Una de las preocupaciones básicas de quienes estudian el régimen democrático y sus rendimientos es la evaluación de los actores e instituciones que son parte del juego político. De ahí que exista mucha investigación que esté relacionada con el funcionamiento de las legislaturas, la casa presidencial o las capacidades y destrezas de quienes elaboran las políticas públicas. En ese ámbito, sin embargo, un espacio menos estudiado es el de los jueces y su principal “producto”: las sentencias judiciales.

Resulta llamativo, por tanto, conocer en qué medida las decisiones de estos actores, cada vez más poderosos en la vida política de los países, pueden ser valoradas. A propósito de este tema, recientemente la Universidad de la República (Montevideo, Uruguay) organizó un evento en el que académicos, expertos, jueces y periodistas se reunieron para discutir acerca de los jueces, su papel en un Estado democrático y los mecanismos de evaluación de su desempeño. Algunas luces resultaron de dicho encuentro.

Aunque las mediciones o rankings generan siempre posiciones encontradas y debates sobre las variables que se deben —o no— tener en cuenta para la valoración, existen algunos puntos de acuerdo. En primer lugar, la sentencia debe ser escrita de forma clara, concisa y con un lenguaje amigable al común de los ciudadanos. Segundo, la decisión debe resumir las disposiciones legales aplicables al caso y la valoración del juez al respecto. Tercero, el fallo debe estar apoyado (sobre todo cuando se trata de opiniones de jueces supremos o constitucionales) en la doctrina y en el criterio de las cortes internacionales; en el caso de la región, esencialmente los fallos y opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Unos y otros ingredientes, por tanto, darían cuenta de una decisión judicial a la que se puede calificar de “buena”.

Aún nos queda mucho por conocer acerca del complejo entramado que rodea a los Poderes Judiciales de América Latina»

La tabla que se expone a continuación da cuenta de una medición realizada en once cortes supremas de América Latina, pero partiendo de los parámetros antes mencionados. Tal como se observa, Costa Rica y Colombia tienen los tribunales con mejores puntuaciones, mientras que Ecuador y Bolivia están entre los peor evaluados. Nada de lo dicho es llamativo para los expertos en la materia, pues los Poderes Judiciales de estos países suelen tener valoraciones similares en otras dimensiones de la vida de las cortes de justicia.

No obstante, la deficiente posición de la Suprema Corte de Uruguay sí es digna de resaltar, pues dicho tribunal está considerado como uno de los más independientes y transparentes de la región. Una conclusión a priori, que se desprende de esta aparente contradicción, es que aún nos queda mucho por conocer acerca del complejo entramado que rodea a los Poderes Judiciales de América Latina.

Fuente: Basabe-Serrano, 2019

Más interesante aún es dilucidar cuáles son los factores que inciden para que unos jueces dicten mejores sentencias que otros. Una respuesta inicial, absolutamente intuitiva pero no por ello menos interesante, es que la formación académica de los jueces es uno de los detonantes de la calidad de sus fallos. En resumen, a mayores destrezas profesionales, mejores decisiones judiciales. Tan simple como eso. Tan simple, pero, a la vez, tan profundo, puesto que indica que, cuando un tribunal es mal evaluado, en realidad, a quien se califica negativamente, es a la formación que otorgan las Facultades de Derecho.

En otras palabras, la calidad de los jueces, reflejada en sus decisiones, no hace sino evidenciar el estado en el que se encuentra la educación universitaria de nuestros países. Por tanto, en materia de formación jurídica hay un déficit importante en América Latina.

Como se mencionó al principio, si bien es necesario someter a escrutinio público el desempeño de legisladores y presidentes, una prueba similar debe darse respecto a quienes administran justicia. Al final, es en manos de los jueces donde la ciudadanía pone la resolución de sus asuntos más cotidianos e importantes, aquellos que, en buena medida, marcan el futuro inmediato de sus vidas y la de sus familias.

En ese sentido, la observación permanente al desempeño judicial, que, en buena medida, debe provenir de las asociaciones civiles especializadas, es el mejor mecanismo de control no solo de la responsabilidad con la que se administra el servicio judicial, sino también de otro tipo de aspectos relativos a la vida de los tribunales: corrupción, independencia respecto al poder político o eficacia de la intervención en temas trascendentales, como la persecución a los delitos de violencia familiar y de género.

