Latinoamerica 21Una región, todas las voces

Pasan los caudillos milagreros, los militares en el poder, las democracias (más o menos apócrifas), las dictaduras modernizadoras, pero el atraso sigue dominando la vida de sociedades que no pueden acortar las distancias (de productividad y bienestar) con los países que comúnmente llamamos “desarrollados”. Hubo algunas excepciones de países atrasados que dieron el salto al desarrollo a fines del 800 (en el norte de Europa y Japón) y a fines del 900 (en el oriente asiático), pero para la mayor parte del mundo el atraso ha seguido siendo una maldición capaz de amargar la existencia de gran parte de la humanidad a pesar del paso del tiempo, de las diferentes políticas económicas, de las buenas intenciones de uno u otro gobernante o de las ocasionales bonanzas de sus materias primas. ¿Esta historia está a punto de concluir? ¿Quién puede decir que este legado antiguo, esta herencia, no se prolongará a lo largo de las próximas generaciones o incluso siglos?   

Suponiendo que exista alguna fuerza histórica destinada a conducir a los países más allá del atraso (una especie de mano invisible global), habrá que reconocer que su despliegue ha sido, cuando menos, aletargado, además de errático, en los últimos siglos. Los estigmas siguen a pesar del tiempo y de los cambios de formas: instituciones de baja calidad, pobreza difundida y fuerte segmentación social, además de retraso técnico y baja competitividad. En las sociedades avanzadas ocurre hoy, más que ayer, que los individuos nacidos en familias pobres tienen grandes probabilidades de seguir siéndolo. Y lo mismo vale para países completos. De ser esto así, los espacios del optimismo proyectado hacia el futuro no son muy amplios que digamos.

Es famoso el aforismo de Antonio Gramsci acerca del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Añadamos que en sus Cuadernos de la cárcel (una obra desordenada, tumultuosa y exuberante de ideas) insistía en la necesidad de guardarse de aquellos que prometen, entre múltiples patrañas, la abundancia a la vuelta de la esquina y soluciones sencillas a todos los problemas habidos y por haber. El optimismo puede ser una forma de autoengaño (un sedante de la razón) tan dañino como el pesimismo disfrazado de paciente sabiduría.     

Se ha explicado el atraso en muchas formas: por la baja productividad, el insuficiente espíritu empresarial, el retardo tecnológico, un vínculo inadecuado con el mercado internacional, el clima y hasta la ubicación geográfica de los países. Y todo esto, ciertamente, tiene algún grado de verdad en mezclas variables dependiendo de momentos y países. Sin embargo, como si el escenario no fuera suficientemente sombrío, existen otras circunstancias que tienden a amarrar a los países “en vías de desarrollo” a un pasado del cual no pueden emanciparse plenamente, incluso cuando aparecen antenas parabólicas en los techos de los tugurios de los barrios marginales o relucientes malls atestados de clases medias sedientas de símbolos de su bienestar. Las vestiduras cambian solo para encubrir organismos sociales deformados.

Los países, que en distintos momentos de los últimos dos siglos pudieron dar el salto más allá del atraso, tienen algo en común: no tuvieron prolongados pasados coloniales»

¿Por qué, en medio de un atraso que se metamorfosea a lo largo de las generaciones, sus rasgos primarios siguen inalterados? Registremos una circunstancia que podría ser relevante. Los países, que en distintos momentos de los últimos dos siglos pudieron dar el salto más allá del atraso, tienen algo en común: no tuvieron prolongados pasados coloniales. Si esto es cierto, como parece serlo, ¿por qué una larga experiencia colonial trabaría, incluso siglos después de haber sido superada, la emancipación del atraso de países enteros?

Una respuesta podría estar en el surco de desconfianza que la Colonia dejó entre sociedad e instituciones. Ser colonia por un tiempo prolongado implica la conformación de sociedades que no pueden creer en las instituciones que las dominan como si fueran un ente exterior a sí mismas. Instituciones, por consiguiente, que no pueden ser creíbles a los ojos de la sociedad y, sobre todo, de sus sectores más pobres. Instituciones opresivas que reproducen en el tiempo, incluso después de la Colonia, una cultura arraigada de depredación impune hacia los ciudadanos que deberían tutelar. Un componente entrópico instalado en el medio de la sociedad que no solo no favorece, sino que a menudo entorpece la acción colectiva por la ineficacia derivada del escaso control social.       

