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Una región, todas las voces

Bolivia: sin brújula para navegar y sus demonios al acecho

Por
José Orlando Peralta
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“Este Comité no descansará hasta ver tras las rejas a estas bestias humanas (indios-occidente) indignas de ser llamadas ciudadanos; colonos que muerden la mano a esta tierra (oriente) que les abre los brazos para que salgan de la pobreza, y pagarán esta tamaña afrenta”. Estas fueron las palabras de Rómulo Calvo, el presidente del comité cívico pro Santa Cruz (institución civil que aglutina entidades y representa intereses sociales, políticos y económicos del departamento de Santa Cruz) en la última asamblea.

El 18 de octubre próximo se llevarán a cabo los comicios nacionales en Bolivia después de un prolongado proceso político-electoral que prácticamente ha durado un año desde las fallidas elecciones del 20 de octubre del 2019. La polarización social y fragmentación partidaria son dos connotaciones del proceso en un contexto marcado por la pandemia.

polarización social coyuntural: occidente versus oriente del país, y blancos versus indios.

Polarización social. Nos referiremos sólo a dos clivajes -por su relevancia- de larga data en Bolivia que otra vez se manifestaron en el contexto del proceso político-electoral 2020 y explican la polarización social coyuntural: occidente versus oriente del país, y blancos versus indios. Entendemos como polarización al hecho de que la opinión política está bastante distanciada, las fisuras son profundas, no existe consenso y los discursos extremos representan estructuras cognitivas cerradas e impermeables a otras argumentaciones.

El clivaje occidente versus oriente se manifestó con la reaparición de un exdirigente campesino, Felipe Quispe (el Mallku), en el escenario mediático nacional en su condición de “comandante de los bloqueos del altiplano” en el occidente del país (La Paz). Su discurso político apuntó a la reivindicación del Kollasuyo (proviene de los habitantes aymara hablantes de una serie de reinos independientes de la meseta del Titicaca con fuertes lazos culturales) y negación de Bolivia como República. En sus palabras, “de 1825 hasta el actual gobierno de Añez (presidenta interina) hemos sido manejados por gobiernos que no son nuestros. Son extranjeros, son colonos, son coloniales que vinieron de Europa, de Croacia, de otros lugares (que viven en Santa Cruz). Ellos nos gobiernan y nosotros seguimos abajo”.

Con respecto al clivaje blancos contra indios, fue puesto otra vez en debate -en el contexto de la rebelión de la clase media urbana a finales del año 2019 que provocó la caída de Evo Morales- por el exvicepresidente Álvaro García Linera. Escribe: “cuando el proceso de cambio introduce otros mecanismos de intermediación eficiente hacia el Estado, las certezas seculares del mundo de la clase media tradicional se conmocionan y escandalizan. La alcurnia, la blanquitud y la logia, incluidas su retórica y su estética, son expulsadas por el vínculo sindical y colectivo”. 

Como ya se describió, el presidente del comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo (blanco), marcó la distancia ideológica con un discurso extremo que representa la antípoda de la expresión de Quispe y lo escrito por García Linera.

Fragmentación partidaria. Son ocho las organizaciones políticas en competencia electoral: Creemos, Juntos, Movimiento al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC), Acción Democrática Nacionalista (ADN), Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), Frente Para La Victoria (FPLV), y Libertad y Democracia (Libre 21). De acuerdo con las encuestas de intención de votos, las últimas cuatro agrupaciones políticas no tienen un apoyo social significativo con relación a las otras, por lo tanto, no seguirán como objeto de referencia.

Para entender la fragmentación partidaria en el proceso político-electoral boliviano es pertinente recurrir al concepto de pluralismo moderado (Giovanni Sartori, 2018). Éste permite aclararla y distinguirla a partir de las connotaciones siguientes: la competencia electoral entre Juntos (Jeanine Añez), MAS (Luis Arce Catacora), Creemos (Luis Fernando Camacho) y Comunidad Ciudadana (Carlos Mesa) es de baja intensidad ideológica. Esto, debido a que no están en disputa proyectos políticos hegemónicos; todos tienen impulsos centrípetos o buscan acercarse al centro político como indican sus programas de gobierno con respecto a la prioridad que le otorgan al Estado y su papel de actor con mayoría de acciones (fortalecimiento de empresas públicas) y capacidad de redistribución de bienes públicos (bonos a sectores populares). Es decir, la predominancia histórica de la lógica nacional-popular en el razonamiento político de los candidatos y votantes.

no existe una fuerza política extrema con apoyo mayoritario y desequilibrante.

Además, no existe una fuerza política extrema con apoyo mayoritario y desequilibrante. De acuerdo a diversas encuestas de intención de votos, es muy probable que ningún partido político alcance la mayoría absoluta como la alcanzó el MAS de Evo Morales en las anteriores elecciones del 2005, 2009 y 2014, y el próximo gobierno sea una coalición entre centro derecha y centro izquierda.

Los relatos de los partidos políticos bolivianos no dan indicios de un nuevo horizonte político para la década 2020-2030. Las visiones cortas y discursos manidos de los candidatos son una constante en el proceso electoral, lo que implica que no existe una lucha por la dirección cultural e ideológica entre proyectos políticos. Sí existe una disputa por espacios de poder y la administración de los bienes públicos para beneficio de determinados grupos de interés (elites económicas). Si desde la teoría se entiende que el objeto de la política es la provisión de bienes públicos para los ciudadanos (Josep M. Colomer, 2007), los candidatos y partidos políticos no convencen en ese sentido.

Ahora bien, surge la sospecha de que el 18 de octubre los ganadores abusen del triunfo y los perdedores se vuelvan violentos con la derrota. Una situación muy probable considerando las actitudes, comportamientos e intereses en juego como aconteció en octubre del 2019, después de que se descubrieran irregularidades en la jornada electoral y el país sin gobierno navegara en el desconcierto durante dos días. Por esto es necesario que el Tribunal Supremo Electoral fortalezca la confianza institucional y los candidatos y militantes se comporten de forma civilizada al final del día de las elecciones. 

En síntesis, mientras las organizaciones políticas en competencia tienen cuidado para tratar la polarización social en sus estrategias discursivas para no perder votos, los diferentes grupos que encarnan los clivajes reflejan una sociedad con estructuras cognitivas cerradas e impermeables a otras argumentaciones, una situación predominante y preocupante por su carácter obsesivo.

Una conjetura para finalizar. Si la polarización social se encarna en la fragmentación partidaria se producirá una polarización política que puede poner en mayor riesgo la débil institucionalidad democrática boliviana. Una tormenta perfecta si consideramos el carácter socialmente trágico de la pandemia y la consecuente crisis económica.

Por todo esto, la transición democrática en Bolivia tiene más dudas que certezas, un escenario no necesariamente sui generis en Latinoamérica, pero incómodo por su inestabilidad política.  

Foto de eskararriba en Foter.com / CC BY-NC 

Orientes des-orientados, Occidentes accidentados

Por
Fabián Bosoer
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La historia universal está marcada por las categorías de Oriente y Occidente, entendidas no sólo como designaciones que sitúan geografías en el planisferio sino también civilizaciones, culturas, imaginaciones geopolíticas y modos de entender las configuraciones del mundo. La aproximación clásica explica que cuando una se expande la otra se repliega, cuando una asciende la otra decae. Y así los auges y decadencias de naciones, imperios y dominios de alcances continentales o planetarias.

Hay otros modos de verlo: el motor de la historia no está en los centros de poder donde se dibujan las cartografías y se deciden los destinos de los estados sino en sus confines, donde se encuentran y entremezclan los pueblos de diferentes culturas cuando se ponen en movimiento y descubren sus “terras incognitas”, donde se desdibujan las fronteras y circulan migraciones, mercancías, lenguas y conocimientos; también virus, enfermedades y pandemias como la que está en estos momento asolando al planeta. 