Si para algunos politólogos y juristas las amplias competencias otorgadas en las últimas décadas a cortes supremas y, especialmente constitucionales, les lleva a pensar que vivimos en democracias de jueces, para la ciudadanía esta mutación debe situarnos en la necesidad de afinar los mecanismos de control sobre las actuaciones de estos actores. Dura tarea, pero, a la vez, interesante y novedosa. Más ardua es la labor, si se considera que son precisamente los jueces quienes suelen ser los que más rehúyen al examen de sus actuaciones. Pues bien, si tienen mayores atribuciones y poderes, también deben recibir un mayor escrutinio de parte de la sociedad. Ese es el juego de la democracia.

Andrés Manuel López Obrador está por cumplir medio año en la Presidencia de México. Su figura sigue convocando a los exagerados por vocación y alimentando el fanatismo político a favor y en contra. Con el refuerzo amplificador de las “redes sociales”, la discusión sobre su gobierno está entrampada, estancada, envenenándose: ha sido capturada por el extremismo, sin importar hechos ni razones, y grandes números sociales se forman ciento por ciento con el presidente o ciento por ciento en su contra.

Los absolutamente “anti” no están pensando los problemas y sus hechos, y criticando en consecuencia, aunque eso que no hacen es lo que dicen hacer; critican todo lo que venga de López Obrador, por sistema, por lo que a veces (no siempre) exageran a satisfacción de ese impulso. En el otro extremo se da prácticamente lo mismo: los totalmente “pro” no están defendiendo lo racional y éticamente defendible del nuevo gobierno: están defendiendo, “a capa y espada”, a su ídolo y líder, haga lo que haga (sea lo que sea).

Así, no sorprende que entre el primer grupo haya quienes ridículamente se vean a sí mismos como “la resistencia” (como si el Gobierno obradorista fuera un enemigo del nivel antidemocrático de los verdaderos fascistas o al menos de Donald Trump); tampoco es de extrañar que en el segundo grupo se comporten como miembros de una religión, y de “la verdadera”, ya sea en el papel de simples pero aguerridos feligreses o de teólogos y sacerdotes (correlativamente, el propagandista John Ackerman escribió en algún mal libro de 2015 que México, sin AMLO en el poder, estaba como España en la Guerra Civil, sugiriendo, con esto, no una gran división entre los mexicanos, sino que los poderosos del momento eran equivalentes a los fascistas franquistas…).

Años de polarización desquiciante y desquiciada, eso es lo que ha vivido México. Años que han desembocado en la maximización de la tontería en dos direcciones: los fanáticos anti-AMLO, por y para criticar como lo critican, terminan por pintar la caricatura de un país casi paradisiaco que López Obrador destruye sin piedad, mientras que los fanáticos pro-AMLO, por y para protegerlo como lo protegen, regalan la postal de un infierno Total que su jefe apaga y clausura. La locura. Y yo no exagero: véase lo que pasa a diario en Twitter.

El México del siglo XXI era y sigue siendo una democracia pero no consolidada y de baja calidad»

La verdad es que ningún extremo tiene razón, así como tampoco la tienen sus grados más próximos: el México del siglo XXI era y sigue siendo una democracia pero no consolidada y de baja calidad, llevaba mucho tiempo deteriorándose y hoy sigue sufriendo deterioro.

Aquí no haremos malabarismos para tratar de desprestigiar o ensalzar a López Obrador. Aquí se reflejará un equilibrio por análisis. Ni neutralidad ni partidismo. Esta evaluación representa una crítica analítica, ética e independiente. Muy pocos están siguiendo una línea similar; tan pocos, que podemos contarnos con las manos, entre ellos, Jesús Silva-Herzog Márquez, en periódicos, y Javier Tello, en televisión.

Un primer y pequeño paso es reconocer que ningún gobierno puede ser perfecto. El segundo paso es mayor: el de asumir que una tendencia gubernamental en democracia es el claroscuro. O lo agridulce. Pero en algunos casos hay más luz que oscuridad (que la hay) y, en otros, al revés (en todo esto también hay grados y extremos). Lo agridulce no es necesariamente mitad agrio y mitad dulce, no siempre o casi nunca es 50 y 50 de cada cual. De ahí debe darse un tercer paso particular, el más fértil y relevante: recibiendo los hechos con la cabeza, podemos decir más sobre la presidencia de López Obrador, y ser más precisos y honestos: hasta el momento, es una experiencia más agria que dulce. No un Gobierno Agrio, no un Gobierno Dulce, no solo agridulce, más agrio que dulce.

