Una región, todas las voces

Argentina y el acuerdo por la deuda a un paso

La refinanciación de la deuda argentina está en la agenda del Ejecutivo desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández. En realidad, es tema de máxima atención desde agosto del año pasado, luego del contundente triunfo del Frente de Todos en las PASO. Estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que tienen la función de elegir a los candidatos de los partidos con respecto a las generales —aunque actúan, generalmente, como termómetro político—, habían prácticamente sepultado las chances del partido Juntos por el Cambio, del expresidente Mauricio Macri, de retener el Gobierno nacional.

El resultado de las primarias había generado una fenomenal caída de las variables financieras del país, con un desplome en acciones de empresas argentinas de más del 70% en algunos casos, y más del 50% en bonos soberanos, además de la devaluación inmediata de casi un 30% de la moneda nacional.

El objetivo del préstamo era enfrentar las fuertes presiones sobre el tipo de cambio y la desconfianza en las posibilidades reales del país»

El país atravesaba una situación endeble en sus finanzas desde abril del 2018. Esto había llevado a que el entonces presidente Macri recurriera a un salvataje del Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo del préstamo era enfrentar las fuertes presiones sobre el tipo de cambio y la desconfianza en las posibilidades reales del país para afrontar la vieja y nueva deuda contraídas.

Con la elección de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía de la nación, las señales que se enviaban, tanto internas como externas, eran fundamentalmente dos: que era prioridad del Gobierno atender y resolver el asunto de la deuda, pero también que la negociación apuntaba a ser ardua. Esto, debido a que se elegía para el cargo a un discípulo de Joseph Stiglitz, el heterodoxo premio nobel de economía, crítico de organismos internacionales de crédito, tales como el FMI. Este había definido al ministro argentino como “uno de los mayores expertos mundiales en deuda soberana”, y ya en el 2018 consideraba que era necesaria una reestructuración de la deuda argentina con quita de capital incluido.

En términos globales, el acuerdo al que se llegó implica que Argentina pagará en promedio 54,80 dólares por cada 100 dólares de deuda que entrará en canje (alrededor de 66.000 millones de dólares). El nuevo perfil de vencimientos conlleva una curva ascendente de pagos con pico en el año 2031, pero con bajos niveles de desembolsos para los próximos 4 años. Con este acuerdo, el Gobierno sabe que estará por encima del 80% de adhesión, lo cual le permite superar el piso establecido para cumplir con las CAC (cláusulas de acción colectiva) y evitar, así, un nuevo default.

¿Cuáles son las exigencias del acuerdo para evitar una nueva renegociación cuando los desembolsos sean más sustantivos? En esencia, crecimiento económico y equilibrio fiscal, ambos objetivos sumamente alejados de la situación actual. Con una caída del PBI argentino, el cual está previsto que será de no menos del 9% para el año, y un déficit primario que, según varias consultoras, será de alrededor de 10 puntos del PBI, además de un nivel bajísimo de inversión privada (un número históricamente pequeño en el país y que hoy se encuentra en el subsuelo) y el estricto cepo cambiario, el panorama para lograr esos objetivos se vislumbra complicado.

Si bien el presidente Fernández ha declarado recientemente que no cree en “planes económicos”, sí ha dado algunos tips de lo que él y su gobierno consideran de atención para salir de la crisis: el aumento de exportaciones para que ingresen divisas, el equilibrio fiscal, el desarrollo del mercado interno y la reducción de la dependencia de las importaciones. El cómo es verdaderamente una incógnita en las condiciones mencionadas y cuando el sector exportador argentino por excelencia (el agro) recibe por cada dólar exportado 1/3 de los pesos que recibiría vendiendo esos dólares en el mercado informal. Esa situación es similar a la que el propio Fernández se refería hace unos años cuando decía que el cepo funcionaba como una piedra que impide la salida, pero también la entrada de capitales.

Los incentivos no están puestos en la misma dirección que los objetivos declamados»

El sector exportador de servicios, sobre la base de tecnología y conocimientos, también tiene inconvenientes para recibir cualquier tipo de pago. Por lo tanto, queda demostrado que los incentivos no están puestos en la misma dirección que los objetivos declamados.

Está claro que el 2021 mostrará un crecimiento económico respecto a este paupérrimo 2020. El punto será si esa magnitud permite llevar alivio a las familias argentinas que, con la caída de ingresos reales que ya se está vislumbrando, la desocupación creciente, el quiebre de empresas producto de la larguísima cuarentena por la COVID-19 y una pobreza que está alcanzando sus peores indicadores en 20 años, se encuentran en situación límite.

De eso dependerá la suerte de Gobierno y oposición para las elecciones de medio término. Con grandes chances de ganar la contienda, Juntos por el Cambio tiene suficientes incentivos para discutir internamente sus diferencias sin que ellas impliquen un quiebre del espacio, y en esa dirección parece moverse. En el oficialista Frente de Todos, el presidente, aún sabiendo el alto porcentaje de rechazo que despiertan figuras del kirchnerismo duro (tales como la propia Cristina y su hijo Máximo), no termina de adoptar y hacerse fuerte en un camino propio. Sabe quizás que el contexto encierra una volatilidad tan elevada que cualquier paso en falso puede llevar a un proceso difícil de moldear.

Foto de Santiago Sito en Foter.com / CC BY-NC-ND

Suramérica: desintegración económica y política

La reanudación del crecimiento económico después del período de la COVID-19 en Suramérica debería ser mucho más lenta que en cualquier otra región del mundo.

Dos fenómenos que ya se daban antes de la pandemia representan una parte importante de este desastre regional sin precedentes: la desintegración económica y política. El país más grande de Suramérica ha perdido su papel de líder en ambos asuntos y no hay ningún vecino que lo reemplace.

Suramérica tiene un nivel históricamente bajo de comercio intrarregional, algo que entre el 15% y el 20% de lo que los países de la región compran y venden se hace con sus vecinos. Entre 2004 y 2017, el 17% de las exportaciones del Brasil se destinaron a Suramérica. Esta cifra cayó al 15% en 2018 y solo al 12% en 2019. En 2020, menos del 10% de las ventas totales de Brasil han ido al conjunto de los países suramericanos.

Este fenómeno es especialmente grave si se tiene en cuenta la composición de las exportaciones a las distintas regiones. El comercio intrarregional es mucho más fuerte en el sector de las manufacturas. Del total exportado por Brasil a Suramérica, más del 80% es de productos industrializados; a Europa, el 35%; a China, menos del 3%. La misma cantidad exportada por el Brasil a la Argentina genera, en promedio, cinco veces más empleos que a China.

La reprimarización de las economías y las exportaciones de Suramérica tiende a hacerlas menos complementarias y más competitivas entre sí»

La reprimarización de las economías y las exportaciones de Suramérica tiende a hacerlas menos complementarias y más competitivas entre sí. En el primer semestre de 2020, el comercio de Brasil con Suramérica cayó un 42% con respecto al mismo período en 2019, una disminución siete veces mayor que el comercio de Brasil con el resto del mundo, con el que se redujo en un 6%.