El surco creado en siglos de Colonia entre sociedad y Estado tiende a conservarse a largo plazo, incluso después de superada la condición colonial. Un surco de mutua desconfianza. Esta lacra de origen constituye una corriente contraria que opera silenciosa y eficazmente a lo largo de los siglos. Y la consecuencia es que una sociedad que, a pesar del descontento y los conflictos no se reconoce en sus instituciones, no solamente no confía en sí misma, sino que tiende a creer que el camino a la prosperidad supone la apropiación institucional ilícita de la riqueza socialmente creada. Pueden variar los regímenes y las formas políticas, pero el legado disgregador dejado por un prolongado pasado colonial tiende a conservarse a pesar del cambio en sus formas. Una corriente invisible pero eficaz en restar eficacia en las instituciones como agente de desarrollo y en mantener hacia ellas una desconfianza social persistente. De ser así, ¿cuántas generaciones o siglos serán necesarios para neutralizar esta corriente contraria a todo intento (por bien intencionado o acertado que pueda ser) de emanciparse del atraso? Al final de cuentas, un camino firme al desarrollo requiere una acción conjunta entre sociedad e instituciones; la desconexión supone inconsistencia y fragilidad incorporadas.

Ahora bien, si lo anterior es cierto, también lo es el que cualquier proyecto sólido de dejar atrás un largo pasado de atraso requiere eficacia y credibilidad de las instituciones públicas. Fuera de eso, todo intento resultará, antes o después, en vano.

Pero hay otra corriente contraria de naturaleza secular que viene de la Colonia (e incluso desde antes). Una estudiosa estadounidense se refiere a ella como falta de empatía social entre diferentes estratos de una misma sociedad. Me refiero a Judith Teichman en su Social Forces and States. Poverty and Distributional Outcomes in South Korea, Chile and Mexico (2012), obra en la que se comparan estos tres países y se llega a la conclusión de que en Chile y en México la fragmentación social que causó la Colonia ha consolidado una falta de empatía entre diferentes grupos sociales, un legado que ha impedido y sigue impidiendo a los sectores sociales más pobres el que puedan hacer valer sus intereses sobre las decisiones de las elites gobernantes. En otros términos, los pobres no reciben el apoyo de las clases medias para hacer avanzar sus demandas.

La antigua distancia entre criollos, mestizos e indígenas ha operado secularmente como un factor de desconexión social y, a final de cuentas, como un obstáculo al establecimiento de mercados nacionales capaces de alimentar una sólida actividad económica a largo plazo. En cambio, en Corea del Sur, donde la condición de Colonia japonesa duró “apenas” medio siglo, se mantuvieron fuertes nexos entre estratos sociales distintos que condujeron, incluso a gobiernos duramente conservadores como el de Park Chung Hee, a tomar decisiones orientadas, por ejemplo, en el terreno agrario, a evitar segmentaciones sociales continuas que pudieran impedir el desarrollo de un mercado nacional integrado y dinámico. No es descabellado decir que, vistas las cosas por sus consecuencias a largo plazo, fueron más progresistas varios Gobiernos conservadores de Asia oriental que muchos Gobiernos “revolucionarios” de América Latina.    

Concluyamos. Si el surco Estado/sociedad es un dato de larga duración para el cual no parece haber remedios de efecto rápido y, si la escasa empatía de las clases medio-altas hacia los pobres rurales o urbanos está destinada a mantenerse como factor que debilita la capacidad social de presión sobre las instituciones y sus políticas, estamos en una situación en la que las políticas económicas, por acertadas que puedan ser, están destinadas a desempeñar un papel menor del que las teorías económicas les asignan. Las sociedades atrasadas con un prolongado pasado colonial heredan factores entrópicos que no impiden el progreso, sino la salida del atraso. Y esto es exactamente lo que dificulta mirar el futuro con el optimismo deseable.   

