísimas y Corea a un paso menor, todos llegaron a la tierra prometida.

Gráfico 2. Un Siglo de Convergencia en el Este Asiático, años 1920 – años 2010

(Evolución del PIB real p/c, US$ de 2011 – Ratios Países Seleccionados vis-a-vis Estados Unidos)

Fuente: Ver nota Gráfico 1. En distintas décadas pasan a formar parte del G10+ los “tigres” asiáticos.

¿Dónde está la diferencia?

El factor decisivo para entender el porqué de las experiencias disímiles en las dos regiones radica en la naturaleza de la integración con la economía internacional.

Por un lado, América Latina se integró a través de las exportaciones primarias. A lo largo del siglo las matrices exportadoras de las cinco economías fueron dominadas por commodities: café, trigo, carne, caucho, lana, soja, cobre, nitrato, carbón y petróleo.

Por el otro, los “tigres” transformaron sus matrices gradualmente, alejándose de la exportación de bienes primarios para concentrarse en el desarrollo de exportaciones de bienes industriales (y de servicios comerciales y financieros en Singapúr y Hong-Kong). Los años de crecimiento rápido y convergencia fueron años de dinamismo y de consolidación en sectores como el automotriz, la maquinaria de alta precisión, las fibras sintéticas, los plásticos, los semiconductores, el software informático y los productos electrónicos. Todos éstos compitiendo en mercados internacionales. En otras palabras, estas economías le dieron un gran empujón a su industrialización redirigiéndola hacia la exportación.

La industrialización exportadora estimuló la demanda de actividades domésticas enlazadas con la producción hacia afuera, generando trabajo formal cada vez mejor calificado, y permitió la acumulación de ahorros para recanalizarlos como inversión en infraestructura y en otros sectores ávidos de recursos.  

Pero, sobre todo, esa apuesta exportadora exigió la formación de un sistema nacional de tecnología capaz de innovar continuamente, tanto en los productos como en los procesos de producción. Así las firmas y los trabajadores asiáticos se hicieron más productivos e imprimieron cada vez mayor valor a los bienes y servicios ofertados. En consecuencia, percibieron mayores ingresos.

Siendo justos, los latinoamericanos lograron exportar bienes industriales. Pero lo hicieron en menores proporciones, en el ámbito regional mayoritariamente, y de manera episódica. La tecnología en vez de crearse en casa se importó y el círculo virtuoso se desbarató.

Los commodities trazaron otra senda, con problemas estructurales de vieja data: vulnerabilidad externa, desvalorización de la moneda, volatilidad en el crecimiento y escasez de estímulos y enlaces con otras actividades.

El mundo ha cambiado y las noticias no son buenas. Las condiciones para dar el salto adelante ahora son más difíciles de las que arrastraron los “tigres” hace cuatro o cinco décadas. Los tratados comerciales bilaterales, las reglas del juego normativo del comercio internacional, y la ubicuidad de los derechos de propiedad intelectual han reducido significativamente el espacio para desarrollar el tipo de políticas industriales que los ahora ricos implementaron cuando buscaron salir de pobres.

América Latina parece condenada a contribuir a las teorías sobre la divergencia.

Foto de cliff.hellis en Foter.com / CC BY-NC-ND

Derechos digitales: una agenda en construcción

Por
Fernando Barrientos
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La creación de la World Wide Web, más conocida como internet, ha cambiado radicalmente a la humanidad a lo largo de los últimos treinta años. Desde entonces, varios procesos sociales se han transformado al grado que existen generaciones enteras que han perdido vínculos con el pasado inmediato y no conciben al mundo “desconectado”. En 1990 solo el 0.25% de la población mundial tenía acceso a internet, el año pasado casi 6 de cada l0 personas se conectaban a la red.

En América Latina el índice de conexión es aún mayor. En 2020 el 67% de los latinoamericanos tenía acceso a internet, siendo Ecuador, Argentina, Chile, Brasil y México los países con mayor número de usuarios. En muy poco tiempo la internet dejó de ser un instrumento comparable con la radio, el cine o la televisión y se convirtió en el espacio virtual o ciberespacio, como un desdoblamiento del espacio real.

Una gran parte de la población mundial ha trasladado sus actividades al ciberespacio gracias a la creación de aplicaciones (app’s). Según el informe We Are Social de Hootsuite 2020, casi la mitad de la población mundial interactúa en la internet a través de una red social digital todos los días. En América Latina el promedio es del 65%, con Argentina, México, Colombia y Brasil a la cabeza, muy por encima de la media mundial.

El comercio electrónico ha modificado los hábitos de consumo: el año pasado representaba el 4.4% del PIB mundial. En cambio, según datos del Latinobarómetro de 2018, sólo uno de cada cuatro latinoamericanos hacía compras por internet o estaría dispuesto a hacerlo. Esos mismos datos mostraron que el comercio electrónico tiene mayor penetración en los países con más alto PIB per cápita, con mayor número de usuarios de internet y mejor índice de desarrollo humano, como Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica y Colombia.

En el 2020, la pandemia de la Covid-19 intensificó el uso de la internet y sus aplicaciones y aceleró algunos procesos que estaban en transición como el teletrabajo y la educación en línea, pero no impactó significativamente el comercio electrónico. Según el informe “Shock COVID-19: un impulso para reforzar la resiliencia comercial tras la pandemia” del Banco Interamericano de Desarrollo, las exportaciones de los países de la región cayeron en -12%, una contracción sensiblemente mayor a la mundial. No obstante el crecimiento sostenido del comercio electrónico año con año, su participación en el PIB regional apenas alcanzó el 2% en el 2020.

El ciberespacio como desdoblamiento del espacio público

El ciberespacio se abrió como una zona de emancipación del espacio público dominado por la política, pero en poco tiempo se ha sometido a diversas fuerzas: la competencia del mercado, la moral privada y el control del Estado. ¿Cuáles son sus límites? La internet es un servicio que ofrecen las empresas privadas pero su uso es público, lo que convierte al ciberspacio prácticamente en un bien común. Está al alcance de las personas comunes, de los gobiernos e instituciones públicas y privadas y en los últimos años se han trasladado allí los “medios tradicionales” de comunicación.

El ciberespacio ya no es simplemente una vía más de comunicación sino que literalmente se está convirtiendo en el espacio que compite o incluso sustituye al espacio publico cotidiano. Las relaciones de mercado dominan el ciberspacio y, si el Estado interviene, ello sucede no como una intromisión sino como una necesidad para que las personas no queden desprotegidas.

