Una región, todas las voces

Perú 2020: la penitencia de los imposibles

A la deriva. El 2020 ha sido un año que ha puesto en evidencia la frágil estructura que une el tejido social del Perú. Hoy, el 2021 se avizora con desgano y melancolía. Estamos a puertas de un Bicentenario de la Independencia enmarcado por la pertinaz incapacidad de la clase dirigente para trazar un derrotero viable y un plan de República sostenible en el tiempo.

La élite empresarial y política peruana, obstinadamente miope para leer la realidad nacional, discutía hasta hace apenas 12 meses la que debía ser la impostergable inclusión del Perú en aquel “club de países desarrollados” que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Tal quijotesca aspiración fue fulminada por la pandemia, que expuso el ya famélico sistema sanitario, desbarató la sabiduría convencional que disfrazaba el crecimiento económico de “Milagro Peruano” y mantiene en la incertidumbre a cientos de miles de escolares a nivel nacional.

El golpe de realidad se traduce en la contracción de PBI de 14% para este año según el FMI —la segunda peor recesión en Latinoamérica después de Venezuela— y el sexto lugar a nivel global en el índice de mortalidad por la crisis sanitaria. Según The Economist el Perú apenas podrá contar con amplia disponibilidad de vacunas al 2022 y todavía no cuenta con una estrategia de compra ni distribución.

Este año fue también el de la implosión política

Este año fue también el de la implosión política, con tres presidentes en 12 meses y un Congreso ampliamente desprestigiado. La fragmentación política, la minúscula agencia de los partidos y la gestión política como franquicia de intereses particulares, han llevado a esta catatonia, que abre camino para el desgobierno e incluso para un resurgimiento autoritario. En paralelo, ya se comienza a discutir la posibilidad de una nueva asamblea constituyente que reemplace a la Carta Magna de 1993.

En cuatro meses se llevarán a cabo elecciones generales. A la fecha, existen 23 candidatos presidenciales en carrera. Por primera vez en 20 años no se tiene la menor idea de quiénes terminarán pasando a segunda vuelta. Basta revisar la última encuesta de IPSOS, donde hasta 11 candidatos tienen las mismas opciones de ser presidente. Tal incertidumbre es síntoma de la anomia colectiva que se vive en el Perú. El desánimo y desconfianza de la población, sumada a la pobreza programática de los participantes, avizoran un proceso electoral gris y turulato.

El Bicentenario del Perú

La imagen es espeluznante. De cara a este Bicentenario, no cabe más la visión complaciente que reduce la prosperidad a choques económicos externos. Es inviable suponer que el Perú sea catalogado como país orientado al desarrollo con indicadores paupérrimos en salud y educación, corrupción endémica, un sistema judicial maniatado y fuerzas del orden a las que les urgen reformas de emergencia.

Es insostenible planificar a largo plazo si se depreda el ya minúsculo sistema de pensiones bajo promesas populistas de quienes mercantilizan la acción política. La dinamización económica tiene que permear e incluir, de lo contrario, se persistirá en una reactivación productiva solo para tres de cada diez contribuyentes. La agenda monumental que se tiene por delante no se reduce a esos temas, pero por ahí se puede empezar, y vaya, qué comienzo sería.

“Problema es, en efecto y por desgracia el Perú, pero también, felizmente, posibilidad”, dijo el historiador Jorge Basadre. El Perú seguirá siendo, por fortuna, una posibilidad. Los imposibles, trágicamente, parecemos ser los peruanos en esta penitencia inacabable.

Foto por IAPB/VISION 2020 em Foter.com / CC BY-NC-SA

América Latina: Joe Biden y después

El próximo 20 de enero Joe Biden asumirá como 46° presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo afectará este cambio de gobierno las relaciones entre Washington y América Latina? A continuación, algunas pistas.

Una perspectiva de conjunto muestra, por un lado, que América Latina es el reino de la tensión y la desconfianza. Cual islas solitarias en medio de un mar embravecido, los países latinoamericanos en tiempos de COVID-19 parecen decidir todo fronteras adentro. Las políticas públicas para la pandemia y pospandemia muestran escasísimas coordinaciones regionales y hay un retroceso inédito en todas las instancias de integración.

Es más, en muchos casos ni siquiera hay intercambio fluido de información. El caso paradigmático de este modelo de país-isla es Brasil, que en los últimos meses se apartó ostensiblemente de sus vecinos latinoamericanos (y también de los europeos). La realidad muestra que el espíritu de la Patria Grande está pasando por un mal momento y es ésta una de las peores épocas de la historia para la unidad latinoamericana.

Por otro lado, Estados Unidos, potencia actualmente sumergida en una crisis económica y militar que cuestiona sustancialmente su hegemonía, enfrenta a un rival en ascenso que se consolida (China) y a otras fuerzas menores que pretenden también ocupar su lugar bajo el sol (Rusia e Irán). En este contexto, se revelan dos líneas de acción posibles. La primera es la denominada estrategia realista seguida por Trump, que básicamente consistió en abandonar la cooperación multilateral para encerrarse en su propia burbuja tratando de evitar los efectos negativos de la globalización.

esta indiferencia no implicó la ausencia de una perspectiva sistémica, simple, pero perspectiva al fin basada en la decimonónica Doctrina Monroe.

Durante los últimos cuatro años Estados Unidos mostró poco interés en América Latina, aunque esta indiferencia no implicó la ausencia de una perspectiva sistémica, simple, pero perspectiva al fin basada en la decimonónica Doctrina Monroe. Estados Unidos se presentó en la región como el hermano mayor que en el marco de las relaciones interamericanas intentó proteger a los hermanos menores de la influencia maligna de actores no regionales como China, Rusia e Irán.

¿Qué está en juego y que puede cambiar con Biden? Los objetivos del presidente electo son los mismos de Trump, esto es, reposicionar a Estados Unidos como actor central en el juego global. Pero, aunque el fin del juego es el mismo, habrá algunos cambios en las reglas y es aquí donde se perfila la puesta en escena de una segunda estrategia que llevaría adelante el gobierno demócrata.

En primer lugar, se anticipa un regreso de Estados Unidos a la multilateralidad. En segundo lugar, y esto tocará más directamente a Latinoamericana, el estilo de relacionamiento de Washington con la región pasaría de la imposición abierta a la búsqueda de consensos. Por ello, es posible que ya no tengamos en el horizonte otro episodio como la reciente elección de Claver-Carone al frente del BID. En tercer lugar, se anuncia que a los tradicionales asuntos relativos a migración y narcotráfico se agregarán a la discusión cuestiones como derechos humanos y cambio climático.

Trump fracasó en su intento de acabar con la experiencia chavista y Biden deberá remontar ese fiasco de la política exterior estadounidense.

Ahora bien, ajustemos el zoom y visualicemos la situación de algunos países en particular. En esencia, las fallas en la cooperación y el aumento de los cortocircuitos regionales tuvieron hasta aquí origen en la situación venezolana. Trump fracasó en su intento de acabar con la experiencia chavista y Biden deberá remontar ese fiasco de la política exterior estadounidense. Para ello, deberá apostar a revertir la política de sanciones generalizadas para atender cuestiones humanitarias urgentes y sobre todo apoyar una salida política a la situación de Venezuela que respete la autonomía de los actores internos, esto es la oposición y el gobierno de Maduro, y dejar definitivamente atrás potenciales salidas violentas a la crisis.

