Con una contundente victoria, José Antonio Kast se impuso en la segunda vuelta frente a la candidata del oficialismo Jeannette Jara y se convirtió en el sucesor de Gabriel Boric. La elección ha dejado una serie de hitos claves como el reestreno del voto obligatorio en elecciones presidenciales, lo que convirtió a Kast en el presidente más votado en la historia de Chile con más de 7 millones de votos, además de la participación en el ballotage de una militante del Partido Comunista de Chile. Pero lo relevante que dejó la segunda vuelta es que, al igual que en 2021, un nuevo presidente se estrenará en el Palacio de la Moneda, dejando en posiciones minoritarias a los partidos tradicionales que comandaron la transición a la democracia.
Desde entonces, dos grandes coaliciones hegemonizaron gran parte de los cargos de elección popular y las disputas presidenciales, la centroizquierdista Concertación y la centroderechista Alianza por Chile. La elección de 2021, que terminó con el presidente Boric en la moneda, fue la primera vez en que ninguno de los candidatos que disputaron el ballotage representaba a las históricas coaliciones, abriendo un nuevo ciclo político.
En este contexto, Kast tiene el desafío de traducir el contundente respaldo obtenido, en un gobierno que se haga cargo de los anhelos de las chilenas y chilenos en materias de seguridad, migración y reactivación económica. Para ello, hay lecciones que puede sacar del gobierno de su antecesor.
El gobierno anterior se inició con un clima proclive a sus ideas y en medio del primer proceso constitucional. En ese contexto, Boric diseñó un gabinete ministerial con sus principales aliados de la época de dirigente estudiantil y de su paso por la cámara de diputados, dejando a los líderes de pasado concertacionista en posiciones secundarias, con alguna excepción.
La denominada estrategia de los “círculos concéntricos” que dejaba en los anillos más próximos al presidente a quienes provenían del mundo del Frente Amplio chileno y al resto en los anillos exteriores, no permitió conformar una coalición conjunta. Dicha estrategia terminó fracasando luego de la aplastante derrota en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2021. Esto forzó al mandatario a incorporar a los mejores cuadros del llamado Socialismo democrático al gabinete, lo que desnudó una suerte de matrimonio por conveniencia, mas que una verdadera alianza política.
Volviendo a 2025, Kast tiene poco tiempo para definir si optará por un gabinete que siga la fallida apuesta del Frente Amplio o que se abra a las fuerzas libertarias y de la centroderecha. De optar por la segunda opción, Kast buscará aglutinar a las distintas derechas con presencia en ambas cámaras legislativas, con el fin de acercarse a las mayorías legislativas necesarias para impulsar su agenda.
En esa línea, la reciente experiencia del diseño del gabinete del presidente Boric puede servir de advertencia ante la dificultad para construir apoyos legislativos robustos en un congreso altamente fragmentado como el chileno. Con 42 diputados, la lista de Republicanos, Libertarios y Socialcristianos requiere una coordinación muy precisa con la centroderecha, que aún cuenta con 34 escaños en la cámara de diputados, a la hora de buscar aprobar sus leyes. En caso de lograrlo, aún requerirá 2 votos para lograr la mayoría simple, por lo que deberá acercar posiciones con el Partido de la Gente (PDG) y sus 14 diputados, la gran sorpresa de la primera vuelta presidencial.
En un contexto de gran fragmentación, altas expectativas y una oposición “vigilante”, el presidente electo deberá resolver si avanza en una nueva coalición que le de soporte legislativo a su gobierno. Los partidos de la centroderecha deberán resolver si sumarse o no, con el riesgo de ser absorbidos, tal como le pasó al PRO en la Argentina liderada por Milei.
Las primeras horas de Kast han marcado cierta moderación, tanto en su discurso como en las expectativas generadas en la población. En su primer discurso, llamó a valorar el rol de la oposición e incluso a señalar que los problemas que enfrentarán en el gobierno son complejos y los resultados costarán en llegar. Si bien su gobierno aún no comienza, Kast ya genera expectativas respecto a cómo actuará una vez ocupe el palacio de La Moneda.
El triunfo electoral de Donald Trump para un segundo período no consecutivo fue visto por venezolanos —dentro y fuera de EE.UU.— como la última oportunidad de lograr una transición política en Venezuela. La esperanza de millones de venezolanos de volver a la democracia en Venezuela, una vez más, fue puesta en manos del presidente estadounidense. Sin embargo, Trump tenía otros planes.
La conquista del voto hispano en el sur de la Florida ya no es una prioridad para el Partido Republicano. En la campaña electoral de 2024, después de haber sido utilizados como proxy del bloque cubano-americano en 2020, los venezolanos se convirtieron en blanco de ataques continuos en el contexto del mensaje antiinmigración de la campaña electoral de Trump. En un estado que es ficha segura del Partido Republicano, la criminalización de los inmigrantes venezolanos, lejos de provocar rechazo en las diásporas cubanas y venezolanas, encontró amplio respaldo.
Entre las primeras medidas de la nueva administración de Trump estuvo la emisión de una serie de órdenes ejecutivas para frenar la inmigración irregular. Una de las comunidades migrantes más afectadas por esta decisión fue la venezolana, con la designación del Tren de Aragua como organización terrorista, pues basta con la nacionalidad para criminalizar al gentilicio en EE.UU.
En este contexto se produjo uno de los episodios más controvertidos de la lucha política por la democracia venezolana. El liderazgo opositor venezolano, luego del fraude electoral del año 2024, apostó por una intervención militar de EE.UU. como el único recurso para deponer a Nicolás Maduro, tras la fallida contienda electoral. A pesar de la ilegitimidad del régimen político de Nicolás Maduro, el abrumador respaldo al candidato opositor, Edmundo González, no fue suficiente para obligar a Maduro a reconocer su derrota.
En este escenario, la líder del movimiento opositor, María Corina Machado, no solo respaldó la narrativa oficial que criminaliza a los venezolanos en EE.UU., al insistir en el rol de Nicolás Maduro como supuesto líder del Tren de Aragua, sino que además validó falsedades como la manipulación de la elección presidencial de Joe Biden en 2020, en un vano intento de lograr el apoyo de la administración Trump a sus llamados a la intervención en Venezuela.
Si bien el escenario de una intervención militar parecía lejos de ser inminente, el inicio de una serie de ataques contra pequeñas embarcaciones, primero en el Caribe y luego en el Pacífico, cambió la percepción sobre las intenciones reales de la Casa Blanca. La estrategia apuntaba a la lucha contra el narcotráfico, bajo el argumento de la responsabilidad del líder de facto de Venezuela en el tráfico de drogas. Aun cuando se aludió al fentanilo, sustancia de la que Venezuela no es un país de tránsito, la administración de Trump insistió en que se trataba de la lucha antidrogas, contando con el respaldo de María Corina Machado, quien reiteradamente ha acusado a Nicolás Maduro de estar involucrado en el negocio de drogas.
Luego de 28 ataques a embarcaciones, con más de 110 fallecidos, el presidente Trump elevó la amenaza contra el régimen de Maduro al confiscar buques petroleros que transportaban crudo venezolano. Aun cuando la Casa Blanca rechazaba la noción de un interés en el cambio de régimen, la realidad apuntaba justamente a una estrategia agresiva orientada a provocar la salida de Maduro del poder mediante la asfixia financiera, que los sectores dominantes de la oposición respaldaban públicamente.
Luego de una primera incursión en el territorio venezolano, algo que Trump había asomado en reiteradas ocasiones, el liderazgo opositor se mostró optimista sobre el futuro democrático del país. La captura de Nicolás Maduro, junto a Cilia Flores, en la madrugada del 3 de enero, inicialmente causó sorpresa y luego dio paso a una efímera euforia dada la incertidumbre sobre el destino inmediato del país.