El ciberespacio crea situaciones, no tan hipotéticas, en las cuales predomina la ley del más fuerte, es decir, comportamientos impulsados por las pasiones antes que por la razón. Y ésta es probablemente la mayor justificación de la necesidad de los derechos digitales.

Nuevos derechos para una nueva realidad (virtual)

Los derechos de las personas han surgido de coyunturas histórico-sociales que los promueven y aceleran su incorporación al sistema de derechos existentes, como las revoluciones políticas y económicas. Los derechos pueden desaparecer, ser sustituidos por otros o crearse unos totalmente nuevos, como los derechos digitales.

Ahora bien, las transformaciones de las últimas décadas derivadas de la evolución Tecnofisio, término desarrollado por Dora Costa y R. William Fogel y la revolución de las nuevas tecnologías que se desarrollaron en el excepcional siglo XX, obligan a pensar los derechos digitales desde una perspectiva diferente y pueden clasificarse en tres grandes grupos:

Los “no traducibles” son derechos ya existentes en todos los espacios y que se “estiran” al ciberespacio preservando su esencia. Como ejemplo los derechos de justicia y justicia restaurativa, la protección de menores, los derechos políticos de libertad, igualdad, asociación y no discriminación.

Los “derechos traducidos” derivan de los derechos ya existentes, pero requieren trasladarse al ciberespacio. Por ejemplo, la protección de datos personales, la restauración del daño moral, el testamento digital, la libertad de consumo, la calidad en la educación en línea, la calidad de los servicios otorgados por privados y por el sector público y los derechos de autor, entre otros.

Los derechos propiamente digitales, de “nueva creación”, requieren un nuevo lenguaje: el acceso libre, igual y seguro a la red que para algunos debería ser un derecho humano; el derecho a la privacidad y a la intimidad, como los límites a la geolocalización; el derecho al olvido en el espacio virtual; el derecho a la desconexión, un derecho laboral que es urgente implementar; el derecho a la no obsolescencia y la portabilidad, porque genera brechas digitales; derecho a la neutralidad de la red, es decir, la no interferencia con las posiciones políticas y para combatir la corrección política; y sobre todo, el derecho a la verdad, como forma de combate a la desinformación, denominada infodemia y la posverdad.

En varios países algunos de estos derechos se han incorporado lentamente; en algunos otros la pandemia está impulsando su necesidad. En México, en diciembre de 2020 se modificó la legislación laboral para regular el teletrabajo y reconocer el derecho a la desconexión. En Argentina y Brasil se declararon “servicios esenciales” a la telefonía y el acceso a la internet. Pero también la falta de regulación permitió, de forma justificada pero peligrosa, usar la geolocalización para identificar casos de contagio como en Brasil y México.

España es probablemente uno de los países de Iberoamérica que más ha avanzado en los derechos digitales. Más allá de las críticas por su poca discusión al aprobarse en el Congreso y en el Senado la Ley Orgánica de Protección de Datos en 2018, es una ley pionera en el contexto mundial y que incluye muchos de los derechos anteriormente mencionados.

Aún falta mucho para hacer, pero los derechos digitales deben concebirse desde los principios de la libertad y la igualdad humanas. En su discusión existe una tendencia a formular supuestos principios derivados de la moral privada y la corrección política, confundiendo derechos con prohibiciones y esta lógica se extiende por la red como un virus informático.

Prohibir puede resolver problemas, pero no crea una sociedad mejor. Por ello los derechos digitales deben pensarse como una forma de potenciar los derechos ya existentes, no de limitarlos ni cancelarlos.

Foto de Hernan Piñera em Foter.com / CC BY-SA

Episodio relacionado de nuestro podcast:

La agenda uruguaya para flexibilizar el Mercosur

Por
Pedro Silva Barros
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En la última década Brasil ha ido perdiendo su protagonismo regional y varios presidentes han intentado llenar este vacío. Todos ellos fracasaron. ¿Será diferente con el uruguayo Luis Lacalle Pou?

En 2017, el peruano Pedro Pablo Kuczynski propuso la creación del Grupo de Lima para abordar la crisis de Venezuela. En 2018, el colombiano Iván Duque decidió abandonar Unasur en su primera semana de mandato. Y en 2019, el chileno Sebastián Piñera reunió a otros seis presidentes de la región para crear el Foro Prosur en sustitución de Unasur.

Los brasileños Michel Temer y Jair Bolsonaro no han participado directamente en ninguna de estas iniciativas. En los tres casos, al cabo de unos años los intentos quedaron muy lejos del voluntarismo presidencial.

El Grupo de Lima se volvió inocuo tras la aventura venezolana del autoproclamado Juan Guaidó. Algunos presidentes elegidos más recientemente como el argentino Alberto Fernández y el boliviano Luis Arce, y el candidato al cargo, Andrés Arauz, que pasó a la segunda vuelta en Ecuador, han pedido la reestructuración de Unasur. El Foro Prosur no ha dado resultados en la concertación regional, ni siquiera para coordinar los esfuerzos para enfrentar los efectos de la pandemia en la salud pública. Y Bolsonaro no ha asistido a ninguna de las tres reuniones virtuales de Prosur organizadas por Chile en 2020.

Ahora parece ser el turno de Uruguay, liderado por Lacalle Pou, de tomar la delantera.

La Agenda uruguaya

Ante el panorama de desintegración económica y la fragmentación política que impera en Sudamérica, el presidente de Uruguay recibió a Alberto Fernández en Colonia del Sacramento el pasado noviembre. Este febrero visitó a Bolsonaro para almorzar en el Palacio de la Alvorada, e invitó al paraguayo Mario Abdo el martes de carnaval para conversar en Punta del Este.

En todas las reuniones hubo rasgos comunes. Fueron informales y sin declaraciones oficiales ni comunicados conjuntos de los Ministerios de Asuntos Exteriores. Las agendas de las tres conversaciones fueron guiadas por Uruguay. Acompañada de cuestiones menos importantes para los interlocutores, la flexibilización del Mercosur fue siempre el tema principal.