La luz al final del túnel parece estar en la realización de elecciones legítimas, con un árbitro electoral verdaderamente independiente y actores que reconozcan y acepten los resultados.                                                         

En el caso de Cuba, junto con Venezuela parte del llamado medio oriente latinoamericano, las relaciones con Estados Unidos apuntan a mejorar (reactivación de visas y remesas) aunque parecen lejanas las posibilidades de volver al contexto de normalización que existió durante la administración de Obama.

Brasil, México y Argentina tienen en sí mismos una importancia extra regional para los Estados Unidos. Los gigantes latinoamericanos se ubican entre los primeros diez exportadores de alimentos del mundo, suelen ocupar cargos en organismos internacionales y Estados Unidos nunca se ha relacionado fácilmente con ellos.

Con México existen expectativas fundadas de que se sucederán elementos de ruptura y continuidad. Entre los primeros, se espera un enfriamiento político de las relaciones bilaterales que quedarán más o menos lejos de la extraordinaria afinidad personal entre López Obrador y Trump. Nacerán nuevos conflictos a partir del anunciado monitoreo estadounidense de derechos laborales y cuestiones ambientales en el marco TMEC. Dentro de los segundos, continuará el fuerte intercambio comercial entre ambos países, así como las relaciones diplomáticas más permanentes y profesionales de los últimos años, fortalecidas por el hecho que México ocupará un lugar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el período 2021-2022. En este sentido, van a ser claves los primeros cien días del gobierno de Biden para saber cómo madurarán definitivamente las relaciones entre ambos países.

Brasil es el país latinoamericano que tiene más para perder con la nueva administración estadounidense

Brasil es el país latinoamericano que tiene más para perder con la nueva administración estadounidense y sus expectativas son francamente negativas. El presidente brasileño no dudó en sostener que el triunfo de Biden era el resultado de un fraude gigantesco en las elecciones y esto completó su aislamiento regional. La derrota del bolsonarismo como fuerza política en las elecciones municipales de noviembre 2020 y el giro del electorado desde la extrema derecha hacia una derecha moderada podría ser el preanuncio de un revés de Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2022, lo que llevaría de alguna manera a un retorno de Brasil al escenario internacional. De todos modos, con o sin Bolsonaro, la cuestión ambiental se presenta como uno de los asuntos que marcarán la agenda entre ambos países.  

En contraste, hay una serie de países que asoman con posibilidades y expectativas positivas respecto al gobierno de Biden. Uno de ellos es Argentina que puede transformarse en un interlocutor privilegiado y en ese sentido el Papa Francisco está jugando un papel activo para acercar a Biden y Fernández.                                                                                                  

Colombia mantendrá su status de país clave para Estados Unidos, tal cual lo es desde los años noventa, y los países del triángulo norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) continuarán siendo una pieza muy importante para el control de las marchas migratorias que pretenden llegar a Estados Unidos.                                                                                              

Hay que destacar que existen una serie de países pequeños como Uruguay o Paraguay que se han movido siempre pragmáticamente más allá de que partido gobierne o quien sea presidente en Estados Unidos y no parece que habrá cambios en esas posiciones.

Finalmente, una referencia al caso de Bolivia. Hay que recordar que Bolivia y Estados Unidos no tienen embajadores desde el año 2008. En este contexto, el hecho que el actual presidente boliviano fuera uno de los primeros cinco líderes mundiales que reconoció formalmente el triunfo de Biden pocas horas después de las elecciones, hace pensar que se inaugurará una nueva época para las relaciones entre estos países, cuyo primer paso se anuncia será la reinstalación de los embajadores al frente de las delegaciones diplomáticas. Quedará por verse si, más allá de este hecho, se consolidará una línea de política exterior boliviana del presidente Luis Arce distinta a la seguida en su momento por Evo Morales.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de Phil Roeder en Foter.com / CC BY

Una nueva Constitución y una Segunda República para Perú

Una constitución política no es un fin en sí misma, es un instrumento para una meta superior: la cohesión pacífica de una sociedad. Este ordenamiento puede ser de carácter autoritario, concentrando todos los poderes en una persona o grupo, o de carácter democrático cuando la voluntad de todos rige mediante la delegación de poderes a ciertos representantes electos. Ambos tipos de ordenamientos son eficaces en tanto vinculen el comportamiento de la mayoría al acatamiento de las normas (legalidad) y se ejerza la violencia contra aquellos pocos que subvierten dicho orden por motivaciones egoístas y vulnerando derechos de terceros establecidos por ley (Estado de Derecho).

La actual constitución política peruana ya no cumple dicha finalidad. Este instrumento legal no logra la cohesión social necesaria para preservar la paz y el cumplimiento de las leyes. Si bien esta constitución fue creada en un contexto autoritario y validado de forma no consensual, logró en su momento la legitimidad necesaria para crear un orden social que fue prolongando luego de la caída del régimen político que lo instauró: el fujimorismo. Dicha vigencia explica el apoyo electoral que mantiene dicho movimiento en las últimas dos décadas.

La base conceptual del actual ordenamiento constitucional es que la armonía social reside en las reglas del libre mercado, por ende el Estado tiene un rol amenguado de control y legitimización. Incluso las fallas de dicho mercado, que desestabilizan periódicamente la paz social, son restablecidas por el Estado con recursos públicos y a través de la fuerza pública. La base empírica de la viabilidad de este ordenamiento constitucional ha sido el crecimiento económico, el cual tuvo como como causa principal un factor exógeno, como fue el ciclo de expansión económica internacional; el cual empezó a declinar en el 2018 y ha llegado a su fin el 2020 con la debacle sanitaria mundial que trajo consigo la pandemia del COVID-19.

el alto grado de conflictividad y la inestabilidad política que atraviesa actualmente el Perú necesita de una nueva constitución.

En ese sentido, la anomia, el alto grado de conflictividad y la inestabilidad política que atraviesa actualmente el Perú necesita de una nueva constitución. Una constitución que cumpla los siguientes requisitos. Que se elabore bajo condiciones de legitimidad (Asamblea Constituyente electa) y de aprobación a través de una voluntad super mayoritaria (dos tercios). Que incluya derechos individuales y colectivos que permitan una vida digna y pacífica en las nuevas condiciones del siglo 21. Que establezca las instituciones para un funcionamiento equilibrado, contrapesado y coordinado de los poderes del Estado que permita la gobernabilidad necesaria y la suficiente estabilidad política.

Otras condiciones que se necesitan alcanzar para superar la actual inestabilidad política es que se abran las puertas de la participación política para que se permitan nuevos liderazgos políticos, que surjan de una real representatividad social, lo cual implicará una reforma política que renueve los partidos políticos y cambie el sistema electoral. Asimismo, que los bienes públicos y el bienestar general sea el eje de las decisiones de los gobiernos en todos sus niveles, y el principal tema de discusión en los espacios de deliberación vinculantes (congresos y cabildos). Finalmente, que el nuevo contrato alcanzado nos permita recuperar la tranquilidad y la cohesión social, hoy pérdida.

Una constitución democrática no sólo son formas electorales, son contenidos que incluyen a mayorías y minorías. Todos somos una minoría en algún sentido, empezando desde nuestra propia individualidad, pero somos simultáneamente mayorías en algún otro sentido: idioma, creencia, sexo, ocupación laboral, ideología, etnicidad. La dinámica de una sociedad compleja requiere de un arreglo institucional expresado en reglas de juego que permitan la unidad de esta diversidad, y la viabilidad de las decisiones que expresen intereses mayoritarios respetando derechos minoritarios.