En su lobby por una política más agresiva hacia el régimen de Maduro, María Corina Machado insistió en la debilidad del gobierno y en el supuesto respaldo del 80% de la Fuerza Armada a una salida democrática. Sin embargo, a pocos días de la operación de extracción militar en Venezuela, tal parece que no fue solo a Maduro a quien decapitaron. La decisión del gobierno de Trump de descartar a la oposición, en concreto a Machado, ha sido devastadora para las aspiraciones de una transición democrática en el país.
Los argumentos esgrimidos por el secretario de Estado, Marco Rubio, señalan que la debilidad opositora no se limita a la falta de influencia en el sector militar. Rubio enfatizó que la ausencia del liderazgo opositor en Venezuela no garantizaba una transición ordenada en manos de Machado, pese a su indiscutible liderazgo. Para Rubio, el problema es que el interés de EE.UU. está orientado a lograr la estabilización del país y la falta de cohesión opositora supone un riesgo para esos planes.
Sin embargo, más allá del pragmatismo en el que está anclada la justificación oficial, la decisión de aceptar momentáneamente a Delcy Rodríguez para encargarse de la transición refleja la postura descrita en el Corolario Trump a la Doctrina Monroe. Se trata de intereses geopolíticos, pero, sobre todo, de una demostración explícita de quién ejerce el poder en la región. Más allá de los cuestionamientos sobre la legalidad de la operación militar para sacar del país a Maduro y Flores (sobre lo que hay un debate entre expertos jurídicos en EE.UU.), está el hecho de que esta fue la acción que la oposición venezolana clamaba para poder recuperar el país.
El resultado preliminar no puede ser más decepcionante, especialmente para Machado, quien ha sido apartada, de manera poco diplomática, de su tan ansiado momento protagónico. La decisión del presidente Trump de aceptar la transitoriedad de Rodríguez, algo que pudiera parecer entrar en conflicto desde el punto de vista ideológico, en realidad debería verse como la conveniencia de contar con una operadora política de comprobadas habilidades técnicas. Rodríguez se ganó reconocimiento, incluso fuera del sector socialista, por su manejo de la crisis económica mediante sus políticas de liberalización tras la imposición de las sanciones petroleras.
En un escenario en el que el presidente Trump ha dejado claro que su interés está en el negocio petrolero, tiene sentido que la prioridad sea entonces entenderse con alguien como Rodríguez, quien ha manejado la industria petrolera en Venezuela. Esto cobra mucha más relevancia ante las amenazas contra Cuba por parte de Trump, cuyo secretario de Estado, además, ha hecho carrera prometiendo la caída del régimen de La Habana. De confirmarse las especulaciones sobre el agotamiento de la relación entre Venezuela y Cuba, que apuntan a la insatisfacción de Rodríguez con el régimen, se suma a la carga el suministro petrolero a la Isla para Venezuela, insostenible en esta coyuntura económica.
Al juntar todas las fichas del tablero, uno podría interpretar que la salida de Maduro, no la caída del chavismo, fue el objetivo inicial de una estrategia más amplia cuyo propósito último es la implosión del régimen de La Habana. Durante años, se ha venido argumentando que para derrocar al castrismo era necesario el quiebre del régimen chavista. Luego de la salida de Maduro y del casi absoluto bloqueo marítimo-petrolero, Cuba se encuentra asfixiada financieramente, bajo la incertidumbre del derrotero en Venezuela y con la desconfianza del gobierno de facto venezolano tras las fallas del equipo de seguridad cubano encargado de la protección de Maduro.
Si se trató solamente de remover a Maduro, o si el quiebre de Cuba estuvo siempre en el cálculo, al momento de este análisis, lo que resulta claro es que se decapitó la cabeza del régimen político y del liderazgo opositor, y ahora hay un reacomodo político que no responde a las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano, sino que se ajusta a lo expresado en el Corolario Trump sobre la estabilidad geopolítica de la región.
A pesar de ser un país lejano con una población de apenas siete millones de habitantes, Paraguay ocupa un lugar destacado en las agendas de política exterior de Pekín, Taipéi y Washington. ¿Por qué? Es uno de los doce países del mundo —y el único de América del Sur— que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán.
Debido al Principio de Una Sola China de Pekín, que prohíbe que cualquier país mantenga simultáneamente relaciones diplomáticas con la República Popular China (RPC) y con Taiwán, todos los países del mundo deben elegir entre uno u otro.
La mayoría de los países, incluidos Estados Unidos en 1979, trasladaron su reconocimiento a China después de que la Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU de 1971 expulsara a Taiwán de la organización y otorgara el escaño de China a la RPC. Sin embargo, muchos —especialmente países pequeños y empobrecidos— mantuvieron sus relaciones con Taiwán. En las décadas de 1990 y los 2000, Taipéi y Pekín recurrieron a la llamada “diplomacia de chequera”: ofrecer estadios, carreteras e incluso dinero en efectivo a cambio de reconocimiento diplomático. Desde entonces, el gobierno de Taiwán ha repudiado esa práctica, pero Pekín y Taipéi siguen compitiendo por las relaciones exteriores.
Desde 2017, varios países de Centroamérica, África y el Pacífico han roto relaciones con Taiwán para establecerlas con China. A cambio, China, bajo la emblemática Iniciativa de la Franja y la Ruta de Xi Jinping, les ha concedido proyectos de infraestructuras, donaciones humanitarias y acuerdos comerciales. Paraguay —junto con Guatemala, Belice, Haití, la Ciudad del Vaticano, Esuatini y seis naciones insulares del Caribe y el Pacífico— es uno de los pocos países que todavía renuncian a tener relaciones con China y permanecen leales a Taiwán en medio del aumento de las acciones militares chinas contra la isla.
Paraguay es un objetivo de los esfuerzos chinos por aislar diplomáticamente a Taiwán. En 2021, algunos intermediarios habrían ofrecido a Paraguay vacunas contra la covid-19 fabricadas en China a cambio de romper lazos con Taiwán, lo que fue desaprobado por el ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo. Como miembro del bloque comercial sudamericano Mercosur, la lealtad de Paraguay a Taiwán fue cuestionada en 2024 mientras el bloque negociaba un acuerdo comercial con China. Durante la controversia, una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino expresó su esperanza de que el gobierno paraguayo “se sitúe del lado correcto de la historia”, pero el canciller paraguayo, Rubén Darío Ramírez Lezcano, se mantuvo firme y declaró: “No aceptamos ninguna condición para romper nuestras relaciones con Taiwán”. El acuerdo comercial no se ha materializado, siendo uno de los factores el apoyo paraguayo a Taiwán. El pasado diciembre, el gobierno de Paraguay expulsó a un funcionario chino del territorio paraguayo por alentar a legisladores de la oposición a cambiar la postura diplomática del país.
Pekín no ha dado marcha atrás. El ministro de Relaciones Exteriores de China declaró en agosto: “Esperamos que el gobierno paraguayo… tome la decisión correcta que realmente sirva a los intereses fundamentales y de largo plazo de Paraguay… Damos la bienvenida a más amigos paraguayos a visitar China”.
Para Taiwán, sin embargo, Paraguay sigue siendo crucial en su lucha por la supervivencia diplomática. Además de albergar una de las pocas embajadas que le quedan, Paraguay refuerza la legitimidad de la isla al permitir visitas de alto nivel entre Estados. Los presidentes paraguayos visitan regularmente Taipéi, incluida una visita en mayo de 2024 para asistir a la más reciente investidura presidencial de Taiwán. Estos intercambios también permiten a Taiwán fortalecer los lazos con su mayor socio en materia de defensa, Estados Unidos, mediante visitas de “escala” en territorio estadounidense de camino a América Latina, donde descansan, repostan y también se reúnen con figuras políticas influyentes.
