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Una región, todas las voces

La COP-30 debe abordar las migraciones ambientales

Por
Patricia Grazziotin Noschang   |   Érika Pires Ramos
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Los fenómenos meteorológicos extremos han impactado, directa o indirectamente, la vida de todas las personas en diversas partes del mundo. Inundaciones, sequías prolongadas, incendios forestales y el aumento del nivel del mar obligan a miles de personas a abandonar sus hogares, a menudo sin posibilidad de regresar, es decir, de forma permanente. Estos eventos agravan las desigualdades sociales, los conflictos y la vulnerabilidad, configurando un escenario de policrisis.

En países con escasa capacidad de respuesta e infraestructura limitada, los impactos ambientales se vuelven aún más severos. Las comunidades vulnerables enfrentan riesgos adicionales ante la intensificación de los eventos climáticos. En este contexto, la movilidad humana deja de ser una opción y se convierte en una necesidad urgente para la supervivencia. Sin embargo, también existen situaciones de inmovilidad: personas que, incluso ante riesgos inminentes, no pueden desplazarse por falta de recursos, apoyo o alternativas seguras. La crisis climática no sólo desplaza, sino que también aprisiona.

Los expertos advierten que la mayoría de los refugiados y desplazados internos viven en regiones altamente expuestas al cambio climático. Sin políticas públicas eficaces y cooperación internacional, estas poblaciones se enfrentan a obstáculos para reconstruir sus vidas y son vulnerables a nuevos ciclos de desplazamiento.

La movilidad humana en el siglo XXI está condicionada por factores ambientales que exigen respuestas urgentes, integrales y basadas en los derechos humanos. Reconocer esta realidad es el primer paso para garantizar la protección y la dignidad de las poblaciones afectadas. En las últimas décadas, el desplazamiento ambiental destaca entre los desplazamientos forzados a nivel mundial, con 264,8 millones de movimientos forzados de personas en 210 países y territorios entre 2015 y 2024 (IDMC, 2025).

Si bien los factores ambientales y climáticos que provocan el desplazamiento siguen aumentando —como se observa en las recientes inundaciones en Rio Grande do Sul en Brasil o las intensas sequías en la Amazonía—, la mayoría de las personas que ya se encuentran desplazadas por la fuerza debido a la persecución, los conflictos y la violencia viven en países altamente vulnerables con dificultades estructurales para adaptarse al cambio climático. El cambio climático se relaciona con los flujos migratorios de dos maneras: generando nuevas personas desplazadas por causas ambientales y afectando gravemente a quienes ya son refugiados por otros motivos.

Además, las poblaciones afectadas que ya viven en lugares con acceso limitado a servicios básicos o infraestructura están altamente expuestas y son vulnerables a los riesgos climáticos. Las inundaciones, las sequías, las tormentas y las olas de calor las exponen a un riesgo constante de desplazamiento o, en el extremo opuesto, a la inmovilidad forzada, cuando no pueden trasladarse a un lugar seguro. La crisis climática perturba los medios de subsistencia y dificulta que las personas desplazadas recuperen su autonomía, obstaculizando el acceso a los derechos fundamentales y las garantías para su supervivencia.

Con base en los datos anteriores, y con el objetivo de garantizar la protección y visibilizar a todas las personas afectadas por desastres ambientales y los efectos adversos del cambio climático, un grupo de mujeres —investigadoras y extensionistas que estudian, trabajan y operan en los territorios afectados— buscó contribuir en el marco de la COP-30 mediante la redacción y presentación de la Declaración de la Academia sobre la Protección Integral de las Personas Desplazadas por el Medio Ambiente y Refugiadas, Otras Migrantes o Personas Necesitadas de Protección Internacional Afectadas por Problemas Ambientales y Climáticos: la Declaración de la Academia en el marco de la COP-30

La Declaración es el resultado de un proceso colectivo y colaborativo. Inspirada en la experiencia de la Declaración de la Academia en el marco de Cartagena +40, fue elaborada por un Grupo de Trabajo (GT) integrado por profesoras, investigadoras y personal de investigación de UniSantos, RESAMA y la Cátedra Sérgio Vieira de Mello. El texto fue sometido a consulta pública y recibió aportaciones de expertas de más de 15 países, entre ellos Brasil, Colombia, India, Australia y Senegal.

El objetivo era ambicioso: elaborar de forma colaborativa una declaración que situara la protección de las personas desplazadas por causas climáticas y ambientales en el centro de los debates internacionales de la COP-30, que se celebrará en Belém do Pará en noviembre de 2025. 

La Declaración se basa en el principio de que la academia no debe limitarse a observar las crisis, sino contribuir activamente a su transformación. Al unir teoría y práctica, reivindica el papel del conocimiento científico como herramienta para la justicia y la solidaridad. Esta visión cobra fuerza en un momento en que la movilidad humana por causas climáticas desafía los límites del derecho internacional. Si bien la legislación nacional es insuficiente, las respuestas globales aún avanzan lentamente. En este contexto, el documento se presenta como una propuesta concreta para subsanar las deficiencias en materia de protección, inspirar nuevas políticas públicas y complementar las existentes. 

Esta diversidad de voces refleja el espíritu de la iniciativa: pensar globalmente, actuar regionalmente y escuchar localmente. Cada contribución se incorporó de forma crítica, dando como resultado un documento que plasma las experiencias reales de las personas y comunidades afectadas por el cambio climático.

¿Qué propone la Declaración?

La Declaración de la Academia, en el marco de la COP-30, contiene un preámbulo y 30 recomendaciones centrales. Pero más que recomendaciones, el texto es un llamado a la acción conjunta entre gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil para orientar y fortalecer la lucha por la justicia climática y la visibilidad de todas las personas afectadas y obligadas a reubicarse debido a desastres ambientales o los efectos adversos del cambio climáticoLa Declaración de la Academia, aún abierta a nuevas adhesiones, se presenta como un manifiesto de esperanza y responsabilidad, que nos recuerda que los impactos del cambio climático son tanto sociales como ambientales. Con este documento, la Academia Brasileña y Latinoamericana envían un mensaje claro: es hora de actuar de forma coordinada, solidaria y comprometida para garantizar la dignidad de todas las personas, territorios y comunidades.

Trump y sus nueve meses de demolición antidemocrática

Por
Federico Finchelstein   |   Emmanuel Guerisoli
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Donald Trump inició la demolición total del Ala Este de la Casa Blanca. Prometió no hacerlo, pero lo hizo de todos modos. Su idea es dar cabida a la construcción de un salón de baile de estilo y proporciones monárquicas. Sin duda, estamos lejos de los intentos de Benito Mussolini de reconstruir Roma o de la remodelación de París de Napoleón III, pero no es habitual que los líderes electos estadounidenses destruyan una parte significativa de la «casa del pueblo». Este desmantelamiento de un trozo de la Casa Blanca es quizás el símbolo más apropiado del trumpismo en el poder, es decir, una mezcla de estética postfascista del espectáculo y el uso de acciones ilegales no autorizadas para destruir las instituciones democráticas desde adentro.

Donald Trump lleva sólo nueve meses como presidente, pero una combinación de comportamiento errático y profundas acciones ideológicas está transformando al gobierno estadounidense en un régimen autocrático. Esto es bastante nuevo en la historia moderna de Estados Unidos. El trumpismo es, y siempre ha sido, un culto político al líder que personifica una mezcla de mentiras, estupidez y extremismo violento. Es una forma de populismo de extrema derecha que roza el fascismo.

Trump y el Partido Republicano están remodelando el sistema político estadounidense a su imagen y semejanza, manipulando la Constitución estadounidense hasta el punto de ruptura. ¿estamos pasando del período de erosión democrática a uno de demolición controlada?