En este escenario internacional estragado por la pandemia del Covid19, hoy tenemos un Oriente des-orientado y un Occidente accidentado. Ambas se nos presentan como constelaciones en mutación profundamente imbricadas, que se influyen mutuamente. Valga un ejemplo, de tantos: uno de los más reconocidos internacionalistas chinos actuales, Zhang Weiwei, autor de una trilogía que trata sobre el ascenso de China como potencia global, se formó en Oxford, ejerció en Ginebra y fue intérprete de inglés de Deng Xiaoping y otros líderes en los años 80. Es decir, un académico asiático con formación occidental que mira desde Oriente a Occidente con una narrativa propia, al revés de como estuvimos acostumbrados desde estas periferias occidentales americanas.

Su libro The China Horizon es publicitado como una pieza central del debate académico que se desarrolla en China sobre la naturaleza y el futuro del país y cómo este se compara con Occidente. Argumenta que China “está superando o puede superar a Estados Unidos” como potencia preeminente del mundo con su propio modelo de desarrollo, que incluye remodelar las instituciones internacionales, “aprovechando las fortalezas de sus propias tradiciones, legados socialistas y elementos de Occidente”.

China es un estado “civilizacional” porque ha desarrollado una lógica y un modelo propio que, sin pretender imponerlo al mundo, puede sí liderar una reorientación del orden mundial.

Weiwei analiza los puntos de debilidad de las instituciones políticas occidentales y subraya que China es un estado “civilizacional” porque ha desarrollado una lógica y un modelo propio que, sin pretender imponerlo al mundo, puede sí liderar una reorientación del orden mundial. Sin embargo, su lectura permite también detectar fuertes comunes denominadores con los abordajes clásicos del realismo occidental acerca del equilibrio y balance de poder, así como un reconocimiento del legado liberal de posguerra —el sistema de Naciones Unidas y las instituciones y principios que regulan la paz y la seguridad internacional y el comercio entre las naciones—.

Veamos otros dos ejemplos. A propósito de la amenaza del presidente Donald Trump de prohibir la aplicación china TikTok en los EE.UU., el portavoz de la cancillería china Wang Wenbin responde desde la defensa de los principios liberales advirtiendo que “eliminar a compañías no estadounidenses con el pretexto de la seguridad nacional viola los principios de la economía de mercado y los de apertura, transparencia y no discriminación de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

A fines de mayo, Trump anunció la ruptura con la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que acusó de estar “totalmente controlada” por China. El portazo de Washington deja al organismo creado en 1948 sin su principal fuente de financiación en medio de la peor crisis de salud pública global en un siglo. Mientras tanto, a pesar de su baja participación en el financiamiento general de la OMS, los expertos afirman que las crecientes contribuciones financieras de China aumentan su peso, particularmente en un momento en que se considera que Estados Unidos se quiere desligar de las organizaciones internacionales y amenaza con recortar la financiación de la salud mundial.

Cuando Estados Unidos se muestra endogámico, reluctante y nacionalista, el “sueño chino” no oculta sus aspiraciones a tomar la posta del liderazgo internacional succionando al «sueño americano» y buscando ejercer su “smart power”. Hace tanto como un cuarto de siglo se preguntaba Henry Kissinger: «¿Podrán unas sociedades de orígenes culturales tan distintos hacer compatibles sus definiciones de valores verdaderamente mundiales?». La tecnología y la cultura ya dieron sus respuestas, por delante de la política. Es en la interdependencia y bisagra entre civilizaciones —antes que en el choque que acaso se produzca como mal resultado de esta interacción— donde se escriben los capítulos por venir.

*Publicado originalmente en el periódico Clarín de Argentina

A 20 años de la Operación Sudamericana

Por
Pedro Silva Barros
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Hace exactamente veinte años se firmó el primer comunicado conjunto de los 12 países de América del Sur. Reunidos en Brasilia el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2000, los representantes decidieron organizar una agenda común para la integración regional. Después de casi dos siglos de independencia para la mayoría de los países de América del Sur, era la primera vez que todos sus presidentes se reunían sin la presencia de otros países.

Fue un hito de integración impulsado por la diplomacia presidencial que dio lugar a la Iniciativa Sudamericana para la Integración de la Infraestructura Regional (IIRSA) y a la Comunidad Suramericana de Naciones (2004). En 2008, nuevamente en Brasilia, estas iniciativas se institucionalizaron con la firma del tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) por parte de todos los presidentes de la región, documento que fue ratificado por los parlamentos de los 12 países en los años siguientes.

En el seminario preparatorio celebrado el 2 de agosto de 2000, al que asistió el ex presidente argentino Raúl Alfonsín, el diplomático brasileño Seixas Corrêa, parafraseando la expresión de Juscelino Kubitschek, cuya «Operación Panamericana» de los años 50 dejó legados como el Banco Interamericano de Desarrollo, dijo que el proceso experimentado en esa época podría algún día ser conocido como la «Operación Sudamericana».

La organización de los países de América del Sur ya se había formulado desde la redemocratización. En una reunión del Grupo de Río celebrada en 1993, el Presidente Itamar Franco mencionó la creación de un Área de Libre Comercio de América del Sur, en clara referencia y relativo contrapunto a la propuesta de Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que era el programa hemisférico prioritario de los Estados Unidos.

La «Operación Sudamérica», dirigida por Brasil, se construyó sobre tres pilares: democracia, integración económica basada en un regionalismo abierto y autonomía.

La «Operación Sudamérica», dirigida por Brasil, se construyó sobre tres pilares: democracia, integración económica basada en un regionalismo abierto y autonomía. Elementos que fueron recordados en los discursos de los presidentes en Brasilia.

El anfitrión Fernando Henrique Cardoso advirtió que en caso de ruptura, o amenaza de ruptura, del orden democrático en cualquier país de América del Sur, los países celebrarían consultas y adoptarían las medidas necesarias para la defensa de la democracia y la protección de los derechos humanos. En el comunicado conjunto de los 12 mandatarios se reconoce que la paz, la democracia y la integración son elementos indispensables para garantizar el desarrollo y la seguridad regionales.

El tercer párrafo del comunicado merece un recordatorio completo. “América del Sur inicia el nuevo siglo fortalecida por la progresiva consolidación de sus instituciones democráticas, por el compromiso con los derechos humanos, la protección del medio ambiente – aplicando el concepto de desarrollo sostenible –, la superación de las injusticias sociales y el desarrollo de sus pueblos, por el crecimiento de sus economías, por el empeño en mantener la estabilidad económica y por la ampliación y profundización de su proceso de integración”.

El programa económico fue impulsado por el éxito comercial del Mercosur y de los bloques subregionales en diversas partes del mundo en el decenio de 1990. El entonces presidente colombiano Andrés Pastrana señaló en la reunión que el comercio dentro de los bloques subregionales había crecido un 17% anual en el Mercosur y un 14% anual en la Comunidad Andina en el período de diez años anterior a la reunión. En el comunicado conjunto se indicaba que a mediano y largo plazo sólo sería posible que los países sudamericanos se integraran más en la economía internacional con la incorporación permanente de innovaciones tecnológicas, lo que aumentaría el valor añadido de las exportaciones y mejoraría la competitividad regional.

La articulación de las agendas de los países de la región se consideró como la forma más adecuada de negociar el ALCA, considerada en ese momento como inevitable. En el período inmediatamente posterior a la Guerra Fría, los Estados Unidos se consideraban la única potencia mundial, Rusia se estaba desmoronando y las principales preocupaciones de la comunidad internacional con China eran el crecimiento de su población y la piratería de productos de marca occidental.

Es sorprendente recordar que el presidente peruano Alberto Fujimori, unos meses antes de dejar el cargo, declaró al término de ese histórico encuentro que se trataba del certificado de nacimiento de los Estados Unidos de América del Sur. Tal vez lo más inusual para los ojos de hoy es que apellidos, tan divergentes y aparentemente incompatibles como De la Rúa, Bánzer, Cardoso, Lagos, Pastrana, Noboa, Jagdeo, Macchi, Fujimori, Venecia, Batlle y Chávez pudieron dialogar en torno a un programa común de interés para todos los países.

En el decenio de 2000, estimulada por el auge de los productos básicos, la región experimentó un período de relativa estabilidad política, crecimiento económico y distribución de los ingresos sin precedentes. Lula da Silva, Uribe, Kirchner, entre otros, mantuvieron las conversaciones.