La actual constitución tiene bloqueos internos y contradicciones que anidan conflictos y desacuerdos insuperables

La nueva constitución debe reflejar, además, una coherencia interna que haga posible el cumplimiento de cada uno de sus artículos sin menoscabo o veto de otro. La actual constitución tiene bloqueos internos y contradicciones que anidan conflictos y desacuerdos insuperables, que resquebrajan la convivencia social y, por ende, la unidad nacional.

El liberalismo y el socialismo prometieron utopías de finales felices si se cumplían los dogmas prescritos: la sacralidad del mercado o el imperio del estado, respectivamente. La utopía socialista fracasó el siglo pasado con la caída del muro y el derrumbe de la Unión Soviética. Lo que tenemos hoy en día en el Perú es una distopía neoliberal de violencia, enfermedad e indiferencia mutua, con islotes de soberbia y riqueza ilimitada.

Un régimen que está naufragando debido a la pandemia, la cual fue a su vez provocada por el productivismo incontrolado, que ya tenía en vilo el equilibrio ecológico del planeta. En ese contexto, el neoliberalismo evalúa sacrificar la formalidad democrática en aras de su propia supervivencia. Los retrocesos democráticos en el mundo (Hungría, Polonia, la Federación Rusa) demuestran el peligro real de esta osadía.

Una constitución republicana debe poner al mercado y al estado en su justa medida, es decir como herramientas al servicio de la sociedad. No son polos opuestos entre sí, son complementos en aras de una convivencia pacífica y solidaria. Se trata de promover un mercado que estimule la productividad, el crecimiento y el bienestar material, pero regulado en sus inevitables deficiencias por un Estado democrático, cuyo rol se orienta en evitar toda forma de dominación entre individuos, y garantizar la libertad de cada uno de ellos.

Doscientos años de historia debe inspirar la hechura de un nuevo pacto social; la actual constitución ha dejado de ser vigente y no garantiza los derechos ciudadanos, ni siquiera el respeto y cumplimento de sus propias leyes.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto do Congresso da República do Peru em Foter.com / CC BY

Ciencia, tecnología e innovación: el rubicón de A.L.

«[…] dar a la ciencia una tribuna que inspire a los ciudadanos» (Nelson Mandela, citado en el informe de Ciencia Abierta, 2019, p. 8).

El área de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CT&I) plantea un importante desafío para el desarrollo de América Latina en medio de una grave crisis socioeconómica potenciada por la pandemia de COVID-19. La creciente desigualdad social, concentración de ingresos, abusos de derechos humanos, aumento de la violencia y desastres ambientales, sumado a economías en ruinas han llevado a las sociedades del Sur global a una mayor frustración y vulnerabilidad.

La CT&I se ha visto gravemente afectada por los recortes de la inversión pública en investigación, enseñanza y formación de recursos humanos. Esto demuestra la vulnerabilidad de los países de la periferia a las oscilaciones políticas y económicas, debido a la falta de políticas estatales sólidas.

En muchos casos, como en el Brasil, hay organismos públicos fuertes que garantizan la continuidad de los programas y servicios a los ciudadanos. Sin embargo, allí las instituciones también están siendo muy afectados por la agenda de austeridad neoliberal. Lo mismo sucede a las organizaciones supranacionales latinoamericanas y a las relaciones interinstitucionales, promovidas a través de acuerdos de cooperación técnica en los respectivos bloques regionales.

La CT&I se presenta como un indicador de la desigualdad entre los países del Norte y del Sur

La CT&I se presenta como un indicador de la desigualdad entre los países del Norte y del Sur, pero también lleva consigo el potencial de una gran transformación social y económica en América Latina. Los países líderes en la producción industrial que tienen la hegemonía del control de los flujos de capital suelen invertir más en ciencia, tecnología e innovación, manteniendo así la disparidad de poder mundial.

Por otro lado, los países menos afortunados por sus condiciones geopolíticas y económicas suelen desarrollarse a partir del reconocimiento de sus adversidades y la inversión focal en servicios básicos eficaces. Un buen ejemplo de ello es Cuba, que ha estado enfrentando un severo bloqueo económico, comercial y financiero durante 58 años, pero ha hecho grandes progresos en la investigación científica en materia de salud preventiva y educación pública.

En Brasil, el actual gobierno ha congelado el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones (MCTIC) en un 42%, una tendencia que comenzó con la doctrina neoliberal de austeridad fiscal, ya registrada desde el gobierno de Dilma Roussef en 2014. Si bien en ambos gobiernos ha habido una tendencia a disminuir el presupuesto, las medidas adoptadas por Roussef no guardaban proporción con las medidas radicales adoptadas por el gobierno de Bolsonaro.

En cualquier caso, los recortes en la financiación pública han sacudido el ecosistema de desarrollo brasileño para CT&I, que incluye: universidades federales, laboratorios, fundaciones estatales de apoyo a la investigación, etc., agravando la situación en el contexto de la pandemia. Según Fábio Guedes, presidente del Consejo Nacional de Fundaciones Estatales de Apoyo a la Investigación (Confap), el gobierno actualmente invierte en Ciencia y Tecnología, alrededor del 0,08% del presupuesto. Y las fuentes adicionales, incluso para la innovación, pueden llegar al 1,5%, lo que deja a Brasil en el 66º lugar en el ranking de inversores. Mientras tanto, según los datos del Índice de Innovación Global, los países de la OCDE han invertido entre el 2% y el 4% de sus presupuestos.

El análisis del Informe de la UNESCO sobre la ciencia: hacia 2030, señala que los niveles de inversión en CT&I están muy por debajo de las tasas alcanzadas por los países desarrollados. E incluso Brasil, que tiene una tasa mucho más alta que otros países de la región, tiene una inversión muy concentrada en las zonas más dinámicas económicamente. Los datos más recientes de 2013, publicados en el Informe, señalan que América Latina contribuye con el 3,4% de las inversiones, mientras que el Caribe contribuye con el 0,1%.

la CT&I tiene el potencial de llevar a los países en desventaja económica y social a un equilibrio sostenible entre sus niveles de producción y el bienestar social de su población

La verdad, inversamente proporcional, es que la CT&I tiene el potencial de llevar a los países en desventaja económica y social a un equilibrio sostenible entre sus niveles de producción y el bienestar social de su población, si se valora adecuadamente. En otras palabras, al mismo tiempo que CT&I expresa la condición de desigualdad socioeconómica, también puede ser una salida a los obstáculos impuestos por el poder hegemónico que se consolida por el control de los flujos de capital y, en consecuencia, por el dominio ejercido a través de la investigación, la enseñanza y la innovación en el Norte global.

El gran problema de América Latina sigue siendo su condición de subordinación social, política y económica. Concebir la investigación y la innovación como una acción banal, centrada en iniciativas relacionadas con una noción de espíritu empresarial restringida a una lógica de mercado, no contribuye a la superación de la condición de subdesarrollo del continente.

Pensar en la CT&I sin la participación del mercado no es factible. Pero tampoco es posible abordar el tema desde la perspectiva de la eficiencia productiva, en la que el centro desarrolla dispositivos digitales desde realidades totalmente diferentes que luego son importados por las naciones periféricas del sistema, ya que esto no produce efectos transformadores integrales.

Es necesario repensar las agendas nacionales de los países latinoamericanos, no sólo para facilitar los negocios privados en el campo del comercio, sino principalmente para ampliar y mejorar los mecanismos de aumento del bienestar social, bajo la orientación de políticas de Estado incisivas. Al mismo tiempo, las perspectivas locales, subregionales, nacionales y, finalmente, continentales deben articularse en una acción política multinivel dentro de la lógica de la integración institucional, tal como se ha venido realizando con éxito, entre organismos subregionales como: Unasur, Mercosur, Comunidad Andina de Naciones (CAN), Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Comunidad del Caribe (Caricom), Alba y Proyecto Mesoamérica.