Desde enero pasado, el sistema democrático de Estados Unidos ha estado bajo ataque por parte de Trump, apoyado por un Congreso liderado por los republicanos y legitimado, aunque lentamente, por una Corte Suprema dominada por los republicanos. Más específicamente, Trump está destruyendo la democracia mediante tres mecanismos interrelacionados: primero, la centralización del gobierno federal; segundo, la subversión del Estado de derecho; y tercero, la consolidación del legalismo autocrático. Estos tres procesos son intencionales y no accidentales, y su resultado previsto es la transformación de Estados Unidos, de una democracia constitucional, en una autocracia electoral.

El trumpismo defiende la «teoría del ejecutivo unitario», que sostiene que el presidente de Estados Unidos es la única autoridad sobre el poder ejecutivo. Según Trump, la autoridad del presidente es plenaria. Un dominio absoluto y exclusivo sobre la totalidad del gobierno federal. Esto incluye a todos los empleados federales y la elaboración de normas y el procedimiento interno de todos los departamentos y agencias. A partir de enero (bajo la dirección de su entonces confidente, el oligarca tecnológico Elon Musk), Trump inició una reestructuración y reforma masiva del gobierno federal con el despido de alrededor del 15% del total de empleados federales civiles.

El ataque de Trump al Estado de derecho consiste en el amplio uso del poder discrecional del ejecutivo sobre migración, seguridad nacional y política exterior para restringir los derechos civiles.

Bajo la administración de Trump, el servicio de Inmigración y control de aduanas (ICE) se convirtió en la agencia de seguridad con mayor financiación en la historia de Estados Unidos. Amplió su capacidad de detención a más de 200,000 migrantes —con un presupuesto casi el doble del de todo el sistema penitenciario federal— y un reclutamiento de agentes que duplicará al FBI. Desde finales de enero, ICE ha aterrorizado a miles de personas con redadas en escuelas, universidades, lugares de trabajo y hogares; sus agentes han secuestrado a migrantes, residentes y ciudadanos estadounidenses enmascarados, vestidos de civil, fuertemente armados y sin órdenes judiciales.

Todos los extranjeros en Estados Unidos son posibles objetivos de deportación siempre que el ejecutivo los considere riesgos para la seguridad nacional, perjudiciales para la política exterior estadounidense o simplemente con un «carácter amoral».

Tanto la centralización del gobierno federal como la subversión del Estado de derecho son esenciales para el éxito de este último mecanismo: la consolidación de una autocracia legal. La instrumentalización y politización de la ley y el procedimentalismo legal por parte de Trump debilitan los controles y equilibrios del orden constitucional estadounidense, allanando el camino para su transformación en un régimen autoritario.

Mediante el uso, abuso y omisión de la ley, Trump puede perseguir a quienes considera enemigos internos de la nación y enemigos personales. Trump responsabilizó a la izquierda “radical” de la decadencia nacional y cultural estadounidense al oponerse e intentar borrar los valores cristianos y tradicionales que supuestamente definieron la grandeza de Estados Unidos. Para Trump y el Partido Republicano, la izquierda “radical” es cultivada y legitimada por los medios de comunicación progresistas, las universidades que adoctrinan el “marxismo cultural”, y las élites liberales en ciudades gobernadas por demócratas.

Trump permitió que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), aprobara la fusión entre Paramount y Skydance Media después de que la primera accediera a resolver una demanda a favor de Trump y cancelar un programa de comedia nocturno crítico de Trump. La administración Trump ha suspendido y cancelado fondos federales a muchas universidades para presionarlas a abandonar las políticas de DEI (diversidad, igualdad e inclusión), cambiar sus planes de estudio e incluso expulsar a estudiantes y profesores con opiniones progresistas y «antiamericanas» según él.

En los primeros nueve meses de su segundo gobierno, Trump ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles, Washington D. C., Memphis, Portland y Chicago para ayudar a ICE y otras agencias federales en redadas de inmigración y otras operaciones policiales, además de protegerlas de los manifestantes. Ante los altos mandos militares, Trump afirmó que las fuerzas armadas estadounidenses deberían estar preparadas para combatir al «enemigo interno» y que las ciudades estadounidenses son «campos de entrenamiento».

Considerando que la administración emitió una nueva estrategia para contrarrestar la violencia política organizada, definiendo al enemigo interno como “antifascista, anticapitalista, antiestadounidense y defensor del extremismo en materia de migración, raza y género; y hostil hacia quienes mantienen posturas tradicionales estadounidenses sobre la familia, la religión y la moral”, Trump bien podría declarar una emergencia nacional y desplegar tropas para reprimir protestas contra ICE o incluso contra el propio Trump, como la reciente No Kings Protest, una de las protestas más multitudinarias de la historia del país.

Como ha demostrado la historia con anteriores movimientos extremistas y autoritarios, tanto fascistas como populistas, muchos de estos simpatizantes acabarán dándose cuenta de que han creído en falsas promesas y mentiras. La pregunta es: ¿cuándo?

La historia del siglo XX, y los acontecimientos post-enero 2025, ofrecen a los aspirantes a fascistas un camino claro hacia el autoritarismo y el establecimiento de un régimen esencialmente antidemocrático. La demolición de la democracia no es necesariamente un hecho aislado, sino un proceso agonizante que se puede acelerar en sus etapas finales.

México ante la polarización afectiva: cuando el desacuerdo se vuelve identidad política

Por
Juan Gildardo Ledesma Amaya
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Hay consenso de que la polarización radicalizada se ha instalado con fuerza en nuestras sociedades y representa un riesgo para las construcciones democráticas locales. Países como Brasil, Argentina, Perú, Colombia, México o Estados Unidos llevan casi una década con climas políticos intensamente divididos, donde los desacuerdos se transforman en identidades en conflicto, hiper-emocionalizando el debate público.

En el caso mexicano, la narrativa de “la mafia del poder” frente al “pueblo bueno” ha sedimentado una cultura política de antagonismo moral. Lo que comenzó como un discurso de denuncia terminó por configurar dos campos políticos opuestos que se perciben mutuamente como amenazas. La literatura reciente en ciencias sociales bautizó este fenómeno como “polarización afectiva”, entendido como el incremento de la distancia emocional entre los votantes o simpatizantes de distintos grupos políticos. No se trata solo de pensar distinto, sino de sentir rechazo, desconfianza o incluso odio hacia el otro.

En América Latina, estudios del experto Silvio Waisbord sobre comunicación política digital apuntan a que las redes sociales amplifican esas emociones, convirtiendo la política en una experiencia de pertenencia y rivalidad, más que en un espacio deliberativo. En vez de avanzar hacia una secularización institucional, retrocedemos hacia tribalismos identitarios y emocionalizados.

De acuerdo con los datos más recientes de Latinobarómetro (2024), el apoyo a la democracia en la región subió ligeramente a 52%. Sin embargo, ese repunte no se traduce en legitimidad institucional. La confianza en los partidos, parlamentos o sistemas judiciales se mantiene baja, lo que alimenta el desencanto y abre espacio para discursos autoritarios o populistas. Aunque las encuestas no miden directamente las emociones políticas, es posible correlacionar esa desconfianza institucional con una mayor polarización afectiva.

Cambios institucionales y discurso maniqueo

En México, los últimos años han estado marcados por decisiones que tensan aún más el tejido institucional. La reforma al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), transformado en “Transparencia del Pueblo”, ejemplifica cómo los temas técnicos se convierten en trincheras discursivas. Para unos, su desaparición simboliza un golpe a la rendición de cuentas; para otros, una victoria del pueblo sobre las élites burocráticas. Esta disputa ilustra cómo el discurso maniqueo ha desplazado la deliberación: ya no se trata de debatir mecanismos, sino de reafirmar identidades políticas.

Algo similar ocurrió con la elección de los integrantes del Poder Judicial en junio de 2025, donde apenas participó el 13% del electorado. La baja votación no solo cuestiona la legitimidad del proceso, sino que expone la apatía y el cansancio cívico. La narrativa oficial insistió en que la reforma era necesaria para acabar con la corrupción del sistema judicial, mientras la oposición defendía la autonomía institucional. En medio de esos relatos enfrentados, la ciudadanía quedó atrapada entre la desconfianza y la saturación emocional.