Al hacer escala en Los Ángeles rumbo a Paraguay en agosto de 2018, la entonces presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, desayunó con la gobernadora de Nuevo México, almorzó con tres congresistas, recibió una llamada telefónica del entonces senador Marco Rubio y se reunió con el presidente del subcomité del Senado estadounidense sobre política del Indo-Pacífico.
Pekín se opone ferozmente a estos contactos y ha advertido repetidamente a funcionarios taiwaneses y estadounidenses que cancelen las escalas de tránsito. En abril de 2023, la presidenta Tsai se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, en California, después de visitar a aliados centroamericanos. Mientras conversaban, una pequeña avioneta sobrevoló el lugar con una pancarta que decía: “¡Una sola China! ¡Taiwán es parte de China!”, y buques de guerra chinos simularon operaciones anfibias en el estrecho de Taiwán.
Paraguay ha sabido aprovechar esta pugna geopolítica: ha firmado acuerdos de crédito y comerciales con Taiwán mientras recibe generosas ayudas al desarrollo a cambio de mantener las relaciones. Taiwán es el segundo mayor mercado de carne vacuna de Paraguay (detrás del cercano Chile) y consume el 80% de las exportaciones paraguayas de carne de cerdo. Con el aumento del proteccionismo en todo el mundo, el acceso preferencial a los mercados taiwaneses se ha vuelto especialmente crítico para la economía paraguaya orientada a la exportación.
Además, alinearse con Taipéi ha mejorado las relaciones de Paraguay con Washington. En sus memorias de 2022, Mike Pompeo afirmó que visitó Paraguay como secretario de Estado en 2019 porque “quería que la gente allí supiera que aplaudíamos su valiente decisión de ser el único país sudamericano que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán”. Durante la visita, Pompeo reafirmó el apoyo a la cooperación bilateral en una reunión con el presidente paraguayo. Al año siguiente, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Iniciativa para la Protección y el Fortalecimiento Internacional de los Aliados de Taiwán (TAIPEI), que compromete a Washington a apoyar a los socios diplomáticos que le quedan a Taiwán. Marco Rubio ha elogiado a Paraguay por mantener relaciones con Taiwán y se reunió con el embajador taiwanés en el país durante una visita en febrero de 2024, la primera visita de un senador estadounidense a Paraguay en más de 40 años.
Este verano, una delegación bipartidista de congresistas estadounidenses viajó a Paraguay, se reunió con su ministro de Economía y Finanzas, así como con el embajador de Taiwán en el país, y debatió, según un comunicado de prensa, “cómo Paraguay, Taiwán y Estados Unidos podrían avanzar mejor juntos en sus objetivos compartidos de crecimiento y prosperidad”. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, se ha reunido en múltiples ocasiones con el canciller paraguayo para profundizar la cooperación en seguridad y economía, ha recibido en Washington a una delegación de senadores paraguayos y tuiteó: “Paraguay ha sido un amigo firme de Estados Unidos en el corazón de América del Sur que no siempre ha recibido la atención que merece”. Ahora Paraguay ciertamente recibe esa atención, con nuevos acuerdos bilaterales en materia económica, de seguridad y migratoria que concretan una mayor cooperación.
Este lunes, el 15 de diciembre, Rubio y su contraparte paraguayo Lezcano firmaron un acuerdo bilateral de seguridad que facilitará “el entrenamiento bilateral y multinacional, la asistencia humanitaria, a la respuesta a desastres y otros intereses de seguridad compartidos”, como anunció un comunicado del Departamento del Estado sobre la reunión entre los dos. La cooperación entre Washington y Asunción sigue creciendo.
A medida que las sucesivas administraciones estadounidenses han buscado contrarrestar la creciente presencia de China en América Latina y disuadir la agresión china contra Taiwán, la alineación de la política exterior paraguaya resulta doblemente grata para Washington. Y la segunda administración Trump —que ha demostrado mayor interés por América Latina que cualquier otra en décadas— ha respondido favorablemente.
Al anunciar una visita prevista del presidente de Taiwán a Paraguay en julio de 2025, el presidente paraguayo, Santiago Peña, declaró: “Esto es para mostrarle al mundo que los países pequeños tienen la capacidad de convertirse en actores globales de primer orden”. Aunque, según se informa, la administración Trump canceló el viaje para evitar provocar a China, la política exterior de Paraguay demuestra que rechazar a Pekín puede atraer beneficios de Taipéi y Washington.
Dados los últimos acontecimientos en Venezuela, ha surgido una disyuntiva falsa: parece que los demócratas tuviéramos que elegir entre la dictadura chavista o el imperialismo de Washington. Desde luego, no se trata de escoger, puede condenarse -y condenamos- a ambos tipos de usurpadores de la voluntad democrática, legítima y soberana.
Maduro ha sido la encarnación de una dictadura que practicó un fraude descarado en las últimas elecciones en Venezuela, usurpando el poder político que le correspondía al ganador de los comicios, Edmundo González. Se transformó así en un gobierno ilegítimo, no reconocido por la mayoría de las democracias del planeta.
Al convertirse en un gobierno ilegítimo queda abierta la posibilidad del empleo de la fuerza para sustituirlo. Con el desarrollo del derecho humanitario, ha cobrado fuerza la aplicación del derecho a proteger que asiste a las poblaciones sometidas por la fuerza a un régimen de dictadura. Tanto a nivel global como hemisférico, resulta lícito intervenir en un país cuya población sufre la represión ilegal. Pero esa intervención requiere requisitos estrictos. Por un lado, debe quedar demostrado la gravedad de la situación, y por otro esa intervención no puede hacerse de forma unilateral por parte de otro país.
Tanto en términos de diagnóstico como de operación, son los organismos internacionales aceptados por la comunidad internacional, quienes, a nivel interamericano como global, tienen la competencia para hacerlo. A nivel hemisférico, la OEA posee instrumentos políticos y jurídicos como la Carta Democrática Interamericana, que establece medidas al efecto (Art. 20). Sin embargo, ese instrumento colectivo tiene hoy una dificultad objetiva, el desconocimiento del gobierno Trump a pesar de ser una orden internacional de acuerdo a normas compartidas.
A nivel global, la competencia para intervenir en un conflicto interno le corresponde a Naciones Unidas, ya sea de forma directa o mediante una coalición bajo el patrocinio de la ONU.
La operación militar unilateral ordenada por el presidente Trump, que incluyó la captura de Nicolás Maduro, carece totalmente de competencia legítima. Resulta, por tanto, una usurpación del poder soberano de Venezuela. Como dicta una regla básica del derecho, la comisión de un delito no se compensa ni justifica con la perpetración de otro.
Ahora debemos preguntarnos cuál debe ser el planteamiento inmediato ante el hecho consumado de la captura de Maduro, el cual tiene un poderoso efecto en la crisis venezolana. En primer lugar, parecería no haber duda de que la operación comando ha contado con apoyo interno, al menos en el terreno de la inteligencia. Pero aún no se sabe si ese apoyo interno es tan amplio como para que estamos ante un profundo quiebre del régimen. Para ello sería fundamental conocer la situación de las fuerzas armadas venezolanas. Es obvio que no han sido capaces de detener una operación de secuestro de su comandante en jefe. Pero ese dato no debe sobreestimarse, en términos de un abandono de la mayoría de los efectivos castrenses favorable al mantenimiento del régimen.