La agenda uruguaya de flexibilización del Mercosur es un eufemismo para eliminar el Arancel Externo Común (TEC), que obliga a todos los países del bloque a cobrar la misma tasa a las importaciones de productos de fuera del bloque. El CET es el instrumento que garantizó el gran crecimiento del comercio intrabloque entre 1991 y 2011, pero ha perdido fuelle debido a la crisis industrial de Brasil y Argentina, la fragmentación política y la mayor presencia de China.

La elevada demanda china de productos primarios del bloque ha garantizado abundantes divisas en los últimos años y ha anestesiado el esfuerzo exportador industrial de los países miembros.

Que cada miembro negocie individualmente

En Uruguay, la flexibilización del Mercosur parece tener legitimidad interna. Al fin y al cabo entre 2015 y 2019 su economía creció mientras que la de Argentina y Brasil permanecían estancados. Lacalle Pou aboga por que el Mercosur abandone el TCE y que cada miembro negocie individualmente los acuerdos comerciales con terceros países o bloques.

Entre los cuatro miembros fundadores del Mercosur, la economía uruguaya era la más integrada con sus vecinos antes del Tratado de Asunción de 1991. El país ha mantenido su tradición de no alinearse automáticamente con ninguno de sus vecinos y la propia independencia de Uruguay puede entenderse como funcional a la distensión entre Brasil y Argentina. Ahora parece que está promoviendo su distanciamiento de ambos, lo que sería un movimiento sin precedentes.

Lacalle Pou ya había dado una señal en la reunión virtual del Mercosur en julio de 2020 donde Paraguay entregó la presidencia del bloque a Uruguay. Centró su discurso en la defensa de unas relaciones «desideologizadas» con China y en la importancia de la especialización agrícola de las economías de la región. La reacción fue de baja intensidad. La atención se centró en el acuerdo Mercosur-UE, cuyas negociaciones se arrastran desde hace más de dos décadas y que en el último año no han tenido ningún avance y han perdido terreno ante las preocupaciones presidenciales.

Chino ha anestesiado la integración regional

El comercio exterior de Uruguay es cada vez menos sudamericano y más chino. En el año 2000 casi la mitad de las exportaciones uruguayas se destinaron a los países sudamericanos vecinos, tras una década de fuerte crecimiento del comercio dentro del Mercosur. En 2010, la participación de Sudamérica en las exportaciones totales de Uruguay se situaba en el 39,4%; en 2020, el nivel era inferior a la cuarta parte. Hace diez años, Brasil compraba el 24% de las exportaciones de Uruguay y China sólo el 5%. Actualmente, China compra el 28% de lo que vende Uruguay, el doble que Brasil.

El dinamismo chino ha anestesiado la integración regional. Comercialmente, Uruguay también representa cada vez menos para Brasil. Si en 2018 Brasil tuvo un superávit de 1.800 millones de dólares, en 2020 este se redujo a la tercera parte. Las exportaciones brasileñas a Uruguay cayeron un 40% en dos años.

Las exportaciones uruguayas a China se concentran en sólo dos productos agrícolas, la carne y la soja, en contraste con las exportaciones industrializadas y diversificadas a Brasil y Argentina. El comercio intrarregional es más accesible para las pequeñas empresas y genera más y mejores empleos. Sin embargo, la especialización impulsada por el presidente uruguayo implica desindustrialización y menos empleos vinculados al comercio exterior.

Se negocia mejor de forma conjunta

Lacalle Pou tiene razón en fomentar el diálogo regional y en preocuparse por los costes de una política ideologizada hacia China, principal socio comercial del Mercosur. Pero se equivoca al creer que Uruguay solo podrá negociar mejor con los socios extrarregionales.

La tendencia a la construcción de bloques regionales, aunque con inestabilidad en los últimos años, sigue reforzándose. En todas partes, el coste de abandonar un acuerdo regional es mucho más elevado que el de permanecer en él.

El resultado concreto de flexibilizar el Mercosur sería una mayor especialización productiva y una mayor interdependencia con China. Incluso con China, el Mercosur podría negociar mejor de forma conjunta. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay representan en conjunto tres cuartas partes del total de las importaciones de soja de China, así como el 37% de la carne y la cuarta parte de la celulosa. Todos estos productos requieren mucha tierra y agua. China depende del Mercosur para garantizar el aumento de su consumo de proteínas pero, por incapacidad política, hasta ahora el bloque no ha aprovechado indirectamente esta situación.

El diálogo es especialmente importante en el Mercosur porque gran parte de su comercio es gestionado. Cuando los ministros de economía de Brasil y Argentina no hablan, el comercio entre ambos países se ralentiza considerablemente. Parte del descenso del comercio intrarregional es el resultado de la fragmentación política. Hay otros instrumentos de integración regional que deben ser modernizados como el Acuerdo de Créditos Recíprocos de la ALADI, cuya sede también está en Montevideo.

En el actual panorama de desintegración económica y fragmentación política de Sudamérica, Uruguay puede parecer una isla de prosperidad en un mar de inestabilidad. Pero su estabilidad a mediano plazo se verá comprometida por la falta de armonía entre Argentina y Brasil. Puede que Lacalle Pou consiga sentar a Alberto Fernández y a Jair Bolsonaro en la misma mesa, pero es poco probable que tenga el mismo éxito tratando con economías 200 veces mayores que la suya.

Uruguay ganaría mucho más si promoviera el diálogo entre sus dos vecinos y ayudará a construir una agenda de consenso en Sudamérica, que negociando en solitario con China, Estados Unidos o la Unión Europea.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de Esteban Collazo

Leyes inaplicables para Centroamérica

Por
Dardo Justino Rodríguez
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En diciembre de 2020, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley HR 2615, más conocida como Lista Engel. Según la misma, el presidente debe presentar semestralmente al propio Congreso una lista de ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras que hayan incurrido en acciones fraudulentas. Ya sea que hubieran afectado procesos u organismos estatales o privados o participado en actos graves de corrupción o entorpecido investigaciones. De ser rigurosa, sería una lista kilométrica.

Como toda iniciativa que parte del norte, la también llamada Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte despierta sensaciones encontradas. Desde gestos de desconfianza hasta tímidas señales de esperanza.

Pero en el Triángulo Norte centroamericano nadie cree en ello. Quizás pueda caer en la volteada algún que otro elemento secundario, como para dar ejemplo. Pero sólo temen realmente estar incluidos aquellos que no se allanan a los dictados de Washington. Lo cual no es una posición habitual entre los corruptos. Y la historia personal y política de Biden no permite esperar otra cosa.