Estas situaciones evidencian la desconfianza institucional que vive México. Y a la vez, el discurso es polarizado. En el caso anterior se insistía por parte del grupo en el poder en la corrupción en este poder público y por tanto, de que era necesario reformar la impartición de justicia. Mientras que la oposición defendía el statu quo del quehacer desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta sus tribunales.

Esto ha desdibujado muchas posturas que apelan a una mayor democracia, controles y contrapesos políticos, puesto que son invalidadas o desarticuladas con una retórica populista o maniquea, propia de la polarización afectiva.

La polarización afectiva en las elecciones de 2024

Las elecciones presidenciales de 2024 fueron otro espejo de esa fragmentación. Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz, concentraron la atención mediática y emocional del país. Aunque la participación fue alta y el resultado claro, el ambiente político fue de constante confrontación. En redes sociales, la discusión pública derivó en ataques personales, con sesgos de género, clasismo y estigmas étnicos, lo cual demuestra que la polarización no solo es ideológica, sino también cultural y simbólica.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la comunicación política cotidiana reforzó la lógica de “ellos contra nosotros”. Las conferencias matutinas y el lenguaje de los adversarios funcionó como un dispositivo emocional que alimentó la polarización afectiva. Las plataformas digitales —con algoritmos que fomentan el conflicto— amplificaron aún más ese sentimiento tribal.

En redes o medios sociales, también se percibió un sesgo de género hacia las candidatas: muchos comentarios buscaban relacionarlas con el trabajo doméstico y sus orígenes étnico-sociales.

De la polarización al conflicto físico

El 27 de agosto de 2025, el Senado mexicano fue escenario de un hecho que graficó el deterioro del diálogo político: los senadores Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña se enfrentaron a golpes durante una sesión. Más allá de lo anecdótico, el episodio refleja la ruptura del consenso democrático. Las redes, fieles a su dinámica, replicaron la disputa con memes, burlas y linchamientos simbólicos, mientras las posiciones políticas se radicalizaban.

Esto evidencia que la fragmentación ideológica, que ha caído en extremos radicales, ha anulado toda posibilidad de diálogo o consenso democrático.

Expectativas y desafíos

La polarización no es un fenómeno transitorio, ni un problema exclusivamente mexicano. Pero su persistencia amenaza con debilitar la conversación pública y fracturar la cohesión social. Las sociedades democráticas necesitan disentir, pero no dividirse. La tarea no es eliminar el conflicto —que es parte esencial de la política—, sino gestionar sus emociones: transformar la confrontación en deliberación, y la indignación en diálogo productivo.

La democracia no solo se defiende en las urnas o en las leyes, sino en la capacidad emocional y cívica  de convivir con el disenso. Quizá el verdadero reto no sea reducir la polarización, sino aprender a debatir sin destruirnos.

La IV Cumbre UE-CELAC: ¿alianza pragmática o acuerdo de valores?

Por
Santiago Olarte
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La próxima Cumbre UE-CELAC, que se celebrará en Santa Marta, Colombia, el próximo noviembre, llega en un momento de crecientes tendencias iliberales, tensiones geopolíticas y proteccionismo económico. En este escenario, la relación birregional ofrece una “ventana de oportunidad” para preservar un orden multilateral y promover una cooperación más horizontal. Sin embargo, persiste una discrepancia entre el discurso y la práctica. Iniciativas como el Global Gateway, pensadas para cerrar la brecha de inversión en América Latina teniendo en cuenta la descarbonización, reflejan en realidad las prioridades europeas, según un informe de Oxfam. Por ello, en Santa Marta los mandatarios de ambas regiones deberán demostrar que se puede ir más allá del pragmatismo.

La Cumbre de Bruselas y la renovación de la relación birregional

La Cumbre de Bruselas representó el reencuentro entre América Latina y Europa. Su objetivo era renovar la asociación estratégica después de 8 años sin encuentros de alto nivel. Los mandatarios dejaron en segundo plano el discurso sobre valores compartidos para apostar en un enfoque pragmático centrado en intereses compartidos, como la transición energética y la digitalización. Sin embargo, la Cumbre reveló también los límites de la asociación UE-CELAC.

De un lado, en Bruselas se logró restablecer los canales institucionales que permitieron reactivar el diálogo político. Para ello, la UE se presentó como un socio más confiable y atento a las necesidades latinoamericanas. El lanzamiento de la iniciativa Global Gateway, con la cual Europa prometió invertir 45.000 millones de euros en infraestructuras en América Latina hasta 2027, es un ejemplo de esto. El proyecto pretende responder a la carencia de inversiones en el Sur Global y fomentar el desarrollo sostenible.

Del otro, emergieron fragilidades que comprometen avanzar con el vínculo estratégico. La fragmentación política en América Latina dificulta construir una voz común. La CELAC, principal interlocutor de la UE, es un órgano intergubernamental con limitada autonomía institucional, dependiente de la voluntad de sus estados miembros. Cuando esta última carece, la organización entra en una fase de parálisis, como sucedió entre 2017 y 2021 a causa de las divisiones sobre la crisis venezolana.

La falta de cohesión se evidenció sobre todo frente a la situación en Ucrania. Ante las diferencias entre los gobiernos latinoamericanos, la Declaración final incluyó solo una “condena tibia”, en línea con la prioridad europea de mantener el diálogo con el mayor número posible de gobiernos. Frente a esa situación, la UE optó por una estrategia flexible hacia América Latina, que combina relaciones interregionales, como el caso del acuerdo con Mercosur, y bilaterales, como la modernización del Acuerdo con México y Chile.

En camino hacia la Cumbre de 2025

En el transcurso de los dos años que separan las dos Cumbres, se pusieron en marcha varias iniciativas para concretizar los compromisos asumidos. Entre estas, resaltan importantes acuerdos comerciales y la puesta en marcha del Global Gateway. Sin embargo, los primeros pasos revelan que persiste una discrepancia entre la retorica y los hechos.

El pasado diciembre se firmó, después de 25 años de negociaciones, el acuerdo UE-Mercosur. Aunque se trata de un acuerdo principalmente comercial, su alcance es también geopolítico: pretende evitar una posición de subordinación frente a la creciente asertividad de Estados Unidos, China y Rusia, y promover una cooperación más equitativa. Con este objetivo, además de liberalizar el comercio en varios sectores clave, se asegura el acceso a materias primas estratégicas, pero con la posibilidad de “restringir la exportación de minerales críticos para la transición energética con el objetivo de aumentar la creación de valor local”.

Semanas después, culminaron también las negociaciones para modernizar el acuerdo con México. El nuevo texto prevé una reducción de los aranceles en áreas como el sector agrícola, de servicios y telecomunicaciones, e introduce disposiciones para la lucha contra la corrupción y el fomento del desarrollo sostenible. En febrero entró en vigor el nuevo acuerdo con Chile, que incluye una ampliación del diálogo político, rebajas arancelarias y una mayor inclusión del país andino en la cadena de suministros de materias primas con mayor valor agregado.

El Global Gateway, por su parte, recibió críticas. Los datos sobre su implementación revelan una concentración de proyectos en el ámbito verde y digital, con una preferencia hacia Brasil. Solo un 16% de ellos se enfocan en la salud o la educación, sectores clave para el desarrollo. Además, como señala el investigador Theodoro Luciano, no se trata de fondos adicionales, sino más bien de una reorganización de fondos precedentes. Otros analistas resaltan una falta de transparencia, dificultad de acceso a las informaciones, especialmente para pequeñas y medias empresas, y una escasa participación de actores latinoamericanos. Un informe reciente escrito por Counter Balance, Eurodad y Oxfam, después de haber analizado ms de 40 proyectos, afirme que la iniciativa “promueve los intereses económicos y geopolíticos de Europa”.

La Cumbre de Santa Marta y los próximos desafíos

A dos años de la precedente Cumbre, el contexto geopolítico se revela aún más complejo, reforzando la necesidad de la asociación entre América Latina y Europa.