Sea como fuere, desde una perspectiva democrática solo cabe exigir una rápida transición hacia el establecimiento de un gobierno legítimo y soberano; sea mediante una reposición en el poder del ganador de las últimas elecciones o mediante un acuerdo para una rápida convocatoria de nuevas elecciones para constituir unas autoridades legítimas.
Esto supone un categórico rechazo a las propuestas sobre el régimen neocolonial que planea imponer Donald Trump en Venezuela. Estados Unidos no tienen ningún derecho a tutelar el país mientras se acuerda un proceso de transición hacia un gobierno electo. Y mucho menos para establecer que las compañías petroleras estadounidenses repongan y actualicen la infraestructura petrolera venezolana.
Esas propuestas resultan tan groseras que difícilmente pueden ser aceptadas por los actuales dirigentes venezolanos. No permiten ninguna solución ordenada y pacífica. Por eso resulta lógico que la vicepresidenta Delcy Rodríguez haya tenido que desdecirse de las buenas palabras que intercambió con el Secretario de Estado Marco Rubio en medio del ataque militar estadounidense.
Es posible que el chavismo aún posea capacidad de resistencia y que tenga lugar un proceso más lento del previsto por Washington. Trump ha asegurado que está prevista una segunda intervención en Venezuela si esto llegara a suceder. Pero una segunda intervención, en términos de invasión, podría dar lugar a un enfrentamiento considerablemente sangriento.
En todo caso, los hechos traumáticos que provocaron el ataque de Estados Unidos a Venezuela no solo están teniendo consecuencias a corto plazo, sino también los tendrán a mediano y largo término. El regreso al uso de la fuerza de parte de Estados Unidos podría provocar el resurgimiento de la violencia antiimperialista en una región que había logrado superar esa tendencia.
Los sistemas electorales no son neutros; son el resultado de los intereses políticos de quienes los diseñan y aprueban. Los gobiernos, los partidos políticos y los parlamentos participan en la elaboración y en los cambios de las reglas del juego para competir y acceder al poder político. Durante los últimos cuarenta años México ha hecho varias reformas electorales que permitieron pasar de un sistema de partidos no competitivo a uno competitivo, lo que derivó en gobiernos divididos (presidentes sin mayoría parlamentaria), gobiernos yuxtapuestos (partidos diferentes gobernando a nivel nacional y en los estados) y alternancias políticas en todos los niveles de gobierno.
Después de los dos intentos frustrados de iniciativas de reforma electoral que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, MORENA, que no lograron la mayoría calificada en el poder legislativo para hacer cambios constitucionales, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en agosto del año en curso, creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, integrada por funcionarios del gobierno federal y presidida por la propia presidenta de la República. La Comisión se presenta como un espacio para escuchar a la ciudadanía, analizar el sistema actual y proponer mejoras que “garanticen elecciones libres, transparentes y representativas”.
Según esta Comisión, el insumo para generar la propuesta de reforma electoral es realizar foros en todas las entidades del país y una encuesta donde se pregunte a la ciudadanía sobre temas electorales. Hasta el momento se han realizado 65 eventos, con la participación de más de cinco mil personas y más de 300 propuestas enviadas, según reporta la Comisión en su sitio web a principios de diciembre. Según su calendario, en enero de 2026 se presentará a la presidenta de la República la propuesta de reforma electoral. La fecha límite para aprobar una reforma que modifique la Constitución en temas electorales es 90 días antes del inicio del proceso electoral federal, el cual da comienzo el 1 de septiembre de 2026.
El discurso de la Comisión es que, a diferencia de anteriores reformas, ahora se escucha al pueblo a través de las opiniones ciudadanas y la realización de foros públicos. Esta retórica gubernamental no elimina las negociaciones entre élites que hay y habrá al interior del partido de gobierno y sus aliados, así como con los partidos de oposición. La ventaja que tiene el gobierno federal en este momento respecto al pasado es que, junto con sus aliados políticos, cuenta con la mayoría legislativa para realizar cambios constitucionales. En suma, MORENA tiene el tiempo y los votos para aprobar su reforma electoral.
Las resistencias podrían venir de los aliados y de algunos de los diferentes grupos y corrientes de MORENA, no de la oposición, que destaca por su ausencia en el debate sobre la reforma y por la crisis de liderazgos en sus partidos. La modificación de la fecha de entrada en vigor de los cambios en la Constitución promovidos por decretos que fueron aprobados en por la presidenta Sheinbaum – como la ampliación de la no reelección consecutiva a todos los cargos electivos y la prohibición de ser candidatos a los familiares de titulares de cargos – fueron resultado de decisiones provenientes del partido de gobierno y sus aliados, no de la oposición.
Los partidos opositores han mostrado una total falta de propuestas, limitándose a reprobar aspectos de las iniciativas anteriores del gobierno, como la eliminación de los legisladores de representación proporcional, la elección por voto popular de las consejerías del órgano nacional electoral, la disminución del financiamiento público hacia los partidos, la eliminación de los organismos y tribunales electorales locales, entre otros temas. La oposición no ha logrado hasta el momento ser un interlocutor importante en el debate de la reforma electoral, limitándose a reaccionar al actuar del gobierno y argumentar que estas propuestas van en contra de la competencia política.
Los partidos políticos, a través de sus representantes, son los responsables de aprobar cambios en el sistema electoral. Debido a la mayoría que tiene MORENA junto con sus aliados en el legislativo, la responsabilidad por la reforma electoral recaerá exclusivamente en ellos. Y si bien en las últimas décadas el sistema político mexicano demostró capacidad de generar acuerdos políticos para pasar de un sistema de partido hegemónico no competitivo a uno competitivo con pluralidad política, los partidos también han mostrado que son capaces de violar las propias reglas que diseñan. Ejemplos sobran: recibir recursos extralegales a pesar del generoso financiamiento público, no respetar los tiempos de promoción electoral anticipándose en las contiendas fuera de los plazos legales, o fomentar el clientelismo político utilizando los recursos públicos.
La falta de neutralidad de los sistemas electorales no tiene por qué estar reñida con la equidad de la competencia. Los responsables de crearlos y modificarlos tienen la posibilidad de hacer sistemas más plurales y representativos. La duda en estos momentos sobre la propuesta de reforma electoral en México es cuál es el interés del gobierno y de su partido. Si bien aún no hay propuestas concretas, algunas declaraciones que ha dado a los medios de comunicación el responsable de la Comisión, Pablo Gómez, refieren a eliminar la representación plurinominal y las autoridades electorales locales, por mencionar dos de los temas presentes en esas entrevistas. Los efectos de estas reformas, si llegan a concretizarse, será que solamente los partidos con mayor presencia territorial conseguirán elegir representantes, dejando fuera diversas expresiones que no logren ser mayoría en alguno de los 300 distritos electorales federales en que está dividido el país.
Todo análisis político serio parte de supuestos. No de certezas, ni de deseos, sino de condiciones del entorno que abren o cierran cursos de acción para los actores. En este marco, la presión externa de la administración Trump y la posibilidad de un gobierno encabezado por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado reforzaban una adaptación autocrática del chavismo. Bajo amenaza, los regímenes no se liberalizan: se repliegan, se cohesionan y redefinen sus prioridades. En ese contexto, el principal riesgo para el chavismo no era electoral ni económico, sino existencial e identitario.
La operación militar conducida por Estados Unidos para la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores introduce una coyuntura crítica en ese proceso de adaptación. Contrario a lo que esperaban muchos actores venezolanos — que apostaban por una “barrida” que dejara el tablero limpio — , el resultado ha sido funcional tanto para Washington como para el chavismo remanente en términos de sus objetivos de corto y mediano plazo.