Lo dulce: la nueva política de salario mínimo, la reducción de sueldos de la alta burocracia, la intención de combate eficaz al huachicol (robo y venta ilegal del combustible), una reforma laboral que puede democratizar la vida sindical, algunos proyectos o intenciones de redistribución económica, y pocas cosas más. No se necesita ser de izquierda para aceptar hechos en este sentido; basta ser decente y sensato sobre la evidencia de problemas históricos.

Lo agrio: el ataque a programas públicos razonablemente exitosos como el de estancias infantiles, el freno definitivo e innecesario a la construcción del llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o “consultas populares” que son una farsa, la propensión a un discurso de moralismo superficial y hasta bobo, decisiones de austeridad confundida y salvaje en materia de atención a la salud, el amiguismo en múltiples contrataciones gubernamentales, la presencia de políticos autoritarios (en el Gobierno) tan cuestionables como Manuel Bartlett, impericias en el combate contra el huachicol, la falta de aprendizaje personal sobre la libertad de expresión, el conservadurismo social de siempre (López Obrador, “el liberal y progresista”, no apoya el aborto, el matrimonio civil de personas homosexuales ni la regulación legal de las drogas), la continuación en esencia de la “guerra” contra las drogas y el narco que hicieron los presidentes anteriores, así como el desprecio tanto a la ciencia como al cuidado del medio ambiente, un desprecio tan real que se expresa en grandes reducciones presupuestarias y vacíos de políticas públicas.

Y eso no es todo. Concentrémonos en otros cuatro elementos agrios:

1. El casi nulo avance contra la corrupción. Siempre fue y siempre será una ilusión el que AMLO erradicará la política corrupta. Sin embargo, el presidente está haciendo menos de lo que debe y puede hacer. Hoy no solo hay políticos corruptos en su coalición y se desdeña el completamiento y la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, sino que también empiezan a aparecer casos de planes y casos de corrupción dentro de su gobierno. Según la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en los primeros meses de esta administración, cerca del 80% de los contratos para compras y obras se entregaron por “adjudicación directa”, es decir, sin competencia ni valoración de opciones abiertas. Un mecanismo propicio para la corrupción. Una continuidad respecto a los dos presidentes anteriores. Otra continuidad es la de tener colaboradores manchados: el delegado del gobierno federal en el estado de Jalisco, Carlos Lomelí, está cubierto por la sombra de la corrupción.

2. Una política exterior tímida y una cobardía contradictoria frente a Venezuela. López Obrador y su canciller Marcelo Ebrard insisten en que su posición es la “neutralidad” por adhesión a la “tradición diplomática mexicana” y respeto a la “autodeterminación de los pueblos”. Terrible error con eufemismos. Al punto: si hay dictadura, no puede haber “autodeterminación del pueblo”. Es imposible, porque es dictadura. En esta, al “pueblo” le dictan, no se autodetermina. Si estás con la autodeterminación, estás contra la dictadura. Nicolás Maduro es un dictador en crisis. No rechazarlo hablando de “autodeterminación del pueblo venezolano” es una contradicción monumental. 

Debo repetir: una dictadura es, por definición, la no autodeterminación del pueblo (se entienda lo que se entienda por “pueblo”, sea sociedad, ciudadanía o los pobres). No rechazar a Maduro aludiendo a una falsa neutralidad es, por tanto, rechazar la autodeterminación de las venezolanas y los venezolanos.

3. Ir en contra de la división de poderes. Muy pronto le tocó a este presidente hacer nominaciones a la Suprema Corte de Justicia. Y las dos ternas que propuso a su propia mayoría legislativa quedaron en deuda con la democracia y el liberalismo que AMLO dice abanderar. Propuso a militantes de su partido Morena y a simpatizantes comprometidos de una forma u otra con el presidente. El segundo caso es aberrante: se confirmó a Yasmín Esquivel sin el perfil deseable y ella es la esposa de un empresario amigo y colaborador de López Obrador. ¿El pretexto del presidente que no se cansa de hablar de justicia y legitimidad? Son nominaciones dentro de la ley. Y sí, pero también dentro de una teoría y práctica de la indivisión de poderes… AMLO no quiso sino hacer lo que a él le convenía y aprovechó “la ley”, no actuó como un estadista demoliberal, sino como un político cualquiera al amparo formalista del pésimo artículo 95 de la Constitución mexicana, que establece los requisitos para ser ministro de la Corte. Pero si falló el presidente, digamos que también fallaron los medios y comentócratas de México: nadie (literalmente, ni uno solo de ellos) señaló el desfasado artículo 95 como factor de la decisión presidencial. Como ahí estuvo una condición de posibilidad, ahí está otra reforma pendiente.