En los últimos años, con el fin de la bonanza económica, todos los pilares de la Operación Sudamericana se han debilitado. Los instrumentos de defensa de los derechos humanos se han debilitado y la democracia ha perdido entusiasmo. El comercio intrarregional se ha desplomado, las exportaciones de los países de América del Sur se han reprimido y el mercado manufacturero de la región ha sido ocupado por China, y no por los Estados Unidos, como se imaginaba en 2000. Algunos países se alinean automáticamente con la política exterior de los Estados Unidos y la frágil estructura de gobierno regional autónomo ya no existe.

La falta de institucionalidad de la integración ha sido costosa y el acervo de la integración se ha perdido.

La falta de institucionalidad de la integración ha sido costosa y el acervo de la integración se ha perdido. La cartera de proyectos de infraestructura regional que fue actualizada sistemáticamente por los gobiernos ha sido abandonada desde diciembre de 2017. Se han desactivado otros instrumentos sudamericanos que presentaban resultados satisfactorios en áreas de defensa y salud. 

En marzo de 2019, Sebastián Piñera convocó la más reciente reunión presencial de los presidentes de América del Sur. Siete presidentes asistieron y decidieron reemplazar la Unasur por el Foro Prosur. La justificación presentada en los discursos fue que la Unasur sería ideologizada (influencia bolivariana), burocrática (tratado, regimiento) y costosa (40 funcionarios y un presupuesto anual de 11 millones de dólares).

Después de un año y medio, Prosur ha tenido dificultades para demostrar a qué ha llegado. Se convocaron algunas reuniones de altas autoridades para tratar del Covid-19, pero nunca asistieron representantes de alto nivel de algunos de sus principales países. El foro se ha limitado a declaraciones de algunos de los países de la región, sin que se hayan adoptado medidas prácticas. Uno de los pocos compromisos de Prosur era que el foro sería presidido por un país cada año. El primero sería Chile, que pasaría la presidencia a Paraguay en marzo de 2020. Chile pidió que su presidencia se extendiera hasta diciembre y el presidente Iván Duque exigió que Colombia asumiera la siguiente presidencia en lugar de Paraguay.

Al parecer, no se dan las condiciones para la continuación de la Operación Sudamericana que permitiría a la región actuar como tercero interesado en la nueva polarización entre los Estados Unidos y China y construir agendas comunes en áreas como el desarrollo de las regiones fronterizas, la financiación y las garantías para el comercio intrarregional, la salud y la defensa. La reunión de hace 20 años, sin embargo, no puede ser olvidada.

Foto de krossbow en Foter.com / CC BY

¿El fin del uribismo?

Por
Carlos Andrés Ramírez
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Colombia se ha sumado, recientemente, a la ola de juicios a expresidentes en América Latina. El caso, sin embargo, es singular. No se trata acá de la apertura de un proceso jurídico con ánimo de revancha en el marco de la llegada de una nueva fuerza política al gobierno. Tampoco se trata del resultado, tal como se propone ahora en México, de una iniciativa partidista, con amplio respaldo popular, para enjuiciar exmandatarios. Uribe, de hecho, como todos los expresidentes colombianos, estaba blindado jurídicamente y cuenta con un decreciente pero significativo respaldo popular.

Si no hubiese sido porque, en el 2013, el líder del Centro Democrático decidió postularse para el cargo de senador con el fin de arrastrar la lista de su partido, no hubiese sido posible el proceso que enfrenta actualmente en la Corte Suprema de Justicia. Si no hubiese sido, además, porque Uribe decidió denunciar al senador Iván Cepeda, por una supuesta manipulación de testigos, no se hubiese descubierto, en el transcurso de las investigaciones que, al parecer, era más bien él mismo quien estaba incurriendo en este delito. La corte lo sindica, sobre esa base, de fraude procesal y soborno.

De esa suma de improbabilidades parecerían derivarse cambios significativos en la política colombiana.

El uribismo, cuya existencia precede al partido Centro Democrático, ha sido un proyecto de orden político exitoso, aunque no invulnerable, a lo largo de las dos últimas décadas. El éxito de Uribe se debió, por encima de cualquier otra cosa, a su política de Seguridad Democrática. Su promesa de liquidar las guerrillas no se consumó, pero sí las debilitó, en un grado nunca antes visto, en términos militares. De esa éxito militar, junto a la retórica del ‘orden’ y la ‘Ley’, vive electoralmente el uribismo.

El éxito de Uribe, en términos de diversos indicadores de calidad de la democracia, tuvo, sin embargo, altos costos: el envenenamiento del debate político con un discurso incendiario y polarizador y la simultánea criminalización de toda forma de oposición y protesta social; el uso sistemático de la ‘propaganda negra’ como estrategia de movilización; el asedio y espionaje a líderes de oposición, magistrados, activistas sociales y periodistas; el irrespeto a los DDHH materializado en las 2500 ejecuciones extrajudiciales derivadas de la política de incentivos montada para aumentar el número de ‘bajas’ en la guerrilla y, también, en la promoción de una sistemática política de encubrimiento de las acciones ilegales de miembros de las Fuerzas Armadas; la innegable y, hasta la última campaña presidencial, muy viva interacción entre fuerzas paramilitares, a veces ligadas al narcotráfico, y las fuerzas políticas visibles; la protección de la política clientelista. En suma: nada muy alentador.

se describe a sí mismo como un genuino defensor de la ‘democracia’.

El uribismo, a pesar de lo anterior, se describe a sí mismo como un genuino defensor de la ‘democracia’. Como todos los términos políticos, el de democracia es un término cuyo sentido es parte de la controversia política. Para el uribismo está asociado a ‘anticomunismo’ (pues solo la izquierda impone ‘dictaduras’), a un ‘nacionalismo’ homogeneizador encarnado en su caudillo (los seguidores de Uribe suelen usar camisetas de la selección nacional de fútbol para expresar solidaridad con su líder) y a una comprensión formalista y difusa de la defensa de la “Ley” (la ley no es, en realidad, la Constitución ni los derechos consignados en ella sino un sinónimo de una sociedad “ordenada” en la cual los delitos son castigados con dureza y en la cual, ante todo, se respeta sin restricciones la propiedad privada).

Lo ‘democrático’ radica aquí en que son las mayorías, en tanto sean representadas por el caudillo y sean suficientemente homogéneas, las que definen qué es lo colectivamente aceptable. El uribismo ha asociado esto con el llamado ‘Estado de opinión’: una especie de democracia plebiscitaria que, a su juicio, debe estar por encima de la misma constitución. Se trata de una suerte de cesarismo democrático de rasgos claramente antiliberales: desprecio por el pluralismo y la tolerancia, desprecio por la división de poderes, desprecio por la letra de la ley, desprecio por toda reivindicación de los DDHH (pues esto es ‘comunista’).

Lo paradójico del uribismo radica, sin embargo, en que su repetida transgresión de las leyes reales se hace en defensa de la vigencia, en abstracto, de la Ley. Esa es la paradoja que Carl Schmitt asoció con el concepto de ‘estado de excepción’: para defender, en ciertas circunstancias el espíritu de la ley, se requiere de gobernantes que pueda violar su letra. Esto puede ir, según el grado de radicalismo de sus partidarios, desde restricciones al a libertad de prensa hasta el asesinato de líderes de oposición. En las redes sociales uribistas, nunca cuestionadas o problematizadas por Uribe ni por el subpresidente Duque, esto no es ningún tabú. El uso de la violencia contra ciudadanos no alzados en armas es, para muchos seguidores de Uribe, parte imprescindible de la defensa de la democracia.  

Uribe debería estar inmunizado contra toda “persecución” legal porque él es la encarnación misma de la vigencia de la Ley

El escándalo que representa, para muchos de los seguidores, su detención domiciliaria, radica en que choca fuertemente contra el modelo de la legitimidad de ciertas ilegalidades. A su juicio, Uribe debería estar inmunizado contra toda “persecución” legal porque él es la encarnación misma de la vigencia de la Ley – no de su letra.