Al mismo tiempo que se desintegra comercialmente, la región se fragmenta desde el punto de vista político tanto entre los países como dentro de ellos. En 2019, hubo notorias protestas sociales en Chile, Perú y Ecuador, cuyas tensiones subyacentes aún no se han resuelto. En Bolivia, el gobierno interino ya ha pospuesto la fecha de las elecciones tres veces. En Venezuela, la crisis está empeorando y parece que la capacidad de los países vecinos para fomentar el diálogo o apoyar cualquier transición política está disminuyendo.

La agenda de gobernabilidad regional, que incluía a todos los países cuyo mayor ejemplo era la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), ha sido sustituida por iniciativas fraccionadas como el Foro Prosul y el Grupo de Lima, pero con una falta de institucionalidad y escasos o nulos resultados concretos. Las limitaciones de estas nuevas iniciativas de gobernanza regional se hicieron más evidentes durante la pandemia.

Organizaciones regionales como la Unión Europea, la Unión Africana y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) han elaborado planes regionales para luchar contra la propagación de la COVID-19. Además, han creado medidas para estimular el comercio intrarregional y propuestas conjuntas para reanudar el crecimiento. Suramérica ha fracasado en todos los casos.

En Europa, África y América Central, las respectivas burocracias de las organizaciones regionales catalizaron las propuestas y elaboraron el programa de recuperación económica»

Entre 2018 y 2019, había cerrado el Consejo Suramericano de Salud y el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud, ambos vinculados a la Unasur, y sin crear organismos nuevos para ocupar su lugar. En Europa, África y América Central, las respectivas burocracias de las organizaciones regionales catalizaron las propuestas y elaboraron el programa de recuperación económica. En el caso de África y América Central, estas organizaciones desempeñaron un papel relevante en la gestión de los recursos de cooperación internacional.

En los últimos años, una parte importante del acervo de integración se ha perdido en diferentes áreas como la infraestructura y la defensa. La cartera de proyectos de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), creada en 2000 en la primera reunión de los doce presidentes del subcontinente, ya no se actualizó en 2017. El Consejo de Defensa Suramericano también dejó de reunirse.

En cualquier momento histórico o zona geográfica, la aparición concomitante de una baja interdependencia económica y de crecientes polarizaciones políticas es una receta para el fracaso de la civilización. El vacío de consulta regional abre el espacio para una mayor presencia e interferencia de las potencias externas. Suramérica es ahora más vulnerable a las controversias extrarregionales.

Lo trágico para Suramérica es el fenómeno de la fragmentación política, la gobernabilidad regional y la desintegración económica y comercial, que se han ido retroalimentando con mayor intensidad durante la pandemia y han formado una espiral que parece no tener fin.

En la primera quincena de septiembre, los presidentes de varios países de la región se reunirán virtualmente en una Cumbre del Foro Prosul, que está prevista, en principio, para marzo. Se espera que la magnitud de la crisis en Suramérica y las respuestas regionales satisfactorias en otras partes del mundo hagan que los jefes de Estado sean conscientes de la necesidad de reanudar las consultas regionales con sus propias instituciones. Inmediatamente, se deberían retomar las instancias que estén relacionadas con la salud y la recuperación económica, en particular en lo que respecta a la infraestructura, la financiación y las garantías para el comercio intrarregional.

Foto de Chancellery Ecuador en Foter.com / CC BY-SA

Descarbonizar la economía para la recuperación

En los últimos meses, América Latina y el Caribe se han convertido en uno de los focos de la pandemia de la COVID-19, pues ha superado los 4 millones de infectados y las 170.000 muertes. Estas cifras han contribuido a acentuar las debilidades estructurales de la región, incluyendo la economía, y han redimensionado su espacio en el debate público.

Las acentuadas dificultades a las que se enfrentan ahora estos países podrían disminuir si la desigualdad social, el déficit de infraestructura económica y social y la degradación del medio ambiente no estuvieran tan presentes en las tierras al sur del río Bravo.

En medio de la búsqueda de una vacuna y el temor a nuevas olas de contagio, el mundo está avanzando en los debates sobre la pospandemia, especialmente en los caminos hacia la recuperación mundial. Lo que es seguro es que no será fácil superar la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial, que debería dejarnos una retracción del PIB mundial (-5,2%) y un aumento de la pobreza extrema.

En general, las acciones anunciadas y los discursos presentados prometen la búsqueda de un mundo más seguro, menos desigual y más resistente. Después de más de 16 millones de personas infectadas y casi 700.000 muertas, es necesario crear mecanismos de protección contra futuras crisis (sanitarias, climáticas o económicas) y reducir, así, el riesgo de nuevas crisis sistémicas. También está empezando a surgir un consenso en el sentido de que si no se toman medidas, los costos (financieros y de vida) serán aún mayores que si se toman.

En este contexto, Dinamarca ha anunciado su intención de reducir sus emisiones de CO₂ en un 70% del nivel de 1990 para el 2035. Francia planea invertir 1.500 millones de euros para que su poderosa industria aeroespacial sea neutral en carbono. Más ambicioso aún es el caso de Alemania, que anunció un paquete de recuperación económica de 130.000 millones de euros, de los cuales 50.000 millones son para “acciones verdes”. El país se sorprendió al no sucumbir al poderoso lobby de su industria de motores y propuso medidas de conversión de energía, lo que lo lleva a inclinarse fuertemente hacia el llamado hidrógeno verde.

Más cerca, en EE. UU., el candidato del Partido Demócrata (Joe Biden) prometió invertir 2 billones de dólares para descarbonizar la matriz energética del país para el 2035.

¿Y cómo se está desarrollando este debate en América Latina?

Debido al número de infectados y muertos, la mayoría de nuestros países se centran aún más en las acciones sobre el hoy que en las medidas para el mañana. La COVID-19 está agravando enormemente un escenario económico y social que ya era desolador, con un bajo crecimiento e inestabilidad política en casi toda la región.

Nuestra crisis actual es, de hecho, una superposición de crisis que nos llevará a resultados más críticos que el promedio mundial. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), por ejemplo, estima que el PIB regional se reducirá un 9,1%, mientras que la tasa de pobreza alcanzará el 37,3%.

Brasil busca una vez más una salida a una situación compleja que podría terminar en años de regresión social y productiva»

En gran medida, estas proyecciones se deben a lo que se espera de Brasil. Con casi 2,2 millones de casos y 70.000 muertes, es el segundo país del mundo en casos de COVID-19. Con estimaciones que apuntan a casi 20 millones de desempleados y otro año perdido en términos de crecimiento, Brasil busca una vez más una salida a una situación compleja que podría terminar en años de regresión social y productiva.

En esta situación, una carta publicada hace días en la que 17 exministros de Economía y expresidentes del Banco Central (BCB) defiende enfáticamente la adopción de medidas de recuperación económica que se basen en la sostenibilidad ambiental y que han tenido un gran impacto.

En el texto se señalan cuatro ejes de acción que permitirían alcanzar ese objetivo: a) lograr una economía con bajas emisiones de carbono; b) llegar a la deforestación cero en el Amazonas y el Cerrado; c) aumentar la resistencia del clima y d) impulsar la investigación y el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas.

Siendo Brasil el país más poblado y de mayor dimensión territorial, además de la mayor economía de la región, sus trayectorias tienen una gran influencia en las condiciones climáticas mundiales y en la dinámica productiva de sus vecinos. Sus biomas, incluyendo el Cerrado y el Amazonas, y su vasta línea costera, lo colocan como una pieza central de la geopolítica mundial.