A las personas incluidas en la Lista Engel, —en referencia al representante demócrata por Nueva York y autor de la ley, Eliot Lance Engel— se les aplicarán sanciones que van desde la anulación de sus visas hasta ser declarados no elegibles para adquirirla. Asimismo, no tendrán beneficios migratorios y, en caso de estar condenados por tribunales estadounidenses, no podrán optar por el beneficio de la libertad condicional.

Perder la visa de los Estados Unidos o no poder obtenerla implica, por un lado, cierta pérdida de prestigio ante sus propias sociedades. Y por otro, para políticos, funcionarios, empresarios o miembros del crimen organizado es un problema operativo para sus propios negocios. Es que es en el norte donde se lava mayoritariamente el dinero mal habido y donde radican muchas de las empresas con las cuales se pueden concretar negocios como parte de ese lavado.

Diferencia con la Lista Magnitsky

No pocos han apelado a una supuesta superposición de fines con otra lista, la Lista Magnitsky, también surgida en Estados Unidos. Pero no la hay, pues ésta se centra en funcionarios que hubieran participado en lo que la potencia del norte considera violaciones a los derechos humanos. La innovación de la Lista Engel es la ampliación de las personas-objetivo.

La nueva ley tiene catorce secciones de los cuales diez establecen los componentes y las acciones que la Casa Blanca deberá implementar como elementos claves de sus políticas hacia El Salvador, Guatemala y Honduras. Será el Departamento de Estado quien coordine, junto con USAID y otras agencias federales, la provisión a las comisiones del Congreso y los diagnósticos de situación, además de reportes respecto de los avances en la aplicación de la ley.

Postulados de la ley

Algunas secciones incluyen parámetros para incluir en los reportes con respecto a violaciones a derechos humanos y abusos de las fuerzas de seguridad, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias realizadas por miembros de las fuerzas de seguridad o en complicidad con éstas. Asimismo, contiene especificaciones con respecto a la efectividad de las estrategias implementadas para combatir la corrupción, financiadas mediante aportes multilaterales.

Pero lo más interesante de la ley radica en la inclusión de la corrupción y su impacto sobre la migración de connacionales. Es una novedad que se incluya a este flagelo como causante del fenómeno migratorio, pues hasta la fecha, esas causales se centraban en la pobreza y la violencia como únicos detonadores.

Si bien la corrupción no tiene un efecto directo sobre la migración, es responsable de la degradación de las condiciones de vida de buena parte de la sociedad. Unas condiciones marcadas por servicios públicos inadecuados, por una impunidad imperante, por desplazamientos internos y por la imposibilidad de movilidad social, entre otros males.

Escollos para su aplicación

La persona que el Departamento de Estado escoja para llevar la Oficina de Asuntos Hemisféricos Occidentales liderará el “compromiso diplomático”. Un eufemismo muy habitual en Washington que debe entenderse como presión a como dé lugar. O simplemente torcer el brazo de los funcionarios locales para impulsar las acciones de la estrategia que la ley determina.

¿Pero es esperable que este funcionario pueda lidiar con un Juan Orlando Hernández de quien muchos infieren sigue buscando la forma de permanecer en el poder, habida cuenta de lo que se supone lo espera ante las denuncias de complicidad con el narco? ¿Podrá enfrentar a un soberbio, autoritario y egocéntrico Nayib Bukele, cuyas acciones no se diferencian mucho de los latrocinios de sus predecesores en el cargo? ¿Podrá hacer algo con Alejandro Giammattei, un eslabón más de la cadena que ha beneficiado históricamente a las mafias chapinas enquistadas en el Estado?

Este funcionario no podrá contar con los aparatos judiciales, ni con los ministerios públicos, ni los demás poderes del Estado para realizar su labor. Todos ellos están confabulados con las mafias y, en algunos casos, son partícipes de las corruptelas. Por lo tanto, dependerá de las presiones que la Casa Blanca esté dispuesta a aplicar sobre los gobiernos de la región.

Condiciones para las asignaciones monetarias

La ley prevé además condiciones para el desembolso de los fondos asignados a las estrategias para la región. Las mismas remiten a las imposiciones —jamás cumplidas— que estipulaba la Alianza para la Prosperidad de la administración Obama.

Los condicionamientos incluyen aspectos como el combate al narcotráfico y la trata de personas, informar a los ciudadanos de los peligros de migrar irregularmente, asegurar que las fuerzas de seguridad respeten los derechos humanos y que los violadores de los mismos sean enjuiciados. Podemos seguir… pero lo expuesto es suficiente para comprender la imposibilidad de imponer estas condiciones a las élites de estos tres paíse super inmersas en un sistema de poder hegemónico, impune, inmune y blindado por todos los ángulos y aristas.

Por lo tanto, la efectividad de la Lista Engel estará dada por la voluntad política del gobierno de los Estados Unidos, quien, a no dudarlo, privilegiará sus propios intereses por encima de cualquier situación que se dé en el Triángulo Norte. Nada importarán los corruptos ni las violaciones a los derechos humanos si ello se interpone con los objetivos coyunturales o de largo plazo fijados por Washington.

Foto de Keneth Cruz em Foter.com / CC BY-NC

La nueva expansión del sector privado en Cuba

Por
Carmelo Mesa-Lago
-

Cuba ha lanzado recientemente una serie de reformas económicas inducidas por varios factores: la continuidad de un modelo de planificación central ineficiente, el recorte de la ayuda venezolana, las sanciones impuestas por el expresidente Trump y la pandemia, todo lo cual provocó una caída de 11% del PIB en 2020. Destaca la unificación monetaria de 2021 que incrementará el desempleo en las empresas estatales que sufran pérdidas y cierren. Por ello el gobierno acaba de anunciar que el trabajo por cuenta propia se expandirá de 127 a 2.000 ocupaciones para emplear a los despedidos del sector estatal y sólo habrá 124 actividades prohibidas reservadas al Estado.

Por las reformas de Raúl Castro, el sector no estatal había crecido de 16% a 33% entre 2009 y 2019 y su componente “cuentapropista” de 3% a 13%. Esto a pesar del burocratismo, restricciones, altos impuestos, desincentivos y una reversión de política en 2016. La expansión de actividades cuentapropistas -y la restricción del Estado a unas pocas- habían sido reclamadas por los economistas cubanos en el último decenio.