Es necesario rescatar también las esencias de los pueblos latinoamericanos integrados en el Estados y valorar ejemplos como el buen-vivir como forma de resistencia y filosofía de bienestar social. Invertir en CT&I es un supuesto fundamental para que América Latina cruce el rubicón científico y tecnológico y rompa los paradigmas tradicionales que alimentan las desigualdades y concentran el poder y la riqueza en manos de una minoría. Y de esta forma alcanzar la soberanía de las naciones periféricas. 

Foto por Serviço de Comunicação Institucional em Foter.com / CC BY-NC-SA


Episodio relacionado de nuestro podcast:

Argentina al frente

La aprobación de la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina ha tenido un profundo efecto en el movimiento de mujeres y el feminismo latinoamericano. Luego de años de movilizarse por el aborto libre, gratuito y seguro, el movimiento del pañuelo verde tuvo su momento de gloria, enviando un mensaje claro de “sí, se puede” a las compañeras, allende las fronteras del país sudamericano. La pregunta que se plantean muchos es si esta inyección de optimismo tendrá algún efecto en el desmantelamiento de las leyes más restrictivas que existen en la región.

Para responder a dicha pregunta conviene repasar algunas de las características del proceso argentino, sobre todo el aspecto político. Si uno analiza la votación en las Cámaras del legislativo nacional, se podrá dar cuenta que la aprobación se debió de manera importante a los votos de la bancada oficialista del Frente de Todos. El Gobierno de Alberto Fernández envió el proyecto de ley y el partido lo apoyó. Cristina Fernandez, presidenta del Senado y líder del peronismo también puso su peso detrás de la iniciativa, a diferencia de años anteriores, en las que no se expresaba a favor del aborto. De los 131 votos a favor de la propuesta en Diputados, 82 eran votos del Frente de Todos (63%), y en el Senado de los 38 votos a favor, 26 fueron del Frente de Todos (68%).

El proceso argentino lleva años de desarrollo y su influencia ha venido creciendo

El apoyo político se dio por el poder de convocatoria y movilización del movimiento del pañuelo verde. El proceso argentino lleva años de desarrollo y su influencia ha venido creciendo a tal punto que durante la campaña electoral Alberto Fernandez se animó a prometer una iniciativa legislativa que recogiese las demandas del movimiento por el aborto libre, legal y seguro. También se dio que el movimiento encontró la manera de ubicar a sus miembros en posiciones claves del gobierno y en el Congreso. Esas vocerías fueron importantes a la hora de construir mayorías.

Aparte de la fortaleza del movimiento mismo, o quizás como consecuencia de ello, se dio una articulación del movimiento del pañuelo verde con otros movimientos sociales y manifestaciones ciudadanas diversas. Ha sido un buen ejemplo de lo que planteaba el mismo programa del Frente de Todos, que habla de “la necesidad de recuperar la esperanza y superar la crisis económica y social sobre la base de un amplio acuerdo que incluya a los diversos actores sociales de nuestra sociedad y que permita transitar un camino sostenido hacia un desarrollo con equidad”. Podríamos pues describirla como  una de las propuestas de nueva hegemonía que incluye de manera decidida al feminismo.

El otro aspecto importante fue la calidad del proyecto y la línea de argumentación. El Gobierno puso mucho énfasis en que el aborto clandestino es inseguro y conlleva riesgos en términos de la mortalidad y morbilidad materna. Que si bien uno quisiera que el aborto no se diese, la realidad es que es un aspecto de la salud pública que merece una regulación y no una penalización.

Por otro lado, el proyecto cuida mucho el aspecto relacionado con la equidad, asegurándose que el derecho llegue a las mujeres pobres y no favorezca de manera injusta a las clínicas privadas y las mujeres que pueden pagar precios de mercado. La calidad técnica del proyecto hizo, además,  que sectores importantes del cuerpo médico también dieran su apoyo al proyecto, fortaleciendo así su credibilidad.

Son, en efecto, todos estos elementos los que se suman y eclosionan, ocasionando la gran sorpresa. Si bien, la ley argentina  se suma a las normativas existentes en Cuba, Uruguay, Guyana y la Ciudad de México y el Estado de Oaxaca en México, este es el primer país latinoamericano con una población de 45 millones que se abre al procedimiento.

Volviendo a nuestra pregunta inicial, respecto a la replicabilidad del caso argentino en otros países de la región pensamos que la respuesta queda implícita. En Argentina tuvieron una buena propuesta, apoyada por profesionales de la salud, movilizada por un  movimiento social dinámico, con el apoyo del Ejecutivo, del partido de gobierno y con alianzas sociales. Es esta combinación lo que hizo posible la aprobación. Si bien uno quisiera pensar que con esta decisión se abre un proceso regional de levantamiento de restricciones, la realidad será seguramente otra.

El impacto del proceso en la cultura regional, donde la influencia de las Iglesias y el patriarcado han puesto en entredicho tanto la noción de Estado laico, como el respeto de la autonomía de la mujer, ha sido muy importante.

El impacto del proceso en la cultura regional, donde la influencia de las Iglesias y el patriarcado han puesto en entredicho tanto la noción de Estado laico, como el respeto de la autonomía de la mujer, ha sido muy importante. Pero la posibilidad de que se vayan dando cambios similares en otros países dependerá de muchas variables. Sin duda, el movimiento feminista se ha vigorizado, pero será el contexto nacional el que determine los máximos y mínimos que ese movimiento pueda establecer. Las feministas centroamericanas y de Paraguay  son las que tienen el panorama más complicado.

Ya la reacción de la ultraderecha no se hizo esperar con Bolsonaro criticando la medida y prometiendo que nada similar ocurrirá en Brasil mientras él esté en el poder. A lo cual, Ofelia Fernández, la legisladora porteña respondió “muy buena la opinión que nadie te pidió, aprovecho para recomendarte que no te relajes que la fuerza feminista latinoamericana en Brasil se le suma la furia por Marielle. Suerte, esto recién empieza”.

En realidad esto empezó hace mucho tiempo y lo que las jóvenes argentinas han hecho es permitir un re-posicionamiento del movimiento como para lograr distintos avances en distintos contextos.

Foto de Paula Kindsvater

La política de muerte de Bolsonaro

Coautora Camila Gonçalves De Mario

Si un elemento fundamental de la modernidad tardía y del Estado contemporáneo es el derecho a matar, Jair Bolsonaro lleva esta característica a su máxima expresión. La política de Bolsonaro se basa en la muerte, la eliminación física de los ciudadanos de su país, y en particular de sus «enemigos»: aquellos que lo asustan por ser diferentes a sus normas morales. Bolsonaro es una expresión ejemplar de la política basada en la muerte, la necropolítica.

Antes es necesario que hagamos una aclaración. La necropolítica o el necropoder (política de muerte, poder de muerte) es un concepto desarrollado por Achille Mbembe, un filósofo político camerunés. Aquí la idea de biopoder de Michel Foucault es el punto de partida. Si el biopoder es aquella parte de la vida sobre la cual el poder tomó el control, Mbembe va más allá y afirma que para entender la modernidad y el Estado contemporáneo esta idea no es suficiente. Más que dejar vivir o exponer a la muerte, Mbembe destaca el derecho a matar. La política es el trabajo de la muerte y la soberanía es el derecho a matar.