Para el chavismo, la salida forzada de Maduro no representa el colapso del régimen. Al contrario, alimenta su narrativa fundacional. Maduro se convierte en mártir de la revolución bolivariana y en símbolo del antiimperialismo, reforzando la épica, la identidad chavista y la cohesión interna. La figura del líder derrotado por una potencia externa cumple una función política clara: cerrar filas.
Pero más allá del relato, la remoción de Maduro y la amenaza creíble del uso de la fuerza abren un espacio para nuevos equilibrios. El chavismo que permanece en el poder gana margen para reducir presión externa y reacomodarse estratégicamente de cara al año por venir.
En este escenario, Delcy Rodríguez es reconocida por la administración Trump como interlocutora válida para un proceso de negociación sobre el papel de Venezuela dentro de la nueva estrategia de seguridad nacional estadounidense. Este dato no es menor: señala que el problema venezolano ha sido desplazado del terreno normativo al terreno transaccional.
La salida de Maduro del poder ofrece así al chavismo una vía de adaptación y supervivencia mediante un realineamiento con las prioridades nacionales y geopolíticas de Estados Unidos. Dicho de otro modo, sin Maduro en la ecuación, el chavismo puede reacomodarse para sobrevivir.
Primero, sin Maduro en el poder y aceptando la existencia de una amenaza existencial sobre el territorio, el chavismo estaría más dispuesto a cooperar en el retorno de la inversión norteamericana en la industria petrolera y en la extracción de minerales estratégicos. El control del aparato militar, policial y paramilitar permitiría garantizar un mínimo de gobernabilidad en las zonas clave para dichas inversiones.
Segundo, el reconocimiento de Delcy Rodríguez podría traducirse en un alivio parcial de las sanciones internacionales, no solo sobre la industria petrolera, sino también sobre el Estado venezolano. Esto abriría la puerta al descongelamiento y eventual devolución de activos por parte de Estados Unidos, resolviendo de forma pragmática el dilema institucional de CITGO y PDVSA Ad-Hoc.
Tercero, el flujo de divisas derivado de la inversión extranjera permitiría mitigar parte del shock económico vivido durante 2025. El chavismo recuperaría acceso a ingresos petroleros, esta vez reduciendo el riesgo de destruir la industria por incompetencia o corrupción abierta, debido al mayor control externo sobre su operación.
Cuarto, desde el punto de vista migratorio, una estabilización económica relativa serviría como argumento a favor de una política de retorno de venezolanos, reforzando las razones que llevaron a la suspensión del TPS para esta población.
Quinto, en materia de narcotráfico y delincuencia organizada, la captura del presunto líder del “Cártel de los Soles” empujaría a las Fuerzas Armadas a mostrar cooperación con Estados Unidos. Aunque sea para la galería, como lo evidencian las recientes acciones contra avionetas en el sur del país, esta cooperación cumple una función política y simbólica.
La acción militar de la administración Trump coloca al eventual gobierno de Delcy Rodríguez en una posición relativamente ventajosa para garantizar la supervivencia adaptativa del chavismo. La nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos — explicitada en el discurso del 3 de enero de 2026 — no tiene como eje la promoción de la democracia. Prioriza recursos estratégicos, control migratorio, lucha contra el narcotráfico y estabilidad económica mínima.
En ese marco, el chavismo puede operar con relativa comodidad siempre que garantice esos objetivos.
Desde la política interna estadounidense, Maduro funciona como un trofeo: una victoria rápida que demuestra capacidad militar y envía un mensaje disuasivo a otros países de la región, en particular Colombia y México, principales fuentes de producción y tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Es en este contexto que el fraude del 28 de julio de 2024 pierde centralidad. La victoria de Edmundo González Urrutia, la autoridad moral de María Corina Machado, las violaciones masivas de derechos humanos documentadas por la ONU y la CPI pasan a segundo o tercer plano. Mientras tanto, la oposición carece de los recursos políticos y organizativos necesarios para reorganizarse de cara a una posible elección presidencial en el corto plazo. Este es el costo de externalizar la política interna o reducirla al marketing y a las redes sociales. Nada de esto niega que una mayoría de venezolanos quiera un cambio de gobierno. Pero querer no equivale a poder.
El escenario sigue siendo fluido. Falta observar si estos reacomodos serán aceptados por todos los actores con poder dentro del chavismo y si Delcy Rodríguez logrará establecer, más allá del discurso ideológico, una relación pragmática y estable con Estados Unidos.
Persisten además varias incógnitas: si los actores vinculados al Cártel de los Soles conservan poder, ¿habrá garantías de impunidad en una eventual negociación? ¿La presión de los sectores más ideologizados saboteará acuerdos petroleros sostenibles? ¿Qué papel jugarán el ELN y otros grupos irregulares que controlan partes del territorio? ¿Luego del ataque la FANB aceptará este tipo de reacomodo? ¿Cómo se posicionarán China, Irán y Rusia en este nuevo escenario? ¿Qué pasará con los presos políticos?
La pregunta central, sin embargo, ya no es si el chavismo caerá. La pregunta es cómo y con quién logrará adaptarse para sobrevivir en la nueva configuración geopolítica de la región.
“Sin seguridad no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay seguridad”, afirmó el ex secretario de Defensa estadounidense Robert McNamara en 1966. A partir de ese momento, esa idea se convirtió en piedra grabada en la Doctrina de Seguridad Nacional Latinoamericana. Tanto ha influido esta visión que se instaló de forma natural en la idea de seguridad humana, que hasta el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en su Marco estratégico de seguridad y justicia para el desarrollo, publicado en el año 2025, rescata el mismo enunciado.
Cuando en 1938 el historiador y analista político Edward M. Earle introduce el concepto de seguridad nacional, y después lo desarrolla en 1941 con Albert K. Weinberg y otros colegas en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton, están señalando, en un contexto de conflicto mundial, que la seguridad de la nación debe contar no solo con el esfuerzo de los militares, como era normal anteriormente cuando se hablaba de defensa nacional, sino con ciudadanos con otros perfiles profesionales. Los académicos en ese contexto son importantes para analizar situaciones y anticipar problemas, mientras que los militares son reactivos. Los dos perfiles profesionales son complementarios para garantizar la seguridad de una nación.
Sin embargo, la visión del politólogo Hans J. Morgenthau en 1948 sobre el poder nacional, los intereses, los objetivos, los antagonismos y los riesgos de la nación dio vuelo a los militares estadounidenses y a la recién creada Escuela Superior de Guerra en Brasil (1948) para redefinir un concepto de seguridad nacional entendido al revés de como los académicos de Princeton imaginaron. Desde esta perspectiva, la visión de seguridad nacional implicaba que los militares garantizaran y en algunos casos condujeran la gobernabilidad nacional. Su concepto en el fondo respondía a los mismos fines que Hobbes había señalado que eran propios de la razón de ser del Estado.
Al finalizarse la Guerra Fría, se ve la necesidad de sustituir el concepto de seguridad nacional por el de seguridad humana, adoptado por las Naciones Unidas en 1994. El primero parece centrado en los intereses del Estado-Nación, y el segundo en los del ser humano. Esta segunda definición se interpreta como un modelo que respeta al ciudadano y a la democracia. Según esta visión, el concepto nacional se encuentra estigmatizado por las consecuencias negativas que provocó la definición de militares autónomos de lo que significaba la seguridad nacional en un Estado Nación. Una de las preguntas que hay que plantear es quién define el interés nacional. En la mayoría de las sociedades con instituciones políticas débiles, son los militares, y el pueblo no tiene nada que decir: “Ni está, ni se le espera”. El impacto del concepto de seguridad interior, el enemigo interno, la lucha contra “insurgencias”, los “movimientos guerrilleros” o los “antagonistas políticos” condenaron a los ojos del sistema internacional esta visión.
