Una región, todas las voces

Chile: El colapso del centro y la ilusión del giro a la derecha

A primera vista, los resultados del domingo parecen anticipar un giro copernicano en la orientación valórica del país, perfilando —según todas las encuestas basadas en escenarios plausibles de segunda vuelta— un eventual retorno de la derecha al poder. Esta conclusión, sin embargo, puede ser engañosa.

A mi juicio, lo que ocurrió es que un número significativo de chilenos y chilenas abandonó la izquierda, y ante la implosión del centro político no encontró otro espacio disponible que la derecha. La gente no se “enfachizó”; más bien se alejó de la izquierda, al menos por ahora. Si bien existe un desplazamiento conservador en temas de orden y seguridad, la evidencia no muestra una derechización estructural en valores más amplios; lo que prevalece es una reacción al desempeño político más que un giro ideológico profundo. Estas elecciones deben leerse más como el fracaso de la izquierda que como el triunfo de la derecha.

Ante esto surge la pregunta inevitable: ¿en qué fracasó el gobierno de Boric para que tantos de sus apoyos lo abandonaran? Para responderla, lamentablemente, es necesario remontarse a los gobiernos concertacionistas desde la transición democrática.

Durante los primeros quince años habitamos lo que se etiquetó como “el milagro chileno”: desarrollo humano, crecimiento económico, Estado de derecho y bajos niveles de corrupción. Pero ese mismo éxito se transformó en una vulnerabilidad con la rápida expansión de sectores medios precarios y la persistencia de instituciones heredadas y rígidas (por ejemplo, el sistema electoral), incapaces de absorber nuevas demandas ciudadanas.

Si se me obliga a marcar un punto de inflexión, lo situaría mucho antes del estallido social de 2019, específicamente en el segundo mandato de la presidenta Bachelet (2014–2018). Durante ese periodo, Bachelet impulsó un diluvio casi irresponsable de reformas simultáneas —tributaria, educacional, laboral, electoral e incluso constitucional (Encuentros Locales Autoconvocados, cabildos)— que despertaron tensiones latentes y generaron otras nuevas. La intensidad del ciclo reformista fue tal que incluso los analistas más expertos tuvieron dificultades para seguir el detalle y las implicancias de cada iniciativa. Más que ser la causa directa de la inestabilidad posterior, las reformas simultáneas de Bachelet II actuaron como un catalizador que expuso tensiones acumuladas desde años antes. En varios sentidos, agitaron el avispero.

Fue precisamente en el gobierno siguiente, el de Piñera II (2018–2022), donde esta cadena de tensiones terminó por estallar con el ya conocido “estallido social” de octubre de 2019. Una crisis que solo pudo ser contenida por la irrupción de la pandemia, que en cierto modo le calzó como un guante al gobierno de entonces.

Así llegamos al gobierno de Boric, electo con una enorme dosis de votos “prestados” del centro, en un país exhausto de inestabilidad. Su administración se alineó con el ímpetu reformista de la primera Convención Constitucional, cuyo borrador —más parecido a un collage inconexo de cambios impulsado por un mosaico de grupos fragmentados bajo un espejismo de mayoría inexistente— terminó siendo un fracaso espectacular y una oportunidad perdida. Para ese momento, amplios sectores de la ciudadanía ya estaban hambrientos de estabilidad.

Ese fue el primer gran golpe para Boric, casi un knockout. Luego vino el segundo proceso constitucional, que tampoco prosperó. Aunque el texto también fue rechazado, ese segundo rechazo fue leído como un triunfo para la derecha, porque significó mantener el statu quo institucional.

A pesar de que no se traduce en oferta política, un amplio sector de la sociedad chilena permanece en el centro del espectro ideológico. El vaciamiento de la oferta de centro —especialmente sectores de la antigua Concertación— subsidió electoralmente a Boric en 2021 y hoy subsidia a la derecha. Esto sugiere un problema de oferta política, no un realineamiento ideológico profundo. El colapso del centro no responde a una desaparición de sus votantes, sino a la incapacidad de sus partidos para articular un proyecto moderado creíble tras años de desgaste institucional, crisis internas y pérdida de relato. La derecha no solo capitalizó el vaciamiento del centro; también logró articular un relato eficaz de orden, estabilidad y control institucional en un país saturado de incertidumbre.

Boric creyó que tenía un mandato de transformación sistémica y no leyó que, tras tantos años de tensión, la ciudadanía estaba agotada de reformas. El gobierno combinó falta de experiencia ejecutiva con una sobreestimación de su mandato reformista, lo que derivó en errores estratégicos tempranos y una pérdida acelerada de capital político. Al comienzo se percibió a su gobierno como ingenuo —no habían gobernado nunca—, pero cuando la ingenuidad dio paso rápidamente a la soberbia, la ciudadanía comenzó a tomar distancia. A diferencia de Piñera o Bachelet, Boric tuvo apenas un par de semanas de “luna de miel”; luego de eso, su evaluación y la de su gobierno se volvieron negativas.

Fue en ese momento cuando la vieja Concertación prestó ropa y contribuyó a estabilizar la gestión con la llegada de dos “superministros” de su ADN histórico: Mario Marcel en Hacienda y Carolina Tohá en Interior.

Uno de los temas que más tensionó al gobierno fue la seguridad, que sistemáticamente aparece entre las principales preocupaciones ciudadanas en todas las encuestas. No es necesariamente que haya más crimen —el debate es complejo—, sino que la violencia mutó a formas antes desconocidas en Chile (narco, Tren de Aragua, crimen organizado). En política, la percepción pesa tanto o más que la estadística: la seguridad se transformó en el prisma principal desde el cual la ciudadanía evaluó al gobierno. En este ámbito, la derecha logró posicionarse como la fuerza más creíble para recuperar el control institucional.

La izquierda debe realizar una autocrítica profunda, y la derecha debe resistir la tentación de creer que estas mayorías le pertenecen. La izquierda enfrenta una crisis profunda de credibilidad y lectura estratégica del momento político; la derecha, por su parte, haría mal en interpretar su apoyo actual como una conversión duradera, pues descansa más en el agotamiento ciudadano que en una adhesión ideológica estable.

Erosión democrática en Estados Unidos: una alerta roja para la región

Estados Unidos está en un proceso rápido de erosión democrática. No obstante sus limitaciones, hasta enero de 2025 tenía un régimen democrático con elecciones relativamente libres y justas (más en unos estados que en otros), sufragio universal, ausencia de autoridades tutelares, protección de derechos políticos y libertades civiles y una serie de pesos y contrapesos que restringían el poder ejecutivo. Hoy ese régimen ha cambiado sustancialmente. Siguiendo el libreto de Hugo Chávez en Venezuela o Nayib Buekele en El Salvador, en los últimos diez meses la administración ha destruido el aparato burocrático federal, usurpado los poderes del legislativo, utilizado a las agencias del gobierno para atacar, censurar y extorsionar a universidades, medios y opositores, y violado el debido proceso de inmigrantes (y ciudadanos afrodescendientes). El cambio ha sido tan extremo que Steve Levitsky y Lucan Way han declarado que Estados Unidos ya no es una democracia sino un autoritarismo competitivo.

Las implicaciones de este proceso de autocratización en EE.UU. para América Latina son catastróficas. Habilitado por un Congreso y una corte suprema sumisos, cuyas mayorías están más preocupadas por victorias ideológicas que por el estado de derecho o las libertades civiles y políticas, Trump ha logrado funcionar con pocas restricciones. A pesar del esfuerzo de cortes distritales, estatales y federales por bloquear órdenes ejecutivas y acciones violatorias de la Constitución, el presidente ha logrado encontrar mecanismos para eludir decisiones adversas o esquivar requisitos incómodos. Esto es particularmente cierto en áreas en las que la oficina del presidente ha gozado tradicionalmente de mucha flexibilidad (y que afectan con particular fuerza a América Latina) como la ayuda internacional, los procesos de inmigración y la lucha contra el narcotráfico.