Las listas de actividades permitidas y prohibidas no son suficientemente claras y han provocado confusiones, por lo que el análisis siguiente debe tomarse con cautela. Se han ampliado tanto las actividades que solo podemos hacer un resumen escueto. Por ejemplo en industrias manufactureras: fabricación de ordenadores; equipos electrónicos y de comunicación; aparatos electrónicos de consumo y de uso médico, fotográficos, ópticos, de iluminación y para oficinas; maquinaria agrícola, minera, textil y alimenticia; piezas automotrices, joyas e instrumentos musicales; elaboración y conservas de alimentos; bebidas alcohólicas; producción de cemento y piezas para edificios; materiales de construcción y ferretería; cosméticos, relojes, papel y cartón; fundición de hierro y acero.

El transporte por tierra, ríos y lagos (salvo el aéreo) requiere permisos y contratos con las autoridades estatales y comprende pasajeros (incluyendo autobuses para escolares y turistas), carga, ganado y aparcamiento (excepto para vehículos de recreo y caravanas). En el turismo se aprueba todo el alojamiento, excepto el campismo. En informática se permite edición, programación, consultoría y portales web. En administración y mercadeo se autoriza la organización de convenciones y exposiciones comerciales; consultorías de gestión, publicidad, estudios de mercado, servicios administrativos de oficinas y venta al por menor por Internet.

Respecto a las 124 actividades proscritas al sector privado, algunas son justificables en cualquier país: la defensa nacional y el orden público, la legislación y las relaciones exteriores. Hay otras reguladas en muchas naciones, como la fabricación y venta de armas, municiones y vehículos militares, el cultivo de plantas narcóticas y los juegos de azar. Existen países en que también el gobierno se reserva la extracción de petróleo y gas natural. Siendo un Estado socialista autocrático de partido único, se prohíbe por alegadas razones de seguridad la impresión de periódicos y revistas y la operación de estaciones de televisión y radio (es revelador que las actividades prohibidas incluyan a los sindicatos y a los periodistas).

Además, hay actividades que difícilmente pueden desempeñarse en Cuba como telecomunicaciones por satélite, fabricación de aeronaves y vehículos automotores. Debido al carácter público y gratuito de los servicios sociales cubanos -salud, educación, pensiones- también es concebible que se impida la actividad no estatal. Hay muchas constituciones políticas que declaran públicos estos servicios y no consienten la actividad privada, aunque los médicos pueden ejercer como particulares (algo prohibido en Cuba).

En la industria -que tuvo un declive de 39% entre 1989 y 2019- se inhibe la fabricación de dos exportaciones claves: el azúcar y el tabaco salvo el artesanal que ya estaba permitido; se veta la “confección de prendas de vestir” (contradiciendo la aprobada fabricación de textiles y la legalidad de sastres y modistas), la elaboración de “productos botánicos de uso farmacéutico” (pero se autorizan las “botánicas”) y la fabricación de abonos a pesar de que la producción estatal de fertilizantes cayó  95% entre 1989 y 2019.

En la construcción que parece haberse extendido tanto, es confusa la aparente prohibición de la edificación “de viviendas” y de “estructuras combinadas con el mantenimiento de la propiedad”; sin embargo, desde hace muchos años se permiten la construcción de viviendas “por esfuerzo propio” (personal) y el mantenimiento de casas por sus dueños y son legales los carpinteros, los albañiles, los plomeros y otros relacionados con la construcción.

La mayoría de los cuentapropistas se concentra en los servicios. La salud y la asistencia social están vedadas salvo el cuidado de enfermos, discapacitados y ancianos en asilos, lo que ya se permitía. La educación no estatal también está prohibida, excepto los maestros de música y otras artes, mecanografía, taquigrafía, idiomas, gimnasia y “repasadores” (tutores), la gran mayoría de las cuales ya estaba autorizada. Se prohíben las galerías de arte comerciales, los teatros, la venta de sellos y monedas antiguas, el buceo, las bibliotecas y librerías (salvo la venta de libros usados), los clubes deportivos -de golf y ajedrez- y las pompas fúnebres.

Una ocupación añadida es la venta al por mayor de productos agropecuarios (antes solo su venta al por menor), pero se excluyen otros productos, a pesar de la enorme necesidad de un mercado mayorista de venta de insumos para el sector no estatal. Se permiten (ya lo estaban) las discotecas, pistas de baile y organización de bodas y otras fiestas, pero se prohíbe “el entretenimiento del público en general, incluidos espectáculos en vivo” aunque están autorizados los payasos, mimos, saltimbanquis y magos.

Virtualmente todos los economistas cubanos han criticado que no se haya permitido a los profesionales ejercer su profesión por cuenta propia (arquitectos, ingenieros, informáticos) y solo pueden trabajar en actividades como taxista, dueño de un pequeño restaurante (paladar) o arrendatario de vivienda a turistas extranjeros. Esto, alegan con razón, provoca una subutilización de sus capacidades y es un acicate para emigrar. Hasta ahora, la única excepción es la veterinaria, pero limitada a los “animales afectivos” (mascotas). Una pregunta clave es como se podrá expandir la construcción sin que se permita a ingenieros y arquitectos trabajar en el sector privado o la informática sin dichos profesionales.

La mayoría de los economistas cubanos alaban la medida, aunque señalan problemas. Pedro Monreal advierte que hay que promulgar la Ley de Empresas, discutida por muchos años, a fin de darles autonomía a las PYMES, permitir la inversión extranjera y garantizar su funcionamiento y utilidades. Julio Carranza nota que hay actividades prohibidas que se explican por razones de seguridad o porque son servicios sociales o áreas estratégicas, pero indica que otras no califican entre esas ocupaciones justificables.

Si antes con 127 actividades por cuenta propia autorizadas se agregaron 450.000 empleos netos desde 2010, con esta extensión podría multiplicarse esa cifra varias veces. Pero como dice el refrán anglosajón, “el diablo está en los detalles”: todavía no se ha promulgado ni publicado la ley, así que ignoramos las reglas, si se impondrán obstáculos, restricciones y mayores impuestos. No hay que descartar que esto sea un cebo para estimular la renormalización de las relaciones con Biden. Pero, de momento, esta medida parece ser un paso importante en el desarrollo del sector privado en Cuba.