El regreso de Donald Trump representa un factor crucial debido a los cambios en las prioridades de la Casa Blanca. En la pasada Conferencia de Seguridad de Múnich, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance dejó claro que Europa ya no es una prioridad para Estados Unidos. La ruptura de la relación transatlántica lleva a la UE a repensar sus alianzas externas. América Latina aparece como un socio preferencial debido a los intereses en común.  

Europa enfrenta también un problema de legitimidad. Su posición frente a la situación en Gaza fue percibida, por parte de los estados latinoamericanos, como hipócrita respecto a la dura condena hacia Rusia. Esta doble moral refuerza la imagen de una UE que actúa por conveniencia propia.

Para América Latina, aunque la región tampoco figura al centro de la agenda, la reaparición de Trump acentúa aún más la fragmentación política, creando mayores fricciones entre gobiernos que simpatizan con su modelo de gobierno y otros que la condenan. Los recientes ciclos electorales profundizan las divisiones y dificultan la coordinación regional.

Por estas razones, en Santa Marta los líderes de ambas regiones deberán enfatizar los intereses comunes, como en el caso de la transición energética. Algunos analistas hablan de “interregionalismo verde”, que busca incluir compromisos para el desarrollo sostenible en acuerdos interregionales. La presidencia de Colombia en la CELAC podría facilitar este camino, aunque cabe recordar que el presidente Gustavo Petro enfrenta actualmente una crisis interna. Además, será fundamental profundizar el alcance del diálogo, incluyendo temas relevantes para América Latina, como migración y criminalidad.

Conclusión

Frente a este panorama, la próxima Cumbre presenta la ocasión para reforzar el vínculo birregional. La histórica alianza de valores puede servir de base para construir una nueva agenda de cooperación que refleje los cambios en el sistema internacional. Por esta razón, es necesario enfatizar los intereses compartidos con el objetivo de mejorar la inserción internacional de ambas regiones. Europa deberá mostrar que iniciativas como el Global Gateway no responden solamente a intereses propios, sino que se trata de una real apuesta para el desarrollo latinoamericano. Del otro lado del Atlántico, se necesitará avanzar en mecanismos de integración y concertación regional, con el objetivo de poder aprovechar al máximo el vínculo con Europa. Solo de esta forma se podrá alcanzar una relación que vaya más allá del puro pragmatismo

El voto tras las rejas: una deuda democrática en América Latina

Por
Gastón O. Alvear Gómez   |   Marian Valentina Muñoz Maulén
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El 2 de octubre de 2025, realizamos una charla con mujeres privadas de libertad (PPL) en la Escuela Hugo Morales Bizama del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, en Santiago de Chile. Fue una experiencia profundamente política, no solo por el tema abordado, “el derecho al voto”, sino porque evidenció una contradicción fundamental de nuestras democracias: ¿cómo puede hablarse de ciudadanía plena en contextos donde parte de la población es sistemáticamente invisibilizada?

Muchas de las mujeres presentes reconocían la distancia que las separaba de la política institucional, pero también eran plenamente conscientes de sus derechos. Esa tensión entre la exclusión práctica y el reconocimiento formal nos llevó a una pregunta que trasciende las fronteras nacionales: ¿en qué situación se encuentran las personas privadas de libertad en América Latina en relación con su derecho a participar políticamente?

La política y la ciudadanía más allá de los muros

La participación electoral constituye uno de los mecanismos centrales de legitimación democrática. Robert Dahl señalaba que la democracia se sustenta en la “inclusión efectiva” de todos los miembros de la comunidad política. Sin embargo, las democracias latinoamericanas enfrentan una paradoja: reconocen en sus constituciones la igualdad ciudadana, pero mantienen restricciones que, en la práctica, despojan de agencia política a quienes están en prisión, aun cuando no han perdido sus derechos civiles.

La exclusión electoral de las PPL suele justificarse bajo un argumento moral, como: la pérdida temporal de derechos por haber infringido la ley. Pero esta visión punitiva entra en tensión con los principios de representación y universalidad del sufragio. Como advierte el reconocido experto David Beetham, una democracia es tanto más sólida cuanto más logra incluir a los márgenes. En este sentido, el derecho al voto de las PPL se convierte en un termómetro del grado de madurez e inclusión de nuestras democracias.

Qué pasa en la región

América Latina presenta un mosaico de regulaciones que refleja tanto las tradiciones jurídicas como las concepciones políticas de la ciudadanía.

En Argentina, desde 2007 el Código Electoral Nacional permite votar a las personas en prisión preventiva inscritas en el Registro de Electores Privados de Libertad. Se trata de un paso significativo hacia la inclusión, aunque persiste la exclusión de quienes cumplen condenas firmes. Chile ha avanzado lentamente. Solo en el plebiscito de 2022 se implementó por primera vez el voto de personas con prisión preventiva o condenas menores a tres años y un día, mediante un esfuerzo conjunto entre el Servicio Electoral y Gendarmería. Si bien la cifra fue modesta, alrededor de mil votantes, esto marcó un precedente institucional y simbólico relevante.

En Costa Rica, la Constitución de 1949 garantiza el voto a toda persona mayor de 18 años, salvo en casos de suspensión explícita de derechos políticos. En la práctica, las PPL pueden votar dentro de los recintos penitenciarios, lo que refleja una comprensión más robusta de la ciudadanía como derecho inalienable. Ecuador también reconoce el sufragio para personas sin sentencia ejecutoriada. Según el Código de la Democracia, pueden votar de manera voluntaria quienes se encuentran bajo medidas cautelares o sin condena firme, en los propios centros de reclusión. Por su parte, Perú mantiene el voto para quienes se hallan en prisión preventiva, aunque su implementación enfrenta dificultades logísticas y de información, lo que limita el ejercicio efectivo de este derecho.

Democracia y exclusión: una deuda pendiente

Desde la perspectiva comparada, el voto de las PPL revela dos patrones persistentes en América Latina. El primero es la asimetría normativa: los marcos legales varían sustancialmente entre países, lo que evidencia diferentes concepciones sobre la relación entre ciudadanía, castigo y reinserción social. El segundo es la brecha entre el reconocimiento formal y la implementación efectiva. Aunque varios países permiten el voto, en la práctica los obstáculos administrativos, la falta de coordinación institucional y el estigma social dificultan su ejercicio.

La cuestión de fondo es política y no solo jurídica. Si el sufragio es un acto de pertenencia, negar el voto a una parte de la población , en especial a quienes se encuentran sin condena definitiva, equivale a reforzar su exclusión social y simbólica. En términos del experto Charles Tilly, se trata de un “proceso de desdemocratización” que reduce la densidad de los lazos de ciudadanía dentro del Estado.

Reflexión final

Garantizar el derecho al voto de las personas privadas de libertad no es un gesto de indulgencia, sino una reafirmación de los principios democráticos más básicos. En sociedades con profundas desigualdades estructurales, la democracia se mide tanto por la participación de las mayorías como por la capacidad de incluir a quienes están en los márgenes.

Las cárceles, más que espacios de castigo, deberían ser espacios donde la democracia se ponga a prueba. Permitir que las PPL voten es reconocer que la ciudadanía no se extingue tras los muros, sino que se transforma en una demanda de justicia, dignidad y reinserción. En última instancia, ampliar el derecho al sufragio en estos contextos significa fortalecer la legitimidad de los sistemas políticos latinoamericanos, recordando que la democracia no solo se defiende en las urnas, sino también en los lugares donde el Estado decide quién puede y quién no puede ser ciudadano.

Alimentar al planeta sin destruirlo: la urgencia del cambio alimentario

Por
José Julio Villalba   |   Estefanía Suárez
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El 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, llegó con una advertencia tan clara como inquietante: los sistemas alimentarios actuales amenazan la salud humana y la estabilidad del planeta. Según el nuevo informe Comisión EAT–Lancet 2025, lanzado el pasado 2 de octubre, nuestras formas de producir y consumir alimentos son responsables de cinco de los seis límites planetarios ya sobrepasados. Comer se ha convertido, paradójicamente, en el acto más peligroso para el propio planeta. Pero también puede ser el camino hacia su sanación.