4. La amplitud cínica de la coalición. El presidente está alentando o tolerando la llegada a Morena y sus gobiernos de actores desprestigiados y antidemocráticos. No me opongo a cualquier alianza ni a la inclusión política; me opongo a los excesos cínicos. Ejemplo paradigmático es la situación en el estado de Puebla, donde los hechos recientes contradicen por completo el discurso de AMLO. El 24 de diciembre pasado murió la gobernadora; hubo que nombrar a un interino y convocar a elecciones extraordinarias. El problema no es otro sino este: la nueva mayoría obradorista en el Congreso local llevó al interinato a Guillermo Pacheco Pulido, político autoritario, acusado de narcotráfico no por mí, sino por el célebre semanario Proceso, uno de los soportes históricos de la indivisión de poderes que ha definido por décadas la política local, y como presidente del Tribunal Superior de Justicia, cómplice del exgobernador Mario Marín en la violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho. ¿Qué hace peor al problema? Marín ya ha sido condenado como violador de derechos por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, existe una orden de México de aprehensión en su contra y actualmente es buscado por Interpol. Y aun así, más de cinco amigos y colaboradores del corrupto y autoritario prófugo de la justicia habitan alturas del gobierno interino pro-Morena o en la campaña de su candidato a gobernador (uno más, Alejandro Armenta, es senador morenista). ¿Por qué tolera esa contradicción el presidente? ¿Por qué y para qué quieren aliarse con parte de lo peor de la historia política poblana? Como si fuera poco, Morena firmó una alianza electoral con el partido “Verde”, célebre en todo México por su amor a la corrupción. Morena puede y debe deshacerse de esos agentes tóxicos, debe separarse de esos políticos en beneficio de la imagen presidencial, de sus futuros gobiernos locales y de la ciudadanía de Puebla. 

¿Es muy pronto para evaluar a López Obrador como presidente? No, salvo que la evaluación se pretenda inamovible o final. Mucho antes de los seis meses, AMLO y los obradoristas enjuiciaban sin matices a su antecesor. Lo importante es no dejar de buscar los hechos, no dejar de pensarlos, no dejarse arrebatar por el blanco o el negro partidista. Para hacer mejores juicios públicos sobre asuntos públicos, como dijo Adam Michnik, “el gris es hermoso”. Sin embargo, no es una cuestión de estética mediática: es de ética pública e intelectual.

Pasan los caudillos milagreros, los militares en el poder, las democracias (más o menos apócrifas), las dictaduras modernizadoras, pero el atraso sigue dominando la vida de sociedades que no pueden acortar las distancias (de productividad y bienestar) con los países que comúnmente llamamos “desarrollados”. Hubo algunas excepciones de países atrasados que dieron el salto al desarrollo a fines del 800 (en el norte de Europa y Japón) y a fines del 900 (en el oriente asiático), pero para la mayor parte del mundo el atraso ha seguido siendo una maldición capaz de amargar la existencia de gran parte de la humanidad a pesar del paso del tiempo, de las diferentes políticas económicas, de las buenas intenciones de uno u otro gobernante o de las ocasionales bonanzas de sus materias primas. ¿Esta historia está a punto de concluir? ¿Quién puede decir que este legado antiguo, esta herencia, no se prolongará a lo largo de las próximas generaciones o incluso siglos?   

Suponiendo que exista alguna fuerza histórica destinada a conducir a los países más allá del atraso (una especie de mano invisible global), habrá que reconocer que su despliegue ha sido, cuando menos, aletargado, además de errático, en los últimos siglos. Los estigmas siguen a pesar del tiempo y de los cambios de formas: instituciones de baja calidad, pobreza difundida y fuerte segmentación social, además de retraso técnico y baja competitividad. En las sociedades avanzadas ocurre hoy, más que ayer, que los individuos nacidos en familias pobres tienen grandes probabilidades de seguir siéndolo. Y lo mismo vale para países completos. De ser esto así, los espacios del optimismo proyectado hacia el futuro no son muy amplios que digamos.