En uno de sus primeros actos de gobierno, Trump suspendió y/o eliminó los programas de ayuda internacional de EE.UU. que habían sido aprobados previamente por el Congreso. El presupuesto aprobado por el legislativo para 2024 incluía (entre otras cosas) 90 millones de dólares para programas de promoción de democracia en Cuba, Venezuela, y Nicaragua, 125 millones para contrarrestar el flujo de fentanilo y otras drogas sintéticas en México y combatir la producción y transbordo de cocaína en Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Costa Rica y 82,5 millones para programas para la prevención de la trata de personas y la reducción de violencia contra las mujeres en Centroamérica. El fin de USAID y los programas de promoción de democracia y derechos humanos del Departamento de Estado vienen acompañados de medidas para acabar con la inmigración (del Sur Global). Al comienzo de su mandato, Trump suspendió intempestivamente el programa de asilo y refugiados de EE.UU. y acabó con los programas de protección temporal a más 600.000 inmigrantes haitianos y venezolanos.  

Como si eso fuera poco, desde marzo la administración ha utilizado a la policía de inmigración (ICE) para detener y deportar a inmigrantes sin el debido proceso. Para septiembre de 2025, ICE tenía detenidas más de 59.000 personas (el 71,5% de ellas sin sentencias criminales) y había deportado a 234.210 —en muchos casos sin orden judicial—. El proceso de arresto y deportación ha sido tan arbitrario y caótico que en las redadas han caído 170 ciudadanos estadounidenses. Las personas arrestadas por ICE (ciudadanas o no, inmigrantes legales o no) son sometidas a tratos crueles e inhumanos y terminan con frecuencia desaparecidos en el sistema carcelario de inmigración, o deportados a otros países, sin poder contactar con familiares o sus abogados. Para los que crecimos en América Latina viendo o aprendiendo sobre las violaciones de derechos humanos de dictadores como Rafael Videla o Augusto Pinochet, las imágenes de agentes de ICE vestidos de civil con pasamontañas, que se rehúsan a identificarse o producir una orden de captura judicial, mientras meten a personas en carros sin placas, son macabramente familiares. 

Las consecuencias de estas políticas de inmigración son particularmente severas para América Latina. No solo ponen a nuestros compatriotas en riesgo, sino que disminuyen el número de inmigrantes en EE.UU., bien sea porque las autoridades los apresan y deportan, o porque las personas que ya viven en el país deciden salir por miedo. A largo plazo, la diminución de ciudadanos viviendo y ganando en dólares cierra lo que hasta ahora había sido una válvula de escape en países con economías débiles. De acuerdo a un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, las remesas oscilan entre el 0,1% del Producto Interno Bruto en Argentina, hasta el 27,6% del PIB en Nicaragua. Países como El Salvador, Honduras, y Guatemala reciben una quinta parte de sus ingresos de las remesas que mandan familiares desde el exterior. No todas las remesas vienen de Estados Unidos, pero el 60% de ellas provienen de Norte América. 

El ataque a migrantes, el cierre de opciones legales de entrada a EE.UU. y el fin de fondos de ayuda económica a la región se suman a la decisión del gobierno norteamericano de utilizar la fuerza militar contra Venezuela. En los últimos tres meses, EE.UU. ha atacado embarcaciones venezolanas (y también colombianas) que —ellos mantienen— transportaban drogas. Estos ataques no solo violan leyes internacionales, sino que también reflejan cambios preocupantes en la protección del estado de derecho en EE.UU. En una democracia liberal, el aparato de seguridad no puede ser fiscal, juez y verdugo. Inclusive si hubiera evidencia de que estas embarcaciones llevan drogas (lo cual no es del todo claro), el debido proceso obliga a detener la embarcación, buscar evidencia de las drogas y someter a sus tripulantes a un juicio donde se decide si son culpables o no y cuál es la pena que se les asigna. 

El uso de un lenguaje de “guerra” por parte de la administración Trump, sumado al aumento de fuerza militar en el Caribe y la sanción de operaciones de inteligencia encubiertas en Venezuela, constituye una política claramente inflamatoria. Algunos senadores están preocupados de que el presidente termine declarando la guerra unilateralmente. Un paso sin precedentes que, ciertamente, sería devastador para la región. 

Todo ello me lleva a una última reflexión. El apoyo que EE.UU. le da a líderes y regímenes democráticos (o autoritarios) ha sido absolutamente esencial para la estabilidad de democracias (o dictaduras) en la región. En las últimas dos décadas, la democracia en el continente se ha visto amenazada y debilitada en varios países. Para derrocar dictaduras en Venezuela o El Salvador, y proteger la democracia en países como Argentina, Colombia, o Guatemala, se necesitan aliados democráticos fuertes capaces de ejercer presión que complemente el esfuerzo de movimientos pro-democráticos. La política errática de la administración Trump con Venezuela, el apoyo incondicional a líderes con tendencias autoritarias como Nayib Bukele o Javier Milei y las amenazas a líderes populistas como Gustavo Petro contribuyen a la polarización política, promueven la impunidad, aumentan la influencia de potencias autocráticas como China y Rusia, desestabilizan regímenes democráticos y debilitan a líderes y organizaciones que promueven la democracia en la región. 

Es difícil saber si y cómo va a avanzar la erosión democrática en EE.UU. No obstante victorias importantes, los excesos de la administración Trump están movilizando a la oposición dentro del país. Con algo de suerte esta movilización puede frenar los impulsos autoritarios de esta administración. Pero hasta que esto no suceda, es difícil contar con EE.UU. para proteger o hacer avanzar la democracia y los derechos humanos en la región. Hasta el momento, la respuesta a esta nueva realidad ha sido relativamente fraccionada y —en algunos países— improvisada. La región haría bien en buscar respuestas colectivas, fortalecer liderazgos regionales democráticos y prepararse de manera conjunta para los coletazos de la administración Trump.

Las relaciones humanas como indicador de bienestar

Como economista formado en una universidad pública en Colombia, crecí rodeado de personas talentosas y decididas a superar sus circunstancias. Hoy, cuando muchos de mis compañeros y yo hemos alcanzado metas que alguna vez parecieron inalcanzables, reconozco que nuestro avance no se explica solo por las capacidades innatas o los recursos económicos, sino por algo menos medible: el apoyo mutuo, el compañerismo, las amistades y los lazos de confianza que nos sostuvieron en los momentos más inciertos.

En medio del caos, cuando no sabíamos qué hacer o cómo resolver las dificultades, fueron esas relaciones humanas las que nos permitieron superarlas. Esa experiencia me lleva a cuestionar cómo la economía ha definido la pobreza y la calidad de vida, y hasta qué punto sus indicadores han dejado fuera lo más esencial de la vida social: nuestras conexiones con los demás.

Más allá del ingreso

Por décadas, la academia y los organismos internacionales han centrado el debate en indicadores que reducen la pobreza a una cuestión monetaria, como si un umbral de ingresos explicara por completo las condiciones del bienestar humano. Ni siquiera el enfoque de las capacidades —propuesto por Amartya Sen— logra capturar por sí solo la complejidad de la vida si las oportunidades reales están restringidas. Cuando se niega el acceso a una buena educación, a un empleo digno o a crédito, las capacidades se frustran y la pobreza persiste.

Pero hay algo más profundo que a menudo queda fuera de los análisis: las relaciones interpersonales. Como señaló Silvia Congost en la conferencia El secreto de las relaciones, la calidad de vida de una persona no depende exclusivamente de los ingresos, títulos o éxitos, sino de las relaciones de calidad: eso le da sentido a la vida. Medir la pobreza únicamente por ingresos o carencias materiales es, en el fondo, una forma de invisibilizar lo que nos hace humanos.

‘Ubuntu’: “Yo soy porque nosotros somos”

La filosofía africana ubuntu, difundida por Desmond Tutu y Nelson Mandela, ofrece una alternativa poderosa a los modelos de desarrollo centrados en el individuo. “Yo soy porque nosotros somos” sintetiza una visión del bienestar basada en la interdependencia. Desde esta perspectiva, la pobreza no se mide por lo que falta en el bolsillo, sino por lo que se ha roto en el tejido que une a las personas.