«Hace décadas que en América Latina nos hemos acostumbrado a la llegada de los mesías, salvadores de la patria que dos por tres desembarcan triunfales en el mundo de la política para salvar a su pueblo del establishment, o sea, la política. Se trata de redentores del más diverso pelaje provenientes del mundo del entretenimiento o profesiones que les han permitido acumular prestigio —y, sobre todo, dinero—, que se ven obligados a sacrificarse en nombre de todos para poner orden. O, mejor dicho, desorden. El origen de los outsiders se remonta a las nuevas formas de comunicación política que surgieron a mediados del siglo pasado con la aparición de la televisión. Originalmente, los candidatos eran, en esencia, representantes de partidos, instituciones o ideas, y hacían papeles secundarios. Pero a la revolución de la TV, se sumó a inicios de los noventa “la era de la comunicación”, que dio paso a lo que los académicos denominan como la “humanización progresiva de la política”. Y a medida que las pantallas se fueron apoderando de nuestra atención, las posibilidades de los outsiders se multiplicaron.

Si bien Internet terminó de abrir el telón, la actual desafección a la clase política tradicional, consecuencia de la crisis política global y la corrupción, ha impulsado a manadas de outsiders a salir a escena. Este descontento hacia los “políticos profesionales” ha llevado a que “los electores se muestren atraídos por personajes que no tienen experiencia política, puesto que esa falta de experiencia es considerada como algo positivo”, explicó Roberto Rodríguez Andrés en su artículo El ascenso de los candidatos outsiders como consecuencia de las nuevas formas de comunicación política y la desafección ciudadana.

Si bien no hay una definición consensuada del término outsider, los académicos coinciden en una serie de características que Rodríguez Andrés clasifica de la siguiente manera:

1. Se trata de candidatos electorales que vienen de fuera del sistema y carecen de toda experiencia política. Sin embargo, no todos los que se acercan a la política son outsiders, ya que lo que cuenta es la inercia de la fama, una inercia a la que se aferran y prolongan a lo largo de su carrera política.

Se ubican al margen de las reglas establecidas para criticar a la clase política tradicional y atribuirle todos los males de la sociedad»

2. Se ubican al margen de las reglas establecidas para criticar a la clase política tradicional y atribuirle todos los males de la sociedad, asumiéndose, así, como auténticos “agentes del cambio”. Esta antipolítica, sin embargo, puede atribuirse no solo a ajenos, sino también a candidatos que, como afirmó Rodríguez Andrés, “aun habiéndose dedicado durante buena parte de su vida a esta actividad, se presentan con ansias renovadoras o rupturistas con respecto al orden establecido”, como sería el caso de Jair Bolsonaro.

Las estrategias electorales de los outsiders son otro aspecto en el que tampoco hay unanimidad. Ciertos académicos se limitan a incluir a aquellos que crean formaciones políticas nuevas, mientras que otros también incluyen a aquellos que utilizan a los partidos tradicionales como trampolín, como lo hizo Donald Trump.

3. La última característica y la que mejor los describe es que contra viento y marea logran convertir sus campañas en fenómenos virales que los elevan como la espuma hasta terminar ganando elecciones perdidas desde la teoría.

Partiendo de esta última perspectiva, el outsider, más que un personaje, sería un fenómeno, un suceso, un milagro, que, como aporte, reincorpora a la política a muchos de los desilusionados con los de siempre. Pero este fenómeno es sobre todo un engendro, una aberración que arrastra una serie de riesgos para los sistemas políticos y las democracias de los países.

El primero y más evidente de estos riesgos es la inexperiencia y el desconocimiento de estas personas para liderar un país o, si quiera, conformar gobiernos sólidos. El segundo es la posibilidad de que estos personajes, sobre todo los surgidos de la televisión, como el humorista y presidente guatemalteco Jimmy Morales, desarrollen campañas con objetivos autopromocionales y terminen, como afirmó Rodríguez Andrés, de “banalizar la actividad política, convirtiéndola en una suerte de circo mediático”. Otro riesgo es la erosión que causan en los sistemas, debido a que fraccionan y polarizan la política, lo que lleva a la conformación de Parlamentos hiperfragmentados y Gobiernos débiles que giran en torno al líder. Y el último y quizás el más peligroso de los riesgos es el sobredimensionamiento del personalismo, el populismo y la demagogia, que, en la actualidad, están aumentando no solo en varios países de la región, sino también en gran parte del mundo.