Su estructura productiva, especialmente los sectores relacionados con la producción/explotación de los recursos naturales, la agricultura y la ganadería, lo hacen un país estratégico para el éxito de los objetivos perseguidos a escala mundial. Así, pues, no hay ninguna exageración en las preocupaciones por la quema y la deforestación de la Amazonia, así como en las repetidas advertencias sobre los males de la «sojização», que se extiende rápidamente y ya llega a los territorios de Argentina, Paraguay y Uruguay.

Teniendo en cuenta que el país se ha visto muy afectado por la desarticulación de algunos importantes mercados mundiales y por la brusca caída de los flujos de capital internacionales (la Unctad estima que este año hay 80.000 millones de dólares menos), la posibilidad de una recuperación económica impulsada por las inversiones en sectores de baja emisión de carbono se muestra como un camino interesante cuando se piensa en las respuestas a mediano y largo plazo.

En su reciente informe (El futuro de la naturaleza y los negocios), el Foro Económico Mundial destaca que las inversiones en soluciones favorables al clima tienen el potencial de generar 395 millones de puestos de trabajo en los próximos años y un movimiento de 10 billones de dólares para 2030.

Sin embargo, pensando en las lecciones aprendidas de la industrialización a través de la sustitución de importaciones, creo que un proceso de descarbonización de la economía debería, en principio, ser cooperativo y soberano. Sin estas características, corremos el riesgo de no poder alcanzar, una vez más, un mayor nivel de desarrollo productivo y social.

El proceso debería ser cooperativo, ya que requeriría el intercambio constante de información, apoyo y conocimientos existentes a escala mundial. Soberano, porque proporcionaría mayor libertad e independencia tecnológica, cultural y financiera a largo plazo.

En este sentido, las medidas aislacionistas no encajarían en este momento y haría del sistema multilateral, con mejoras, una pieza clave en este proceso. La incredulidad en las fuerzas de la cooperación y la gobernanza mundiales, y el comportamiento refractario al entendimiento de que el medio ambiente, así como la economía, se hace como vasos comunicantes, no solo dificultaría la toma de decisiones, sino que retrasaría o incluso obstaculizaría el logro de sus objetivos, lo que daría lugar a mayores riesgos sistémicos y costos mundiales.

¿Y cómo garantizar la soberanía nacional en este contexto? El camino sería primero pensar en el futuro (“¿qué queremos ser?”) y luego invertir masivamente en nuevas herramientas tecnológicas y conocimientos. Las innovaciones en productos y procesos, un mayor conocimiento del inventario ambiental, la protección de los biomas y los conocimientos de los pueblos indígenas y tradicionales, los acuerdos de cooperación e integración regional y las políticas de gobernanza pública y privada basadas en prácticas ambientales son medidas que no pueden prescindir en este proceso.

Si esto se hiciera, Brasil y sus vecinos se posicionarían, sin duda, en la frontera de una nueva revolución mundial. Y nuestros nietos vivirían en un mundo un poco mejor.

Foto de Yeray Vega en Foter.com / CC BY-NC-SA

¿El BID para los americanos?

Los tiempos de pandemia no impiden el flujo de ciertas partes de la mecánica de la vida institucional. Procesos que suponen tomas de decisión colegiadas se pueden canalizar mediante conexión virtual. Si, además, el número de integrantes del grupo no llega al medio centenar, las cosas resultan más fáciles. Dentro de las diferentes agendas de los organismos internacionales la renovación de sus directivas es un asunto frecuente que los tiempos de la COVID-19 no ha dificultado. En la Unión Europea hace apenas unas semanas se dirimió la elección de la presidencia del Eurogrupo sin problema alguno. Entre el 12 y el 13 de septiembre próximo será el turno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las elecciones para la dirección de la entidad financiera se han convocado estatutariamente el pasado 27 de julio, y el presidente, el colombiano Luis Alberto Moreno, hace tiempo que confirmó su renuncia a presentarse a una nueva reelección para el puesto que ocupa desde 2005.

Los bancos de desarrollo son piezas interesantes en el entramado internacional que se urdió en la década de 1950 cuando la agenda estaba preñada de buenas intenciones desarrollistas. Al BID, bajo dicha lógica, lo integran 26 países prestatarios de la región a los que se suman Estados Unidos y Canadá, 3 países asiáticos (China, Corea y Japón) y 17 europeos. Cuba firmó el convenio constitutivo del banco, pero no lo ratificó, por lo que no es miembro. Constituido en 1959, y con sede en Washington D. C., el BID es hoy el banco más importante en el mundo de entre los de su naturaleza.

Como muchas organizaciones financieras similares, las decisiones del banco se toman proporcionalmente a la cuota de capital desembolsado. Así, los países prestatarios de América Latina y del Caribe tienen el 50,015% de los votos. Dentro de ese porcentaje, Argentina y Brasil tienen el 10,75%, seguidos de México, con el 6,9%; Venezuela, con el 5,76%; Chile y Colombia, con el 2,95%; Perú, con el 1,44%, y Uruguay, con el 1,15%; Estados Unidos tiene el 30% de los votos, y Canadá, el 4%. De los países de fuera de América, Japón tiene el 5%, y Alemania, España, Francia e Italia tienen el 1,9%.

En su devenir, hizo suya una regla no escrita que confería la presidencia a un nacional de un país latinoamericano»

En su devenir, hizo suya una regla no escrita que confería la presidencia a un nacional de un país latinoamericano y el segundo cargo ejecutivo a alguien de nacionalidad estadounidense. La renovación de la directiva del BID cuenta con la presentación formal de tres candidaturas: las iniciales, que corresponden a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica; el argentino Gustavo Véliz, y el estadounidense Mauricio Claver Carone, alto funcionario de la administración actual y previamente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La situación genera una tensión de naturaleza triple que puede echar por tierra décadas de razonable desempeño, lo que haría, además, que el BID entre en un juego ante el que, hasta el momento, había sido relativamente ajeno. En primer lugar, se rompe el acuerdo tácito citado sobre la nacionalidad del presidente. En segundo término, el candidato norteamericano es alguien estrechamente vinculado al presidente Donald Trump, quien está en la disputa para revalidar su cargo dentro de tres meses y que, por consiguiente, debiera esperar el resultado de las urnas. Finalmente, Claver Carone tiene un perfil cuestionable por tratarse de un notable activista anticubano que entrelaza sus méritos tecnocráticos con su afán dogmático.

La administración republicana desea que el BID tenga una posición menos asistencialista, y sí más inversionista»

Detrás de la posición de Estados Unidos figura un pulso soterrado a la invasión silenciosa de China en la economía latinoamericana, incrementada notablemente en la última década. Washington estima que el margen de actuación del BID en la región es muy relevante y que, gracias a su manejo, puede recuperar parte del terreno perdido. Por otra parte, la administración republicana desea que el BID tenga una posición menos asistencialista, y sí más inversionista. Los expresidentes Ricardo Lagos, Fernando Henrique Cardoso, Julio María Sanguinetti, Juan Manuel Santos y Ernesto Zedillo se han opuesto públicamente desde el principio a la postulación de Claver Carone.

De momento, los Gobiernos de Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Honduras y Haití se han sumado explícitamente a la propuesta avalada por el presidente Trump, que, paradójicamente, no tenía al corriente sus aportaciones al BID desde su llegada a la Casa Blanca. Es muy probable que el Gobierno brasileño también apoye esta candidatura, y México, tras la reciente visita de su presidente a Washington, mantiene su decisión en suspenso.