El nuevo pacto entre humanidad y planeta

Desde la primera publicación del informe, en 2019, el contexto ha cambiado dramáticamente. La pandemia, los conflictos y la inflación alimentaria global han ampliado las brechas sociales y ecológicas. Sin embargo, la alimentación continúa siendo el eje que conecta salud, justicia social y sostenibilidad ambiental.

Más de la mitad de la población mundial no puede acceder a una dieta saludable. La paradoja persiste: mientras el hambre crece, también lo hace la obesidad. Y detrás de esa doble carga se oculta un sistema que devora recursos naturales, destruye bosques y libera un tercio de los gases de efecto invernadero.

La Comisión propone una “gran transformación alimentaria”: un cambio profundo en qué comemos, cómo lo producimos y quién se beneficia. No se trata solo de un ajuste técnico, sino de un nuevo contrato ético entre la humanidad y la Tierra.

La dieta planetaria: salud para las personas, equilibrio para el planeta

El núcleo del informe es la Dieta de Salud Planetaria, un modelo flexible y culturalmente adaptable que combina ciencia y sentido común, en donde domina lo vegetal, como granos integrales, frutas, legumbres y frutos secos. Los alimentos de origen animal se consumen en cantidades moderadas, con límites estrictos para la carne roja y los azúcares añadidos.

Adoptar esta dieta podría evitar 15 millones de muertes al año, equivalentes al 27% de la mortalidad global. También reduciría de manera significativa las enfermedades crónicas y los costos sanitarios. Cada plato equilibrado se convierte así en una acción climática silenciosa, pero decisiva.

No se trata de imponer una única forma de comer. La Comisión defiende la diversidad cultural alimentaria: desde la quinoa andina hasta el maíz mesoamericano, la yuca amazónica o los frijoles del Caribe. La clave es la proporción y el respeto a los límites ecológicos.

La injusticia alimentaria: cuando el hambre y el exceso conviven

La nueva edición del informe de EAT–Lancet incorpora algo ausente en 2019: la justicia social. La desigualdad atraviesa el sistema alimentario desde la semilla hasta el plato. Casi la mitad del planeta vive por debajo de los umbrales sociales básicos: sin acceso a alimentos saludables, sin salarios dignos, sin voz política. Mientras tanto, el 30% más rico de la población es responsable del 70% del impacto ambiental global derivado de la comida.

Esta asimetría convierte la alimentación en un espejo de la injusticia global. La comida barata se paga con trabajo precario, contaminación y pérdida de biodiversidad. Comer bien es un privilegio, cuando debería ser un derecho.
EAT–Lancet plantea tres pilares de justicia: distributiva de quién gana y quién pierde, representacional de quién decide e identitaria de quién es visto y escuchado. En suma, un llamado a descolonizar la mesa mundial.

América Latina ante el desafío

La Comisión no cita regiones, pero América Latina está en el centro del dilema. La región más biodiversa del planeta se ha convertido en una de las más dependientes de monocultivos, carne y productos ultraprocesados. Países como Brasil, México, Argentina y Ecuador reflejan ese desequilibrio: exportan alimentos, pero importan enfermedad. La “dieta de la abundancia” latinoamericana “rica en calorías y pobre en nutrientes” ha desplazado saberes tradicionales y ecosistemas enteros. La dieta planetaria, sin embargo, no es una amenaza a nuestras culturas culinarias; es su posible renacimiento.

Recuperar las dietas tradicionales saludables (la milpa, el ceviche de maíz y pescado, las legumbres criollas, las frutas nativas) puede ser el modo más eficaz de alinear salud, identidad y sostenibilidad. Volver al origen es, paradójicamente, un salto hacia el futuro.

Nueve fundamentos para un sistema justo

El informe propone nueve “fundamentos sociales” para un sistema alimentario justo, que se resumen en acceso a dietas saludables, entornos no tóxicos, clima estable, trabajo digno, representación política, equidad de género y respeto por los pueblos y territorios. Ninguno de estos pilares puede sostenerse si se ignora el vínculo entre alimentación y derechos humanos. La Comisión lo dice sin rodeos: no puede haber justicia sin alimentos justos, ni sostenibilidad sin redistribución.

También advierte que las soluciones técnicas como agricultura “inteligente”, etiquetas verdes o nuevas proteínas son inútiles sin justicia estructural. No basta con producir mejor; hay que producir distinto, bajo nuevas reglas de equidad y corresponsabilidad.

Políticas y acciones: ocho pasos hacia 2050

El horizonte propuesto es claro: lograr sistemas alimentarios saludables, sostenibles y justos para 2050. La hoja de ruta incluye ocho prioridades:

  1. Crear entornos alimentarios que faciliten dietas saludables y asequibles.
  2. Proteger las dietas tradicionales.
  3. Implementar una intensificación ecológica de la agricultura.
  4. Detener la conversión de ecosistemas intactos.
  5. Reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos.
  6. Garantizar trabajo digno en toda la cadena alimentaria.
  7. Ampliar la representación y la voz de los pequeños productores.
  8. Proteger a los grupos marginados.

El informe recuerda que el costo de actuar (200.000–500.000 millones de dólares anuales) es mucho menor que el de no hacerlo: el sistema alimentario actual genera pérdidas de 15 billones de dólares al año, la mayoría asociadas a enfermedades y degradación ambiental.

Un nuevo sentido de responsabilidad

El mensaje de fondo es tan ético como científico: comer es un acto político. Cada elección alimentaria puede erosionar el planeta o regenerarlo. La transición hacia dietas saludables y sostenibles no se logrará solo con información; requiere poder, financiamiento y justicia. Significa redistribuir recursos, frenar la concentración corporativa y empoderar a las comunidades locales.

En América Latina, esta transformación pasa por políticas que integren agroecología, soberanía alimentaria y salud pública. No hay transición verde sin campesinos vivos, ni justicia alimentaria sin justicia laboral.

Hacia la gran transformación alimentaria

La Comisión cierra con una advertencia: el tiempo se agota. Cada año de inacción acerca más el colapso ecológico y alimentario. Pero también ofrece esperanza: si el mundo adopta la dieta planetaria, intensifica ecológicamente su producción y reduce el desperdicio, aún es posible alimentar a 9.600 millones de personas dentro de los límites del planeta. El desafío no es técnico, sino moral. No se trata de “salvar el planeta”, sino de reaprender a habitarlo. El Día Mundial de la Alimentación debería recordarnos que el futuro de la humanidad se cocina hoy, en cada mesa, en cada campo y en cada decisión colectiva.

Europa decide, Mercosur espera: el acuerdo aún pendiente

Por
María Victoria Alvarez
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Desde hace más de dos décadas, se vienen desarrollado negociaciones interminables entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) para alcanzar un Acuerdo de Asociación. Una y otra vez, cuando parece alcanzarse un cierre definitivo, surgen nuevos obstáculos que reabren el debate.

Si bien los vínculos formales entre ambos bloques se establecieron apenas creado el Mercosur en 1991, las negociaciones para un acuerdo de asociación comenzaron en 1999. Tras veinte años de avances y retrocesos, en junio de 2019 se proclamó que habían concluido. Sin embargo, el proteccionismo europeo solapado y las demandas medioambientales más estrictas frenaron el proceso de ratificación. En un escenario internacional más fluido y desafiante, en diciembre de 2024 se anunció un nuevo entendimiento que se tradujo, esta vez sí, en la presentación formal del acuerdo por parte de la Comisión Europea, aunque dividido en dos textos.

La separación entre un Acuerdo Comercial provisional y un Acuerdo de Asociación –una alternativa que facilita la aprobación del componente comercial por parte de las instituciones europeas– constituye una señal clara de la voluntad de la Comisión de avanzar y evitar bloqueos derivados de eventuales vetos. La pregunta que se impone ahora es si esta vez se alcanzará efectivamente el desenlace o si el proceso volverá a quedar abierto. Por ahora, son los países del Mercosur quienes aguardan a que los europeos terminen de definir su postura.