Es famoso el aforismo de Antonio Gramsci acerca del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Añadamos que en sus Cuadernos de la cárcel (una obra desordenada, tumultuosa y exuberante de ideas) insistía en la necesidad de guardarse de aquellos que prometen, entre múltiples patrañas, la abundancia a la vuelta de la esquina y soluciones sencillas a todos los problemas habidos y por haber. El optimismo puede ser una forma de autoengaño (un sedante de la razón) tan dañino como el pesimismo disfrazado de paciente sabiduría.     

Se ha explicado el atraso en muchas formas: por la baja productividad, el insuficiente espíritu empresarial, el retardo tecnológico, un vínculo inadecuado con el mercado internacional, el clima y hasta la ubicación geográfica de los países. Y todo esto, ciertamente, tiene algún grado de verdad en mezclas variables dependiendo de momentos y países. Sin embargo, como si el escenario no fuera suficientemente sombrío, existen otras circunstancias que tienden a amarrar a los países “en vías de desarrollo” a un pasado del cual no pueden emanciparse plenamente, incluso cuando aparecen antenas parabólicas en los techos de los tugurios de los barrios marginales o relucientes malls atestados de clases medias sedientas de símbolos de su bienestar. Las vestiduras cambian solo para encubrir organismos sociales deformados.

Los países, que en distintos momentos de los últimos dos siglos pudieron dar el salto más allá del atraso, tienen algo en común: no tuvieron prolongados pasados coloniales»

¿Por qué, en medio de un atraso que se metamorfosea a lo largo de las generaciones, sus rasgos primarios siguen inalterados? Registremos una circunstancia que podría ser relevante. Los países, que en distintos momentos de los últimos dos siglos pudieron dar el salto más allá del atraso, tienen algo en común: no tuvieron prolongados pasados coloniales. Si esto es cierto, como parece serlo, ¿por qué una larga experiencia colonial trabaría, incluso siglos después de haber sido superada, la emancipación del atraso de países enteros?

Una respuesta podría estar en el surco de desconfianza que la Colonia dejó entre sociedad e instituciones. Ser colonia por un tiempo prolongado implica la conformación de sociedades que no pueden creer en las instituciones que las dominan como si fueran un ente exterior a sí mismas. Instituciones, por consiguiente, que no pueden ser creíbles a los ojos de la sociedad y, sobre todo, de sus sectores más pobres. Instituciones opresivas que reproducen en el tiempo, incluso después de la Colonia, una cultura arraigada de depredación impune hacia los ciudadanos que deberían tutelar. Un componente entrópico instalado en el medio de la sociedad que no solo no favorece, sino que a menudo entorpece la acción colectiva por la ineficacia derivada del escaso control social.       

El surco creado en siglos de Colonia entre sociedad y Estado tiende a conservarse a largo plazo, incluso después de superada la condición colonial. Un surco de mutua desconfianza. Esta lacra de origen constituye una corriente contraria que opera silenciosa y eficazmente a lo largo de los siglos. Y la consecuencia es que una sociedad que, a pesar del descontento y los conflictos no se reconoce en sus instituciones, no solamente no confía en sí misma, sino que tiende a creer que el camino a la prosperidad supone la apropiación institucional ilícita de la riqueza socialmente creada. Pueden variar los regímenes y las formas políticas, pero el legado disgregador dejado por un prolongado pasado colonial tiende a conservarse a pesar del cambio en sus formas. Una corriente invisible pero eficaz en restar eficacia en las instituciones como agente de desarrollo y en mantener hacia ellas una desconfianza social persistente. De ser así, ¿cuántas generaciones o siglos serán necesarios para neutralizar esta corriente contraria a todo intento (por bien intencionado o acertado que pueda ser) de emanciparse del atraso? Al final de cuentas, un camino firme al desarrollo requiere una acción conjunta entre sociedad e instituciones; la desconexión supone inconsistencia y fragilidad incorporadas.

Ahora bien, si lo anterior es cierto, también lo es el que cualquier proyecto sólido de dejar atrás un largo pasado de atraso requiere eficacia y credibilidad de las instituciones públicas. Fuera de eso, todo intento resultará, antes o después, en vano.