Esta pobreza relacional no alude a una carencia material, sino a la falta de vínculos sociales estables, confianza interpersonal y reconocimiento. Es una forma de empobrecimiento emocional y cívico que se traduce en aislamiento, miedo e indiferencia colectiva. Axel Honneth lo expresó con claridad: la lucha por el reconocimiento es tan importante como la lucha por los recursos. Una sociedad donde las personas carecen de reconocimiento y voz es una sociedad empobrecida, aunque su PIB crezca.

Aquí, ubuntu ofrece una brújula moral: nadie puede realizarse plenamente en la soledad. La vida humana florece en comunidad, donde el bienestar de uno depende del bienestar de los demás. Cuando el “nosotros” se desintegra, el “yo” también se empobrece.

Estudios recientes refuerzan esta idea. The Spirit Level, de Richard Wilkinson y Kate Pickett, muestra que las sociedades más desiguales no solo son menos saludables, sino también más desconfiadas. El Informe Mundial sobre la Felicidad 2024 identifica las relaciones sociales como el principal determinante del bienestar subjetivo, incluso por encima del ingreso. Y la OCDE, en su Better Life Index, incluye las “relaciones sociales” como una dimensión esencial del bienestar, aunque en América Latina aún no logran ser centrales en la política pública.

El desafío de lo virtual

A esta visión relacional debemos sumar un reto contemporáneo: la virtualidad.

Por más útiles que sean las redes sociales virtuales y las inteligencias artificiales, ninguna tecnología puede sustituir la presencia humana. Ningún algoritmo puede replicar la experiencia de mirar a los ojos, compartir silencios, sentir la empatía real del contacto o de ofrecer una ayuda realmente coherente con el sentimiento y moralidad humanas. Ninguna IA podrá igualar las conexiones que las neuronas humanas han construido durante millones de años de evolución.

América Latina enfrenta una doble pobreza: la material y la relacional. La primera no solo se combate con transferencias, subsidios o programas sociales, como se ha dicho también en muchos discursos políticos, sino creando oportunidades estables de ingresos permanentes de largo plazo bajo una estructura de seguridad social obligatoria; la segunda, más invisible, se refleja en la desconfianza y en la fragmentación del tejido comunitario.

Según el Latinobarómetro 2024, apenas el 15,3% de los latinoamericanos confía en sus conciudadanos. Esto quiere decir que es un continente donde la desigualdad no solo separa ingresos, sino también emociones. La violencia, el desempleo y la precariedad urbana han debilitado la cooperación. En muchas ciudades, el miedo reemplaza al diálogo y la supervivencia individual ha sustituido al bienestar colectivo.

Las políticas sociales, aunque necesarias, suelen enfocarse en la renta más que en la relación —ni siquiera el Índice de Pobreza Multidimensional se sale de esta visión—. Se miden hogares, pero no comunidades; se contabilizan subsidios, pero no confianza. Por eso muchos programas alivian el hambre, pero no la desesperanza. No basta con transferir recursos si las personas carecen de vínculos, redes o espacios donde ejercer la ciudadanía.

Repensar la medición del bienestar

Si lo que no se mide no existe, urge comenzar a medir los lazos que nos sostienen: incorporar indicadores de capital social, participación comunitaria y confianza interpersonal permitiría comprender mejor las dinámicas del bienestar. El Reino Unido y Nueva Zelanda ya incluyen en sus presupuestos variables sobre relaciones personales y cohesión social. En América Latina, la Cepal ha avanzado en la medición de la cohesión social, pero aún falta integrar estos indicadores en el corazón de las políticas antipobreza.

Medir la pobreza relacional no implica abandonar los indicadores económicos, sino complementarlos. Las redes familiares, la cooperación vecinal y los espacios comunitarios amortiguan las crisis y fortalecen la resiliencia social. Una familia puede salir de la pobreza monetaria, pero si vive rodeada de desconfianza o violencia, seguirá siendo vulnerable.

Una invitación ética y política

Una sociedad empobrecida en vínculos corre el riesgo de degradar su democracia, de modo que la pobreza relacional no es solo un problema estadístico, sino moral y político. La desconfianza destruye la participación, la cooperación y el sentido de comunidad.

Repensar la pobreza como fenómeno relacional es volver a una verdad sencilla: el bienestar no se alcanza en soledad. Las personas prosperan cuando pueden confiar, pertenecer y sentirse valiosas para otros. 

Si América Latina desea un desarrollo verdaderamente humano, debe ir más allá del ingreso y del consumo. Porque una región puede reducir sus indicadores de pobreza, pero seguirá siendo pobre mientras siga fragmentada. La verdadera riqueza —individual y colectiva— comienza cuando volvemos a reconocernos en los demás.

Si termino este texto como lo inicié, la educación en cualquier nivel es un elemento clave no solo en la construcción de capacidades e identidades, sino de relaciones de confianza y no de competencias fragmentadoras de tejido comunitario

Entre la soberanía y el silencio: las contradicciones de América Latina ante la crisis venezolana

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela no son una novedad. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Caracas inició un proceso de distanciamiento entre los países que se consolidó tras el fallido golpe de Estado del año 2002. En aquel momento, el gobierno venezolano acusó a Estados Unidos de haber apoyado la asonada, y Washington fue uno de los pocos países que reconoció brevemente al empresario Pedro Carmona como jefe de Estado.

Un constante deterioro de las relaciones

De ahí en adelante, la relación bilateral se ha deteriorado de manera constante. En los últimos 25 años ha habido expulsiones de embajadores, cierre de sedes diplomáticas y una retórica cada vez más hostil. A este deterioro contribuye tanto el historial intervencionista de Estados Unidos en América Latina como la importancia que el antiimperialismo tiene en la identidad de la izquierda regional, de la cual el movimiento chavista forma parte.

Es decir, el rechazo a Washington no es solo una reacción histórica, sino que también funciona como elemento movilizador para los proyectos políticos a los que les es útil crear un enemigo externo al que responsabilizar por sus problemas y con el que cohesionar a su base política.

En este contexto, durante las últimas dos décadas y media, los anuncios sobre una inminente intervención estadounidense en Venezuela se han vuelto recurrentes. Como en la fábula de Pedro y el lobo, la repetición ha generado escepticismo en la población: muchos dudan que el “lobo” vaya a llegar. Pero esta semana, una publicación del New York Times sobre la autorización del presidente Donald Trump a la CIA para actuar en territorio venezolano volvió a encender las alarmas en la región.

Hace apenas unos meses, algunos periodistas creían que un periodo de distensión se estaba instalando en la relación bilateral (marcado por el alivio parcial de las sanciones petroleras y la repatriación de migrantes venezolanos), pero tan impredecible como son las decisiones de Trump, la situación ha escalado peligrosamente. La Casa Blanca ha endurecido su discurso, ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de narcotráfico y ha bombardeado embarcaciones de presuntos traficantes venezolanos.

¿Podría producirse una intervención militar real? 

No está claro. Más allá de la retórica, resulta difícil identificar un beneficio político para Trump en una operación de este tipo: tanto la opinión pública estadounidense como algunos de sus aliados son reacios a nuevas guerras y al gasto en el exterior. De hecho, la filtración al New York Times podría ser una maniobra calculada para aumentar la presión psicológica sobre la coalición de Maduro, similar a la famosa nota de John Bolton en 2019  (“5,000 troops to Colombia”) durante el anterior ciclo de tensiones.

Una acción armada estadounidense tendría consecuencias profundas: desataría el rechazo regional y vulneraría el derecho internacional. Pero también plantea una pregunta incómoda: ¿cómo podría la región condenar una intervención extranjera, y a la vez seguir siendo pasiva ante el colapso democrático en Venezuela?