La percepción de la existencia del otro como un atentado contra mi vida, como una amenaza mortal o un peligro absoluto, lleva a entender su eliminación como algo necesario para mi vida y mi seguridad.

Mbembe relaciona la soberanía del Estado con la idea de un estado de excepción. Las formas de soberanía que luchan por la autonomía no son la regla: lo común es la instrumentalización de la existencia humana, la destrucción material de los cuerpos humanos y poblaciones. El estado de excepción y la relación de enemistad son la base normativa del derecho a matar. El poder busca inventar la excepción, un enemigo. La percepción de la existencia del otro como un atentado contra mi vida, como una amenaza mortal o un peligro absoluto, lleva a entender su eliminación como algo necesario para mi vida y mi seguridad.

La necropolítica se ejemplifica en los colonialismos, las ocupaciones territoriales armadas, las guerras contemporáneas, las milicias y los Estados parcialmente disueltos. Define cómo las armas de fuego son desarrolladas para la máxima destrucción de personas y la creación de «mundos de muerte», en los que vastas poblaciones son sometidas a condiciones de vida que les dan un estatus de «muertos-vivos».

Hay que aclarar que el Estado brasileño siempre ha practicado el exterminio masivo de sus pobres, y que éstos tienen un color. En todas sus etapas, ha ido eliminando a su población negra e indígena (Mbembe percibe la idea de la raza como un elemento básico de la necropolítica, y la esclavitud moderna como fundamental en su desarrollo). Lo que ocurrió durante la dictadura cívico-militar, y ahora bajo Bolsonaro, es sólo la expansión de la necropolítica hacia las porciones blancas de la población. Cuando la muerte se acerca a los blancos, denunciamos los golpes y el avance del autoritarismo. Pero la ausencia de un Estado de derecho siempre ha marcado la vida y la muerte de los negros y los indios en Brasil.

También hay que mencionar que toda la trayectoria política de Bolsonaro se basó en el odio y la muerte. Esto siempre ha sido evidente, haciendo a quienes lo apoyaron en las elecciones presidenciales de 2018 corresponsables de la violencia que emanaba de su poder. La sangre que ensucia las manos de Bolsonaro y su grupo también se extiende a sus partidarios, ya sean los puntuales o los más fieles.

Bolsonaro dejó clara su agenda de poder desde el principio. Siempre se ha esforzado por establecer límites entre un «nosotros» formado por patriotas y buenos ciudadanos y un «otro» formado por izquierdistas, comunistas, minorías, defensores de los derechos humanos, ecologistas, todos aquellos cuyo discurso caracteriza como «victimismo» y defensa de lo «políticamente correcto».

A las minorías, Bolsonaro les advirtió: «que se adapten o perecerán»

Los mensajes eran claros. A las minorías, Bolsonaro les advirtió: «que se adapten o perecerán». A la izquierda prometió la «punta de la playa» (alusión a una base de la Armada de Restinga da Marambaia en Río de Janeiro, utilizada durante la dictadura cívico-militar para la ejecución de prisioneros políticos). A los buenos ciudadanos les aseguró que haría una «limpieza nunca vista en la historia de Brasil». Prometió la muerte. Sus propuestas de campaña consistían en la eliminación del enemigo y la destrucción del Brasil actual, porque la única manera de construir algo nuevo es «liberar a Brasil de la nefasta ideología de la izquierda», como declaró en una cena para simpatizantes justo después del comienzo de su mandato.

La destrucción está en marcha, así como la promoción de la muerte. Su necropolítica se manifiesta en la flexibilización de las leyes de tráfico, como el fin de las multas para quienes no utilicen los cinturones de seguridad y los asientos para niños en los asientos traseros de los coches, o el fin de los radares móviles y ocultos. También se expresa en facilitar la posesión de armas y los esfuerzos repetidos para liberar la posesión de armas. Su gobierno promueve la muerte al desmantelar la legislación de protección del medio ambiente, lo que se evidencia en su omisión de combatir la deforestación y los incendios en el Pantanal y el Amazonas.  

Este mismo proyecto incluye el desmantelamiento de las políticas públicas, los servicios y las acciones destinadas a proteger a las minorías que son sistemáticamente asesinadas o víctimas de diferentes formas de violencia: pueblos indígenas, quilombolas, mujeres, homosexuales, negros pobres, todos abandonados a su suerte. Aquí añadimos la negación y el silencio frente al racismo, un mecanismo central para la puesta en marcha de la necropolítica.

La política de la muerte de Bolsonaro alcanza su plenitud en su manejo de la pandemia de coronavirus. Sus discursos y acciones han pasado de la negación de la pandemia a la minimización de los síntomas de la COVID-19 (que no sería más que una «gripecita»), para culminar ahora en la adopción de una retórica antivacunas y un boicot a la aplicación de un plan nacional de vacunación. Su principal táctica era poner de relieve el desempleo y la pobreza como efectos deletéreos de un «pánico colectivo fuera de lugar» y las acciones «irresponsables» de los gobernadores y alcaldes causadas por el temor a la enfermedad y la muerte. Este es un punto importante. Hay un esfuerzo por naturalizar la muerte por COVID-19, como si fuera inevitable, como la muerte misma, el destino de todos.

Dos entendimientos inmediatos resultan de esta naturalización: 1) Los que temen la enfermedad son cobardes; 2) Los que actúan para combatirla son enemigos del pueblo, enemigos de Brasil. Es una construcción que adopta la lógica de la guerra, de la polarización que opera de manera antidemocrática, sirviendo a la necropolítica y alimentando la oposición entre «nosotros» y «ellos» (que a los ojos de Bolsonaro no son más que «maricas» que quieren huir de la realidad, al fin y al cabo todos moriremos algún día).

En el momento en que escribimos este artículo, Brasil está experimentando una nueva ola de la pandemia. Con un promedio diario de casos y muertes en aumento, el país se está acercando a la marca de 200.000 muertes, con más de 7 millones de casos de COVID-19 registrados. Mientras tanto, Bolsonaro declara que no hay prisa por la vacuna, porque «los números han demostrado que la pandemia está llegando a su fin». Con todo esto, debemos subrayar: Bolsonaro es responsable de la muerte de miles de brasileños.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto del Palacio del Planalto en Foter.com / CC BY

Enseñanzas del 2020 a Brasil sobre el racismo

Para el mundo este será un año para recordar: el miedo a la COVID-19, la cuarentena y prácticamente un año de aislamiento social. Así, muchos se han preguntado: ¿qué ha enseñado el 2020 a Brasil?

No solo la COVID-19 marcó el año en Brasil. El racismo fue noticia frecuente. Desde enero, cuando el alcalde de Ilhabela presentó una denuncia por insultos raciales tras ofensas en redes sociales, hasta diciembre con la imagen de un niño llorando durante una competición escolar de fútbol en el Triângulo Mineiro, pasando por el asesinato de un hombre negro en un supermercado de Porto Alegre a dos días del Día de la Conciencia Negra, no hubo un mes sin denuncias. La lista es inmensa. El racismo estructural se ha convertido en una categoría repetida en lives, noticias, editoriales y programas de televisión.

Brasil, habiendo pasado por una larga experiencia colonial —una de las mayores de la Historia—, sustentó durante siglos su economía en el trabajo esclavo. El país normalizó la apropiación de los cuerpos de las mujeres negras, romantizando el resultado, y elaboró un discurso de integración nacional basado en la producción del consenso de que, por aquí, la raza no tiene ningún efecto. Sin embargo, en algún momento el país enfrentaría sus fantasmas.