Pero hay otra corriente contraria de naturaleza secular que viene de la Colonia (e incluso desde antes). Una estudiosa estadounidense se refiere a ella como falta de empatía social entre diferentes estratos de una misma sociedad. Me refiero a Judith Teichman en su Social Forces and States. Poverty and Distributional Outcomes in South Korea, Chile and Mexico (2012), obra en la que se comparan estos tres países y se llega a la conclusión de que en Chile y en México la fragmentación social que causó la Colonia ha consolidado una falta de empatía entre diferentes grupos sociales, un legado que ha impedido y sigue impidiendo a los sectores sociales más pobres el que puedan hacer valer sus intereses sobre las decisiones de las elites gobernantes. En otros términos, los pobres no reciben el apoyo de las clases medias para hacer avanzar sus demandas.

La antigua distancia entre criollos, mestizos e indígenas ha operado secularmente como un factor de desconexión social y, a final de cuentas, como un obstáculo al establecimiento de mercados nacionales capaces de alimentar una sólida actividad económica a largo plazo. En cambio, en Corea del Sur, donde la condición de Colonia japonesa duró “apenas” medio siglo, se mantuvieron fuertes nexos entre estratos sociales distintos que condujeron, incluso a gobiernos duramente conservadores como el de Park Chung Hee, a tomar decisiones orientadas, por ejemplo, en el terreno agrario, a evitar segmentaciones sociales continuas que pudieran impedir el desarrollo de un mercado nacional integrado y dinámico. No es descabellado decir que, vistas las cosas por sus consecuencias a largo plazo, fueron más progresistas varios Gobiernos conservadores de Asia oriental que muchos Gobiernos “revolucionarios” de América Latina.    

Concluyamos. Si el surco Estado/sociedad es un dato de larga duración para el cual no parece haber remedios de efecto rápido y, si la escasa empatía de las clases medio-altas hacia los pobres rurales o urbanos está destinada a mantenerse como factor que debilita la capacidad social de presión sobre las instituciones y sus políticas, estamos en una situación en la que las políticas económicas, por acertadas que puedan ser, están destinadas a desempeñar un papel menor del que las teorías económicas les asignan. Las sociedades atrasadas con un prolongado pasado colonial heredan factores entrópicos que no impiden el progreso, sino la salida del atraso. Y esto es exactamente lo que dificulta mirar el futuro con el optimismo deseable.   

«Hace décadas que en América Latina nos hemos acostumbrado a la llegada de los mesías, salvadores de la patria que dos por tres desembarcan triunfales en el mundo de la política para salvar a su pueblo del establishment, o sea, la política. Se trata de redentores del más diverso pelaje provenientes del mundo del entretenimiento o profesiones que les han permitido acumular prestigio —y, sobre todo, dinero—, que se ven obligados a sacrificarse en nombre de todos para poner orden. O, mejor dicho, desorden. El origen de los outsiders se remonta a las nuevas formas de comunicación política que surgieron a mediados del siglo pasado con la aparición de la televisión. Originalmente, los candidatos eran, en esencia, representantes de partidos, instituciones o ideas, y hacían papeles secundarios. Pero a la revolución de la TV, se sumó a inicios de los noventa “la era de la comunicación”, que dio paso a lo que los académicos denominan como la “humanización progresiva de la política”. Y a medida que las pantallas se fueron apoderando de nuestra atención, las posibilidades de los outsiders se multiplicaron.

Si bien Internet terminó de abrir el telón, la actual desafección a la clase política tradicional, consecuencia de la crisis política global y la corrupción, ha impulsado a manadas de outsiders a salir a escena. Este descontento hacia los “políticos profesionales” ha llevado a que “los electores se muestren atraídos por personajes que no tienen experiencia política, puesto que esa falta de experiencia es considerada como algo positivo”, explicó Roberto Rodríguez Andrés en su artículo El ascenso de los candidatos outsiders como consecuencia de las nuevas formas de comunicación política y la desafección ciudadana.

Si bien no hay una definición consensuada del término outsider, los académicos coinciden en una serie de características que Rodríguez Andrés clasifica de la siguiente manera:

1. Se trata de candidatos electorales que vienen de fuera del sistema y carecen de toda experiencia política. Sin embargo, no todos los que se acercan a la política son outsiders, ya que lo que cuenta es la inercia de la fama, una inercia a la que se aferran y prolongan a lo largo de su carrera política.