Muchos dirán: “sí, una interceptación allí, otra allá; un pactico con fuerzas paramilitares, sí, tal vez; alguna truculencia para hacerse reelegir, tal vez, cierto. Pero esto era necesario: se trataba de salvar la patria”. Muchos empresarios, que se vieron favorecidos en términos de seguridad y en términos tributarios, por los dos gobiernos de Uribe, probablemente piensen de esta forma. Por eso han salido en bloque a respaldarlo.

Una eventual sentencia condenatoria no representaría solo una intensificación del declive de un político poderoso, sino un duro golpe a un modelo de orden político del cual él es la cabeza visible. Aunque el desarrollo del proceso es ahora incierto, ya que tras la renuncia de Uribe a su investidura de senador no se sabe si seguirá en manos de la Corte Suprema, una decisión de los magistrados contraria a sus expectativas no tendría, por eso, solo valor judicial. Una vez descabezado, el proyecto hegemónico uribista se arrastraría con dificultad. No obstante, sería equivocado concebir tal decisión eventual como el fin del uribismo. 

Por un lado, los seguidores de Uribe y congresistas de su partido han anunciado que defenderán con uñas y dientes a su líder, incluso si esto incluye desafíos al orden constitucional y eventuales actos violentos de sectores radicales. La senadora Paola Holguín convocó, por ejemplo, a la reserva activa del ejército a defender al expresidente. Los defensores de la excepcionalidad ya no cuentan con mayorías pero están dispuestos a arrastrar al país a un caos total en su nombre.

Por otro lado, aún si Uribe fuese condenado y se lograran contener las arremetidas de la ultraderecha para garantizar la impunidad de su líder, el uribismo va a seguir moviendo a un sector significativo de la población.  Fujimori, un político semejante a Uribe, fue condenado en Perú a 25 años de prisión y, pese al acumulado de evidencias y a la gravedad de los delitos cometidos, el fujimorismo sigue siendo una poderosa fuerza política en Perú. Keiko Fujimori, en el 2016, estuvo cerca de ganar la presidencia. En Colombia ya se está hablando de la posible candidatura presidencial de Tomás Uribe, el hijo mayor de Álvaro Uribe Vélez.

Foto de @lozanopuche en Foter.com / CC BY-NC-ND

COVID-19: la crisis sigue; la estabilidad no

Por
Gregorio Vidal
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La información sobre la pandemia de la COVID-19 continúa siendo abrumadoramente negativa. El número de personas contagiadas superó los 21 millones y las muertes se aproximan rápidamente a 800.000. La pandemia existe con fuerza en los cinco continentes, y en algunos países se presenta un incremento notable de contagios y fallecimientos y, en otros, hay serias dificultades para contener los rebrotes.

En Nueva Zelanda, que llevaba más de 100 días sin nuevos contagios, hubo un rebrote en Auckland, que llevó al Gobierno a aplicar nuevamente el más alto nivel de confinamiento en la ciudad que concentra el 36% de los habitantes del país.

Aunque han pasado más de 160 días desde que se detectó el primer caso, el alto número de nuevos contagios que se registran en varios países es un indicador de que la pandemia permanece. Tanto por los rebrotes como por el impulso que conserva, los contagios pueden extenderse o regresar a otras áreas de la geografía mundial.

En muchos países se ha optado por continuar aplicando, con diverso grado, las medidas de confinamiento social y esperar a la producción de la vacuna»

A la fecha, se mantiene como opción el control de la pandemia de la COVID-19 a través de medidas de confinamiento social, evitando las aglomeraciones, sobre todo, en lugares cerrados, lo cual afecta fuertemente el desempeño de las actividades económicas.

Frente a esta situación y partiendo del punto de vista de que la COVID-19 es simplemente un choque externo, en muchos países se ha optado por continuar aplicando, con diverso grado, las medidas de confinamiento social y esperar a la producción de la vacuna. Es un asunto que está cargado de economía y de política.

Contar con la vacuna es, para algunos países, un éxito que demuestra su fortaleza institucional. En otros, es una actividad que se lleva a cabo por las grandes compañías farmacéuticas y de biotecnología. Es una carrera que comprende apoyo gubernamental, firma de contratos por parte de los Gobiernos y en estos contratos se establecen compromisos de pagos y otros medios destinados a alguna empresa en particular y que tiene resultados en el comportamiento bursátil de las propias compañías.

Un ejemplo es Moderna Inc, que tiene un crecimiento en el precio de sus acciones desde el 23 de marzo, debido a la expectativa de contar con una vacuna contra la COVID-19, y que tuvo recientemente un notable impulso por el acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para la entrega de 100 millones de vacunas. Según la compañía, le reportarán recursos por hasta 2.480 millones de dólares, incluyendo los pagos por la entrega oportuna del producto.

AstraZeneca, que trabaja con la Universidad de Oxford, también mantiene acuerdos de venta con los Gobiernos de Holanda, Alemania, Francia e Italia. En Bolsa, reporta resultados muy favorables desde el 19 de marzo.

El crecimiento de las cotizaciones bursátiles de empresas farmacéuticas y biotecnológicas en meses recientes no es excepcional. En Estados Unidos los mercados bursátiles tuvieron un aumento sostenido durante todo 2019 y hasta el 19 de febrero de 2020. Desde entonces y hasta el 23 de marzo se produjo una considerable caída.

El Standard & Poor’s 500 (S&P500) disminuyó en ese lapso un 34%. El Nasdaq 100 y el DJ30 tuvo reducciones semejantes. Sin embargo, a partir de allí hubo una recuperación sostenida hasta el punto de que el S&P500 está actualmente por alcanzar su máximo histórico, y el Nasdaq 100 cerró el 14 de agosto con un incremento de 14,9% con relación al 19 de febrero y, además, con máximos históricos.

En otros importantes mercados bursátiles hay un comportamiento semejante. El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó, en la actualización de junio del Global Financial Stability Report, que después de haber tocado mínimos en marzo, los mercados bursátiles se han recuperado y, en promedio, han retornado aproximadamente al 85% de los niveles de mediados de enero.

El cambio no se explica sin tener en cuenta las decisiones de los principales bancos centrales, en especial, la Reserva Federal (FED) y el Banco Central Europeo (BCE). El punto de partida fue el mantenimiento o la reducción de las tasas de interés.

A ello se suma la ejecución de medidas para dotar de liquidez al sistema bancario-financiero, que incluyen nuevas rondas de compras de activos, líneas de crédito recíproco en dólares de Estados Unidos y otros mecanismos que han sido creados para salvaguardar los intercambios de títulos de deuda.

La FED agrega, a la compra de deuda del Gobierno, la adquisición de deuda municipal, deuda con colateral de activos hipotecarios y deuda corporativa. El BCE también realiza un amplio programa de adquisición de títulos de deuda. En conjunto, los bancos centrales mantendrán estas medidas, sin que consideren la fecha en que dejarán de emplearse.

Es una situación de desconexión entre el comportamiento de los principales mercados financieros que reportan ganancias y el resto de las actividades económicas»

Es una situación de desconexión entre el comportamiento de los principales mercados financieros que reportan ganancias y el resto de las actividades económicas con resultados notoriamente negativos. Las cifras sobre la contracción de las economías no dejan de crecer. En el terreno financiero, la recuperación en el precio de las acciones de muchas empresas no guarda relación con su propio desempeño, los reportes de ventas y de utilidades. Incluso en aquellas con resultados positivos, las ganancias de los principales accionistas son notoriamente elevadas.

Según el Institute for Policy Studies, que parte de datos de Forbes, la riqueza de los estadounidenses, que tienen activos por más de mil millones de dólares, aumentó entre el 18 de marzo y el 5 de agosto en 685 mil millones de dólares, un incremento de 23,8% en algo menos de seis meses. La crisis trabaja muy desigualmente y algunos pocos están alcanzando cuantiosas ganancias, amparados en las políticas que ejecutan los bancos centrales y en medio de las consecuencias de la COVID-19.

Coleção de fotos do Banco Mundial en Foter.com / CC BY-NC-ND

¿Adiós a la ciudad de clase media?