Sobran evidencias sobre la ruptura del orden constitucional venezolano. Las violaciones a derechos humanos (que incluyen la desaparición, las torturas y la violencia sexual) han sido extensamente documentas por ONG de reconocida trayectoria y por la propia ONU. Además, Venezuela es el primer país de la región con una investigación abierta por delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.

Si Estados Unidos ejecutara una acción armada unilateral, los representantes regionales alzarían la voz legitimamente por las presiones que esa acción podría causar en sus fronteras. Sin embargo, muchos de esos actores han sido mucho menos vigorosos a la hora de criticar la política económica depredadora que Maduro instaló para mantenerse en el poder y que ha causado la extensa migración de venezolanos que continúa hasta el día de hoy.

Muchos líderes criticarán con razón la violación de la soberanía de los países. Pero han dicho muy poco sobre acciones violatorias de la soberanía cometidas por el gobierno venezolano, como el asesinato del Teniente Ojeda en Chile, o el secuestro de opositores en territorio colombiano. Hace tan solo unos días, dos activistas venezolanos exiliados en Bogotá fueron baleados. Estos hechos apenas han tenido repercusión mediática y el propio presidente de Colombia ha sido más discreto ante ellos que ante otros asuntos de carácter internacional.

La paradoja es evidente: América Latina rechaza la injerencia, pero rara vez actúa frente a los autoritarismos que nacen dentro de sus propias fronteras y contra los que se han comprometido actuar en documentos como la Carta Democrática de la OEA donde se “reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”. La mejor vía para evitar la violencia interna y externa sobre la región es retomar una agenda fuerte y efectiva en defensa de la democracia. Parafraseando una frase célebre del ex presidente venezolano Rafael Caldera: “es difícil pedirle a un pueblo que se inmole por la soberanía cuando siente que esa soberanía no le da de comer ni le garantiza el respeto a su vida”.

De lo ideológico a lo pragmático: se mueve el péndulo en Bolivia

En Bolivia, el péndulo se ha movido de forma atenuada de lo ideológico a lo pragmático. Las nuevas etiquetas de Rodrigo Paz y su partido (PDC) son: capitalismo para todos, en lo económico; descentralización del poder hacia las regiones, en lo político institucional; nueva relación con Estados Unidos, en las externalidades; idea de patria, en lo simbólico; y centro derecha, para efectos ideológicos. Estas señales del nuevo presidente avizoran una transformación de las políticas, no necesariamente de la política, tras 20 años de gobierno de izquierda estatista y una crisis de combustibles monumental.

Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993), padre de Rodrigo Paz, se consolidó el modelo neoliberal inaugurado en 1985, se otorgó mayor apertura al mercado y se desincentivó la intervención estatal directa. En 2025, con el slogan de “capitalismo para todos”, Rodrigo Paz pretende incentivar el acceso al mercado formal a los sectores informales mediante créditos con mejores condiciones y reducir impuestos y aranceles a los sectores formales. 30 años después, otro Paz vuelve a apostar por la fuerza del mercado.

La descentralización del poder hacia las regiones es una de sus propuestas centrales. La idea de 50/50, es una propuesta de unidad y corresponsabilidad para construir acuerdos con todas las autoridades autonómicas del país: gobernaciones, alcaldías y universidades. El propio Rodrigo Paz ha afirmado: “no me importa de qué partido sea. Quiero responder a este 50/50: veamos salud, educación, seguridad ciudadana”. Esta es, sin duda, una de sus propuestas más radicales de transformación del régimen plurinacional, que dejó un sistema extremadamente centralista.

La idea de “patria” fue protagónica durante la campaña

El valor simbólico de la idea de patria en la narrativa del nuevo gobierno es un recurso de poder emocional para persuadir de que representa la unidad. Todo agente de poder necesita una etiqueta para proyectar una imagen de posición hacia los ciudadanos. Es una manera de marcar el cambio de época: la idea de patria tiene más potencial de unificar que el actual Estado Plurinacional como idea vigente. Y es que la política es una lucha por asignar valores y el nuevo gobierno lo sabe.  

Con respecto a las relaciones internacionales, el horizonte de Paz es desarrollar una nueva relación entre Bolivia y Estados Unidos. Por otro lado, el nuevo presidente se ha distanciado de los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, quienes no estuvieron invitados a su asunción presidencial. Y es que tiene como horizonte al norte capitalista y con ese objetivo está enviando nuevas coordenadas al mundo.

Bolivia da un giro hacia el centro derecha

Rodrigo Paz considera que Bolivia requiere equilibrios y consensos y el centro es un amplio espectro que contiene razonabilidad, equilibrio de pros y contras, y moderación. Estas nuevas coordenadas se basan en dos pilares: dar prioridad a la fuerza del mercado y manifestar abiertamente su fe cristiana. Si bien durante su campaña Paz mantuvo una narrativa más cercana a la izquierda, tras ganar las elecciones se ha ido acercando más a la derecha del espectro político. Paz está mostrando más empatía con los emprendedores productivos (pequeños, medianos y grandes) y menos afinidad ideológica con las organizaciones sociales que fueron cooptadas por el MAS durante 20 años y quienes defienden las políticas sociales estatistas.

El nuevo gobierno promete transformar las políticas, no la política, y por ello es probable que se enfoque en el cambio de normas y reglas para corregir la situación económica heredada del gobierno saliente, pero no necesariamente transformar las condiciones ideológicas e institucionales estructurales. Ahora bien, para el cambio de las políticas tiene que generar acuerdos mínimos en la asamblea legislativa para lo cual depende de la segunda fuerza política (LIBRE) que lidera Tuto Quiroga, -quien ya dijo que no le impondrá condiciones al nuevo gobierno-, y consolidar su alianza con la tercera fuerza política parlamentaria (UNIDAD) que dirige Samuel Doria Medina. Además, Paz tendrá que contener o neutralizar a organizaciones sociales como la Central Obrera Boliviana, que ya ha enviado señales de desacuerdo con algunas propuestas pro mercado de Rodrigo Paz.

En conclusión, el péndulo se ha trasladado de lo ideológico a lo pragmático porque la situación socioeconómica lo demanda. El nuevo gobierno está condicionado estructuralmente por las reglas de juego plurinacionales. Pero puede llegar a moldear un nuevo pensamiento político y tomar decisiones que incentiven la fuerza del mercado y desincentiven el capitalismo de Estado, que ha limitado el desarrollo empresarial y la consecuente generación de  bienes y servicios para los ciudadanos.

Para ello, el gobierno de Rodrigo Paz deberá transformar la política boliviana. Esto implica, antes que nada, una ruptura con las políticas desarrolladas durante 20 años: antiimperialismo, modelo económico estatista, socialismo del siglo XXI, proceso de cambio y revolución cultural, las cuales no han permitido constituir un Estado eficaz. Luego, generar una nueva narrativa alternativa, que viabilice las aspiraciones de la mayoría de los bolivianos.

Este es un buen momento para empezar a cambiar la mentalidad política de los bolivianos. Es tiempo de más políticos eficaces y menos actores sociales ideológicos.

COP30: el tiempo de la Amazonia

La crisis climática se ha hecho evidente con eventos extremos en diversas regiones del planeta: sequías prolongadas, tormentas e inundaciones severas y olas de calor sin precedentes. Sus efectos impactan directamente la vida de las personas, especialmente las más pobres y vulnerables, profundizando las desigualdades y ejerciendo presión sobre las economías. Según el Informe del IPCC, publicado en 2023, ya existen soluciones técnicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; sin embargo, para implementarlas, faltan acciones y coordinación política, cooperación internacional y financiamiento adecuado. Es en este contexto que la COP30, en Belém, adquiere una relevancia histórica.

En las últimas décadas, el debate internacional sobre el clima ha consolidado el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, según el cual los países desarrollados deberían asumir una mayor parte de los esfuerzos, debido a su peso histórico en las emisiones, pero los países en desarrollo también deben asumir sus responsabilidades. Si bien las naciones industrializadas enfrentan grandes desafíos para descarbonizar los sectores industrial y energético, Brasil y sus vecinos amazónicos presentan un perfil distinto, dado que sus principales fuentes de emisiones provienen del cambio de uso de la tierra, especialmente la deforestación y la degradación forestal.