Con un 56% de población negra, que representa el 75% de quienes viven por debajo de la línea de pobreza, menos del 30% de los dirigentes empresariales nacionales, y el 66,7% del contingente penitenciario, se hace difícil ocultar que aquí la clase sí importa. Sin embargo, la raza es un combustible potente para la producción de asimetrías.

El año 2020 comenzó a darnos lecciones desde temprano, cuando tras el Carnaval, llegó la COVID-19. La primera información confirmó su incidencia democrática: ricos y pobres, blancos y negros, hombres y mujeres, todos por igual, sujetos a la enfermedad. Para todos, una misma tarea: cuarentena con distanciamiento social, máscaras y alcohol en gel.

Ninguna crisis es democrática. Cuando llega, son los negros quienes sufren primero la consecuencias y los primeros en sucumbir«

Tan pronto como se dio a conocer la noticia que contrastaba el perfil de los primeros infectados (blancos, clases media y alta, recién llegados de vacaciones en el extranjero) con el de los primeros en morir (trabajadores domésticos, negros, pobres) se dio la primera lección: ninguna crisis es democrática. Cuando llega, son los negros quienes sufren primero la consecuencias y los primeros en sucumbir.

Los problemas de acceso a la salud y al saneamiento han hecho vulnerable a la población negra, ya que es esta quien vive mayoritariamente en condiciones precarias, lo cual limita la prevención. Y como la mayoría depende de los hospitales públicos, la espera por tratamientos fue generalizada. Así, la población negra se convirtió rápidamente en el grupo con mayor número de muertes por COVID-19.

Otra lección sobre el racismo fue cuando los registros de la incidencia de enfermedades y muertes por color/raza dejaron de difundirse, lo cual impidió la medición de las consecuencias para los grupos raciales y habitantes de favelas y regiones periféricas. El 2020 nos enseñó que la invisibilidad es una estrategia para perpetuar las desigualdades raciales. Si no sabemos el color, el problema no existe.

Si el problema no existe, lo ideal es garantizar la «nueva normalidad».  Aproximadamente 6,4 millones de negros perdieron sus trabajos durante la pandemia. Los que no han perdido sus trabajos han debido transportarse en condiciones insalubres. Repartidores, choferes, criadas, porteros, limpiadores, etc. La comodidad de la cuarentena para algunos es garantizada por un ejército de trabajadores sin la misma posibilidad.

Esta relación ha sido reportada por los medios nacionales. En junio, en la ciudad de Recife, una madre negra, empleada doméstica, lleva a su hijo al lugar de trabajo y confía el cuidado de su hijo a su jefa mientras pasea el perro. La jefa, aunque comprometida con el cuidado del niño, se hace las uñas con una manicure. El niño negro de cinco años, solo en un ascensor, se pierde y cae desde lo alto del edificio mientras busca a su madre.  

De este episodio, tantas lecciones. Tomemos dos:

La intersección entre clase y raza es insuficiente para comprender el modus operandi del racismo en un país que mantiene viva su herencia colonial. Aquí este no opera únicamente en la producción de desigualdades, sino a través de un complejo mecanismo de elaboración de jerarquías de espacios (ascensores de servicio, habitaciones de las criadas), relaciones (jefe y criada) y personas (blancas y negras). La sociedad y, especialmente las élites, han interiorizado un sentido de superioridad/inferioridad que supera la relación riqueza/pobreza y se expresa, entre otras cosas, en la necesidad de mantener las relaciones de la “casa grande”, actualizada como trabajo doméstico.

Las mujeres negras representan el 28% de la población nacional, están en la base de la estructura social y cuentan con pocas posibilidades de inserción en el mercado laboral formal. Se insertan con frecuencia en ocupaciones precarias y subordinadas en las que son ignoradas en su subjetividad y reducidas a máquinas de trabajo. En este momento se revela uno de los principales legados coloniales: la objetivación y la deshumanización.

Y, en el caso de los niños negros, tanto como la deshumanización, la «adultización» es una estrategia poderosa, ya que de esta manera se les niega su condición de fragilidad y, por lo tanto, la necesidad de cuidados. Así, son convertidos en objetos de abandono y objetivos potenciales de las innumerables balas perdidas que este año mataron a más de una docena solo en Río de Janeiro.

El 75% de los niños y adolescentes de 10 a 19 años, víctimas de homicidio, son negros, así como el 75,4% de los asesinados por la policía»

Despreciados como niños, forman parte de un proyecto necropolítico para trivializar la muerte. El 75% de los niños y adolescentes de 10 a 19 años, víctimas de homicidio, son negros, así como el 75,4% de los asesinados por la policía y el 75,7% de los asesinados por muertes violentas. En este punto, el 2020 también nos enseñó que el racismo es un catalizador de muertes violentas.

Se trata de una vieja lección. El «dejen de matarnos» es histórico. Sin embargo, tras el asesinato de George Floyd y las posteriores manifestaciones, aquí se repetía exhaustivamente la pregunta: ¿por qué no se manifiestan como allí? Una lección más: en Brasil, una buena lucha antirracista es la que se da en otro país.

Un error. En Brasil, la resistencia es una condición para la existencia de los negros y las estrategias son seculares. Los casos de racismo han fortalecido a los nuevos movimientos negros, las articulaciones en redes y el activismo antirracista digital. Además, las últimas elecciones municipales tuvieron en agenda la defensa de la candidatura de las mujeres negras. Esto cobró fuerza con la reciente decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) sobre la asignación de recursos por parte de los partidos políticos para las campañas de las candidatos negros.

La pandemia aún no ha terminado y el 2020 nos deja una última lección: hay que luchar contra el racismo. La tarea para el 2021 es responder a la pregunta: ¿Brasil aprendió la lección?

Foto de Midia NINJA 

Desaparecidos: la responsabilidad del Estado

El máximo exponente de la maldad humana lo constituyó el terror nazi que, a pesar de ello, llevó el registro con minuciosidad de todas sus víctimas. Una práctica siniestra que condujo a Hannah Arendt a tildarla con el célebre apelativo de banalidad. El burócrata anotaba escrupulosamente los pasos insertos en la cadena del mando totalitario. Treinta años después, sin embargo, bajo el paraguas de la doctrina de la seguridad nacional, un nuevo quehacer sistemático, pero sin luz ni taquígrafos, trajo a la represión institucionalizada en América Latina la figura de la desaparición forzosa. Los desaparecidos eran chupados en diferentes lugares y sus cuerpos se lanzaron al mar, fueron enterrados en cualquier paraje desértico o sin identificar en cementerios recónditos.

Nunca quedó evidencia alguna de lo acaecido. Al dolor de la víctima torturada y eliminada se unía el de sus seres queridos que permanecieron por años en la total incertidumbre ante la indiferencia o incluso complicidad del Estado.

Hace cuarenta años la práctica de la desaparición de enemigos políticos se extendió por la mayoría de los países de la región»

Hace cuarenta años la práctica de la desaparición de enemigos políticos se extendió por la mayoría de los países de la región y fue amparada por instancias paraestatales, cuando no directamente estatales, y con el aliento de la administración norteamericana absorta en la guerra fría. Si bien los casos de los países del Cono Sur fueron los más conocidos, las cifras llegaron a ser aterradoras en Guatemala y en México.

La barbarie sancionó una práctica que en España se había vivido durante la guerra civil sembrando de cadáveres anónimos las cunetas de las carreteras. El legado de aquello todavía continúa en un proceso de necesario esclarecimiento y urgente reparación en el que el Estado tiene un papel primordial que desempeñar.