Por
Fabián Echegaray
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Pocos matrimonios explican el avance hacia la modernidad como el de las clases medias y las ciudades. Las ciudades son epicentros de capital y creatividad, reúnen los mejores empleos, talentos, escuelas y universidades. Es donde se hospedan los espacios de desarrollo cultural, artístico y científico, prosperan los emprendimientos comerciales o tecnológicos, florece la innovación social y fructifica la movilización política progresista.

Esas mismas condiciones favorecen la multiplicación de las clases medias y atrae sectores rurales o suburbanos con aspiraciones económicas, cívicas o intelectuales. Cuanto más urbano el contexto, más oportunidades de movilidad social y de crecimiento de las clases medias; asimismo, el ensanchamiento social de las costumbres burguesas facilita la consolidación del espacio y espíritu metropolitano.

Metropolitanización y aburguesamiento social caminan juntos»

Metropolitanización y aburguesamiento social caminan juntos, un matrimonio con varios hijos célebres. De las libertades civiles a la democracia política. De la sofisticación cultural e intelectual a la meritocracia como criterio de recompensa educativa o profesional. Y del espíritu emprendedor privado a las iniciativas de economía creativa, circular y colaborativa.

Históricamente han sido las capas medias urbanas las que presionan a los Gobiernos para mejorar su desempeño, los fuerzan a proveer servicios de educación y salud, una infraestructura adecuada, un medio ambiente más limpio o políticas más efectivas contra la inflación o el crimen. También son ellas las que actúan como barrera ante proyectos autoritarios, de impunidad judicial o abuso fiscal. Por lo tanto, no es poco lo que naufraga cuando las clases medias menguan y las ciudades son percibidas como lugar de amenaza en vez de realización personal y colectiva.

El cierre de la economía y el aislamiento social para combatir la COVID-19 desafían a ambos protagonistas de manera drástica. Clases medias y ciudades son culpabilizadas por diseminar el virus. Las primeras, por importarlo, fruto de sus viajes internacionales por vacaciones, intercambios o trabajo. Las segundas son culpadas por su fenomenal densificación edilicia, lo cual representa un escollo para evitar las aglomeraciones, así como por los hábitos de sus estamentos medios, proclives al uso de áreas públicas para esparcimiento o sociabilidad.

Las ciudades concentran la inmensa mayoría de los casos, pero poco se habla de ellas como víctimas»

Las ciudades concentran la inmensa mayoría de los casos, pero poco se habla de ellas como víctimas y —por lo tanto— candidatas a un auxilio del tesoro nacional. El auxilio se saltea particularmente las alcaldías metropolitanas para dirigirse a la red hospitalaria, así como a las secretarías nacionales de compras, alimentos o planificación. Ni un peso, real o sol para las ciudades.

Socialmente, el auxilio se individualiza y se puentea a las clases medias para orientarse a los más pobres o a los grandes grupos económicos. Excepto Chile, donde se aprobó un paquete de préstamos por 1.500 millones de dólares, exclusivo para ese segmento social, no hubo ayuda del Gobierno. En Argentina y Brasil la oferta de créditos para las pequeñas empresas (eje financiero de parte de la clase media urbana) simplemente no funcionó, y se benefició a una ínfima fracción de los destinatarios.

Siguiendo tendencias urbanistas en boga desde los años noventa, las alcaldías metropolitanas promovieron pesadamente la revitalización de los centros históricos, favoreciendo la concentración humana y la densificación residencial, inclusive como política de sostenibilidad ambiental. Se incentivó la aglomeración intensa de actividades comerciales y culturales en áreas definidas y se emplearon medios optimizados de transporte público y movilidad colectiva. Esto llevó a que en la actualidad más de ocho de cada diez latinoamericanos vivan en ciudades.

Las políticas de planificación urbana priorizaban la generación de condiciones de buena calidad de vida en la metrópolis bajo el supuesto de que el tiempo libre, laboral o de estudio ocurriera fuera del hogar. Trabajar en oficinas, estudiar en escuelas y universidades, aprovisionarse en supermercados, socializar en restaurantes, cafés, cines y teatros, o ejercitarse en calles, plazas o parques. La construcción de bicisendas, la recuperación de parques y plazas, y el ensanchamiento de las calzadas peatonales en los microcentros ilustran la tendencia.

Paralelamente y ante el supuesto menor uso de la vivienda, los nuevos códigos de construcción civil alentaban el minimalismo. No pocos ambientalistas defendían ese nuevo modelo como forma efectiva de reducir los gases de efecto invernadero y proteger los ecosistemas y la biodiversidad fuera de las ciudades.

El aislamiento social y el cierre económico elimina dos de los incentivos más poderosos para vivir en las ciudades. Estas falencias, sumadas al encierro en departamentos que no fueron planeados para servir como espacios multitareas 24×7, terminó por sembrar en las clases medias la necesidad de viviendas más amplias o el acceso a áreas verdes próximas, si no a un jardín propio, algo imposible para la gran mayoría en una megaciudad. La solución es cambiar la gran ciudad por pueblos o suburbios, principalmente si el futuro del trabajo, estudio, compras y tantos otros hábitos es más virtual que presencial.

De irresistibles hábitats oferentes de oportunidades profesionales, sueños económicos, glamour cultural, networking social y libertades y derechos ampliados, las ciudades se convierten en sinónimo de riesgo contaminante. Diferentes estudios revelan el creciente desinterés por continuar viviendo en las metrópolis. Baja la cantidad de británicos que desea vivir en urbes y dobla su percepción de las ciudades como espacios menos atractivos (Ipsos-Mori). Y cuatro de cada diez parisinos piensan en abandonar la ciudad de las luces privilegiando áreas rurales o suburbanas (ENMMV/Mobile Lives Forum).

Proyectos de repoblación rural ganan fuerza en el interior argentino con más de 20.000 voluntarios inscriptos (Fundación Es Vicis). En San Pablo capital se disparan las búsquedas por residencias en municipios menores próximos (+124%, Imovelweb) o en el interior del estado (+ de 340%, Grupo Zap). Los más interesados en este éxodo urbano son familias y profesionales de clase media.

La despoblación de las ciudades ocurre paralelamente al encogimiento de las capas medias»

Bajo el signo de la pandemia, la despoblación de las ciudades ocurre paralelamente al encogimiento de las capas medias. Antes de la COVID-19, algunas proyecciones apuntaban que para el año 2030 casi dos de las terceras partes de la humanidad sería de clase media en función de sus gastos e ingresos (instituto Brookings), una situación que varios países de América Latina ya habían alcanzado promediando el 2010 a partir de una lectura generosa de indicadores de consumo realizada por institutos oficiales de censos y criterios de clasificación socioeconómica. Solo en Brasil, 42 millones de personas pasaron a poblar la “nueva clase media” (IPEA; IBGE 2012).

La subsecuente crisis económica abortó ese movimiento, la cuarentena terminó de liquidarlo. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 29 millones de latinoamericanos cambiarán de clase media para convertirse en “nuevos pobres”. Endeudada o sin ingresos debido al desempleo y la debacle económica pospandemia, la clase media abandona alquileres y compras no esenciales, cursos y seguro médico particular, microempresas y entretenimiento offline. Son los hogares de clase media los que también más sufren las consecuencias psicológicas de la cuarentena, disparando los casos de violencia doméstica, depresión y divorcios, lo cual genera nuevos gastos y profundizan el empobrecimiento de sus miembros. Junto a esa pauperización de los segmentos medios, desfallece la ciudad como red de actividades comerciales y culturales.

Ciudades vacías de clase media (por ruina financiera o por éxodo) significarían un retroceso casi medieval a sociedades socialmente desiguales y polarizadas que no controlan a sus Gobiernos, negligencia cultural y científica, y libertades y derechos deshidratados. Como en otras latitudes, la modernización latinoamericana se nutrió de ciudades y clases medias urbanas vigorizadas, y continuará dependiendo de estas para completar su promesa de progreso social, económico y político.

Foto de Claudio Olivares Medina en Foter.com / CC BY-NC-ND

Venezuela: ¿ir a elecciones parlamentarias?