Los estatutos del BID establecen la posibilidad de aplazar la elección, siempre y cuando se lo soliciten países que sumen el 25% de los votos. Al voto de Argentina y al de los países europeos, deberían sumarse otros. El Alto Representante europeo para la Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, ha escrito una carta a los países miembros solicitando el aplazamiento de la votación al considerar que la pandemia no permite prestar “la atención necesaria” al relevo de la institución, sobre todo por el hecho de que se tome en cuenta «la presentación, sin precedentes, de una candidatura para presidir el Banco por parte del Gobierno de los Estados Unidos”. Esta es una solución paliativa, cuya ejecutoria salvaría la cara momentáneamente de varios de los implicados.

Pase lo que pase en las próximas semanas, la lección es clara: la región vuelve a mostrar un preocupante nivel de desunión, cuyo clima puede ser utilizado en medio de la presente zozobra para que Estados Unidos tome directamente una pieza más en la arquitectura institucional (y financiera) de la región.

Foto de la Presidencia de la República de Costa Rica en Foter.com / CC BY-NC-SA

Brasil: no todo es cuestión de dinero

Con la caída del índice de aprobación del gobierno de Jair Bolsonaro entre los más ricos y el pequeño aumento entre los más pobres en la última encuesta de Datafolha, muchos analistas se apresuraron a anunciar una supuesta transformación de la base de lo que algunos expertos llaman “bolsonarismo”. La ayuda de emergencia, un beneficio financiero creado para ayudar a los trabajadores informales de Brasil durante la pandemia de la COVID-19, habría sido el principal responsable de la migración de los más pobres a la base de Bolsonaro.

El debate creado en torno a la relación entre el apoyo de los votantes de bajos ingresos al gobierno de Bolsonaro y la ayuda de emergencia puede ser nuevo, pero reproduce una vieja lectura de la Academia, la prensa y el sentido común sobre el comportamiento electoral de los más pobres en Brasil. Según este punto de vista, el apoyo de los votantes más pobres está determinado exclusivamente por la política de transferencias puntuales de efectivo. Al recurrir a esta lectura, la Academia y la prensa terminan, aunque sea sin intención, reproduciendo la visión de que los votantes más pobres cambian su voto por dinero.

Sin embargo, el problema de este debate, que gira en torno a las políticas de transferencia de efectivo, no es solo reproducir los prejuicios de clase y regionales, sino también simplificar el comportamiento electoral de un solo sector de la población. En la construcción de modelos estadísticos que tienen como objetivo medir la influencia de la ayuda de emergencia o de la Bolsa Família en el comportamiento electoral de los más pobres en Brasil, no consideramos que estos votantes puedan pensar en su voto en otros términos. Después de todo: ¿podemos afirmar categóricamente que esas políticas son, de hecho, la única medida con la que los votantes de bajos ingresos miden su bienestar material? ¿La pobreza desempeña un papel tan determinante que no permite a los votantes más pobres pensar en su voto más allá del punto de los ingresos? En otras palabras: ¿son los votantes más pobres tan diferentes de los votantes de otras franjas de ingresos que su comportamiento político no se ve influido también por los demás asuntos que ocupan el debate nacional, como la corrupción, la seguridad, la salud y la educación?

Investigaciones cualitativas muestran que los votantes de bajos ingresos definen su bienestar material de una manera mucho más compleja. Al realizar mi investigación etnográfica sobre los votantes de bajos ingresos en una ciudad del interior de Bahía, obtuve que los votantes de bajos ingresos utilizaban un repertorio de experiencias personales para evaluar la actuación del Gobierno Federal, que iba mucho más allá de si eran beneficiarios o no de la Bolsa Família. Era común entre estos votantes evaluar si un gobierno había, en sus propias palabras, «mirado la pobreza». Y la Bolsa Família figuraba solo como uno de los factores para justificar su visión de si un gobierno había «mirado la pobreza».

Además de la Bolsa Família, los votantes de bajos ingresos citaron tanto políticas en las que se habían beneficiado directamente, como el programa de vivienda Minha Casa Minha Vida, y mencionaron otras políticas que afectaban indirectamente a su realidad cotidiana, como las comparaciones sobre su poder adquisitivo, el acceso a los bienes de consumo o incluso sobre la regularidad de las comidas escolares en su comunidad.

Es evidente que las acciones de un gobierno afectan a la vida cotidiana de los votantes en varias dimensiones, y los de bajos ingresos usan una infinidad de experiencias para evaluar el impacto de un gobierno en relación con su bienestar material. Si bien las políticas de transferencia de efectivo son importantes para los votantes más pobres, solo abarcan una dimensión de su vida material. En este sentido, no es posible simplificar y afirmar que la ayuda de emergencia ha cambiado la base bolsonarista en Brasil.

Además, no puede asumirse que estos votantes, debido a su privación material, voten solo con su bolsillo. Limitar la conversación a esto no solo trata a un grupo diverso de votantes como un grupo homogéneo, sino que también elimina la posibilidad de que construyan narrativas políticas que no pasen por su lugar de clase.

En mi investigación para las elecciones de 2014, el discurso de desencanto ante los escándalos de corrupción ya marcó la narrativa política de ciertos votantes de bajos ingresos, lo que llevó a algunos a abstenerse de tomar partido en la disputa política.

Los votantes de bajos ingresos, así como los más ricos, pueden tejer narrativas políticas desde dimensiones distintas a su posición de clase»

En otro rincón de Brasil, la investigación de Rosana Pinheiro Machado y Lucia Mury Scalco expuso la identificación política de jóvenes de un suburbio de Porto Alegre, inmersos en un contexto de creciente violencia, con un discurso de endurecimiento de la seguridad pública en las elecciones de 2018. Estos ejemplos demuestran que los votantes de bajos ingresos, así como los más ricos, pueden tejer narrativas políticas desde dimensiones distintas a su posición de clase. Además, estas otras identidades pueden pesar en el momento de la votación más que las consideraciones de su bienestar material.

Las narrativas políticas que los votantes tejen no son estáticas, sino sumamente contextuales. Varían según las experiencias de los votantes, que son, por naturaleza, fluidas. Aún es demasiado pronto para predecir si la pandemia será un factor influyente en las próximas elecciones presidenciales de Brasil, pero es seguro que ha sido un acontecimiento notable para los brasileños de todas las clases sociales. Esto es especialmente cierto en el caso de los votantes de bajos ingresos, ya que, según las últimas encuestas de Datafolha, la mayoría teme ser infectado por el coronavirus, apoya la aplicación de medidas de circulación restrictiva y practica el aislamiento social. Este comportamiento no carece de razón, ya que las cifras indican que los sectores más vulnerables de la población mueren desproporcionadamente a causa del virus.

El tratamiento del coronavirus por parte del presidente de Brasil como una gripe y su continua oposición a las medidas de aislamiento social va, por lo tanto, precisamente en la dirección opuesta a los deseos de esta población más pobre. Dependiendo de la evolución de la pandemia en Brasil, la posición del Gobierno frente a esta crisis epidemiológica puede convertirse en un relato preponderante entre los votantes más pobres; algo que parece estar ocurriendo ya. Los sondeos de opinión de Datafolha muestran que la conducta de los gobernadores y alcaldes frente a la pandemia ha sido mucho mejor evaluada por los más pobres que la de Bolsonaro, incluso con la ayuda de emergencia entendida como un beneficio del Gobierno Federal.