*Aunque Carmelo Mesa-Lago es el único responsable de este artículo, agradece los útiles comentarios de los economistas cubanos Omar Everleny Pérez Villanueva y Ricardo Torres.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de lezumbalaberenjena en Foter.com / CC BY-NC-ND

El bienestar que nos elude

Por
Esteban Caballero
-

América Latina ha sido una de las regiones más golpeadas por la pandemia, tanto desde el punto de vista sanitario como socioeconómico. Su impronta en la región por un lado ha dejado en evidencia las desigualdades y deficiencias de los sistemas sociales, y por otro, ha impactado negativamente en las esperanzas de un futuro mejor. La posibilidad de un estado de bienestar nos elude.

Los estragos de la pandemia

La destrucción del empleo y la reducción de los ingresos convirtieron el 2020 en una frenética carrera por la sobrevivencia y la satisfacción de las necesidades básicas de hogares y comunidades. Según un reciente análisis de la OIT, las empleadas domésticas, los jóvenes, los cuentapropistas y los trabajadores con poca calificación forman parte del grupo de personas más golpeadas.

En Manaus, Brasil, la hospitalización por Covid-19 de un abuelo liquidó las pequeñas reservas familiares, y si no fuese por la colecta del barrio no hubiese sido posible comprarle el oxígeno que necesitaba para sobrevivir. Un episodio similar a otros miles en toda la región. Las historias de hogares que debieron pasar de dos comidas diarias a una se repiten a lo largo y ancho América Latina. Se estima que unas 2.7 millones de empresas cerraron, ocasionando la perdida de 8 millones de puestos de trabajo.

Los gobiernos de la región se han esforzado. Las transferencias y subsidios, así como el gasto en salud, entre otros, han atenuado el impacto. “Atenuado” es lastimosamente el vocablo más apropiado, aunque los intentos no dejan de tener mérito. Según estimaciones de la CEPAL, sin las transferencias y estímulos fiscales por parte de los estados, el número de pobres habría llegado a 230 millones, en vez de los 209 millones actuales.

De esta manera se evitó la caída a la pobreza de unos 11 millones de personas, el equivalente a la población entera de Bolivia. Lo mismo vale para la pobreza extrema o indigencia. Sin los esfuerzos gubernamentales hubiésemos llegado a la cifra de 98 millones, y no los 78 millones actuales. Es decir, se evitó la caída en la indigencia de 20 millones de personas, unas 4 veces los habitantes de Costa Rica.

La pandemia llegó para cambiarnos la vida en medio de una coyuntura económica ya de por sí delicada. A partir de 2014, luego del boom de los commodities, el crecimiento de gran parte de las economías latinoamericanas comenzaba a desacelerarce. Muchos estados acusaban una estrechez fiscal, y varios de los nuevos gobiernos de derecha no mostraban voluntad para incrementar las coberturas y los programas de transferencias. Uno de los casos más sonados fue el de Bolsa Escola, en Brasil, donde el Gobierno de Jair Bolsonaro restringió el número de beneficiarios.

Todo ello con un trasfondo histórico y estructural que de por sí ha limitado las posibilidades de los países de desarrollar regímenes de bienestar que aseguren a la ciudadanía ciertos derechos sociales, económicos y culturales. El vasto espacio informal, sin garantías ni accesos a la seguridad social, afecta sobre todo a los más jóvenes. Y en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Paraguay o Bolivia, donde el bienestar depende principalmente de las familias y comunidades, los trabajadores que aspiran a generar un ingreso, se ven limitadas por el distanciamiento social.

El proyecto de la construcción de una población con derechos sociales vigentes parece desvanecerse y los sueños del bienestar social eluden a las mayorías en forma cruel, a pesar de la dignidad y entereza con la que siguen su marcha.

Nuevos ciclos electorales: incógnitas y oportunidades

A medida que un nuevo ciclo electoral comienza a recorrer los países de la región, la incógnita respecto a si las democracias latinoamericanas van a poder sortear los desafíos está a la orden del día. A juzgar por los resultados recientes en Bolivia y Ecuador, el discurso “social” ha sido escuchado y los electores parecen dispuestos a apoyar los candidatos que abanderan ese tipo de propuesta.

Las elecciones municipales en el Brasil dejaron un saldo diferente: los votantes no apoyaron a los candidatos del presidente Bolsonaro, pero sí a un centroderecha que abogaba por un mayor pragmatismo. Aún esta por verse lo que ocurra en abril en Perú y en noviembre en Chile. De todos modos, uno de los aspectos más reconfortantes es que los sistemas electorales están respectando la voluntad popular.

El caso venezolano y nicaraguense merecen un análisis aparte. Pero lo que está sucediendo en Ecuador, y lo visto en Bolivia, Chile y Brasil es la capacidad institucional de los organismos electorales para dirimir las quejas, conflictos y demandas electorales.

En el escenario pospandémico se proyecta un impacto positivo de la vacunación y otras medidas sanitarias. Pero la gran lección de que el mal de uno es el mal de todos nos lleva a preguntarnos: ¿es momento de volver a plantear el debate sobre la necesidad de un estado de bienestar, aunque sea de una forma básica y gradual?

Evidentemente ese será el desafío para las tendencias progresistas, incluyendo el liberalismo social, que pueden volver a tomar cuerpo en un segundo “giro a la izquierda”, pero también interpela a lo que en Chile están llamando una “derecha social”.

Los desafíos ineludibles para la agenda del futuro

Hay varios obstáculos para lograr este objetivo. Dos en particular. El primero es que el campo de las políticas redistributivas —con sus sistemas tributarios progresivos y los nuevos pactos fiscales— está minado por la ineficiencia gubernamental y la corrupción. La construcción de alternativas pasa por un enorme esfuerzo por recuperar la credibilidad de “lo público”, eliminando la corrupción y, más difícil aún, enfrentando el crimen organizado que la alimenta. No se puede postergar uno en pos de lograr lo otro.