Por
Laura Gamboa
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Coautores Maryhen Jiménez Morales y Raúl Sánchez Urribarri / El 3 de agosto de 2020, 27 partidos representantes de la oposición venezolana anunciaron que no participarán en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020. Esta decisión ha causado mucha controversia. Por un lado, estas elecciones ocurren en un contexto de pandemia, con un sistema cada vez más autoritario —con árbitros cuestionados y un sistema electoral destruido— en el que una victoria opositora es imposible y participar podría legitimar comicios fraudulentos. Por otro lado, no participar le facilitaría al régimen la consolidación de su proyecto político. ¿Cómo nos acercamos a este dilema?

Esta disyuntiva es típica de elecciones en regímenes autoritarios. Los cuerpos legislativos son relevantes, incluso en autocracias como Venezuela. Las legislativas venezolanas son particularmente importantes, pues es el primer proceso electoral desde los comicios presidenciales de mayo de 2018 —que llevaron a la reelección ilegítima de Nicolás Maduro— y constituyen una pieza clave para que el madurismo termine de consolidar el control institucional del país. Si son tan importantes, ¿por qué no participar? 

Primero, nada indica que la oposición tenga posibilidades reales de ganar o de que, de hacerlo, el régimen vaya a respetar los resultados. Los partidarios de la participación incondicional se refugian en su victoria de diciembre de 2015, cuando conquistaron la Asamblea Nacional (AN) contra todas las expectativas. Sin embargo, en 2015 Venezuela era un “autoritarismo competitivo.” Aunque las elecciones ya eran irregulares e injustas, constituían espacios de contestación real del poder. Como lo demostró la victoria de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), el triunfo de la oposición era improbable, mas no imposible. Adicionalmente, en ese entonces, la oposición logró coordinar sus acciones y presentar una oferta electoral consensuada.  

Ahora bien, el escenario hoy es radicalmente distinto. En 2015, Maduro entendió que, si la oposición se organizaba y participaba, era capaz de desafiarlo seriamente y, en consecuencia, cambió su estrategia autoritaria. Desde entonces ha buscado mantenerse en el poder a través del abuso desmedido de diferentes mecanismos institucionales y el también aumento desmedido de la represión contra los políticos de oposición y la sociedad. Desde el 2016 la oposición ha perdido 28 de las 112 curules que ganó en el 2015. Como si eso fuera poco, en junio de este año, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asaltó los poderes de la AN para nombrar un Consejo Nacional Electoral favorable al Gobierno y, recientemente, dictó sentencias que legalizaron el control del Gobierno de dos de los partidos más importantes de oposición: Primero Justicia y Acción Democrática.

A ello se suma la represión física de la oposición. El año pasado hubo 574 víctimas de torturas, 852 de tratos o penas crueles e inhumanas; 1.804 allanamientos ilegales; 789 amenazas y hostigamientos por parte del Gobierno (o de agrupaciones paramilitares aliadas); 1.692 detenidos en medio de protestas pacíficas y más de 193 por razones políticas. Peor aún, mas de 1.000 personas murieron como consecuencia de la intervención de policías y militares.

Sin duda, ante este panorama resulta difícil participar y, aun más cuesta arriba, ganar. ¿Cuál es la ventaja de participar en unas elecciones pensadas para que se afiance el autoritarismo?

Los dilemas y las respuestas no son tan simples. Abstenerse tiene un alto costo para la oposición. A pesar de todos los abusos del Gobierno, el control de la AN le ha proporcionado a esta, espacios importantes de lucha. Gracias a dicho control, la oposición pudo negarle el reconocimiento a la controvertida reelección de Maduro en 2018 y establecer la presidencia interina de Juan Guaidó en 2019, lo cual contó con el reconocimiento de más de sesenta países de la comunidad internacional.

El poder legislativo ha servido, a su vez, para visibilizar las angustias que padece la sociedad, contener la ambición de poder de Maduro y ejercer algunos niveles de democracia y debate»

El poder legislativo ha servido, a su vez, para visibilizar las angustias que padece la sociedad, contener la ambición de poder de Maduro y ejercer algunos niveles de democracia y debate. Incluso si descontamos los partidos y diputados cooptados por el Gobierno, la oposición todavía tiene un número significativo de curules en la AN. Si participan, puede que las pierdan, pero, si no, es seguro que esas curules pasarán a ocuparlas el Gobierno y sus aliados. 

Adicionalmente, las parlamentarias podrían ayudar a mediano o largo plazo a modificar la estructura de oportunidades para la oposición. Las elecciones son coyunturas con objetivos claros y tiempos limitados, que abren espacios para la organización y movilización. De otros contextos autoritarios —e. j. Serbia (2000) o Filipinas (1986)— sabemos que, aun cuando el control es absoluto y las elecciones, fraudulentas, una oposición organizada y movilizada puede producir cambios sobrevenidos y derrotar a dictadores sin apelar a la violencia. Dichos cambios, sin embargo, no se logran de un día para otro. El trabajo necesario para ese tipo de movilización toma años y —en no pocas ocasiones— un par de ciclos electorales fallidos.     

Por tanto, no es claro que renunciar a priori a esta oportunidad para articularse y movilizarse sea una buena alternativa y podría desmovilizar aún más a la oposición. Los dos últimos años han sido devastadores para la coalición opositora. El impulso que le dio el anuncio de la presidencia interina de Guaidó en enero de 2019 se diluyó entre las arbitrariedades del Gobierno y errores propios de la oposición y algunos de sus aliados internacionales.

Coordinar acciones en torno a los comicios le podría permitir a la oposición encontrar mecanismos de acuerdo, organizar a sus partidos, establecer vínculos sólidos con la sociedad civil y líderes locales»

A pesar de que ganar sea imposible, coordinar acciones en torno a los comicios le podría permitir a la oposición encontrar mecanismos de acuerdo, organizar a sus partidos, establecer vínculos sólidos con la sociedad civil y líderes locales, así como elaborar una narrativa esperanzadora que entusiasme a la población. El gobierno de Maduro cuenta con más del 80% de rechazo, y más del 62% de la población desea que la oposición participe en el proceso electoral. Estas cifras son esperanzadoras. Utilizar la fecha de las parlamentarias como una oportunidad para la coordinación y el renacimiento de un movimiento amplio prodemocracia podría permitir avanzar, así sea a mediano-largo plazo hacia un cambio político.

En último caso, la pregunta sobre la participación o no el 6 de diciembre se inscribe en un contexto más amplio. El sistema está creado para que la oposición mayoritaria pierda. La clave, tal vez, es pensar las elecciones no como un mecanismo para alcanzar el poder de inmediato, sino como un paso en un plan más largo, como un momento para la organización y acción colectiva. El plan, sin embargo, está todavía por verse. 

Foto de Luis Carlos Díaz en Foter.com / CC BY-NC

¿Y si nos vamos todos a la China?

Por
Esteban Caballero
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“El verdadero desafío para los Estados Unidos es preguntarse si están preparados para vivir con otro país (China), con una historia diferente, una cultura diferente, quizás un sistema diferente, pero sin ningún deseo de competir con los Estados Unidos por el predominio a escala global. ¿Están los estadounidenses listos para vivir con nosotros en paz?” (embajador de China en EE. UU., Cui Tiankai). Esta es la interrogante que hace el embajador al finalizar su entrevista con MSNBC y en un ambiente de creciente tensión entre los dos países. No hubo respuesta a la pregunta del embajador, pero quedó en el aire, reverberando en distintos rincones del mundo. Entre ellos, Latinoamérica.

La tensión es multifacética. Muchos piensan que se debe, sobre todo, a la coyuntura preelectoral en los EE. UU. En el libreto de Donald Trump, siempre es importante tener un enemigo. En 2016 era el muro para detener la invasión de los hispanos; ahora son los chinos. Sin duda, este factor preelectoral está agudizando las tensiones en un juego muy peligroso para la paz y la seguridad mundial. La cuestión es calibrar cuánto de ello se desvanecerá si en noviembre gana el candidato demócrata Joe Biden y, si con ese resultado, las pistolas se volverían a enfundar.