Todo esto demuestra que necesitamos ampliar el debate; no podemos simplificar el apoyo de los votantes de bajos ingresos solo a la ayuda de emergencia. El bienestar de los más pobres no se define solo por las políticas de transferencia de ingresos, ni su visión política se limita a su propio bolsillo. La pandemia promete ser otro factor relevante que también entrará en el radar político de los más pobres.

Foto de midianinja en Foter.com / CC BY-NC-SA


Episodio relacionado de nuestro podcast:

La pandemia y la indolencia económica de AMLO

Antes presenté datos y argumentos sobre los empeoramientos sufridos y provocados por el presidente mexicano. Con cifras oficiales y estimadas de muertes, se estableció su mala gestión de la pandemia. Dije gestión porque López Obrador decidió administrar la tragedia, no intentar evitarla. Y esa mala administración ha llevado a una tragedia mayor. Los simplistas se solazan con alguna versión de la creencia “todos los países han vivido una tragedia” (falso; un ejemplo: Vietnam) y si son izquierdistas de la moda siguen creyendo que san AMLO es un buen gobernante de izquierda que no tenía alternativas. Pero su respuesta —por llamarla de alguna forma— económica a la crisis pandémica apunta en otra dirección.

Señalemos, entonces, que la crisis económica se siente en toda la región a la que pertenece México, pero no en todos los países —ni de Latinoamérica ni del mundo— se siente de la misma manera. La crisis particular mexicana se debe no sólo a las restricciones contra la pandemia, tardías y parciales como han sido, sino a la reacción del jefe de Estado, casi inexistente en un sentido. Tan es cierto que hubo diversidad internacional de medidas epidemiológicas contra la crisis sanitaria como que hay diversidad de medidas económicas contra la segunda crisis. Las “medidas” obradoristas son diferentes y peores a las de muchos países.

Podemos ver la pandemia como un laboratorio y un experimento. A veces, la naturaleza es un laboratorio que nos regala una especie de experimento: un raro experimento socionatural a gran escala y en tiempo real, social porque ocurre (con factores naturales-biológicos) dentro y sobre la sociedad humana, y “natural” porque no ha sido diseñado por ningún humano ni está controlado como tal a gusto de ningún otro. Aquí no creemos en “teorías de la conspiración”… En lo que sí se “cree” es la posibilidad de aprovechar analíticamente el experimento no intencionado.

Para provecharlo se hicieron unas hipótesis vinculadas: 1) la probabilidad de que alguien responsable actúe responsablemente contra estas crisis es mayor a la probabilidad de que alguien irresponsable empiece a actuar responsablemente frente a ellas; 2) un gobernante más o menos responsable y verdaderamente de izquierda y antineoliberal no dejaría de tomar posibles decisiones responsables, de izquierda y no neoliberales; teniendo algo de poder y esa perspectiva, respondería a una situación extrema y grave no con “buenas intenciones” y manejos retóricos sino con intenciones e intentos específicos y contundentes de políticas a favor de los necesitados; 3) si ante crisis de esta magnitud un poderoso relativo no reacciona con políticas de ayuda, o es un irresponsable o no es de izquierda además de no ser responsable.

Así, el experimento mundial permitía reenmarcar la acción presidencial de López Obrador como experimento fortuito con una hipótesis muy pertinente para el debate nacional e internacional sobre ese gobernante: si AMLO es de izquierda y antineoliberal, adoptará medidas de izquierda y antineoliberales.

no había ni hay reforma fiscal para que el 1% o algo parecido pague más impuestos, ni ninguna otra reforma fiscal propia y progresista

¿Cómo ha reaccionado López Obrador ante la crisis económica asociada al Covid-19? Con austeridad neoliberal: con un decreto recortando 75% de los gastos en servicios generales y materiales en toda la administración pública federal, gastos que son/eran ventas de empresas no necesariamente grandes que emplean a ciudadanos comunes de clases baja y media, y buscando más “ahorros” en cualquier pedazo del presupuesto que no sea parte de los proyectos  presidenciales favoritos, preexistentes e inamovibles. Además de austeridad donde no debería haberla, AMLO ha reaccionado conservando 17 programas sociales que no habían cumplido la promesa de disminuir sensiblemente la pobreza y la desigualdad y que tampoco disminuyeron el impacto o tamaño de la crisis actual, programas que no sirven como se supone que deberían servir por ser técnicamente deficientes, políticamente clientelares e integralmente insuficientes (tomando los datos oficiales de cobertura, máximo de 22 millones, y de pobreza nacional que repiten los obradoristas, más de la mitad de los mexicanos, resulta que no se cubre ni ineficazmente hasta dos tercios de los pobres). Sumadas a estos programas ineficaces y sin ajustes, hay ausencias: no había ni hay reforma fiscal para que el 1% o algo parecido pague más impuestos, ni ninguna otra reforma fiscal propia y progresista; tampoco se condonó, redujo o difirió el pago de impuestos federales a empresas medianas y pequeñas; sigue sin haber apoyo al ingreso de los ciudadanos sea en la línea de las rentas básicas o en alguna similar, como sigue sin haber un buen uso contextual de los instrumentos de deuda.

Sobre estas dos últimas faltas: a) AMLO no ha dado ningún sustituto de ingresos a desempleados recientes o anteriores por fuera de los programas mencionados, ni cubriendo el salario de quienes lo perdieron durante la cuarentena ni transfiriendo dinero sin condiciones por un tiempo a los necesitados; b) la deuda pública equivale a 45% del PIB y subirá sin que se le aumente contra la pandemia, ¿por qué no usar un tanto de deuda para ayudar a quienes les urge ayuda?

Se calcula que el gasto del gobierno de López Obrador contra la crisis es menor al 0.5% del PIB. La India, otro país fuera del “primer mundo”, gastará 10% para la recuperación.

La respuesta de AMLO que hemos expuesto, ¿cómo puede ser de izquierda y antineoliberal? ¿Y cómo puede ser responsable? Para mí es la reacción de alguien de derecha neoliberal o de un pragmático miope, electorero y negligente. López Obrador es jefe de Estado, no estadista. Es un presidente indolente. Quiere equipararse con Franklin Roosevelt pero no hace nada rooseveltiano. Y no sigue ni entiende a Keynes, gran economista que no dijo que siempre sea bueno endeudarse sino escribió: “el auge, no el bache, es el momento correcto para la austeridad”; y “la prosperidad y la depresión no son cosas que dependan (exclusivamente) de glorias pasadas sino de realizaciones actuales”.

Con las “realizaciones” actuales de AMLO, la economía mexicana caerá 9% según la CEPAL, y según la ONU la pobreza en general subirá de 52% a 68.5% de la población.