En el contexto actual, el envalentonamiento de los outsiders es inevitable, ya que se trata de un fenómeno social que se retroalimenta de la desilusión, la desazón, la desesperación y la rabia, así como también de la irracionalidad, la irresponsabilidad y la ignorancia. Por ello, a corto y mediano plazo nuestras sociedades seguirán siendo vulnerables al surgimiento de candidatos ajenos a la política, de los cuales muchos, disfrazados de mesías, se convertirán en reyes en esta “era de la comunicación”.

En este marco, no queda otra que ir pensando en alternativas a futuro. Y como ejemplo, un debate que viene a colación es el que despertó Juan J. Linz hace algunas décadas con su ensayo Los peligros del presidencialismo, en el que criticaba el sistema utilizado en la mayoría de los países de América. Ahí, entre varias críticas, mencionaba que la “personalización del poder” era un carácter inherente del presidencialismo. Y “el lado negativo de las elecciones populares directas es que pueden resultar elegidas personalidades ajenas a la clase política [outsiders]”, lo que incentiva la demagogia y el populismo, explicaron Matthew Soberg Shugart y Scott Mainwaring en su ensayo Presidencialismo y democracia en América latina: revisión de los términos del debate.

Este debate es simplemente uno más de muchos. Lo que verdaderamente importa es ir pensando alternativas para que, al menos, a largo plazo, podamos blindar nuestras democracias de los caprichos, egocentrismos y excentricidades de los outsiders.

Desde hace mucho ya, el Estado argentino se caracteriza por su debilidad. Este rasgo básico de nuestro Estado nadie lo ignora, pero pocos extraen de ello las debidas conclusiones de política.

Afirmar que es necesario reconstruir el Estado está muy bien, pero no nos lleva lejos; eso, indispensable, insume tiempo, hay que empezar ya, sí, pero mientras tanto los gobiernos y los grupos sociales que se interesen debemos encarar los problemas con los recursos disponibles, por pobres que sean, y no con los que desearíamos tener.

Los ejemplos de fragilidad del Estado son muchos, pero podemos dar aquí cuatro: el Estado está permanentemente expuesto a las tensiones de la dolarización económica argentina y no cuenta con medios adecuados para superarla; sus capacidades extractivas son elevadas, pero descansan sobre una base notoriamente defectuosa en lo asignativo y notoriamente inequitativa; el cuadro fiscal, que ha mejorado en años recientes, está afectado por bombas de tiempo que todos conocen, como la financiación futura del régimen provisional. Su poder de encarrilamiento y disciplinamiento de las conductas colectivas, en especial de lograr que actores organizados respalden cambios estructurales o presten apoyo tangible a políticas de modernización, es muy bajo.

Por fin, nuestro Estado está afectado por otra debilidad, que no es propiamente estatal pero que repercute brutalmente sobre él: una baja capacidad de cooperación política y un muy escaso capital de confianza entre los actores y de los ciudadanos hacia los políticos.

Resultante de la labilidad estatal es la espiralización de los grandes precios (tipo de cambio, salarios, servicios, etc.), que se expresa emblemáticamente en nuestra inflación crónica. Inflación que tiene un impacto a su vez arrasador sobre el propio Estado, sobre la inversión y sobre la distribución del ingreso. Cuando los gobiernos están en una fase macroeconómica de presunto control de las variables, las voces críticas, es lógico, tienen un alcance reducido. Tampoco es que los que advierten que todo acabará mal digan nada demasiado nuevo, porque los problemas no son, a su vez, demasiado nuevos.

cuando la gestión macroeconómica atraviesa por enormes turbulencias, como es el caso desde hace ya un año, entonces proliferan propuestas

Pero, cuando la gestión macroeconómica atraviesa por enormes turbulencias, como es el caso desde hace ya un año, entonces proliferan propuestas de políticos y economistas que también parece calcadas en gran medida de experiencias pasadas y que alimentan ilusiones sobre el modo de salir de la crisis y colocar al estado y la economía en un sendero sustentable.