Héctor Castagnetto da Rosa desapareció el 17 de agosto de 1971. Fue visto por última vez en un lugar céntrico de Montevideo a media mañana, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Uruguay. Miguel Sofía, empresario de 70 años, que estaba requerido desde 2009 por homicidio, especialmente agravado, en calidad de autor en ese y otros casos, fue capturado recientemente y la jueza encargada del asunto lo imputó como responsable del secuestro, tortura y desaparición de Castagnetto.

La jueza dictó prisión domiciliaria para Sofía, quien integraba los escuadrones de la muerte, también conocidos como Comandos Caza Tupamaros o Defensa Armada Nacionalista (DAN), que eran grupos parapoliciales que operaron en las décadas de 1960 y 1970. La defensa impuso un recurso de inconstitucionalidad basado en la prescripción de los hechos.

En la otra orilla del Río de la Plata, el pasado 4 de diciembre el Equipo Argentino de Antropología Forense detalló que hay más de 600 cuerpos enterrados como NN (sin nombre —en latín nomen nescio—) con su perfil genético que no fueron identificados. Entonces pidieron a personas que buscan desaparecidos durante la dictadura que se acercaran para extraer muestras de sangre y, así, cotejar el ADN. Esta circunstancia acaeció ante el juicio que se sigue en la ciudad de La Plata por delitos cometidos en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura.

Los casos de desapariciones forzosas no dejan de estar permanentemente presentes y requieren una respuesta eficiente»

El drama, por consiguiente, no ha concluido. Hoy los hechos se enmarcan en un contexto diferente en el que los causantes de esa forma monstruosa de atentar contra la vida humana son variados, pero no por ello la presencia del Estado debe dejar de ser requerida. Los casos de desapariciones forzosas no dejan de estar permanentemente presentes y ameritan una respuesta eficiente.

Así, el pasado 12 de diciembre la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia señaló la existencia de 2.094 personas que fueron víctimas de desaparición forzada en el área de influencia de la represa de Hidroituango en el departamento de Antioquia. Las desapariciones forzadas habrían sido ejecutadas por grupos paramilitares (Bloque Mineros y Bloque Metro), los frentes 18, 36 y 5 de las FARC-EP y por la fuerza pública. Los cuerpos fueron localizados en el proceso de construcción de la enorme represa. En otros lugares del país las desapariciones las ocasionó el narcotráfico.

En México continúa sin resolverse el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014″

Complementariamente, en México continúa sin resolverse el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014. Hasta la fecha se han encontrado restos de tres de ellos solamente. Los de uno fueron hallados lejos del basurero donde la versión oficial sostenía que los cadáveres habían sido quemados, por lo que es de suponer que los cuerpos de los estudiantes habrían sido dispersados en varios puntos, lo que añade dosis de mayor violencia al asunto.

En estos casos, el carácter político de las víctimas se desvanece en un ambiente dibujado por la pobreza y la pertenencia a comunidades excluidas, marcadas por un tipo de marginación que mezcla lo territorial con lo social. La brecha de la desigualdad genera una división que amplía el contingente de sujetos proclives a ser pasto fácil de una desaparición gratuita, lo que agudiza su probabilidad.

En un ámbito de orden muy distinto, pero con efectos similares, la nómina de desaparecidos en Guatemala y, sobre todo, en Honduras tras el paso de los huracanes Eta e Iota en noviembre pasado no ha podido cerrarse todavía, de suerte que se dará el caso de personas que habrán muerto, pero de las que no existirá constancia de ello. En sendas circunstancias, el Estado, hoy de derecho en la gran mayoría de los países latinoamericanos, tiene el imperativo de dar una respuesta en términos no solo reparadores y de ejercicio de la justicia, sino también preventivos.

Foto de blmurch em Foter.com / CC BY

Nayib Bukele, un presidente mediático

Nayib Bukele es de esas personas que despiertan pasiones. O se le ama o se le odia. No es común que alguien se muestre indiferente ante su figura. Hasta la fecha, es el presidente más popular de la historia democrática del país. Ni sus numerosos yerros como presidente ni su notoria vocación autoritaria han hecho mella en su popularidad. Y aunque, si bien es cierto que ya no concita tanta adhesión como al inicio de su administración, esa baja no es significativa.  

Las cualidades del joven presidente

Nayib Armando Bukele Ortez, nacido en el año 1981, se constituyó en una estrella que, aparentemente, todo lo podía para sacar adelante el país. Una muy bien orquestada campaña electoral, más una presencia perfectamente estudiada en las redes sociales, le dieron en las elecciones del 3 de febrero de 2019 lo que él y su entorno anhelaban: la Presidencia de la república. Ello, sin que el electorado reparara en las varias denuncias en su contra como alcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador por corrupción, nepotismo, misoginia y abuso de autoridad.

El presidente salvadoreño llegó al poder en un contexto marcado por la inoperancia y la corrupción de los Gobiernos anteriores de la Alianza Republicana Nacional (Arena) y del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Estos Gobiernos minaron las esperanzas de una población que, cansada, cedió ante los cantos de sirena de un joven, pero no inexperto, empresario y político que venía de ser alcalde en Nuevo Cuscatlán y en la capital, San Salvador.

El presidente, que con su llegada al poder rompió la hegemonía bipartidista que imperaba desde el fin de la guerra civil en 1992, ha gobernado al ritmo de las redes sociales, pero va advirtiendo que estas no son suficientes. Tanto él como su hermano Karim, prácticamente su mano derecha, son hábiles para la comunicación. Nayib lo es por su carisma y su capacidad histriónica, en tanto Karim lo es por su inteligencia y sagacidad al idear una campaña.

“En este largo año y medio de presidencia, Bukele ha demostrado con creces que su vocación no es el diálogo, sino el enfrentamiento, la calumnia, la mentira y la persecución”. Así lo describe un excompañero de ruta del actual mandatario, de cuando este era una de las figuras en ascenso del FMLN. Esta fuente, por razones de seguridad, ha solicitado el anonimato.

“Sus ‘aprietes’ a la Asamblea Nacional, así como la invasión de su sede junto a militares y policías, pueden considerarse violaciones de la independencia de poderes que marca la Constitución nacional”. Sin embargo, es tanto el descrédito en los políticos y en las instituciones que pocos levantaron su voz para denunciar semejante atropello. “En eso basa sus acciones el presidente Bukele”, expresa la misma fuente.

Corrupción: nada ha cambiado

El reconocido analista político salvadoreño Napoleón Campos expresa que durante la pandemia de la COVID-19, (Bukele) exhibió el mismo patrón de corrupción de sus antecesores. “A estas alturas, la Fiscalía General de la República (FGR) ha acumulado más de 17 expedientes sobre compras anómalas e irregulares, típicas de corrupción. En estos están involucrados ministros como los de Salud, Agricultura y Ganadería, Obras Públicas y del Fondo Ambiental, entre otros”.

Campos agrega que, como si esto fuera poco, ante los señalamientos internacionales por vulnerar el Estado de derecho y la independencia judicial —en particular, los señalamientos de congresistas estadounidenses y europarlamentarios—, “Bukele no ha desistido en socavar los cimientos democráticos”, mientras la economía se desploma un 9,0% o más, como lo han indicado el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Así, “el país ha comenzado a ver cancelados programas de ayuda externa como el Fondo del Milenio de EE. UU., y otros programas pueden peligrar de no rectificar…”, concluye el analista consultado.