Foto de Presidencia de la República Mexicana en Foter.com / CC BY

Renegociar la deuda para no desfallecer tras la pandemia

Con cuatro millones de casos confirmados y mas de 150 mil fallecidos, América Latina es la región mas afectada por covid-19. Aunque es probable que el pico de infecciones ya haya sido superado, o este a punto de alcanzarse, lo peor de la pandemia está a punto de desatarse. El FMI proyecta que las economías de la región de Latinoamérica y el Caribe sufrirán una contracción del 10% del PBI para 2020, aun peor que África Subsahariana, Medio Oriente o el Sudeste Asiático. Para el 2021, proyectan una recuperación lenta del 3.5%. El Banco Mundial predice que este año al menos 60 millones de latinoamericanos verán caer sus ingresos por debajo de la línea de pobreza regional fijada en 5,50 dólares por día. Sumando la reciente inestabilidad política regional, lo que se avecina es un posible colapso socioeconómico de una envergadura históricamente incomparable.

Los países de la región tendrán que desplegar una gran variedad de políticas con el objetivo de controlar la inflación, aumentar el crédito, subvencionar el consumo, y elevar el gasto publico en infraestructura y en medidas de seguridad social. Sin embargo, ninguna de estas acciones podrá llevarse a cabo sin antes poder “solucionar” los altos niveles de endeudamiento público en dólares de los países latinoamericanos. En diciembre de 2019, la deuda publica estatal a nivel regional era equivalente al 70% del PBI. La deuda externa total de la región sumaba mas de 2.4 trillones de dólares.

Incluso países con porcentajes mas “manejables”, como Chile y Perú, tendrán serios problemas, tanto en emitir nueva deuda en dólares como en cumplir con los servicios de deuda externa, debido a una baja en el precio internacional de commodities impulsada por una recesión económica, y a un aumento de la prima de riesgo en la oferta de bonos provocado por el aumento del gasto publico para enfrentar la pandemia y sus consecuencias socioeconómicas.

El peligro es tan elevado que el 60% del índice de comparación de bonos de países latinoamericanos de JP Morgan, BNP Paribas, y Goldman Sachs estaría en riesgo de default si la región cae en una alta recesión post-covid, disparando el déficit del gasto publico, y desencadenando una ola de rebajas de clasificaciones de crédito que espantaría posibles inversores.

Las instituciones internacionales han tomado consciencia de lo grave e inminente de la situación y han comenzado a actuar preventivamente. El BID está prestando sumas records de hasta $15 billones para el sector publico y $7 billones al privado. El FMI ha preventivamente desembolsado un total de 107 billones de dólares en líneas de crédito flexible, incrementos de programas existentes, y asistencia de emergencia a países de la región (Chile, Perú y Colombia mayoritariamente).

Sin embargo, los desafíos que enfrenta la región requieren acciones mas drásticas. Los países Latinoamericanos, liderados por sus miembros en el G-20 (Argentina, Brasil y México) y en la OCDE (Chile, Colombia, y México), y con el apoyo del resto de los países emergentes, deben presionar por un alivio generalizado de la deuda externa que consista en la suspensión en los pagos de deudas bilaterales con vencimiento entre 2020 y 2022, por un total de 60 billones de dólares.

Convencer a China, que posee el 27% de las deudas bilaterales, será crucial para forzar a los Estados Unidos y a la Unión Europea a renunciar a pagos de deuda durante dos años

El bloque latinoamericano en el G-20 y la OCDE, con el sostén de Sudáfrica, Indonesia, Turquía, India y Arabia Saudita, deberán demandar la suspensión de pagos bilaterales hasta 2022 como esencial para la coordinación internacional de la economía mundial post-pandemia. Convencer a China, que posee el 27% de las deudas bilaterales, será crucial para forzar a los Estados Unidos y a la Unión Europea a renunciar a pagos de deuda durante dos años si no quieren arriesgar a perder sus roles de liderazgo internacional.

El bloque Latinoamericano debería también exigir al FMI la posible emisión de hasta un trillón de dólares en derechos especiales de giro para prestamos de emergencia, la cancelación de los intereses de pago de deuda con el organismo, y, en coordinación con los bancos centrales del G-20, una política monetaria de expansión cuantitativa hacia el Sur global que aumentaría, mediante la compra de bonos, considerablemente la liquidez y la oferta de créditos en los mercados emergentes.

Asimismo, los países del Caribe, con los ingresos más bajos de la región y los que mas sufrirán por la parálisis del turismo internacional, deberán contar también con la cancelación de US$ 20 billones en vencimientos correspondientes a prestamos privados. Los bancos centrales del G-20 con el apoyo del Banco Mundial y el FMI tienen que presionar a los acreedores privados estadounidenses y europeos a cancelar los pagos de 40 naciones del Caribe, el Indico, y el Pacifico.

Por ultimo, para los países emergentes de ingresos medios, las recientes restructuraciones, sostenidas por el FMI, de las deudas argentina y ecuatoriana son los modelos a seguir para poder llevar a cabo una fuerte reactivación económica a través del aumento de gasto público sin el riesgo de una deuda externa impagable.

Estamos por enfrentar un momento histórico a nivel mundial. Es imprescindible que América Latina coordine de manera unificada sus esfuerzos dentro del G-20 y la OCDE para promocionar medidas multilaterales con el objetivo de aliviar la carga deudora. La historia habla por si misma: basta con solo contrastar las consecuencias políticas y socioeconómicas que produjeron la reticencia a suspender pagos de deuda externa de países europeos en 1931, que llevó la recesión a una depresión y abrió el paso a gobiernos fascistas, con la cancelación y emisión de líneas de créditos flexibles en 1947, inaugurando el mayor periodo de prosperidad económica y estabilidad política en la historia europea.

Foto de Carolina Tarre en Foter.com / CC BY-NC

Colombia: el olvido en tiempos de pandemia

Un joven médico llamado Juvenal Urbino que estaba obsesionado por erradicar el cólera, atiende un día a una joven de nombre Fermina Daza. A partir de ahí comienza una historia de amor que desnuda “el horror de la vida real”, que acompaña a quienes viajan constantemente por evitar el desencuentro del amor con la muerte. Dicha historia que transcurre en Colombia se relata en la novela: El amor en tiempos del cólera de Gabriel García Márquez (1985).

Muchos años después, Colombia y el mundo viven de nuevo otra pandemia, la del Coronavirus, que ya no leemos en los libros, pues somos los protagonistas de la misma. La dupla eros – tánatos que nos representa García Márquez en su novela es una imagen que ha acompañado la historia de Colombia.

Si bien hasta ahora el gobierno colombiano, junto con los gobernadores y alcaldes han sabido viajar por el mar de la pandemia de la Covid 19 sin consecuencias tan trágicas en número de muertes como otros países de la región, cabe acotar que los efectos del confinamiento preventivo obligatorio y las medidas de Estado de Emergencia declaradas desde 17 de marzo hasta el 31 de agosto han afectado la salud de la democracia y de la frágil economía colombiana. Colombia ha vivido épocas de estados de sitio y de excepción que han normalizado muchas prácticas jurídicas que tienen mucho que ver con el conflicto social y armado. Por eso es necesario una discusión pública sobre los efectos del Estado de Emergencia para que la excepción no se convierta en regla en la llamada “nueva normalidad”.