Al impulsar el concepto de seguridad humana, se pensó que el problema quedaba resuelto. Los diplomáticos latinoamericanos todavía llegaron más lejos al acuñar el concepto de seguridad multidimensional en una declaración de la OEA del 2003 que pretendía impulsar una definición que sustituyera el concepto militar tradicional.
En el fondo, sin embargo, nada cambió. En sociedades con instituciones políticas débiles, la idea de las múltiples amenazas a la seguridad de los ciudadanos convirtió los conceptos de seguridad humana y gobernabilidad en sinónimos. Para los políticos ha sido muy sencillo reclamar que los militares, que siguen teniendo importantes grados de autonomía funcional y operativa, desarrollen tareas de gobernabilidad.
Visto lo visto, en estos momentos se señala que la militarización de muchas funciones de gobernabilidad debilita la democracia. Sin embargo, como históricamente ha pasado, han sido los políticos los que han demandado la participación de los militares. ¿No será que es la falta de democracia, el autoritarismo de la clase política o la incapacidad operativa de estados con una calidad democrática muy deficiente lo que ha invitado a la nueva militarización de América Latina? La pregunta clásica de qué es antes, el huevo o la gallina, parece adecuada en estas condiciones.
Debemos dejar de relacionar seguridad con desarrollo, incluyendo a las fuerzas militares en la ecuación. Las sociedades democráticas deben construir estado, y aprovechar los diferentes perfiles profesionales de los ciudadanos. Las elites políticas deben dejar de mirar hacia otro lado y tomarse en serio la gestión de los problemas reales de los ciudadanos y de la construcción de sociedades democráticas.
Seguridad nacional y seguridad humana son sinónimos si ello implica que los militares gestionan los problemas de gobernabilidad de las sociedades. La consolidación democrática, el bienestar de los ciudadanos y el buen gobierno únicamente se pueden lograr construyendo un estado eficiente, integrado por ciudadanos con perfiles profesionales complementarios y especializados. Un estado sometido a controles democráticos y a un estado de derecho que acompañe con eficiencia esta visión.
La gestión de la seguridad en México
Hablemos de un ejemplo en concreto: México. El problema de la inseguridad en este país no es un problema de falta de desarrollo. Tiene que ver con la captura del Estado, y con la presencia de grupos del crimen organizado sobre los territorios. La apuesta del gobierno ha sido la transferencia de recursos para aminorar situaciones de pobreza, la creación de una Guardia Nacional militar y el descuido de los poderes locales. El resultado ha sido el aumento tanto de los homicidios como de los desaparecidos (aunque se traten de manipular las cifras), y del miedo en el contexto local.
Los casos exitosos de recuperación de territorio frente al crimen organizado en los últimos años han tenido lugar en espacios como Baja California Sur, en algunos municipios de Nuevo León y en áreas concretas de las grandes ciudades. No se logró solo con la presencia militar, que no puede atender todo el rato todos los espacios, sino con el fortalecimiento de los municipios y de su capacidad de vigilancia e inteligencia. Con la coordinación de empresarios, sociedad civil y poder político. Si nos fijamos bien, los casos exitosos responden a la idea de la intención inicial de Earle de combinar los esfuerzos ciudadanos para enfrentar el conflicto, no con el desvío de responsabilidades en los profesionales militares, cosa que nos condena a acciones reactivas coyunturales.
Tras años de colapso económico, represión sistemática y elecciones abiertamente manipuladas, la salida de Nicolás Maduro del poder el 3 de enero de 2026 se percibe, a primera vista, como una ruptura definitiva con un pasado fallido. Durante más de una década, Venezuela sufrió una de las contracciones económicas más severas registradas en tiempos de paz: entre 2013 y 2021, la economía se redujo a cerca de una cuarta parte de su tamaño original, y aunque hubo una leve recuperación posterior impulsada por el repunte petrolero, esta nunca se tradujo en bienestar generalizado. Para millones de venezolanos, exhaustos por la pobreza, la emigración forzada y la ausencia de horizontes, el fin del madurismo parece cerrar un ciclo histórico iniciado con Hugo Chávez en 1999. Sin embargo, la forma en que se produjo este desenlace —una invasión breve pero extremadamente violenta— obliga a una reflexión más sobria. La historia demuestra que, aunque los regímenes autoritarios pueden caer rápidamente por la fuerza, la construcción de un orden democrático estable es siempre un proceso largo, frágil y profundamente incierto.
No existe duda razonable de que Maduro había perdido el consentimiento popular. La elección presidencial de 2024, ganada de manera contundente por la oposición y respaldada por una recolección rigurosa y digitalizada de más del 80 % de las actas, lo dejó sin legitimidad democrática alguna. La negativa del régimen a reconocer ese resultado confirmó que el poder ya no se sostenía en el voto, sino exclusivamente en la coerción. A esto se sumó un deterioro económico extremo: el salario mínimo oficial cayó a alrededor de 130 bolívares mensuales —menos de un dólar—, incluso los empleados públicos con bonos difícilmente superaban los 100 dólares al mes, y alimentar a una familia costaba varias veces esa cifra. La inflación, que había descendido transitoriamente, volvió a acelerarse, con proyecciones que apuntaban a niveles cercanos al 700 % anual. Cerca de ocho millones de venezolanos abandonaron el país en poco más de una década, convirtiendo el éxodo venezolano en uno de los mayores desplazamientos humanos del mundo contemporáneo fuera de una guerra convencional.
En ese contexto, no sorprende que una parte significativa de la población estuviera dispuesta a respaldar casi cualquier vía que prometiera un cambio rápido, incluida la intervención militar extranjera. La desesperación social reduce el margen para el cálculo político de largo plazo. Sin embargo, la idea de que la caída violenta de un autócrata conduce automáticamente a la democracia es una ilusión peligrosa. Venezuela no es una hoja en blanco.
Durante los años finales del chavismo, el poder se fragmentó entre múltiples actores armados y burocráticos. Altos mandos militares controlaban sectores clave de la economía; los servicios de inteligencia operaban con amplia impunidad; redes de corrupción ligadas al narcotráfico y la minería ilegal se consolidaron; y los colectivos armados se afianzaron en zonas urbanas como fuerzas parapoliciales. A ello se sumó la presencia de grupos armados extranjeros, en particular la guerrilla colombiana del ELN, que llegó a contar con miles de combatientes operando en territorio venezolano bajo una relación de cooperación con el Estado.
El crimen organizado también adquirió una dimensión transnacional. El Tren de Aragua, surgido en Venezuela y tolerado durante años mediante pactos informales, se expandió por América Latina y se convirtió en una de las redes criminales más poderosas de la diáspora venezolana. Funcionarios del régimen se beneficiaron de estas relaciones, que ayudaron a reducir temporalmente los homicidios, pero a costa de fortalecer estructuras armadas autónomas. Ninguno de estos actores desapareció con la salida de Maduro. Por el contrario, una transición súbita y violenta amenaza con romper los equilibrios informales que, aunque perversos, habían contenido una violencia aún mayor, incentivando disputas por territorio, rentas ilegales y poder político.
El riesgo más inmediato se encuentra dentro de las propias fuerzas armadas y de seguridad. Aunque algunos oficiales pueden alinearse con las nuevas autoridades, otros siguen profundamente comprometidos por corrupción, narcotráfico o violaciones de derechos humanos documentadas por instancias internacionales. Un estamento militar dividido —o uno que perciba las reformas democráticas como una amenaza existencial— puede convertirse en un factor permanente de inestabilidad. Sustituir a un caudillo por otro, o por una junta militar que gobierne tras un rostro civil, sigue siendo una posibilidad real.