Cómo se vota el Acuerdo Comercial en la UE

En el Consejo, los acuerdos internacionales de carácter comercial requieren mayoría cualificada: al menos el 55% de los Estados miembros (15 de 27), que representen como mínimo el 65% de la población de la UE. Si bien no es necesaria la unanimidad, el peso relativo de Francia y otros Estados con sensibilidad agraria constituye un riesgo real, ya que la oposición de un solo actor relevante puede complicar seriamente la dinámica. En el Parlamento Europeo, la aprobación requiere una mayoría simple de votos. Esta condición, aparentemente favorable, tiene un doble filo: puede facilitar tanto la aprobación como el rechazo.

¿Cuál es la correlación de fuerzas en el Consejo y en el Parlamento?

La Comisión Europea está intentando persuadir a los Estados reacios mediante la incorporación de salvaguardias adicionales –presentadas el 7 de octubre pasado– destinadas a reforzar la protección de los agricultores europeos. Al parecer, Italia ya habría sido convencida. Polonia, en cambio, mantiene su descontento, aunque su ministro de Agricultura señaló que se trabajan posibles mecanismos de protección a los productores, lo que generó críticas opositoras por una supuesta cesión frente a Bruselas.

En este contexto, el “factor Francia” continúa siendo decisivo. La presión del influyente lobby rural y el consenso político sobre la defensa de los intereses agrícolas explican la resistencia francesa. Las declaraciones más recientes de Emmanuel Macron –en un contexto de prolongada crisis política interna– parecían sugerir cierta disposición a reconsiderar el veto.

Sin embargo, mientras el Canciller alemán Friedrich Merz generó confusión al afirmar –erróneamente– que, en el Consejo Europeo del 23 de octubre, los Estados miembros habían respaldado por unanimidad la firma del acuerdo, Macron afirmó que “el trabajo continúa” para concluir las cláusulas de salvaguardia introducidas por la Comisión Europea, consideradas por París como “imprescindibles” para mejorar el texto. También expresó su deseo de que el proceso finalice pronto y de que los países del Mercosur reciban la notificación correspondiente y formalicen el acompañamiento indispensable solicitado por Francia.

El deseo de avanzar rápidamente de países como Alemania o España se vuelve a topar con las demandas de protección planteadas por Francia. En días recientes, el renunciado y posteriormente reelegido primer ministro Sébastien Lecornu, se dirigió a la Comisión Europea para reafirmar la disconformidad francesa con el acuerdo y exigió medidas para evitar una competencia desleal por parte de los agricultores sudamericanos. Lecornu envió una carta a la Comisión: una precaución sensata, tras la misteriosa desaparición de los emails de Macron a Ursula Von der Leyen reiterando la oposición francesa al acuerdo. Von der Leyen actualmente se encuentra bajo investigación por estos hechos.

En el Parlamento Europeo también se observan tensiones. Las líneas de fracturas son mayoritariamente nacionales: los eurodiputados franceses, polacos e irlandeses de todo el espectro político se oponen al acuerdo, mientras que los de Alemania, España y Portugal se cuentan entre sus defensores más firmes. En los Países Bajos y Austria, las críticas al acuerdo son generalizadas, pero los eurodiputados están divididos.

En términos ideológicos también hay diferencias: un sector de eurodiputados de izquierda impulsa un proyecto de resolución para cuestionar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la UE. Y si bien el Partido Popular Europeo (PPE), el grupo más numeroso, respalda la ratificación, cuarenta eurodiputados –incluidos catorce del propio PPE– enviaron una carta a la Comisión expresando sus reservas y advirtiendo sobre impactos en el sector agrícola. Otros eurodiputados están realizando visitas a terreno; un grupo de eurodiputados de la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural está de visita en Brasil.

¿Qué implicaría que esta vez se concrete?

El acuerdo entre la UE y el Mercosur constituiría el mayor pacto comercial en la historia de ambos bloques. No obstante, parafraseando a Borges, “no es el amor lo que los une sino el espanto”. A la sombre de flujos comerciales asimétricamente complementarios e intereses ofensivos y defensivos bien definidos en ambos bloques, la política proteccionista de la administración Trump funciona como un factor externo determinante, impulsando un acercamiento que de otro modo habría resultado difícil de concretar. Mientras el Mercosur busca consolidarse ante la UE como socio estratégico y muestra mayor flexibilidad, la UE se encuentra más limitada por la necesidad de proteger sectores sensibles de su economía, mostrando una vez más su posición como el actor con mayores intereses defensivos, y adoptando, al mismo tiempo, una postura enfática a favor de la promoción de un sistema multilateral de comercio basado en reglas.

¿Y si no se concreta? Tampoco sería necesariamente catastrófico. Los vínculos Mercosur-UE acumulan más de treinta años de historia sin un acuerdo ambicioso formalizado. De no firmarse y ratificarse, simplemente seguiríamos ante un nuevo episodio de una relación que nos tiene acostumbrados a avances parciales, retrocesos y resiliencia.

Democracia en juicio

Por
Marjorie Corrêa Marona
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Brasil vive un momento decisivo para su democracia. El Supremo Tribunal Federal (STF) avanza en la condena del expresidente Jair Bolsonaro por su papel en el intento de golpe de Estado de 2023. Al mismo tiempo, el Congreso Nacional debate un proyecto de amnistía que busca perdonar a los implicados en esos ataques. Dos procesos distintos, pero conectados por una misma disputa: definir los límites del poder y el sentido de la democracia en el país.

En septiembre, la Primera Turma del STF formó mayoría para condenar a Bolsonaro por cinco delitos: intento de golpe de Estado, organización criminal y daño al patrimonio público, entre otros. Las pruebas incluyen reuniones documentadas con militares y asesores en las que se discutieron maniobras para desconocer el resultado electoral de 2022. Es la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente enfrenta una condena por conspirar contra el orden democrático.

La sentencia tiene un peso institucional evidente: reafirma que ningún líder está por encima de la ley. Pero su impacto va más allá de los tribunales. El bolsonarismo —una corriente que mezcla conservadurismo extremo, discurso religioso y nacionalismo autoritario— se consolidó a partir del enfrentamiento con las instituciones. Cada decisión judicial alimenta, para sus seguidores, la idea de persecución política.

De hecho, Bolsonaro y sus aliados han intentado convertir el proceso judicial en un nuevo frente político. En sus redes sociales, el expresidente se presenta como víctima del sistema, repitiendo el guion del trumpismo en Estados Unidos: atacar a las instituciones, deslegitimar los procesos judiciales y movilizar emocionalmente a sus bases. Este discurso sigue siendo eficaz porque conecta con una franja social diversa —militares retirados, sectores evangélicos, empresarios conservadores y votantes desencantados con la política tradicional—. La narrativa del “perseguido” mantiene viva la identidad del movimiento incluso fuera del poder.

Mientras tanto, el Partido Liberal (PL), principal plataforma del bolsonarismo, impulsa en el Congreso un proyecto de amnistía para los responsables de los ataques del 8 de enero de 2023, cuando multitudes asaltaron los edificios de los tres poderes en Brasilia. Presentada como un gesto de “pacificación nacional”, la iniciativa busca, en realidad, borrar las consecuencias judiciales del golpe y reinstalar a Bolsonaro en el tablero político.

La propuesta tendría tres efectos inmediatos. Primero, reabriría la posibilidad de que Bolsonaro vuelva a competir, pese a su inelegibilidad hasta 2030. Segundo, fortalecería a los gobernadores y líderes regionales que heredan su base electoral —como Tarcísio de Freitas, en São Paulo—, reconfigurando el bloque conservador con vistas a 2026. Y tercero, empujaría al STF a un nuevo choque con el Congreso, que tendría que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la medida.

La tensión entre el Poder Judicial y el Legislativo no es nueva, pero alcanza hoy un punto crítico. Si el Congreso aprueba la amnistía, la Corte deberá decidir si respeta la voluntad política o la invalida por contrariar principios básicos del Estado de derecho. En cualquier escenario, el STF quedará en el centro de la tormenta.