Según la FAO, Brasil, aunque responsable de una proporción relativamente pequeña de las emisiones globales, se encuentra entre los diez mayores emisores y alberga la mayor reserva mundial de carbono en biomasa forestal viva. Por lo tanto, la existencia de la Amazonía es crucial para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5°/2°C por encima de los niveles preindustriales.

Sin embargo, la región amazónica enfrenta profundos desafíos y se ha caracterizado históricamente por conflictos territoriales, importantes disputas económicas y desigualdades sociales. La Amazonía brasileña, por ejemplo, ha desarrollado grandes proyectos en los sectores de energía, minería y agricultura, atrayendo mano de obra y creando ciudades densamente pobladas, pero con escasa infraestructura y una muy baja calidad de vida para la población. En el contexto sudamericano, la región se ha convertido en un área de políticas de desarrollo insuficientes, con baja coordinación política y económica regional. Integración económica internacional periférica, con escasos legados para el desarrollo local; baja utilización de los recursos locales; un modelo económico dominante poco sostenible; altos niveles de pobreza, desigualdad, exclusión y bajo IDH (Índice de Desarrollo Humano); bajos niveles de aplicación de la ley y acceso a la justicia; y una alta tasa de violencia, con un aumento vertiginoso en los últimos tiempos.

A pesar de este contexto, la COP30 representa un hito en cuanto a las oportunidades para el desarrollo sostenible de la región.

En los últimos años, bajo el liderazgo de los países amazónicos, se ha priorizado la promoción de un modelo regional de desarrollo sostenible y un paradigma de silvicultura productiva con inclusión social, que valora la biodiversidad y genera ingresos locales. En materia de financiación, destacan los mecanismos de pago por servicios ambientales (PSA) y las iniciativas para financiar acciones de Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD+), desarrolladas en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Estos instrumentos buscan promover la inclusión de los pueblos tradicionales, las comunidades ribereñas, los pueblos indígenas y los pequeños agricultores.

En Brasil, el Fondo Amazonía, un fondo basado en la cooperación Norte-Sur, no reembolsable y orientado a resultados, es un ejemplo concreto de gobernanza participativa y desarrollo inclusivo. Este fondo apoya a las organizaciones comunitarias y las iniciativas de ciencia, tecnología e innovación, así como las acciones de monitoreo y control y la planificación territorial, esfuerzos que deben continuarse y ampliarse.

En agosto de 2025, en la V Cumbre de Presidentes de la OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica), los países amazónicos, mediante la Declaración de Bogotá, destacaron ejes de acción consensuados, tales como: fortalecer una economía orientada al desarrollo sostenible en la Amazonía, incluyendo la bioeconomía, con énfasis en los avances logrados en la construcción de la Estrategia para una Economía Sostenible en la Región Amazónica; promover el Foro de Ciudades Amazónicas, la Red Amazónica de Autoridades Forestales y el mecanismo de cooperación entre la OTCA y la Asociación de Universidades Amazónicas (UNAMAZ); aprobar la construcción de un espacio de diálogo entre gobiernos y pueblos indígenas (Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas, MAPI); impulsar la definición y el establecimiento del Mecanismo Financiero de la OTCA; y apoyar el lanzamiento del Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), entre otras iniciativas importantes.

En materia de financiación, además del TFFF, otras iniciativas importantes lideradas por Brasil en la COP30 buscan establecer mecanismos para armonizar y ampliar la financiación climática. Algunos de ellos son la Hoja de Ruta Bakú-Belém para alcanzar los US$1,3 billones en financiación climática anual; las recomendaciones definidas en el Círculo de Ministros de Finanzas, con énfasis en la ampliación de los fondos climáticos internacionales y la financiación con tasas de interés reducidas; la reforma de los bancos multilaterales de desarrollo y el aumento del crédito sostenible; el fortalecimiento de las capacidades y los marcos nacionales para la inversión verde; la creación de instrumentos financieros innovadores para movilizar capital privado; y la integración de los riesgos climáticos en la regulación financiera, promoviendo la armonización de las taxonomías y el desarrollo de mercados de carbono integrados. 

Estas son algunas de las oportunidades que se abren a los países amazónicos en el marco de la COP30, para que la región pueda transformar su potencial en avances concretos hacia el desarrollo sostenible. Se trata de impulsar la socio-bioeconomía con valor agregado, el desarrollo de bioproductos, la densificación de las cadenas de producción sostenibles, el fortalecimiento de la infraestructura y las acciones en educación, ciencia, tecnología e innovación.

En este sentido, es necesario mejorar la capacidad de acción de los Estados de la región, en colaboración con la sociedad civil; así como fortalecer urgentemente el desempeño de la principal institución de cooperación regional, la OTCA, para promover una mayor coordinación de acciones entre los países amazónicos. Además, es fundamental la existencia de mercados para los productos sostenibles de la región; la promoción de políticas para reducir las desigualdades sociales y estructurales; así como la ampliación del financiamiento y la mejora de los mecanismos de cooperación internacional para el desarrollo.

La Amazonía puede ser protagonista de un nuevo modelo global de bienestar, donde los bosques en pie signifiquen productividad y sostenibilidad, con una alta calidad de vida. Las tareas son inmensas, de dimensiones amazónicas, pero las oportunidades existen y el momento es ahora.

Partidos, dinero y democracia en Ecuador

El tema del financiamiento público de los partidos políticos ha saltado al debate político en Ecuador ante la propuesta del gobierno de Daniel Noboa de eliminarlo, para lo cual ha convocado a una consulta popular el próximo 16 de noviembre.

Los partidos políticos son actores esenciales para la existencia y consolidación de las democracias modernas. Su rol en la articulación de intereses, la representación ciudadana y la competencia por el poder político ha sido ampliamente reconocido por la teoría política. Sin embargo, su funcionamiento depende, en gran medida, de la forma en que se financian.

El origen de los recursos que sostienen su actividad determina, no solo su independencia, sino también su legitimidad ante la sociedad. Es así que, en contextos donde el financiamiento privado predomina, se abre la puerta a la captura del sistema por parte de grupos económicos o incluso del crimen organizado.

Por lo tanto, el financiamiento público no es una concesión, sino una herramienta indispensable para garantizar la integridad del sistema democrático.

La función democrática de los partidos políticos

Los partidos políticos pueden entenderse como organizaciones orientadas a la búsqueda del poder político mediante la movilización y el respaldo de la ciudadanía. Además de articular demandas sociales (Cleavages), estas organizaciones cumplen un papel central en la estructuración de la competencia política, influyendo en la configuración del sistema partidario dentro de una democracia. En contextos contemporáneos, se ha señalado que muchos partidos tienden a depender en gran medida de los recursos estatales, actuando como intermediarios entre la sociedad y las instituciones públicas, lo que refuerza su presencia en el tablero de juego político y administrativo.

Bajo esta perspectiva, los partidos son fundamentales para la mediación entre el Estado y la sociedad. Sin embargo, cuando su financiamiento depende de fuentes privadas no reguladas, la relación se distorsiona: los partidos dejan de responder a sus bases y electorado para servir a sus financiadores y, consecuentemente, sus intereses. En el peor de los casos, el ingreso de dinero ilícito proveniente del narcotráfico u otras actividades criminales, mina la autonomía de las instituciones democráticas y pone en riesgo la gobernabilidad.

El financiamiento público como garantía de autonomía y equidad

El financiamiento público de los partidos políticos tiende a garantizar condiciones mínimas de igualdad y reducir la dependencia de fuentes privadas. El apoyo estatal debe entenderse como una “inversión en la democracia”, destinada a fortalecer la competencia justa, la transparencia, la rendición de cuentas, y por supuesto el propio arraigo de los partidos con sus potenciales electores. Este tipo de financiamiento también contribuye a la institucionalización partidaria, como ya se mencionó, entendida como la capacidad de los partidos para mantener estabilidad, legitimidad y arraigo social.