A estos riesgos internos se suma una dimensión externa inquietante. La operación que puso fin al gobierno de Maduro fue impulsada por una administración estadounidense que, pese a proclamarse «antiguerras», ha demostrado una clara disposición al uso unilateral y expansivo de la fuerza. La invasión no solo plantea serias dudas éticas y políticas, sino también problemas evidentes de legalidad internacional y constitucional. El secuestro de un jefe de Estado extranjero y el uso de la fuerza sin autorización multilateral sientan un precedente peligroso para la región y para el orden internacional.
Las justificaciones ofrecidas —desde el narcotráfico hasta la restauración de la democracia— resultan débiles y selectivas. Venezuela no ha sido un actor central en el flujo de cocaína hacia Estados Unidos, y el énfasis posterior en el acceso a sus vastas reservas petroleras, junto con la reactivación explícita de una versión endurecida de la Doctrina Monroe, revela motivaciones geopolíticas más amplias: reafirmar la primacía estadounidense en el hemisferio y contener la influencia china en América Latina. Las amenazas posteriores contra otros países de la región refuerzan esta lectura.
Lejos de tratarse de una operación quirúrgica con un final claro, ya se observan señales tempranas de deriva hacia la ocupación y el «nation-building.» En un país social y políticamente fragmentado como Venezuela, incluso ejercicios de planificación militar estadounidenses habían advertido que un colapso abrupto del régimen podía derivar en un período prolongado de violencia y caos, con efectos directos sobre la migración regional.
La oposición venezolana, ahora llamada a liderar la transición, debe aprender tanto de su historia interna como de este nuevo contexto. Sus avances más duraderos en las últimas dos décadas no se lograron mediante atajos violentos ni delegando la estrategia en potencias extranjeras, sino a través de elecciones, unidad y negociación. El referéndum de 2007, las legislativas de 2015 y la victoria presidencial de 2024 demostraron que el autoritarismo podía ser derrotado políticamente cuando la oposición actuaba de forma cohesionada.
La elección de 2024, pese a haber sido desconocida por el régimen, fue uno de los mayores triunfos estratégicos del campo democrático. Ese capital moral y político constituye hoy uno de los activos más valiosos del período post-Maduro. Dilapidarlo mediante exclusiones, venganzas o purgas indiscriminadas sería repetir errores ya conocidos.
Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. El fin del madurismo cierra un capítulo oscuro, pero no abre automáticamente uno democrático. La estabilidad, la justicia y la prosperidad exigirán paciencia, negociación y una transición gradual. La democracia no se impone por la fuerza: se construye lentamente, con instituciones, acuerdos y el arduo trabajo de restaurar la confianza en el Estado. El verdadero desafío de Venezuela comienza ahora.
Como se dice en latín: «Optimus dies post malum imperatorem est primus.» El mejor día después de un mal rey es el primero.
¿Quién controla las armas? ¿Quién controla el dinero? ¿Quién puede aceptar perder una elección sin romper la democracia?
La teoría política distingue dos grandes tipos de transiciones a la democracia desde regímenes autoritarios, que en la realidad raramente se dan en estado puro. Por un lado, están las transiciones negociadas, basadas en acuerdos entre sectores del régimen autoritario y sectores de la oposición, generalmente entre los sectores moderados de ambos lados. Estos procesos suelen derivar en continuidades institucionales, garantías para las élites salientes y amnistías, y los cambios son graduales y controlados. Los casos de Chile y España son ejemplos clásicos. Philippe Schmitter y Guillermo O´Donnell destacaron que este tipo de negociación ocurre, sobre todo, porque ninguna parte tiene fuerza suficiente para imponerse rotundamente. El otro gran grupo de transiciones a la democracia es la que se produce por el colapso del régimen autoritario, ya sea por crisis económica, por derrota militar o por movilización civil. Argentina tras la guerra de Malvinas, Grecia y Portugal (1974) ilustran este camino.
La pregunta subsiguiente apareció décadas más tarde: ¿qué tipo de democracia queda tras una transición, y con qué capacidades reales? Ahí aparecen varias teorías. Juan Linz y Alfred Stepan hacen foco en que salir del autoritarismo no es suficiente, sino que la democracia tiene que ser aceptada por todos los actores como el único juego posible. O´Donnell, por su parte, observó que muchas transiciones producen democracias electorales, pero no republicanas, e introduce el concepto de ¨ciudadanía de baja intensidad¨. Adam Przeworski, con una visión institucional, sostuvo que la democracia funciona cuando los perdedores aceptan el resultado con la expectativa de poder ganar en futuras elecciones.
Venezuela es por ahora un laboratorio para la teoría de transiciones. Con información incompleta y hasta que las fuerzas con poder de elección y veto se organicen, se trata de un evento extraordinario y todavía políticamente indeterminado. Dicho eso, una intuición parece clara: la aprehensión de Maduro no resuelve la transición; apenas da inicio al período más riesgoso, donde se define si el proceso derivará en una ruptura, una transición pactada o una experiencia híbrida.
Tres trayectorias posibles
El primer escenario es el de la ruptura. Esto ocurrirá si la aprehensión de Maduro redunda en un colapso del mando, sumado a la pérdida de la capacidad de coordinación del régimen. Podrían abrirse grietas dentro mismo de las Fuerza Armadas, los servicios de inteligencia, la policía, las milicias y los gobiernos locales. La fragmentación del aparato coercitivo abriría una ventana de oportunidad para reformas rápidas como la liberación de presos políticos, la apertura electoral, o desarme de estructuras paralelas. El principal riesgo es caer en la anomia y la violencia, que haya represalias, detenciones, censura de comunicaciones, y que Diosdado Cabello, Padrino López o mandos locales luchen por retener o aumentar su poder, o que al orden lo reconstruya un actor armado renovado en personaje salvador.
Un segundo escenario seguiría la lógica de transiciones pactadas. El regreso a la institucionalidad y la convocatoria a elecciones se producirían a cambio de garantías como exilio, amnistías parciales y preservación de cuotas de poder económico o militar. El acuerdo involucraría a sectores moderados del chavismo, más la oposición, más garantes externos. Se trata de un pacto bajo cierta coerción, los actores clave tienen la capacidad no solo de pactar sino de hacer cumplir lo acordado, incluso aunque muchos de ellos no sean democráticos en sí mismos. Los riesgos son los típicos de las democracias a través de transiciones pactadas: justicia débil, un Estado que puede ser colonizado por intereses, corrupción que se recicla en un nuevo régimen, y concesiones institucionales destinadas a garantizar la estabilidad y la pacificación.
El tercer escenario es el de una transición tutelada. La oposición puede ganar poder y lograr un cambio de élite gobernante, pero aquí el cambio de régimen no surge principalmente de dinámicas internas, sino de la intervención o supervisión de actores externos. Bosnia Herzegovina (1995), o Irak (2003), son ejemplos extremos. El riesgo central es un gran déficit de legitimidad, al tratarse de una democracia que parezca instalada desde fuera con baja capacidad de lograr obediencia interna. A ello se le suma la latencia de un chavismo sin Maduro que sobreviva como identidad política, anclado en una red territorial, económica, de corrupción y narcotráfico, reforzada por un relato de agresión extranjera.