Nepotismo total

El presidente Bukele ha apelado desde el primer día a algunos de sus hermanos y a otros parientes como asesores y operadores de su plena confianza. Nayib tiene nueve hermanos, pero solo tres de ellos, los menores, constituyen el núcleo principal que lo rodea, asesora y opera en su nombre. Ellos son: Karim Alberto (33 años), y Yusef Alí e Ibrajim Antonio (mellizos de 30 años), todos ellos hijos de Armando Bukele Kattán, fallecido en 2015, y de Olga Marina Ortez.

Ninguno de los tres tiene puesto público, es decir, que no son funcionarios gubernamentales, pero operan con total soltura y libertad, y con la aprobación explícita o tácita del primer mandatario. Al no tener puestos públicos, no están sometidos a ninguna de las leyes de contraloría que permiten evaluar la conducta de los funcionarios, por lo que están exentos de ser sometidos a juicio político.

Nayib y Karim son los estrategas que definen los rumbos por seguir de la Presidencia. En tanto, Yusef e Ibrajim son consejeros que se ocupan de ámbitos específicos. Mientras que Yusef trabaja sobre el gabinete económico, Ibrajim se encarga de las negociaciones con grupos económicos y de las misiones especiales de su hermano Nayib, entre las que se destacan los proyectos de reactivación económica. Por su parte, Gabriela Rodríguez, la esposa del presidente, es la encargada del gabinete social, un ámbito que suele ser el preferido de las primeras damas.

En conclusión…

Bukele ha llegado a lo más alto de la vida político-institucional de su país, merced al cansancio de la población ante la galopante corrupción y la inoperancia de la clase dirigente, y a una campaña mediática muy inteligente.

Sin embargo, tras un año y medio de gobierno, el presidente no se ha mostrado proclive a introducir cambios profundos y positivos en un país sumido en la pobreza y la desesperanza. “Un pueblo como el salvadoreño, conocido por su capacidad de trabajo y de iniciativa, no seguirá a este presidente por mucho más tiempo, pues no responde a las necesidades más imperiosas ni cumple con sus promesas de campaña”, comenta un diplomático centroamericano destacado en San Salvador, quien desea reservar su identidad.

Y, aunque el presidente todavía mantiene altos porcentajes de aprobación, se advierte una merma, que, aun cuando no es notoria, “va tomando la forma del desencanto”, remata el diplomático.

Los “desaparecidos” venezolanos

Cuando el 18 de diciembre conmemorábamos el Día Internacional del Migrante, en Venezuela se vivía el espanto de los cuerpos que iba vomitando el mar Caribe. Un peñero, un barco de pescadores que llevaba más de 30 venezolanos sin papeles hacia Trinidad y Tobago, se fue a pique. Ese fue el último episodio de una larga tragedia que se ha venido sucediendo en los últimos años.

El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, negó inicialmente que los fallecidos hubiesen sido deportados a Venezuela en la misma embarcación precaria en la que llegaron a la isla (se dijo que fueron forzados a regresar con más personas) y sin ser abastecidos de combustible. Dos semanas antes, el Gobierno de Trinidad había devuelto un peñero que llevaba 16 niños y 13 adultos. Por otro lado, sin que el régimen de Nicolás Maduro admita la crisis humanitaria de Venezuela, difícilmente los familiares y vecinos del pequeño pueblo de Güiria, de donde eran oriundos la mayoría de estos migrantes venezolanos, encuentran alguna autoridad que se haga responsable de la tragedia. Maduro optó por afirmar que se trataba de personas que iban a visitar a sus familiares en Trinidad por Navidad. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, han llamado la atención sobre las violaciones del principio internacional de no devolución por parte del Gobierno de Trinidad, sin que hasta ahora haya habido una respuesta firme o un cambio de política en las prácticas de retorno forzoso de dicho Gobierno.

Por su parte, el Gobierno de Nicaragua desestimó discutir lo sucedido en el Consejo permanente de la OEA, mientras que algunos personeros de la élite política latinoamericana utilizaron el incidente para reforzar sus propias agendas ideológicas. El exalcalde colombiano Gustavo Petro, por ejemplo, achacó la tragedia a las sanciones estadounidenses, obviando nuevamente las causas y la propia cronología —muy anterior a las sanciones del 2019— de la crisis de los venezolanos.

Ante la tardía e ineficiente respuesta del Estado venezolano en este caso, así como en otros anteriores de barcos “desaparecidos”, los güireños se volcaron a organizar vigilias con las velas que el comerciante chino del pueblo les donó, protestar contra la desidia y la complicidad de las autoridades locales y organizarse con los peñeros sedientos de gasolina que los pescadores ofrecieron para buscar los cuerpos en el mar.

El tráfico de inmigrantes, el contrabando y la trata de blancas (incluyendo niñas) hacia Trinidad se ha convertido en un fenómeno común en las costas del Caribe venezolano»

El tráfico de inmigrantes, el contrabando y la trata de blancas (incluyendo niñas) hacia Trinidad se ha convertido en un fenómeno común en las costas del Caribe venezolano. La península oriental de Paria es uno de los lugares más usados por estos negocios. Apenas poco más de 130 kilómetros de mar separan a Güiria de Trinidad. Durante los últimos años, la extrema pauperización de los pueblos costeros venezolanos hace que decenas de personas estén dispuestas a pagar alrededor de 300 dólares, en un país donde el salario mínimo ronda poco más de un dólar, para cruzar el golfo de Paria y arribar a la promesa de una vida digna.

La mayoría de las veces, para poder cruzar, los migrantes se ven obligados a recurrir a mafias compuestas por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, de la “policía del agua” trinitaria y a las redes binacionales de prostitución. El año pasado se tuvo noticias de que zozobraron al menos dos embarcaciones de las que todavía se cuentan alrededor de unas 40 personas desaparecidas. 

La figura del “desaparecido”, vinculada a las dictaduras del Cono Sur durante la segunda mitad del siglo XX, parece resignificarse en la Venezuela del siglo XXI. No se trata solo de las desapariciones forzadas por parte de fuerzas de seguridad del Estado, que aparecen documentadas en reportes como el de la ONG venezolana Foro Penal y el de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela, ambas en el 2020.  Se trata también de que muchos de los que se embarcan precariamente para llegar a islas como Trinidad, Aruba o Curazao “desaparecen”, bien tragados por el mar, bien subsumidos por los agujeros negros de la trata de personas, lo que hace que los familiares y allegados de las víctimas nunca más vuelvan a tener noticias de sus seres queridos.

Cada peñero venezolano que parte con un puñado de migrantes es como un fragmento del país que se desgaja»

Cada peñero venezolano que parte con un puñado de migrantes es como un fragmento del país que se desgaja. La pequeña escala habla de la extensión de todo el país: estamos hablando de personas hambrientas, con escasez de agua e insuficiente gasolina. Son personas sometidas a las redes de militares, policías y bandas delictivas, cuyos viajes vienen a emular los episodios más terribles de las yolas y balsas caribeñas, pero que en una inversión cáustica de la historia, huyen de tierra firme para refugiarse en las islas. Cada peñero es una constatación de la abolición del Estado de derecho en Venezuela.

En su tercer viaje, Cristóbal Colón navegó por el golfo de Paria y al trecho lo llamó Boca de Dragón por lo revoltosas que eran las aguas y la fuerza de sus corrientes. Tal intensidad le hizo creer que se encontraba ante una de las puertas del paraíso terrenal. Más de cinco siglos después, la promesa idílica se revela como un mar convertido en cementerio, en un espejo de cuerpos ausentes del llamado socialismo del siglo XXI. La boca del dragón se tragó la utopía a la que nunca arribaron los náufragos ni sus seres queridos.

Foto de las noticias de la Guardia Costera en Foter.com / CC BY-NC-ND