Se ubican al margen de las reglas establecidas para criticar a la clase política tradicional y atribuirle todos los males de la sociedad»

2. Se ubican al margen de las reglas establecidas para criticar a la clase política tradicional y atribuirle todos los males de la sociedad, asumiéndose, así, como auténticos “agentes del cambio”. Esta antipolítica, sin embargo, puede atribuirse no solo a ajenos, sino también a candidatos que, como afirmó Rodríguez Andrés, “aun habiéndose dedicado durante buena parte de su vida a esta actividad, se presentan con ansias renovadoras o rupturistas con respecto al orden establecido”, como sería el caso de Jair Bolsonaro.

Las estrategias electorales de los outsiders son otro aspecto en el que tampoco hay unanimidad. Ciertos académicos se limitan a incluir a aquellos que crean formaciones políticas nuevas, mientras que otros también incluyen a aquellos que utilizan a los partidos tradicionales como trampolín, como lo hizo Donald Trump.

3. La última característica y la que mejor los describe es que contra viento y marea logran convertir sus campañas en fenómenos virales que los elevan como la espuma hasta terminar ganando elecciones perdidas desde la teoría.

Partiendo de esta última perspectiva, el outsider, más que un personaje, sería un fenómeno, un suceso, un milagro, que, como aporte, reincorpora a la política a muchos de los desilusionados con los de siempre. Pero este fenómeno es sobre todo un engendro, una aberración que arrastra una serie de riesgos para los sistemas políticos y las democracias de los países.

El primero y más evidente de estos riesgos es la inexperiencia y el desconocimiento de estas personas para liderar un país o, si quiera, conformar gobiernos sólidos. El segundo es la posibilidad de que estos personajes, sobre todo los surgidos de la televisión, como el humorista y presidente guatemalteco Jimmy Morales, desarrollen campañas con objetivos autopromocionales y terminen, como afirmó Rodríguez Andrés, de “banalizar la actividad política, convirtiéndola en una suerte de circo mediático”. Otro riesgo es la erosión que causan en los sistemas, debido a que fraccionan y polarizan la política, lo que lleva a la conformación de Parlamentos hiperfragmentados y Gobiernos débiles que giran en torno al líder. Y el último y quizás el más peligroso de los riesgos es el sobredimensionamiento del personalismo, el populismo y la demagogia, que, en la actualidad, están aumentando no solo en varios países de la región, sino también en gran parte del mundo.

En el contexto actual, el envalentonamiento de los outsiders es inevitable, ya que se trata de un fenómeno social que se retroalimenta de la desilusión, la desazón, la desesperación y la rabia, así como también de la irracionalidad, la irresponsabilidad y la ignorancia. Por ello, a corto y mediano plazo nuestras sociedades seguirán siendo vulnerables al surgimiento de candidatos ajenos a la política, de los cuales muchos, disfrazados de mesías, se convertirán en reyes en esta “era de la comunicación”.

En este marco, no queda otra que ir pensando en alternativas a futuro. Y como ejemplo, un debate que viene a colación es el que despertó Juan J. Linz hace algunas décadas con su ensayo Los peligros del presidencialismo, en el que criticaba el sistema utilizado en la mayoría de los países de América. Ahí, entre varias críticas, mencionaba que la “personalización del poder” era un carácter inherente del presidencialismo. Y “el lado negativo de las elecciones populares directas es que pueden resultar elegidas personalidades ajenas a la clase política [outsiders]”, lo que incentiva la demagogia y el populismo, explicaron Matthew Soberg Shugart y Scott Mainwaring en su ensayo Presidencialismo y democracia en América latina: revisión de los términos del debate.

Este debate es simplemente uno más de muchos. Lo que verdaderamente importa es ir pensando alternativas para que, al menos, a largo plazo, podamos blindar nuestras democracias de los caprichos, egocentrismos y excentricidades de los outsiders.

Desde hace mucho ya, el Estado argentino se caracteriza por su debilidad. Este rasgo básico de nuestro Estado nadie lo ignora, pero pocos extraen de ello las debidas conclusiones de política.

Afirmar que es necesario reconstruir el Estado está muy bien, pero no nos lleva lejos; eso, indispensable, insume tiempo, hay que empezar ya, sí, pero mientras tanto los gobiernos y los grupos sociales que se interesen debemos encarar los problemas con los recursos disponibles, por pobres que sean, y no con los que desearíamos tener.