Esta pandemia ha permitido ver con claridad el espejo que somos: una sociedad desigual y con una informalidad laboral que ronda el 47%

Esta pandemia ha permitido ver con claridad el espejo que somos: una sociedad desigual y con una informalidad laboral que ronda el 47% (DANE – 2019). Ya podrán ustedes imaginarse el escenario de las calles colombianas en esta reapertura gradual de la economía. Miles de ciudadanos buscando formas de subsistencia diaria para hacer frente a otra pandemia que ya estaba presente en Colombia, la pobreza. El conflicto social y la violencia estructural que han adobado el escenario de la informalidad y pobreza en Colombia debe ser interpretado como un proceso histórico que inició antes de la pandemia pero que en tiempos de la misma se ha hecho más evidente y urgente.

El triste escenario de la precariedad social y económica de millones de colombianos no puede, sin embargo, ocultar el olvido de otra tragedia que acompaña al país: la muerte de cientos de líderes sociales y de integrantes desmovilizados de las FARC. El tratado de paz con la guerrilla de las FARC, que es admirado internacionalmente pero que divide a los colombianos, recuerda una historia ya vivida, la de la desaparición de los miembros del partido político Unión Patriótica (UP) (1984-1986). De acuerdo al informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2020, por lo menos 4153 ciudadanos miembros de dicho partido fueron asesinados, secuestrados o desaparecidos.

Ante el miedo de vivir la misma historia de la UP muchos excombatientes desmovilizados de las FARC gritan al gobierno y a la sociedad protección por sus vidas. La ONU ha jugado un papel decisivo en la implementación de los acuerdos de paz. Su voz legitima el acuerdo y ayuda a presionar al gobierno del presidente Duque para que este esfuerzo no sea parte de un nuevo fracaso en la historia de las negociaciones con los grupos armados en Colombia. Detrás de este complejo escenario, se esconden, afortunadamente historias micro de superación social y de coherencia políticas. Más 11.000 excombatientes de las FARC hacen parte activa hoy de la vida política, social y económica en Colombia. Sus iniciativas de emprenderismo rural, comunitario y ambiental son una huella de paz en medio de una confusión de intereses que buscan hacer creer que todo el esfuerzo de las negociaciones de paz han sido un fracaso.

Pero el conflicto armado y las múltiples violencias en Colombia no han cesado con la dejación de las armas por parte de las FARC y la implementación de los acuerdos de paz. La situación geoestratégica de Colombia, las desigualdades sociales, la porosidad de las instituciones colombianas y el deseo de superación ad infinitum de muchos colombianos han sido un campo de cultivo para que redes nacionales e internacionales de economía ilegal aprovechen el vacío territorial que dejaron las FARC y tracen los nuevos escenarios de disputa por la explotación de los recursos petroleros, los cultivos de coca y la minería.

Una parte de las mismas Farc, llamadas en Colombia disidencias, encabezan el nuevo orden territorial, entretanto, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se empodera del discurso político de las guerrillas y lucha sin tregua con el llamado Clan del Golfo (paramilitares) por el dominio de las regiones fronterizas con Panamá, Ecuador y Venezuela. La ambigüedad del gobierno Duque, su doble discurso de paz y guerra han complejizados aún más este escenario de conflicto y violencia territorial. Un detonante socio-económico en el que participan miles de campesinos excluidos del contrato social.

Pero no todo es confuso, trágico y desesperanzador en este espejo del conflicto social que ha hecho más evidente la pandemia del Coronavirus en Colombia. Para sorpresa de muchos, en este país hay un despertar juvenil por lo público, por participar en la acción política, como decía Hanna Arendt. Miles de jóvenes con sensibilidad ecológica, con sentido de pertenencia a un mundo global común, con nuevos intereses sociales y cansados de ver a los adultos repetir la historia del círculo vicioso de la violencia, se han lanzado a las avenidas virtuales y reales de ciudades y pueblos a gritar su desencanto de las políticas neoliberales de educación y de la precariedad laboral de un mundo y un país que los marginiza e instrumenta. 

El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince en su novela: el olvido que seremos testimonia la vida y sacrificio (eros y tánatos) de su padre Héctor, un homenaje a los miles de líderes sociales que continúan muriendo hoy en Colombia.

Foto Desde Colombia con las comunidades campesinas en r, en Foter.com / CC BY-NC-ND .jpg

Una carta sobre la intolerancia

Hace unas semanas unos colegas me invitaron a participar de una carta de denuncia de la intolerancia de la derecha, pero también de la del centro y de la izquierda. El texto me pareció anodino, incluso aburrido, como suele ser el estilo de este tipo de petitorios, pero sus consecuencias fueron mas allá del estilo y hoy se lo discute a nivel global. En concreto es una intervención de 152 intelectuales por la libertad de prensa y pensamiento en tiempos de Donald Trump.

La carta está firmada por escritores e intelectuales como Margaret Atwood, Salman Rushdie, Noam Chomsky, J.K Rowling, Martin Amis, el ajedrecista Gary Kasparov y el jazzista Wynton Marsalis. También la suscriben académicos e intelectuales trans como Jennifer Finney Boylan (quien luego se arrepintió de participar) y Deirdre McCloskey, además de poetas, historiadores y periodistas de los principales medios de difusión de Estados Unidos.

Sin embargo, la “carta” como se llama a secas en el país del norte, también incluye intelectuales de derecha como David Frum (que escribió el infame discurso de George Bush sobre los tres ejes del mal) y también de otros personajes que yo mismo rechazo con todo mi pensamiento, pero con los que no me molesta firmar un texto. Y acá esta el centro de la discusión y el debate. ¿Debe haber sólo uniformidad intelectual? ¿Debemos hablar sólo con aquellos con los ya estamos de acuerdo?

La carta sostiene que el peligro es la falta de discusión no sólo promovida por los autoritarios a nivel global sino también entre aquellos que los resisten, “las fuerzas del iliberalismo están ganando terreno en el mundo y tienen a un poderoso aliado en Donald Trump, quien representa una verdadera amenaza a la democracia. No se puede permitir que la resistencia imponga su propio estilo de dogma y coerción, algo que los demagogos de la derecha ya están explotando. La inclusión democrática que queremos sólo se puede lograr si nos expresamos en contra del clima intolerante que se ha establecido por doquier”.

La carta fue publicada en los principales medios del mundo y también generó artículos en The New York Times y el Washington Post. Las críticas fueron feroces. Confieso que todavía me cuesta entender el impacto y los enojos, pero la razón es muy simple.

El texto se manifiesta a favor de la libertad de expresión y punto. Pero el problema es que muchos de los que firman son “intragables” para otros. Me sumo al disgusto por muchos de estos personajes, pero, de nuevo, eso no implica que tengamos que ignorarlos o que en mi caso particular no pueda firmar un petitorio con gente que no tolero. Todo lo contrario, las ideas que rechazamos son justamente rechazables cuando las entendemos.

El texto hace una referencia implícita y muy crítica al despido del editor de opinión del New York Times por haber publicado un texto (en mi opinión despreciable) de un senador republicano que pedía la represión violenta de los manifestantes anti-racistas de Black Lives Matter. ¿Era necesario echar el editor?

Figuran entre los firmantes asesores de Tony Blair, intelectuales republicanos anti-trumpistas y por supuesto la ya mencionada autora de la saga de Harry Potter que ha sido acusada de “transfóbica” por opinar que “conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de hablar de sus vidas de manera significativa”. Luego de estas declaraciones hubo llamados a boicotear su obra, que conozco pues mi hija mayor la ha leído y releído con pasión, pero que confieso que no he leído. No pienso que se deba imponer una censura de una obra literaria por las opiniones del autor. Si este fuera el caso nos quedaríamos sin muchas obras centrales de la literatura o el arte.