Desde 2018, el Supremo ha sido el principal dique institucional frente a los impulsos autoritarios del bolsonarismo. Pero ese papel de guardián lo expone a una paradoja: cuanto más actúa para defender la democracia, más refuerza el argumento de que interfiere en la política. Es un ejemplo de la llamada “judicialización de la política”: cuando los tribunales terminan resolviendo conflictos que deberían dirimirse en el terreno electoral o en el Congreso. El resultado es una democracia en la que el STF funciona como árbitro indispensable, pero también como blanco de desconfianza y ataques.

El caso brasileño no está aislado. En Estados Unidos, Donald Trump capitaliza sus múltiples procesos judiciales. En Europa, líderes de extrema derecha se fortalecen denunciando supuestos “abusos” de la justicia o de la Unión Europea. En todos los casos, la estrategia es similar: convertir la rendición de cuentas en persecución política y las sentencias en símbolos de resistencia.

Brasil comparte esa lógica global, aunque con una diferencia crucial: su democracia todavía se reconstruye después de los años de erosión institucional bajo Bolsonaro. Por eso, las decisiones que adopten hoy el STF y el Congreso no son solo sobre un expresidente, sino sobre la capacidad del sistema político de sostener el Estado de derecho sin fracturarse.

El dilema no es únicamente jurídico. Es también histórico y moral. La amnistía de 1979, durante la dictadura militar, dejó impunes los crímenes de tortura y represión. Cincuenta años después, una nueva amnistía podría repetir el error: confundir reconciliación con olvido.

Condenar a Bolsonaro no resolverá por sí sola la crisis democrática, pero enviará una señal clara: las instituciones tienen límites y responsabilidades. En cambio, aprobar la amnistía significaría normalizar el golpismo, degradar la memoria colectiva y abrir espacio a nuevas rupturas.

El juicio y la amnistía son dos caras del mismo desafío: cómo responder al autoritarismo una vez que deja el poder. Castigarlo puede generar resistencia; perdonarlo, impunidad. Lo que Brasil necesita no es revancha, sino instituciones capaces de procesar los conflictos sin romperse.

Bolsonaro será recordado no solo por haber intentado subvertir la democracia, sino por haber obligado al país a preguntarse qué significa realmente defenderla. La sentencia que se discute hoy en el Supremo no juzga únicamente a un hombre, sino también la madurez de una democracia que aún aprende a protegerse de sus propios fantasmas.

Del parche a la prevención: cómo alinear el desarrollo en América Latina para evitar el próximo desastre

Por
Allan Lavell   |   Rodrigo Barraza Vásquez
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A menudo, cuando ocurre una tormenta, huracán, erupción volcánica o terremoto, persiste la costumbre de hablar de un “desastre natural”. Sin embargo, las fuerzas de la naturaleza solo explican una parte de la ecuación en un desastre, y en ocasiones ni siquiera la parte más significativa. 

Los peligros de la naturaleza se convierten en desastres como resultado de decisiones u omisiones acumuladas en los procesos de desarrollo, que incluyen la ocupación y uso del suelo, las prioridades de inversión y estándares o reglas que se cumplen o ignoran. El desastre, visto así, es una construcción social, más que natural o física.

Los desastres no son fenómenos puramente naturales, sino el resultado de la interacción entre amenazas físicas, naturales o construidas por intervención humana (sociales, tecnológicas, bióticas) y las condiciones sociales, ambientales y económicas existentes. Así lo reconoce el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025, Bajo presión: Recalibrando el futuro del desarrollo, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Esta perspectiva exige pasar del control  o anticipación de las amenazas a uno de gestión del riesgo como proceso social, integrado al proceso desarrollo  sostenible, para anticipar, prevenir y reducir exposiciones y vulnerabilidades en un contexto de creciente incertidumbre.

Casos emblemáticos en la región ayudan a explicar por qué el desarrollo humano resiliente requiere de un cambio de paradigma en la gestión del riesgo. El primero es el de Choloma, en el norte de Honduras, donde el auge de las actividades de maquila multiplicó empleo e ingresos, a costa de una urbanización acelerada sobre riberas, humedales y zonas de drenaje que se rellenaron con residuos. Muchas ordenanzas existentes para entonces se irrespetaron, y la capacidad municipal para dotar servicios y mantener cauces quedó por detrás del ritmo de la inversión. Cuando en 2017 llegaron lluvias fuertes a causa de los huracanes María e Irma, la ciudad no padeció una “sorpresa climática” sino que enfrentó las consecuencias de décadas de decisiones que normalizaron la exposición y ampliaron la vulnerabilidad. 

La erupción del Volcán de Fuego, en Guatemala,  en junio de 2018, ofrece otro espejo, esta vez sobre la distribución desigual de la protección frente a los desastres. La aldea de San Miguel Los Lotes, poblado por familias de bajos niveles socioeconómicos, resultó devastada, con centenares de víctimas, mientras que, a unos pocos kilómetros, un complejo turístico—con protocolos de contingencia, simulacros, seguros y coordinación con autoridades— logró evacuar a tiempo y evitar pérdidas humanas, aun cuando sufrió severos daños a la infraestructura del complejo. El mismo peligro, resultados opuestos. 

Detrás de esa divergencia se evidencian cuatro factores: capacidades institucionales y comunitarias distintas, circulación diferenciada de información, diferencias en la zonificación del uso del suelo y una diferenciada confianza en las instituciones que ralentiza los sistemas de alerta.

Resiliencia: del eslogan a criterio de desarrollo

Si el riesgo es socialmente construido, la resiliencia no debe reducirse a un elemento discursivo ni a un “componente” agregado al final de los proyectos. Debe operar como criterio de desarrollo desde el inicio: planificar, financiar y ejecutar políticas públicas, obras y programas con filtros de riesgo, asociada con escenas de multi-amenaza y adaptación al cambio climático, incorporados desde la fase de diseño. La cuestión no es solo cómo responder mejor al próximo desastre, sino cómo dejar de fabricarlo. 

La experiencia desde la investigación forense del riesgo indica que para lograrlo es necesario actuar principalmente en cuatro frentes de cambio. El primero es el suelo. Áreas como riberas, zonas de recarga hídrica, laderas inestables y frentes costeros críticos no pueden tratarse como “suelo disponible”y hay que impedir que la presión inmobiliaria empuje a los hogares más pobres hacia las áreas más peligrosas.

El segundo es el ambiente como política de reducción del riesgo. La degradación de cuencas, manglares y coberturas vegetales convierte una lluvia intensa en inundación y una ladera empinada en deslizamiento. La restauración ecológica, el control de extracción de áridos y rellenos, y la gestión de residuos no son decorativos “verdes”, sino piezas de un sistema de seguridad colectiva. 

El tercero es la protección social como amortiguador de choques. Reducir pobreza y desigualdad, que incitan el riesgo cotidiano, es, en sí mismo, reducción de riesgo de desastre. Viviendas seguras, acceso a agua y saneamiento, ingresos estables, seguros inclusivos y servicios públicos robustos marcan la diferencia entre un susto y una tragedia

El cuarto es presupuestario. La mayor parte de los recursos vinculados al riesgo se consumen en alertar, responder y reconstruir. Es indispensable invertir esa lógica, pasar de lo compensatorio-reactivo a lo prospectivo-sostenible: incorporar filtros de riesgo y clima en bancos de proyectos, proteger presupuestos preventivos, alinear incentivos fiscales para que las municipalidades que evitan crear nuevo riesgo reciban prioridad de financiamiento, desincentivar la corrupción en procesos de ocupación del territorio, entre otros. No se trata de gastar más, sino de gastar distinto. 

Todos estos elementos han sido destacados como parte del documento de trabajo del Informe Regional 2025 denominado “Redefiniendo la resiliencia socio-natural en el marco del desarrollo humano: desastres, riesgo y resiliencia en América Latina y el Caribe” que alimento los hallazgos generales del Reporte. 