Es claro que la provisión de recursos públicos promueve el pluralismo político, especialmente en contextos donde las desigualdades económicas podrían excluir a movimientos o partidos emergentes con buenas y programáticas ideas, pero que carecen de recursos económicos. No obstante, esto plantea un reto de similares dimensiones y complejidad: el financiamiento estatal debe ir acompañado de sistemas robustos de control y fiscalización, para evitar su uso clientelar (sobre todo en partidos de gobierno) o su desvío hacia fines personales o electorales irregulares. La transparencia es condición indispensable para que la ciudadanía perciba estos recursos como un bien público al servicio de la democracia, y no como un gasto innecesario, como se lo asume popularmente.

El caso ecuatoriano: fragmentación y debilidad del sistema de partidos

El sistema de partidos en Ecuador ha sido históricamente fragmentado, volátil y débilmente institucionalizado. Desde el retorno a la democracia, en 1979, el país ha experimentado una proliferación de organizaciones políticas con escasa continuidad y representación territorial. De acuerdo con los datos del Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional, para el período 2024–2025 existen más de 200 organizaciones políticas registradas entre partidos, movimientos nacionales y locales, de las cuales solo 4 organizaciones y un reducido número de movimientos provinciales tienen representación legislativa, lo cual se traduce no solo una cantidad ingente de alternativas ideológicas, sino que decanta en la despersonalización política y baja credibilidad.

Esta fragmentación genera problemas de gobernabilidad y representación, pues dificulta la formación de mayorías estables en el Legislativo y favorece la personalización de la política (los denominados “ismos” tan recurrentes en nuestra historia). El resultado es evidente: los sistemas excesivamente fragmentados tienden a producir inestabilidad, ya que los partidos pierden su función de canalizar intereses coherentes y se convierten en vehículos de liderazgos coyunturales, o a su vez, favorecen los transfuguismos.

La debilidad institucional de los partidos ecuatorianos se expresa también en la falta de estructuras internas sólidas, programas ideológicos claros y mecanismos de rendición de cuentas. Esto ha llevado a que muchos partidos dependan del financiamiento informal o de redes clientelares, exponiéndolos a la influencia de grupos económicos o incluso de actores ilícitos. En este contexto, el financiamiento público representa una herramienta fundamental para reducir la dependencia de recursos privados, fomentar la transparencia del accionar político y garantizar la autonomía frente a intereses privados o ilícitos.

El costo de la política y el valor de la democracia

El gobierno de Daniel Noboa ha impulsado una consulta popular para el próximo 16 de noviembre con el objetivo de eliminar el financiamiento para los partidos políticos, reducir el número de legisladores e instalar una asamblea constituyente. El argumento del presidente para esta medida es el de utilizar esos fondos -alrededor de USD 4 millones anuales- para “áreas de más envergadura” como salud, educación y seguridad, entre otros.

Según el sondeo de la empresa Clima Social, el sí ganaría en las preguntas relacionadas con la eliminación del financiamiento para los partidos políticos (52%), la reducción del número de legisladores (66%) y la instalación de una asamblea constituyente para que redacte una nueva constitución (48%). En conjunto, los resultados tentativos reflejan un clima de descontento con las bases del sistema político, sus instituciones y una disposición significativa, aunque prudente, hacia transformaciones de mayor calado como la elaboración de una nueva constitución.

Si bien reducir o eliminar este financiamiento busca aliviar el gasto público y exigir mayor responsabilidad a los partidos, la medida podría generar los efectos adversos ya comentados: incrementar la dependencia del dinero privado y aumentar así la capacidad de cooptación de los partidos por grupos económicos poderosos o facilitar la infiltración de grupos criminales.

En un sistema de partidos tan fragmentado y débilmente institucionalizado como el ecuatoriano, retirar el apoyo estatal sin fortalecer los mecanismos de control significaría profundizar aún más la crisis de representación. Por ello, más que eliminar el fondo de recursos partidarios, el reto está en transparentar su uso y sancionar los abusos, asegurando que el financiamiento político sirva al interés ciudadano y al fortalecimiento de la representación. En última instancia, invertir en un financiamiento público regulado y fiscalizado es invertir en la democracia.

¿Son obsoletas las cumbres entre la UE y la CELAC?

La cumbre UE-CELAC dejó una impresión agridulce. Por un lado, estuvo marcada por numerosas ausencias: solo unos pocos jefes de gobierno europeos y latinoamericanos hicieron el viaje a Santa Marta. Por otro lado, ya puede considerarse un éxito el mero hecho de que la cumbre se haya celebrado y de que en la declaración final se haya logrado reflejar un consenso básico en muchos temas de la política internacional. Sin embargo, dicha declaración aporta poco en términos de novedades sustantivas. En este sentido, cabe preguntarse hasta qué punto estas cumbres siguen siendo útiles y necesarias para la cooperación entre la UE y América Latina. El desenlace aparentemente conciliador de la cumbre disfraza problemas y desafíos más profundos que persisten en la relación birregional.

La IV Cumbre UE–CELAC estuvo claramente marcada por las ausencias. Ni Macron, ni Merz, ni Meloni, ni la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se hicieron presentes. En el caso de los líderes europeos, podría argumentarse que su ausencia obedeció a la distancia y a las dificultades logísticas para llegar a Santa Marta —basta mencionar que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tuvo que cambiar de avión en Barranquilla, ya que la pista local no permitía el aterrizaje de su aeronave. Sin embargo, resulta aún más reveladora la ausencia de varios mandatarios latinoamericanos. En cierto modo, fue Lula quien terminó salvando la imagen de su homólogo colombiano con su participación en la cumbre. Paradójicamente, hubo más jefes de Estado latinoamericanos en la ceremonia de investidura del nuevo presidente boliviano, celebrada apenas un día antes del encuentro en Santa Marta. Este contraste ilustra con claridad el limitado poder de convocatoria del presidente Petro en la región.

Existen múltiples factores que explican la limitada asistencia de jefes de gobierno europeos a la IV Cumbre UE–CELAC en Santa Marta (Colombia). En primer lugar, la proximidad temporal con la COP-30 en Belén redujo la disponibilidad de varios líderes europeos, que evitaron prolongar su estancia en América Latina. En el plano político-diplomático, el anfitrión, presidente Gustavo Petro, generó reservas en varias capitales europeas debido a su estilo poco diplomático, su retórica confrontativa y su enfrentamiento con la administración Trump. Fue sintomático que el presidente francés Macron participara en la COP-30 en Belén y no viajara posteriormente a Santa Marta, aunque hizo escala en México antes de regresar a Francia, con el objetivo de dar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales entre México y Francia. Por su parte, la presidenta mexicana Sheinbaum tampoco asistió a la cumbre UE–CELAC.

Como señaló el presidente de Brasil, Lula, en su discurso de apertura de la cumbre: “América Latina y el Caribe viven una profunda crisis en su proyecto de integración. Hemos vuelto a ser una región balcanizada y dividida, más orientada hacia el exterior que hacia sí misma”. Si observamos la declaración final de la cumbre, se percibe mucha más desunión en el lado latinoamericano y caribeño que en el europeo. Mientras los 27 gobiernos europeos firmaron la declaración conjunta, en el lado latinoamericano hubo dos países que se negaron a hacerlo: Nicaragua y Venezuela. En el caso de Nicaragua, el gobierno justificó su decisión con una referencia explícita al párrafo que aboga por el fin de la guerra en curso contra Ucrania. Mientras que la negativa de Nicaragua y Venezuela a firmar la declaración ilustra el aislamiento de ambos regímenes en la región, también hubo otras voces disidentes que reflejan la falta de consenso regional y los posicionamientos estratégicos divergentes entre los gobiernos latinoamericanos.

Siete países —Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago— se distanciaron del párrafo 10, que hace referencia al “respeto mutuo y el pleno cumplimiento del derecho internacional, incluso en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas”; cinco se apartaron del párrafo que menciona el “embargo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba”; y cuatro del párrafo que alude al conflicto en Gaza. Hubo además otros desacuerdos, siendo Argentina el país con mayor número de observaciones al texto consensuado, con un total de siete.