Reaparece así el léxico de los consensos, los acuerdos, los planes y las grandes reformas. Grandes, todos: grandes consensos, grandes acuerdos, grandes planes y grandes reformas estructurales. De derecha, centro o izquierda, no importa. Para reconstituir el Estado, para desenvolver una productividad genuina, para administrar adecuadamente el tipo de cambio, etc. Se apela así a la “buena voluntad” (hablar con el corazón, preguntar cuánto está dispuesto cada uno a poner, ya no a pedir, a arreglar el país entre todos); y se termina dando paso a comportamientos defensivos y conservadores.

El problema de todas estas promesas y propuestas es que son falaces, circulares, porque adolecen del mismo defecto: dan por supuesta la existencia de aquello que prometerían crear; un Estado fuerte y un capital de confianza y capacidad de cooperación política (interpartidaria o de otra índole).

Esta suerte de petición de principios política (me dispongo a construir un Estado fuerte asumiendo que ya cuento para esa tarea con él) puede ser ilustrada con simples ejemplos: decimos que son necesarias tres grandes reformas estructurales: provisional, laboral y tributaria.

Muy bien; ¿para qué? Para sacar al Estado y a la economía de la trampa estratégica en que están. Pero, contrario sensu, si no disponemos de los activos políticos y económicos que traería aparejados poner al Estado de pie, ¿de dónde extraeremos las energías necesarias para tales reformas? Todas cuestan dinero (los ajustes son carísimos) y todas requieren de una dosis elevada de cooperación y confianza, y no tenemos nada de eso. ¿Qué se desprende de todo esto?

El consejo que me doy a mí mismo es ponerme cera en los oídos porque, a diferencia de Ulises, no tengo las manos atadas, y en los próximos meses deberé usarlas para introducir sobres en urnas.

Mejor desconfiar de las promesas de grandes acuerdos, de los macroeconomistas que seducen con la magia de los planes (y si creen en ella, desconfiar más aún) o de violentos paquetes de reforma (estos últimos son los peores), y disponerse a exigir que los gobiernos, a lo Albert Hirschman, avancen todo lo que puedan con reformas parciales, poco a poco, que contribuyan a colocar mejor los incentivos estatales, económicos y políticos, y vayan construyendo confianza y capacidad de cooperación, a pesar de que no resuelvan de inmediato ninguno de los grandes problemas, y que estos, por lo tanto, continúen golpeándonos la puerta. Hagamos política, y política económica, con lo que está, no con lo que nos gustaría que estuviera. Asumamos la penuria, tratemos de gestionarla con la mayor equidad posible, soportemos los sofocones de las crisis, y tratemos de ir construyendo las condiciones necesarias para los cambios estatales y económicos de mayor envergadura.

Latinoamérica se enfrenta a un tiempo trascendental en varios frentes. Por un lado, las elecciones nacionales del año pasado en seis países —incluyendo tres de los más grandes, Brasil, Colombia y México— están reformando gradualmente el escenario político de la región. De manera paralela, la agenda económica es el foco de los esfuerzos de los países para afrontar desequilibrios, implementar reformas y robustecer el crecimiento. Latinoamérica se enfrenta a un tiempo trascendental en varios frentes. Como telón de fondo de todo esto, importantes movimientos feministas se han venido gestando, aproximadamente desde hace dos años, luego de marcadas discusiones sobre violencia machista e igualdad de género que han tenido serias implicaciones críticas tanto en el ámbito político como en el económico.

En las últimas décadas, la mayoría de los países de América Latina han dado pasos importantes y en la dirección correcta hacia la reducción de las desigualdades de género. Muchas mujeres se han afianzado en el mercado laboral y han tenido un mayor acceso a la sanidad. De acuerdo con cifras de la ONU, hoy en día las mujeres superan a los hombres en años de escolaridad, en tasas de esperanza de vida, y su participación política ha venido en aumento.