El segundo obstaculo es el desarrollo sostenible. Aunque se recuperen los niveles de empleo y se comience a construir un estado de bienestar, no se puede ignorar la necesidad de la transición a una economía verde que revierta los vicios del desarrollismo basado en la depredación de los recursos naturales y la industria fósil. Es hora de que los vocábulos “social” y “ambiente” se integren a las políticas públicas si se quiere salir adelante de manera perdurable. Este es el trabajo de quienes llevan las riendas del destino político de la región.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de Heimlich el sudaca patagónico em Foter.com / CC BY-NC

El Covid-19 y la eliminación de lo social en Brasil

Por
Camila De Mario
-

El think-tank australiano Lowy Institute realizó una encuesta sobre la capacidad de respuesta de los países ante la pandemia. A partir de los datos recogidos, organizaron una clasificación que muestra que muchos países han tenido dificultades y han actuado de forma ineficaz en el control de la pandemia. Entre ellos, Brasil ocupa la peor posición.

La clasificación se elaboró teniendo en cuenta el número de casos confirmados y de muertes; la proporción de casos y de muertes por millón de habitantes; el número de casos confirmados frente a la proporción de pruebas aplicadas, y las pruebas por cada mil habitantes. Brasil se encuentra en la peor posición entre los 98 países con datos disponibles evaluados. Por orden, los cinco peores son: Brasil, México, Colombia, Irán y Estados Unidos.

La actuación del gobierno brasileño

La actuación del gobierno brasileño no sólo es ineficaz: hay una intención de no combatir la pandemia, con el establecimiento de una estrategia institucional de propagación del coronavirus, como mostró la investigación de CEPEDISA (USP)/Conectas Direitos Humanos.

Las acciones en materia de salud fueron inicialmente conflictivas y dudosas, oscilando entre la promoción de la prevención y la negación. Sin embargo, la estrategia brasileña se consolidó y se desplegó desde la negación del virus y de la pandemia, pasando por la minimización de la gravedad del Covid-19, y terminó en un desaliento sistemático al uso de mascarillas y a la vacunación. Todo ello reforzado por la venta de una gran ilusión: la promesa de un tratamiento profiláctico y curativo encarnado en el llamado «Kit Covid-19».

Una estrategia exitosa. La Encuesta COVID-19 del PNAD, realizada en septiembre de 2020, muestra que de los 8,3 millones de personas que tuvieron síntomas gripales, sólo 2 millones buscaron atención médica. Del resto, el 71,6% optó por quedarse en casa por precaución, y el 57,8% declaró que se automedicaba.

El kit Covid-19

Incluso sin ninguna evidencia científica, el kit Covid-19 «se hizo viral», principalmente porque fue recomendado, producido y distribuido por el Ministerio de Salud y prescrito por muchos médicos. Mientras, Bolsonaro no perdía la oportunidad de promover el supuesto potencial curativo de estos medicamentos, y de aparecer públicamente sin máscara y en multitudes.

La ivermectina, medicamento contra los piojos, es uno de ellos. Fue indicado para el uso profiláctico, e incluso fue distribuido gratuitamente a la población por algunas secretarías municipales de salud. Se recomendó el uso continuo «durante toda la pandemia». El medicamento debe tomarse, en la dosis indicada por el médico, cada 15 días, frecuencia necesaria para mantener el «nivel plasmático del medicamento en el organismo de las personas mientras dure la pandemia». No es infrecuente encontrar personas que han adoptado esta práctica, sin ningún tipo de control médico y completamente inconscientes de los riesgos a los que exponen su salud.  

El kit Covid-19 es un éxito en una sociedad con cultura curativa, acostumbrada a la automedicación, es cierto. Pero su mayor éxito es liberar a la gente: para trabajar (¡por supuesto!), pero también para la libre circulación, para organizar fiestas, desde las celebraciones familiares hasta las grandes aglomeraciones, desde la Nochevieja hasta el Carnaval.

Recientemente, los medios de comunicación captaron a diversos bañistas de las playas de la ciudad de Santos afirmando que el Covid-19 no existe, o que un médico de confianza les dijo que es suficiente utilizar el kit de Covid-19 porque la enfermedad no sería más que una gripecita. Algunos entrevistados retoman el discurso de Bolsonaro, que no se cansa de recordar que «¡todos vamos a morir algún día!». Pero al «todos vamos a morir» que retumba en las arenas de las playas le sigue: «Si puedo ir en autobús, tren o metro al trabajo, puedo ir a la playa los fines de semana».

Cuando el riesgo individualizado y la naturalización de la muerte se imponen como condición para la supervivencia, las estrategias sanitarias preventivas y colectivas, como las necesarias para la preservación de la vida durante la pandemia, pierden sentido. Es la esencia del Sistema Único de Salud (SUS) puesta en jaque.

Pandemia y desigualdades

Las decisiones y los discursos políticos son importantes. Impulsan el comportamiento, tienen el potencial de promover el caos o la cohesión social. En tiempos de pandemia, sus impactos son absolutamente evidentes. En Brasil, el comportamiento inducido se traduce en un aumento vertiginoso del número de casos, la aparición de nuevas variantes del virus, la falta de suministros esenciales (como el oxígeno en la ciudad de Manaos) y la explosión del número de muertes.

Esto es sólo la punta del iceberg. Los datos del PNAD COVID-19 y de la base de datos de hospitalización por Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS), analizados por las investigadoras Lígia Bahia y Jéssica Pronestino, muestran las desigualdades reproducidas y profundizadas por el caos y la falacia contenida en el «todos vamos a morir».

Según el PNAD, 28,6 millones de personas en Brasil fueron sometidas a pruebas de infección por coronavirus, de las cuales 6,3 millones resultaron positivas. Entre los que tienen ingresos de entre ½ y 1 salario mínimo, el 9,9% se hizo la prueba; entre 1 y 2 salarios mínimos, el 14,4%; entre los que ganan 4 o más salarios mínimos observamos un salto: el 29,3% se hizo la prueba.

La letalidad fue mayor entre los más pobres. El análisis mencionado anteriormente muestra que entre los pacientes hospitalizados con casos confirmados de SARS, teniendo en cuenta su color/raza, la letalidad fue del 56% entre los blancos, y del 79% entre los no blancos. Cuando se observa la proporción de muertes por nivel de escolaridad, se ve una mayor letalidad entre los que han estudiado hasta la primaria: 71,3% de las muertes entre los que no tienen escolaridad; 59,1% entre los que han estudiado hasta la primaria I; 47,6% entre los que han estudiado hasta la primaria II. En los niveles medio y superior vemos que la letalidad desciende: 35% entre los de nivel medio, 22,5% para los de nivel superior.