Mirar el espejo y actuar

Más del 80% de la población en la región vive en ciudades, y el crecimiento más veloz se concentrará en las pequeñas e intermedias, precisamente donde las capacidades técnicas y fiscales son más limitadas. Si la inercia prevalece, se consolidarán territorios muy caros de corregir y muy baratos de dañar. La ventana de oportunidad está en lo cotidiano: cumplir normas, mantener drenajes, organizar barrios con las instituciones y premiar presupuestariamente la prevención y las alertas tempranas con participación comunitaria 

Choloma y Los Lotes no son anomalías: son advertencias. La primera recuerda que el empleo y la demanda de crecimiento de corto plazo sin salvaguardas territoriales, produce riesgo como subproducto. La segunda evidencia que, ante el mismo volcán, la desigualdad de capacidades y el contexto social que las define, decide quién se salva. 

Si el desastre es el espejo, lo que devuelve no es la imagen de un clima caprichoso, sino la de un modelo de desarrollo que tolera la informalidad como válvula de escape, celebra inversiones sin controles y reserva la protección para quienes pueden pagarla. Cambiar esa imagen requiere coherencia, continuidad en el tiempo y una regla sencilla para orientar políticas públicas y privadas que puede inspirarse en el Juramento Hipocrático: “primero, no fabricar riesgo”. Responder, reconstruir, recuperar más rápido y mejor seguirá siendo imprescindible, y será más eficiente y equitativo si el desarrollo incorpora el análisis del riesgo desde el principio. La investigación forense del riesgo ofrece el puente entre diagnóstico y cambio institucional, y es uno de los instrumentos que pueden promover un desarrollo humano resiliente.

Este artículo se basa en los hallazgos del Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025, titulado “Bajo presión: Recalibrando el futuro del desarrollo”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina y el Caribe.

La importancia de los determinantes sociales: cómo la desigualdad vuelve más mortales a las pandemias

Por
Michael G. Marmot
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“La paradoja es que un riesgo que nos iguala a todos revela, al mismo tiempo, cuán desiguales somos”, se lee en el libro del filósofo español Daniel Innerarity Pandemocracia: una filosofía del coronavirus. La evidencia es clara: las pandemias revelan las desigualdades sociales y las amplifican.

Esto es lo que emerge del informe elaborado por el Consejo Global sobre Desigualdad, Sida y Pandemias, producido por la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, y copresidido por Joseph Stiglitz, economista y Premio Nobel; Monica Geingos, ex Primera Dama de Namibia; y por mí. El Consejo examinó la evidencia sobre el ciclo entre desigualdades y pandemia y elaboró recomendaciones sobre cómo construir seguridad en salud en una era global. 

El primer hallazgo importante es que los altos niveles de desigualdad, tanto dentro de los países como entre ellos, hacen que el mundo sea más vulnerable a las pandemias, las vuelven más mortales y disruptivas en términos económicos, y las hacen durar más. A su vez, las pandemias aumentan la desigualdad. Esto alimenta una relación cíclica y que se autorrefuerza. Dentro de los países, las desigualdades de ingresos y otras condiciones sociales están relacionadas con la incidencia del VIH, la mortalidad por sida y la mortalidad por la COVID-19.

En Brasil, por ejemplo, la mortalidad por la COVID-19 fue entre 2,6 y 4,7 veces mayor entre las personas sin estudios en comparación con aquellas con estudios universitarios, y la brecha entre ambos grupos fue mayor en las regiones ricas que en las pobres, según un estudio. Incluso en Suecia —un país generalmente considerado igualitario— las personas con menor nivel educativo y los hogares con menores ingresos enfrentaron un mayor riesgo de hospitalización o muerte por la COVID-19.

La arquitectura financiera mundial agrava la desigualdad entre países. Ha habido una disminución de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), una alta carga de deuda y la imposición de políticas de austeridad por parte de las instituciones financieras internacionales. Todo ello ha limitado el espacio fiscal de los países para desarrollar las políticas sociales que podrían protegerlos frente a las pandemias y permitirles responder cuando éstas ocurren.

Hoy, 3.300 millones de personas viven en países que gastan más en el pago de la deuda que en atención sanitaria. El reciente cierre de USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), junto con los recortes a PEPFAR (Plan Presidencial de Emergencia para el Alivio del Sida), suponen grandes desafíos para que los países puedan financiar su atención médica y la salud pública. Cuando llega una pandemia, los países de bajos ingresos disponen de menos dinero, tanto para vacunas y atención sanitaria, como para apoyar a las familias. Durante la COVID-19, los países de bajos ingresos gastaron alrededor del 2% del PIB en medidas no sanitarias relacionadas con la pandemia, frente al 8%, de un PIB mayor, en los países de ingresos altos.

Estas cifras se relacionan con un segundo hallazgo clave. Una revisión de evidencia científica realizada por el UCL Institute of Health Equity para el Consejo mostró que la acción sobre los determinantes sociales de la salud es esencial tanto para la preparación ante las pandemias como para la respuesta cuando ocurren. Tanto es así que deberíamos hablar de los determinantes sociales de las pandemias.

Las desigualdades en las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen —así como las desigualdades de poder, dinero y recursos— generan desigualdades en salud tanto en tiempos normales como durante las pandemias. A su vez, las pandemias tienen un impacto negativo sobre estos determinantes sociales. Esta vulnerabilidad acrecentada surge de las desigualdades socioeconómicas en ingresos, educación, raza/etnia, género, sexualidad y otros marcadores de estratificación social, existe antes de que el sistema de salud entre en juego y no puede mitigarse completamente mediante la atención sanitaria o el acceso a tecnologías médicas.

El fracaso en la respuesta a pandemias actuales como el sida y la tuberculosis perpetúa el ciclo de pandemia–desigualdad. Pero la evidencia muestra que este ciclo puede romperse.  ¿Cómo?

Primero, eliminando las barreras financieras en la arquitectura global para permitir que todos los países dispongan del espacio fiscal necesario para responder a las pandemias. Se puede avanzar mediante el alivio de la deuda durante una pandemia y el abandono de las políticas de austeridad impuestas por las instituciones financieras internacionales.

Segundo, reconociendo la importancia de invertir en el abordaje de los determinantes sociales de las pandemias, incluida la protección social. Esta inversión es crucial durante una pandemia y para mitigar los efectos de la próxima. Una lección clave de la COVID-19 es que una preparación ante pandemias que descuida los determinantes sociales de la salud es inadecuada. En Bolivia, la Renta Dignidad contribuyó a la seguridad alimentaria durante la pandemia de COVID-19, en especial la de los hogares con menores ingresos. En Brasil, aquellas localidades con una mayor cobertura del programa anti-pobreza Bolsa Familia experimentaron una reducción de la incidencia del sida del 5%; de las hospitalizaciones por la misma enfermedad de un 14%; y de la mortalidad de un 12%, entre 2004 y 2018. 

Tercero, desarrollando la producción local y regional junto con una nueva gobernanza de la investigación y el desarrollo, capaz de garantizar el intercambio de tecnología como bienes públicos necesarios para detener las pandemias. Las desigualdades en la disponibilidad de vacunas entre los países de ingresos altos y los de ingresos bajos y medianos deben quedar en el pasado.

Y cuarto, fortaleciendo la confianza, la equidad y la eficacia en la respuesta a las pandemias mediante la inversión en iniciativas multisectoriales y en infraestructuras dirigidas por las comunidades, en asociación con los gobiernos.

Como conclusión, la respuesta a la reflexión en el libro del filósofo Innerarity es que debemos avanzar hacia una sociedad que priorice la salud y el bienestar, de manera proporcional a las necesidades de cada persona. Abordar las condiciones sociales que hacen a algunas poblaciones más vulnerables, y construir un mundo basado en la confianza, la cooperación y el compromiso con una mayor equidad en salud, no solo nos preparará mejor para la próxima pandemia, sino que también creará un mundo más justo y más saludable.

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