Aunque las encuestas apuntan a la posibilidad de que Biden gane, ningún decisor de política exterior puede descartar aún la reelección de Trump. Sin embargo, aun ante una eventual victoria demócrata, muchas de las críticas a la situación de los derechos humanos, el espionaje industrial, la ambición territorial en el mar del sur de China, el ataque a las libertades en Hong Kong y la evidente y nueva influencia china en el mundo seguirán afectando la política exterior norteamericana. En consecuencia, también su opinión respecto a las relaciones de China con Latinoamérica.

Existen varias enmiendas y acciones legislativas con sustento bipartidista en el Congreso que nos indican que la tensión con China es más profunda. Por ejemplo, está la enmienda a la Ley de Política hacia Hong Kong de 1992, ahora titulada Ley sobre los Derechos Humanos en Hong Kong. Igualmente, está el apoyo a la Ley sobre los Derechos Humanos de los Uigures o las precauciones tomadas en torno a los Institutos Confucio. 

El ascenso de un nuevo poder económico a escala mundial, necesariamente afectará la presencia y la acción de las otras grandes potencias»

Por otro lado, el conflicto tiene que ver con un clásico reajuste en el equilibrio de poderes que seguirá alimentando respuestas y contrarrespuestas políticas. El fenómeno del ascenso de un nuevo poder económico a escala mundial, necesariamente afectará la presencia y la acción de las otras grandes potencias, sean estas Estados Unidos o la Unión Europea.

China es un país de 1.4 mil millones de personas, en un vasto territorio, pero con una superficie cultivable que abarca solo el 12%. Su economía debe proveer a esa inmensa población y mantener la promesa de progreso y bienestar. La magnitud del desafío es tal que únicamente con un crecimiento de su área de influencia puede mantenerse a flote. El despliegue actual de la nueva Ruta de la Seda (One Belt, One Road Initiative) es sintomático de esa gran China que quiere asegurar sus vasos comunicantes con el mundo mediante una red de puertos, telecomunicaciones y otras infraestructuras para fomentar el comercio y asegurarse insumos y mercados para poder seguir creciendo y avanzando. En América Latina, China ha encontrado economías complementarias, fuentes de minerales y metales, petróleo y alimentos.

El punto es que, si bien China se esfuerza por darle a dicho despliegue un carácter exclusivamente económico, sus movimientos atizan las sensibilidades geopolíticas. El hecho de que China haya firmado un borrador de acuerdo económico y de seguridad con Irán es un ejemplo y expone su total desacuerdo con la estrategia estadounidense de poner máxima presión en Teherán. Por otro lado, el hecho de que en América Latina el principal recipiente del crédito y financiamiento chino sea Venezuela también agudiza las tensiones.

El primer ministro de Singapur escribió en Foreign Affairs que para los países del sudeste asiático sería un grave problema tener que elegir entre Estados Unidos y China, y abogó por mejorar la relación y establecer un marco de cooperación y competencia, de manera de frenar el desliz hacia una competencia aguerrida. Algo similar, aunque quizás no tan urgente o grave, se debe plantear en América Latina. China ya es el mayor acreedor de América Latina y ha superado la cifra total de préstamos concedidos por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Comisión Andina de Fomento. El intercambio comercial se ha incrementado sustancialmente y ha llegado a alrededor de 300 mil millones de dólares. China ha incrementado su inversión directa extranjera en el período de 2012 a 2017 a 65 mil millones de dólares. Esta es una de las razones por las cuales el gobierno de Trump esta proponiendo como presidente del BID a Mauricio Claver-Carone, un cubano-americano conservador. 

En realidad, la región tiene dos opciones: tratar el asunto China-EE. UU. en un ambiente crecientemente caótico e impredecible, como está sucediendo en este momento con el gobierno de Trump, o tratarlo en un ambiente más estructurado y con la ventaja de poder entablar un diálogo más razonable con una administración demócrata. Pero, en ambos casos, el tema va a tener que pasar a otro nivel en la política exterior de los países latinoamericanos.

Hay que tener una sana desconfianza de las intenciones de Xi Jinping»

Para ello, Latinoamérica deberá reconocer algunas pautas que nos parecen de importancia cardinal. Por un lado, tener una mayor coordinación regional en cuanto a la postura de los países con respecto a cómo encarar un marco de cooperación y competencia entre las dos grandes potencias. Hoy por hoy, dicha coordinación no existe, y hay evidentes diferencias políticas. ¿Por qué Colombia y Brasil apoyan una presidencia americana en el BID, y otros buscan alternativas? Por el otro, hay que tener una sana desconfianza de las intenciones de Xi Jinping. La negociación para minimizar los costos y maximizar los beneficios de la relación con China está a la orden del día. Eso depende de evitar que la relación comercial y el financiamiento prolonguen la primarización de la economía latinoamericana y de abrir las puertas a un mayor valor agregado en la cadena de suministros. También está la necesidad de ejercer una mayor presión para que los créditos de China no vengan como paquetes atados en los que los proveedores de ese país son los únicos beneficiarios de las inversiones.

Por último, y muy importante, plantearíamos un aspecto más bien político. El embajador de China en EE. UU. habló de compartir el mundo con un país diferente en cuanto a historia, cultura y “sistema”. En ese sentido, América Latina debería compartir el mundo con China y expresar de manera clara su diferencia; que en el mundo no solo hay comercio, sino también democracia, libertad, derechos. La región obviamente tiene interés en profundizar las relaciones, pero en lo que se refiere a principios se debería ubicar en el lado opuesto a los “sistemas” autoritarios, como el chino. La región no es el gran emblema del Estado de derecho democrático y representativo, pero hoy por hoy, salvo las conocidas excepciones, la región puede abogar por la necesidad de mantener la vigencia de consensos basados en los derechos humanos, con democracia, libertades públicas, justicia social y pluralismo.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Trump encabeza campaña de retroceso

Por
Federico Finchelstein
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Ya no hay términos medios. El diario más importante del mundo llama a las cosas por su nombre. Y lo hace desde la tapa. Así analizó el New York Times en su primera página la reacción del presidente Donald Trump frente al anuncio de la fórmula demócrata: “Trump se sumó al aluvión con un tweet racista… en el que afirmaba que Biden pondría a otro líder negro, el senador Cory Booker, de Nueva Jersey, a cargo de las viviendas para personas de bajos ingresos en los suburbios”.

Para el diario, ese tweet continuó con la “táctica de Trump de jugar con los temores racistas blancos sobre los esfuerzos de integración”. El mismo día, el presidente denunció una “invasión” y propuso la exclusión de minorías pobres, es decir, personas de color que quieren vivir en los suburbios.

Parece que Trump quiere que su país se parezca de nuevo a un pasado que líderes como Martin Luther King, o Nelson Mandela, de Sudáfrica, lucharon por cambiar»

Nunca Trump se había atrevido a tanto. Nunca la prensa principal del país lo había definido como lo está haciendo ahora. Parece que Trump quiere que su país se parezca de nuevo a un pasado que líderes como Martin Luther King, o Nelson Mandela, de Sudáfrica, lucharon por cambiar. La propuesta de campaña es un Estados Unidos de «bantustanes» del apartheid.

Esta realidad y su presentación explícita en los medios hubiera sido impensable hace solo algunos años. Luego de la violencia de siglos y décadas anteriores, al menos en las campañas presidenciales, las grietas se disimulaban y se volvían, por eso mismo, menos grietas. Luego de una campaña muy dura, el ganador Barack Obama recibió a su contrincante, el senador John McCain, en el living de su casa.

En este punto, Estados Unidos comenzaba a asemejarse cada vez más a Latinoamérica, con la excepción del Brasil de Jair Bolsonaro. En nuestro continente las campañas no están claramente inspiradas en los métodos de propaganda, odio y mentiras típicas del fascismo global y también vernáculo.

La selección de Kamala Harris, la primera mujer afroamericana e hija de inmigrantes en ser candidata en una fórmula presidencial, hizo explícito lo que por mucho tiempo la prensa independiente trató con eufemismos: de un lado, está el racismo de Trump y, del otro, el antirracismo de la mayoría. Es decir, Joe Biden y Harris representan de nuevo a la mayoría electoral que perdió la elección presidencial anterior por los artilugios del arcaico colegio electoral.