Detrás de la poca asistencia de jefes de Estado a la cumbre UE–CELAC surge una pregunta más fundamental: ¿Son realmente necesarias las cumbres biregionales de alto nivel? ¿Para qué sirven? Más allá de la cumbre en sí, se celebraron encuentros paralelos entre empresarios y representantes de la sociedad civil. Sin embargo, este tipo de actividades también podrían llevarse a cabo sin necesidad de una cumbre de jefes de Estado y de gobierno. Lo mismo puede decirse de las reuniones ministeriales en áreas de interés común, donde no es indispensable —ni necesariamente útil— que participen todos los gobiernos de ambos lados del Atlántico.

Desde una perspectiva europea, América Latina como región es demasiado heterogénea para encasillar a todos los países en un mismo esquema. Con algunos existen intereses económicos y estratégicos comunes, mientras que con otros países latinoamericanos son muy limitados e incluso sus políticas pueden ser percibidos como adversos a los intereses geopolíticos y geoeconómicos europeos. Con este trasfondo, las cumbres a menudo se complican y se convierten en una pesadilla para alcanzar declaraciones comunes, que al final solo reflejan el denominador común más bajo.

Sería mucho más efectivo enfocar el diálogo birregional en los socios de alto valor estratégico, así como en aquellos donde exista un consenso amplio sobre cuestiones fundamentales de política internacional. En tiempos de retorno de políticas de poder, intervenciones y amenazas militares, y guerras comerciales, desde la perspectiva europea, la referencia a valores comunes y la virtud del “poder blando” debe complementarse con una política centrada en los intereses geopolíticos y en la dimensión dura del poder, tanto económica como militar —incluyendo la cooperación entre las industrias de defensa. Desde esta perspectiva, para Europa resulta oportuno ampliar e intensificar el diálogo en materia de seguridad con América Latina, aunque dicho compromiso no se extenderá necesariamente a todos los países de la región.

Además, tiene sentido dar prioridad a los socios con los que existen asociaciones estratégicas, como México y Brasil, así como a aquellos con acuerdos de asociación bilaterales, como en el caso de México y Chile. También sería conveniente privilegiar el diálogo con organizaciones regionales que cuenten con acuerdos de asociación con la UE y una estructura institucional más sólida que la CELAC, incluyendo, en un futuro próximo, y ojalá también al Mercosur. Esto supone, como condición, que la UE adopte en su política comercial decisiones que traduzcan en la práctica su discurso geopolítico y geoeconómico.

La cara oculta de la gobernanza IA: las normas invisibles que dejan a América Latina fuera del futuro digital

Imagine enviar un currículo para optar a un puesto en una empresa de comercio digital. Dos días después una respuesta automática: “Gracias por postular. Su perfil no fue seleccionado”. No hay explicación, no hay interlocutor humano, sólo un correo. Detrás de ello, un sistema de inteligencia artificial evalúa formación, redes sociales, el patrón de empleabilidad… pero descarta la candidatura sin que sepamos por qué.


Ahora piense en una gran avenida donde se activan cámaras con reconocimiento facial que comparan datos de miles de personas al día. Una mujer camina por dicha avenida, y su imagen se compara con bases de datos diseñadas en otro continente. La norma que regula la verificación no se discutió en un parlamento local, sino que se ajusta a estándares técnicos internacionales, códigos elaborados por comités globales.

Esa es la cara oculta de la IA, sistemas que deciden aspectos cruciales de nuestras vidas basados en reglas que ni elegimos ni comprendemos.

¿Quién escribe las reglas de la IA?


Más allá de propuestas legislativas conocidas como el Reglamento europeo de IA (AI Act), las reglas, tanto técnicas como éticas, para sistemas de IA se están definiendo en organismos como la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC por sus siglas en inglés) a través de su comité conjunto ISO/IEC JTC 1/SC 42 (“Artificial Intelligence”). Estos foros producen estándares técnicos sobre gobernanza, riesgos, auditoría de IA y verificación de sistemas. Por ejemplo, el estándar ISO/IEC 42001:2023 acaba de adoptarse en Colombia como el primer país latinoamericano que habilita certificaciones para gestión de sistemas de IA.


En paralelo, grandes plataformas tecnológicas y consorcios industriales como el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) definen especificaciones técnicas que terminan siendo de facto normas operativas globales aunque no tengan carácter vinculante. Muchas de estas normas, en apariencia técnicas, terminan definiendo los requisitos, no sólo técnicos de sistemas de IA, sino también sus líneas éticas.

La invisibilidad latinoamericana en las mesas donde se deciden las reglas


A diferencia de Europa, que coordina su gobernanza técnica a través de los organismos regionales CEN y CENELEC (por ejemplo, a través del comité conjunto JTC 21 que está trabajando en estándares de desarrollo de las obligaciones contenidas en el AI Act), o de Asia, que ha impulsado foros regionales en el marco de la ASEAN la APEC para armonizar enfoques sobre IA en la región, América Latina carece todavía de un espacio regional estable para debatir y proponer normas técnicas comunes.

Los países avanzan de manera fragmentada, con iniciativas nacionales que reproducen marcos externos sin una arquitectura regional de coordinación. Por ejemplo, un análisis de cuatro países latinoamericanos (Brasil, Colombia, Chile y Uruguay) concluye que el protagonismo de la ciudadanía en el diseño de esas estrategias llegó sólo al nivel de “consulta”, sin verdaderas decisiones compartidas. Por otro lado, aunque países como Brasil participan en los comités técnicos, la influencia efectiva y la voz de contexto latinoamericano siguen siendo débiles.

Este déficit no es sólo simbólico. Significa que América Latina importa reglas, procedimientos y marcos de evaluación que fueron pensados para realidades muy distintas. Cuando esos estándares se aplican en la región, pueden generar impactos adversos: sesgos, exclusión, decisiones que no comprenden la diversidad social, lingüística y cultural de Latinoamérica.

En este sentido, un análisis reciente concluye que la cooperación regional es “crucial” para la seguridad y la gobernanza de la IA, precisamente porque hoy no existe aún una voz colectiva capaz de incidir en los foros donde se escriben las reglas del futuro digital. Esta ausencia institucional explica que la región dependa de estándares foráneos (principalmente europeos, estadounidenses o chinos) para definir qué se considera una IA “segura” o “responsable”.

Por ejemplo, un análisis de 38 implementaciones de reconocimiento facial público en nueve países latinoamericanos reveló que en la mayoría de los casos no hubo consulta ni análisis de impacto de derechos humanos. En Buenos Aires y São Paulo, por ejemplo, se desplegaron sistemas de vigilancia biométrica sin marcos legales adecuados; en la capital argentina se registraron millones de cotejos entre 2019 y 2022 sin participación ciudadana sustantiva.

Dependencia no sólo tecnológica


Esto da lugar a un tipo de dependencia normativa. Es decir, mientras se compra la tecnología, también se acepta el marco que viene con ella y muchas veces ese marco reproduce valores, prioridades o riesgos de contextos diferentes al latinoamericano. Esa ausencia de voz no sólo afecta los derechos, sino también la economía. Una empresa latinoamericana que desarrolla soluciones de IA debe ajustarse a estándares diseñados fuera para poder operar en mercados globales. Esto eleva las barreras de entrada para la innovación local y consolida la posición de la región como consumidora de tecnología, no como coproductora.

El problema, por tanto, se amplifica. Los marcos regulatorios que se adoptan importados suelen pasar por alto la informalidad laboral, la presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes, la heterogeneidad de infraestructura, la brecha digital rural-urbana, lo que produce una nueva desigualdad tecnológica y de datos.

Los datos confirman este vacío. Según el mapeo regulatorio de Access Now, la mayoría de los marcos sobre IA en América Latina replican modelos externos sin adaptar los criterios técnicos ni las salvaguardas a los contextos locales. Incluso los proyectos más avanzados, como las estrategias nacionales de Brasil o Chile, se basan en directrices de la OCDE o la Unión Europea. Mientras tanto, iniciativas como el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) se concentran en medir el grado de adopción tecnológica más que en construir estándares propios.