Los ejemplos de fragilidad del Estado son muchos, pero podemos dar aquí cuatro: el Estado está permanentemente expuesto a las tensiones de la dolarización económica argentina y no cuenta con medios adecuados para superarla; sus capacidades extractivas son elevadas, pero descansan sobre una base notoriamente defectuosa en lo asignativo y notoriamente inequitativa; el cuadro fiscal, que ha mejorado en años recientes, está afectado por bombas de tiempo que todos conocen, como la financiación futura del régimen provisional. Su poder de encarrilamiento y disciplinamiento de las conductas colectivas, en especial de lograr que actores organizados respalden cambios estructurales o presten apoyo tangible a políticas de modernización, es muy bajo.

Por fin, nuestro Estado está afectado por otra debilidad, que no es propiamente estatal pero que repercute brutalmente sobre él: una baja capacidad de cooperación política y un muy escaso capital de confianza entre los actores y de los ciudadanos hacia los políticos.

Resultante de la labilidad estatal es la espiralización de los grandes precios (tipo de cambio, salarios, servicios, etc.), que se expresa emblemáticamente en nuestra inflación crónica. Inflación que tiene un impacto a su vez arrasador sobre el propio Estado, sobre la inversión y sobre la distribución del ingreso. Cuando los gobiernos están en una fase macroeconómica de presunto control de las variables, las voces críticas, es lógico, tienen un alcance reducido. Tampoco es que los que advierten que todo acabará mal digan nada demasiado nuevo, porque los problemas no son, a su vez, demasiado nuevos.

cuando la gestión macroeconómica atraviesa por enormes turbulencias, como es el caso desde hace ya un año, entonces proliferan propuestas

Pero, cuando la gestión macroeconómica atraviesa por enormes turbulencias, como es el caso desde hace ya un año, entonces proliferan propuestas de políticos y economistas que también parece calcadas en gran medida de experiencias pasadas y que alimentan ilusiones sobre el modo de salir de la crisis y colocar al estado y la economía en un sendero sustentable.

Reaparece así el léxico de los consensos, los acuerdos, los planes y las grandes reformas. Grandes, todos: grandes consensos, grandes acuerdos, grandes planes y grandes reformas estructurales. De derecha, centro o izquierda, no importa. Para reconstituir el Estado, para desenvolver una productividad genuina, para administrar adecuadamente el tipo de cambio, etc. Se apela así a la “buena voluntad” (hablar con el corazón, preguntar cuánto está dispuesto cada uno a poner, ya no a pedir, a arreglar el país entre todos); y se termina dando paso a comportamientos defensivos y conservadores.

El problema de todas estas promesas y propuestas es que son falaces, circulares, porque adolecen del mismo defecto: dan por supuesta la existencia de aquello que prometerían crear; un Estado fuerte y un capital de confianza y capacidad de cooperación política (interpartidaria o de otra índole).

Esta suerte de petición de principios política (me dispongo a construir un Estado fuerte asumiendo que ya cuento para esa tarea con él) puede ser ilustrada con simples ejemplos: decimos que son necesarias tres grandes reformas estructurales: provisional, laboral y tributaria.

Muy bien; ¿para qué? Para sacar al Estado y a la economía de la trampa estratégica en que están. Pero, contrario sensu, si no disponemos de los activos políticos y económicos que traería aparejados poner al Estado de pie, ¿de dónde extraeremos las energías necesarias para tales reformas? Todas cuestan dinero (los ajustes son carísimos) y todas requieren de una dosis elevada de cooperación y confianza, y no tenemos nada de eso. ¿Qué se desprende de todo esto?

El consejo que me doy a mí mismo es ponerme cera en los oídos porque, a diferencia de Ulises, no tengo las manos atadas, y en los próximos meses deberé usarlas para introducir sobres en urnas.

Mejor desconfiar de las promesas de grandes acuerdos, de los macroeconomistas que seducen con la magia de los planes (y si creen en ella, desconfiar más aún) o de violentos paquetes de reforma (estos últimos son los peores), y disponerse a exigir que los gobiernos, a lo Albert Hirschman, avancen todo lo que puedan con reformas parciales, poco a poco, que contribuyan a colocar mejor los incentivos estatales, económicos y políticos, y vayan construyendo confianza y capacidad de cooperación, a pesar de que no resuelvan de inmediato ninguno de los grandes problemas, y que estos, por lo tanto, continúen golpeándonos la puerta. Hagamos política, y política económica, con lo que está, no con lo que nos gustaría que estuviera. Asumamos la penuria, tratemos de gestionarla con la mayor equidad posible, soportemos los sofocones de las crisis, y tratemos de ir construyendo las condiciones necesarias para los cambios estatales y económicos de mayor envergadura.