Impunidad o incertidumbre
Si predomina un pacto, la transición hacia una democracia electoral puede ser más veloz, pero jugadores heredados del régimen anterior -militares, jueces, servicios de inteligencia o futuros legisladores- mantienen poder y privilegios. Esto suele traducirse en negociaciones de impunidad, reformas institucionales lentas y áreas del Estado que permanecen de las administraciones anteriores.
Si predomina una ruptura, la democracia puede nacer con mayor ambición reformista, pero también un consecuente mayor nivel de incertidumbre económica y menor confianza inicial en los nuevos actores, instituciones y elites.El tipo de régimen que se construya en Venezuela dependerá del peso relativo de los actores, sean democráticos o no, con capacidad de construir o vetar acuerdos. En última instancia, el éxito se reduce a tres preguntas: quienes controlan las armas, quienes controlan el dinero, y quiénes pueden creíblemente asegurar que, de perder elecciones -y con ello privilegios e impunidad-, seguirán apostando por la democracia. En Venezuela, la democracia podrá empezar con ganar una elección, pero solo prosperará cuando alguien acepte perderla.
Los daños generados por la política comercial del gobierno de Estados Unidos son atribuidos casi exclusivamente a la imposición de aranceles aduaneros y su rechazo al orden multilateral. Pero la opinión pública presume que dichas restricciones no impiden ni distorsionan los acuerdos comerciales o de integración económica, inclusive aquellos celebrados con la misma potencia norteamericana.
El multilateralismo económico no es como lo pintan
Las mencionadas suposiciones son erróneas. Si bien la vulneración de los compromisos contraídos en materia arancelaria afecta seriamente al orden multilateral, estas transgresiones no agotan las obligaciones asumidas dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Los acuerdos comerciales y, en general, los procesos de integración económica, sólo pueden fructificar si se atienen al reconocimiento de los países que “no” los suscriben. En otros términos: las preferencias o concesiones, cuando no son extensivas a todos los Estados Miembros de la OMC, tienen carácter discriminatorio y por ello excepcional, y deben ajustarse a determinados requisitos y ser consentidas multilateralmente. Para empezar, entre países desarrollados y países en desarrollo, el orden multilateral no admite la negociación de preferencias o concesiones comerciales limitadas o de alcance parcial, sino que deben abarcar la materia sustancial [JG3] del comercio entre las partes (al menos, [JG4] zonas de libre comercio).
La renuncia al multilateralismo tiene costos
Cuando Estados Unidos desconoce al orden multilateral está produciendo daños en cadena. Las incitaciones a otros países para concertar acuerdos de alcance parcial bajo la promesa de dejar sin efecto aranceles arbitrarios y otras medidas restrictivas son engañosas.
Dichos “acuerdos” generan incertidumbre porque al apartarse de los formatos previstos en la OMC supeditan el cumplimiento de lo acordado a la voluntad unilateral del país desarrollado. En tanto, las contra-partes de menor desarrollo carecen de los fundamentos multilaterales para obtener un trato equitativo y, menos aún, para reclamar en el marco internacional en caso de controversia. Esto ha quedado en evidencia en comunicados de la Casa Blanca del 13 de noviembre de 2025 indicando la conclusión exitosa de negociaciones comerciales bilaterales con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala.
Entre las cláusulas incompatibles con las disciplinas multilaterales resalta lo convenido con respecto a subvenciones y propiedad intelectual. En cambio, los compromisos relativos a la captura y manipulación de datos a través de la economía digital ilustran, no solo la vulneración de disciplinas de la OMC, sino su actual insuficiencia.
Política industrial
“(Argentina; El Salvador; Guatemala) se ha comprometido a abordar las posibles acciones distorsionadoras de las empresas estatales y a corregir las subvenciones industriales que puedan tener un impacto en la relación comercial bilateral”.
Estas declaraciones bilaterales de Estados Unidos con Argentina, Guatemala y El Salvador ignoran el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMS) de la OMC. Esta omisión no es inocente, porque los tratados negociados bajo el amparo multilateral se atienen a los requisitos del ASMS. En particular: (a) no todos los incentivos estatales son punibles, sino que al menos deben circunscribirse a sectores determinados; (b) deben generar perjuicio grave o importante a la producción de bienes similares en el país importador; (c) es necesario probar la existencia de la subvención, el daño y la relación de causalidad a fin de justificar la aplicación de medidas compensatorias.
Propiedad intelectual
Las cancillerías de Argentina y Ecuador reconocen la fuente normativa interna norteamericana que habilita represalias comerciales frente a políticas nacionales consideradas insatisfactorias para los intereses de Estados Unidos. Por ello, ambos gobiernos latinoamericanos “se han comprometido” a abordar cuestiones señaladas en sendos dictámenes administrativos internos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
Este reconocimiento implica la renuncia a la utilización de los márgenes de maniobra contemplados por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en particular a propósito de la protección de la salud pública, la nutrición y la promoción de innovaciones tecnológicas para el bienestar de la población.
Más aún: en el caso argentino se habrán de considerar los “criterios de patentabilidad, el retraso en la tramitación de patentes y las indicaciones geográficas, así como (…) trabajar para armonizar su régimen de propiedad intelectual con las normas internacionales”. De modo que Argentina suscribe, sin previa interpelación en el ámbito multilateral, que su régimen sobre propiedad intelectual no está armonizado con las normas internacionales.
Aunque no se mencionan aspiraciones sectoriales, Estados Unidos pretende capturar mercados bio-farmacéuticos mediante la prórroga indefinida de patentes haciendo valer modificaciones irrelevantes como si se tratara de actividad inventiva (evergreening).
Este celo contrasta con su desapego a la propiedad intelectual a la hora de capturar información en el extranjero con el objeto de entrenar modelos de inteligencia artificial (IA) generativa. El doble-estándar queda en evidencia cuando repudia las prevenciones adoptadas por la Unión Europea y Brasil prohibiendo a corporaciones transnacionales esa manipulación de datos personales de sus respectivos residentes.
Economía digital
Como ejemplo, las cuatro declaraciones a continuación contienen cláusulas que auguran un futuro controvertido para los países latinoamericanos que las han suscrito. Dichos países se han obligado con EUA a “facilitar el comercio digital” en el caso de Ecuador y El Salvador; a no discriminar “productos estadounidenses distribuidos digitalmente, garantizando la libre transferencia de datos a través de fronteras seguras” para el caso de Guatemala; y a reconocer a Estados Uniodos como “jurisdicción adecuada, conforme a la legislación argentina, para la transferencia de datos, incluidos los datos personales” para Argentina.
Con excepción de la moratoria sobre los derechos de aduana a las transmisiones electrónicas, que rige de manera transitoria en la OMC, las restantes obligaciones asumidas carecen de sustento multilateral.
El gobierno de Estados Unidos respalda las estrategias de corporaciones transnacionales que acaparan el mercado mundial de la economía digital. En esa línea, los párrafos transcriptos exhiben un aprovechamiento de la vulnerabilidad de numerosos países latinoamericanos para resguardar a sus poblaciones frente a los riesgos de la desinformación y manipulación de datos personales. El señuelo es la invocación del principio de “no discriminación”, cuando en la UE se ha señalado que teniendo las corporaciones transnacionales de origen norteamericano una posición dominante, las sanciones establecidas en cada caso con motivo de sus prácticas abusivas no pueden ser tachadas como discriminatorias.
Los países de la región deberían hacer oír su voz para recomponer las reglas multilaterales y, en particular, reivindicar los márgenes de maniobra en materia de políticas industriales y propiedad intelectual, así como la regulación internacional de actividades disruptivas como la economía digital y la inteligencia artificial. Sin un adecuado reordenamiento multilateral, los países periféricos continuarán padeciendo el acoso de la confrontación geopolítica y la voracidad empresarial.