Hacia una voz latinoamericana en la gobernanza de la IA


La diversidad política, económica y cultural de América Latina hace más difícil conformar un estándar común, lo que posiblemente ha desincentivado el impulso hacia un organismo técnico unificado a nivel regional. No obstante, América Latina tiene una oportunidad. La región por su biodiversidad, riqueza cultural, energías renovables y diversidad demográfica podría construir un modelo propio para la IA, no solo de adopción.

Para ello, se necesita avanzar en tres frentes: primero, mayor participación en los comités internacionales de estándares, para que la voz, contexto y valores latinoamericanos estén representados. Segundo, promover estándares regionales o adaptaciones de los globales: ¿por qué no un sello latinoamericano de “IA confiable” que contemple las realidades de la región? Y tercero, educar y movilizar a la ciudadanía: cuando la IA tiene un impacto tan importante, la sociedad debe preguntar, opinar, diseñar y controlar.

En este sentido, América Latina también podría aportar algo que hoy falta en el debate global: una visión ética basada en inclusión, justicia social y sostenibilidad. Su historia de pensamiento crítico y de movimientos comunitarios puede inspirar una inteligencia artificial más humana, menos extractiva y más solidaria.

En consecuencia, la democracia en la era digital no se reduce al voto cada cuatro años. Es también preguntar quién programa, quién valida y quién excluye.

*Este texto se enmarca en la colaboración entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Latinoamérica21 para la difusión de la plataforma Voces de Mujeres Iberoamericanas. Conoce y únete AQUÍ a la Plataforma.

El regreso de los vínculos mínimos

Internet nació como una promesa de conexión. Dos décadas después, parece más bien un campo de batalla: un espacio de discursos en conflicto, de identidades enfrentadas, de polarización permanente. Sin embargo, entre el ruido y el algoritmo, empiezan a surgir pequeñas comunidades que devuelven algo que creíamos perdido: la capacidad de estar juntos, aunque sea de modos mínimos, irónicos o rituales.

En medio del cansancio de la exposición y la fragmentación, ciertos espacios digitales funcionan como refugios simbólicos. No son grupos ideológicos ni militantes, y sin proponérselo se han convertido en nichos de afecto, humor y reconocimiento mutuo. Lugares donde la presencia —ese simple acto de aparecer, de comentar, de participar— se transforma en una forma de micropolítica del afecto, una práctica de resistencia mínima frente a la soledad digital y la polarización.

El retorno de lo ritual en la era digital

Byung-Chul Han sostiene que la modernidad tardía ha eliminado los rituales: los gestos repetitivos esenciales para dar estabilidad a la vida, cohesionar a las comunidades y transmitir valores compartidos. “Pese a las redes sociales, estamos más solos que nunca”. El auge de la comunicación digital sin pausa ha permitido conectar a muchas personas, pero sin crear relaciones duraderas; el individuo se encuentra desorientado e inhibido, latente siempre la posibilidad de ser reprendido o cancelado en las plataformas en línea. 

Pero tal vez los rituales no hayan desaparecido del todo, sino que se estén reinventando en los lugares menos pensados. Los algoritmos, con su insistencia en la repetición, el ciclo y la espera, parecen haber generado nuevas liturgias digitales. Cada reel, cada comentario, cada presencia reiterada actúa como un pequeño rito contemporáneo.

Laboratorios del algoritmo: dos casos argentinos

Desde Rosario, una joven muestra modelos de indumentaria en su cuenta de Instagram, @cofco.shoes. A primera vista, es una vidriera comercial más. Pero debajo de cada video ocurre algo insólito. Una comunidad de hombres comenta con un código propio -absurdo, entrañable, poético-: “Les dejo el cronograma de la Fórmula 1.” “Hola muchachos, mañana hay truco en lo de Jorgito”. “Voy a ser papá otra vez”. No hay acoso ni sarcasmo sino un juego compartido. Un humor tierno que funciona como contraseña afectiva. Nadie habla sobre los productos ofrecidos, pero todos entienden por qué están ahí: esperan para dar su presente en una solidaridad tácita e irónica.

Desde Buenos Aires, @bacaraok, una pequeña empresa familiar de alfajores, protagoniza un fenómeno espejo. Allí, dos hermanos presentan sus productos con una simpatía sencilla. Esta vez, sin embargo, son mujeres quienes comentan, con descaro y complicidad. “No pude escuchar bien, se me aturdieron los ojos.” “Necesito probar el producto para ver si me gusta el alfajor”. El tono es humorístico, juguetón, coral: una ironía que, de provenir de una comunidad masculina, probablemente sería censurada. No hay competencia entre ellas; se festejan mutuamente.

En Cofco, los hombres suavizan el deseo; en Bacará, las mujeres lo celebran. En ambos casos, se construye una comunidad afectiva que subvierte las lógicas habituales del consumo y del género.

Lenguaje, deseo y performance

Las plataformas digitales se han convertido en escenarios de comunidades performativas. No son solo espacios de intercambio simbólico, sino laboratorios donde se ensayan modos de vínculo posibles. Si, como advertía Erving Goffman, toda vida social requiere una puesta en escena, las redes amplifican esa dramaturgia hasta volverla muchas veces una forma primordial de comunicación.

Goffman, señala que cada interacción social es una puesta en escena. No solo se comunica una información: se interpreta un papel, se sostiene una imagen. En el ecosistema digital, esa dramaturgia cotidiana adquiere otra forma: cada comentario, cada emoji es una pequeña performance. Repeticiones, ironías, intervenciones breves implican una presencia en la escena www, pero no cara a cara.

Roland Barthes, observaba que el lenguaje del amor no es transparente, sino elíptico: está hecho de silencios, de rodeos, de signos flotantes. La presencia repetida -ese “aquí estoy, como cada lunes¨- funciona como una declaración disimulada, una forma de permanencia emocional en la era de la fugacidad.

El afecto como infraestructura

Lauren Berlant habla de espacios de apego e identificación, donde la pertenencia se construye a través del afecto más que de la ideología. Las comunidades digitales funcionan muchas veces así: no son organizaciones ni colectivos, pero permiten un sentimiento de pertenencia y un tipo de cuidado difuso, afectivo.

En estos casos, el afecto se despliega en la espera. En Cofco, los hombres aguardan cada video como quien espera una visita querida. En Bacará, las mujeres se convocan entre risas. Son presencias efímeras, pero reiteradas en el tiempo. Justamente en la repetición es que se produce el vínculo: el algoritmo, sin proponérselo, encuentra patrones que nadie puede explicar y une personas a través de una sensibilidad compartida.

Micropolítica del afecto

Mientras la conversación digital global se polariza, surgen zonas grises de convivencia afectiva. En vez de debate o enfrentamiento, hay juego. En vez de solemnidad, hay complicidad. En estos espacios, el humor funciona como micropolítica de escape a un lugar de complicidad compartida.

Nancy Fraser recordaba que las luchas por reconocimiento son tan políticas como las luchas por redistribución. En esa clave, lo que ocurre en Cofco o Bacará no es banal: son escenas de reconocimiento mutuo en tiempos de desencanto colectivo.

En un entorno saturado de “me gusta” vacíos y discursos hostiles y polarizadores, estos pequeños rituales de comentario y presencia son gestos de resistencia suave. No buscan consenso ni épica: apenas sostener una comunidad mínima. Pero ahí radica su potencia.

Quizás en el flujo continuo de lo digital, Internet esté produciendo, sin saberlo, espacios para sociabilidad nueva: una que no depende del acuerdo ideológico ni busca poseer o convencer, sino simplemente estar; una sociabilidad que no se funda en la razón, sino en el afecto. En los márgenes del consumo, en esquinas escondidas de las redes, persisten las pulsiones de encuentro, empatía y comunidad que sostienen los lazos sociales.