América Latina necesita al menos ochenta años para cerrar la brecha de género actual, que es del 30%»

Sin embargo, y a pesar de todos estos avances, en la región sigue existiendo una amplia brecha entre los géneros en varios frentes. De acuerdo con el Informe global sobre brecha de género, publicado por el Foro Económico Mundial, América Latina necesita al menos ochenta años para cerrar la brecha de género actual, que es del 30%. La región se encuentra solo por detrás de Europa del Este, Asia Central y América del Norte (representada por Canadá y Estados Unidos), pero aún está lejos de la brecha del 25% de Europa occidental.

Estas cifras son un claro recordatorio de que las mujeres de la región representan el 50% de la población, pero solamente el 41% de la fuerza laboral, y ganan, en promedio, 16% menos que los hombres. Aunado a esto, la segregación ocupacional sigue siendo muy alta y los mejores logros en su educación no han conllevado óptimas remuneraciones salariales. De hecho, la disparidad salarial en empleos cualificados alcanza en promedio el 26%, lo cual frena el empoderamiento económico de las mujeres.

En cuanto a la representación política, la brecha se mantiene amplia. De acuerdo con datos de la Unión Interparlamentaria, del total de asientos parlamentarios en América Latina, tan solo el 29% lo ocupan mujeres, con tasas considerablemente bajas en países como Belice, Haití y Paraguay (entre el 3% y el 10%) y tasas muy altas en países como Bolivia, Costa Rica y México (entre el 45% y el 53%). Por otra parte, las elecciones del año pasado no han traído consigo jefas de Estado, lo que contrasta con el año 2014 cuando la región contaba con el mayor número de jefas de Estado en países como Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica. A mi parecer, las probabilidades de que esto vuelva a suceder en un futuro cercano son pocas.

Es indiscutible que una mayor igualdad de género y una mayor participación de las mujeres en la vida política tienen un impacto amplio en el desarrollo, así como también más repercusiones económicas, pues ellas promueven más la estabilidad económica y conducen a un mayor número de resultados democráticos. Una representación femenina más amplia en las cámaras bajas y altas de los Parlamentos nacionales también está vinculada a un mayor progreso en la reforma de la legislación discriminatoria y en una mayor inversión en servicios sociales y del bienestar.

De acuerdo con el estudio Potencial no realizado: el alto coste de la desigualdad de género en los ingresos, del Banco Mundial, la desigualdad de género conlleva un coste global de unos 160 billones de dólares, de los cuales 6.7 billones de dólares son atribuibles a la brecha de género en los ingresos en Latinoamérica.

Una dimensión de la igualdad de género (la legal) resultará entonces de una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral, una menor brecha salarial y un mayor número de mujeres en los Parlamentos. Con esto no quiero decir que se resuelvan inmediatamente todos los demás problemas que tienen su origen en la desigualdad de género (violencia, discriminación, derechos fundamentales… solo por mencionar algunos), pero las leyes y las políticas sí que pueden impulsar una mayor inclusión de las mujeres.

Un ejemplo de ello han sido las políticas de acción afirmativa (como las cuotas), las cuales, más allá de eliminar la discriminación legal, ayudan a nivelar el sueldo entre hombres y mujeres. De hecho, la participación política de las mujeres latinoamericanas fue impulsada en gran medida por las cuotas de género y las leyes de paridad electoral, de las que Argentina fue pionera en 1991. No obstante, es importante recalcar que, aunque estas leyes han contribuido a crear más espacios para las mujeres, estas a menudo son insuficientes.

Es innegable que las oportunidades para las mujeres han mejorado en la región y se están dando los pasos en la dirección correcta, aunque muy lentamente. Sin embargo, hace falta más. Con tan contundente evidencia de que el empoderamiento femenino es clave para cerrar las brechas entre ambos géneros (esto es clave para el crecimiento económico en general), simplemente nos queda esperar que, con tanto en juego para América Latina en temas políticos y económicos, sea el impulso en la paridad de género un tema esencial en la agenda.

Foto de Carlos Velayos on Trendhype / CC BY-NC-ND