La muerte por Covid-19 tiene color, clase, ingresos y nivel de educación. Está determinada social y políticamente. La salud está determinada socialmente. Parece que el gobierno ha desaprendido esta valiosa lección. Esta es una evidencia observada también en otros países, pero agravada en Brasil.

Neoliberalismo y salud

La pandemia y las acciones de países como Brasil nos colocan ante dos desafíos urgentes y complementarios, especialmente sensibles para los sistemas de salud pública. El primero es comprender el poder y los impactos del proyecto neoliberal en nuestras sociedades y buscar caminos que permitan una reacción. El segundo es rescatar y renovar el debate conceptual y político de los determinantes sociales de la salud y afirmar ante la ciudadanía la importancia de que los gestores públicos actúen desde y sobre ellos.

En este contexto, el neoliberalismo se manifiesta en la falta de horizontes, individual y colectivamente compartidos; en el presentismo que mantiene a las personas en las urgencias de la vida cotidiana. Con las posibilidades de supervivencia reducidas a la gestión individual del riesgo, el individuo desestima lo colectivo, es responsable de su destino y, perversamente, de su salud, lo que hace encantadora la falaz promesa de curación del Kit Covid-19.

La eliminación de lo social promovida gradualmente por el proyecto neoliberal en Brasil está en el centro de la crisis que enfrentamos hoy. Es necesario rescatar la centralidad de la comunidad si queremos que la muerte no sea el único horizonte posible.

El Acuerdo de Escazú y la democracia ambiental

Por
María Villarreal
-

El 2021 está siendo un año lleno de desafíos para América Latina y Caribe, pero empezó con una buena noticia: la ratificación del Acuerdo de Escazú. Este es el primer gran pacto ambiental de la región y abre una nueva fase, ya que busca garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Así mismo, busca facilitar el acceso a la información pública y promueve la participación ciudadana en las políticas medioambientales de la región.

Este histórico Acuerdo Regional tiene sus orígenes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y está fundamentado en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. Más allá de los representantes de gobiernos y organismos internacionales, en su construcción y negociación fue también significativa la participación de movimientos sociales, académicos, expertos y sociedad civil en general.

El “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, se firmó en la ciudad costarricense de Escazú el 4 de marzo de 2018. El tratado fue promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y firmado por 22 países, tras el acuerdo regional alcanzado en negociaciones presididas por Chile y Costa Rica, que contaron también con la participación de Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.

Un instrumento jurídico pionero de protección ambiental

El Acuerdo de Escazú constituye, en primer lugar, un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental. En segundo lugar, se trata de un tratado de derechos humanos que, según la CEPAL, tiene como propósito “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.

Estos elementos constituyen la base de la democracia ambiental y se convierten en realidad cuando las decisiones políticas sobre la gestión del medio ambiente están en armonía con los intereses de los ciudadanos.

El acuerdo se opone además a toda forma de desigualdad y discriminación. Por ello, busca garantizar la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación para contribuir a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Para su entrada en vigor, el acuerdo requiere la ratificación de al menos 11 Estados. Hasta el año pasado había sido ratificado por Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. Pero con la ratificación de México y Argentina y el depósito —ingresar del documento de ratificación—  de este instrumento ante la ONU el 22 de enero, se alcanzó el número necesario. De esta manera el Acuerdo de Escazú entrará en vigor el 22 de abril de 2021, Día Internacional de la Madre Tierra.

Conflictos socioambientales

Los numerosos conflictos socioambientales y el elevado número de asesinatos de líderes ambientales como Berta Cáceres o Samir Flores han llevado a Global Witness (2020) a considerar a América Latina y Caribe como la región más peligrosa del mundo para ser defensor de los derechos humanos, de la tierra o activista medioambiental. Por ello, el acuerdo es, sin lugar a dudas, un gran avance y una respuesta clave ante una de las principales deudas regionales.

A nivel histórico, estamos ante el primer acuerdo internacional que incluye disposiciones sobre las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Su artículo 9 destaca que “Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

Por todo esto, el Acuerdo de Escazú constituye un convenio sin precedentes que demuestra el valor de la cooperación y el multilateralismo. Se trata, no sólo del primer tratado ambiental de América Latina y Caribe, sino también del único acuerdo vinculante adoptado hasta la fecha derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20).

El convenio pone también a América Latina y el Caribe a la vanguardia de una transformación medioambiental que prioriza los derechos de las personas, con perspectiva de género. Además cuenta con un enfoque que considera las necesidades de las personas y grupos más vulnerables a la degradación del medio ambiente y los efectos del cambio climático.

En efecto, la centralidad de este acuerdo radica en que los derechos que garantiza también se aplican a las decisiones y políticas en materia de cambio climático. De esta manera, sirve como un marco para la adecuada implementación regional del Acuerdo de París (2015) y para la construcción de políticas climáticas efectivas.

La construcción de la democracia ambiental

En la construcción de la democracia ambiental en América Latina y Caribe, el Acuerdo de Escazú representa un paso fundamental. Constituye también una de las bases esenciales para la cooperación internacional y el multilateralismo en relación al desarrollo sostenible, al medio ambiente y al cambio climático.

En un momento en el que es necesario pensar en la recuperación regional tras la pandemia del Covid-19, el acuerdo nos recuerda que no se puede hablar más de economía y de promoción del desarrollo, sin tomar en cuenta los efectos sobre el medio ambiente y el cambio climático. A partir de este marco, la región puede y debe optar por una recuperación verde y sostenible que considere, no solamente los derechos de las actuales generaciones, sino también de sus futuros habitantes.

En definitiva, el acuerdo reivindica la urgencia de pensar en el medio ambiente y el cambio climático, así como en la construcción de una verdadera democracia ambiental. Reconoce el derecho fundamental a un medio ambiente sano, al paso que da voz a las mujeres, a los pueblos indígenas, a los jóvenes, a las personas con discapacidad y a las comunidades vulnerables para que luchen por sus derechos y tengan garantías de protección en este proceso.

De esta manera, el acuerdo marca un punto de inflexión en la agenda ambiental regional y tiene un enorme potencial en el proceso de construcción de sociedades más justas, equitativas y sustentables. Teniendo en cuenta los numerosos obstáculos y desafíos que enfrentará a partir de su próxima entrada en vigor, nuestra tarea como ciudadanos será trabajar para que este instrumento, no sólo sea ratificado por todos los países, sino también para que se convierta en realidad.

Foto de Cancillería Argentina en Foter.com / CC BY

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