En nuestra región, uno de nuestros mayores escritores Jorge Luis Borges elogió a la ultima dictadura militar argentina antes de rechazarla hacia el final de su vida. Lo mismo hizo con la dictadura de Pinochet en Chile, pero sus cuentos siguen siendo lo que son a pesar de su postura lamentable. ¿Sería por ello justificable censurar su obra?

Borges, en su mejor momento, que fue su fase antifascista, decía que era imposible dialogar con los fascistas pues sus argumentos eran irracionales y no se puede discutir con la sinrazón.

Borges, en su mejor momento, que fue su fase antifascista, decía que era imposible dialogar con los fascistas pues sus argumentos eran irracionales y no se puede discutir con la sinrazón.

Para mí, dialogar con fascistas es como dialogar con una pared, pero una pared que quiere aplastarnos. El corte a la libertad de expresión se debe dar en algún momento y es bueno que todos discutamos cómo y cuándo. Pero sin muchas discusiones, en muchos casos las opiniones de los firmantes fueron rechazadas e incluso comparadas con las del fascismo.

El argumento entonces sería si es posible publicar un petitorio junto a la firma de Hitler pero nadie es Hitler (o un nazi) en la lista de los firmantes. Si ese fuera el caso, yo no hubiera firmado. Todos los firmantes son declarados anti-trumpistas, lo que en el marco estadounidense implica ser anti-racista y anti-fascista.

Vivimos momentos que no son típicos para la vida de la democracia y esta se ve seriamente amenazada no solo por sus perpetradores, pero también a veces por la falta de discusión entre sus defensores.

Foto de tedeytan en Foter.com / CC BY-SA

Cómo los déspotas se aferran al poder

John Keane en su libro El Nuevo Despotismo señala que una de las diferencias entre demócratas y déspotas es cómo dejan el poder. Cuando los demócratas terminan sus mandatos se reinventan, organizan fundaciones y ganan dinerales dando charlas, pero saben que ya no volverán al poder. Los déspotas que se engolosinaron en el gobierno tienen pánico a dejarlo. Su miedo más grande es la muerte política descrita por el Mariscal Josip Broz Tito como la más horrible de las muertes. Transformarse en un ciudadano de a pie debe ser una tortura para los que gobernaron como reyezuelos poniendo jueces sumisos, abusando de la ley y usando la maquinaria estatal para perpetuarse en el poder.

El caso más trágico es tal vez el de Evo Morales (2006-2019). Surgido de la pobreza extrema en la que viven los indígenas, llegó al poder de la mano de movimientos sociales poderosos y prometió gobernar obedeciendo. En los primeros años de su gobierno fue obligado a dar marcha atrás algunas de sus políticas públicas como el incremento del precio de la gasolina pues sus seguidores salieron a las calles y le recordaron que eran sus mandantes. Con los años su círculo íntimo le convenció que era la figura indispensable e insustituible para dar continuidad al “proyecto revolucionario”. Perdió un referendo para cambiar la constitución y quedarse en el poder, pero no importó pues el Tribunal Constitucional consideró que prohibirle participar atentaba en contra de su derecho humano de concursar en elecciones. En las elecciones presidenciales de octubre del 2019 cuando se interrumpió el conteo de votos apareció como el ganador y manifestaciones en contra del fraude electoral provocaron un golpe de estado y su destierro.

Posiblemente Morales aprendió de los malos juicios de Rafael Correa que gobernó por una década (2007-17) y que puso a sus ex vicepresidentes Lenín Moreno y Jorge Glas en el poder. Correa había modificado la constitución que el mismo hizo para elegirse cuantas veces quiera. Sin embargo, en un contexto de crisis económica provocada por el despilfarro de la mayor bonanza petrolera y con la posibilidad de no ganar en la primera vuelta dio un paso a un lado. A lo mejor consideró que Lenín Moreno que está en una silla de ruedas iba a comportarse como un perro fiel, pero obviamente Moreno tenía su proyecto y permitió que los organismos de control y el sistema de judicial investiguen los actos de corrupción y abusos de poder de su mentor. El vicepresidente Jorge Glas está en la cárcel, mientras que Correa y muchos de sus colaboradores cercanos se fugaron del país. Correa fue sentenciado en el fallido intento de secuestrar a un político de la oposición en Colombia y de usar donaciones de empresas para sus campañas electorales. Como los procesos se enredan en la justicia necesita regresar al poder y dar fin a lo que considera su persecución política. Se postuló a la vicepresidencia y está en búsqueda de una figura decorativa para la presidencia.

Si Joe Biden gana las elecciones el Partido Demócrata se prepara para una batalla legal pues lo más probable es que Trump intente aferrarse al poder a cómo de lugar. Denunciará fraude y movilizará a sus militantes a quienes se les vio armados hasta los dientes cuando protestaban en contra del encierro por el coronavirus. Trump no se ve cómo un político más. Es el líder de un movimiento que busca imponer la ley y el orden para recuperar los Estados Unidos para los ciudadanos blancos, cristianos, heterosexuales y ultraconservadores. Si bien muchos de sus impulsos han sido frenados por las instituciones democráticas busca un segundo mandato politizando el odio y el miedo racista.

Los déspotas crean redes de corrupción y patronazgo. Usan elecciones en las que tratan de ganar a toda costa incluso inclinado la cancha electoral a su favor

Los déspotas crean redes de corrupción y patronazgo. Usan elecciones en las que tratan de ganar a toda costa incluso inclinado la cancha electoral a su favor. Dicen ser la encarnación del pueblo verdadero y que luchan en contra de enemigos poderosos. Pero no todos los déspotas son iguales. En los trece años en que estuvo en el poder Morales otorgó dignidad y recursos a los más pobres que en su mayoría son indígenas. Manejó bien la economía, pero actuó como un tiranuelo cuando usó todo tipo de trucos para quedarse en el mando. Correa que se dice de izquierda persiguió a los movimientos sociales y a la izquierda, despilfarró petro-dólares en obras faraónicas como refinerías que no se construyeron y represas hidroeléctricas con sobreprecio. Trump favoreció a los millonarios y politizó la blancura como una identidad que debía ser protegida a toda costa para satisfacer a sus bases xenófobas y racistas.

Debe ser muy difícil ser un demócrata pues parece que el poder es una droga tan adictiva como sabrosa. El despotismo es un riesgo y posibilidad permanente en la democracia. No obedece a las características del líder sino a condiciones sociales que permiten que un individuo sea transformado en redentor de la patria. Cuando los ciudadanos sienten que los políticos no les representan, cuando las instituciones son vistas como impedimentos a que se exprese la voluntad popular, surgen populistas que dicen devolverán el poder al pueblo. Una vez llegan al poder tratan de colonizar las instituciones del estado para marginar a sus enemigos. La política se transforma en una guerra entre grupos antagónicos y la dinámica de la polarización mina la convivencia y las instituciones democráticas. La democracia se basa en la dispersión del poder en instituciones y en liderazgos. Si una persona es transformada por sus seguidores en la encarnación del pueblo mismo, las democracias se desfiguran y adquieren rasgos despóticos cuando imponen la voluntad de una parte sobre toda la población.

Foto de outtacontext en Foter.com / CC BY-NC-ND