Es necesario recordar que justamente el colegio electoral fue un factor central para la defensa del esclavismo y que este fue eliminado por la guerra civil que ganó el orden legal que fue encabezado por el presidente Abraham Lincoln en 1865. En este marco, Trump también se ha identificado recientemente con el bando perdedor por razones que obedecen a la misma estrategia racista que menciona el New York Times.

No es nueva en la historia del país del norte la idea de hacer campaña con la xenofobia»

Pero si hay cosas nuevas, y muchas, en este odio parapetado en la Casa Blanca, no es nueva en la historia del país del norte la idea de hacer campaña con la xenofobia, la “ley y el orden”, los miedos y el nacionalismo. Por supuesto que, en realidad, esta no es solamente una historia americana.

En la India, Narendra Modi; en Hungría, Viktor Orban y, en Brasil, Bolsonaro, intentan reformular al populismo en clave fascista; pero en Estados Unidos la campaña de Trump también remite a otras campañas locales cuya forma de hacer política fue abiertamente racista, en particular las candidaturas del gobernador de Alabama, George Wallace, en los años sesenta y principios de los setenta.

Wallace, candidato de “la ley y el orden”, atacó al Gobierno en 1963 por considerar que quería convertir a los políticos en “amos del pueblo” y que era “lo opuesto de Cristo”. Insistía en la necesidad de mantener la “¡segregación ahora! Segregación mañana!”. Wallace defendía el racismo “en nombre de la gente más importante que haya pisado esta tierra”. Por “la gente” entendía a norteamericanos blancos.

Como es algo ya famoso, Wallace sostenía que la ciudad de Nueva York no era precisamente un ejemplo para el resto del país: “En Nueva York no puedes caminar de noche por el Central Park sin temer que te violen, asalten o disparen”. Fue precisamente esa idea de que el Central Park era el lugar donde se veía lo que andaba mal en el país lo que le dio notoriedad a un entonces joven populista en proceso de formación.

El contexto fue el caso de los Central Park Five en 1989. Según CNN, “el caso comprendía a cinco adolescentes de color erróneamente acusados y condenados por golpear y violar a una mujer en el Central Park. Trump compró avisos a toda página que publicó en varios periódicos de Nueva York y que decían: ‘Devuélvannos la pena de muerte. ¡Devuélvannos nuestra policía!”. Los chicos, erróneamente acusados, “fueron exonerados en 2002, cuando otro hombre confesó el crimen y el ADN respaldó su confesión”.

En 1989, refiriéndose al caso, Trump decía que “los avisos eran muy fuertes y francos, y lo que pedían era ley y orden. Y no estoy hablando solo de Nueva York. Estoy hablando de todo”. “Tal vez odio sea lo que necesitamos, concluía, si queremos que se haga algo”. Esta combinación inicial de “ley y orden” y tanto propaganda como mentiras racistas fue el primer intento de Trump de hacer política con el libreto de Wallace, pero también de Josef Göebbels.

Más tarde se convertiría en el sello de fábrica de la exitosa carrera de Trump hacia la Presidencia en 2016. Esta forma de mentir y fomentar la paranoia y el odio sigue marcando su intento desesperado de mantenerse en el poder. Si pierde la elección, también perderá su inmunidad. Infinidad de procesos legales lo seguirán y, por esta razón, espera que el racismo lo salve.

Es cierto que su lema MAGA (Hagamos grande a Estados Unidos otra vez) implicaba de forma implícita una propuesta en la que el país anterior regresara a los cambios en los derechos civiles de los años sesenta, pero su actual campaña electoral quiere convertir ese pasado racista en promesa de presente y futuro.

*Un texto publicado originalmente en el diario Clarín, Argentina

Foto de Johnny Silvercloud en Foter.com / CC BY-SA

América Latina: el abismo tan temido

Por
Andrés Serbin
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El año 2019 fue un annus horribilis para América Latina. Junto a una marcada desaceleración y a un magro crecimiento económico que apenas alcanzó un 0,1%, la región vivió una multiplicación de movilizaciones y protestas sociales que afectaron tanto a Gobiernos de izquierda como de derecha dentro de lo que fue una reconfiguración  —elecciones mediante— del mapa político.

Pero el año 2020 trajo la pandemia de la COVID-19 que, pese a las diferencias nacionales, profundizó algunas de las tendencias y similitudes existentes, y acentuó algunos rasgos estructurales que constituyen el trasfondo de los múltiples desafíos que enfrentará la región para salir a una fase de pospandemia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) adelantó que, a consecuencia de la pandemia, se producirá la peor recesión de la historia de la región, con una contracción del PIB de un 5,3% en 2020 y un aumento de la tasa de pobreza del 30,3% al 34,7%.

El Banco Mundial (BM) asomó que la contracción podría llegar a más de un 7% dentro de lo que es la peor crisis de la región desde 1901.

Con el título genérico de Informe Iberoamérica 2020, un documento reciente presentado por la Fundación Alternativas de Madrid, apunta a la mala hora que atraviesa y atravesaría Latinoamérica. El informe señala algunos de estos rasgos, tal es el caso de la desigualdad preexistente que afecta la estabilidad política y el incremento de las demandas y expectativas sobre los avances sociales de años precedentes, que responden a pugnas redistributivas y a exigencias de mejores políticas públicas por parte de diferentes sectores sociales.

Una crisis de representación que marca retrocesos democráticos que están relacionados con el bajo nivel de confianza en las instituciones políticas»

El informe resalta, asimismo, que se trata del peor desempeño económico de los últimos sesenta años, lo cual agudiza los problemas estructurales que están vinculados a la escasa diversificación productiva y a la excesiva dependencia de las materias primas (y de su demanda por parte de China). A esta situación se suma, además, una crisis de representación que marca retrocesos democráticos que están relacionados tanto con el bajo nivel de confianza en las instituciones políticas como con un desencanto (y una deslegitimación consecuente) con respecto a la capacidad de las élites políticas y de los liderazgos existentes de satisfacer las demandas ciudadanas.

La creciente incidencia de actores extrarregionales convierte a América Latina y el Caribe, pese a su aparente carácter periférico, en un campo de pugnas y confrontaciones geopolíticas y geoeconómicas»

La polarización política por esta fatídica combinación de factores no solo nutre las fracturas ideológicas, sino que también impacta la capacidad de crear respuestas regionales frente a un entorno internacional sumido, a su vez, en una compleja transición. La rivalidad entre los Estados Unidos y China no es el único eje de este proceso. La creciente incidencia de actores extrarregionales convierte a América Latina y el Caribe, pese a su aparente carácter periférico, en un campo de pugnas y confrontaciones geopolíticas y geoeconómicas que complejizan su inserción internacional. Además de estas dos potencias, en la región incursionan Rusia, Irán, Turquía y más recientemente la India, además de los tradicionales vínculos con la Unión Europea y Japón.

Tres factores adicionales —y relacionados eventualmente entre sí—  tienden a complejizar aún más la crisis multinivel que atraviesa la zona. En primer lugar, la corrupción de las élites, que tiende a permear diferentes niveles de las respectivas sociedades. La reaparición de los militares como un actor político, proceso que amenaza a instituciones democráticas de por sí debilitadas y que da pie a diferentes modalidades autoritarias. Y el aumento del crimen organizado en sus múltiples encarnaciones que van desde el narcotráfico hasta la trata de personas.

En este marco, al desafío de lidiar con la pandemia se suman difíciles retos. Los países deben enfrentar la recesión y la crisis económica que afectan tanto a los sectores más vulnerables como al conjunto de la sociedad. Se debe reforzar la resiliencia de la democracia y de sus debilitadas instituciones a través del impulso de estrategias y políticas públicas que demanda la ciudadanía. Y, finalmente, se debe desarrollar una coordinación regional más eficiente para enfrentar los retos globales y para fomentar una inserción internacional con mayores grados de autonomía y diversificación.

Desafíos de la mala hora que exigen complejos y avanzados acuerdos sociales y consensos regionales, en una América Latina arrasada por la pandemia, pero también por la polarización social y política, y por la atomización regional.

Foto de Outside the Shaft en Foter.com / CC BY-SA

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